Sostienen que la decisión de los accionistas vulnera las disposiciones de la ley sobre sociedades anónimas, y que el cierre sólo puede ser decretado por el directorio.

El 12 de noviembre el presidente del directorio de La Nación (LN), Daniel Platovosky convocó a una reunión con la junta de accionistas. En la oportunidad, estuvieron presentes todos losque tenían algún tipo de participación en la empresa La Nación S.A, incluso el sindicato N°1 del medio. Dicho día se anunció lo que se venía reiterando hace meses: el cierre definitivo de la edición en papel

Ayer miércoles la situación tuvo un nuevo giro, cuando el abogado Aníbal Palma, en representación del sindicato N°1 del medio, interpuso un recurso con el objetivo de designar un juez árbitro para impugnar la decisión de la junta de accionistas. El objetivo será determinar si se cometieron irregularidades y con ello se dirima sobre la legalidad de la decisión de cerrar el diario. Palma sostiene que se han vulnerado disposiciones de la Ley 18.046, sobre sociedades anónimas que, a su juicio, impedían al presidente del directorio, Daniel Platovsky, citar a una junta de accionistas para decidir el cierre de la edición en papel. En definitiva, dicha decisión debió haber sido tomada por el directorio y no por los accionistas.

En esta línea, a juicio de Palma, se habría vulnerado el artículo 47 del estatuto de la empresa que establece la figura de arbitraje entre “la sociedad y algún accionista sobre la aplicación e interpretación de estos estatutos”.

Al respecto, el presidente del Colegio de Periodistas, Marcelo Castillo, denunció que “el cierre de La Nación es una decisión del gobierno de Sebastián Piñera que atenta contra la libertad de expresión y que aumentan dramáticamente la concentración de medios en manos de dos empresas”.