En diciembre de 2019, a dos meses de haber comenzado el estallido social, más de 200 municipalidades agrupadas bajo la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) realizaron una consulta ciudadana simultánea a nivel nacional para identificar los temas que motivaban la revuelta que partió el 18-O. Fue el primer esfuerzo político para entender y organizar las demandas ciudadanas que dieron origen al malestar de octubre. En la consulta participó más de un millón de personas, quienes señalaron como principales preocupaciones el cambio constitucional, la mejora de las pensiones y calidad de vida de adultos mayores, el sistema de salud pública y el acceso a una educación pública de calidad, entre otros. Hoy, ese proceso que prometía transformarlo todo ha dejado la sensación de que todo sigue igual, o incluso peor. ¿Cuánto han cambiado o no cada una de esas áreas en estos últimos cinco años?
Por Diego Carmona y Enzo Fiorentino
“Chile despertó”, decía la consigna que resonaba por las calles, se incluía en canciones y se rayaba en las paredes de Santiago y las principales ciudades del país a partir del 18-O. Miles; cientos de miles; millones de personas salían a las calles, gritaban, golpeaban cacerolas, enarbolaban banderas, marchaban y/o se manifestaban como podían por las causas que los movilizaban. La mayoría de forma pacífica, muchos otros con violencia y destrucción. Por sus frustraciones y sus necesidades insatisfechas, por las injusticias del sistema, las inequidades, las brechas de género y socioeconómicas, por el medioambiente, por la salud, por la educación, por el costo de la vida, por las carencias, por lo insuficiente, por derechos no garantizados y más. Por las fallas estructurales de un modelo que se venían arrastrando desde hacía tres décadas o incluso más tiempo, y que se habían acumulado y agrupado hasta explotar todas juntas y al mismo momento, como una olla de presión.
Lo espontáneo, inorgánico y transversal que fue el estallido también implicó que fuera, sobre todo al comienzo, un cúmulo de demandas sin forma ni dirección, sin unidad ni organización, y sin interlocutores ni líderes identificados ni validados con quienes sentarse a conversar y trabajar vías para darles respuesta y buscar soluciones desde la institucionalidad. El 15 de noviembre de 2019 ya se había alcanzado un acuerdo político para dar curso a un proceso constituyente y cambiar la Constitución vigente desde 1980, nacida en plena dictadura de Augusto Pinochet, pero eso no calmó las aguas y las protestas y enfrentamientos seguían allá afuera. ¿Cómo se podía abordar políticamente y de forma efectiva algo tan amplio y desordenado si no se podía siquiera saber cuáles eran concretamente esas demandas?
Precisamente para dar respuesta a esa pregunta y tener algo sólido para establecer puntos de partida, fue que la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), presidida en ese entonces por el alcalde de Puente Alto, Germán Codina, llevó a cabo entre el 10 y el 15 de diciembre de ese año una consulta ciudadana amplia para identificar, medir y encausar las diversas inquietudes que motivaban la revuelta social. Si bien no sería un instrumento vinculante, según decía Codina por esos días, pretendía ser un mecanismo para levantar información directamente desde las personas y así hacer que “La Moneda y el Congreso escuchen al pueblo”.
Participaron unos 225 municipios (el 65% de los que hay en el país) que implementaron el instrumento con libertad para adaptarlo a las características que más se adecúen a sus realidades. Había preguntas comunes y otras específicas para cada municipio, y podían participar personas desde los 14 años en adelante. Hubo durante esos días voto electrónico remoto y presencial, y en total fueron más de un millón de personas las que emitieron sus preferencias, entre adolescentes y adultos.
Los resultados mostraron una aplastante tendencia de la ciudadanía a favor de una nueva Constitución, con un 91% de los votos a favor. Como ya se sabía que habría un plebiscito de entrada que definiría si iba o no el proceso constituyente y cómo se haría, también se sondeó aquello: el 71% optó por una Convención Constitucional integrada en su totalidad por ciudadanos/as electos íntegramente para este efecto; versus un 28% que prefería una Convención Mixta constitucional constituida en partes iguales por ciudadanos electos, y parlamentarios en ejercicio. El mensaje era claro: Chile necesitaba una nueva Carta Magna y que la hicieran las personas, no los políticos.
También se identificaron las principales prioridades de chilenos y chilenas para encausar el trabajo a realizar, ya sea por la vía constitucional, la política o la administrativa. Un 23,9% priorizó mejorar las pensiones para dignificar la calidad de vida de los adultos mayores, seguido de un 24% que enfocó sus preferencias en mejorar el sistema de salud pública y su financiamiento. Un 16% se inclinó por un mayor acceso y calidad en la educación pública, mientras que otras preocupaciones importantes incluyeron la reducción de la desigualdad, la corrupción y la delincuencia, el cuidado del medio ambiente, y el acceso a viviendas de calidad, entre otros temas.
A cinco años del estallido, la esperanza de cambios profundos que había tras las masivas movilizaciones se ha diluido, y la percepción ciudadana de haber logrado con todo eso pareciera estar en su nivel más bajo, con la sensación de que hoy Chile está igual o incluso peor que el día antes del 18-O. Una encuesta de Cadem realizada en diciembre de 2019, señalaba que un 74% de los encuestados creía que Chile sería un mejor país después del estallido. Hoy, el 63% cree que ocurrió todo lo contrario y que el país está peor. ¿En qué quedó todo eso que la consulta de la AChM puso sobre la mesa? ¿Cuánto se ha avanzado y cuánto no en las principales demandas ciudadanas que motivaron la revuelta?
Puroperiodismo revisó algunas de esas áreas para intentar responder esas preguntas, y lo que sigue es lo que encontramos.
Nueva Constitución: el cambio que no fue ni a la primera, ni a la segunda
“Un triunfo de la ciudadanía y la democracia”, declaró el entonces presidente Sebastián Piñera tras el abrumador 78% de apoyo al “Apruebo” en el plebiscito del 25 de octubre de 2020. Con niveles de participación históricos, Chile elegía dar curso a un proceso constituyente a cargo de un órgano constituido exclusivamente por ciudadanos y ciudadanas electas para redactar una nueva carta fundamental.
Parecía que la demanda de construir un nuevo pacto político nacido en democracia entraba en tierra derecha para concretarse. No era la primera vez que se intentaba redactar una nueva constitución. Al terminar el segundo mandato de la presidenta Michelle Bachelet, el Ejecutivo presentó un proyecto de reforma constitucional, surgido de un proceso ciudadano amplio, en el que participaron de forma voluntaria y autogestionada más de 200 mil personas en encuentros y cabildos vecinales, provinciales y regionales, además de una consulta dirigida a los pueblos originarios. Sin embargo, el proyecto entró al Congreso en las postrimerías de su período y luego, tras la llegada de Sebastián Piñera al poder por segunda vez, la decisión de La Moneda fue desestimarlo e impedir que avanzara.
Casi dos años después del estallido, el 4 de julio de 2021, se llevó a cabo la primera sesión de la Convención Constitucional en el ex Congreso Nacional, desarrollada por los 155 constituyentes electos el 15 y 16 de mayo de ese mismo año. Se configuró una mesa de trabajo con paridad de género, escaños reservados para pueblos originarios y con un 64% de constituyentes independientes.
El proceso, eso sí, desde ese primer día, cuando el coro juvenil no pudo cantar el himno porque un grupo de convencionales protestaba, se empezó a desvirtuar de forma acelerada. Le siguió la salida anticipada y obligada de Rodrigo Rojas Vade cuando se supo que jamás tuvo cáncer, convencionales que llegaban disfrazados a las sesiones, otros que votaban desde la ducha, las supuestas versiones de fiestas y desbandes en sus salidas fuera de Santiago, las disputas internas por los grupos mayoritarios que, en vez de intentar consensos, buscaban pasar la aplanadora sobre sus contendores políticos que eran minoría; todo eso afectó la credibilidad y confianza de la ciudadanía en cómo se estaba trabajando en la Convención.
Portada de la propuesta de nueva Constitución elaborada por la Convención Constitucional, la cual fue rechazada en el plebiscito de salida del 4 de septiembre de 2022.
Y a todo eso, se sumaba una cobertura mediática que se enfocaba más en las polémicas que en los avances y la fuerte campaña de desinformación que circuló durante todo el proceso por diversas plataformas y redes sociales y que desvió la atención de los temas de fondo. El trabajo culminó en una primera propuesta de nueva Constitución que no convenció a los votantes y que el 4 de septiembre de 2022, con el plebiscito de salida que fue el proceso electoral más multitudinario de la historia democrática de Chile, se fue directo al tacho de basura con un aplastante 62% que eligió rechazar ese texto y volver a fojas cero.
Primer strike.
La contundente derrota del ‘Apruebo’ frente al ‘Rechazo’ fue un duro golpe para el movimiento “octubrista”. La sociedad, con el estallido y una pandemia a cuestas, ya estaba cansada y había comenzado a dar la espalda a las manifestaciones. “Algo que entendió la gente con el estallido, independiente de si se está a favor de la protesta o incluso del uso de la violencia en ciertas circunstancias, es que algunos actos no pueden ser justificados. Un ejemplo claro es la quema del metro”, dice Javiera Arce, politóloga, investigadora y docente de la Universidad Católica.
Después vino un segundo intento, con el Consejo Constitucional de 2023. Aquí el trabajo partió con la base consensuada de una comisión de expertos, y se esperaba que el aprendizaje de lo ocurrido con la Convención allanara el camino para los acuerdos. Pero no sucedió. Esta vez, el proceso estuvo marcado por el desinterés de la ciudadanía, producto del agote por la intensidad que tuvo la experiencia anterior. La composición fue ahora mayoritariamente de derecha –con fuerte presencia de la ultraderecha–, que, al igual que hizo la izquierda en la Convención, renunció a buscar acuerdos y consensos para tratar de imponer su mayoría circunstancial. Su propuesta de nueva Constitución también fracasó en las urnas, con un 56% de electores que estuvieron en contra de darle curso.
Segundo strike.
Después de este segundo intento fallido, el presidente Gabriel Boric cerró la puerta para ir por una tercera vía constituyente, por lo que no se logró cambiar la Constitución de 1980, que sigue vigente en la actualidad.
Entonces, ¿todo lo relativo al debate constitucional quedó igual que antes del 18-O? En rigor, no, pues sí hubo un cambio importante antes de ese último plebiscito, y se dio en el Congreso: suprimir los quórums supramayoritarios mediante dos nuevas leyes.
La primera surgió del proyecto de senadores de la Democracia Cristiana para rebajar los quórums necesarios para reformar la Constitución de 3/5 a 4/7, lo que disminuye la cantidad de votos requeridos para hacer cambios en la carta fundamental (ver ley). Si bien, este proyecto fue presentado con el fin de garantizar la victoria del Rechazo, significó un importante avance para futuras reformas constitucionales, las que antes eran casi imposibles debido al alto quórum.
Luego, a comienzos de 2023, se aprobó otra ley que redujo los quórums requeridos para modificar, esta vez, las leyes orgánicas constitucionales, eliminando el requisito de 4/7 y estableciendo el mínimo a la mayoría absoluta de diputados y senadores en ejercicio, igual que para las leyes de quórum calificado. Con ello, se baja la barrera fijada desde la dictadura que imposibilitaba cambios estructurales, aunque para que todo eso sirva de algo deben existir acuerdos que, con la composición actual del Congreso y la dispersión del sistema político, son difíciles de lograr.
Pensiones: La costumbre de discutir una reforma que no avanza, pero ahora está la PGU
En la lista de demandas prioritarias para la ciudadanía que surgieron con la consulta de la AChM en 2019, la que más selecciones tuvo fue “Mejorar las pensiones y dignificar la calidad de vida de los adultos mayores”, es decir, el tema previsional.
Durante los primeros años post estallido hubo poco cambio en esta materia, salvo por un pequeño gran avance: la Pensión Garantizada Universal (PGU), presentada como proyecto de ley en diciembre de 2021 por el expresidente Piñera, cuando su segundo mandato ya se acercaba a su fin. Se tramitó de forma exprés y fue una de las últimas leyes importantes que alcanzó a promulgar.
Antes de la PGU, más del 50% de los jubilados en Chile recibía menos de $150 mil mensuales. El proyecto del exmandatario garantizaba una pensión mínima de $185 mil al mes, beneficiando al 90% más vulnerable de los pensionados. Posteriormente, en agosto de 2022, el presidente Boric presentó su Proyecto de Reforma de Pensiones, que busca incrementar la cobertura y el monto de la PGU a $250 mil. Además, incluía la creación de un Seguro Social, que contemplaba una cotización adicional gradual del 6%, destinada a un fondo común para mejorar las pensiones actuales, la cual sería cubierta por el empleador y no por el cotizante. Este enfoque busca establecer un sistema mixto que combine ahorro individual con un pilar solidario, garantizando así pensiones más dignas y sostenibles.
Adultos mayores manifestando en protestas posteriores al 18-O.
Es importante recordar que una de las principales promesas de campaña de Boric fue eliminar el sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) que existe desde 1981 y reemplazarlo por un modelo mixto que incluya administradoras públicas y privadas. La propuesta actual consiste en reemplazar las AFP y establecer un sistema Inversor de Pensiones Público y Autónomo (IPPA), junto con otro sistema de Inversores de Pensiones Privados (IPP).
A pesar de los avances en el debate legislativo, que incluyen la firma de un protocolo de acuerdo entre oficialismo y oposición para avanzar en la tramitación del proyecto y que el proyecto salga del Senado a comienzos de 2025, persisten desafíos significativos. La discusión se ha centrado en cómo implementar efectivamente el nuevo sistema y resolver dudas sobre aspectos como la heredabilidad de los fondos, el rol de las AFP y el destino de ese 6% extra. Recientemente, se han logrado consensos importantes gracias al trabajo de una Comisión Técnica que ha permitido acotar discrepancias, pero aún quedan incógnitas por resolver.
En ese sentido, los cambios concretos aún son insuficientes y la urgencia por reformar un sistema, que ha sido criticado por su ineficacia para garantizar pensiones adecuadas a la población, sigue siendo un tema central en la agenda política nacional.
Educación: Nueva prueba para acceder a la educación superior y un proyecto para poner fin al CAE
Uno de los primeros cambios en el ámbito de la educación después del 18-O fue la eliminación definitiva de la cuestionada Prueba de Selección Universitaria (PSU), criticada por ser una prueba altamente segregadora que favorecía a ciertos grupos debido a las brechas económicas existentes en el país. En 2020, se presentó la nueva Prueba de Transición Universitaria (PDT), que comenzó a funcionar en 2022 y, ese mismo año, se transformó en la PAES. Ambas pruebas tenían como objetivo “generar un sistema más equitativo y ofrecer mayores oportunidades para acceder a la educación universitaria”, según decía el entonces ministro de Educación, Raúl Figueroa. Una de las principales novedades fue la posibilidad de rendirla dos veces en un año.
Sin embargo, el tema más relevante en materia de educación ha sido el anuncio del proyecto que viene a cumplir una de las principales promesas de campaña del actual presidente, y quizás una de las que más ruido ha generado en el último tiempo: el fin al Crédito con Aval del Estado, el CAE.
El proyecto fue anunciado el pasado lunes 7 de octubre e ingresado dos días después al Congreso, y propone eliminar el CAE como vía para solventar los estudios superiores para reemplazarlo por el nuevo sistema de Financiamiento Público para la Educación Superior (FES). Uno de los aspectos más importantes de este nuevo mecanismo, y a diferencia del CAE, es que no es un crédito y los bancos no serán parte de la ecuación; será el Estado el que entregue los recursos directamente a las instituciones. En cuanto a la retribución, si la persona percibe menos del salario mínimo, no retribuirá ni se extenderá su deuda y si su ingreso es superior, no retribuirá más de un 8% mensual.
El proyecto contempla un sistema de reorganización y condonación de la deuda, que no será universal, y que se divide en tres: inicial, adicional por pago anticipado y progresiva mensual (más detalles del proyecto, aquí).
No ha habido grandes cambios en los otros niveles educativos.
Salud: Fin al copago en Fonasa y la universalidad de la atención primaria
A partir del 1 de septiembre de 2022, más de cinco millones de personas dejaron de pagar copagos en el sistema público de salud de Chile, gracias a una medida impulsada por el gobierno del presidente Gabriel Boric. “Los derechos no tienen que ser un negocio”, señaló el mandatario al anunciar la iniciativa que elimina los cobros adicionales por servicios, tratamientos y medicamentos para los afiliados a Fonasa.
Durante años, el copago ha sido una fuerte carga para miles de familias que, aunque accedían a servicios de salud pública, debían cubrir un porcentaje de los costos. Esta política había sido duramente criticada por sectores que denunciaban la exclusión de personas que, aun con Fonasa, no podían permitirse ciertos tratamientos médicos debido a los pagos adicionales.
Médicos manifestándose por mejoras en el área de la salud durante el estallido social.
Con la eliminación de estos cobros, se busca garantizar un acceso más equitativo y universal a la salud. La medida no solo responde a una demanda histórica de amplios sectores de la sociedad, sino que también plantea interrogantes sobre la sostenibilidad del sistema público frente al aumento en la demanda que podría generar.
También se cuenta entre los avances la implementación del programa APSUniversal, que busca la universalización de la atención primaria de salud, ampliando su cobertura a personas afiliadas a Isapres o funcionarios de Fuerzas Armadas, Carabineros, PDI y Gendarmería. Este programa ha logrado expandir su cobertura de 7 a 21 comunas en todo el país, beneficiando a más de 49.000 personas con acceso equitativo a servicios de salud. Además, se ha priorizado la atención en salud mental, con más de 5,4 millones de atenciones registradas hasta marzo de 2024, incluyendo un apoyo significativo a través de la línea de prevención del suicidio.
Sin embargo, hoy, a cinco años del estallido, el sistema público de salud aún enfrenta varios de sus problemas estructurales, como largas listas de espera y críticas sobre la calidad y accesibilidad de las prestaciones.
De la ilusión a la decepción
Desde aquella agitada época de octubre, que rompió los paradigmas de la sociedad y la política chilena, muchas son las interrogantes que se han planteado al respecto para entender estas incongruencias de la población. ¿Cómo fue posible que una moción que contaba con 91,1% de apoyo terminara con un doble fracaso constitucional? ¿Que la esperanza de cambios en apenas cinco años se diluyera hasta casi haber olvidado lo sucedido con una narrativa que hoy pone la violencia y los destrozos ocurridos –que sí, existieron– como un manto que cubre la ilusión de una ciudadanía que salió en masa a manifestarse para mejorar su calidad de vida?
“Pasa que en lugar de priorizar el contenido y el fondo de las propuestas, muchas veces se dio más importancia a la performatividad y a gestos simbólicos. Esto alejó a las personas, ya que la falta de claridad y seriedad en algunos momentos generó desconfianza”, señala Javiera Arce.
Sin embargo, también hay que considerar que hubo una fuerte campaña del terror a través de desinformación en torno a la lucha política. “La fuerte campaña en contra, especialmente desde sectores de la derecha, aprovechó estas debilidades. A través de noticias falsas o tergiversaciones, se difundieron ideas alarmantes, como que se iban a expropiar propiedades para privilegiar ciertos grupos, como los mapuches”, cerró.
A dos años del plebiscito de 2022, solo un 19% de la población considera que se debería realizar un nuevo proceso constituyente. Existe una clara sensación de arrepentimiento social respecto al octubrismo. Como se mencionó antes, si un 74% de la población creía que Chile sería un mejor país después del Estallido, hoy un 63% cree que quedó peor.