A días de las elecciones del 16 de noviembre, la migración irregular se instaló como el centro de una campaña marcada por el miedo y el punitivismo, con candidatos de derecha que transformaron la inseguridad el caballito de batalla  político, dejando al país en un debate de identidad más que políticas públicas.

La campaña presidencial de este 16 de noviembre terminó convertida en un plebiscito emocional sobre la inseguridad, la delincuencia y, en ese mismo terreno, la migración irregular. Con cifras que hablan de más de 1,6 millones de personas nacidas fuera de Chile y 337.000 en situación irregular, el fenómeno migratorio se transformó en el insumo para que los candidatos de derecha levantaron un discurso que mezcla miedo, punitivismo y la promesa de fronteras fortificadas.

 En un país donde la seguridad llega cada conversación familiar, noticieros y redes sociales, la migración irregular pasó de ser un desafío estructural a convertirse en el eje de una campaña que cambió las prioridades del debate y la derecha leyó allí un camino comunicacional que podía capitalizar.

Los postulantes José Antonio Kast, Evelyn Matthei y Johannes Kaiser instalaron una narrativa que deja al migrante irregular como amenaza. Matthei propone una Policía Militar Fronteriza, penalizar el ingreso irregular y acelerar expulsiones; Kast, que hace unos años hablaba de la construcción de una zanja, ahora promete financiar hasta dos mil vuelos de repatriación; y Kaiser, el más extremo de todos en este discurso, corre el debate al castigo. 

En entrevista con AFP, Kaiser rechazó abiertamente el trabajo de las organizaciones de derechos humanos. Dijo que “siempre están protegiendo a terroristas, delincuentes y narcotraficantes”, y redefinió la defensa de los derechos humanos como la capacidad de evitar que “te asalten, te metan un cuchillo por la espalda, violen a tu mujer o abusen de tu hija en el colegio”, no como la obligación del Estado de garantizar estándares mínimos de justicia. También afirmó que le gustaría enviar a una cárcel de alta seguridad como la que opera Nayib Bukele a “extranjeros ilegales con antecedentes penales”, responsabilizó al gobierno de Nicolás Maduro por no recibir deportados y situó nuevamente la migración como eje del desorden nacional.

Son declaraciones que  encuentran resorte en un clima donde la inseguridad domina la agenda pública. Y dónde imágenes como la del cuerpo de un bebé encontrado en un baño de la terminal de buses de Iquique, caso investigado por la Policia de Investigaciones (PDI) a fines de octubre, alimentan la sensación de un país está fuera de control. En ese imaginario que muchas personas habitan, la migración irregular opera como el chivo expiatorio.

Desde la otra vereda, Jeannette Jara intenta proponer medidas como un censo biométrico para ordenar datos, fortalecer la integración laboral, modernizar el sistema migratorio y combinar control fronterizo con respeto a los derechos. 

El cambio demográfico de los últimos años -impulsada sobre todo por la llegada de personas venezolanas que escaparon de la crisis -ubicó a Chile frente a un desafío para el que no estaba preparado. En paralelo, miles de migrantes que ya construyeron su vida en Chile observan cómo esta elección los convierte en protagonistas.

Esta semana, en distintas regiones del país, organizaciones migrantes alertaron que el Estado está fallando en su deber más básico. En reuniones sostenidas con el Consejo de la Sociedad Civil del Servicio Nacional de Migraciones, dirigentes de Antofagasta, Tarapacá, Valdivia y Santiago describieron un escenario de abandono institucional que afecta a miles de personas que buscan regularizar su situación o solicitar refugio.

Desde Valdivia, por ejemplo, denunciaron que la oficina local funciona sin un director titular y que la atención municipal se diluye entre múltiples tareas, dejando a las familias sin orientación ni acompañamiento. En Antofagasta, el diagnóstico se repite: plataformas bloqueadas y horas de atención casi imposibles de conseguir. En Iquique, las advertencias fueron aún más graves: reconducciones de niños, niñas, adolescentes y mujeres embarazadas sin evaluar su vulnerabilidad. A eso se suma el testimonio de personas a quienes la PDI estaría negando el derecho a solicitar refugio.

Las organizaciones también manifestaron preocupación por el giro legislativo que busca entregar el control fronterizo a las Fuerzas Armadas -atribución propia de la PDI- y por los efectos que podrían tener reformas más restrictivas en las comunidades migrantes.

Ante este panorama, pidieron que el Servicio Nacional de Migraciones salga a terreno con urgencia.

En este debate, algunas voces advierten que el giro discursivo tiene costos profundos. Gabriel Guzmán, cientista político de la Universidad Alberto Hurtado y especialista en infancia, observa con inquietud la normalización de relatos antiderechos. Para él, se trata de un fenómeno global que se intensifica en periodos electorales y que promete soluciones simples a problemas complejos. Señala que son discursos “miopes y alejados de la realidad”, diseñados para satisfacer a un nicho más que para pensar un proyecto de país.

Guzmán sostiene que es legítimo discutir las políticas migratorias, pero recuerda que hay mínimos que no pueden relativizar. “No podemos estar discutiendo si niños, niñas y adolescentes, independiente de por qué llegaron o de su situación migratoria, pueden acceder o no a derechos básicos como salud, educación y alimentación”, afirma. Garantizar iguales oportunidades a todos los niños que viven en Chile, agrega, “es un piso humanitario del que no podemos retroceder”.