De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), fueron alrededor de 460 los casos de víctimas de trauma ocular que se registraron en Chile entre octubre de 2019 y marzo de 2020, el período que duró el estallido social; todas lesiones ocasionadas por agentes del Estado. Desde entonces, han existido dos programas públicos de reparación y rehabilitación: uno implementado por el gobierno de Sebastián Piñera (PIRO), el otro bajo la administración de Gabriel Boric (PACTO), con dispares resultados y coberturas. Hoy a 5 años de la revuelta, Marta Valdés, vocera de la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular, relata cómo ha sido la respuesta por parte del aparato estatal para estas todas esas personas que sufrieron la mutilación de sus ojos producto de la negligencia y brutalidad policial.

El 8 de noviembre de 2019, como cada viernes por esos días, fue una jornada de protesta. Según lo informado entonces por la Intendencia Metropolitana, fueron 75.000 las personas que se congregaron ese día en las movilizaciones del centro, y allí, en la esquina de Alameda con Vicuña Mackenna, el estudiante de psicología Gustavo Gatica tomaba imágenes con su cámara. La fotografía, dicen quienes lo conocen, era una de sus aficiones. Cerca de las 18:00 horas, cuando ya el enfrentamiento con las fuerzas públicas se había desatado, recibió los disparos policiales.

Dos perdigones de goma, uno en cada ojo. “Traumatismo ocular bilateral severo y visión cero desde la primera evaluación”, decía el primer parte médico de su caso, que terminó siendo uno de los más emblemáticos relacionados a la brutal represión que caracterizó las movilizaciones del estallido social.

Cuando ocurrió, lo de los ojos heridos por acción de Carabineros y sus agentes que, en vez de disparar al cuerpo –como indicaban los protocolos– apuntaban directa e indiscriminadamente a la cara de los manifestantes, era algo ya casi cotidiano, y la historia de Gatica se sumaba al triste listado que culminaría con un saldo de más de 460 víctimas con traumas oculares. Ellos son parte del costo humano que dejó la revuelta ciudadana que partió el 18-O.

Se abrieron dos caminos: uno para buscar justicia, el otro para la reparación. En el primero, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó más de 1.500 querellas para perseguir penalmente a quienes violaron los derechos humanos durante las protestas, incluyendo en ese lote a quienes dispararon los balines y lacrimógenas que hirieron e incluso dejaron con pérdida total o parcial de la vista a esas personas de forma permanente.

En cuanto a la reparación, a pesar de que los gobiernos de Sebastián Piñera y Gabriel Boric han implementado programas para reparar y rehabilitar a las víctimas –con distintos enfoques—, el camino hacia la sanación ha sido complejo. El Programa Integral de Reparación Ocular (PIRO), lanzado a fines de 2019, se centró en ofrecer atención médica y psicológica a los afectados, aunque ha sido fuertemente criticado por su cobertura insuficiente. Por su parte, el Plan de Acompañamiento y Cuidado a Personas Víctimas de Trauma Ocular (PACTO) se introdujo posteriormente con un enfoque más amplio, que incluye apoyo psicosocial y laboral.

A pesar de los esfuerzos realizados, persisten críticas sobre la efectividad y el alcance real de estas iniciativas, y en esa lucha ha estado durante los últimos cinco años la Coordinadora de Víctimas de Traumas Oculares (CVTO), agrupación en la que participan tanto víctimas directas como sus familiares para exigir verdad, justicia y reparación de forma organizada y colectiva al Estado de Chile.

En esta entrevista con Puroperiodismo, Marta Valdés, vocera de la CVTO, se refiere a los avances que han vivido en estos años, a las deudas que aún persisten y al peligro del cambio de narrativas para criminalizar la protesta, anulando con ello el recuerdo y la lucha de estas personas que no sólo sufrieron una herida física, sino que se convirtieron en un recordatorio constante del costo humano que tuvo el fenómeno social que vino con el 18-O.

“Estos cinco años han sido difíciles. Los medios de comunicación tradicionales han insistido en decir que quienes se movilizaron el 18 de octubre eran todos delincuentes, han criminalizado el movimiento. Por lo tanto, eso revictimiza a nuestros compañeros y compañeras, cuando se instala que todos y todas son delincuentes. Nos parece lamentable la criminalización que ha hecho la derecha al movimiento social”, dice.

La justicia, la reparación y la lucha contra el olvido

–A 5 años del estallido social, ¿cuál es su balance respecto a la reparación y rehabilitación por parte del Estado a las víctimas de traumas oculares?

En el tema del proceso de reparación, bueno, hoy día el programa PACTO es algo que debemos reconocer, ya que hemos sido más escuchados. Ha mejorado la calidad de profesionales, de la atención y tenemos mayor cobertura, tanto psicólogos como psiquiatras, lo que carecía en el programa PIRO que creó el exministro de Salud, Jaime Mañalich en el gobierno de Piñera. Esto fue una forma de blanquear su imagen y decir que se estaban haciendo cargo de los daños que provocaron, cuando era un programa precario que no cumplía con las necesidades de nuestros compañeros. De hecho, producto del abandono psicológico es que también tuvimos suicidios de nuestros compañeros y eso se produjo por el abandono que hubo.

–¿Han tenido más avances, entonces, con este gobierno?

En el tema de reparación, sí hemos podido avanzar con este gobierno, aunque obviamente queda más por hacer, pero sí se ha contado, por lo menos, con esa ayuda. Con ese reconocimiento a hacerse cargo el Estado de los daños que provocaron.

–Son muy pocos los casos judiciales que han llegado a una condena o incluso a una individualización de los responsables, quedando la mayoría archivada. ¿Qué opina respecto a la impunidad de los carabineros involucrados?

El tema de la impunidad es algo que nos complica mucho y afecta a los compañeros psicológicamente, porque es un tema que daña y que los mantiene con mucha rabia e indignación, como también a sus familiares. Creemos que con eso no hemos logrado avanzar lo necesario. Este gobierno nos pareció que protegía al ahora ex general director de Carabineros, Ricardo Yáñez cuando se pidió que fuera formalizado, hace mucho rato debería haber sido formalizado y debería haber justicia. Nosotros pedimos prisión preventiva para los carabineros que provocaron tanta brutalidad contra quienes nos manifestamos de forma pacífica desde el 18 de octubre. No es posible que solo se les dé arraigo nacional y una firma cada 15 días. No es suficiente para el peligro que ellos representan para la sociedad, debiera haber sido cárcel preventiva mientras se llevaba a cabo la investigación, pero, lamentablemente, aquí la justicia opera de forma desigual y eso es muy molesto, de verdad que nos indigna mucho.

–Diversas encuestas dan cuenta de que hoy la ciudadanía percibe de forma muy distinta lo que fue el estallido social, con una valoración negativa de algo que hace cinco años tuvo un apoyo multitudinario y transversal. ¿Qué opina al respecto?

Hemos percibido que el pueblo ha tendido a “comprar” un poco el discurso que se ha instalado desde los medios de comunicación tradicionales y de la derecha en que en las protestas que se dieron desde el 18 de octubre, todos quienes estaban en la calle eran delincuentes. Pero, afortunadamente, no todos y todas lo han creído. Hay varias convocatorias para marchas y actividades en conmemoración a lo ocurrido con el 18-O, y eso habla de que hay un sector del pueblo que está absolutamente negado a creer lo que se ha dicho en los medios, lo que han querido instalar en la opinión pública.

–¿Cuál cree que es el impacto que estos discursos han tenido en la construcción de memoria respecto de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el estallido?

Creemos que hoy todavía existe memoria y hay que seguir trabajando, porque la derecha apuesta a terminarla.  Les conviene a quienes han violentado históricamente al pueblo y al Estado. Así que creemos que hay que seguir dando la lucha, hay que seguir de pie, hay que seguir avanzando en memoria para asegurarle a las futuras generaciones que no se repita la violación de los derechos humanos desde el Estado o de quien sea, a quienes se manifiestan pacíficamente. Cuando hablamos de vivir en democracia, es poder salir a las calles y manifestarse de forma pacífica, y no terminar mutilado, siendo preso político, suicidado en las comisarías o siendo torturado por carabineros. Así que creemos que todavía hay memoria en parte del pueblo y hay que seguir trabajando para no ser olvidados, porque lo peor que puede pasarle a las víctimas y a quienes entregaron su vida el 18 de octubre en la revuelta popular es ser olvidados.