Entrevistas

Lorena Astudillo sobre las víctimas colaterales de femicidios: “Están invisibilizadas completamente por el sistema, y eso es real”

Por ~ Publicado el 19 julio 2022

Desde el pasado 11 de mayo que la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputados y Diputadas ha venido discutiendo el proyecto de ley que crea el derecho a la protección y reparación integral de familias víctimas de femicidio. La iniciativa busca ayudar en diversos ámbitos a las llamadas víctimas colaterales que dependían económicamente de la mujer asesinada y vieron afectada su integridad física o psíquica. Un posible avance que puede ser fundamental para estas víctimas, pero ¿es suficiente? ¿Ataca el problema de raíz? Puroperiodismo conversó con Lorena Astudillo, vocera de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, para hablar sobre esta medida y otras problemáticas que surgen desde las instituciones del Estado.


Los femicidios siguen siendo una problemática presente en Chile. Hasta el 11 de julio, los registros del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SernaMEG) ya contabilizaban 22 asesinatos cometidos contra mujeres vinculados a la violencia de género durante 2022. Esas son las cifras oficiales, las que sólo incluyen aquellos casos que calzan con las tipificaciones establecidas en la ley vigente desde 2010. En paralelo, la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres ha contabilizado dos más.

Aunque cada año se siguen sumando casos de violencia extrema en contra de mujeres, desde la tipificación hace 12 años del femicidio como delito en el Código Penal ha habido varios avances legales que buscan disminuir esas cifras. Se han creado programas de prevención y apoyo a mujeres víctimas de violencia e incluso se extendió el marco legal a través de la llamada Ley Gabriela, ampliando a otro tipos de relaciones las responsabilidades penales, incluyendo, por ejemplo, a los pololeos, que antes no estaban contemplados. Sin embargo, a pesar de los avances, las víctimas colaterales siguen a la deriva, tal como da cuenta un reportaje de investigación publicado ayer por Puroperiodismo, pues a la fecha el Estado no contempla a quienes sufren la pérdida, dejándolos a la deriva en procesos legales que no sólo tienen que ver con lo penal, sino que también con temas de herencias, tuición y otros.

Lo único que existe es el Circuito Intersectorial de Femicidios (CIF), una instancia integrada por Carabineros, el Servicio Mejor Niñez, el SernaMEG, la Subsecretaría de Prevención del Delito, la Policía de Investigaciones y el Servicio Médico Legal, que tiene por objetivo central dar atención y apoyo a las mujeres sobrevivientes de femicidio frustrado, pero también a las víctimas colaterales, principalmente con apoyo para asegurar el acceso a la justicia a través de la representación de las familias. En su último informe anual de 2020, el CIF identificó a 379 víctimas colaterales –123 por femicidios consumados y 256 por femicidios frustrados–.

A pesar de que existe esta ayuda, es insuficiente, y aún no hay una legislación que garantice un bienestar en seguridad y psicológico a las víctimas colaterales. Pero un posible cambio puede ser el proyecto de ley que crea el derecho a la protección y reparación integral de familias víctimas de femicidio, presentado en enero de 2021 por un grupo de parlamentarias encabezadas por la diputada Karol Cariola (PC). La discusión sobre la moción en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputados y Diputadas partió recién el 11 de mayo de este año, y desde entonces ha sido el único proyecto discutido en las seis sesiones que siguieron. Durante los últimos dos meses, se ha analizado su contenido con diversas invitadas e invitados que han expuesto sus miradas y críticas al proyecto.

Lorena Astudillo, abogada feminista y vocera de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, es una de las expertas que han sido invitadas a ese debate. Puroperiodismo conversó con ella para saber su perspectiva sobre este proyecto de ley, los avances que este plantea y la actual situación que viven las familias que perdieron a una de las suyas por un femicidio.

Lorena Astudillo, vocera de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres.

Lorena Astudillo, vocera de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres.

Sobre el proyecto de ley, usted dijo en la sesión del 18 de mayo que estas leyes siguen parcializando la violencia contra las mujeres. ¿Qué quiere decir eso?

Los legisladores están en un afán de no querer reconocer que la violencia hacia las mujeres es un concepto que puede institucionalizarse, que tiene que definirse. La violencia hacia las mujeres tiene un solo patrón común que es el patriarcado y se manifiesta en distintas áreas y de distintas formas. Entonces, ¿qué es lo que hacen los legisladores? Van a algunas de esas manifestaciones y la sancionan. Es como una gran llave que tiene muchas mangueritas y ellos tapan una manguerita pequeña, pero ni siquiera la previenen, sino que la castigan cada vez que esa manguerita tira un chorrito de agua. Pero es esta gran llave la que está tirando todos estos chorros de agua, y mientras no se ataque y se cierre esta llave, vamos a seguir teniendo filtraciones de mangueritas por todas partes. Por lo tanto, mientras los legisladores no comprendan esto, van a seguir tapando pequeñas mangueritas y no van a apuntar al problema real que es el patriarcado y el machismo, junto a sus agentes reproductores de la violencia que son la educación, las familias, las iglesias, los medios de comunicación, etc. Y con esto, seguirán parcializando la violencia hacia las mujeres como si fueran hechos aislados y creando una falsa sensación de solución.

¿Y una buena prevención puede ser fundamental?

Es fundamental, antes de andar sancionando, y también la promoción es esencial hoy día. Tenemos que transformar las cosas porque a nadie se le puede pasar por la cabeza que va a violar, matar o violentar a una mujer; eso nos tiene que parecer aberrante socialmente. Y eso es la promoción y es ahí a donde tenemos que llegar. Por lo tanto, todo es necesario: la sanción, la prevención y la promoción, pero la prevención y la sanción tiene que ser la última instancia, a lo último que debiéramos pensar que se necesita en una sociedad para convencernos y realmente estar tranquilas diciendo que vivimos en una sociedad libre de violencia para las mujeres.

¿Cree que este proyecto de ley podrá implementarse de manera eficaz en nuestro país?

Lo que nosotras leímos no habría problemas en poder implementarlo, pero son soluciones parches, pedacitos que tapan otros pedacitos. Por otro lado, este proyecto habla de darle una atención psicológica a las víctimas, pero ojalá sea así porque hoy día vemos a la gente en los Cosam que tienen que esperar días para ser atendidos un rato, y corren el riesgo de que te cambien al profesional no pudiendo generar una adherencia. Entonces, puede ser complicado. También cuando dicen que les van a entregar una educación de calidad a las víctimas, pero todo Chile debiera tener una educación de calidad, no hay que esperar a que maten a una madre para que den una educación de calidad. Hay que ver qué criterio tiene educación de calidad. Por otro lado, está presente el fuero laboral, porque sabemos de familias que han tenido que perseguir procesos judiciales muy largos, pero trabajan, y nos parece que esa medida es importante. También la medida para aquellas migrantes que si no tienen regularizada su estadía en el país, no se les deporte, que es un miedo que tienen ellas para poder ir a denunciar. Entonces, eso por ejemplo a nosotras nos parece que sí se puede implementar, pero ¿ataca la raíz? No.

Ver sesión del 18 de mayo de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputados y Diputadas: 

Lo que hay

¿El Ministerio de la Mujer y Equidad de Género cuenta con políticas públicas de acompañamiento para las víctimas colaterales de femicidio?

No cuenta con políticas públicas. Lo que existe hoy día es el Circuito Intersectorial de Femicidios (CIF) que fue creado con la finalidad de acercarse inmediatamente a quienes quedan tras un femicidio ocurrido en alguna ciudad, y entregarles algún tipo de apoyo jurídico y psicológico, facilitar el ingreso a ciertas atenciones, etcétera. Pero el CIF opera en la Subsecretaria de Prevención del Delito que depende del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Por lo tanto, está en un ministerio completamente distinto, y debiera estar radicado en el Ministerio de Mujer y Equidad de Género.

¿Qué tan eficiente ha sido la ejecución del CIF?

Hasta hace algunos años era demasiado azarosa la forma en que operaba. Por ejemplo, había lugares en donde actuaba muy bien el CIF acercándose inmediatamente a las familias, pero en otros lugares no era así, ni siquiera las familias sabían que existía. En este último tiempo, desconozco si está operando tan efectivamente y cómo lo está haciendo, no hemos hecho mayores investigaciones. Pero es lo único que existe.

¿El correcto funcionamiento del CIF tiene que ver con un tema presupuestario?

Me parece que tiene más relación con una visión global del problema de la violencia hacia las mujeres, porque a lo mejor podrían tener muchos millones de pesos, pero si no tienes claridad de que esta violencia no sólo tiene consecuencias en quien la está viviendo directamente, difícilmente puedes generar políticas públicas acordes a comprenderlo. Y actualmente, nada del aparataje estatal lo considera. Como hoy día [el Ministerio de la Mujer] es parte del comité político y se entiende que lo personal es político, y que la violencia hacia las mujeres es un problema político, esperemos que en el nuevo presupuesto se considere aumentar la glosa presupuestaria. Y para poder aumentar esta glosa tienes que ir con argumentos sólidos, algo que hasta ahora no ha sido así porque no ha habido una real reflexión de los problemas que tenemos las mujeres. Entonces, nos parece que ahora está la oportunidad de llegar con esos argumentos para que, cuando dividan las platas de Chile, se nos considere a las mujeres como primordiales.

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Las víctimas invisibles del Estado

¿Existe ya alguna legislación sobre el cuidado de los menores hijos e hijas de víctimas de femicidios?

No, no existe nada. Siguen rigiéndose por las leyes generales, y estas leyes dicen que quienes pueden tener la patria potestad son el padre, la madre, los abuelos paternos o los abuelos maternos. En este caso, si la madre es asesinada por el padre, este sigue teniendo la patria potestad, pero lo que no puede tener es el cuidado en caso de estar detenido. Por lo tanto, tienen prioridad los abuelos paternos y luego los abuelos maternos. Ante esto, se puede iniciar un proceso judicial en el cual, por ejemplo, los abuelos maternos pueden demostrar que van a estar mejor cuidados por ellos que por los abuelos paternos, y ahí el Tribunal de Familia es el que determina quién queda a cargo del cuidado. Por lo tanto, acá entra toda una disputa legal muy dolorosa después de haber existido un femicidio, y quizás ahí podría haber una legislación, una conciencia, un asesoramiento o un acompañamiento para esas personitas que quedan y que luego son disputadas judicialmente. Acá debe primar el bien superior de las niñas, los niños y les niñes. Si bien los procesos judiciales tienen esta idea en su recorrido, no siempre son tan amigables y cuesta que el derecho sea amoroso, y en estas situaciones se requieren procesos amorosos.

¿Existe por parte del Estado una violencia institucional hacia las víctimas colaterales de femicidio?

La violencia también puede ser por omisión, porque mucha gente se pregunta ¿qué es lo que está haciendo el Estado? ¿Cómo hemos visto que el Estado violenta directamente a las mujeres? Esto se ve cuando los procesos judiciales y los tribunales no se acogen a los tratados internacionales, y con esto están violentando directamente a las mujeres. Acá no podríamos mostrar qué es lo que está haciendo el Estado porque no hace nada; las víctimas están completamente invisibilizadas por el sistema, y eso es real. Y ahora pretenden cambiarlo con una legislación que empieza a visibilizarlos un poco más, pero en eso vamos a ser súper reiterativas y majaderas, porque mientras el sistema completo no se reestructure, seguirán siendo soluciones parches. Y la omisión de prestar los servicios y acompañamientos adecuados, por supuesto que genera una violencia institucional.

Tomar conciencia

¿Por qué cree que existen estas deficiencias por parte del Estado en temas relacionados a la violencia contra las mujeres?

Puede haber muchas teorías. Nosotras pensamos que hay una desidia por parte de la institucionalidad sobre lo que pasa con nosotras las mujeres. Estamos en una sociedad patriarcal en la cual se sustenta con el sometimiento y la dominación de las mujeres. Y a los Estados de libre mercado les conviene que las mujeres estemos convencidas de que todo lo que hacemos es por amor, porque así no tienen que pagarlo. Por lo tanto, esto está en la cultura y en las estructuras de la sociedad en la que estamos, y bajo esto las instituciones se forman y terminan siendo parte. Entonces, aquí hay una rueda que tiene que ver con el sistema económico, cultural, político y social en el que vivimos que está muy cómoda, y eso permea a todos. Y si trabajas en la administración pública y no te dedicas a mirar realmente la realidad territorial en que viven las mujeres de tu país, terminas entrando en esta misma rueda.

¿Por dónde hay que comenzar para que la sociedad tenga conciencia de que existe la violencia contra las mujeres y que finalmente se logre una vida libre de violencia?

Las feministas ya partimos, llevamos más de un siglo en esto. Y es importante reconocer el trabajo que han hecho nuestras ancestras y que seguimos haciendo nosotras permanentemente. Actualmente, hay mucha más conciencia de lo que es la violencia hacia las mujeres y hay mayor critica ante esto. Las mujeres denunciamos, pero no formalmente, sino que gritamos nuestros dolores, los ponemos afuera porque lo personal es político, como decía Julieta Kirkwood, y las demás vamos escuchando. Y si me molesta, me incomoda o me daña, no está bien, y eso vamos sociabilizando. Por lo tanto, hemos ido permeando a la sociedad con esto. Ahora, ¿cómo continuamos? ¿Cómo seguimos concientizando y permeando? Tenemos que convencer a toda la sociedad de que esto es real, que tiene que transformarse y proponer qué significa una vida libre de violencia. Y la institucionalidad es la que viene más atrasada y tiene que ponerse al día, dejar de decir: “Te violaron, entonces vamos a sancionar”, porque eso no es una vida libre de violencia. Una vida libre de violencia es que a nadie se le ocurra que puede violar a una mujer o a una niña, tiene que considerarlo aberrante. Por lo tanto, mientras convencemos a todos de que esta transformación es positiva vamos proponiendo qué es una vida libre de violencia. Y ahí cabemos todas para ir proponiendo.

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