Entre 2010 y lo que va de 2022, unas 613 mujeres fueron asesinadas en contextos de femicidios. Esto se ha traducido en, al menos, 1.663 hijos, madres, padres, hermanos y tíos que se han visto afectados como víctimas colaterales. A pesar de que los gobiernos han dicho tener una política de tolerancia cero contra la violencia de género, el Ministerio de la Mujer funciona con uno de los presupuestos más limitados de todas las carteras, lo que implica un bajo financiamiento tanto para la prevención como para el acompañamiento de víctimas y su entorno. Más allá de las cifras, después de que una mujer es asesinada se abre un nuevo ciclo de violencia institucional, en el que el Estado no contempla a quienes sufren la pérdida, dejándolos a la deriva en procesos legales que no sólo tienen que ver con  lo penal, sino que también  con temas de herencias, tuición y otros. ¿Qué pasa con quienes quedan después de un femicidio? 

Por Laura Moreno y Rodrigo Arriagada*

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*Este reportaje fue realizado durante 2021 y parte de 2022, y corresponde a la Tesina de los autores para optar al título profesional en la Escuela de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado. El trabajo fue guiado por el profesor Juan Pablo Figueroa.

Lidia Díaz despertó la mañana del 28 de noviembre de 2020 y lo primero que hizo fue enviarle a su hermano mayor, Miguel, una foto por WhatsApp. En la imagen se detallaban las ayudas sociales que estaba ofreciendo el gobierno para paliar los efectos de la pandemia. Eran cerca de las 6:00 am, por lo que intentó seguir con su rutina. Al rato, él la llamó de vuelta:

–La Yanira ya no está. Se murió.

Lidia pensó que era una broma cruel. Yanira, su hermana menor, de 25 años, había vivido con ella la mayor parte de su vida. Se criaron juntas en las Aldeas Infantiles SOS, en Puerto Varas, y Lidia siempre la protegió. Eran tan cercanas que cuando Yanira egresó de la residencia, Lidia la invitó a vivir con ella en Concepción. También la ayudó a terminar el colegio y la acompañó durante el embarazo y en el nacimiento de B, su sobrino y único hijo de Yanira.

Incrédula aún, Lidia le insistió a Miguel que la comunicara con su hermana menor. Él decía que no podía, que realmente estaba muerta y que, según los primeros peritajes, había sido un suicido. Lidia colgó y tomó de inmediato un bus con destino a Puerto Montt, donde Yanira vivía, en el sector de Angelmó. Cuando llegó, se dio cuenta de que todo era cierto: tal como dice su certificado de defunción, Yanira falleció ahorcada poco antes de que Lidia enviara la foto a su hermano, a las 4:40 de la madrugada, apenas unos días antes de cumplir 26 años.

Lidia llegó al velorio de su hermana. Mirándola en el ataúd, era incapaz de cuadrar la situación. La conocía bien y sabía que, aunque en su adolescencia había vivido cuadros depresivos, jamás dejaría solo a su hijo de forma voluntaria. Por eso, tenía una sola certeza rondando su cabeza en ese instante: el suicidio de Yanira era una farsa; a su hermana la habían matado.

–¿Qué la hizo dudar de la versión inicial?

–Es que en ese momento la vi y no era ella. Tenía su cabeza completamente golpeada, hundida, y la nariz hinchada –responde Lidia.

Las fotos tomadas por los peritos de la Policía de Investigaciones (PDI) dan cuenta de eso. La piel lisa y trigueña de Yanira mostraba zonas hinchadas y amoratadas. A Yanira la encontraron en su hogar, sobre la cocina a leña, semidesnuda, con una uña faltante, la nariz quebrada y una contusión en su cabeza que terminó en fractura.

Aunque la PDI sostenía que Yanira Díaz había atentado contra su integridad, al igual que su hermana, su madre, Elisa Vera, sospechaba que no, que a Yanira la asesinaron y que todo apuntaba hacia Claudio Ballesteros, con quien llevaba una relación de aproximadamente 9 meses.

Semanas más tarde, tras exhumar el cuerpo y realizar una segunda autopsia, se confirmó que no había sido un suicidio, aunque su certificado de defunción aún lo señala como tal. Se estableció la tesis del femicidio y se abrió una investigación penal en la que el principal sospechoso era, precisamente, Ballesteros. Yanira Díaz se convirtió así en la mujer número 40 en ser asesinada en contexto de violencia de género durante 2020, según la estadística oficial del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género (MinMEG).

Lidia comenzó entonces a denunciar las irregularidades del caso en todos los espacios que encontró mientras con su familia se hacían cargo de B, de apenas 8 años. Con la lentitud de la justicia y la falta de resguardo hacia el menor, sin saberlo, pasaban a ser parte del grueso número de víctimas colaterales del femicidio en Chile, aquellas que el Estado no contempla en ninguna de sus políticas.

Desde que se tipificó por ley el femicidio como crimen en 2010, hasta el 11 de julio del 2022, han muerto en Chile 501 mujeres en expresiones de violencia de género, según las cifras del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SernamEG). No obstante, hay organizaciones feministas que contabilizan muchas más. Esto debido a que, hasta la modificación de la Ley de Femicidios con la llamada Ley Gabriela, sólo se consideraban como femicidios los casos dónde hubiese una relación conyugal o, al menos, de convivencia. Las organizaciones feministas, en cambio, identificaban esta acción como un atentado motivado por razones de género, lo que ampliaba considerablemente el espectro. En otras palabras, consignaron que diferentes crímenes que habían sido imputados como simples homicidios, tenían un sesgo de misoginia y que, por tanto, había que reconocerlos como femicidios.

En el Código Penal, el femicidio está definido como el delito en el cual un hombre mata a una mujer «que es o ha sido su cónyuge o conviviente, o con quien tiene o ha tenido un hijo en común»; «en razón de tener o haber tenido con ella una relación de pareja de carácter sentimental o sexual sin convivencia», o «en razón de su género». Pero pareciera ser que la institucionalidad no ha pensado en las personas que quedan después de que una madre, una hermana o una hija muere en un femicidio.

En ningún apartado de la Ley de Femicidio, de Violencia Intrafamiliar o en el segmento de menores del Código Civil hay referencias sobre el cuidado de menores en estos casos. Esto quiere decir que las familias de las víctimas directas no sólo tienen que disputar los procesos de custodia de los hijos de las mujeres asesinadas; en muchas ocasiones esto se suma a investigaciones negligentes, carencias económicas, dificultades psicoemocionales y disputas legales por herencias que, a veces, tienen como contraparte al mismo femicida.

A pesar de que las cifras oficiales contabilizan 909 víctimas indirectas de femicidio consumado entre 2014 –año en que comienza a sistematizarse esta información– y 2020, no hay todavía legislación existente para asegurar su bienestar económico ni psicosocial (hay un proyecto que se discute en el Congreso, pero aún en su etapa inicial). En definitiva, quedan a la deriva en una ruta que entremezcla los caminos legales y económicos con el dolor de la pérdida y el abandono del Estado. De ellos y ellas trata esta investigación.

Ni siquiera un PDF

A pesar de que en cuestión de semanas el caso de Yanira Díaz comenzó a tratarse como un femicidio, su hermana Lidia acusa falta de atención en el caso por parte del MinMEG. No es de extrañar, si se considera que el SernamEG consideró en su presupuesto anual 2021 apenas $65,5 millones para pagar honorarios de apoyo jurídico a las familias de mujeres víctimas de femicidios en todo el país, según respondió el servicio a una solicitud de acceso a información pública.. Esto representa cerca del 0,1% del presupuesto total de la cartera, que en 2021 alcanzó los $64.565 millones, repartido entre la Subsecretaría de la Mujer y el SernamEG.

El apoyo jurídico que ofrecen desde el SernamEG, dicen personas consultadas para este reportaje, en muchas ocasiones es deficiente y no son pocas las víctimas colaterales que terminan optando por abogados particulares para llevar sus casos. De hecho, en su respuesta, el mismo servicio reconoce que “al no ser un programa, la información solicitada sobre cobertura, prestaciones, duración de éstas y evaluaciones no existe”. Lidia Díaz, por ejemplo, cuenta que su experiencia con los servicios estatales dejó mucho que desear:

–Partimos el caso con un defensor público cuando todavía se trabajaba la tesis del suicidio. Cuando se confirmó el femicidio, nos llamó el fiscal Carlos Pincheira [de la Fiscalía de Puerto Montt] para indicarnos que nos pasarían un abogado del Servicio de la Mujer, pero luego el abogado dejó la institución y se suponía que iban a pasarnos a otro. Todavía estamos esperando que nos llamen.

Lidia optó por buscar un jurista de manera particular. Hoy la representa un amigo de su pareja como querellante en la causa que se tramita en el Juzgado de Garantía de Puerto Montt, para la cual en diciembre se extendió el plazo de investigación hasta marzo del 2022.

En todo caso, no todas las víctimas colaterales del femicidio lo experimentan igual. Para Paula Valenzuela, por ejemplo, el trato con los abogados públicos no ha sido tan complejo. Así cuenta vía telefónica, con voz agitada.

Dice que tiene poco tiempo para hablar y es entendible: se hace cargo de su hermano menor, de su propio hijo y también de dos de sus sobrinas, hijas de su hermana Soledad, quien fue asesinada en julio de 2020 en su domicilio en Doñihue, en la Región de O’Higgins. El femicida, después del crimen, quemó la casa para esconder la evidencia. Su caso fue el primero de ‘femicidio no íntimo’ juzgado en el país tras la ampliación de la ley de femicidios en marzo de 2020. Esto quiere decir que el asesino de Soledad no tenía una relación sentimental con ella.

–El caso está en nada –se lamenta Paula–. De hecho, me llamó hace poco la abogada y me dijo que el fiscal iba a pedir más tiempo de investigación, entonces, puede que recién sea hasta dentro de tres meses más.

Con la abogada hablan solo previamente a las audiencias de preparación de juicio oral. Ese es, indica Paula, el único aporte que ha hecho el Estado para acompañarla en su situación. Ni siquiera tuvieron algún tipo de ayuda para llevar a los testigos a declarar ante la PDI de Rancagua. Por suerte, las cuarentenas por la pandemia de Covid-19 la terminaron favoreciendo en ese sentido, porque la realización telemática de las audiencias le permitía asistir sin tener que ver dónde dejar a los niños ni cómo pagar pasajes.

Tras la muerte de su hermana, asesinada a los 29 años, no sólo ha tenido que hacerse cargo de llevar el caso adelante. El grupo familiar de Soledad estaba compuesto por C, el hermano menor de ella y Paula, que quedó a su cuidado tras la muerte de su madre. Con ello, Paula no solo se hizo cargo de él, sino que también de sus tres sobrinos: G de 8, V de 11 y M de 13. Ninguno de los niños fue testigo de la muerte de su madre. Semanas antes, Soledad había enviado a los menores con Paula, para poder trabajar sin riesgo de contagios. Los cuatro estaban en Santiago el día que Paula fue asesinada y quemada dentro de su hogar.

–Ha sido difícil porque soy sola. Yo tenía viviendo conmigo a G y llegó un momento en que no pude más, no me dio para cuidarlo, y por eso se fue con el papá. Cuando murió la mamá, él se puso como una guagua y yo trabajo, estudio y no me daba para cuidarlo. He tirado licencia médica porque me dio ansiedad y estrés. Ahora estoy recién volviendo a trabajar –cuenta Paula.

Las dos niñas mayores quedaron a su cargo. Su padre no forma parte de sus vidas después de que en 2010 Soledad escapara junto a su hija mayor, estando embarazada de la menor, por las agresiones que sufría por parte de su expareja. Con ella fallecida, ese hombre no sólo es actualmente el tutor legal de las niñas, sino que, como estaban casados, también le corresponde la administración de los ahorros previsionales que Soledad dejó en su AFP.

Después del femicidio, Paula puso a todos los niños en tratamiento psicológico particular. Comenta que son reacios a hablar del tema y que por lo mismo dejaron de asistir a terapia. En paralelo, puso un recurso de protección en favor de las niñas, porque no sabía qué hacer con ellas en términos legales. Como nadie del Estado la orientó, siguió las recomendaciones que le hicieron algunas personas cercanas. “Fue como que murió la Sole y los niños quedaron ahí no más”, recuerda.

Con la acción judicial interpuesta, comenzó el engorroso trámite para la adopción y las niñas empezaron el Programa de Diagnóstico Ambulatorio (DAM), que se acercó para hacer contención a las menores. Esto como parte procedimental tras la interposición del recurso de protección para la solicitud de custodia. Paula comenta que un amigo fue el que le recomendó poner el recurso y es gracias a eso que actualmente las niñas están en tratamiento y se le asignó el cuidado provisorio. Según la escasa información pública en torno al tema, la página web del Ministerio de Desarrollo Social define estos programas como una instancia que realiza evaluaciones a niños, niñas y adolescentes que hayan vivido algún tipo de victimización o que sean infractores de ley.

A Paula constantemente le han otorgado la custodia provisoria de las niñas. Para eso, si bien el Estado puede aportar con el abogado que lleve la causa a través de la Corporación de Asistencia Judicial, ella acusa que la espera para la atención es tal que prefiere hacer rifas para solventar los trámites legales respecto a sus sobrinas.

Lo complejo es que M y V no son las únicas niñas que quedan sin sus madres en contextos de femicidios. El Circuito Intersectorial del Femicidio (CIF), que coordina al SernamEG, a la Subsecretaría de Prevención del Delito, la PDI, Carabineros y el Servicio Nacional de Menores (Sename, hoy Servicio Mejor Niñez) actualmente es el único espacio de orientación estatal ante estos casos, pero por definición y tal como expresa el SernamEG en su respuesta a una solicitud de acceso a información pública para esta investigación, no tiene presupuesto porque funciona como espacio de coordinación.

El último informe, publicado a principios de diciembre de 2021, indica que 59 niños, niñas y adolescentes quedaron sin sus mamás durante 2020: 10 más que en 2019. Si se considera la estadística desde 2010, cuando se empezó a desarrollar el catastro, la cifra de todo el período sube a 635 menores (ver gráfico).

El hijo de Yanira Díaz, B, también se quedó sin su madre. Su papá vive en Taiwán, China, por lo que no lo ve regularmente. Tras el femicidio de Yanira, su familia evaluó que lo mejor era que él se quedara con su abuela, Elisa, en Puerto Montt:

–Yo me quería traer al niño –dice Lidia–, pero también sabía que era necesario que mi mamá calmara su pena. Ahora tiene un cuidado provisorio y su papá también ayuda a mi mamá con plata. Él y los amigos de mi hermana. Eso igual me alegra el corazón. Ella era muy querida y, con el B. allá, no se van a olvidar de su carita.

A la familia de Yanira tampoco le indicaron cómo llevar adelante los procesos para la custodia de B. De hecho, el menor no ha recibido ningún tipo de apoyo psicosocial por parte del Sename o cualquier otra institución pública a casi un año del asesinato de su madre. Por lo tanto, está en un limbo, sin que haya aún nada definitivo respecto a qué pasará con sus cuidados.

Tanto Paula Valenzuela como Lidia Díaz creen que el MinMEG debiese intervenir más en el tema de los cuidados a los menores: “No sé mucho de nada legal y yo pensé que el Ministerio de la Mujer apoyaría en eso. No te entregan ni un manual. Ni siquiera un PDF. No te ayudan en ninguna cosa con los niños”, dice Paula.

Este problema se ha vuelto generalizado. Patricia Varela es socióloga, experta en temáticas de género y directora de estudios de Isonoma Consultorías Sociales, un centro dedicado a la investigación social, evaluación de políticas públicas, asesorías y capacitaciones. Desde esa posición ha podido desarrollar distintos programas y estudios para el MinMEG:

–Los casos que pueden darse tras un femicidio son sumamente variados. Te encuentras con un niño o niña que su papá se mató, se va a ir preso o va a desaparecer; su madre está muerta y no hay una pensión. El Estado no sustenta la vida material de esas niñas y niños –asegura la especialista.

La situación se vuelve aún más compleja cuando el padre de los menores que han perdido a su madre o cuidadora, es el asesino. Al estar privado de libertad, el homicida y padre de los menores afectados no se hace cargo de sus obligaciones económicas con ellos por no estar generando ingresos por el cumplimento de condena o prisión preventiva.

Las pensiones de alimentos, si bien pueden establecerse contra personas privadas de libertad, no tienen posibilidad de ser cumplidas. En palabras del abogado de familia, Jaime Fuentes, “dentro de los recintos penales las personas privadas de libertad no tienen forma de generar ingresos”. Pero la solución a ese conflicto se encuentra en el Código Civil. Según lo establecido en el Artículo 232, son los abuelos de la línea del padre o madre que no provee quienes se deben hacer cargo de manera subsidiaria de esta pensión. Es decir, debe existir una demanda previa al padre para el pago de pensión y una vez establecida y constatada la imposibilidad del pago de estos alimentos, son los abuelos paternos quienes deben ser demandados para exigir el pago de los mismos.

En esta misma línea, la abogada penalista y socia del estudio jurídico AML Defensa Mujeres, Paloma Galaz, señala que las víctimas colaterales viven las consecuencias negativas del delito durante todo el proceso posterior a la comisión de éste. Este tipo de violencia se le conoce como victimización secundaria y, según Galaz, también tiene un énfasis en las mujeres:

–Cuando la mamá de un niño es asesinada, son probablemente otras mujeres las que se van a hacer cargo, y no hay apoyo material, entonces se profundiza la vulnerabilidad de estas familias. De hecho, ni siquiera se asegura un tratamiento de salud mental, siendo que cada vez que una mujer muere es porque el Estado falló.

 

Un fenómeno distinto

La foto de perfil de Lidia Díaz, tanto en su WhatsApp como en su cuenta de Facebook, es la misma: aparece un retrato de su hermana con la consigna “#Alerta Morada” y su nombre, Yanira Díaz. Abajo, en letras rojas con un fondo blanco se lee «No fue suicidio, fue femicidio».  Al lado, 25 años, la edad de Yanira, y el día de su muerte.

Tras velar a su hermana, Lidia fue junto a su madre, su hermano menor y un amigo de la familia a la casa donde Yanira vivía. Habían escuchado que había gente metiéndose al inmueble y decidieron ir a revisar. Ahí encontraron todo dado vuelta.

–Yo entré y supe lo que pasó ahí –recuerda Lidia–. Había cáscaras de papas tiradas, muchas latas de cerveza, cigarros apagados en el calefactor. Cualquiera que conozca a Yanira sabe que ella jamás habría hecho eso, ella no era así.

Gracias a una amiga de Yanira, supo que Claudio Ballesteros la golpeaba. Ella le mostró un audio a Lidia:

“Ahora ando cagada de miedo porque le rompí el vidrio– se le escucha decir a Yanira–. Amiga, hueón, tuve una noche de la mierda. El maricón culiao me arrastró en la parte de atrás de la camioneta; me sacó la chucha”.

Ahí, Lidia vio fotos que su hermana envió a su amiga posterior a la golpiza. Esas imágenes forman parte de las pruebas que tiene actualmente la Fiscalía de Puerto Montt para establecer que su hermana era víctima de violencia en el pololeo. Ella y Claudio Ballesteros llevaban una relación de entre nueve meses y un año.

La legislación chilena sólo considera los golpes en una relación cuando estos se dan en el marco de la convivencia, puesto que se enmarcan dentro de la Ley de Violencia Intrafamiliar. Además, solamente se considera delito cuando la violencia tiene resultado de muerte, o bien, se prueba su ejercicio habitual. Para la vocera de la Red Contra la Violencia hacia las Mujeres, la abogada Lorena Astudillo, esto es un problema enorme de la legislación y prevención en torno a la violencia de género:

–Nos parece un desatino que se le dé permiso a los agresores para hacer un hábito la violencia intrafamiliar. Para nosotras, la Ley de Violencia Intrafamiliar se estancó, han pasado 30 años desde su creación.

Ese, dicen varias expertas, es uno de los principales problemas para el tratamiento de este tipo de casos: la ley en Chile no considera la violencia contra la mujer de forma integral, sino que conforme se consuman distintos tipos de crímenes, se inicia un proceso judicial diferente, sin necesariamente considerar la dinámica de violencia ejercida por su victimario. Esto, por ejemplo, se evidencia en casos de suicidio femicida, donde hay una agresión psicológica constante hacia la víctima que opta por quitarse la vida.

Para la socióloga Patricia Varela, el problema es previo a la comisión del femicidio. Según ella, esta forma de enfrentar la violencia contra la mujer no permite al sistema establecer mecanismos de prevención eficientes:

–No hay un marco interpretativo que permita un abordaje integral, multisectorial, con la complejidad que requiere, y que aborde la situación de la violencia contra las mujeres en general y en la problemática del femicidio en particular. Eso, por supuesto, se traduce en que la oferta pública que tiene que ver con la prevención, con el abordaje y la reparación también sea súper insuficiente.

A pesar de esto, según la Ley de Presupuestos de 2021, el MinMEG destina por glosa poco más de $19.285 millones para la atención a víctimas de violencia de género. De esos recursos, el 95% va a parar a convenios con organismos privados que llevan adelante las políticas de acompañamiento. En prevención solo se gasta poco más de $1.200 millones.

Sin embargo, las políticas de prevención no han funcionado plenamente. De las 43 mujeres asesinadas durante 2020, 19 habían denunciado a sus homicidas por violencia intrafamiliar previamente. En cada uno de esos casos el Estado pudo intervenir para evitar las muertes, pero no ocurrió. Para Lorena Astudillo, esto es grave:

–Hay nula visión de prevenir. Lo que creo que esperamos las mujeres es no tener que vivir violencia, y la institucionalidad no lo promueve. No encontramos en la institucionalidad un espacio empático ni que sancione lo que les ha pasado a estas mujeres.

Varela considera que es clave que los programas de prevención aborden la fenomenología de los crímenes feminicidas y de género:

–Es el único delito en el cual la víctima ha tenido una relación con su victimario, donde muchas veces hay hijos en común, donde hubo un proyecto de vida compartido, por tanto, hay empatía y lealtades que hacen que la víctima también tenga un comportamiento distinto a si fuera víctima de cualquier otro atentado de violencia. Ante las primeras expresiones de violencia vienen esas preguntas: si yo denuncio, ¿cómo se alimentan mis hijos?

A pesar de la complejidad de estas agresiones, no todas las mujeres que denuncian femicidio frustrado tienen seguimiento. Según el último informe del Circuito Intersectorial del Femicidio, 13 de los 43 hombres que consumaron este crimen en 2020 tenían condenas previas por delitos relacionados a la violencia intrafamiliar, es decir, el 30,2%. El porcentaje desciende a un 23,2% cuando se habla de los 151 femicidios frustrados que se registraron ese mismo año.

Las mujeres denunciantes que son asesinadas y las mujeres violentadas que no se atreven a denunciar a sus victimarios, son reflejo de la misma realidad: el femicidio es en muy pocos casos el primer hecho de violencia dentro de una pareja. Cuando ocurre dentro de un grupo familiar, la víctima directa de violencia deja de ser sólo la mujer agredida y afecta a menores de edad que crecen en entornos de violencia. Cuando una mujer es asesinada, con o sin convivencia previa, las víctimas indirectas son quienes deben exigir justicia y cuidados, la mayoría de las veces en soledad, sin preparación alguna ni recursos suficientes.

–Cómo quedan los niños, cómo sufren, cómo la pasan después, si comen o no comen, a ellos no les importa. Yo tengo que arreglármelas sola para ver cómo comen, cómo viven, cómo estudian, todo; también los abogados, porque a mí nadie me ayuda del gobierno –dice Paula Valenzuela.

 

Prevención: una deuda del Ministerio

La Isla Caguach es una de las islas menores del archipiélago de Chiloé, a la cual se llega en un viaje de dos horas en lancha desde la comuna de Quinchao. Allí viven cerca de 550 personas. La localidad no tiene mayores particularidades, salvo por la Peregrinación del Cristo Nazareno que se realiza todos los años y que le da a los habitantes la posibilidad de generar ingresos por el fuerte turístico que este evento significa.

Mónica Mansilla vivía en el sector de La Capilla. Allí, en su vivienda, fue encontrada sin vida el 19 de diciembre del 2019. Los peritajes establecieron acción de terceros; Mónica fue agredida y asesinada. Su hija, Marcia Aro (35), cuenta que la noche anterior llamó a su mamá para ver cómo estaba. Se encontraba preocupada por ella, puesto que había tenido una relación de 17 años con Carlos Vivar, quien en reiteradas ocasiones la había agredido.

La noche anterior, recuerda Marcia, su madre iba a ir a la celebración de una licenciatura de octavo básico de la escuela de la isla. Tocaría su banda favorita, Los Indomables del Sur, un conjunto musical intérprete de rancheras que venía desde Quellón. Marcia le pidió que se cuidara y no durmió hasta pasadas las 3:30 de la mañana. A esa hora, su madre le comentó que ya iba camino a la casa y que podía despreocuparse, que no había pasado nada.

–Mi mamá era una mujer muy alegre, andaba siempre con esa vibra especial. Ella se había separado de Carlos hacía 17 días y por eso yo le decía que se cuidara, que dejara la luz prendida de la casa. Desde el término, era un sermón de todas las noches decirle que dejara las luces prendidas, que cerrara bien su casa. Tenía temor de que le pasara algo –recuerda.

Marcia se despidió de su mamá. A la mañana siguiente, no se llamaron. Como Mónica había estado de fiesta, su hija pensó que lo mejor era dejarla dormir hasta tarde y ocupó su día haciendo trámites. A las 4 de la tarde recién sonó su teléfono: su tía la llamaba para informarle que Mónica estaba mal, que le habían infligido heridas y estaba pronta a fallecer. A kilómetros de Isla Caguach, en la comuna de Dalcahue, Marcia se desesperó. Al rato, una prima enfermera, la contactó, también vía telefónica:

–Marcia, no pude hacer nada con la tía.

En medio de la angustia, la primera persona que se le vino a la cabeza fue Carlos. Lo llamó y le preguntó qué le hizo a su madre. Le sacó en cara los 17 años de abusos contra ella, pero él aseguraba no haberle hecho nada. A los días fue detenido como principal sospechoso del femicidio de Mónica Mansilla.

–Mi mamá había hecho varias denuncias, pero siempre las retiraba. Él decía que iba a cambiar, que no le iba a volver a hacer daño. Muchas veces salió mal parada con nosotras por defender a Carlos y yo creo que también el miedo le ganó, por eso retiraba las denuncias –cuenta Marcia.

Al revisar el fallo del caso, dentro de los antecedentes aparecen diferentes episodios de agresión de parte de Carlos a Mónica. El 24 de abril de 2019, por ejemplo, Vivar chocó en su camioneta con el auto que su pareja manejaba, sin prestarle ayuda. El 22 de noviembre del mismo año durante una discusión, él quemó el celular de Mónica y luego la persiguió con un cuchillo por toda la pampa. Tras este episodio, terminaron su relación.

A pesar de los antecedentes de violencia y de la acción de terceros vinculada a la muerte de Mónica, ella no está en el registro de femicidios de 2019 y el Tribunal Oral en lo Penal de Castro absolvió a Carlos Vivar por falta de pruebas. Tras alcanzar la libertad, Vivar se trasladó a vivir a Dalcahue, comuna en la que viven Marcia y sus hermanos. Los hijos de Mónica solicitaron la nulidad del juicio en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, la que fue aceptada. Actualmente, Vivar se encuentra con medidas cautelares de arraigo nacional y firma quincenal

A Marcia son varias las cosas que le hacen ruido al pensar en el caso de su madre. La primera es cómo no hubo intervención del Estado cuando su madre denunciaba violencia intrafamiliar. Cuenta que en cada uno de los partes de constatación de lesiones, la sigla VIF aparece dentro del registro.

–¿Nunca hubo ninguna institución que hiciera un seguimiento, aunque ella retirara las denuncias?

–No. Yo no sé cómo es posible que, estando la información ahí, nadie haga nada. Todos en la isla sabían lo que a mi mamá le pasaba.

La prevención ha sido el gran talón de Aquiles de las políticas elaboradas por el MinMEG La vocera de la Red Chilena Contra la Violencia hacia las Mujeres, Lorena Astudillo, lo plantea del siguiente modo:

–El ministerio ofrece la denuncia como única solución a la violencia contra la mujer. Sin embargo, cuando vamos, nos encontramos que solo podemos hacerlo cuando es ejercida por nuestra pareja. En el caso de que se quiera denunciar al pololo, si no vivimos juntos ni tenemos hijos en común, queda prácticamente en nada. Si queremos denunciar a los tipos que nos dan un agarrón en la calle, te piden el nombre, la dirección y todos los antecedentes. Si no, queda en nada. Si se quiere denunciar al vecino que se masturba cada vez que pasas, queda en nada. Entonces, cuando la ministra dice a las mujeres ‘vayan a denunciar la violencia’, no dicen que sólo es denunciable la violencia intrafamiliar, por lo tanto, la violencia está enmarcada en un contexto de convivir con una pareja o de tener hijos en común.

Los cuestionamientos a la capacidad del MinMEG y a sus respectivas instituciones derivadas (Subsecretaría de la Mujer y Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género) han prevalecido en el tiempo. Durante el aumento de violencia intrafamiliar vivido en 2020 por las cuarentenas, la implementación del protocolo Mascarilla-19, para que las mujeres denuncien en farmacias en caso de ser agredidas, fue duramente cuestionado por inconsistencias en su aplicación, tal como dio cuenta una investigación de CIPER. Como ya se adelantó en esta investigación, el SernamEG otorga anualmente poco más de $1.210 millones para estos efectos. Estos son otorgados al sector privado, encargado de generar consultorías y asesorías y campañas.

Para la Ley de Presupuestos del año 2022, se dispuso un aumento hacia los $1.264 millones, es decir, de tan sólo 4,5%. Tal como en 2021, los recursos serán otorgados a privados para la ejecución de los programas. Patricia Varela considera que la educación de los hombres es fundamental en este aspecto. En ese sentido, rescata el trabajo realizado por los Centros de Reeducación Para Hombres que Ejercen Violencia. Sin embargo, les pone un pero:

–Son programas súper recientes, no hay evaluaciones de impacto en los resultados de eso y tienen un problema, que es que los hombres tienen que aceptar que son violentos para entrar, porque el ingreso es voluntario.

Ese antecedente tiene un aterrizaje clarísimo: de los 384 femicidios ocurridos entre 2020 y 2011, al menos 130 contaban con denuncia previa (ver gráfico). A este dato no se le puede dar un techo, puesto que desde 2011 a 2013 sólo consideraban en los informes los femicidios consumados con medidas cautelares.

El énfasis se ha puesto, en algunas ocasiones, en la búsqueda de reparación a las víctimas colaterales. Actualmente, la madre de Yanira Díaz recibe acompañamiento psicológico por parte del SernamEG en Puerto Montt. Del mismo modo, Marcia Aro comenta que su hermana fue apoyada también para enfrentar el duelo por su madre.

–Se hicieron muy presentes desde el SernamEG para ayudar a mi hermana, que estaba embarazada en ese momento. La apoyaron psicológicamente para enfrentar toda esta situación –dice Marcia.

Es cierto que el Estado acompañó a una de las hijas de Mónica, pero no todos corren la misma suerte. Si bien en este caso, los tres hijos eran mayores de edad y uno de ellos recibió atención psicológica inmediata y gestionada desde el Estado, en reiteradas ocasiones las familias viven calvarios judiciales entremezclados con el desamparo económico. ¿Qué ocurre cuando las víctimas colaterales son niños, niñas o adolescentes?

 

Niños abandonados

Según datos obtenidos desde el SernamEG, durante 2020 fueron 715 los niños, niñas y adolescentes los que ingresaron junto a sus madres a Casas de Acogida. Esos menores son todos víctimas colaterales de femicidio frustrado y que, por cierto, también se ven impactados a diferentes secuelas. Para Patricia Varela, de Isonoma Consultorías Sociales, el diagnóstico es claro:

–Son niños que crecieron en un entorno donde la violencia en la pareja estuvo normalizada, más allá de la reparación de la pérdida de la madre, que ya es terrible en sí misma para cualquier ser humano; más todavía en la infancia. Además, hay que hacer un trabajo con esos niños y niñas para poder, de alguna manera, reconstruir que existe otra forma de relacionarse en la pareja, que la violencia no era normal.

La legislación chilena no contempla planes de reparación o de apoyo socioeconómico para los menores de edad víctimas colaterales de un femicidio. En ese sentido, no existe instancia formal de apoyo para niños, niñas y adolescentes y, para atención psicológica, se terminan plegando a otras iniciativas públicas según sea cada caso.

Actualmente, se encuentra en el Congreso un proyecto de ley presentado el 18 de diciembre de 2020 por la diputada comunista Karol Cariola, el cual busca garantizar condiciones básicas para el sustento material de aquellas víctimas colaterales del femicidio. Para la parlamentaria, “niños, niñas, hijos o hijas quedan completamente desamparados, familiares, hombres y mujeres, padres, madres, nietos, sobrinos, familiares directos que viven las consecuencias no sólo del dolor, sino también de no tener la reparación necesaria en términos de trabajo, vivienda; quedan con deudas gigantes porque a veces los juicios tienen que correr por cuenta propia, etcétera. Son muchos los puntos en que hoy en día este proyecto de ley viene a plantear y poner sobre la mesa la necesidad de construir justicia y reparación integral”.

En esa línea, el proyecto de ley, que contó también con el apoyo de diferentes parlamentarias de oposición, pretende garantizar condiciones que permitan el acceso a la justicia, asesorando y acompañando a las familias en todos los procesos judiciales relacionados al femicidio, y generar condiciones que permitan reparar y garantizar condiciones de no repetición mediante acciones de desagravio.

Este proyecto fue realizado en conjunto con la Agrupación de Familiares de Víctimas de Femicidio. Ana Fuentes, que preside esta instancia, comenta que el proyecto de ley también busca suspender todos los derechos paternales de aquellos investigados como autores de un femicidio, para evitar el contacto de un homicida con sus hijos:

–Estamos pidiendo varias cosas, por ejemplo, que el femicida pierda la potestad de cuidar a sus hijos, porque los niños no tienen por qué ir a visitar al asesino de su mamá.

El proyecto de ley también le entrega la responsabilidad al Estado de garantizar a las personas dependientes de la víctima de femicidio y de quienes se hagan cargo de sus cuidados, vivienda, acceso a prestaciones de salud y educación en todos los niveles.

Esto hace sentido al ver las cifras de sistematización más reciente: el Circuito Intersectorial del Femicidio (2019) estableció que hubo 19 casos consumados dónde víctima y victimario tenían hijos e hijas en común, 10 casos dónde el hijo es solo de la víctima y 7 sólo del victimario. En los femicidios frustrados hubo 44 casos donde había hijos e hijas en común, 51 casos donde había hijos/as que eran sólo de la víctima y 21 casos sólo del victimario. Es en estos casos donde el SernamEG pone el acento.

Según indicaron en un oficio entregado a la Defensoría de la Niñez –al cual tuvimos acceso vía Ley de Transparencia–, «en el caso de los dispositivos programáticos de la red SernamEG, el perfil por Orientaciones Técnicas de todos ellos, es igualmente para mujeres mayores de 18 años para su representación jurídica, por tanto, el registro de NNA atendidos, y como se ve en la primera parte de este respuesta, está referida principalmente en los/as NNA que ingresan junto a sus madres a las Casas de Acogida de Pareja o a la Casa para Mujeres Vulneradas por el Delito de Trata de Personas o Mujeres Migrantes en Situación de Explotación».

Por su parte, el nuevo Servicio Mejor Niñez –continuador del Sename en materia de protección de NNA vulnerados–, no ha querido dar respuesta a preguntas planteadas para este reportaje, ni sus portavoces han accedido a una entrevista. Sin embargo, desde una perspectiva académica, el psicólogo y experto en desarrollo infanto-juvenil, Felipe Lecannelier, tiene varias cosas que aportar. Considera que hay una falta de criterio enorme en la forma de establecer prioridades en el cuidado de los menores dentro del país:

–En general, el rol del Estado es bien paradójico porque el financiamiento, las políticas públicas y los programas están destinados a niños no de extremo sufrimiento, como es el caso de los hijos de víctimas de femicidio. Hay una contradicción porque mientras más extrema es la situación del niño, mientras más traumática, existe menos ayuda del Estado en financiamiento, programas y políticas públicas. El Estado chileno ha olvidado las experiencias traumáticas, no sólo de los niños, sino que también de los adultos.

Bien lo sabe Paula Valenzuela, que tras quedar como responsable de sus sobrinas no sólo ha tenido que darles manutención, sino también enfrentar todo el proceso de adopción. El abogado de familia, Jaime Fuentes, explica que un caso de estas características puede durar entre cuatro y cinco años. Esto, debido a que primero hay que establecer, a través de peritajes, que los menores están en susceptibilidad de ser adoptados:

–Los procesos de adopción en Chile son bien engorrosos por esto mismo. En la etapa de susceptibilidad hay que demostrar que los padres no son aptos para el cuidado, no están presentes o están fallecidos y eso los convierte en menores sin tutor legal. Esto es con muchos trámites entre medio; audiencias, peritajes, informes socioeconómicos, psicológicos, entre varios más.

Además de esta problemática, muchas veces el patrimonio que poseían las madres no puede ser usado por los hijos. Un fenómeno que se repite es que el cónyuge, tras asesinar a su esposa, queda como heredero de sus bienes. Ana Fuentes denuncia que esta situación es bastante recurrente dentro de la agrupación que representa:

–Muchas veces nos ha tocado ver que los asesinos de las víctimas venden las propiedades que eran de ellas o usan sus fondos de pensiones para pagarse un defensor. Creemos que esta situación es inaceptable.

La abogada Margreth Arriagada comenta que esto es solucionable a través de una causa de indignidad. A través de sus años de experiencia en tribunales civiles, comenta que, si bien el femicidio no es una causa de indignidad, se podría sostener una causa de estas características por medio del numeral primero del artículo 968 del Código Civil: “La demanda penal se puede dar en simultáneo de la demanda civil, pero se necesita culpabilidad en la primera para poder ganar la segunda”, comenta. Esto es un problema si se considera que la resolución de casos de femicidio puede demorar hasta dos años en ser cerrados.

–En todo caso, llevo cinco años trabajando en el tribunal y nunca he visto una indignidad. No sé si es porque la gente no usa el procedimiento o qué, pero por mis manos nunca ha pasado una.

 

Investigaciones negligentes

El 24 de agosto de 2020 Nancy Cortés, de 55 años, pudo escuchar un veredicto que llevaba dos años esperando: Erwin Aedo Soto fue hallado culpable del homicidio de su hija, Paola Alvarado, a quien asesinó en Curacautín. El caso ocurrido en 2018, previo a la creación de la Ley Gabriela, no se abordó desde una perspectiva de género porque en esa época solo se configuraba femicidio cuando había una relación de convivencia o de cónyuges entre la víctima y el victimario.

Paola, madre de un hijo, era trabajadora sexual. Nadie de su familia sabía que se dedicaba a eso. En un viaje de trabajo acordó un horario con Aedo, quien –de acuerdo con su propia declaración– tras haber accedido al servicio, se negó a pagarle los $400 mil que habían acordado. La discusión fue en escalada hasta que él la golpeó, la mató y, según sus palabras, “la tiré al Río Dillo”.

Nancy recuerda que esperaba a su hija de vuelta en Santiago con un ceviche, pero ella no llegó. El día pasó y comenzó a asustarse, puesto que Paola no contestaba el teléfono. Al día siguiente una amiga de su hija, con quien había viajado a Temuco, le contó a qué se dedicaba Paola, que se había reunido con un cliente en Curacautín y que no había vuelto al hostal en días. Para Nancy esto es fundamental para entender la negligencia en la que cayó la PDI investigando el caso:

–Si mi hija hubiese sido, no sé, de otra clase social, no la habrían tratado así. Imagínese usted, por ejemplo, de la Fernanda Maciel cuántas cosas dijeron y terminó siendo el vecino quien la enterró a cuadras de su casa.

Tras el asesinato de Paola, Nancy comenzó a viajar continuamente a Curacautín. Allí comenzó a tejerse una red de ayuda hacia ella. Cada vez que iba, más gente sabía de su caso y la acompañaba en las búsquedas. Cada vez eran más personas quienes le ofrecían alojamiento y alimentación. En medio de toda esa red de solidaridad, el trago más amargo de la búsqueda fue cortesía de la PDI.

Nancy recuerda que no la dejaron poner la denuncia por presunta desgracia. Ahí, según ella, partió todo mal. Para la búsqueda de su hija no se hicieron georreferencias con los teléfonos ni se buscó en lugares cercanos al trabajo de Aedo. Recorriendo esa zona en búsquedas que Nancy gestionó, encontraron una zapatilla de su hija que tuvo que ir a dejar directamente a la PDI, puesto que ningún funcionario llegó a levantar la evidencia. A los días encontraron sangre de Paola en el auto de Aedo.

–Cuando encontraron eso, me dijeron que venían acá a la casa a buscar más cosas de la Paola: cepillo de pelos, cepillo de dientes, por el ADN. Pasó una semana y no venían. Yo llamé al fiscal para ver qué pasaba. Le dije que si no venían, yo iba a ir hasta la plaza de Curacautín a quemarme a lo bonzo. No me iba a quedar así. –recuerda.

No es la primera vez que se generan dificultades en las investigaciones relacionadas a muertes de mujeres. En el caso de Yanira Díaz, por ejemplo, las negligencias en la investigación permitieron que el caso se cerrara en una primera instancia a través de un suicidio simulado. La familia presionó para que se exhumara el cuerpo y se realizara una segunda autopsia, que demostró que sí hubo intervención de terceros en el deceso de Yanira; en el caso de Mónica Mansilla, la familia tuvo que pedir la nulidad del caso y si extendemos la mirada a otros asesinatos y desapariciones de mujeres, hay casos de evidente negligencia como la desaparición y posterior hallazgo de Viviana Haeger o el crimen contra Nicole Saavedra.

Lorena Astudillo considera que esto se debe a una desidia por parte de las entidades investigadoras y lo ejemplifica con el caso de Nicole:

–El mismo equipo, que investigó el asesinato de Nicole, investigó el de Nibaldo [Villegas], el profesor asesinado en la Quinta Región. En una semana, ya habían cruzado todas las antenas telefónicas; tenían las escuchas; lograron saber cada uno de los puntos en donde los asesinos habían andado, incluso sabían en qué playa habían intentado quemarlo, y tenían a los testigos. Con Nicole se demoraron años en cruzar las antenas telefónicas, años en revisar su teléfono. Luego de revisarlo se dieron cuenta de que nunca dejó de funcionar. Recién ahí revisaron el IP y llegaron a donde estaba el asesino, pero en eso demoraron tres años, en algo que se les pidió insistentemente que hicieran.

Para la abogada Paloma Galaz, esto es parte de un problema estructural. Ella indica que, frente a hechos de este tipo, quienes están a cargo son las fiscalías y que son ellos quienes ordenan las diligencias. Esto, sin perjuicio de que las policías tienen que estar capacitadas para estos casos:

–Las recomendaciones internacionales indican que quienes llevan estos casos debiesen ser altamente calificados. Es fundamental que, ante estos casos, la primera teoría debe ser el femicidio, porque hay mucho material probatorio que puede perderse si se comienza con una tesis más leve.

Según información entregada a través de la Ley de Transparencia, desde la creación del Circuito Intersectorial del Femicidio, 53 de estos crímenes consumados no han sido asesorados por el Sernameg. 181 sí lo fueron y 83 no pudieron asesorarse porque el agresor se suicidó.

 

Lo último

Han pasado poco más de tres meses desde que Erwin Aedo Soto fue sentenciado a 14 años de prisión por su delito contra Paola Alvarado. Se le aplicó la pena de presidio mayor en su grado medio debido a que, a pesar de haber asesinado a Paola tras contratar sus servicios sexuales y negarse a pagar la suma acordada, con la legislación vigente al momento del delito se habría tratado de un simple homicidio y se habría desestimado el sesgo de género.

Al preguntarle a Nancy, madre de Paola, cómo se encuentra, dice que está bien, que ya está en casa y sin ninguna novedad. Al consultarle cómo ha sido el proceso, dice que se da cuenta de que se va quedando sola. A tres años de la desaparición de Paola, cada vez tiene menos recursos para hacer las búsquedas y cada vez menos gente la acompaña. Nancy entiende que buscar a una persona que lleva tanto tiempo perdida deja de ser una prioridad.

–Me siento muy sola, abandonada totalmente. Este hombre fue condenado a 14 años y no entregó el cuerpo de mi hija porque no tuve el dinero suficiente para pagar un buen abogado, entonces, igual es una angustia muy grande, ya que tengo pensar cómo vuelvo de nuevo al sur con recursos, buscar gente. Todo lo he hecho yo. Todas las noches tengo pesadillas de que estoy preparándome para la búsqueda y me despierto muy temprano.

El Tribunal Oral en lo Penal de Temuco declaró a Aedo Soto culpable de homicidio simple, pero fue absuelto de los cargos de homicidio calificado y secuestro. En la instancia, el fiscal jefe de Curacautín, Iván Isla, destacó el fallo condenatorio a pesar de no tener el cuerpo de la víctima, considerándolo un hito en términos jurídicos. Lo que para el fiscal es una respuesta inédita para la justicia, para Nancy sigue siendo una herida abierta:

–A ella la extraño demasiado, me hace mucha falta. Me duele no poder cerrar un ciclo con ella, no poder aprovechar los veranos para salir a buscarla porque cada vez me cuesta más. Por recursos, por todo. No sé, quizás debería bajar los brazos, no seguir, pero es algo muy triste para mí no poder viajar y buscarla.

Tras esa reflexión, la conversación con Nancy sigue y a ratos entra en banalidades. Al rato comenta que está esperando que se apruebe en el Congreso el cuarto retiro del 10% de los fondos de pensiones para viajar a Curacautín y seguir revisando el terreno donde encontró la zapatilla de su hija. Cabe destacar que los peritajes arrojaron que el cuerpo de Paola Alvarado Cortés no fue arrojado al río. Por eso sigue abierta la investigación contra Erwin Aedo Soto por inhumación ilegal.

En el caso de Yanira Díaz, su hermana Lidia está a la espera de que comience el juicio contra Claudio Ballesteros. El 26 de noviembre se le notificó desde la Fiscalía Local de Puerto Montt que el 2 de diciembre se realizó una audiencia de ampliación de la investigación. A principios de julio del 2022 le confirmaron que el 1 de agosto comenzará el juicio. Al alargarse los peritajes, Lidia se contactó con distintas orgánicas feministas, medios y organizaciones de la sociedad civil para una agitación durante el día de la audiencia. Dice que la única forma de obtener justicia es haciendo ruido.

Paula Valenzuela, hermana de Soledad Valenzuela, está expectante a la próxima audiencia de renovación de custodia provisoria de sus sobrinas. Aún no se realiza el juicio contra el asesino de su hermana, que se ha aplazado hasta enero y sabe que el proceso para optar a la adopción de sus sobrinas durará bastante tiempo. La hija de Mónica Mansilla, por su parte, prepara lo que será el nuevo juicio contra quien, asegura, le quitó la vida a su madre. Tanto ella como sus hermanos menores se han encontrado con Carlos Vivar en la calle en reiteradas ocasiones:

–Yo hubiese esperado que por último le pusieran alguna prohibición de andar por ahí, porque para nosotros es fuerte verlo en la calle, el supermercado o tomando el colectivo. –dice Marcia.

Al 31 de noviembre del 2021, 43 femicidios fueron consumados. De estos, 11 víctimas eran madres de niños, niñas o adolescentes, dejando un saldo de 15 menores que perdieron a sus madres por violencia de género y un niño asesinado junto a su madre.

A pesar de la urgencia de establecer una ley de cuidados para las víctimas colaterales, el proyecto de ley presentado por la diputada Cariola en enero de 2021 recién comenzó a ser discutido en la comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputados y Diputadas en mayo de este año. Ana Fuentes, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Víctimas de Femicidio se lamenta de esto: “Es como si nos hubiesen tirado para la cola y nuestras familias necesitan el apoyo ahora”, indica.

A pesar de las dificultades y contratiempos, ni Paula Valenzuela, ni Marcia Aro, ni Lidia Díaz ni Nancy Cortés han dado marcha atrás en su búsqueda de justicia. Nancy resume sus motivaciones de la siguiente manera:

–Esto no se trata sólo de mi hija. Hay que seguir en la lucha por todas.

 

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Esta investigación se realizó gracias a la ayuda inconmensurable de diferentes organizaciones sociales, a los testimonios desinteresados de Lidia, Marcia, Nancy y Paula, que compartieron sus relatos con nosotros y a distintos académicos y profesionales que otorgaron sus apreciaciones sobre las falencias de las leyes y políticas públicas de nuestro país. Ni el Servicio Mejor Niñez, ni el Servicio Nacional de la Mujer ni la Defensoría de la Niñez quisieron hacerse parte de esta investigación, alegando problemas de agenda o, simplemente, ignorando nuestros acercamientos.

El cuerpo de Claudia Cordero Rivero (36), madre de dos hijos, fue encontrado el lunes 10 de enero. La Policía de Investigaciones realiza la investigación ante un eventual femicidio perpetrado por su esposo, quien se suicidó. Claudia Cordero fue la primera mujer víctima de femicidio de 2022 y sus hijos, de 6 y 14 años, engrosan el registro de víctimas indirectas menores de edad.