La de ayer fue la primera conmemoración del estallido social bajo el gobierno de Gabriel Boric. Una administración enfocada en tratar de enfrentar altos niveles de violencia a nivel país, con una aprobación del 27% según la última encuesta Cadem y luego de un fallido primer proceso constituyente. Con más de 5 mil efectivos policiales desplegados únicamente en Santiago, ayer Chile vivió el tercer aniversario de la revuelta que ese 18 de octubre de 2019 cambió al país. Puroperiodismo estuvo en las manifestaciones convocadas durante este día, viviendo lo que las calles gritaban entre el humo de lacrimógenas.

Comienzan a aparecer los primeros rastros del atardecer. El sol comienza a bajar, el ambiente se ve naranjo, el cielo está despejado. De fondo, se escucha el sonido característico que formó parte del estallido social: “tac, tac, tac”; el cacerolazo, esta vez, sonando en paraderos, en las cortinas de metal de los locales comerciales ya cerrados, en las señales de tránsito.

–¡Ayuda! ¡Ayuda!– se escucha desde la Alameda, un joven grita con sus ojos cerrados, intentando tocarse la cara.

–¡Compa! ¡Acá!

Son las cinco de la tarde y se ve un carro lanza aguas, “el guanaco”, acompañado de un lanzagases, “un zorrillo”, cruzando velozmente y apuntando hacia los manifestantes que se encontraban en ese momento en la arteria principal de Santiago. Todos corren. Unos hacia las alturas del Cerro Huelén, otros por pequeñas calles de los alrededores, aunque igual hay grupos que aguantan en la calzada central. El joven que pedía ayuda había sido alcanzado por los gases lacrimógenos, mientras un grupo de mujeres le indica una pequeña calle aledaña para poder asistirlo y limpiarle el rostro.

–Gracias compas, me salvaron la vida –les dijo.

Menor de edad es atendido por brigadistas de salud en la esquina de Alameda con Vicuña Mackenna, luego de ser alcanzado por el carro lanzaaguas. (FOTO: Isidora Varela L.)

Para esta tercera conmemoración del estallido social, el Gobierno desplegó cerca de 5 mil funcionarios de Carabineros por Santiago y un total 25 mil policías a nivel nacional para el control del orden público, según constató La Tercera. Este plan de contingencia contempló la utilización de drones y cámaras corporales, además de coberturas especiales para zonas específicas de conflicto, como Plaza Baquedano.

“Hace tres años miles de personas se manifestaron expresando un malestar acumulado por largo tiempo que clamaba por mayor justicia, igualdad y el fin de los abusos”, mencionó el Presidente Gabriel Boric en su discurso por la conmemoración del 18-O.

Pasadas las seis de la tarde, las cercanías de Plaza Baquedano –popularmente rebautizada como Plaza Dignidad–, el epicentro del estallido, se encuentra llena de manifestantes. Mientras unos intentan llegar hasta la cima de la plaza, otros se manifiestan a lo largo de la calzada de la Alameda.

Se genera un punto de conflicto entre Carabineros y manifestantes en calle Namur, al costado del Centro Cultural Gabriela Mistral. Entre una nube de gas lacrimógeno, se asoma un carro de Carabineros y efectivos a pie. Del otro, manifestantes encapuchados.

Rápidamente, los manifestantes se dispersan. Un efectivo policial había lanzado una bomba lacrimógena a sus pies, llegando a la esquina de calle Namur con Alameda. “¡Pateen esa weá!”, se escucha. “¡Láncenla de vuelta!”, gritan de nuevo, mientras algunos caen al suelo por el efecto de los gases.

Minutos después, un grupo de personas se encuentra agolpada en un kiosco ubicado en calle Ramón Corvalán con la Alameda, la mítica esquina del conflicto entre “la primera línea” y Carabineros durante 2019. Se escucha como cae el agua del carro lanza aguas en el techo del pequeño inmueble, mientras su dueña se coloca una máscara de gas.

Todo se va a negro.

La lluvia ácida que dispara el carro lanza aguas resuena entre el techo y el escudo de un brigadista de salud que se encuentra entre las personas, y se comienza a escuchar al grupo tosiendo. “Es el agua del guanaco”, se escucha. Comienza a escucharse también la voz de algunos carabineros lejanamente. El grupo se dispersa, mientras el brigadista moja las caras de quienes se encontraban en el lugar con una mezcla de leche de magnesia y suero, para frenar el efecto de los gases lacrimógenos en la piel.

–Avance –ordena un efectivo de control de orden público, con casco y escudo, a quien no se le ve el rostro detrás de su uniforme y equipamiento.

–Estamos avanzando… –le responden los manifestantes, mientras son dirigidos hacia el interior de la calle Ramón Corvalán.

–¡Avance! ¡Avance!

–¡No veí que estamos tratando de avanzar! ¡No se puede! –gritan.

–¡Te estoy grabando! –grita de vuelta el Carabinero, mientras apunta la cámara corporal que se lleva en su pecho.

Al mismo tiempo que el grupo de manifestantes dobla por Ramón Corvalán, también doblan dos carros policiales. De estos, se bajan dos grupos de aproximadamente 10 efectivos, quienes quedan mirando directamente a los manifestantes. Algunos caminan hacia el Parque San Borja, otros vuelven a la Alameda. La tensión queda ahí, en el aire, al igual que el resto del gas lacrimógeno, que aún se siente.

(1) Carabineros apostados en locales comerciales fuera del hotel Crowne Plaza.
(2) Carabineros dirigiendo a manifestantes hacia la calle Ramón Corvalán, luego del uso del carro lanzaaguas y gases lacrimógenos.
(FOTOS: Isidora Varela L.)

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A raíz de la tercera conmemoración del estallido social,   en el que mencionan que “ningún alto mando responsable de la estrategia desplegada para callar las protestas a toda costa ha sido imputado y tan solo se conocen 16 condenas en casos de violaciones de derechos humanos cometidas durante este periodo”.

“Este 18 de octubre nos recuerda la fuerza transformadora de las protestas multitudinarias que desencadenaron un proceso constituyente aún en curso. Sin embargo nos enfrenta también a la lamentable situación de impunidad generalizada. Los mandos de Carabineros a cargo de la gestión del estallido social siguen sin rendir cuentas mientras la mayoría de las víctimas de violaciones de derechos humanos esperan justicia y reparación tras los brutales abusos cometidos por las fuerzas policiales,” mencionó Rodrigo Bustos, director de Amnistía Internacional Chile  a través del mismo comunicado.

Durante 2020, la misma ONG publicó el informe “Ojos sobre Chile: Violencia policial y responsabilidad de mando durante el estallido social”, el cual se centró en analizar las violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional cometidos entre el 18 de octubre y el 30 de noviembre de 2019 por funcionarios de Carabineros, durante el contexto de las protestas sociales.

Tal como se expone en el documento, la investigación se centra únicamente en el actuar de Carabineros de Chile debido a que “las violaciones de derechos humanos que los oficiales de esta institución llevaron a cabo, habrían sido de carácter generalizado, y al tratarse de la institución encargada del resguardo del orden público de manera permanente, requiere de un análisis más profundo y un abordaje estructural”.

Así, Amnistía Internacional sugiere que durante el tiempo que duró la investigación, funcionarios de Carabineros “no solo hicieron uso excesivo de la fuerza, sino que habrían infligido dolores o sufrimientos deliberados a las personas manifestantes, con la intención de causar sufrimiento o sabiendo que podían causarlo”.

El informe da cuenta de que más de 12.500 personas requirieron atención de urgencias en un hospital público por incidentes sucedidos en el marco de las protestas (de acuerdo con datos del Ministerio de Salud) y que al menos 347 personas resultaron con lesión ocular, en su mayoría por impacto de balines (de acuerdo con el INDH).

Además, según datos de la Fiscalía Nacional expuestos en el informe, se contabilizaron 5.558 víctimas de violencia institucional, siendo 4.170 de estas denuncias en contra del personal de Carabineros. Y también, que la institución registró 134 investigaciones por tortura y 4.158 por apremios ilegítimos (equivalente a malos tratos).

Amnistía Internacional también expone que, a pesar de los daños a la propiedad, la alta cantidad de manifestantes lesionados y uniformados de Carabineros que acabaron heridos, “el uso innecesario y desproporcionado de la fuerza de forma reiterada, sugieren que se pudo haber tratado de una política de Carabineros, y no de la responsabilidad de oficiales que actuaron aisladamente quebrantando las órdenes de sus superiores”.

Es decir, que tras las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el estallido social, existió una responsabilidad de los mandos estratégicos de Carabineros (que corresponden al general director, el general subdirector y el director de Orden y Seguridad), ya que se expone que estos cargos de la institución policial podrían haber tomado diversas acciones para frenar las violaciones a los derechos humanos durante el primer mes de protestas, pero no lo hicieron.

Amnistía Internacional basó esta premisa en hechos documentados, entre ellos, como que “los mandos estratégicos de Carabineros habrían tenido conocimiento de la forma en la que sus subordinados estaban operando día con día, y el tipo de lesiones que estaban provocando” y que “se utilizaron armas cuya naturaleza era notoriamente indiscriminada y lesiva, y por ende era contraria al estándar internacional. El general director no limitó el uso de balines de goma y metal hasta que se cuestionó la composición de dicha munición y la cifra de lesionados oculares rebasó los 250 casos”, según se lee en el informe.

Y, como uno de los puntos fundamentales, es que “lejos de sancionar los comportamientos violatorios, éstos fueron no sólo permitidos, sino que habrían sido respaldados por el general director”. Esto se evidenció a través de la filtración de un audio del general director de Carabineros de ese momento, Mario Rozas, donde aseguraba que no daría de baja a ningún funcionario independientemente de su conducta.

Lo anterior se evidencia, según el informe expuesto, por el mínimo número de sanciones en relación al número de denuncias, en donde hasta el 8 de noviembre de 2019, “sólo se habían abierto 346 investigaciones administrativas y no se habían emitido sanciones, a pesar de que para esa fecha Carabineros había registrado casi 800 heridos civiles a través de su procedimiento de información interna y el Ministerio de Salud más de 8.000”.

Amnistía Internacional, al finalizar este informe, hace un llamado a que la Fiscalía Nacional continúe con las investigaciones y “a prestar especial atención a la responsabilidad de los mandos operativos y estratégicos [de Carabineros], quienes estando en una posición de garante, habrían ordenado tácitamente o permitido la comisión reiterada de violaciones de derechos humanos”.

También, menciona una reforma estructural a la institución de Carabineros, debido a que este informe “evidencia la necesidad de un mayor control de la institución por parte del poder civil, así como cambios urgentes que aseguren el apego irrestricto al derecho internacional de los derechos humanos”.

(1) Carabineros cortando el paso a la altura de Avenida Vicuña Mackenna, frente a Plaza Baquedano.
(2) Manifestantes arriba de la base en donde, antes de que fuera retirado, se encontraba el monumento al General Baquedano.
(FOTOS: Isidora Varela L.)

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El atardecer se ve a lo largo de toda la Alameda, la cual se rompe por una línea de cascos y uniformes verdes a la altura de Avenida Vicuña Mackenna. El cielo está naranjo, casi rojo. La falta de nubes se rompe con los restos del humo de barricadas que se levantaron en algún momento de la jornada, antes de que fueran apagadas por el carro lanzaaguas. La calzada está mojada, con grandes pozas de agua. Algunas con barro, otras con una extraña capa blanca encima.

De un momento a otro, la línea de carabineros que se mantenía cortando el paso de la Alameda se rompe. Se suben a los distintos carros policiales y se retiran del lugar. No alcanza a observarse hacia dónde se dirigen, ya que segundos después los manifestantes corren hacia los restos del monumento del General Baquedano.

Se escuchan gritos, se prenden bengalas, aparecen nuevamente las banderas, resuena nuevamente el “tac, tac, tac”, el cacerolazo.

–¡Recuperamos la plaza! –grita alguien.

La gente se reúne, algunos se abrazan. Otros simplemente se mantienen al pie del ex monumento, con sus rostros blancos por los gases. Comienza a sonar “El baile de los que sobran”, de Los Prisioneros, a través de un parlante. Los manifestantes comienzan a cantar al unísono.

A lo lejos, desde distintas direcciones, se observan las luces de los carros policiales. También, a lo lejos, gracias al viento que corría, se escapa el rastro de las lacrimógenas y la represión.