Síntesis de algunas de las noticias que marcaron la agenda y el debate público durante la semana del 29 de abril al 5 de mayo
Tras asesinato de tres carabineros en Cañete: Formalización del general Ricardo Yáñez se aplazó hasta octubre
El pasado lunes 29 de abril, el 7° Juzgado de Garantía de Santiago acogió la solicitud para aplazar la audiencia de formalización del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez. La audiencia, que estaba contemplada inicialmente para este martes 7 de mayo –y que Yáñez había intentado evitar o aplazar mediante distintos recursos legales–, se llevará finalmente a cabo el 1 de octubre a las 9:00 horas.
General director de Carabineros, Ricardo Yáñez.
Los cargos por los que el actual mandamás de Carabineros tendrá que enfrentar a la justicia son actos de omisión relacionados con apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio, y que el alto oficial habría cometido cuando era el encargado de Orden y Seguridad de la institución en el periodo del estallido social de octubre de 2019. Es decir, no por su participación directa en posibles violaciones a los derechos humanos, sino por su responsabilidad de mando cuando éstas ocurrieron.
La solicitud presentada por la defensa de Yáñez pedía el aplazamiento de la formalización para que los abogados lograran estudiar los antecedentes que se incluían en la carpeta de investigación.
El general será formalizado junto al general (r) Mario Rozas, su antecesor al mando de la policía uniformada, y el general Diego Olate, quien fuera subdirector de Carabineros durante el mismo período.
La postergación de la formalización se dio tras el triple homicidio de carabineros que ocurrió en Cañete el pasado 27 de abril, justo el Día del Carabinero, fecha que ya se presentaba, según una publicación de La Tercera, como el último día que Yáñez estaría en el cargo. Pero eso no ocurriría. Un día después del asesinato múltiple en Cañete, la ministra del Interior, Carolina Tohá, confirmó su respaldo al general y afirmó que no será removido de su cargo.
El fiscal nacional Ángel Valencia, aseguró que el factor político no tuvo nada que ver en la postergación de la audiencia, y que la decisión “obedece a las reiteradas peticiones de parte de la defensa de contar con más tiempo para analizar los antecedentes de la investigación”.
En este contexto, según el resultado de la encuesta Plaza Pública Cadem de la semana pasada, el 45% de las personas consultadas creía que el general Ricardo Yáñez debía mantenerse en el cargo hasta terminar su período, mientras que un 29% consideraba que debía renunciar antes de ser formalizado.
Son tres los eventos que se enmarcan en las fechas cercanas a la formalización del general director de Carabineros: después de la Parada Militar, antes de las elecciones municipales y durante el mes en que se cumplen cinco años del 18-O.
La formalización del general director de Carabineros ha generado un gran debate público. Mientras algunos sectores lo consideran un paso crucial hacia la rendición de cuentas dentro de las fuerzas de seguridad pública, otros lo ven como un ataque político contra la institución en plena crisis de seguridad en el país.
La situación plantea un importante debate sobre la responsabilidad individual versus la responsabilidad institucional en casos de violencia policial, así como sobre el papel de las autoridades en la supervisión y el control de las acciones de las fuerzas de seguridad.
Decretan orden de arresto para Christopher White, Alcalde de San Bernardo
El Juzgado de Letras de San Bernardo emitió una orden de detención en contra del alcalde de San Bernardo, Christopher White, por una deuda de más de $100 millones con una empresa externa.
En total, son cinco guardias, ex trabajadores de la empresa que prestaba servicios de seguridad a la Municipalidad de San Bernardo , quienes presentaron una demanda laboral. La suma de la deuda es de $107.996.825. Ante esto, se decretó arresto por tres días al alcalde Christopher White.
Christopher White, alcalde de San Bernardo. (FOTO: cuenta de X del alcalde White, @AlcaldeWhite)
Pero este no es el único problema que atraviesa el edil comunal, ya que hay 100 funcionarios con otras 27 causas en contra del municipio de San Bernardo, debido a sueldos y cotizaciones impagas por más de $3.000 millones.
La Contraloría encontró un déficit de tres mil millones de pesos en compromisos con diferentes organizaciones sindicales comunales, diferencias de $91 millones en ingresos y egresos de la Corporación de Educación y el uso de la Subvención Escolar Preferencial para una actividad de dinosaurios.
El alcalde, por su parte, declaró que en 2022 la municipalidad había puesto un “término anticipado al contrato que tenía con la empresa MIVA, que prestaba servicios de seguridad, específicamente guardias, por un incumplimiento con sus obligaciones laborales”.
Desde el Partido Socialista (PS), colectivo en que milita White, aluden a que la situación que enfrenta el alcalde es un problema meramente administrativo que sólo recae en él dado que es el representante legal de la municipalidad.
El diario La Tercera informó que el alcalde se comunicó con la presidenta del partido, la senadora Paulina Vodanovic, para explicarle que el caso estaba siendo solucionado. Y así, bajo el criterio de “el que tiene, mantiene”, las autoridades del PS defendieron su reelección y se inscribió en solitario como abanderado de su sector.
Así afirmó la posición de la colectividad Vodanovic: “Aquí hay un procedimiento judicial seguido contra la Municipalidad de San Bernardo, en calidad de codeudor solidario por una empresa externa que no pagó las cotizaciones previsionales a sus trabajadores. Esta obligación recae subsidiariamente en el alcalde o la municipalidad, habiendo el alcalde dado pago y cuenta de ello el día martes pasado, en cuanto tomó conocimiento de esto”.
Agradezco apoyo q recibí de los presidentes comunales de #RegiónMetropolitana en el ampliado regional de @PSChile. Los ataques arteros q he recibido se digieren mejor cuando mis compañeros de partido reconocen la labor q estamos haciendo para mejorar vida de nuestros vecinos. pic.twitter.com/JKDbGDMBNu
— Christopher White (@AlcaldeWhite) May 3, 2024
Senado aprueba nueva Ley Antiterrorista
El pasado jueves 2 de mayo, el Senado aprobó por unanimidad la gran mayoría de la nueva Ley Antiterrorista, la cual incluye cambios sobre cuatro aspectos clave y determina cuáles son los tipos de conductas que serán catalogadas como “terroristas”. El trámite tomó urgencia por el contexto del homicidio a los tres carabineros en Cañete justo el día en que la institución policial cumplía 99 años.
Los cambios que contempla la propuesta de ley que ahora pasó a la Cámara de Diputados y Diputadas para su segundo trámite legislativo, tienen que ver con sancionar la iniciativa terrorista, autorizar facultades investigativas especiales, establecer delitos específicos y penas de acuerdo al grado de implicación en la organización y el cambio de jurisdicción en casos de alta complejidad.
La ley Antiterrorista busca castigar con presidio mayor en su grado mínimo, es decir, entre 5 años y un día hasta 10 años, a todos quienes participen en una asociación terrorista. Además, estipula penas que son agravadas según el rol que las personas cumplan en tales asociaciones: se distinguen entre reclutador, financista, fundador o jefe de grupo. Pero quienes no formen parte de una asociación terrorista, de igual manera podrían caer en causal de delito terrorista. Estos se producen cuando son perpetrados con finalidades como:
- Desestabilizar las estructuras políticas, sociales o económicas del Estado.
- Imponer o inhibir una o más decisiones a una autoridad del Estado.
- Someter o desmoralizar a la población civil o a una parte de ella.
Más aún, si los delitos terroristas son cometidos por funcionarios públicos que se encuentran ejerciendo su cargo, se les deberá aplicar la pena que corresponda y además se le aumentará un grado. No obstante, se les sumará otra pena de inhabilitación absoluta perpetua para oficios públicos, es decir, no podrá volver a ejercer un cargo público.
Una novedad de esta iniciativa de ley es la propuesta de creación de la figura de terrorismo individual “conexo”. Es decir, cuando la persona no pertenece formalmente al grupo terrorista, pero actúa acorde a sus fines y comete el delito de lanzamiento, colocación o envío de artefactos explosivos, corrosivos o incendiarios, delito de peligro nuclear, delito con armas químicas o biológicas o de destrucción o empoderamiento de aeronaves en vuelo. Además, se aprobó una indicación de los senadores Ximena Rincón y Matías Walker, ambos del Partido Demócratas, para sancionar a las personas que recluten a menores de edad para asociaciones terroristas.
La normativa permite al fiscal del Ministerio Público a cargo de una investigación por delitos terroristas –con previa autorización judicial– a intervenir redes de servicios de teléfonos, cuando existan sospechas fundadas de que la información que se logre recopilar de la interferencia sea relevante y aporte a la investigación.
Esta ley fue comprometida previamente por el Presidente Gabriel Boric, en una visita a la zona durante el 2022, con la finalidad de tener una legislación efectiva y funcional para combatir las modalidades existentes de terrorismo que existen en Chile y que tal ley sea respetuosa con los estándares de la democracia y el estado de derecho.
Polémica postergación del juicio por el crimen de la periodista Francisca Sandoval
Durante el discurso del Presidente Gabriel Boric en la inauguración de la 31° Conferencia por el Día Mundial de la Libertad de Prensa, un grupo de periodistas de Señal 3 La Victoria, ex compañeros de trabajo de Francisca Sandoval, interrumpió al mandatario exigiendo justicia por la comunicadora que murió tras recibir un disparo en su cabeza mientras cubría la marcha por el Día de los Trabajadores en 2022.
El director del medio de comunicación, Benjamín Lillo, irrumpió extendiendo un lienzo en el que se pedía justicia por quien fuera su colega mientras Boric se dirigía a un salón plenario lleno, en el que además había importantes personalidades internacionales, como la directora general de Unesco, Audrey Azoulay; el actor y activista medioambiental mexicano, Gael García Bernal; la ex Presidenta y ex alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet; y, entre otros, la periodista filipina que en 2021 obtuvo el Premio Mundial de Libertad de Prensa Unesco/Guillermo Cano y el Premio Nobel de la Paz, María Ressa.
“Es una burla, señor Presidente”. Así comenzó la intervención fuera de libreto del director del medio en el que trabajaba Sandoval. Además, acusó que “Carabineros de Chile no actuó. Y el Ministerio del Interior, que es parte de la querella, no ha solicitado ninguna diligencia en la investigación para encontrar justicia para nuestra compañera asesinada”.
El mandatario, frente a la interpelación, respondió: “No es una burla señor. Acá venimos a defender a la libertad de prensa y, de hecho, acá tenemos el nombre de Francisca Sandoval (…) Le pido por favor que nos permita continuar con esto, porque Francisca Sandoval es justamente un gran ejemplo de lo que tenemos defender (…) Yo he estado con su familia permanentemente. (…) No fue asesinada por carabineros, fue asesinada de manera brutal y merece justicia”.
Según informó Radio Bío Bío, la audiencia del juicio oral en contra del imputado por el crimen de Francisca se encontraba agendada para este 20 de mayo con varios meses de anticipación, pero no se desarrollará durante este mes.
“Esta fiscal se encuentra imposibilitada de asistir en dicha fecha, toda vez que mantengo otro juicio oral, agendado con anterioridad y, dada la complejidad de ambos juicios, me es imposible derivarlo en otro fiscal”, argumento la fiscal Marcela Adasme, de la Fiscalía de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte.
A pesar de que el Ministerio Público, el mismo viernes 3 de mayo desistió en la postergación del juicio, la defensa de Marcelo Naranjo, el único imputado por la muerte de la periodista, solicitó un cambio de fecha. Al final, la instancia quedó agendada para el próximo 22 de julio.
Camila Vallejo, ministra vocera del gobierno, dijo que la medida de postergación del juicio “no es una buena señal” y que entienden la situación difícil y malestar por el que está pasando la familia. El Presidente Boric, por su parte, al finalizar el discurso comentó que el caso los conmovió como autoridades y que el Ministerio del Interior recibirá a los periodistas de Señal 3 La Victoria “y, si es necesario”, también lo hará él.
Un soldado conscripto fallecido, cuatro internados y 15 dados de alta: el drama que sacude al Ejército
Franco Vargas, de 19 años, es el nombre del soldado conscripto que murió tras complicaciones respiratorias durante diversos ejercicios de entrenamiento. Además, cuatro soldados del Ejército de Chile se encuentran hospitalizados tras una campaña realizada en Putre, en la Región de Arica y Parinacota. Fueron 245 los soldados conscriptos que se encontraban en instrucción. 45 de ellos presentaron un cuadro infeccioso de origen respiratorio, se mantuvieron en observación y ya fueron dados de alta. Pero dos de los conscriptos internados se encuentran en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y los otros dos en la unidad de medicina básica del Hospital Militar de Santiago.
🔴 Comunicado Oficial pic.twitter.com/1acb8WP9t3 — Ejército de Chile (@Ejercito_Chile) May 4, 2024
La mamá de Vargas denunció mediante su abogado que su hijo había recibido golpes y fue humillado. También que habría sido tratado de “cobarde y maricón”, al informar su malestar físico durante el ejercicio de entrenamiento.
“Los maltratos físicos a nuestros soldados están prohibidos en el Ejército, no son aceptados. Por lo tanto, de confirmarse, motivo de la investigación que está en desarrollo, que eso ha ocurrido, es una situación que es inaceptable para el Ejército”, advirtió el jefe del Estado Mayor General del Ejército, Rodrigo Pino.
La ministra de Defensa Nacional, Maya Fernández, expresó su preocupación y declaró que el hecho es muy grave. “Como Ministerio de Defensa, oficiamos al Consejo de Defensa del Estado para evaluar hacerse parte de este proceso investigativo, porque creemos que aquí se tiene que llegar a las últimas consecuencias”, comentó la jefa de cartera.
El Ejército deberá rendir cuentas tanto a la Contraloría General de la República como al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). La Contraloría, por su parte, ofició al Ejército para obtener un informe sobre las circunstancias en las que murió Franco Vargas y las medidas que se están tomando para que esta situación no vuelva a ocurrir.
Imagen de ejercicios de marcha en Putre realizados en 2022. (FOTO: Ejercito.cl)
Mientras que el INDH pidió “que informen sobre eventuales investigaciones internas relativas a este hecho; el porqué del eventual aislamiento de 38 jóvenes saber si sus familias han recibido información clara y oportuna sobre lo sucedido, y también cuáles serían los exámenes médicos a los jóvenes que ingresan al Ejército para realizar el servicio militar”.
Mientras el Ejército accedió a brindar la información para esclarecer hechos y determinar eventuales responsabilidades, se dio a conocer que los peritajes forenses determinaron que la causa de muerte de Vargas se debió a complicaciones cardiacas y que no habría sido ocasionada por terceros.