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 *Este reportaje fue realizado durante 2022 y corresponde a la Tesina de las autoras para optar al título profesional en la Escuela de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado. El trabajo fue guiado por el profesor Juan Pablo Figueroa.

El 11 de agosto de 2021, Jairo Moronta recibió un llamado de un número desconocido que alteraría su nueva vida en Chile. A su lado, se encontraban Yorgelis Blanco, su pareja, y Jairito, su hijo. Ella lo miró extrañada al notar como el rostro se le desconfiguraba al contestar el teléfono.

—Aló, ¿Con quién hablo? –dijo Jairo.

—Hola, buenas tardes. ¿Hablo con Jairo Moronta? –le preguntó de vuelta una voz masculina al otro lado de la línea.

—Sí, mande, con él.

—Mire, usted habla con la Policía de Investigaciones de Chile. Lo llamó para informarle que tiene una carta de expulsión emitida ahora en agosto, por su ingreso al país por paso no habilitado, dictada por la autoridad administrativa.

Hubo un momento de silencio. Mientras, en apenas unos segundos que parecían no acabar, Jairo reflexionaba “qué carajos significa esto”. Le dio las gracias al policía y cortó la llamada.

Yorgelis cuenta que sintió entonces una rara mezcla de emociones: alegría, pero a la vez, miedo. “Alegría es porque, al llegar la carta de expulsión, se podría revocar la con un abogado, y miedo porque se lo podían llevar en cualquier momento”, dice.

Un día después, Jairo buscó el grupo de Facebook “Venezolanos en Chile” para pedir ayuda:

“Hola, buenas noches. ¿Quién me puede asesorar con mi caso? Llegué hace dos años acá de manera ilegal y automáticamente me autodenuncié y me llegó la carta de expulsión hace un día. Tengo un hijo chileno de tres meses. Me dijeron que tengo que buscar un abogado para que me ayude. Solo tengo 10 días para hacer mis papeles, pero no sé cómo hacerlo. Si alguien me puede asesorar con eso, por favor. Gracias”.

La situación de Yorgelis y Jairo era de total incertidumbre. Era como si el mundo se les viniera encima. Su sueño de por fin instalarse y armar con solidez una nueva vida en Chile, esa que no encontraron en una Venezuela sumida hace años en una profunda crisis, se empezaba a desmoronar. Era un punto de inflexión en su historia, la misma que han vivido y viven miles de migrantes en un país que se ha convertido –posiblemente– en la etapa final de la búsqueda del “sueño americano” en la Latinoamérica del siglo XXI; y en un lugar donde la disputa por concretarlo es con el mismo Estado que podría hacerlo realidad.

A pesar de los cambios legales en materia de migración, el Estado chileno aún mantiene vacíos y deficiencias en cuanto a la protección de migrantes, lo que provoca, por ejemplo, la falta en servicios de salud, impidiendo el acceso a un tratamiento médico en caso de requerirse; solamente pueden ir a urgencias, es decir, ante situaciones extremas. No tienen protección legal, quedando a la deriva para regularizar su situación; menos pueden encontrar trabajo por no estar con residencia legal, lo que les imposibilita tener un contrato laboral, así también sus cotizaciones y previsiones.

Desde ese día, el de la llamada, que en la mente de Yorgelis no paran de aparecer las mismas preguntas una y otra y otra vez. ¿Qué hacer con sus vidas después de recibir la noticia de que en cualquier momento el padre de su hijo de menos de un año y de otro que está por nacer, puede ser expulsado del país? ¿Dónde iría a parar la travesía que comenzaron juntos en el techo de su casa en Venezuela dos años antes?

 

Bajo la luz de la luna

Se vislumbran los últimos rayos de sol mientras, cerca de las ocho, anochece en Maracaibo. Yorgelis Blanco, una mujer morocha de ojos oscuros con una mirada profunda e intensa, cejas perfectamente perfiladas que combinan con su largo pelo azabache, de nariz respingada –con un piercing circular brillante plateado– y labios gruesos con un toque de brillo, prepara un par de mantas y almohadas para subir al techo de su casa junto a su familia. Ya están acostumbrados a la rutina de ver sus rostros iluminados solo por la luz de la luna.

En mayo, las noches en esa zona al noroeste de Venezuela son cálidas, con temperaturas que promedian los 30 °C, aunque es una constante casi todo el año. Por eso al llegar al tejado de arcilla no se sorprenden al encontrar a sus vecinos compartiendo desde las puntas de sus casas en la misma situación.

Fallas eléctricas y apagones masivos viven los habitantes de Venezuela la mayor parte del tiempo ante la crisis política, económica y social que atraviesa el país. Ese año, 2019, se registraron 87.610 fallas eléctricas, lo que significó un promedio de 240 cortes de luz al día, según el “Comité de afectados por los apagones” de Venezuela.

“Dormíamos en los techos de bloque con mi abuela, mis primos y mis padres. La gente también dormía en las calles porque el frío no llega”, recuerda Yorgelis. Sin embargo, el clima tropical no es la única razón para que nadie se quiera quedar en sus habitaciones: la delincuencia en Maracaibo va cada vez más al alza.

Según un informe del Observatorio Venezolano de la Violencia, la región cerró en 2019 con más de 16 mil muertes solo por causas violentas.

Ese año fue decisivo para Yorgelis: “No hallábamos qué hacer, estábamos hasta aquí”, dice mientras se agarra con las dos manos su garganta. Vivían sin luz la mitad del día, y no solo era eso. También estaban las dificultades para conseguir alimento y tener un sustento económico; todo la impulsaba a buscar un nuevo destino.

Su vecino y novio, Jairo Moronta, tenía en ese momento 23 años y el pelo igual de negro que sus ojos. La nariz gruesa, dientes muy blancos, un pequeño bigote y barba delgada que rodeaba la silueta de su rostro de oreja a oreja y unas cejas perfiladas. Fue entonces que le contó que tenía primos en Chile y que ellos le habían comentado de las oportunidades laborales en el país del sur. También le dijo que él ya había tomado la decisión de viajar en los próximos días.

“Aquí todo estaba escaso, caro, las luces se iban por un mes entero y solamente comíamos lentejas; realmente pasábamos hambre. La desesperación por ayudar a la familia nos motivó a salir”, cuenta hoy Yorgelis, quien un mes después de que su pareja se fuera de Venezuela, emprendió sola el viaje terrestre a su encuentro, hasta el sueño prometido.

 

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Yorgelis y Jairo son solamente dos de las millones de personas que migran porque se ven obligadas a salir de sus países para tener una mejor calidad de vida. Datos de 2020 del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y el Departamento de Extranjería y Migración (DEM), en colaboración con la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Registro Civil, apuntan a que ya entonces existían 1,5 millones de personas extranjeras residentes habituales en Chile, es decir, un 0,8% más que el año anterior.

De los cinco países con más extranjeros residentes en Chile, en 2020 se mantuvo la tendencia de los dos años previos: primero estaba Venezuela, con 448.138 personas (30,7%), seguido por Perú (16,3%) y Haití (12,5%).

En mayo de 2022, en entrevista con Pulso, Luis Eduardo Thayer, director del Servicio Nacional de Migraciones, informó que junto al INE estaban realizando una nueva estadística oficial, con un remozado sistema de contabilización de la población extranjera. Thayer sostenía que “lo más probable es que suba la cifra, pero porque se contabilizará a los irregulares, más que por el hecho de que hayan ingresado más migrantes”.

“Estamos revisando la metodología, porque queremos incluir en esa estimación de población extranjera a los que están de manera irregular y así transparentar la cifra”, explicaba la autoridad.

Según el informe sobre Las Migraciones en el Mundo 2020 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en todo el mundo la migración ha aumentado en las últimas décadas. El total estimado en 2019 sostiene que a nivel global eran unas 272 millones de personas las que no vivían en su país natal, cifra superior en 110 millones a la estadística de 1990. O sea, casi un 69% más.

Dentro de este boom migratorio, “hay más personas que nunca viviendo en el extranjero”, siendo Chile el país de la región en el que más aumentó la migración, producto de la crisis social y económica que enfrentan otros países, según se explica en el reporte de la ONU.

El fenómeno se dio de forma paulatina. En 2017, se registró una ola de 110.166 personas migrantes que llegaron provenientes de Haití, según cifras del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), producto de la crisis social y económica de la región caribeña. La siguiente población que emigró fueron personas desde Venezuela bajo el mismo criterio de búsqueda: huir de un país en constante y profunda crisis en pos de encontrar mejores oportunidades de vida.

Con la situación de Venezuela, Yorgelis dejó de estudiar: “Quedé hasta tercero medio –bachiller–, me puse a trabajar en un centro comercial de atención al cliente y con eso ayudaba a mis papás, pero como ya no me daba el presupuesto fue que me vine para acá”.

Aunque la diáspora en Venezuela partió hace ya varios años, nunca habían llegado tantos inmigrantes a Chile desde ese país como en 2019. El actuar del gobierno de Sebastián Piñera fue clave para este proceso.

 

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El 22 de febrero de 2019, el ahora exmandatario viajó hasta Cúcuta, Venezuela, para entregar ayuda humanitaria junto a otros líderes políticos. Era, supuestamente, el día en que el régimen de Nicolás Maduro caería. Que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana le quitaría su apoyo al gobierno, que abrirían las fronteras para permitir el ingreso de ayuda humanitaria y que estarían las condiciones para un retorno triunfal del líder opositor y “presidente designado”, Juan Guaidó. La información venía de la inteligencia colombiana y estadounidense, y como Piñera pretendía alzarse como un líder a nivel regional a favor de la democracia y en contra de gobiernos autoritarios, asistió y se puso en primera línea en un mediático evento cultural y geopolítico que terminó en desastre.

El gobierno de Maduro no cayó y la visita del Presidente chileno generó consecuencias que repercuten hasta el día de hoy.

El ímpetu y apoyo al pueblo venezolano que evidenció Piñera esa jornada fue interpretado por Yorgelis, Jairo y miles de sus compatriotas que veían el Venezuela Live Aid –concierto benéfico de ayuda al país– como el refrendo de algo que él mismo había dicho tiempo atrás en una entrevista con Deutsche Welle: “Vamos a seguir recibiendo venezolanos en Chile, porque tenemos un deber de solidaridad y yo nunca olvido que cuando Chile perdió su democracia, Venezuela fue muy generosa con los chilenos que buscaban nuevas oportunidades”.

Comenzar una nueva vida fuera de la crisis y con las puertas chilenas abiertas no parecía ser una mala idea.

En esa fecha, las condiciones para ingresar al territorio eran muy distintas a las de hoy. No era necesario tener una visa, sino que simplemente con su cédula de identidad, un ciudadano venezolano podía ingresar de manera regular por los pasos fronterizos habilitados, lo que cambió posteriormente con la visa consular y la Visa de Responsabilidad Democrática (VRD) que estableció el expresidente tras su viaje a Cúcuta.

 

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Pese a que Jairo viajó días antes de necesitar una visa con la idea de llegar e ingresar de forma regular por tierra, un atraso hizo que todo cambiara durante su trayecto. Después de 5.120 kilómetros recorridos hacia Chile, el bus en que iba quedó varado en Tacna, Perú, lo que le significó dos días de retraso en medio de una fecha clave para el cambio de normativa para el ingreso de venezolanos al país. Si el cronograma se cumplía, solo le bastaba tener su identificación para entrar al país, pero el retraso le implicó llegar cuando ya era necesario contar con una visa que, por supuesto, Jairo no tenía. La posibilidad de volver a Maracaibo ya no era opción.

Entre la disyuntiva de qué hacer, cómo acceder a la visa y no tener los recursos para volver nuevamente a Venezuela, un hombre le ofreció pasarlo de manera ilegal a Chile.

“¿Qué hago? –se preguntó Jairo–. Gastar plata que no tengo para volver… están mis primos esperándome… –se decía a sí mismo, confundido– esto es lo que me tocó”.

Finalmente, aceptó lo que nunca pensó que debería hacer.

Pagó cerca de 150 dólares para cruzar caminando la frontera por Colchane. Ahí lo dejaría el coyote que lo guió por el desierto, quien –dice Jairo– desapareció apenas lo dejó allí y nunca más lo volvió a ver. Una vez en Chile, lo primero que hizo fue autodenunciarse. Esto es una medida para dar cuenta de su ingreso clandestino, un hecho que a la fecha que Jairo ingresó al país era considerado delito.

Así como Jairo llegó a Chile viajando desde Venezuela, también lo hacen miles de inmigrantes. Entre ellos, Jesús, de 21 años, junto a su esposa de 17 y su hija de uno. Los tres estuvieron siete días caminando por el desierto y en los únicos momentos que paraban a descansar, se dedicaban a darle las preparitas a su hija –refiriéndose a la leche de la bebé–.

No saben cuánto pagaron, ya que sus familiares lo hicieron por ellos. Tampoco se autodenunciaron por voluntad propia, sino porque fueron sorprendidos en una residencia clandestina que fue allanada por la PDI en septiembre de 2021, en un operativo que buscaba desbaratar una banda ilegal de tráfico ilícito de personas. Tuvieron que hacer el trámite de autodenuncia como víctimas de trata de migrantes.

Los 57 inmigrantes que se encontraban en la residencia, entre ellos 19 menores de edad, tuvieron que mostrar un documento que acreditara su identidad para quedar en los registros oficiales de ingreso clandestino.

“Estamos asustados. Llegamos a las dos de la mañana, dormimos afuera –decía Jesús el día del allanamiento, apuntando un colchón sucio y en mal estado que se encontraba en el piso del patio con una frazada floreada encima–. En el desayuno alcancé a comer pan con mortadela y galleticas”.

Con el colapso de la economía, millones de personas en Venezuela quedaron incapacitadas de satisfacer sus necesidades básicas y han optado por migrar. Según datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), más de siete millones de venezolanos y venezolanas han abandonado su país en los últimos años y, de ellos, cerca de un millón ha solicitado asilo.

En ese contexto de desplazamiento masivo, al menos 42 personas de ese país perdieron la vida en su intento de emigrar a otras partes de la región en 2018, y en los años siguientes no harían más que aumentar. En 2021, al menos la mitad de los 18 migrantes que fallecieron en la frontera chilena –y que fueron hallados– venían de Venezuela y, al año siguiente, hasta julio, cuatro de los siete cuerpos encontrados tenían consigo papeles que certificaban la misma nacionalidad.

En 2021 se llegó a un récord histórico de personas que ingresaron de manera clandestina a Chile: según datos obtenidos vía Ley de Transparencia a la PDI, 56.586 inmigrantes llegaron ese año al país a través de pasos no habilitados, un aumento de 235,8% respecto del año anterior (ver gráfico nº1). Y entre enero y mayo de 2022, ya sumaban 27 mil; 12 mil mujeres y 15 mil hombres.

La gran mayoría ha seguido la misma ruta que Yorgelis, Jairo y Jesús (ver gráfico nº2). De esas personas que entraron a Chile de forma irregular en 2021, las provenientes de Venezuela predominan con 43 mil (76,78%). Le siguen quienes vienen de Bolivia (12,33%), Colombia (4,08%), Haití (3,38%) y Perú (1,40%). Eso sí, todas estas cifras contemplan solamente a quienes se autodenunciaron o fueron fiscalizados y denunciados por la policía, y se estima que son varios miles más los que no han pasado por ninguno de esos procesos; la cifra negra.

El diputado por la Región de Tarapacá, Renzo Trisotti (UDI), argumenta: “Existe una cifra negra de acuerdo con lo que me ha dicho el delegado presidencial. Ellos creen que es un volumen muy grande de gente y se tiene un aproximado, pero no me atrevería a dar una cifra porque podría cometer un error”.

Richard Salazar, abogado y defensor público penal de Arica, quien ha litigado diferentes casos sobre migración, afirma que “la gente siempre viene porque hay un tema por el ‘sueño americano’. Vienen con la idea de mejorar su situación, su calidad de vida, su estándar de vida”.

 

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El viaje de Yorgelis Blanco también fue por el desierto desde Venezuela, y en cada paso que recuerda vuelve a sentir el temor, “el miedo de que una persona te haga daño constantemente, todo eso no es fácil”.

Iba con 13 venezolanos y ninguno se conocía entre sí. Solo tenían en común el origen y la búsqueda de un mejor futuro.

“Yo demoré ocho días en llegar acá y fue el mismo proceso que Jairo: de Venezuela a Colombia, un bus; de Colombia a Ecuador, un bus; de Ecuador a Lima, otro bus y de ahí a Tacna. De allá pa’ acá, caminando. Igual un peruano me pasó –uno distinto que pasó a Jairo–. Me cobró 100 dólares, lo único que me quedaba. Comí solo pan y bebí agua; a veces la gente me regalaba comida”, detalla.

Lo más difícil fue lidiar con el miedo. “Pensaba que los Carabineros me iban a agarrar, me iban a deportar, iba a perder el viaje y no quería”, cuenta.

Una vez que llegaron a Arica, los 13 emprendieron su viaje a diferentes puntos del país. La mayoría se fue a Santiago, pero ella iba aún más allá: hacia Angol, donde la esperaba su novio. Tomó su último bus.

La mayoría de los migrantes que llegan al país se concentran en ciudades como Antofagasta, Valparaíso y Santiago, principalmente por los servicios, oportunidades laborales e incluso el clima. Pero Yorgelis y Jairo optaron por Angol, una localidad de la Región de La Araucanía caracterizada por las actividades agropecuarias y forestales, donde las temperaturas promedio en invierno varían entre los 4° y 12° C y que en verano fluctúan entre los 10° y 26° C. Además, era donde hace un año estaban instalados los primos de Jairo, todos solteros y sin hijos.

La pareja se quedó al principio con ellos en una casa de pequeñas piezas, donde una estaba reservada para los dos. Eran la única pareja del grupo y cada uno debía aportar para el pago de las cuentas.

Sin embargo, los problemas no tardaron en llegar. Ambos encontraron trabajos provisorios y todo el dinero que ganaban estaba comprometido para los gastos de la casa, imposibilitados a ayudar a sus familias en Venezuela y porque ellos veían “como toda la plata que sobraba –de las cuentas– se la quedaba la prima, así que mejor nos apartamos”, cuenta ella.

Con el poco dinero que tenían, la pareja arrendó una casa de un ambiente en Angol, “más bien una pieza por lo chiquitica –precisa Yorgelis–, pero mucho más cómoda” que donde vivían antes.

En enero de 2020 su vida dio un nuevo giro: se enteraron de que ella tenía 12 semanas de embarazo. Esto implicaba más amor, pero también, un nuevo integrante a quien alimentar.

Aun así, siguieron con sus vidas como si nada. Yorgelis se desempeñaba como empaquetadora en el mercado Super Ganga, “una de las partes en las que no me pedían papeles, porque lo hacían en todos lados”, explica. Jairo, por su parte, comenzó a trabajar en una constructora con un empleador de nacionalidad venezolana. Quién mejor que él podría entender la situación por la que pasaba su familia –pensaban–, pero no fue así. Yorgelis crítica que “es un hombre muy malo para la paga, nunca tiene los sueldos a tiempo”.

A pesar de estar embarazada, siguió trabajando porque así podían ayudar a sus familias en Venezuela y no dependían del inestable pago de Jairo, a quién le debían pagar $300 mil, aunque a veces le pagaban entre $50 y $80 mil mensuales; como no tenía contrato, no podía exigir su pago. Yorgelis aguantó lo más que pudo, hasta que no pudo soportar el peso de estar todo el día de pie. “Trabajé hasta los seis meses de embarazo, porque a mí no se me nota la pancita”, afirma.

Hacían maravillas para pagar los $180 mil que les cobraban de alquiler, más los $30 mil de servicios a los que Yorgelis no les encuentra explicación.

“Yo no tengo luz en la sala, ni en la cocina; solo tengo luz en mi cuarto y de agua yo solo gasto cuando cocino o cuando nos bañamos, nada más”, dice. Por lo tanto, aprovechan la luz del día al máximo, tal como lo hacían en Venezuela, aunque no en los techos bajo la luminosidad de la luna, porque aquí llueve bastante y hace muchísimo más frío del que estaban acostumbrados.

 

Un espejismo en el oasis

Ya tenía 39 semanas de embarazo, así que era cosa de tiempo. La noche previa al nacimiento del bebé, Yorgelis se acostó con un malestar en su vientre que consideró “normal”, pero al día siguiente ya no podía soportar el dolor y su fuente se rompió.

Según la Ley de Migraciones y Extranjería, una mujer migrante en Chile tiene derecho a ser atendida durante el proceso de preparto, parto y puerperio independiente de su nacionalidad y situación migratoria. Además, según señala la abogada especialista en migración y ex presidenta del SJM, Macarena Rodríguez, existe una visa para embarazadas “que opera solamente con el certificado de la matrona, o sea, la mujer acredita el embarazo y ese certificado es suficiente para pedir una visa que dura todo el embarazo. Eso garantiza que será atendida en el consultorio de salud para sus controles del embarazo”.

Ahora bien, la experta explica que la visa para embarazadas termina una vez que el parto se concreta, sin embargo, los nueve meses se consideran desde que se otorga el documento, por lo que “se puede utilizar la visa un tiempo más”.

Yorgelis fue a las dos de la tarde junto a su novio al Hospital Dr. Mauricio Heyermann, el único ubicado en Angol, y cuatro horas más tarde estaban junto a su hijo Jairo, llamado como su padre, aunque a él le dicen “Jairito” de cariño. Yorgelis recuerda que lo más complicado de dar a luz fue que, a pesar de la compañía de su pareja, quería a su mamá aquí; “me sentía sola”, sostiene con nostalgia.

“Podría dar a luz cuantas veces quisiera, porque me atendieron súper bien”. Los meses anteriores, Yorgelis fue asistida en el Cesfam más cercano a su domicilio y aunque no se encuentra regularizada en el país, solo se le solicitó una carta con la dirección de su vivienda y documentación de identificación para que Fonasa le otorgara el beneficio de recibir atención médica junto a su bebé.

Aunque existe una protección legal para los recién nacidos –quienes nacen como chilenos– y el cuidado a la mujer en el embarazo, el proceso para que los migrantes se integren al sistema de salud en Chile cuenta con barreras que limitan la atención.

Según el informe “Casen y Migración: Avances y brechas en el acceso de la salud de la población migrante residente en Chile”, elaborado por el SJM con datos de 2020 y 2021, un 75% de los migrantes está adscrito al modelo público Fonasa, mientras que un 12% lo está al sistema privado Isapre. Aquellos que se encuentran irregulares en el país y sin recursos, pueden acceder de forma gratuita y quedar cubiertos en el tramo “A” de Fonasa, pero solo en caso de emergencia. Además, uno de cada siete niños, niñas y/o adolescentes migrantes no forma parte de ningún modelo previsional de salud.

Las mayores dificultades con relación a la salud de los migrantes están en la información asimétrica y el choque cultural, lo que trae como consecuencia mayores barreras para acceder al servicio.

Dentro del 11% de extranjeros que no se encuentran dentro del sistema previsional de salud está Andrea Fuenmagar (25), quien padece de diabetes tipo 1, una enfermedad crónica que afecta el modo en que el cuerpo convierte los alimentos en energía.

“Se me ha hecho muy complicado que me puedan ver en un centro médico porque no tengo papeles”, comenta la venezolana.

Antes de su llegada a Chile, vivió en Colombia y en Ecuador, territorios donde sí tuvo la oportunidad de ingresar a los sistemas de salud, incluso estuvo hospitalizada y fue atendida de manera gratuita, pero debido a la falta de trabajo emigró a Chile. “Y aquí no me estoy inyectando insulina porque el tratamiento me sale súper caro. Por fuera me puede salir $40 mil un lápiz que dura 15 días y tengo que utilizar dos tipos de insulina diferentes. Me inyecto tres veces al día, no me dura casi nada”, dice, y agrega: “Como está la situación por las leyes y por mi tratamiento de salud, creo que es mejor regresar a mi país y poder tener más acceso allá”.

“Con respecto a las personas que están en situación migratoria irregular, ellos no tienen posibilidad de tener un RUT, de tener una cédula de identidad vigente, de poder pagar las cotizaciones previsionales y poder acceder a la salud, entonces en el caso de ellos, se les garantiza la atención de urgencia, que es lo único a lo que pueden acceder, y eso, es tremendamente dañino, porque la atención de urgencia podría ser muchísimo más compleja, más cara, más todo, que una labor preventiva”, explica Macarena Rodríguez.

 

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La ley de migración chilena de 1975 cambió y entró en vigencia otra versión en febrero de 2022. Quienes hayan ingresado de forma irregular antes de la nueva ley, se deberán regir con la antigua. Y en esa situación está Jairo y bajo esas condiciones fue que recibió su orden de expulsión, pues el ingreso ilegal es un delito para la ley que estuvo vigente por 47 años. Para la normativa actual, en cambio, es apenas una falta administrativa, aunque de igual forma da pie para deportar a migrantes.

En Chile existen dos tipos de expulsiones: administrativa y judicial. La diferencia está en que la primera “dice relación con aquella en que el producto de la expulsión es proveniente de algún incumplimiento de los requisitos administrativos para la permanencia en el país”, explica el defensor público penal Richard Salazar. La expulsión judicial en cambio, “se relaciona con la Ley 18.216, que regula como pena sustitutiva la expulsión de las personas extranjeras frente a la condena de un delito”, dice el abogado.

Las causales para decretar órdenes de expulsión administrativa son variadas: por el ingreso o egreso del país con documentos falsificados, adulterados o expedidos a nombre de otra persona; o por hacerlo de manera clandestina u otros motivos. Pueden ser decretadas desde el Ministerio del Interior a través del subsecretario del Interior o del director del Servicio Nacional de Migraciones, o por el Tribunal competente, según indica el reglamento.

Para el caso de una reconducción de un inmigrante es que la persona esté imputada por un crimen en su país de origen, o bien, haya cometido uno en Chile.

Tras haber ingresado ilegal y haberse autodenunciado en el momento, Jairo debía ir a firmar mensualmente al cuartel de la PDI como parte del procedimiento de regularización.

“Una vez que la persona decide comenzar un proceso de regularización, el primer paso es realizar una autodenuncia en la PDI por haber ingresado por un paso no habilitado a Chile. Luego de eso, la PDI le entrega a la persona un papel que se llama Tarjeta de Extranjero Infractor, para dejar registro de las personas que tienen que hacer firma –mensual, cada dos meses o quincenal; depende del funcionario–, y se hace un informe policial que da cuenta del ingreso por paso no habilitado de la persona puntual que se manda a las que ahora son las delegaciones presidenciales”, explica Constanza Salgado, quien al momento de ser entrevistada para este reportaje ejercía como abogada del SJM.

Si bien la autodenuncia es una atenuante para la regularización de la situación migratoria, también hay quienes eligen no hacerlo en el momento del ingreso al país por, entre otras razones, temor, desconocimiento de la ley o falta de asesoría legal. Uno es el caso de Yorgelis.

“Yo no me autodenuncié porque me dio mucho miedo”, sostiene la mujer, y aún no tiene mucha idea de qué pasará con su situación migratoria porque no sabe bien cómo regularizarse. Ya lo hizo vía online en el sitio web de la PDI en diciembre en 2021, a dos años de su llegada, pero nunca obtuvo respuesta alguna.

Ese mismo mes fue el último que Jairo firmó en la PDI tras su proceso de autodenuncia. Pero al recibir el llamado y su carta de expulsión, no sabía cómo proseguir los siguientes meses.

Aunque ambos se autodenunciaron, no han podido regularizar su situación por la falta de asesoría legal que les permita tener su documentación, por ejemplo, cédulas de identidad chilena.

“La realidad migratoria es obligación del Estado, no es que las personas quieran ser irregulares, sino que los estados faciliten la manera en que las personas se regularicen, de manera de que puedan tener la autonomía para insertarse en la sociedad. A su vez, favorece la movilidad interna”, señala Eduardo Cardoza, secretario ejecutivo de la organización Movimiento de Acción Migrante.

Ante la noticia de que en cualquier momento la PDI podría ir a buscar a Jairo para subirlo a un avión y devolverlo a Venezuela, dejando a su hijo de un año y a su novia a miles de kilómetros de distancia, la familia comenzó a tener una sensación de inseguridad y no sabían con quién asesorarse para evitar la separación familiar.

“A él le salió su carta de expulsión, pero como nosotros no tenemos trabajo con contrato ni nada, sino lo que nos salga, no teníamos cómo pagar un abogado que le pudiera ayudar a apelar, porque él tenía que apelar [para dejar sin efecto la orden de expulsión] y debía seguir ese proceso. Tenía diez días para apelar, pero no pudo porque los abogados le quitaban como $400 mil y no los teníamos. Todavía tiene su papel de expulsión”, sostiene Yorgelis.

Navegando por internet descubrieron al SJM, una organización dedicada a la “promoción y protección a la dignidad a los derechos de migrantes y refugiados en Chile”, según se describe en su sitio web. Su trabajo es multidimensional para el apoyo a personas migrantes en el país e incluye una área jurídica, mediante la cual asesoran sobre la situación migratoria y, en algunos casos, presentan recursos de amparo para dejar sin efecto órdenes de expulsión.

Jairo y Yorgelis descargaron la aplicación MigrApp que pertenece a la organización y mandaron un correo. Meses después, en abril de 2022, recibieron una respuesta en que les pedían “paciencia” para abordar su caso, ya que tienen en cola muchos más.

El SJM no es la única entidad que presta este tipo de asesorías. Al igual que a Jairo, pero en febrero de 2019, a la dominicana Doris Pineda también la notificaron de una orden de expulsión del país tras ingresar por un paso no habilitado. Ella vino a Chile por una oferta laboral de asesora de hogar, razón por la cual vendió su casa en República Dominicana.

Dejó en su país a sus dos hijas de 24 y 16 años con la expectativa de darles una mejor vida en Chile. Sin embargo, a diferencia de Jairo, Doris se asesoró a través de la Clínica Jurídica de la Universidad Alberto Hurtado, entidad que logró que la Corte de Apelaciones de Santiago acogiera su caso y pudiera quedarse en el país junto a su nueva pareja chilena.

Algo parecido ocurrió con Aníbal Márquez, venezolano indocumentado que trabaja informalmente como chofer de Uber en Chile. El 24 de abril de 2021 se emitió su orden de expulsión por ingresar por un paso no habilitado junto a su hijo menor de edad. Él se asesoró con la Clínica Jurídica de la Universidad Diego Portales. Dos meses después, su expulsión fue revocada.

Pero muchos no corren la misma suerte ni esas instituciones dan abasto para el nivel de demanda. Eso sí, las causas judiciales predominan por sobre las administrativas, es decir, los extranjeros que cometen delitos son los más deportados del país, pero aun así no son pocos quienes llegan en busca de una vida mejor y son devueltos a sus países a pesar de no tener antecedentes penales.

En 2019 se materializaron 2.232 expulsiones: 557 por decisión administrativa y 1.745 por sentencia judicial. Al año siguiente, se concretaron 1.470 deportaciones, de las que apenas un 14% fueron administrativas. En 2021, de las 913 expulsiones ejecutadas, 246 fueron decretadas por el Ministerio del Interior y 667 por tribunales de justicia. Y durante el primer semestre de 2022 se materializaron 590 expulsiones de migrantes. Según información de la PDI obtenida vía Ley de Transparencia, de cada 100 expulsiones realizadas durante 2022, 98 han sido de origen judicial (ver gráfico nº3).

La abogada Pía Balbontín, quien se dedica a asesorar a personas migrantes, comenta que, “el lío está en que el 80% de las personas que han sido expulsadas no tienen recursos económicos o no saben cómo enfrentar estas situaciones y, en definitiva, es muy fácil solicitar un recurso, pero si no saben qué es lo que realmente tienen que hacer o quién lo tiene que solicitar, se aplica la expulsión”.

En esa situación están Jairo y Yorgelis, aunque en distintas posiciones: como solo a él lo notificaron de una eventual expulsión, el riesgo de la separación familiar es lo que más les aterra.

¿Cuántas de esas deportaciones han derivado en quebrantamientos de familias? No está claro. Si bien se le consultó por ese dato a la PDI, en su respuesta se especifica: “Se hace presente que no se cuenta con información si los extranjeros expulsados mantienen un vínculo en el país”. Por lo tanto, es otra cifra negra que los Moronta Blanco no quieren pasar a engrosar, menos ahora.

 

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En enero de 2022 Yorgelis supo que sería mamá nuevamente. Desde temprano esperaba a Jairo con nervios: esa noche le revelaría que serían padres por segunda vez. Él, al llegar a casa después de una extensa jornada laboral, aprovechó de jugar con su hijo y conversar con Yorgelis.

Al enterarse, Jairo sintió diferentes emociones. Ser papá de nuevo lo hacía muy feliz, pero a la vez sabía que pasaban por un periodo complejo por la sombra de la expulsión y la difícil situación económica.

“Yo quería botarlo”, recuerda ella, haciendo referencia a la posibilidad de hacerse un aborto. A sus siete semanas de embarazo, fue a la matrona y le comentó que no quería tener a su bebé, quería esperar a que Jairito creciera para poder tener otro.

“Ella me dijo que iba a hablar conmigo, que debía ir a la psicóloga, que es una vida y que aquí era un delito abortar. Así que no me lo permitió. Al final no lo boté, pero yo misma me puse a reflexionar, a aceptarlo”, dice.

Decidieron que en algún momento deberán pagar una asesoría legal de manera particular. “El abogado que podamos contratar es para Jairo, para que vaya y gane la apelación y así pueda meter un contrato e ir comenzando con sus papeles”, explica Yorgelis, aunque como no han podido ahorrar para poder contratar a un abogado particular, siguen en un limbo.

El proceso de regulación migratoria es relevante para establecerse en el país, pues aquellos que no hayan realizado la tramitación de su visado, por haber llegado por pasos no habilitados, “tendrán un plazo de 180 días para abandonar el país”, dicta la nueva ley de migraciones^.

Según señaló a la prensa el ex director del Servicio Nacional de Migraciones, Álvaro Bellolio, “el cambio de la ley hace mucho más humano y mucho más digno el proceso de solicitar visa”.

“Sin duda es un instrumento acorde a los tiempos actuales. El decreto ley 1.094 [el antiguo] tiene la palabra derecho 13 veces, y 11 veces se utiliza esa palabra como sinónimo del tributo que tiene que pagar la persona al Estado. Nunca se reconoce el derecho de las personas migrantes y ahí hay un avance súper importante”, indica Macarena Rodríguez sobre la nueva ley.

En otro aspecto, la abogada afirmó que también existen progresos con relación a la materia de expulsión, ya que da la posibilidad a que las personas puedan exponer sus antecedentes frente a una orden de expulsión, pues antes “nunca se contempló un espacio para que pudieran decir ‘mire tengo un bebé (…) o, si efectivamente cometí ese delito, pero cumplí la pena (…)’, no había ese espacio. Ahora está, pero a nuestro juicio, como SJM, todavía es imperfecto”.

A pesar del avance en la materia, Rodríguez dice que “la norma debiera decir que esos antecedentes pueden justificar que no se dicte la orden de expulsión, porque además de la posibilidad de hacer descargos, la persona debería tener la posibilidad de tener una audiencia, a ir un con abogado, a tener intérprete, o sea, hay otros requisitos adicionales para considerar que hay un debido proceso”.

Para Yorgelis, los cambios legales migratorios han implicado un proceso frustrante para establecerse por completo en la sociedad chilena, especialmente junto a su hijo. “Acá no tengo a alguien que me oriente, que me diga ‘mira, tú tienes que hacer eso, ya que vas a ser mamá de dos chilenos’. Por eso no me he movido con mis papeles. Algunas personas me dicen que yo podría estar legal, como soy la mamá de los niños, podría otorgarle los papeles a Jairo, pero no sé cómo es”.

Las políticas migratorias no solo deben tener en consideración las leyes chilenas, sino que también existen tratados internacionales a los que el Estado está suscrito para –especialmente– resguardar los Derechos Humanos de los migrantes que buscan establecerse en el territorio.

El Pacto de San José de Costa Rica es uno de ellos. Pía Balbontín argumenta que tiene directa relación con la situación migratoria, ya que “hay una norma de este Pacto que indica contra excepciones de derechos que no se pueden suspender y, por tanto, no vale la justificación para el gobierno chileno el caso fortuito de fuerza mayor”. Esto en el caso de que “haya derechos relativos a la revinculación familiar, que son los derechos de protección a la familia y todos los derechos consagrados respectos a los derechos de los niños”.

La abogada reveló su experiencia con un caso de reunificación familiar, en el que un hombre colombiano estuvo a minutos de abordar un avión y dejar a su familia por un “cagazo del Gobierno”.

Alonso Pinzón, se llama él y lleva viviendo 12 años en Chile. Viajó junto a su familia de vacaciones al extranjero, en medio de la tramitación de su visa definitiva, por lo cual consultó y la PDI le afirmó que no tenía ningún inconveniente para viajar y volver al país donde reside. Sin embargo, fue detenido en el aeropuerto cuando intento ingresar a Chile, acusado de cometer un delito.

“Efectivamente, él tuvo un caso penal hace 15 años del que fue absuelto”, dice Balbontín, quien asegura que toda la información se había enviado a Chile y que, a pesar de ello, le decretaron una expulsión judicial.

“Este señor estuvo a 20 minutos de abordar el avión a Colombia y quedar en tierra de nadie, ad portas de ser separado de su familia. Fue uno de los casos en los que se borró la información entre 1993 y 2021”, cuenta la abogada.

La pérdida de información a la que se refiere la abogada es una de las mayores críticas que se le hace al gobierno de Sebastián Piñera con relación al resguardo de datos de migrantes. En octubre de 2021 hubo una falla en la base de datos que almacena la información correspondiente a los migrantes en Chile, el denominado Sistema B3000, que tenía a su cargo el entonces director del Servicio Nacional de Migraciones, Álvaro Bellolio. Fue una falla grave: casi tres décadas de datos migratorios se esfumaron de un día para otro.

 

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El hecho salió a la luz cuatro meses después, en febrero de 2022, con un reportaje de CIPER que reveló la pérdida de datos de migrantes desde 1993 hasta 2021, lo que fue informado en un comunicado que pasó desapercibido ante la prensa en noviembre de ese año. “Se produjo una falla en uno de los sistemas informáticos que permite la gestión de las solicitudes de nuevas visas de los ciudadanos extranjeros en nuestro país, el cual es administrado por la División de Redes y Seguridad Informática de la Subsecretaría del Interior y utilizado por el Servicio Nacional de Migraciones”, dice el documento.

Macarena Rodríguez afirma que “es un sistema integrado y antiguo y que dentro está toda la información de migración. Es un repositorio de datos individuales”.

CIPER explica que hubo una reconstrucción de los datos a través de información contenida en la PDI, el Poder Judicial, otro sistema de Extranjería y el trabajo “a mano” de los mismos trabajadores de la entidad encargada del almacenamiento de los documentos.

Pese a ello, Rodríguez señala que “lo cierto es que sí hay pérdida. Nosotros sí tenemos algunos casos que han desaparecido del sistema y de la plataforma de Extranjería –porque tenemos nuestros propios registros–. Esto da cuenta de que la autoridad no sabe si logró recuperar toda la información”.

Nicolás Torrealba, jefe de gabinete del director del Servicio Nacional de Migraciones, afirma que “se recuperó la mayoría [de los datos], pero así y todo, hay algunos casos puntuales que van saliendo y en la medida que van saliendo, se tienen que ir buscando la información”.

La abogada explica que hay tres posibles consecuencias de este hecho. La primera es la afectación de los derechos de las personas y vulneración a la garantía que tienen todas las personas de protección de su vida privada. La segunda, la responsabilidad del Estado, porque “no puede eximirse de la responsabilidad de la pérdida de datos, es el guardián de esos datos por ley”. Y la tercera, dice, es “con respecto a la solución”.

“A mí me parece que lo correcto es decir ‘esto ocurrió, se detecta, y, por lo tanto, hacemos un llamado a todas las personas’. Por ejemplo, a quienes habían presentado solicitudes, a que crearemos un canal para que esas personas puedan entregar nuevamente su información para su solicitud en caso de que se hubiese perdido”, plantea Rodríguez.

La realidad fue que en junio de 2020, la Contraloría General de la República (CGR) ya habría informado a la Subsecretaría del Interior de la falta de seguridad en el sistema ante una posible crisis. El informe 784/2019 señala que “a la fecha de la auditoría no existían planes de continuidad operacional y de recuperación ante desastres que permitan garantizar la provisión de los servicios críticos de la entidad, generando un eventual riesgo en la disponibilidad de los sistemas en su infraestructura tecnológica”.

“El sistema informático tenía una serie de deficiencias, entonces ahí hay algunas fallas que no han sido cubiertas por esa recopilación de información”, dice Torrealba.

Agrega que “en este minuto estamos trabajando con tres plataformas distintas: una es la base de datos del B3000; la otra es la de tramitación, que es un sistema simple; y hay una tercera plataforma del Registro Nacional de Extranjeros. La obligación que tenemos en la nueva Ley de Migraciones es generar una plataforma –que está en proceso de construcción– y esperamos que recoja toda la base de datos que tienen el sistema B3000. De todas maneras, habrá otra plataforma que sea para la tramitación”.

 

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En Colchane se dispusieron como albergues sanitarios distintos colegios por la pandemia, pero el 30 de noviembre de 2021 todo cambió: cientos de ellos recibieron una orden de expulsión y no entendían por qué.

Todo se tramitó de forma exprés. El 4 de diciembre, 138 migrantes fueron subidos a un avión, expulsados por ingreso clandestino y otros varios por causas penales. No tuvieron tiempo para que un abogado impidiera su deportación.

“Nos iban a deportar, entonces ahí tuvimos que buscar un abogado, pero no nos dejaron salir y, entonces, ¿cómo uno busca un abogado? Internet. Llegamos al primero que apareció. Él tenía recurso de amparo por todos nosotros, pero nos fueron a buscar a las 02:00 de la mañana y nos llevaron a la policía para ponernos unos trajes blancos. No pudimos hacer nada y nos expulsaron como delincuentes”, recuerda Ricardo Meléndez, uno de los jóvenes que fue deportado.

“Empecé a redactar este recurso de amparo ese día en la tarde. ¡Era una locura, porque eran más de 100 personas y había que agregar uno por uno los datos! Al final, terminé presentando el recurso solo por 70. Cerca de las 21 horas me seguían mandando mensajes de WhatsApp, diciendo que los iban a expulsar. Yo les decía que se quedaran tranquilos; hasta la madrugada yo seguía escribiendo, llenando el recurso de amparo. Imposible hacer un recurso en tan poco tiempo”, explica Juan Manuel Sáez, el abogado que contactaron por internet.

“Nos pusieron en fila y nos montaron a los venezolanos al avión. Yo tenía un rayo de fe, de que algo iba a pasar, de que alguien iba a llegar, que iban a cancelar todo. Como una película, pero la verdad es que la vida era algo diferente. La realidad apesta. Y, bueno, nunca pasó nada. Nadie llegó, nadie nos ayudó”, dice Ricardo en una videollamada desde Venezuela con ojos vidriosos y voz acongojada.

Esto es algo que Jairo no quiere vivir. “Seguimos igual, seguimos en lo mismo, ninguna respuesta. Solo estoy esperando que él trabaje fijo en una parte para reunir dinero para contratar un abogado, porque si no lo hacemos así, no vamos a hacer nunca un papel”, afirma Yorgelis.

 

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La preocupación de ser expulsados del país pasó a otro plano semanas más tarde, cuando en abril de 2022 Jairo llegó a casa con una mala noticia: había renunciado a su trabajo, luego de varias semanas sin que su jefe le pagara el sueldo.

De acuerdo, al primer boletín del INE sobre empleo migrante, en 2021 hubo un alza en la fuerza de trabajo de un 18,7%, esto corresponde a más de un millón de personas. Lo preocupante es la cantidad de empleos informales: de las nuevas plazas de trabajo, un 52% es informal y carece de contrato laboral, y en esa situación están más de 280 mil extranjeros.

Así estuvo Jairo en la constructora en Angol durante un año y cuatro meses, con la incertidumbre constante de cuándo recibiría sus salarios que a duras penas les daba para vivir. “Solo nos alcanzaba para hacer la mitad de la compra para comer”, dice Yorgelis.

Pese al desempleo, Yorgelis y Jairo han formado lazos en su comunidad, especialmente en la iglesia, donde han hecho amigos que los han ayudado con canastas de comida y cosas para sus hijos en su duro pasar, desde ropa a leche y juguetes para Jairito.

En el centro de Santiago, la situación de Marialex Subero es distinta a la de la familia que reside en Angol. Con solo tres años viviendo en Chile, ha trabajado en más de diez empleos distintos.

En medio de una gran fila, Marialex lleva esperando más de cinco horas para renovar el pasaporte en la Embajada de Venezuela, en Providencia, pero no se compara con el año y medio que tuvo que esperar para conseguir una cita para hacer el trámite. A su lado, se encuentra Jayson, quien viste con un abrigo rojo y trae un casco de moto en la mano. En su espalda lleva un bolso de delivery, ya preparado para irse a trabajar luego de finalizar los trámites.

Su estadía ha estado limitada por la tramitación de documentos, especialmente la de Marialex, quien a poco de cumplir cuatro años en Chile, aún no tiene su carnet de identidad y eso le dificulta conseguir empleo. “Al principio nos dijeron que teníamos problemas con el contrato, así que me darían el permiso de trabajo, pero resulta que me lo negaron”, situación que se repitió al menos tres veces más, hasta que en octubre pasado le dijeron que le otorgarían la regulación.

El artículo 14 de la Ley de Migraciones indica que los trabajadores migrantes tienen los mismos derechos que los chilenos. Esto implica, por ejemplo, trabajar en condiciones adecuadas de salud, higiene y seguridad y a ser informado de los posibles riesgos laborales, hecho que, por ejemplo, Marialex ni Jairo tendrían garantizado del todo por su situación migratoria.

En la misma espera se encuentran Jairo y Yorgelis.

 

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El anhelo de una mujer venezolana que hace fila en la embajada es trabajar en recursos humanos, área en la que se graduó años atrás en Venezuela, pero ante la falta de documentación, no puede inscribirse en una universidad chilena. Situación similar es la de otra chica, quien estudió comunicaciones durante cinco años en su país, pero no puede ejercer aquí, ya que “me harían estudiarla desde el principio y sin papeles es complicado”, señala. Ambas pidieron que no se mencionaran sus nombres en este reportaje, pues –dicen– es lo mismo que viven miles de mujeres migrantes y profesionales en Chile.

Según se explica a través de la plataforma Chile Atiende, hay chilenos/as y extranjeros/as que pueden reconocer y registrar sus títulos profesionales obtenidos en otros territorios –lo que los habilitaría para poder ejercer–, siempre y cuando sean países con quienes se hayan celebrado tratados. Caso que no es el de ambas, ya que Venezuela no forma parte de un pacto internacional con Chile sobre la materia.

Un informe realizado por el SJM junto a Educación 2020, indica que la población migrante que accede a la educación superior es baja debido a las necesidades de trabajo, por lo que solo un 50% de personas migrantes entre 18 a 24 años de edad está trabajando, en comparación a un 28% de chilenos de la misma edad.

Las cifras en la educación primaria y secundaria son distintas. Durante 2019, las matrículas migrantes crecieron exponencialmente en un 40% (114 mil) con respecto a los años anteriores, mientras que en 2020 fue un 10% y en 2021 un 7%.

Ante la disminución de matrículas escolares, pero el aumento de migrantes en el país, es relevante recalcar los derechos del niño y la niña, donde “todos los niños tienen derecho a la educación. El Estado debe garantizar el acceso gratuito y el financiamiento fiscal (…)”. Punto que no se cumple del todo, ya que cifras del Ministerio de Educación (Mineduc) señalan que más de 180 mil menores –chilenos y migrantes– abandonaron el sistema escolar durante la pandemia.

A través del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la oficial de educación, Francisca Morales, explica que se “ha visto afectada su situación educativa [de la niñez migrante], tanto por falta de acceso a internet, cuando han estado matriculados, pero en especial por la falta de acceso a espacios educativos”.

En el caso de Jairito, quien ya tiene un año, sus razones para no comenzar a asistir al jardín son otras. El dinero limita que sus padres quieran enviarlo a otro lugar. Y, ahora, con la renuncia de su padre, es más difícil que el niño ingrese al jardín particular. De todas formas están buscando jardines gratuitos en las cercanías de su hogar.

 

Un rayo de luz

El invierno de 2022 llegó y quedarse sin trabajo fue solo el inicio de nuevos problemas para los Moronta Blanco. Yorgelis y Jairo deben buscar un nuevo lugar para vivir, ya que no les alcanza para pagar el alquiler de su casa en Angol y llevan atrasos en el pago del arriendo. La dueña ya les advirtió que si en una semana no pagan, deberán irse.

El balance trimestral de Yapo Propiedades en 2021 evidenció que la Región de La Araucanía era uno de los lugares con precios más bajos para arrendar una casa, con un promedio de $270 mil. Sin embargo, la inflación en Chile ha provocado alzas impresionantes que ya a mediados de 2021 superaban el 10%, y que en el último tiempo no han hecho más que subir.

Durante las tardes, mientras Yorgelis se dedica a la crianza, Jairo sale a buscar trabajo. Y después de las siete de la tarde se juntan para ir a buscar arriendos por el sector. “Es muy difícil. Quieren cobrar un alquiler de $350 o $400 mil. Y son casas que no valen ese precio”, dice la mujer con un tono de desánimo y seis meses de embarazo a cuestas.

La familia paga un arriendo de casi la mitad de lo que han visto en otros lugares, más el uso de servicios a un precio menor, ya que solo tienen luz en la habitación donde duermen, por lo que al caer la noche todos deben irse al cuarto para no quedar a oscuras. “La casa solamente tiene los tomacorrientes. El cuarto es muy pequeño; nada más me cabe la cama y ya”, cuenta.

A pesar de ya haberse acostumbrado a estar sin luz, las bajas temperaturas son cada vez más latentes en Angol. “Esta casa es muy fría y acá hace mucho frío, queremos buscar otra casa donde le podamos echar leña”.

No solo es el alto costo de encontrar una casa, sino que, la familia tampoco es recibida en piezas compartidas, ya que no aceptan niños.

Ir a vivir a Santiago tampoco es una opción: el ritmo de vida ahí es muy rápido y el avanzado embarazo de Yorgelis complicaría el traslado. “Aquí tengo todos los controles del bebé. O sea, para irme a otra ciudad es como comenzar desde cero”, relata la mujer, quien, además, hace énfasis en que extrañarían los lazos de amistad que han formado.

Un informe del SJM de 2020 indica que el acceso a la vivienda de personas migrantes, como casa propia, es solo un 15%, mientras que un cuarto de quienes arriendan lo hace sin contrato de por medio.

Asimismo, existe un alto déficit habitacional, que bordea al medio millón de personas, lo que tiene como consecuencia más de 40 mil viviendas allegadas y 21 mil con hacinamiento en el país.

Ante esta situación, el diputado Renzo Trisotti señala que “hay gente que lleva años postulando una vivienda y que por distintas razones no la obtiene y siente que por el solo hecho de ser extranjero se la van a dar antes. Ahí viene también un tema de educación, porque si bien el Frente Amplio incluyó ciertas indicaciones, que querían que por el solo pisar nuestro territorio tú le dieras una vivienda o la opción a una vivienda o todos los beneficios sociales, eso se rechazó y no quedó en la ley, pero la gente sigue sintiendo que al extranjero por el solo hecho de serlo, se le da preferencia en la entrega de vivienda”.

Las pésimas condiciones de vida hacen que Yorgelis y Jairo solo sientan un déjà vu de su antigua vida de Venezuela.

Tras una semana sin éxito en la desesperada búsqueda de un nuevo hogar, para no quedar en la calle, decidieron pedirle más tiempo a su arrendataria, quien aceptó un par de días más, solo por el bebé.

Yorgelis ya no acompaña a Jairo a buscar un nuevo arriendo, porque Jairito se enfermó y ahora el padre debe ir solo a recorrer Angol. Por el momento, llevar al niño a un centro de salud no es opción, ya que el doctor solo le da paracetamol y tampoco tienen dinero para medicamentos más caros. Es ella quien cuida la tos seca del pequeño.

El panorama es incierto. A Yorgelis le quedan tres meses de embarazo. Pero no son la única familia que pasa por esto: a lo largo de Chile, hay cientos de migrantes que viven en situaciones vulnerables y, con el costo de la vida actual, solo quieren volver a sus países.

Del total de las expulsiones administrativas dictadas desde el 2013 al año 2021, 17,95% se ha materializado, con un peak en 2013, donde de las 2.067 órdenes de expulsiones decretadas 1.053 fueron ejecutadas, lo que corresponde a un 50,94%. Del total de las cartas de expulsión dictaminadas en nueve años, existen 27.117 personas están pasando por la misma situación que la familia Moronta Blanco: vivir a la sombra de una expulsión (ver gráfico nº4).

En cambio, para el caso de las expulsiones vía judiciales, se han materializado 6.912, lo que corresponde al 69,09% del total entre 2013 y 2021, es decir, 3.093 personas están a la espera de la ejecución de su expulsión. Cabe destacar que estas son penas privativas de libertad que son sustituidas por la expulsión de la persona migrante, ya sea un delito cometido en Chile o en otro país.

 

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Un mes después de un oscuro vivir, Marisol, una amiga de la iglesia de Yorgelis, fue a visitarla con una grata noticia: encontró para ellos una casa en la calle Valdivia, a un paso del centro de Angol, donde pueden arrendar a un precio accesible.

A tres minutos de la nueva vivienda, Jairo encontró trabajo como garzón y con una paga fija de $330 mil mensuales. Descontando el arriendo, ahora tienen $130 mil para subsistir como familia al mes.

“Ayer, 10 de julio 2022, el dueño me pidió papeles para poder arrendar y resulta que no tengo y se molestó. Hoy esperaré su respuesta, en nombre de Dios –dice Yorgelis, y agrega con tono calmado y alegre– Y yo confío en Dios. El domingo tenemos que ir a la iglesia; hay que seguir yendo para que sigan mejorando las cosas”.

La orden de expulsión sigue vigente.