La polémica muerte del conscripto Franco Vargas el 27 de abril durante un ejercicio militar en Putre volvió a poner sobre el foco del debate público posibles casos de violencia y abusos al interior de las Fuerzas Armadas (FF.AA.). Las alarmas se encendieron cuando los padres de los jóvenes que hacían el servicio militar con Franco revelaron antecedentes que levantaron dudas y apuntaban directamente al superior a cargo del pelotón. Inevitablemente, resurgió el fantasma de lo sucedido en Antuco en mayo de 2005. Pero, ¿son comparables ambos episodios? ¿Cómo han evolucionado el Ejército y las FF.AA. después de esa tragedia en el trato a sus conscriptos? ¿Qué posibles implicancias podría tener esto en cuanto a posibles vulneraciones a los derechos humanos? Puroperiodismo conversó sobre todo esto con Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, quien asegura que esto “pasa por una revisión del servicio militar, de la manera en que se realiza y de los procedimientos de control para evitar que haya malos tratos y tortura”.

Se llamaba Franco Vargas y tenía 19 años. Era conscripto. Aunque venía de Cerrillos, hacía su servicio militar en la Brigada Motorizada N°24 “Huamachuco” de Putre, en la Región de Arica y Parinacota, y allá murió el 27 de abril en lo que se ha considerado una nueva “marcha maldita” del Ejército.

Era un ejercicio “de rutina”, una marcha de madrugada a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, bajo condiciones climáticas extremas; el cierre a cinco días de instrucción a bajas temperaturas. Franco falleció por fallas respiratorias, mientras que otros 45 de sus compañeros se enfermaron esa jornada y a uno incluso debieron amputarle una mano días después.

Entre los relatos de lo que sucedió esa mañana en el altiplano, han surgido versiones de abuso, violencia y negligencia por parte de quienes estaban a cargo del pelotón, reflotando con ello viejos fantasmas de antiguas tragedias que enlutaron a las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y al país; de lecciones supuestamente aprendidas y de “errores” y malas prácticas que no tenían por qué volver a ocurrir, pero que siguen ocurriendo.

Después de la fatídica marcha de Antuco, que en mayo de 2005 le costó la vida a un suboficial y 44 conscriptos del Ejército y que develó que tras la serie de malas decisiones había un historial de abuso y maltrato, habrían cambiado los protocolos de entrenamiento y seguridad en las FF.AA., para así garantizar el bienestar de los jóvenes que dieran su servicio militar. Sin embargo, cada cierto tiempo se reportan nuevos casos que ponen en duda la real implementación de esos cambios o, al menos, de su eficacia.

Está el caso de conscripto de la Armada Fernando Lazo Gutiérrez, fallecido en 2011 durante un entrenamiento en condiciones extremas. Héctor Erices, un cabo segundo de 23 años, en 2019 se quitó la vida en un regimiento de Renca y su familia denunció que en el Ejército ni lo notaron. Ese mismo año, Marco Velásquez, de 18 años, le disparó al cabo primero Pedro Benavides (31) y al sargento segundo Fernando Zamorano (39), antes de hacerlo a sí mismo, supuestamente como represalia al bullying al que era sometido a diario. Y son sólo apenas casos.

De acuerdo con un documento preparado por un asesor parlamentario de la Biblioteca del Congreso Nacional para una comisión investigadora que precisamente indagaba sobre la prevención y sanción de abusos y maltratos a soldaos y conscriptos, entre 2015 y mediados de 2019 las FF.AA. recibieron 143 denuncias internas por acoso sexual, abuso o violación a alguno de sus miembros. El Ejército concentra 76 episodios de esta índole. Otros reportes hablan de 111 intentos de suicidio que se contabilizaban desde 2013 hasta 2019, y de más de 300 denuncias de casos de violencia sexual que sufren dentro las mujeres y hombres.

¿Qué ha fallado en la capacidad del Estado para poner coto a estas situaciones al interior de las FF.AA. y por qué sigue fallando? Puroperiodismo conversó sobre este tema con Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnistía Internacional, profesor de derecho constitucional y uno de los expertos que han participado de forma más activa en el debate sobre las responsabilidades institucionales y las garantías que deben ofrecer el Estado chileno y sus FF.AA. para asegurar el respeto a los derechos humanos de quienes las integran.

“Es importante que se adopten medidas vinculadas a la investigación y sanción de los hechos, pero también en cuanto a la reparación de las víctimas y sus familiares, y garantías de no repetición para que, ahora, de verdad, nunca más ocurran hechos como estos. Pero en serio, no como se dijo después de Antuco, que se iban a adoptar medidas para prevenir ese tipo de actos. Ahora sí que el Estado tiene que adoptar seriamente medidas de no repetición”, dice Bustos en esta entrevista.

Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile. (FOTO: Pagina19.cl)

La muerte del conscripto Vargas

–Los conscriptos que iban con Franco en la marcha de Putre han acusado maltratos, abusos y negligencias previas, como en casos anteriores. ¿Considera que esto pone en cuestión los protocolos y prácticas de las FF.AA.?

Todas las otras denuncias que han ocurrido en relación con malos tratos y/o abusos de distintas formas ocurridas en instituciones de la Fuerzas Armada, en el Ejército o en el contexto específico del servicio militar, como Estado y como sociedad, deberíamos haber tenido un aprendizaje y que ese tipo de hecho no volvieran a ocurrir. Sin embargo, ahora estamos hablando de un conscripto fallecido, Franco, y también estamos hablando de otro conscripto con una amputación de la mano, y de muchos otros que sufrieron intoxicación y afectación a su integridad personal. Por lo tanto, lo que se requiere ahora, en primer lugar, es que estos hechos se esclarezcan y se sancionen.

–¿Cuál es su opinión acerca del caso?

No puede quedar impune la muerte de Franco; no pueden quedar impunes, de ser ciertos, estos hechos y estas denuncias de malos tratos, de tortura y de tratos crueles e inhumanos que han denunciado varios de los conscriptos. Es necesario tomar medidas, pero hacerlo en serio esta vez, para que actos como este no se repitan. Eso pasa por una revisión del servicio militar, de la manera en que se realiza y de los procedimientos de control para evitar que haya malos tratos y tortura. También, por cierto, se requiere un reforzamiento muy robusto de la formación en derechos humanos en el Ejército y en todas la instituciones de las FF.AA.

–¿Cuál ha sido la línea de acción que han seguido como Amnistía Internacional ante los informes de tratos crueles sufridos por los conscriptos en la localidad de Putre?

Desde Amnistía Internacional, estamos recabando todos los antecedentes e instando a los órganos del Estado a que actúen como corresponde ante estos hechos graves. En ese sentido, hemos planteado que es una buena señal que haya una querella del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), como órgano autónomo del Estado, y que el Poder Judicial debe llevar a cabo una investigación exhaustiva y oportuna. Asimismo, que la Corte Suprema haya designado una ministra en visita es también una medida positiva, al igual que la conformación de una comisión investigadora por parte del Congreso para esclarecer lo sucedido. Pero, por otro lado, es una muy mala señal que dentro del Ejército se haya obligado a algunos de los conscriptos a firmar actas donde declaran falsamente que no han sido sometidos a ningún tipo de maltrato o tortura. Aquí, lo que corresponde, es que el Estado actúe de manera unificada, porque estos hechos son inaceptables y deben ser investigados y sancionados. Desde nuestro instituto estamos muy alerta y vigilantes, e instaremos a todos los órganos del Estado a que cumplan con su deber.

–¿Cree que este tipo de casos tengan que ser investigados por la justicia civil y no militar?

Efectivamente, estamos instando a que los órganos del Estado actúen, ya que estos hechos no pueden ser investigados por la Justicia Militar, un debate que se ha reabierto últimamente a propósito de la tramitación del proyecto sobre las reglas de uso de la fuerza. Deben ser abordados por la justicia ordinaria, porque tanto la muerte de Franco como los malos tratos y la tortura no tienen que ver con delitos de naturaleza militar, sino con delitos comunes. Así que esperamos que haya verdad y justicia, y vamos a trabajar para ello. Eventualmente también podemos intervenir en la comisión investigadora de la Cámara de Diputados para dejar en claro qué es lo que el Estado debe hacer de acuerdo con las obligaciones internacionales que tiene Chile en esta materia.

–¿Qué medidas preventivas sugiere Amnistía Internacional para proteger a los conscriptos?

Como ya señalaba, lo sucedido ahora no es un hecho aislado. Tuvimos la tragedia de Antuco en 2005 y una serie de otras denuncias muy graves en los últimos 20 años. Todo esto nos muestra que se requiere una revisión profunda de la forma en que se realiza el servicio militar en Chile. El hecho de que se trate de una institución que usa la fuerza y que tiene como finalidad la Defensa Nacional, no puede implicar que sean legítimos actos de tortura, como los descritos en la querella del INDH, que está documentada en los relatos de los conscriptos. Por lo tanto, debe revisarse la forma en que se realiza el servicio militar en nuestro país.

En segundo lugar, debe fortalecerse la formación en derechos humanos dentro de las instituciones armadas. Han avanzado en cierta medida al tener algunas charlas o capacitaciones en derechos humanos, pero no es suficiente. Estos hechos, no solo los malos tratos y la muerte de Franco, sino también algunas descripciones de los conflictos y los dichos de varios de los responsables de los mandos del Ejército, demuestran que hay que avanzar mucho más en una cultura respetuosa de los derechos humanos en las instituciones armadas en Chile. Además, es fundamental verificar la responsabilidad de los mandos. Esto no tiene que simplemente cortarse por lo más delgado; la institución armada es jerárquica y opera con una responsabilidad de los mandos que, muchas veces en Chile, cuesta que se lleve a cabo. Pero este es un caso muy claro donde debe esclarecerse e investigarse esa responsabilidad de los altos mandos.

Imagen de ejercicios de marcha en Putre realizados en 2022. (FOTO: Ejercito.cl)

La verdad “a cuentagotas”

–Durante el transcurso de la investigación, por parte del Ejército no han tenido respuestas claras e incluso han evitado la responsabilidad luego de las acusaciones por parte de los mismos conscriptos. ¿Cómo valora la transparencia de la institución y de la investigación en curso?

Esto recuerda un poco lo que ocurrió en otros casos de violaciones a los derechos humanos, como lo que sucedió durante la dictadura, cuando también se presentaban todo tipo de versiones que nada tenían que ver con la forma en que se cometían esas vulneraciones. Algo similar ha ocurrido en los últimos 20 años, por ejemplo, con casos relacionados con Carabineros, como el asesinato de Camilo Catrillanca: también se presentó una versión el primer día, otra versión después de dos o tres días, y después de una semana ya estaba claro que la primera versión no tenía ninguna correspondencia con la realidad. Muy parecido a lo que está sucediendo ahora, y eso habla muy mal de la transparencia y de la rendición de cuentas que debe tener una institución del Estado como el Ejército de Chile. No puede ser que vayamos conociendo la verdad de lo ocurrido con Franco a cuentagotas.

–¿Qué responsabilidad le cabe al comandante en jefe del Ejército, general Javier Iturriaga?

El comandante en jefe del Ejército debe rendir cuentas ante la comisión investigadora en el Congreso, y su institución debe colaborar completamente con la investigación que se está llevando a cabo para, justamente, conocer la verdad de lo sucedido con Franco y asegurar que haya justicia.

–¿Cómo debería responder el Estado en estos casos?

El Ejército es parte del Estado de Chile, y cuando un órgano del Estado vulnera los derechos humanos, sea por acción o por omisión, es el Estado en su conjunto el que finalmente está sujeto a responsabilidad internacional por los tratados y compromisos que ha suscrito. Por lo tanto, sin lugar a duda, estos hechos podrían conllevar la responsabilidad internacional del Estado de Chile. Por eso es tan importante que se adopten medidas vinculadas a la investigación y sanción de los hechos, pero también en cuanto a la reparación de las víctimas y sus familiares, y garantías de no repetición para que ahora, de verdad, nunca más ocurran hechos como estos. Pero en serio, no como se dijo después de Antuco, que se iban a adoptar medidas para prevenir ese tipo de actos. Ahora sí el Estado tiene que adoptar seriamente medidas de no repetición.

Escudo del Regimiento de la Brigada Motorizada N°24 “Huamachuco”, en Putre. (FOTO: elinformadorchile.cl)

Posibles reformas

–¿Qué reformas institucionales considera Amnistía internacional para abordar la cultura de violencia que se ha generado en las Fuerzas Armadas?

Cuando ocurren hechos como estos, hay acciones concretas que debe tomar el Estado respecto del caso específico: la muerte de Franco, las denuncias de tortura de otros conscriptos, dar de baja a algunos funcionarios, evaluar sanciones, reparación a las víctimas y a sus familiares. Todos estos son actos y políticas que el Estado debe implementar en relación con el hecho concreto. Además, efectivamente, se debe reflexionar sobre si esto debiese conllevar reformas; por ejemplo, si debe haber una revisión del servicio militar. Pero cuando, por ejemplo, planteaba anteriormente que también debe haber una revisión de la formación en derechos humanos dentro de instituciones como el Ejército, estoy pensando de manera más global que el hecho concreto. En ese sentido, sin dudas, tanto el Ejército como otras instituciones armadas, o aquellas que tienen funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, requieren en Chile una reforma importante para incorporar una perspectiva de derechos humanos en sus instituciones, que haya prueba de transparencia y que la naturaleza de sus labores se realice en conformidad con la ley.

–Respecto a los organismos internacionales de derechos humanos, ¿qué rol juegan en estas situaciones?

Hoy en día es complejo hablar del sistema internacional de protección de derechos humanos. Tenemos el sistema de Naciones Unidas y el sistema interamericano, y estamos en un momento en el que, probablemente, estos sistemas de protección de derechos humanos están más cuestionados que nunca desde su creación después de la Segunda Guerra Mundial. Esto se debe a situaciones como la que está ocurriendo en Gaza, donde, de alguna forma, el sistema internacional no logra adoptar medidas efectivas para poner fin a los crímenes de guerra que se están llevando a cabo, y lo mismo sucede en otras latitudes del mundo. Por lo tanto, el sistema de protección de derechos humanos enfrenta dificultades, pero es lo que tenemos y es indispensable que actúe frente a las violaciones de los derechos humanos. Como señalaba anteriormente, hechos como los ocurridos con los conflictos en Putre pueden implicar que haya sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), o que haya informes de relatores especiales o de otro órgano internacional señalando que Chile está incurriendo en violaciones de derechos humanos y exigiendo al Estado que tome medidas, tanto respecto al hecho concreto como también para evitar que este tipo de sucesos vuelvan a ocurrir.

–Pero en esa misma línea, ¿cuánto ya se ha avanzado en Chile para garantizar el respeto de los derechos humanos y no depender de esos sistemas que usted ha catalogado como “insuficientes”?

En los últimos 34 años, desde el fin de la dictadura, ha habido avances en algunas materias. Hoy Chile cuenta con instituciones autónomas del Estado en materia de derechos humanos, como el INDH, la Defensoría de la Niñez y el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Desde 2016 que existe una ley contra la tortura y en 2011 se puso fin a la amplia jurisdicción de la Justicia Militar en materia de violaciones a los derechos humanos. En los últimos años, se ha avanzado más en verdad y justicia; hay un plan nacional de búsqueda de personas detenidas desaparecidas, y también se ha avanzado en algunos temas vinculados a la discriminación de grupos tradicionalmente vulnerables.

Sin embargo, sin lugar a duda, hay muchos déficits y materias en las que el Estado está en deuda. El último informe del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, de hace aproximadamente un mes, fue muy duro respecto, por ejemplo, a las violaciones de derechos humanos cometidas durante el estallido social, la falta de justicia en la mayoría de los casos y la ausencia de una política pública de reparación integral, entre otras materias. Por lo tanto, aunque Chile ha tomado algunas medidas políticas y leyes que van en la dirección correcta en los últimos 34 años, también ha habido violaciones a los derechos humanos, una ausencia de políticas en algunas materias y retrocesos en algunos ámbitos. En este sentido, nuestro llamado, especialmente en años de elecciones como este 2024 y el próximo 2025, es que todas las autoridades del Estado tengan siempre en cuenta y sobre la mesa los tratados internacionales de derechos humanos y el marco internacional que nos obliga.