María José Oyarzún, matrona feminista de la Asociación Chilena de Protección de la Familia (Aprofa) expone que desde el inicio de la crisis sanitaria, en Chile se dejó de hablar sobre parir en pandemia, métodos anticonceptivos y aborto. Considera tardía la respuesta del Gobierno frente a temas de reproducción y, que estando en septiembre, a más de seis meses de iniciadas las cuarentenas dinámicas, el Ministerio de Salud aún no ha presentado el protocolo de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en contexto de pandemia. “El Estado nos abandonó desde octubre pasado, cuando las mujeres eran violadas en las comisarías o violentadas sexualmente”, dice.
*Esta entrevista fue realizada en el curso de Crónicas y Entrevistas de la Escuela de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado y publicada originalmente por El Desconcierto.
El 23 de septiembre se cumplen tres años desde que la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (Ley IVE, 21.030) entró en vigencia. Esta ley contempla tres causales en las cuales una mujer puede abortar: peligro para la vida de la madre, inviabilidad fetal y violación. Sin embargo, ad portas del plebiscito constitucional, la discusión en torno a la despenalización total del aborto forma parte de petitorios que pretenden incorporar los Derechos Sexuales y Reproductivos de las mujeres en la redacción de una posible nueva Carta Magna. De acuerdo a la especialista en salud reproductiva, la ley IVE no se ha desarrollado con el cuidado que merece, dejando a la deriva a miles de mujeres y exponiéndolas a las insalubres condiciones de abortos clandestinos debido a la criminalización que conlleva el acto dentro de nuestro territorio nacional.
-Cuando entró en vigencia la ley 21.030, la ciudad de Osorno presentó una situación extrema al tener el 100% de objetores de conciencia en el área de salud, ¿cómo sería el procedimiento de una mujer que necesita acceder a un aborto en su región y no puede porque todos son objetores?
-Osorno no ha sido el único caso. Uno de los primeros fue en Chiloé con una chica de 14 años embarazada a causa de una violación. Ella y su familia decidieron recurrir a la tercera causal (violación) así que viajó desde una zona rural hasta Angol, allí les dijeron que no tenían una normativa establecida aún; normativa que emitieron casi un año después de que se promulgara la ley. Tuvo que viajar hasta Santiago para interrumpir una gestación muy, muy avanzada. Dime, ¿Cuál era la necesidad de trasladar a una menor de 14 años, dejarla sola, sin redes de apoyo cercanas y de patologizar un proceso? El aborto es normal, es un proceso reproductivo habitual. De esta forma miles de mujeres controlaron su natalidad durante siglos. Entonces que ahora se hable de hospitalizarlas para darles Misotrol es sobremedicalizar la salud, una especie de “queremos que estén acá y que las miremos porque desconfiamos”.
-Quizás también meter un poco de miedo desde este sector conservador.
-¡Exacto! Por ejemplo, el hospital de Osorno tuvo que contratar a dos médicos no objetores luego de que se viralizara lo que mencionaste. Esto fue gracias a la presión de las propias mujeres, pero el hospital se resguardó diciendo que las pacientes podían irse a la ciudad más cercana para atenderse, que en este caso habría sido Puerto Montt y ¿por qué una mujer tendría que dejar su nicho para abortar? No es un procedimiento complejo. Ahí el Gobierno tomó cartas en el asunto porque esto no podía ser. Osorno podría haberse convertido en una especie de modelo a seguir. Luego habría sido Elqui, Huasco, Antofagasta, etc…
-Claro, considerando también que hasta el día de hoy el Minsal no ha presentado un protocolo claro con respecto a los objetores de conciencia.
-Totalmente. Ser objetor es presentar un papel firmado. No tienes que ir a la notaría ni dar razones, sino que vas a la clínica donde trabajas, pides el formulario y marcas las causales que objetas. Nada más. No hay que pagar multa ni legalizarlo en la notaría. A mí me parece una falta de respeto, sobre todo ahora que las organizaciones también pueden declararse objetoras. Por ejemplo, la Católica y Christus declararon que sus centros de atención primaria, Áncora, también son objetores. Están en La Pintana, San Ramón… ¡Poblaciones absolutamente vulnerables! La ley dice claramente que los objetores pueden ser solo aquellos que se encuentren dentro del pabellón. La Universidad de los Andes fue más allá y declaró objetor a su edificio docente, ¿qué médicos vas a formar? ¿No vas a enseñar a realizar abortos? Chile es un Estado laico, pero a raíz de estas situaciones te das cuenta del peso que sigue teniendo la Iglesia.
-En Chile son tres las ONGs autorizadas (Miles Chile, Aprofa, Chile Unido) para prestar acompañamiento psicosocial a mujeres que se acogen a alguna de las tres causales, por esto mismo la inspección de parte del Minsal debe ser importante, pero ¿existe realmente una fiscalización de parte de ellos para verificar que no haya incumplimiento a nivel protocolar? ¿Se han acercado a Aprofa para establecer un contacto fluido?
-Nada. Yo estoy a cargo del programa desde que salió (2019) y la verdad es que el Ministerio jamás nos ha contactado para preguntar, por ejemplo: “Maria José, tú desde la parte privada, ¿A cuántas mujeres has atendido? ¿Bajo qué causales?”. Tenemos todo registrado, pero el Ministerio nunca nos ha solicitado nada. No hemos recibido ninguna fiscalización de cumplimientos, menos de manera presencial. Nunca preguntaron si teníamos dudas.
-No existe fiscalización a ONGs y, por otro lado, las cifras del reporte trimestral del Ministerio de Salud están desactualizadas. El último reporte trimestral (enero-marzo 2020) fue emitido hace poco y arrojó que había un total de 142 casos divididos en las tres causales. De esas 142 mujeres, 115 decidieron realizar el acompañamiento en hospitales públicos, ¿esto se puede relacionar con el hecho de que la mayoría de objetores están concentrados en establecimientos privados?
-Hay que considerar que para efectos de esta ley, las usuarias más “beneficiadas” por decirlo de algún modo, son aquellas del sistema público. Las mujeres dentro del sistema privado tienen muchas restricciones. Por ejemplo, la usuaria de Clínica Indisa que posee un plan cerrado está imposibilitada de poder abortar porque Indisa se declaró objetora en las tres causales, entonces ahí es cuando estas mujeres deben buscar ayuda en otro lado. Las Isapres tienen eso de no dar informaciones completas. Sí, en el sistema público está la mayor cantidad porque la mayoría se traspasa al público para poder acceder. También creo que muchas de las usuarias que realizan su acompañamiento en el sector público es porque no conocen nada más y porque nadie les ha dicho que tienen más opciones, como dirigirse a una organización.
En los hospitales, los equipos de ley IVE trabajan pocas horas. Si los entes a cargo fueran más meticulosos y empezaran a fiscalizar, realizar seguimientos a estas mujeres y se detuvieran a analizar ¿cuántas sesiones tuvieron?, ¿qué profesiones estuvieron a cargo? Nos encontraríamos con muchas sorpresas. El sistema público es bueno para crear estadísticas.
-Chile posee cifras fantasmas en torno al aborto clandestino, pero de acuerdo a un reporte científico de Miles Chile publicado en la Universidad de Barcelona y también a cifras de Index Mundi, se estima que el aborto corresponde a la cuarta causa de muerte materna en Latinoamérica. Ahora, el Misotrol asegura no traer grandes complicaciones, sí posee un alto valor monetario, ¿cuál es la realidad de las mujeres de bajos recursos? Claramente no es una opción acceder al sistema público…
-La realidad de aborto en mujeres que están en una situación vulnerable la han visto los colectivos feministas; la red de “Con las Amigas y en la Casa”, Línea Aborto Libre, “Mujeres Contigo” o “Colectivo Tijeras”. Estos colectivos reciben a mujeres que no tienen un acceso a la salud de forma amigable. Mujeres que incluso estando dentro de las tres causales prefieren no hacer uso de ellas para no sentirse cuestionadas, o simplemente aquella mujer que no quiere ni puede ir a la Clínica Las Condes, pagar dos millones y que pase como quiste ovárico. Esa es la mujer que accede a los colectivos. ¿Qué han hecho los colectivos? Democratizar un poco esta situación de precariedad.
Entonces, ¿Qué pasa con este aborto tan penalizado en Chile? Una persona que va a México compra la caja de treinta comprimidos (Misotrol) a cinco mil pesos. No es un medicamento caro, pero a Chile llega inflado y ahora en pandemia el mercado negro ha crecido con esto. Me tocó ver a chicas que pagaron trescientos mil pesos por doce pastillas de Misotrol que en algunos casos resultó ser paracetamol. Se trata de un lucro que podría evitarse. Pero, ¿dónde vas a denunciar? Es ilegal. ¿Queremos seguir teniendo a las mujeres pendiendo de un hilo porque hemos decidido que la moral de algunos es más alta que la de otros? Siempre hemos visto que hay ciudadanos de primera y segunda categoría, pero en esto duele porque para las mujeres el aborto no es un juego. Es una necesidad.
-Y si las mujeres no pueden denunciar sobre este mercado negro, ¿cuál sería el protocolo adecuado para quienes están pasando por esta situación de vulnerabilidad?
-Si está dentro de sus posibilidades, acudir a un profesional. El derecho a la información de parte del profesional hacia las usuarias es un deber. Las personas tienen derecho a recibir información actualizada sobre lo que en este caso indica la OMS. No importa si yo estoy de acuerdo o no, pero debo asegurar ese acceso. La mujer pobladora que vive en La Bandera no va a tener la misma posibilidad de googlear “Aborto OMS” porque nadie le dijo cómo, porque ella cree que el aborto está mal, el Estado le dice que está mal y ella lo asume.
-¿Quizás tienen una imagen muy antigua sobre el aborto? Métodos como la mata de apio, el gancho de ropa, por ejemplo.
Sí, durante este tiempo, cuando ya se empezó a escuchar sobre la falta de Misotrol, me tocó recibir entre nueve y once mujeres que estaban abortando con ruda y hierbas. Obvio que estos casos terminaron con intoxicaciones severas hepáticas a causa de la ruda. “Pero es hierba, no me hará mal”, dicen. ¡No! La ruda tiene un poder hepatotóxico gigantesco. Estas mujeres se contactaban con Aprofa y nos decían que llevaban tres días vomitando, amarillas y con dolor de hígado. Hemos vuelto a eso; han vuelto las mujeres que abortan con sondas instaladas en sus casas o con hierbas. Afortunadamente aún no hemos visto los métodos más invasivos (ganchos de ropa o palillos en la vagina) pero quizás esté ocurriendo y yo no me he topado con eso aún. Es lógico que si abortas así, no le pedirás ayuda a la matrona.
-Tampoco podrían obligarla a revelar, como profesional, esta información ante la Justicia.
-No, además por mis convicciones tampoco lo haría. Obvio que haré valer el secreto profesional y de ahí no me saca nadie, pero también es por un tema de creencias personales. El Estado no nos acompaña, pero el Estado no acompaña a nadie a estas alturas. Chile es un país que se ha caracterizado por no ser garante de derechos. ¿En qué me apoyo yo? En las organizaciones internacionales porque dicen claramente que el aborto es un derecho reproductivo.
-Al mencionar que el Estado no nos acompaña, y que no acompaña a nadie. ¿Siente que ha abandonado totalmente a las mujeres de Chile?
-Sí, yo creo que sí. Nos abandonó desde octubre pasado cuando las mujeres eran violadas en las comisarías o violentadas sexualmente, toqueteadas al subirlas a carros policiales. Nadie dijo nada. La ministra de la Mujer (Isabel Plá) no emitió comentarios. No es que ahora sepamos que hemos sido vulneradas toda la vida, pero ahora nos dimos cuenta que si nos unimos podemos lograr cambios. Y por eso estamos visibilizando todo lo que está sucediendo. Por eso se visibiliza que se muere Antonia, que se muere Ámbar, que se mueren todas. Antes se morían, pero callábamos y decíamos: “Ojalá no me pase mí», «ojalá no le pase a mi hija», pero descubrimos que si salimos a marchar dos millones de mujeres a la Alameda, algo tendrá que quedar.
-Ya que pasamos al ámbito político y estamos a casi un mes del plebiscito, una de las demandas para la redacción de una nueva Constitución es tener como prioridad los Derechos Reproductivos y Sexuales de las mujeres que no están contemplados ni especificados en el artículo 19. Para este caso particular, ¿cree que una nueva Constitución sea el paso que falta para despenalizar el aborto en Chile?
-Yo creo que sí, pero es importante priorizar la construcción de un Estado que garantice salud, no el derecho a elegir qué tipo de salud quiero, porque hasta ahora eso hace. “O tienes salud pública o privada, tú eliges” y eso no es garantizar. Cuando esto sí se haga se debería empezar a hilar más fino y considerar la salud sexual y reproductiva, es un subconjunto al final.
-Si nos proyectamos y pensamos que gana el Apruebo, ¿Aprofa estaría sumándose a campañas pro-aborto libre en un futuro cercano?
-Sí. Aprofa ha participado en la Mesa de Acción por el Aborto y además de nosotros hay otras organizaciones sociales y civiles. De hecho, yo creo probable que salgan constituyentes de Aprofa o la Mesa. Eso es lo que esperamos al menos, y ojalá sean mujeres. No me gustaría votar por un constituyente hombre para que legisle sobre mis Derechos Sexuales y Reproductivos. Dentro de la Mesa de Acción por el Aborto hay grandes mujeres líderes que están hechas para ser constituyentes.
-¿Cómo quiénes?
-Por ejemplo Gloria Maira, Lidia Casas. Ambas son personas que trabajan por los derechos desde hace muchísimos años, tienen vasta experiencia en cuanto al tema. Lieta Vivaldi de las Abofem es una gran abogada. ¿Quién mejor que ella podría representar desde lo legal? O Débora Solís, nuestra directora ejecutiva en Aprofa es psicóloga y docente. No estamos hablando de gente que apareció de la nada, sino que de mujeres que llevan años dedicándose al activismo. Tienen todo el bagaje que necesitamos para poder formar una Constitución linda y que nos haga sentir orgullosos de Chile.