Según un inédito censo de animales de compañía que se realizó a fines de 2021 en 35 comunas del país, un cuarto de los perros y gatos catastrados no tiene dueño. Es decir, son más de 4 millones los animales que viven en las calles y que representan un peligro para la salud y la seguridad de las comunidades. A pesar de que desde 2017 la llamada Ley Cholito estableció responsabilidades de fiscalización y control a las municipalidades y otros organismos públicos, el problema persiste –a juicio de distintas voces expertas consultadas para este reportaje– debido a deficiencias en su planificación e implementación. A cinco años de su entrada en vigencia, la ley aún presenta vacíos que, en parte, son abordados en la propuesta de nueva Constitución.
Por Josefa Pastenes y Jonathan Hernando*
*Este reportaje fue realizado por estudiantes de tercer año de la carrera de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado, en el marco del Taller de Reportajes y Perfiles, impartido por el profesor Franco Fasola.
En diciembre de 2021, la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad Católica y el Programa Mascota Protegida de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) realizaron un estudio que reveló por primera vez cifras en torno a la población canina y felina en Chile. Los resultados determinaron que hay al menos 4.049.277 animales que no tienen dueño en las 35 comunas censadas. Es decir, uno de cada cuatro animales catastrados estaría en abandono; por cada 2,4 perros con dueño hay uno sin tutor, mientras que de cada 7,1 gatos registrados en el censo, uno es callejero.
El tema de la tenencia responsable es relativamente nuevo, siendo uno de sus primeros antecedentes la Ley de Protección Animal promulgada en 2009, la cual nunca definió de forma explícita lo que se considera ‘maltrato’ y, si bien la menciona una vez, tampoco determina qué es la ‘tenencia responsable’. Así, la poca claridad de la ley ha hecho que la gente interprete que basta con mantener vivo a un animal para cumplir con tenencia responsable.
“Las causas de la tenencia irresponsable son principalmente legislativas. (…) No había política pública y, sin política pública, no hay acción de nada (…) entonces, esa falta ha provocado que el problema esté en abandono”, dice el subdirector de la Comisión Nacional de Tenencia Responsable de Mascotas del Colegio Médico Veterinario de Chile (Colmevet), Rodrigo Morales.
Lo de las definiciones legales cambiaría varios años después, motivado por el brutal caso de maltrato en contra de un perro abandonado en la comuna de Recoleta.
Media hora duró el ataque contra el perro Cholito, en Patronato, el 6 de enero de 2017. Dos personas, por encargo de una locataria del sector, lo golpearon con palos hasta matarlo. Todo quedó grabado y las imágenes no tardaron en viralizarse.
La situación generó gran indignación ciudadana y una fuerte movilización por redes sociales, con una gran cantidad de peticiones exigiendo la condena de los agresores –una de las cuales logró reunir 194.522 firmas–. Además, miles de personas salieron a las calles a manifestarse en la capital, lo que terminó siendo el motor para acelerar la tramitación de un proyecto que desde 2009 se discutía en el Congreso: la Ley de Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía o, como es popularmente conocida, la Ley Cholito.
La nueva ley estableció mecanismos para el registro, empadronamiento y esterilización de los animales de compañía, así como también obligaciones de cuidado para sus dueños y responsabilidades civiles en caso de que causen daños. Se determinó el abandono como maltrato, se reguló a los criaderos y, entre otras cosas, se dotó a las municipalidades y los ministerios del Interior y Seguridad Pública, Salud y Educación de atribuciones para su fiscalización. Sin embargo, a cinco años de su promulgación y puesta en marcha, aún mantiene vacíos y críticas a cuestas que apuntan a deficiencias en su planificación e implementación.
Un tema de salud, educación y fiscalización
“Tengo que ser muy honesto: no veía que el tema de la tenencia responsable era un tema de salud. No estaba puesto en ese tema, pero ahí apareció que sí, que hay que preocuparse porque éste es un problema que genera inseguridad y problemas de salud en las comunidades, y empezamos a reflexionar en la necesidad de avanzar en tener un control de un conjunto de animales que están muy abandonados en las ciudades y que, persistentemente, se siguen abandonando”, dice Tito Pizarro, médico que se especializa en entornos saludables y quien fuera jefe de políticas públicas del Ministerio de Salud durante el segundo gobierno de la ex Presidenta Michelle Bachelet.
Fue en esa calidad que participó de forma estrecha con otros ministerios y expertos durante la redacción de la Ley Cholito, proceso en el cual aparecieron otros temas preocupantes acerca del cuidado de los animales, abarcando temáticas de salud, educación y fiscalización.
Según Pizarro, que los territorios sean entornos saludables es determinante en el cambio de conducta de las personas, y eso solo se puede lograr si la toma de decisiones se hace en colaboración con las comunidades y las autoridades, en todos sus niveles. Así, en los diálogos entre los ministerios de Salud, Educación e Interior, durante la tramitación de la ley, el experto detalla que se percataron de la visión que tenía la ciudadanía respecto a los animales de compañía: éstos ya se consideraban como miembros de la familia, lo que forzó a la labor legislativa a incluir nuevos ejes sobre lo que se debe considerar maltrato animal y tenencia responsable.
“Hemos visto cómo los animales entran cada vez a ser más parte de la familia. Hay que poner normas para que no sea a criterio de muchas personas que no tienen las capacidades ni las competencias para poder tomar ciertas decisiones”, comenta la diputada Ximena Ossandón (RN), quien presentó en abril una iniciativa legislativa que busca establecer mayores penas para quienes roben, hurten, recepten y/o maltraten dando resultado de muerte a algún animal de compañía, así como también a quienes comercialicen a aquellos que estén registrados y a quienes los faenen y los vendan como alimento.
Como indica la diputada, existen problemas con la Ley Cholito y que llevan a buscar desde mayores sanciones para sus infractores hasta mejoras en las políticas públicas para manejar integralmente el tema. Su moción, que cuenta con el respaldo de otros seis parlamentarios y parlamentarias, no registra a la fecha movimientos desde su ingreso.
Políticas públicas y el cuidado para todos
“La Ley Cholito salió, para mi gusto, de lo peor. Dice que es responsabilidad de los municipios hacerse cargo de la salud de los animales comunitarios, pero tú no ves al municipio dándose vueltas o haciendo operativos para que la gente lleve a los perritos de calle, cero movilización con esa cuestión”, expresa Marcela Peña, fundadora del grupo animalista Alma de Kiltro, que realiza diversas acciones en ayuda a animales de la calle.
Sin los cuidados y resguardos que ofrece la tenencia responsable, estos animales no solo representan un riesgo para otros seres vivos, sino que además existe la posibilidad de que proliferen enfermedades dañinas tanto para animales como para las personas.
“Pero luego ya vienen problemas más grandes que son ya a nivel país, debido a que la tenencia responsable está asociada al nivel social de los territorios. Donde peor son mantenidos los animales, hay peor manejo de las responsabilidades comunales”, asegura Rodrigo Morales.
Así como existen deficiencias en políticas públicas para las personas, también ocurre con los animales de compañía y callejeros. Si bien algunas municipalidades cuentan con planes de vacunación y esterilización gratuitos o a muy bajo costo, no todas los mantienen a largo plazo.
“Creo que en eso hace falta un plan gratuito, contundente y efectivo. (…) Faltan recursos, es educación y recursos”, opina Carla Flores, médico veterinaria de una clínica privada en Independencia que ha trabajado de cerca en la comuna con el plan del Gobierno Regional Metropolitano “¡Cuidado con el Perro!”, además de prestar servicios veterinarios a un refugio en Pedro Aguirre Cerda.
A partir de su experiencia con el plan, la veterinaria considera que, junto con la falta de criterios para derivar casos por parte de la municipalidad, también existe poco interés y educación de parte de los dueños. Pero, es en los niños y gente más joven donde ve que la educación es más eficaz, generando mayor conciencia dentro las familias.
La deficiencia en algunos municipios es evidente al momento de expandir la visión de la tenencia responsable más allá de casos de abuso y maltrato, instancias donde muchas veces no hay suficientes recursos o mecanismos para seguir denuncias y tomar acciones correctivas.
“La política pública es esterilización, educación y sanción ciudadana y financiar a alguna ONG para que haga rescate dentro de muchas labores. Pero no podemos pretender que la política sea solo de rescates”, dice Morales, quien sostiene que las políticas públicas van por buen camino, aunque ve un problema con los vacíos en la Ley de Tenencia Responsable que en algunos casos ha llevado a que ciudadanos comunes y corrientes tengan que intervenir.
El rescate informal
Sin importar si se trata de grandes urbes o zonas rurales, la preocupación por los animales existe a lo largo de todo el territorio nacional. A casi una hora de Santiago, en Melipilla, Cristal Martínez, técnico en enfermería de profesión pero que actualmente se encuentra cesante, se dedica tiempo completo a ser rescatista de animales en la zona, labor que realiza hace 10 años.
La situación que relata Cristal se retrata en la videollamada que sostuvo con Puroperiodismo, en la que se podían ver a algunos de los 22 perros y gatos rescatados que conviven en su departamento. Mientras cuenta detalles sobre su vida, se puede ver a su lado a un perro galgo que es ciego y que ella misma rescató de un grupo de cazadores que lo utilizaban a pesar de su condición. Y no es el único, ya que Cristal se enfrenta a muchos casos similares de forma diaria.
“En realidad, en esto se corre peligro constantemente desde el minuto que tú sales a la calle. Los traficantes, los que ocupaban a los perros de raza para las cruzas, a los galgueros, o sea, son batallas diarias. Te puedo decir que me han amenazado de lincharme en mi propia casa”, dice la rescatista de 34 años que, por temas de salud mental, además del desgaste de su labor, ha considerado dejar de realizar rescates, ya que es una tarea que enfrenta de forma solitaria y sin respaldo de ninguna institución, sin más apoyo que las espontáneas contribuciones de sus seguidores en redes sociales.
En la Constitución vigente los animales no son mencionados siquiera una vez. Pero sí aparecen en el artículo 567 del Código Civil, bajo el capítulo “de las cosas corporales”, justo después de donde se establece que éstas “se dividen en muebles e inmuebles”. Entre las primeros están los animales, lo que implica que el sistema jurídico chileno no los considera como seres vivos con derechos, sino que los consagra como meras “cosas” y, por extensión, como propiedad.
“Como el animal es un bien mueble, a nosotros [los rescatistas] nos ha tocado irnos de mala, romper rejas y candados y entrar a buscar a los animales y salir corriendo. Tú estás entrando a robar algo, entonces más encima nos han echado los pacos”, explica Marcela Peña acerca de la labor que realiza durante los rescates.
Las acciones de grupos o personas que realizan rescates, aunque busquen un objetivo de protección en beneficio del animal, en muchos casos van en contra de la ley. Cada vez que estas personas “recogen” un animal, su principal fin es esterilizarlo para que no se reproduzca y no siga aumentando la cantidad de mascotas en situación de calle, además de buscar la posibilidad de encontrarle un hogar.
Las redes sociales son el medio por el cual las personas o los grupos rescatistas se movilizan y muestran su trabajo, además de obtener ayuda y llegar a la mayor cantidad de gente posible. Solo de esa manera Martínez y Peña han podido continuar con los rescates.
El camino que queda por trazar
El pasado 28 de junio se dio por finalizado el proceso deliberativo para la redacción de una nueva Constitución y el 4 de julio se llevó a cabo la presentación oficial de la propuesta que el primer domingo de septiembre se someterá a plebiscito ciudadano. En el texto, los animales ahora sí aparecen mencionados y reconocidos como seres sintientes y con derecho a vivir una vida libre de maltrato.
Hasta que no se decida en las urnas si se aprueba o rechaza la propuesta en que trabajó por un año la Convención Constitucional, el camino que queda por trazar es largo y seguirá dependiendo de independientes, al igual que del trabajo del gobierno y de organizaciones a nivel local.
“Primero que todo, hay que ponerse a fiscalizar como locos, que es algo que falta mucho en las municipalidades. Porque los funcionarios municipales no cuentan con manos para mandar a gente a fiscalizar. Si bien nosotros no estamos facultados por la ley, jamás voy a permitir mientras esté aquí no hacer nada por un maltrato animal”, dice Carla Nilo, encargada del Departamento de Higiene Ambiental y Zoonosis de la comuna de Conchalí.
En general, las organizaciones y movimientos ciudadanos a favor de los derechos de los animales ven el proceso por una nueva Constitución como un avance positivo para resaltar la importancia del cuidado de los animales y mostrar de qué forma ésta es una materia vinculada estrechamente a las personas y sus acciones. E incluso desde sectores que apoyan la opción del Rechazo, la preocupación por buscar la protección de los animales y su resguardo como objetos de derecho es real.
“Puede ser que vaya variando en ese tipo de cosas; pueden salir muchas cosas y muy creativas, y nosotros la vamos a aceptar con felicidad”, dice la diputada Ossandón respecto a iniciativas que fortalezcan la tenencia responsable.
Asimismo, Tito Pizarro, que ha observado de cerca los avances y los retrasos sobre la tenencia responsable, observa con cierto optimismo el panorama futuro de esta problemática.
“Primero espero que se apruebe la nueva Constitución, y creo que tiene una mirada mucho más enfocada en el cuidado a los entornos y el planeta. Sí es responsabilidad de nosotros cuidar el planeta y en eso me parece una Constitución que va a dar más fuerza a derechos de los grupos humanos que levantan y defienden derechos de los animales de compañía a tener bienestar”, señala.