La muerte de José Matías De la Fuente hace 5 años reveló el grave problema del bullying por transfobia en colegios, un tema aún desatendido en Chile. En 2017, la ONG Organizando Trans Diversidades (OTD) hizo pública su preocupación por la falta de datos sobre la realidad trans en el país, revelando en la Primera Encuesta Nacional Trans que al menos un 55,2% de los encuestados declaró haber intentado suicidarse al menos una vez, la gran mayoría durante la adolescencia. Desde entonces, poco ha cambiado. Aún sin información oficial, sin reforma a la Ley Zamudio y con la Ley José Matías descansando en el Senado, hoy la Cámara de Diputada y Diputados se prepara para discutir un proyecto de ley que podría significar un avance importante en los derechos de las juventudes trans en Chile para, por fin, poder habitar espacios educativos seguros.

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Marcela Guevara tuvo un día ajetreado. El papeleo que debía revisar para esa semana se había acumulado y su abogado necesitaba el visto bueno para poder continuar. Su opinión era importante. Por eso decidió aplazar la entrevista que teníamos agendada para ese martes 4 de junio a las 19:00 hrs. Recién a las 20:30 hrs. pudo conectarse.

Tras el suicidio de su hijo José Matías de la Fuente en mayo de 2019, a causa del bullying transfóbico del que era víctima en su colegio, Marcela decidió dedicar su vida al activismo por los derechos de adolescentes transgénero para, así, aportar a que eso que le pasó a su hijo no le vuelva a ocurrir a nadie. Eso le significa estar corriendo entre distintos lugares, recibir constantemente llamadas sorpresa o solicitudes de entrevista. A pesar de esa constante vorágine, se hizo un tiempo para asistir a nuestra reunión.

Tras muchos problemas técnicos, por fin pudo explayarse en algunas de las respuestas que preparó para la entrevista y cuando su testimonio por fin llegaba a un clímax, algo la distrajo.

–¡No lo puedo creer! ¡Me está llamando el ministro de Educación, no lo puedo creer! –dijo eufórica.

–¡Conteste! –le respondo, mientras la pantalla se va a negro y el audio se corta.

Al volver, sigue muy entusiasmada y con los ojos llorosos dice:

–Tienes la primicia de esto, nadie se ha enterado aún.

Entonces revela que ese mismo día había estado leyendo la última revisión del nuevo proyecto de ley de Convivencia, buen Trato y bienestar en comunidades educativas, que había estado trabajando junto con su abogado y la Comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados. La llamada era para confirmar que, al día siguiente, el gobierno enviaría el proyecto para que sea discutido en el Congreso.

Este nuevo proyecto, en palabras de Marcela, tiene como base  , el mismo que ella había impulsado junto a la diputada Daniela Cicardini (PS) y que, en pocas palabras, proponía mayores herramientas para que los colegios pudieran enfrentar situaciones de bullying y, específicamente, obligar a las instituciones educativas a contar con personal capacitado para poder abordar situaciones de LGBT-fobia. La iniciativa, que lleva el nombre de su hijo, fue aprobada en la Cámara Baja el 15 de junio de 2022 –con 94 votos a favor, 22 en contra y 22 abstenciones–, pero hace más de un año que descansa en el Senado sin movimiento alguno. Por eso, este nuevo proyecto significó una segunda oportunidad.

Esta ha sido la rutina diaria de Marcela Guevara durante los últimos meses: llamadas, reuniones con autoridades, vocerías, entrevistas, pero, sobre todo, mucho trabajo del cual por fin podría ver frutos.

En mayo de 2019, tras el lamentable suicidio de su hijo a causa del acoso de sus pares y la negligencia del Colegio Sagrados Corazones de Copiapó, Marcela le pidió a José Matías que le diera toda su rabia a ella para transformarla en algo propositivo y encargarse de honrar su memoria. Días después, en una multitudinaria manifestación que convocaron los amigos del joven –a la que llegaron cerca de 2.000 personas–, Marcela, por primera vez, tomó conciencia de que lo sufrido por él no era un caso aislado.

“Se me acercó una señora que venía de Caldera, otros venían de Tierra Amarilla, por sus hijos. Entonces, yo dije, esto no es algo que nos ocurre solamente a nosotros”, recuerda.

En la misma manifestación, recibió una llamada a través de un representante de la diputada Cicardini. Marcela dice que jamás olvidará lo que le dijo:

–Solo espero ver estas condolencias materializadas en algún momento.

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), en el XXII Informe Anual de DDHH Diversidad Sexual y de Género 2023, que rescata información mediante denuncias recibidas por la misma institución, reportes policiales y la prensa, expone un aumento considerable en casos de discriminación. El alza fue de 52,6% en relación con lo registrado en 2022. Sin embargo, no existen datos específicos que dimensionen la realidad trans en los colegios.

Para efectos de este reportaje, Puroperiodismo realizó una solicitud vía Ley de Transparencia a la Superintendencia de Educación para obtener la cifra de denuncias por incumplimiento a la   que, hasta 2021, actuó como el único mecanismo de supervisión del cumplimiento de la Ley de Identidad de Género en los colegios. Hasta la fecha, no existe respuesta oficial, pero de igual forma, además del caso de José Matías, existen al menos otros ocho casos de transfobia en colegios que fueron denunciados por el Movilh y la ONG Organizando Trans Diversidades (OTD) entre 2017 y 2023.

José Matías

Marcela Guevara describe a José Matías como un niño alegre. Su identidad de género jamás fue un problema y recuerda, tiernamente, la primera vez que notó que “Jose” (así, sin tilde, como ella le llamaba) comenzaba a presentar más interés por usar ropa masculina. Fue una de las primeras señales que notó.

–No sé en qué momento ya no íbamos a la sección de mujer, íbamos a la de hombre. No era tema, no me molestaba; después, cuando se cortó el pelo, menos. Cuando cumplió 15 años, fuimos a una galería del centro a comprar una humita y unos suspensores, y a mí me pareció tan bonita esa idea –agregó.

Nunca existieron problemas con el Colegio Sagrados Corazones de Copiapó, o al menos no que se dieran cuenta. Marcela recuerda que siempre se sintieron cómodos en el establecimiento. Sin embargo, un día que acompañó a Jose y a sus dos hermanas a la puerta, notó que algo estaba mal. No le parecía raro que su hijo no quisiera entrar con ella al colegio; era un adolescente, necesitaba su espacio. Por lo que ese día de mayo de 2019, mientras se dirigían junto a sus dos hijas al acceso principal, como todos los días, Jose iba al menos 10 pasos adelantado a su madre. Una vez en la puerta, la inspectora la saluda y le dice “¡tan lindas las chiquititas y tan odiosa que es la grande!”.

Marcela quedó paralizada.

–Yo sentí que la vieja me disparó en la cabeza. Dejé a las niñas en el colegio y me devolví a pedir explicaciones. La directora me dijo que estaba loca, que prácticamente me había imaginado que la vieja me había dicho eso.

Ese fue el día en que ella comenzó a desconfiar.

El 23 de mayo de ese mismo año, Marcela se dirigió nuevamente al colegio a solicitar explicaciones. Sin embargo, tras varias horas de espera, nadie la atendió. Esa misma tarde, su hijo José Matías se quitaría la vida, tras dejar una carta en la que se leía la frase “liceo de mierda, me colapsó”.

–Yo nunca he dicho que ellos desearon la muerte de José Matías, pero sí la provocaron — declaró.

Tras el fallecimiento de su hijo, Marcela se dedicó a hacer una recolección de casos y comenzó a darse cuenta de que esto era un problema más grande. Por eso decidió comunicarse con Cicardini, quien ya antes le había expresado sus condolencias. Junto con su abogado, trabajaron en lo que hoy conocemos como el proyecto de Ley José Matías.

El 13 de noviembre de 2020, Cicardini y otras parlamentarias presentaron la moción que fue aprobada en la Cámara baja poco más de año y medio después. De ahí pasó a su segundo trámite legislativo en el Senado y allí quedó: además de las constantes urgencias presentadas por el Ejecutivo, no registra movimiento alguno.

La parlamentaria recuerda con cariño la conversación con Marcela y explica a Puroperiodismo su motivación para llevar este proyecto al Congreso: “Tenía absolutamente todo el sentido el involucrarnos con mucha emoción y compromiso, ponernos a disposición de Marcela y su lucha por resignificar la muerte de su hijo; unirnos a esa causa noble de evitarle más dolor y sufrimiento en el futuro a otros niños, niñas y adolescentes, y a otras madres”.

 

Un problema sistémico

El caso de José Matías no es aislado. En 2023, Renato Díaz Suazo (14) se quitó la vida a causa del acoso transfóbico que vivía en el Liceo de Anticipación Claudina Urrutia de Lavín, en Cauquenes. Los patrones son los mismos: su familia denunció que el colegio se negaba a cumplir la Resolución Exenta de Educación 0812, que actualmente regula la convivencia escolar y, entre muchas otras cosas,  exige que “las medidas tomadas por los establecimientos educacionales y los miembros de su comunidad materialicen o promuevan una mayor efectividad en la vigencia del principio de no discriminación”.

Respecto de lo sucedido con Renato, la OTD señaló en un comunicado que no solo existe un incumplimiento a esta resolución, sino que también existen faltas a la Ley de Identidad de Género y la Ley sobre la Garantía y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia.

A pesar del trágico desenlace de Renato, el Liceo de Anticipación Claudina Urrutia de Lavín decidió dar un último golpe a su memoria, extendiendo condolencias en un comunicado en el que se referían a él con un nombre que no era el suyo.

Casos como este son cada vez más frecuentes. En marzo de 2020, el Movilh denunció discriminación a una menor de 13 años en el Colegio Adventista de Copiapó. La madre de la menor declaró en TVN: “Me dijeron que lamentablemente no la podían aceptar en clases y que no iba a entrar porque estaba vestida de mujer” (ver nota).

En junio de 2022, el Juzgado de Familia de Villa Alemana ofició al Colegio Internado Alemán Villa Alemana, en la Región de Valparaíso, tras denuncias por violencia física y verbal sufridas por un alumno trans de 16 años, en relación a su orientación sexual e identidad de género, lo cual llevó a su madre a retirarlo del establecimiento. Al igual que con los dos anteriores, el abuso fue denunciado un año antes, sin embargo, no se tomaron medidas. Su madre declaró al Movilh que su hijo había expresado reiteradas veces miedo a ir al colegio y que se encontraba tomando medicamentos debido a las crisis de pánico que desarrolló tras las agresiones.

Un año antes, en 2018, esta vez en Coquimbo, una madre decidió sacar abruptamente a su hijo de 15 años del Colegio Español de Coquimbo, tras sufrir brutales situaciones de acoso por su identidad de género: un grupo de compañeros lo habría obligado a vestirse de mujer e incluso a usar maquillaje. Nuevamente, se denunciaron los abusos en 2017 y el colegio no tomó medidas. La madre afirma que tanto compañeros como funcionarios del colegio fomentaron hechos de discriminación que desataron en su hijo una profunda depresión.

Cuatro años antes, en 2013, la Municipalidad de San Esteban debió pagar una indemnización de $20 millones a la familia de un joven trans, quien junto a su hermana sufrieron reiterados actos de discriminación en el Colegio República de Brasil.

A pesar de ser un problema recurrente y extendido en el sistema educacional chileno, no hay datos oficiales sobre el fenómeno. Ya en 2017 la OTD había encendido alarmas por la falta de datos sobre la población trans, liberando el Informe de la Primera Encuesta Nacional Trans, en la cual, uno de los resultados más alarmantes fue que un 55,2% de los encuestados declaró haber tenido al menos un intento de suicidio en su vida y que un 83,6 % declaró que esto ocurrió entre los 11 y 18 años.

Grave: un 52,6% aumentaron los casos y denuncias por homo/transfobia en Chile. En el último año se registraron 1.597 atropellos a los derechos humanos de las personas LGBTIQ+, la cifra más alta de la historia. Detalles e Informe de DDHH completo aquí: https://t.co/hQoLCKVUSq pic.twitter.com/jmW3nSPAye

— Movilh Chile (@Movilh) March 20, 2024

Por otro lado, el XXII Informe Anual de DDHH Diversidad Sexual y de Género 2023 del Movilh  reveló que tan solo en 2023 hubo 1.597 casos o denuncias de discriminación a la comunidad LGBTI+, lo cual correspondería a la cifra más alta de la cual se tiene registro. Esto no deja de ser preocupante, sobre todo si tenemos en cuenta que el 62% de los casos registrados se dieron en ambientes educacionales y que la discriminación educacional aumentó un 19,2% desde el año anterior.

Casos como los anteriores son denunciados constantemente por organizaciones como el Movilh, Iguales y OTD, y todas comparten la misma conclusión: los protocolos, circulares, requerimientos o recursos legales no son suficientes.

Así lo confirma la OTD a Puroperiodismo, a través de su directora Ignacia Oyarzún: “Evidentemente, en la práctica, no se están cumpliendo las circulares. Aunque tengamos circulares, resoluciones y normativas sobre esta materia, sigue habiendo discriminaciones. Por tanto, es una muestra concreta de que la circular no es suficiente con respecto al avance de una ley”.

Oyarzún está al tanto del aumento de denuncias y es tajante en reconocer que la violencia transfóbica en los colegios ha existido desde siempre y, lamentablemente, no ha disminuido. Principalmente –dice– debido a dos factores cruciales: la falta de Educación Sexual Integral (ESI) y la ineficiencia de los reglamentos para aplicar las leyes antidiscriminación y de identidad de género.

La OTD es optimista con el avance este nuevo proyecto de ley y esperan que este hito, retome la discusión y de urgencia a legislaciones sobre Educación Sexual Integral que complementen la aplicación de la nueva Ley de Convivencia Escolar.

 

Un nuevo camino

Con el nuevo proyecto de ley en el Congreso y las constantes amenazas del Partido Republicano de aplicar la “reserva constitucional” para que el proyecto sea declarado inconstitucional, el camino es incierto y Marcela ha sentido en varias oportunidades que el sueño de brindarle a todos los padres y madres un lugar seguro para sus hijos en los colegios se ve cada vez más lejano.

¿Cuántos colegios harán la misma porquería? ¿En cuántos colegios les harán lo mismo a las familias? ¿Cuántas razones habrá para que los colegios se justifiquen por las porquerías que les hacen a los niños?”, se pregunta.

La circular N°768 es la normativa que debió proteger a José Matías. Este documento, en resumidas cuentas, entregaba los lineamientos básicos bajo los que se debía interpretar el cumplimiento de la Ley de Identidad de Género en los colegios. Sin embargo, la circular carecía de mayor precisión al momento de determinar quienes estaban sujetos a este requerimiento. Oyarzún es enfática en señalar que estas medidas siempre fueron ineficientes.

“Hay mucho desconocimiento por parte de establecimientos, docentes y personas involucradas con la educación. Así también se sienten en la libertad de no respetar estas normativas”, dice.

En 2021 se modificó esta circular, dando paso a la actual Resolución Exenta N°0812, que expande las responsabilidades de fomentar un ambiente libre de discriminación a toda la comunidad escolar, no solo a la administración. Además, entrega indicaciones más precisas para identificar y sancionar casos de discriminación a alumnos trans. Sin embargo, estas indicaciones no garantizan capacitaciones a la comunidad estudiantil y tampoco poseen la suficiente fuerza que tendría una ley de convivencia escolar.

“Una resolución o una circular son medidas administrativas que jamás van a tener el peso que tiene una ley. Una ley establecería una obligación a respetar la identidad de género y las distintas consideraciones particulares en este caso”, agrega la directora de OTD.

Bajo este panorama, los mecanismos de supervisión de cumplimiento de las leyes antidiscriminación y de identidad de género, si bien existen, en la práctica terminan por ser insuficientes. Para la abogada de DDHH, Karinna Fernández, específicamente en el caso de niños, niñas y adolescentes (NNA) y las personas trans, el derecho internacional extiende “garantías reforzadas” y, por tanto, el Estado tiene la obligación de garantizar, proteger y fiscalizar la correcta protección de sus derechos.

“Estos dos grupos de personas tienen salvaguardas superiores porque están en una situación especial de desventaja, donde los impactos son diferenciados. Si las personas están siendo vulneradas en sus derechos a la identidad, o están sufriendo ataques que involucran su integridad personal, ya sea física o psicológica, el Estado tiene siempre la obligación de proteger”, explica la abogada.

El 6 de junio el gobierno ingresó al Congreso el proyecto de Ley de Convivencia, Buen Trato y Bienestar de las comunidades educativas, cuyas bases se encuentran en el proyecto de ley José Matías. Según el mensaje presentado por el presidente Gabriel Boric a la Cámara de Diputadas y Diputados, el proyecto:

“Propone una educación que reconoce en los procesos cotidianos y en las relaciones interpersonales, una oportunidad para el desarrollo de habilidades sociales y cívicas, en donde se inculquen los principios de la democracia, promoviendo una paz sostenible y duradera, a través de la construcción de las condiciones que garanticen el pleno ejercicio de los derechos de niños, niñas y estudiantes durante su formación y de aquellas personas que contribuyen y acompañan sus procesos de aprendizajes”.

El texto reconoce las “contradicciones y diversidad” de la convivencia, y evidencia que los esfuerzos legislativos anteriores han sido insuficientes en casos como el de José Matías. Esto debido a que solo se limitan a entregar herramientas para la resolución de un conflicto y no dan importancia a los elementos pedagógicos o sociales que pueden llegar a ser la raíz de un problema de convivencia escolar.

Marcela confirma esto a través de su experiencia: “¿A qué colegio le interesa cumplir la normativa si después va a dar un par de excusas, hace un par de arreglitos en el protocolo y listo? El problema es que acá quedó un niño muerto”.

El proyecto tiene seis objetivos, de los que dos serán claves en la discusión parlamentaria. En primer lugar, busca entregar mayores lineamientos al sistema educativo, pero más importante aún, trata de “determinar la responsabilidad de los sostenedores y establecimientos educacionales en la prevención y actuación sobre los hechos constitutivos de acoso, violencia y/o discriminación en contra de cualquier integrante de la comunidad, estableciendo nuevos deberes y sanciones”, lo cual le entregaría herramientas a los apoderados para exigir que el colegio se responsabilice por las denuncias de discriminación, tanto entre estudiantes, como desde los mismos funcionarios o profesores.

La diputada Emilia Schneider (CS), miembro de la bancada disidente de la Cámara de Diputadas y Diputados y actual presidenta de la Comisión de Educación, fue una de las primeras en apoyar el proyecto e hizo especial énfasis en la necesidad de tramitar la nueva Ley de Convivencia.

“Este es un proyecto que recoge otras aristas muy importantes, se constituye como un marco general de convivencia educativa y eso es algo que nos falta en Chile. Las escuelas necesitan herramientas para combatir la violencia, para resolver los conflictos de forma pacífica, dialogada y no de forma violenta”, dijo Schneider.

La parlamentaria agregó que, si bien existen acuerdos, aún existen puntos que habrá que “empujar” para lograr la aprobación de la nueva ley. Recordó especialmente el proceso de tramitación de la Ley José Matías y su estancamiento en el Senado.

“Estábamos en otro contexto político, hoy la derecha se ha radicalizado, se ha vuelto más ultraconservadora. En ese momento teníamos un viento más favorable para avanzar, espero que eso no entre en este nuevo proyecto”, finalizó.

El proyecto ya está siendo discutido en la Cámara. Ya fue objeto de indicaciones por parte del Ejecutivo (ver indicaciones), ya pasó por la Comisión de Educación (ver informe) y ahora está en manos de la Comisión de Hacienda.

El 24 de septiembre, Marcela Guevara agradeció al presidente Boric por anunciar que al proyecto de Ley de Convivencia, Buen Trato y Bienestar de las comunidades educativas se le otorgó suma urgencia para legislar, tratando de acelerar con ello su avance. Aún falta un largo tramo para que esto se convierta en ley de la República y, aunque Marcela lo sabe, volvió a tener esperanzas de que esta iniciativa se pueda llegar a materializar, y está ansiosa por recibir esa llamada que tanto ha esperado, esa en la que le digan que por fin ya ocurrió.