La violencia escolar ya no es solo un problema entre estudiantes, hoy los insultos, amenazas y agresiones físicas contra profesores se repiten en salas de clases de distintas comunas del país. En la mayoría de los casos, los protocolos fallan y el acompañamiento institucional resulta cada vez más insuficiente. El 2025,  la Superintendencia de Educación recibió 125 denuncias por violencia hacia trabajadores de la educación por parte de menores de edad este y se estima que son 22.949 los docentes que han abandonado el sistema entre 2003 y 2025. El caso más reciente ocurrió en Calama, donde un estudiante de 18 años asesinó a una funcionaria de su colegio e hirió a otras cuatro personas dentro del establecimiento, reabrió el debate sobre la seguridad en las escuelas.  En este reportaje, los testimonios recogidos de colegios municipales y particulares muestran cómo enseñar se ha transformado, para muchos docentes, en una labor marcada por el miedo.

Por Maximiliano Urriola y Francisco Lara

La mañana había comenzado como tantas otras. Era un día frío de invierno y Camila Reyes (35) se levantó temprano, cerca de las seis, para prepararse con calma antes de ir al trabajo. Es terapeuta ocupacional de un colegio de básica y media. Vive a pocos minutos del colegio José Domingo Cañas, en Quilicura, pero siempre ha preferido arreglarse bien y salir sin apuro. Nada hacía pensar que ese día común terminaría convirtiéndose en una experiencia traumática que marcaría su vida laboral y sobre todo su relación con el aula. 

Se levantó a las seis. Ropa y bolso listos. Siempre sale con tiempo. No le gusta andar corriendo. 

Pasó lista y la clase, en apariencia, parecía tranquila. Solo uno de los alumnos le llamó la atención. Parecía agitado. (¿curso?). Movía el cuerpo hacia adelante y hacia atrás. Cuando Camila se acercó para preguntarle qué le pasaba, el adolescente la agredió con un cabezazo en el pecho.

Camila cayó al piso con la respiración cortada. El golpe la dejó con un traumatismo torácico que le impidió volver a trabajar durante meses y con un daño psicológico que todavía la acompaña. 

-Para mí, recordar lo ocurrido sigue siendo doloroso y enfrentarse a la idea de regresar al aula, a esa aula no ha sido un proceso sencillo- dice.

El alza de la violencia 

El caso más reciente que tensiona el debate ocurrió en Calama, donde el Juzgado de Garantía decidió ampliar en 72 horas la detención de un estudiante de 18 años acusado de homicidio consumado y frustrado, tras atacar con un arma cortopunzante a una inspectora de su colegio, quien murió minutos después, y herir a otras cuatro personas, entre ellas una funcionaria y tres alumnos. El hecho, ocurrido al interior del Instituto Obispo Silva Lezaeta, obligó a suspender las clases y activar un plan de retorno gradual, mientras autoridades de Gobierno llegaron a la zona y anunciaron medidas como la eventual instalación de pórticos detectores de metales en establecimientos educacionales. La investigación, a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI, también reveló que el agresor portaba otras armas blancas y un artefacto que simulaba ser explosivo, en un episodio que no solo reabre la discusión sobre seguridad escolar, sino también sobre las capacidades del sistema para prevenir hechos de extrema violencia.

Durante el 2025, fueron varios los casos en donde profesores fueron agredidos por alumnos, de forma física o verbal, los titulares de las noticias suelen ser similares “Insultos e intimidación: colegio suspende clases en Viña del Mar por violencia de alumnos a profesores” Avila, F. (2025). “Los profesores del IN que enseñan bajo amenazas” Carvajal, S. y Chernin, A. (2025). “Menores con TEA y hechos de violencia escolar: Qué dice la Ley y cuáles son las obligaciones de los colegios” Contreras, G. y Vallejos, L. (2025). Todas estas noticias señaladas anteriormente, son un antecedente de violencia que no han podido ser previstas por las autoridades de la educación, con un casi nulo acompañamiento a los docentes, donde los protocolos se quedan cortos y la violencia a el docente sigue siendo recurrente en los colegios y liceos de Chile. 

Una experiencia que dialoga con ese temor es la de Carlos Herrera, profesor de Historia en el Colegio Santa Margarita de San Miguel. Recién titulado, cuenta que desde sus primeras clases percibió un clima de hostilidad en la sala, incluso cuando aún era practicante. El  año pasado vivió una agresión directa por parte de un alumno que, aunque no le provocó lesiones graves, dejó una marca profunda. La hostilidad venía de parte incluso de su profesor guía, quien como cuenta Carlos “Me quitaba autoridad en el aula”. Todo esto daba pie a las falta de respeto por parte de los estudiantes. 

-Desde el primer momento sentí violencia en el aula. Como practicante fui vulnerado y nadie hizo nada. Este año un alumno me levantó la mano y me golpeó. No fue algo grave en términos físicos, pero la sensación queda y es fuerte, no me siento seguro en mi lugar de trabajo- dice sin querer dar más detalles. Le cuesta hablar sobre el tema. 

En otra ocasión los chicos debían hacer una actividad en la biblioteca, pero en ese momento uno de los alumnos comenzó a ocupar su celular, el profesor le ordenó que dejara de usarlo y que se concentrara en la actividad. El estudiante se levantó de la silla de forma intempestiva y comenzó a discutir con Carlos.

-El alumno es mucho más alto que yo- recuerda Carlos

Finalmente, el profesor logró tranquilizar la situación. 

 Al término de la clase, la despedida se sintió hostil. Carlos normalmente se despide dando los cinco, como cierto rito de despedida cercana. Ala hora de despedirse del chico, con el que tuvo el altercado, este lo hizo con fuerza, más de lo normal. Violento y a modo de amenaza.

Esta es una realidad que viven cientos de docentes a lo largo de Chile, durante el año 2025, la Superintendencia de Educación recibió 87 denuncias que se relacionan con la agresión de un estudiantes hacia algún docente de la educación.  Una cifra alarmante para toda la comunidad educativa, ya que no solo pone en evidencia a un sistema en declive, sino que también irregularidades, poca protección y nulo apoyo por parte de empleadores y autoridades educativas. 

A.M es una profesora de educación básica con un postítulo en Lenguaje y Comunicaciones, ella prefiere mantener su nombre en reserva por miedo a represalia de sus empleadores. Es docente hace más de 10 años en el colegio José Domingo Cañas y como se ha retratado en los dos testimonios anteriores, ella también sufrió violencia por parte de alumnos. En su caso, según cuenta, fue víctima de  amenazas con objeto – un palo de escoba- la situación de amenaza comenzó durante la tarde, el chico, como lo relata ella, es más grande y escaló rápidamente hacia la violencia producto de un llamado de atención. 

Los casos de violencia retratados anteriormente responden a tres tipos de violencia que se ejerce en los colegios hacia los docentes y trabajadores de la educación. En primer lugar, está el caso de Camila, una situación bastante grave que terminó en la Mutual de Seguridad. El siguiente caso de Carlos fueron golpes y por último el de A.M, quien fue amenazada por un alumno. 

Todos estos casos son condenables, en los medios de comunicación, cada tantos días, se publica una noticia sobre profesor: un docente que fue golpeado por algún alumno incluso uno fue rociado con bencina.

La violencia y las fallas institucionales

La conversación con Camila Reyes deja en evidencia que no era la primera vez que pasaba algo así. La fractura que sufrió no fue menor, el chico, como relata ella, “me aventó un cabezazo, sentí como algo crujió y me desespere, entre en pánico por qué me costaba respirar y los primeros auxilios fueron casi nulos, llegó a buscarme mi papá”

Finalmente, la lesión recibida por Camila no resultó de mayor complejidad médica, estuvo con licencia cerca de cuatro semanas, pero ella sabe que podría ser peor. Luego del accidente las cosas no fueron iguales y aunque actualmente aún trabaja en el mismo colegio, la situación logró que al denunciar estas vulneraciones, tanto la del chico que le fracturó el esternón y las mordidas de la alumna, de parte de la dirección del establecimiento, empezarán a ignorarla. Dice que hasta el momento no ha recibido apoyo.

El diagnóstico docente

La realidad de la violencia en las escuelas chilenas, es un escenario conocido para  profesores y profesoras. Algo que, para los docentes, ha ido en aumento los últimos años.

 El profesor e inspector del Liceo de Aplicación,  Cristian Pailaimilla,  lleva más de diez años en el Liceo. Sabe de cerca lo que viven los profesores en la actualidad.
-En los casos de violencia psicológica hacia los profesores, ¿estos profesores se han visto en la necesidad de tener licencia médica? 

-Nosotros tenemos la unidad de intervención en crisis y que hace mención de que cuando un adulto o cualquier miembro de la comunidad es desregulado o necesita una ayuda.(..) Pero la diferencia del Liceo con otros colegios que la violencia hegemónica que nosotros vivimos hace muchos años tiene que ver con temas políticos”

A este escenario, se suma la preocupación con respecto a la inseguridad. Para los profesionales, los protocolos y denuncias se realizan, pero no hay un acompañamiento estatal real hacia el profesorado o al individuo afectado dentro de la comunidad estudiantil. 

La situación con la violencia hacia los docentes ha causado niveles de deserción laboral alarmantes, son 22.949 el estimado de profesores que han abandonado el sistema entre 2003 y 2025, según datos entregados por el Centro de Estudios Horizontal (2025). Esta cifra evidencia una crisis que pone en riesgo la profesión pedagógica, no solo por temas de índole personal, sino que, el recurrente tópico de violencia hacia el docente que hoy por hoy atormenta a las y los profesores a lo largo del país. 

A.M es una profesora quien prefirió no dar a conocer su nombre. La docente que trabaja en la educación básica, lleva una larga carrera docente y desde que tiene memoria como pedagoga, se le tacha por sus alumnos como una “profe pesada”, más bien sería. Así es como en parte se describe ella también cuando le preguntamos por su profesión. Si bien su carácter era algo de conocimiento popular, entre sus alumnos nunca fue motivo de quejas o recriminaciones, tampoco tenía problemas con los apoderados. Pero ese panorama cambió cuando tuvo su primera experiencia con la violencia dentro de su clase. 

La agresión ocurrió en la tarde, el chico, como lo describe A.M, era mucho más alto y fuerte que ella. Lo que parecía una clase normal en minutos se transformó en una discusión que escaló hasta llegar casi a los golpes hacia la docente. El hecho de violencia se dio a raíz de un llamado de atención, el chico reacciono mal y violentamente se paró a increpar a la profesora, camino rápido hacia ella y tomó un palo de escoba. Fue fracción de segundos. La profesora fue arrinconada por el alumno “Ahora me vas a escuchar”, me dijo mientras me amenazaba. Lo primero que sentí fue que me iba a pegar y que mi hija, que estudia en el mismo colegio donde hago clases, estaba  pocos metros más allá en su sala. Tuve miedo de que me golpeara, frente a ella y no pude reaccionar… Me temblaban las piernas” 

Durante el transcurso de la agresión, la profesora fue socorrida por la otra educadora que se encontraba en la sala, mientras contenían al muchacho, ella envió un mensaje de auxilio vía WhatsApp al grupo de profesores. Los alumnos salen de la sala y entre risas nerviosas, el ambiente se volvió tenso. Después de que pudieron calmar al estudiante, la profesora se dirigió a la Mutual de Seguridad a constatar la agresión, al no haber ocurrido ningún golpe, no se le otorgó licencia médica, pero tomándose el resto del día libre.

Según los datos y cifras entregados por Superintendencia de educación durante el año 2018 y 2023, hubo un aumento de más del 60% en cuanto a denuncias por maltrato hacia miembros adultos de la comunidad escolar (Supereduc, 2023)  Desde un comienzo de siglo comenzaron las políticas nacionales de convivencia escolar, en donde se establecieron medidas para frenar el acoso y violencia escolar. Los estudios de Dirección de Educación Municipal de Santiago revelo que hasta el año 2023 que el 59% de los docentes había sido insultado por  estudiantes, un 12% por apoderados, un 18% por amenazas presenciales, un 5% amenazas virtuales y un 3% fue víctima de violencia sexual en el lugar de trabajo (DEM, 2023, Pág 22)

Durante 2025 se registraron 125 denuncias por agresiones de estudiantes contra docentes. La Región Metropolitana con 47 casos, concentró la mayor cantidad de denuncias.

El hecho de violencia con este alumno fue grave y marca un antes y después en la vida de esta profesora. “No tuve apoyo, me mandaron a los leones de nuevo” Ese fue el regreso al trabajo que tuvo A.M luego de que ocurriera este episodio. “Se rieron, lo tomaron para la chacota y hasta me trataron de exagerada”. A día de hoy, ella sigue trabajando en el mismo colegio y a pesar de que ya no le realiza clases al alumno que la intentó agredir, tiene miedo de volver a repetir un ataque como ese. “Mi motivación de hacer cosas se acabó, puse en duda mi vocación”.

En el estudio realizado por Horizontal, un 76% de los profesores que abandonan la profesión, lo hacen con menos de 5 años de experiencia, cifra que demuestra un grave problema en las aulas de clases. 

A partir de lo expuesto por los/las profesores, podemos plantear ¿Cree que dentro de esa problemática el profesorado tenga una postura de NO querer volver a enseñar o de tener un miedo en el aula de clases? 

Ismael tabilo, académico y sociólogo, se refiere a la problemática: “Claro, sin duda se puede gatillar algo de esa envergadura en cualquier oficio, donde uno como trabajador se sienta violentado. No cabe duda, lo que muestra la evidencia de la carrera docente es que la mayor deserción se da en los primeros 4 años y está sobre todo relacionada con las condiciones laborales. Recientemente, aparece el tema de la violencia, pero todas las cifras indican que la mayor razón de la deserción tiene que ver con el tipo de contrato, con la precarización laboral en general, con los salarios, con la sobrecarga laboral, con la falta de horas no lectivas, entre otras” 

 
En este sentido, la ex Subsecretaria de Educación Alejandra Arratia se refiere al marco legislativo y a cómo se intenta impulsar el proyecto de ley de convivencia y buen trato y bienestar de las comunidades educativas, que recientemente ha sido aprobado en general en la sala del senado. “Esta es una iniciativa que constituye una oportunidad fundamental estratégica para actualizar la regulación vigente y fortalecer los mecanismo institucionales y entregar mejores herramientas preventivas y de acompañamiento a las comunidades educativas más allá de un enfoque netamente sancionatorio” y agrega: “En paralelo estamos implementando el programa de comunidades educativas protegidas, este es un programa que se realiza en coordinación con la subsecretaría de prevención del delito y de la niñez que fortalece la prevención y el abordaje oportuno de situaciones de riesgo o de hechos violentos”. 

A fines del 2025, la comisión mixta del Senado dio su aprobación al Proyecto de Comunidades Educativas protegidas, donde se espera una la resolución por parte cámara baja del Congreso. 

“Es importante recordar que la implementación de todas las medidas internas de seguridad en los establecimientos educacionales son responsabilidad de las y los sostenedores. Sin prejuicio, lo cual el Ministerio por cierto siempre se encuentra impulsando herramientas, estrategias de coordinación, apoyo intersectorial para favorecer una respuesta preventiva efectiva. Es por eso, que como Ministerio de Educación, reafirmamos nuestro compromiso permanente con el fortalecimiento de comunidades educativas seguras y protegidas, donde prime el bienestar de todos y todas los integrantes. Es con este mismo propósito que también hemos actualizado nuestra política nacional de convivencia educativa que también fortalece las distintas herramientas con las que cuenta el sistema educacional para avanzar decididamente en esta línea”, concluyó.

Un futuro incierto

Desde la pandemia del Covid-19, la educación chilena experimentó cambios significativos tanto en su manera de enseñar, como también en la manera de comunicar y recibir esos valores educativos. De manera online, cientos de estudiantes tuvieron que vivir gran parte de su enseñanza básica o media desde sus hogares. Lo que transformó el acercamiento directo entre el profesor y sus estudiantes. La violencia en el aula ha significado una barrera enorme dentro de la comunidad educativa, lo que impide que se desarrollen procesos democráticos del aprendizaje con mayor eficacia para los niños, niñas y jóvenes del país.

Para comprender las diferentes relaciones que tienen el colegio de profesores y los hechos de violencia es necesaria la opinión de Ligia Gallegos, Profesora de Historia y Geografía de la Universidad de Concepción. Dirigente Nacional del Colegio de profesores y profesoras, quien se refiere a la violencia escolar de la siguiente manera. “No tenemos cifras exactas, nosotros hemos ido recogiendo lo que sabemos. Y son más que nada profesores que son colegiados. Porque los que no son colegiados muy rara vez recurren al colegio, porque no son parte de la organización, pero siempre se les ofrece ayuda si es que lo necesitan. Además, no tenemos los datos de los colegios particulares pagados. No tenemos los hechos, ya que muchos de estos hechos se ocultan”

“Los docentes son agredidos, y muchas veces les dan vergüenza dar a conocer los hechos, debido a la exposición o sentirse menoscabados. Las normas que hay no protegen al docente, lo que tenemos son más normas para la protección del estudiante, nosotros trabajamos con el Ministerio de Educación, para la modificación del estatuto docente en el artículo 8avo, que justamente habla que deben tener un ambiente armónico y debe haber protección. Y ese proyecto todavía está en el parlamento. Entonces no hay un equilibrio porque hay mucha normativa en cuanto a la protección de los y las estudiantes. Pero nada con respecto a los y las trabajadores de la educación”.

La profesora también sostiene que el problema no puede abordarse de forma aislada y apunta a una responsabilidad estructural del Estado. “Primero, el Estado debe tener preocupación por la seguridad de los entornos de los establecimientos educacionales. Segundo, por la salud mental de las comunidades educativas, no solo de los estudiantes, sino también de docentes, asistentes e incluso apoderados”, plantea.

Con más de 30 años de trayectoria, advierte que las herramientas actuales resultan insuficientes. Si bien reconoce que existen protocolos, enfatiza que “de repente no son suficientes” y que, en muchos casos, las situaciones terminan escalando a instancias judiciales.

A su juicio, la prevención de la violencia requiere medidas de fondo “Se necesita una política nacional de salud mental, un marco jurídico que proteja efectivamente a los docentes y una mayor preocupación del Estado, especialmente en recursos humanos”. En esa línea, cuestiona propuestas recientes que apuntan a reducir el número de profesores, en un contexto donde -afirma- se requiere precisamente lo todo contr

Por parte de las autoridades, la ex subsecretaría de educación, Alejandra Arratia, se refirió también a las diversas iniciativas y programas que el  Estado implementó para de alguna u otra forma detener estos hechos de violencia en el aula de clases.  “Cómo Ministerio de Educación condenamos todo hecho de violencia, no hay ningún acto violento que sea justificable, ni que tenga cabida tanto en nuestra sociedad, en nuestra forma de resolver los naturales conflictos de la vida, en sociedad, y menos en los establecimientos educacionales. Las escuelas deben ser espacios seguros de cuidado, de respeto y de formación donde parte esencial del aprendizaje sea precisamente resolver pacíficamente los conflictos normales de la vida. Las comunidades educativas están llamadas a ser un espacio que forme para la democracia y la paz”  

Las autoridades son conscientes del número de denuncias y dentro de la comunidad escolar, los problemas de violencia siguen afligiendo a gran parte docentes. “ Los datos nos demuestran efectivamente un aumento sostenido de denuncias en la última década. De acuerdo a la Superintendencia de Educación 2014 y 2024 se han registrado más de 133 mil denuncias. La mayoría de estas denuncias se concentran en la convivencia escolar. De hecho, 7 de cada 10 casos, y si bien el maltrato de estudiantes es la subtematica más reportada en 2024 con un 57, también emergen ámbitos que reflejan nuevas tensiones”   

“Es importante reconocer que las comunidades educativas no son espacios impermeables al resto de la sociedad, es evidente que los entornos sociales influyen en las comunidades educativas, la escuela es impermeable, es parte de una comunidad, es parte de un espacio mayor, en la cual ella es una parte central”.

Las profesoras como principales víctimas

Durante las diferentes reformas de educación y la implementación de nuevas políticas nacionales de convivencia escolar, el profesorado se ha visto reformado, pero no ha tenido un apoyo verdadero, y sigue siendo uno de los principales afectados por la violencia que se vive en las aulas de clases. Hechos que se respaldan con las más de 7000 mil denuncias que recibió la Superintendencia de educación en el primer semestre de 2024. En donde, dentro del ámbito de convivencia escolar, se vio reflejado una leve disminución de la denuncia “Maltrato a párvulos y/o estudiantes”, que bajaron un 8,5% (de 3.210 a 2.936). En comparación a años anteriores (Superintendencia de Educación, 2024).  Sin embargo, esta categoría sigue siendo la más predominante de las denuncias, con el 57,4% de las denuncias por convivencia. 

Particularmente la violencia escolar, no es que afecte a todos los docentes por igual, ya que el 74% del profesorado se compone por mujeres, y donde esta cifra asciende al 94% en la educación parvulario. Lo que es una realidad y un reflejo para las docentes que son agredidas de manera verbal, física, sexual o psicológica. (El dolor de enseñar, 2025) 

“Ser profesor no es fácil y menos cuando un alumno te levanta la voz, se vuelve irrespetuoso y de alguna manera, intenta agredirte físicamente”. Este testimonio corresponde a Carlos Herrera, profesor de historia en el Colegio Santa Margarita.

El profesor fue víctima de agresión. Era nuevo en su trabajo y de a poco fue  conociendo su curso. Al principio no logra aprender los nombres de todos, pero lo intenta. Un día los alumnos debían realizar una actividad en la biblioteca, todo iba en orden hasta que vio que un alumno que no prestaba atención. Carlos encaró directamente a este alumno, mucho más alto que él y que, según lo relata, “estaba ocupando el celular durante una actividad”, a raíz de este llamado de atención, el adolescente se alteró. Después de conversar lo logró calmar.  

“Yo normalmente saludo a los chicos dándole los 5, algo muy normal en realidad, para generar cercanía, pero esta vez, el chico se desquitó conmigo, utilizar demasiada fuerza para dar ese choque de manos. Me dolió bastante, iba con mala intención desde el primer momento”

Si bien, la situación no pasó a mayores, desde aquel día Carlos ya no vive la pedagogía como antes, así como los otros testimonios recabados, él también ha pensado sobre seguir enseñando o no.

Desde su experiencia en el Liceo de Aplicación, el inspector Cristian Pailamilla advierte un aumento sostenido de la violencia escolar, que -confirma- no es exclusivo de la educación pública. “Sí, los alumnos están más desatados, más violentos. Creo que la violencia ha aumentado considerablemente en la escuela, y no solamente en la escuela pública, sino en distintos tipos de establecimientos”, sostiene, aunque matiza que en algunos contextos estos episodios tienden a ocultarse.

A su juicio, el fenómeno responde a múltiples factores. Por un lado, apunta a transformaciones en las estructuras familiares: “La noción de familia entra en crisis. Muchas veces los estudiantes viven con un solo adulto o con otros familiares”. Por otro, identifica elementos culturales que inciden en las conductas dentro del aula, donde -explica- se valida una lógica de confrontación “Hay una idea de ‘tener choreza’, que implica ser más contestatario”.

El inspector también advierte cambios en el consumo de drogas dentro de los establecimientos. Algo que ha vuelto la convivencia mucho más compleja “Antes se veía, a lo más, marihuana. Ahora aparecen sustancias como tussi, pastillas u otras que antes no considerábamos”, señala. A esto suma el impacto de la pandemia, que según plantea, interrumpió procesos de socialización clave “Se frenaron etapas de desarrollo y hoy se ve una baja tolerancia a la frustración en los jóvenes”.

En paralelo, los hechos de violencia registrados en otros establecimientos emblemáticos, como el Instituto Nacional, refuerzan sus palabras. Allí, la presencia de los llamados “overoles blancos” se ha instalado como una amenaza constante para la comunidad educativa.

Desde su rol como inspectora, Marta Arangui describe un escenario igualmente complejo y parecido. “La violencia hacia los profesores no es algo normal ni aceptable, pero lamentablemente se ha ido repitiendo. Esto genera miedo, inseguridad y un ambiente tenso que afecta tanto a docentes como a estudiantes que sí quieren aprender”, afirma.

Aunque existen protocolos, su aplicación no siempre resulta suficiente. Arangui explica que, frente a estos hechos, “se investigan las situaciones, se conversa con los involucrados y se aplican sanciones según la gravedad”, además de brindar apoyo a los docentes afectados y realizar denuncias cuando corresponde. Sin embargo, reconoce que muchos casos impactan profundamente a los profesores “Se sabe que varios han sido afectados, principalmente en lo emocional, aunque también en algunos casos de forma física”.

Esta realidad, advierten desde las comunidades educativas, no siempre queda reflejada en los registros oficiales. Al igual que ha señalado el Colegio de Profesores, parte de estos episodios no se reportan formalmente a los sostenedores. “Se informa al Ministerio y se siguen los pasos de la normativa, pero muchas veces las soluciones no llegan con la rapidez que se necesita”, agrega Arangui.

Frente a este escenario, la inspectora plantea la necesidad de medidas muchos más estructurales “Es necesario poner límites claros y hacer cumplir las normas. Los profesores deben sentirse respaldados, y los estudiantes entender que sus acciones tienen consecuencias”. A ello suma la importancia de una mayor participación familiar y del fortalecimiento de la convivencia escolar.

Casos recientes refuerzan la gravedad del problema. En el Internado Nacional Barros Arana, por ejemplo, se han registrado episodios de violencia que incluyen agresiones a autoridades y ataques con objetos incendiarios. Uno de los hechos más graves involucró a un docente rociado con bencina, quien, si bien no sufrió lesiones físicas, quedó profundamente afectado por la experiencia.

En el año 2025 el Internado Nacional Barros Arana, fue uno de los principales establecimientos educacionales con conflictos graves de ataques por parte del estudiantado hacia los docentes del establecimiento. Donde las primeras semanas de agosto, aproximadamente 5 encapuchados violentaron y rociaron con bencina a un profesor del liceo. Situación que atemorizó a la comunidad completa y género debate en cuanto a las políticas de seguridad del Liceo. 

Ante esto, el inspector de (INBA), Flavio Gutiérrez, se refirió al tema “Si tenemos protocolos para este tipo de situaciones, pero ha aumentado exponencialmente la violencia en los liceos, a pesar de que ya no es algo solamente político, en donde el tipo de violencia incluso la reciben las profesoras mujeres y es mucho mayor y específica. Estos casos están preocupando a toda la comunidad”, concluyó.