Hace cinco años, las manifestaciones que se desataron tras el 18-O dejaron una brutal huella de violaciones a los derechos humanos y uso excesivo de la fuerza por parte de agentes del Estado en el control de la protesta. Si bien el fervor ha bajado, poco ha cambiado. En esta entrevista, Marta Cisterna, fundadora y coordinadora de la Comisión de Observadores de Derechos Humanos, plantea las deudas aún sin saldar en esa materia de violencia institucional y cómo los pocos cambios no han ayudado, alertando de paso sobre el peligro de la nueva práctica de Carabineros: reducir la cantidad de detenidos para evitar dejar registros de su actuar y “evadir la estadística”. “Hay personas que son llevadas, pero no queda registro, porque te llevan, te sacan la mugre, te golpean y te largan”, dice la activista.

Lo que vino después del 18 de octubre de 2019 es quizás el recuerdo más patente y fresco que queda hoy de lo violenta que puede llegar a ser la represión estatal a las manifestaciones ciudadanas. La respuesta de los agentes del Estado en las horas, días, semanas y meses que siguieron a ese estallido social que puso al país de cabeza, derivó en la comisión de violaciones generalizadas a los derechos humanos que diversos organismos nacionales e internacionales registraron, documentaron y acreditaron. Al menos seis personas murieron por acción directa de la represión policial, cientos de ojos terminaron lacerados, hubo miles de heridos y más de 3.000 querellas por uso excesivo de la fuerza. A cinco años del 18-O, ¿cuánto de eso ha cambiado?

Al parecer, no mucho. El último informe anual sobre Derechos Humanos en Chile que elabora la Universidad Diego Portales (UDP), es particularmente crítico respecto a ciertas prácticas de la actuación policial en el país, en especial sobre la regulación y los estándares internacionales para el uso de la fuerza en el control de manifestaciones, y los problemas de su aplicación en la realidad local. Los intentos legislativos para establecer una regulación clara sobre el uso de la fuerza por parte de agentes de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública, aún se discuten en el Congreso (ver proyecto de ley RUF) y son objeto de varias críticas de diversos sectores. Por otro lado, iniciativas como llamada Ley Naín-Retamal, han generado interpretaciones que permiten la legítima defensa privilegiada para funcionarios policiales en casos que incluyen el uso de fuerza letal. Esto ha provocado preocupación por su interpretación amplia y los posibles abusos asociados, que han incidido en una creciente impunidad para aquellos casos que la justicia se encontraba investigando.

Marta Cisterna, fundadora y coordinadora de la Comisión de Observadores de Derechos Humanos e integrante del directorio de la Fundación 1367, Casa Memoria José Domingo Cañas, ha monitoreado cerca de 280 marchas durante los últimos años. Y a su juicio, salvo unas pocas variantes, poco y nada ha cambiado.

En esta entrevista con Puroperiodismo, la activista se refiere a las deudas que aún persisten en cuanto a reparación y garantías de no repetición y a que las prácticas de represión que ya venían de mucho antes del 18-O, han seguido ocurriendo, con leves diferencias: 1) que ya no se ocupan los mismos balines de goma que dejaron a más de 300 personas con daño ocular y; 2) que las policías han encontrado una vía para seguir con “niveles de brutalidad que hoy son los mismos y a veces peores”, pero disminuyendo las detenciones, lo que sería “una forma de evadir la estadística”.

Marta Cisterna, fundadora y coordinadora de la Comisión de Observadores de Derechos Humanos.

“La diferencia está en que ahora casi no hay detenidos”

–¿Cómo describiría el estado actual de la violencia policial en Chile?

El estado actual de la violencia policial me parece que sigue exactamente igual. Comparativamente, estás preguntando con el estallido, ¿no?

–Exacto, sí.

Yo diría que la forma de proceder de los agentes del Estado sigue siendo la misma. Tal vez hay dos variantes. Una es que no están usando los perdigones que se usaron contra los manifestantes para el estallido social, pero todo el armamento menos letal que utiliza la policía chilena, que es una policía militarizada, se usa para generar daño. Y no acorde con lo que establecen los estándares de uso de la fuerza del marco de derechos humanos, que es internacional. Y la otra distinción es que en algún momento dentro de la violencia policial estaban las detenciones. Y tú podías por Ley de Transparencia solicitar información para poder ir viendo cómo se daba el tema del derecho a la manifestación. Podías contrastar eso con la información de transparencia para saber la cantidad de personas detenidas en contexto de manifestaciones.

–¿Y eso ya no se puede hacer?

Todavía se puede hacer, pero la diferencia está en que ahora casi no hay detenidos. Los niveles de brutalidad son los mismos y a veces peores, pero no hay detenciones o son muy mínimas. Entonces, nosotros acá postulamos que las policías encontraron la forma de evadir la estadística.

–¿Cómo es eso?

Simple. Hay personas que son llevadas, pero no queda registro, porque te llevan, te sacan la mugre, te golpean y te largan. Nunca pasaste por una comisaría o no ingresaste como persona detenida. Eso lo hemos verificado en el monitoreo que estamos haciendo en terreno.

Problemas estructurales

–¿Qué factores estructurales considera que alimentan esta violencia excesiva en el control de las manifestaciones?

Los factores estructurales tienen que ver con la no existencia de una regulación del uso de la fuerza por ley, que esté acorde con los estándares de derechos humanos. Lo que existe en Chile son protocolos elaborados por las mismas policías y no son leyes. Otro tema estructural importante es que las policías en Chile no tienen un reglamento. Debieran tenerlo, un reglamento normado por el Estado. Y un tercer elemento importante es que las policías siguen siendo formadas dentro de la lógica de la existencia de un enemigo interno al que hay que atacar. Es la misma lógica de la doctrina de seguridad nacional que se instaura en otros países a partir del inicio de todas las dictaduras en nuestra región.

–Si ocurre un problema por uso excesivo de la fuerza en una manifestación, ¿con quién denunciamos a estos agentes estatales, como carabineros?

Se debiera hacer una denuncia o ir a la misma institución. Eso pasa a una fiscalía especializada de los mismos Carabineros que tienen que investigar. Nuestra experiencia es que esa fiscalía no va a hacer mucho, pero ¿qué es lo importante y por qué pensamos que de todas formas hay que hacer esa denuncia? Porque esa denuncia queda en la estadística. Entonces, cuando después solicitas por transparencia la cantidad de denuncias que se han ingresado por violencia policial, ahí está la estadística. La otra instancia es directamente a la fiscalía, al Ministerio Público. Otra denuncia por violencia policial que, sí o sí se debe hacer es con la institucionalidad especializada en Derechos Humanos. Ellos están obligados a recibir esas denuncias. Y aquí estamos hablando del Instituto Nacional de Derechos Humanos, el INDH. Más allá de que ellos tienen un mandato que pueden litigar solo en casos de tortura, sí tienen que recibir estas denuncias y ver qué es lo que va a pasar ahí.

–¿Hay medidas de reparación a las personas dañadas?

Para que haya reparación, tienes que tener derecho a que se haga justicia. Tienes que tener derecho a que se establezca la verdad de los hechos. Si no ocurren estos dos elementos, por mucho que te den una indemnización, no se considera reparación, por eso hablamos de reparación integral. La reparación integral también considera que el Estado tiene la obligación de generar las condiciones para que ese ser humano que fue dañado por un agente del Estado, pueda acercarse con la ayuda del mismo Estado lo más posible a la condición en la que se encontraba antes de haber tenido el abuso por parte de un agente. No se repara solo a la persona, el Estado tiene que reparar a la sociedad en su conjunto, porque cuando un agente comete un crimen contra un ser humano, no lo está cometiendo solamente contra ese ser humano, lo está cometiendo con todos, porque se abre la puerta para que cualquier agente del Estado diga que eso lo puede hacer.

Imagen de carabineros golpeando a manifestante.

Control vs. resguardo

–Hay que reconocer que las manifestaciones, en muchos casos, son efectivamente focos de violencia y riesgo para la ciudadanía. ¿Qué métodos cree usted que podrían utilizar agentes estatales para no utilizar la fuerza pero igual mantener ‘controladas’ las manifestaciones?

Primero que todo, las manifestaciones no requieren ser controladas. Ese es el primer concepto. En Chile tenemos incorporado el concepto de “control”.

–¿Por qué no debe ser controlada?

Porque la manifestación es un derecho humano que necesita ser resguardado, no controlado. El concepto es resguardar que tú puedas hacer ejercicio del derecho. Entonces, el rol de los agentes del Estado es resguardar que tú, como ciudadana, puedas hacer ejercicio de ese derecho. No necesariamente implica que tengas que pedir autorización, aunque se pretende y se espera que uno avise por deferencia para que la ciudad pueda funcionar. Pero puede ser una manifestación espontánea. El rol de la fuerza pública, en este caso, es cautelar que la manifestación sea posible, o sea, hacer los desvíos de tránsito pertinentes para que la ciudad siga funcionando. Significa no confrontar a quien se está manifestando, mantener la distancia e ir sin armas.

–¿Pero si hay violencia?

Uno tiende a pensar, o la mayoría de la gente tiende a entender, que los carabineros están ahí como para estar en contra de quienes se manifiestan. Y eso no es así: el derecho a manifestación dice que el rol de los agentes del Estado es facilitar. En el caso de que la manifestación se torne violenta, esos agentes tienen que estar entrenados para identificar quiénes son las personas violentas, porque se sobreentiende que no es la masa violenta, sino que ellos tienen que sacar a los elementos que están generando, no sé, un saqueo, por ejemplo. Porque ellos tienen entrenamiento militar. No son un ser humano cualquiera. Entonces, si pensamos en cuál es el rol de las policías, tiene que ser el resguardo y la protección para que esa manifestación sea posible.