Mientras el Gobierno anunciaba hace unas semanas que expropiará parte de los terrenos de la ex Colonia Dignidad como parte de su programa para aumentar los recursos asociados a los sitios de memoria, varios de esos de sitios se extinguen por, precisamente, falta de financiamiento. ¿Qué está funcionando y qué está fallando en la gestión de estos espacios clave para la memoria colectiva y la educación ciudadana en torno a los DD.HH.? Puroperiodismo conversó al respecto con la argentina Verónica Torras, coordinadora de la Red de Sitios de Memoria Latinoamericanos y Caribeños (RESLAC). “Aunque el caso de Chile tiene sus particularidades, no podemos decir que sea peor que el de otros países”, dice en esta entrevista.

En su última Cuenta Pública, el Presidente Gabriel Boric hizo un hizo un anuncio que impactó en el mundo de los derechos humanos (DD.HH): que su gobierno ya había iniciado un proceso para expropiar parte de los terrenos de la ex Colonia Dignidad, en Villa Baviera, para convertirlos en un sitio de memoria. A la semana siguiente, el tema fue eje en la visita de Estado que el mandatario hizo a Alemania, país que ya comprometió su participación “como socio” en la concreción de ese proyecto, que involucra, además, la creación de un centro de documentación en un lugar que Boric calificó en una entrevista como “el epítome del mal”.

La medida se enmarca en una de las promesas contenidas en el programa de gobierno de la actual administración. En ese documento, bajo la propuesta 40, dice:

“Duplicaremos el presupuesto del Ministerio de las Culturas para llegar al 1% del Presupuesto Público y crearemos Puntos de Cultura en todo el país para que colectivos artísticos, sitios de memoria, comunidades, clubes deportivos, organizaciones barriales y otros puedan articularse”.

Sin embargo, lo cierto es que, a más de dos años de su llegada a La Moneda, la realidad de muchos sitios de memoria en nuestro país es bastante distinta.

El 5 de abril, el Centro Cultural Museo y Memoria Neltume anunciaba en sus redes sociales que dejaría de funcionar por falta de financiamiento. A eso se suma lo informado por la Casa Memoria José Domingo Cañas, que también denunció el retraso en la falta de recursos para su normal funcionamiento. ¿Se está cumpliendo la promesa del programa? ¿Tienen los sitios de memoria garantizada su supervivencia? ¿Son suficientes el marco legal chileno y los recursos disponibles para una política fuerte en pos de la memoria histórica y la no repetición?

Puroperiodismo se contactó con la coordinadora de la Red de Sitios de Memoria Latinoamericanos y Caribeños (RESLAC), la argentina Verónica Torras, para conocer su perspectiva frente a esta situación, el lugar que Chile ocupa en el contexto regional y cómo, luego de que el año pasado se hayan conmemorado 50 años del Golpe de Estado, el país aún no cuenta con una legislación robusta en cuanto a la conservación de estos espacios clave para conmemorar a las víctimas de las atrocidades del pasado, educar a la ciudadanía en torno a las violaciones a los derechos humanos y evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir.

“Es importante poner en perspectiva la situación y reconocer tanto las cosas positivas como las negativas. Aunque el caso de Chile tiene sus particularidades, no podemos decir que sea peor que el de otros países. En la mayoría de los países de nuestra región, no contamos con legislación específica que proteja los sitios de memoria, y los estados no garantizan financiamiento ni programas públicos para apoyar su trabajo”, dice en esta entrevista.

Verónica Torras, coordinadora de la Red de Sitios de Memoria Latinoamericanos y Caribeños (RESLAC).

–¿Qué son los sitios de memoria, entendiendo la definición que manifiesta la Convención Interamericana de Derechos Humanos?

Sería importante encuadrarlo en la realidad de América Latina y el Caribe, porque hay una particularidad de nuestra historia reciente. La historia de las dictaduras –en el caso de los países del Cono Sur– y de los conflictos armados internos –como en países andinos y de Centroamérica–, hace que la mayoría de los sitios en nuestra región refieran a estas realidades: a situaciones de violencia extrema y de graves violaciones a los derechos humanos por parte, fundamentalmente, de agentes estatales en el contexto de estos procesos de los años ‘70, ‘80 y, en casos como Colombia, una situación de conflicto armado que permanece hasta hoy.

–¿Hay alguna característica común a los espacios de este tipo en la región?

Tienen algunas características centrales: en muchos casos son sitios que recuperan espacios que cumplieron funciones represivas y se reconfiguran pensando en que puedan cumplir funciones vinculadas a la transmisión de lo que ahí ocurrió y a la formación de una ciudadanía con memoria democrática y comprometida con la vigencia de los DD.HH. Recintos militares o policiales que se transforman en espacios de memoria. En otros casos, son recintos vinculados a procesos de resistencia a estas graves violaciones a los DD.HH., y también hay iniciativas estatales de creación de museos o de espacios creados ad hoc, pero con un proyecto de memoria. Estos sitios cumplen esta función de preservar los espacios, preservar o relevar archivos vinculados a esos procesos, tomar testimonios a personas que han sido parte de los mismos y constituirse en lugares que pueden ser visitados por diferentes generaciones y públicos interesados en tener una experiencia vinculada a la historia reciente. Son espacios pedagógicos y educativos.

–¿Cuál es la situación actual de estos sitios?

En nuestra región, sobre todo en las últimas décadas, hemos tenido una explosión de sitios de memoria. Algunos de éstos son estatales y/o solventados con recursos públicos, pero la mayoría de ellos son sitios que surgen a partir de iniciativas comunitarias. Es más, los estatales, en muchos casos, surgen de procesos impulsados desde organizaciones defensoras de DD.HH. y de sobrevivientes de familiares que demandan también al Estado la construcción de estos sitios o, directamente la comunidad se organiza para llevar adelante la autogestión de estos espacios.

El caso chileno

–En Chile, el programa del Presidente Boric alude explícitamente a la preservación de los sitios de memoria. ¿Cómo puede entenderse que ahora muchos de esos sitios –algunos parte de la red de la cual usted es coordinadora– estén en riesgo de cierre por falta de recursos?

Para describir el arco completo de lo que pasó en Chile desde una perspectiva latinoamericana, hay varios puntos importantes a destacar. En primer lugar, había una gran expectativa de que el gobierno de Boric asumiera un compromiso mayor con el respaldo a los sitios de memoria. Chile es un país que ha sido prolífico en la creación de estos sitios de memoria en la región: aproximadamente 70 asociados al pasado reciente de la última dictadura. Por lo tanto, había una expectativa efectiva de un mayor compromiso del gobierno con este tema.

–¿Y qué sucedió?

Por un lado, inicialmente la gestión de la Subsecretaría de Derechos Humanos creó un programa muy bueno de apoyo a los sitios de memoria. Este programa se basó en una consulta exhaustiva con los sitios y tuvo un trabajo de producción muy interesante. Sin embargo, lamentablemente, fue recortado por la propia gestión, lo que implicó un reajuste del programa que modificó algunas cuestiones importantes.

Por el otro, el programa originalmente no era concursable, sino que se basaba en un análisis de la situación caso por caso de los sitios de memoria. Finalmente se transformó en un programa concursable y estandarizado, lo que terminó siendo un problema. El hecho de que el financiamiento se haya suspendido en 2023 y los sitios no contaban con una previsión presupuestaria para el año siguiente obligó a algunos sitios a desvincular personal y cerrar en algunos casos, lo que generó una situación de precariedad.

–¿Cómo ven desde la RESLAC las propuestas de la administración actual?

Nos parece positivo que el Estado de Chile haya tomado la iniciativa de poner en el foco de sus políticas públicas a los sitios de memoria y haya asumido su responsabilidad en relación con el tema de contribuir a la sostenibilidad de estos sitios. Sin embargo, también lamentamos que el programa originalmente bueno fuera maltratado por la forma en que se modificó y ajustó.

Es importante poner en perspectiva la situación y reconocer tanto las cosas positivas como las negativas. Aunque el caso de Chile tiene sus particularidades, no podemos decir que sea peor que el de otros países. En la mayoría de los países de nuestra región, no contamos con legislación específica que proteja los sitios de memoria, y los estados no garantizan financiamiento ni programas públicos para apoyar su trabajo.

Registro de las llamadas “graderías de la dignidad”, en el sitio de memoria del Estadio Nacional. (FOTO: Antonio Parodi)

–¿Cómo se han relacionado ustedes con los sitios de memoria de Chile? Sobre todo, con aquellos que están más complicados como el caso del Museo de Neltume.

Para apoyar la gestión de los sitios de memoria en Chile, hemos enviado una carta y solicitado una audiencia con las autoridades. Sabemos que la carta fue recibida y se está considerando nuestro pedido. Creemos que, en muchos casos, el hecho de poder influir en la toma de decisiones desde una organización de referencia a nivel regional puede ser útil para apoyar los reclamos de los sitios a nivel nacional. Nuestra experiencia, en este sentido, es amplia, ya que hemos apoyado sitios de memoria en 13 países diferentes.

–¿Cómo ven la disposición de la autoridad chilena para atender estos requerimientos?

Por lo que sabemos de los sitios de memoria de Chile, las autoridades han tenido algún nivel de escucha en relación con los reclamos, de hecho, han solucionado algunas de las cuestiones que los sitios plantearon con mayor urgencia, así que tenemos la expectativa de poder tener esa reunión. También hemos solicitado una audiencia temática en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para sus reuniones del mes de julio. Entre los temas que vamos a abordar, se encuentra el caso de Chile y los sitios de memoria en ese país. Estamos pensando en cómo darle continuidad a este proceso con otras acciones de incidencia a nivel de los organismos regionales de derechos humanos.

En paralelo, estamos permanentemente realizando evaluaciones críticas de las políticas públicas de memoria en la región y confeccionando informes sobre la situación. Estos informes los entregamos a diferentes autoridades para que puedan considerar nuestras recomendaciones. Esta es nuestra forma de apoyar y acompañar a los sitios de memoria que están pasando por dificultades en Chile.