Con lo ocurrido en Colchane durante el verano o lo que estas últimas semanas pasa en la Plaza Brasil de Iquique, queda en evidencia lo cruda que puede ser la migración en condiciones de vulnerabilidad en Chile. A esto se suma las expulsiones masivas que ha impulsado el gobierno, varias de madrugada y en horarios inhábiles del funcionamiento de las Cortes de Apelaciones, dificultando el derecho de los afectados a recurrir a la justicia. Según datos del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), entre 2018 y 2020 se decretaron 18.725 órdenes de expulsión. Hasta junio de este año ya se contaban otras 2.138 y, de esas, 221 ya fueron concretadas. David Arboleda, periodista colombiano e integrante de la Red de Periodistas Migrantes, cuenta en esta entrevista las diversas complejidades y vulneraciones que han debido enfrentar las comunidades migrantes en el país tras más de un año de pandemia.
“Por más que llamé a organizaciones o realicé entrevistas, la organización jesuita que llevaba mi caso no pudo hacer nada. Al llegar a Venezuela, él (Darwin Daniel) informó que estuvo dos días sin comer tras su detención. Me parece algo inhumano, violaron sus derechos”, dice Katherine Barrios, migrante venezolana en Chile.
La mascarilla rosada que lleva puesta no es impedimento para que su voz se escuche fuerte en un video que difundió a mediados de junio el Observatorio Internacional de Migraciones y Derechos Humanos (ARGOS). Allí, denunció la expulsión de Darwin Daniel de Chile, su pareja, también ciudadano venezolano. Contaba que apenas lo detuvieron, quedó “incomunicado” y “fue muy poco lo que pude saber de él”.
📢 Katherine Barrios, #migrante venezolana 🇻🇪 en Chile 🇨🇱, denuncia la expulsión injusta de su pareja Darwin Daniel, a pesar que tiene 5️⃣ meses de embarazo, era su sustento y sin dar oportunidad de apelar la decisión.#LosMigrantesNoEstanSolos@mbachelet @UNSR_Migration pic.twitter.com/vthA3ixuQU
— ARGOS (@ArgosObInt) June 14, 2021
Según informó ARGOS, Darwin Daniel no tuvo el derecho de apelar a la decisión de expulsarlo que emitió el Departamento de Extranjería y Migración, del Ministerio del Interior. Fue así que Katherine, con cinco meses de embarazo, fue separada de su pareja y quedó sola en el país.
El caso descrito anteriormente es parte de una continua política de expulsiones promovidas por el Estado chileno durante los últimos años y ha generado reacciones desde organismos internacionales de derechos humanos y pronunciamientos por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Asimismo, se han acogido diversos recursos de amparo a favor de las familias migrantes en distintas cortes de apelaciones del país e incluso en la Corte Suprema.
Según datos oficiales recopilados por el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), entre 2018 y 2020 se decretaron en Chile 18.725 órdenes de expulsión. Durante el primer semestre de este año ya registra otras 2.138, de las cuales el 95% corresponde a resoluciones administrativas, mientras que tan sólo el 5% restante fueron por orden judicial. Para fines de junio, ya se habían concretado 221 de esas expulsiones.
Las organizaciones de comunidades migrantes han estado vigilantes a estas medidas, al igual que las organizaciones civiles. Puroperiodismo conversó con el comunicador social y periodista colombiano David Arboleda, facilitador de la Red de Periodistas Migrantes, vocero de comunicaciones de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes Chile e integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Periodistas.
Arboleda ha realizado coberturas periodísticas sobre la situación actual de expulsiones a migrantes en Revista Sur. En 2014 decidió emigrar de Colombia para instalarse como residente en Chile. “A mí me gustaba mucho el foco de derechos humanos en cuanto a la migración y medio ambiente en Colombia. Llegué al país y me gustó trabajar en esa área, también desde mi propia historia y testimonio porque ser migrante en otro país no es fácil y tiene que ver con toda una adaptación, tanto en cómo te acoge el país como los procesos personales que uno vive”, dice.
En el ejercicio diario de su profesión Arboleda está atento al tratamiento noticioso de los medios tradicionales y su diagnóstico es que “faltan más voces migrantes en todo, el pluralismo es importante porque es la base de todo. Cuando en las salas de redacción no hay variedad de perfiles, la mayoría egresa de las mismas universidades y provienen de la misma capital, ahí también comienza el problema”.
David Arboleda
Expulsiones y la reacción de la Corte de Suprema
—Según información publicada por el Servicio Jesuita a Migrantes desde 2018 a la fecha se han decretado más de 20.000 expulsiones a personas migrantes. Sólo en dos años se concentró el 45% de las resoluciones de ese tipo de la última década. ¿Qué ha ocurrido con estas últimas expulsiones masivas?
David Arboleda (DA) responde: “La situación que está ocurriendo es lamentable, porque las clínicas jurídicas constataron que las expulsiones han sido a personas que tienen arraigo en el país, es decir, que tienen hijos, parejas y familiares, así como también hay casos en donde han sido expulsadas a personas por delitos y/o condenas. En el primer caso, la respuesta del gobierno ha sido expulsarlos de manera arbitraria, vulnerando el derecho a reunificación familiar y cada caso tiene que revisarse individualmente.
Lo que ha ocurrido con estas últimas órdenes de expulsiones es que las reciben el viernes y se han ejecutado de madrugada o en fines de semana, cuando no hay cortes abiertas. Esto es una arbitrariedad, pues impide un debido proceso. La Corte Suprema se pronunció sobre las expulsiones y durante los últimos 15 días de junio las Cortes de Apelaciones a nivel país han acogido los recursos de amparo a favor las familias migrantes. Por ejemplo, el 10 de junio la Corte de Apelaciones de Arica acogió 26 recursos de amparos y se detuvieron esas expulsiones”.
En las afueras de un cuartel de la Policía de Investigaciones (PDI) hay una fila de niños y niñas que ingresan para despedirse de sus familiares que serán expulsados del país. Estas imágenes se han repetido continuamente, y ésta en particular es del pasado 6 junio, en la previa a la expulsión de 56 ciudadanos y ciudadanas venezolanas. Según informó Amnistía Internacional, 37 de esos casos fueron expulsiones de “carácter administrativo”, es decir, no por haber cometido un delito, sino por haber ingresado a Chile de forma irregular por un paso no habilitado.
Esa misma institución ha ratificado los dichos de Arboleda sobre la vulneración de derechos de las personas expulsadas por parte del Estado: “Estas personas, en muchos casos separadas de sus hijos e hijas menores de edad, no han tenido la posibilidad de acceder a un debido proceso como lo estipula la ley, mucho menos considerado los principios del bien superior del niño y reunificación familiar de los menores de edad y allegados”, dice un comunicado publicado por Amnistía Internacional.
Respecto a las expulsiones masivas realizadas por el gobierno en fines de semana u horarios en que los tribunales de justicia no se encuentran operando, la entidad ha señalado que con ello se “vulnera el debido proceso legal, al verse imposibilitados de recurrir a tribunales o interponer recursos de amparo en su favor”.
Para hacer frente a esa situación, el presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, instruyó a las Cortes de Apelaciones del país a que se reúnan en horario inhábil (fines de semanas), ante la interposición de recursos de amparo urgentes, pues “dichos tribunales se encuentran investidos de las atribuciones destinadas a mantener incólume el principio de supremacía constitucional, y obligados actuar con prontitud en la salvaguarda los derechos esenciales que emanan de la dignidad humana ante su eventual puesta en peligro”, consignó Silva en un comunicado.
El mismo magistrado dijo días después, en el marco del Día Mundial del Refugiado, que “las expulsiones colectivas son medidas prohibidas por el derecho internacional de los derechos humanos, en general, y por el artículo 22.1 de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares en particular”. Algo que también han sostenido otros organismos internacionales. De hecho, un grupo de Expertos de Naciones Unidas y el Comité sobre Trabajadores Migratorios de la ONU han solicitado al Estado chileno suspender esas “deportaciones o retornos no forzados de migrantes”, especialmente en contexto de pandemia.
—Nacho Martín Galán, asesor de Medios de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), recomienda un decálogo para contribuir desde el periodismo a no estigmatizar a las personas migrantes, mostrar información precisa y contextualizada, tener conciencia sobre sus derechos, usar un buen balance de fuentes e incluir al migrante y a su historia. Tras las expulsiones masivas y la crisis migratoria que se vive en el país, ¿cómo cree que debieran cambiar los medios de comunicación para cumplir con esos criterios?
Dice Arboleda: “Esta respuesta la abordaré con la propuesta a defender el derecho a la comunicación que adherimos como Red de Periodistas Migrantes. Esta iniciativa surgió del Colegio de Periodistas para que se garantice en la redacción de la nueva Constitución. ¿Por qué creemos en la red que esto es importante? Para que exista pluralismo y haya diversas voces que representen a la sociedad en su plurinacionalidad e interculturalidad, eso es importante, porque ahí se desprende lo del decálogo sobre el equilibrio de fuentes.
Por ejemplo, si lees una nota informativa en la cual sólo consultan a fuentes oficiales u organizaciones asistencialistas que están dirigidos por chilenos no está mal, pero no entrevistan a las propias personas ni a organizaciones civiles de migrantes. Y la inclusión de estas últimas fuentes en los contenidos son relevantes, pero en reiteradas ocasiones no sucede y existe una invisibilización hacia las personas migrantes y racializadas”.
—¿Qué rol tiene el periodismo ante la situación actual que está ocurriendo con las expulsiones a comunidades migrantes?
DA: “El periodismo no sólo es informativo, sino que también es investigativo y educativo. Además tiene una responsabilidad debido a que la población reproduce lo que dicen las autoridades, así como también a quien le damos el micrófono interpreta una realidad. Aunque se hable del periodismo objetivo hay más subjetividad, al menos así lo analizo porque cuando uno realiza periodismo con enfoque de derechos uno es cuidadoso con respecto a los contenidos y fuentes que se seleccionan”.
Intervención de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes en rechazo a las expulsiones masivas que ha realizado el Estado chileno. 28 de abril de 2021, Plaza de Armas Santiago de Chile (Foto: David Arboleda).
Migrantes y vacunación contra el Covid-19
A través de una videollamada, el ministro de Salud, Enrique París, anunció el 23 de junio que tras cinco meses de inoculación se ha alcanzado al 80,26% de la población objetivo contra el COVID-19, es decir más de 12 millones de personas vacunadas.
La campaña de vacunación inició el 3 de febrero y no ha estado exenta de polémicas o descoordinación entre las diversas carteras del gobierno. Así ocurrió el 11 de febrero con cinco versiones distintas respecto a la inoculación hacia la población migrante tras la resolución del Ministerio de Salud (Minsal).
Las alarmas se encendieron en los pasillos de La Moneda al enterarse de la divulgación de un reportaje emitido por un canal de señal abierta peruana en el cual promovía el “turismo de médico” de vacunas. Una de las reacciones que generó conmoción fue la del canciller Andrés Allamand, quien comentó que “no podrán vacunarse los extranjeros que hayan entrado con una visa de turista” y que “las personas que están en el país en una situación irregular tampoco podrán hacerlo a menos que hayan iniciado los trámites de regularización pidiendo una visa temporal o definitiva”.
Sin embargo, el mismo Minsal ya dejó clara la “universalidad” de la vacuna en un instructivo donde dice: “De manera explícita, se recuerda que no debe solicitarse información respecto al estatus migratorio en ninguna vinculación con el sistema de salud y debe garantizarse la confidencialidad de la información para toda la población, incluidas las personas migrantes, la que es considerada sensible en el marco de la Ley N°20.584, que regula los derechos y deberes de las personas en relación con acciones vinculadas a su atención de salud”.
A pesar de ello, la Coordinadora Nacional de Inmigrantes Chile publicó el 3 de junio un comunicado en el cual señalaban haber recibido denuncias de migrantes en “situación de irregularidad” a quienes se les negó vacunarse contra el Covid-19.
—¿Qué evaluación tienen las organizaciones migrantes sobre las propuestas que han plasmado en el proceso de vacunación contra el coronavirus?
DA: “No muy buena, pero primero es necesario analizar el escenario general a nivel mediático y político. Al comienzo de la pandemia empezaron a estigmatizarnos hasta el punto de comentar que las personas migrantes traíamos el contagio, eso lo reporteamos en la Red de Periodistas Migrantes. Luego, ocurrió una situación en la cual muchas personas quisieron retornar a sus países y acamparon en pleno invierno en las afueras de las embajadas y consulados. En relación con este suceso, es importante esclarecer que tanto la migración como el retorno es un derecho y le corresponde al país de origen y de acogida gestionar estos trámites, más aún en épocas de crisis en donde las personas deciden volver a su país.
La cobertura periodística realizada no fue con una perspectiva de derechos, sino más bien de culpabilizar a las personas migrantes de estar viviendo una crisis que no es culpa de nadie, sino que es una pandemia a nivel global. A esto se suman discursos xenofóbicos y restrictivos sobre quienes tienen acceso al PCR y a las vacunas, en ocasiones de las mismas autoridades”.
—El asesor de medios de (OIM) evidenció que la “desinformación puede poner en riesgo la salud y los derechos, pero una información de calidad ayuda a salvar vidas”. Tras cumplirse más de un año de la pandemia en Chile, ¿cuál es la evaluación sobre el tratamiento noticioso enfocado hacia la población migrante?
DA: “Más que evaluar si ha sido buena o mala, prefiero comentar lo que hemos observado como movimiento migrante. Bajo esa premisa, no podemos estar a favor del cierre de fronteras porque sería contradictorio, por el hecho de que nuestras comunidades migran en tiempos de crisis; a pesar de la situación de pandemia, hay países que se encuentran en una situación más precaria que otros y en contextos complejos. Por ejemplo, la caravana de migrantes en Centroamérica que intentaba llegar a Estados Unidos, corredores humanitarios o personas que desde Sudamérica tratan de llegar a Chile.
Los medios de comunicación han estigmatizado a la población migrante. De hecho, al inicio de la pandemia hubo un medio que asoció a personas migrantes con el Covid-19, así también lo han realizado previo a la pandemia con un caso de tuberculosis que asociaron hacia la comunidad haitiana y generaron pánico a nivel país. Estos acontecimientos ocurren por la falta de información y descontextualización por parte de los mismos medios que asocian enfermedades con nacionalidades particulares, y esto no debería ocurrir porque son situaciones que vulneran y exponen a situaciones de riesgo a la comunidad migrante, puesto que puede culminar en situaciones extremas de mortalidad y agresión física”.
—Según la información proporcionada por el SJM en diciembre de 2018, el Estado chileno no suscribió el Pacto Mundial para la Migración de la ONU. ¿Esto ha influido en el contexto sanitario?
DA: “El Estado chileno se restó a suscribir el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular. Dicho convenio es importante en un contexto complejo que está viviendo el mundo respecto a la migración, y la intención de este acuerdo es que los estados puedan dialogar entre sí y lograr una migración más segura para que la gente no muera. Es lamentable que Chile se haya restado, pero esto no implica que se exime a cumplir otros acuerdos internacionales.
Existe una crisis humanitaria. Nosotros al menos así la caracterizamos: no como una crisis migratoria puesto que reconocemos la migración como un derecho que ha ocurrido en diferentes contextos históricos, ya sea por motivos políticos, económicos o de conflicto. Actualmente, bajo el contexto sanitario, hay una militarización en las fronteras, lo cual produce que las personas que migran estén más expuestas a situaciones de riesgo, como la trata de personas”.
El arribo de la Red de Periodistas Migrantes
En 2019 se creó en Chile la Red de Periodistas Migrantes, con el apoyo de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes y del Consejo Regional Metropolitano del Colegio de Periodistas. ¿Su objetivo? “Contribuir a un debate abierto, propio de la libre expresión, que reconozca la migración como un derecho inalienable de las personas, y promueva un discurso público con una perspectiva más humana e intercultural, rechazando a su vez la discriminación”. Con ello, buscan incidir en los medios para eliminar la vulneración mediática respecto a los derechos de las personas migrantes.
En el transcurso de estos dos años han realizado programas en vivo en pandemia, así como también participaron en cursos de “periodismo sin etiquetas” para abordar la migración desde una perspectiva de derechos y en la realización de una guía con el mismo objetivo, por invitación de la oficina en Chile del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Además, hace muy poco inauguraron su sitio web.
— En Chile han ocurrido diversos procesos migratorios. ¿Los medios de comunicación han cambiado o siguen perpetuando las mismas prácticas en las salas de redacción?
DA: “No sé si es correcto afirmar que han cambiado, pero sí han visibilizado diferentes realidades de las comunidades migrantes en contenidos de programas de emprendimiento, gastronomía e integración de charlas. Lo valioso es la diversidad y el cambio de mirada del estereotipo del migrante pobre o cuando se aborda la migración a través de índices de criminalidad. Pero no ha cambiado el panorama en el tratamiento informativo, pues los medios de comunicación tradicionales tienen una agenda que va muy ligada con la del gobierno, y es necesaria la transparencia tanto de los medios como la de los periodistas. Además, no sólo tratar la migración en cifras, sino que también abordar la realidad que existe detrás de las historias, pues cada persona está viviendo una dificultad con un trámite migratorio o debe enfrentar una expulsión. El relato debe humanizarse y no sólo estar centrado en estadísticas”.
—Existen diversos insumos para el tratamiento noticioso de la migración con enfoque de derechos humanos, como el manual realizado por el INDH, aun así, han existido casos como el de la ciudadana haitiana Joane Florvil -muerta bajo custodia policial- o los hallazgos del SJM en su Barómetro de Percepción de la Migración 2018-2020. ¿Cuál es la traba para que estas recomendaciones no se lleven a la práctica?
DA: “Regreso al punto anterior sobre la agenda de los medios ligada al gobierno, pero además, la existencia de la mercantilización de la información respecto a qué tipo de historias son más llamativas para difundir en los medios. Esa deshumanización se explica por esa razón, y a esto se suma la falta de pluralismo: las comunidades migrantes y los pueblos originarios no se ven representados en los medios de comunicación que consumen.
Existe una responsabilidad del periodismo de cómo narrar la migración, la niñez y la pobreza, porque no se puede abordar de igual forma que una apertura de un centro comercial u otro tipo de eventos. Estamos hablando de temas sensibles que repercuten en la sociedad, como decía la cartilla del INDH. Y los discursos racistas y xenófobos se reproducen en la sociedad a través de los medios”.