En la siguiente columna, el abogado Pablo Contreras toma el caso de WikiLeaks para reflexionar sobre los problemas que plantea el acceso a la información pública en casos complicados. Una de las interrogantes que propone es si la información que ya es parte del conocimiento y dominio público puede seguir siendo mantenida en secreto o no.
El caso de WikiLeaks instala una excelente oportunidad para reflexionar sobre algunos problemas interesantes que plantea el acceso a la información pública en casos difíciles. Como es bien conocido, el sitio web en cuestión se ha dedicado a desclasificar voluminosos documentos sobre las operaciones armadas de Estados Unidos en Afganistán. Se trata de información que gozaría de carácter confidencial, ya sea por la clasificación efectuada por el Departamento de Defensa o el Pentágono.
El Diario de la Guerra Afgana comprende más de 76.900 documentos secretos sobre la intervención militar reciente en medio oriente. Tal ha sido la magnitud de la información informalmente desclasificada que el gobierno de Estados Unidos ha «suplicado» que no se sigan filtrando documentos porque podrían poner en riesgo la seguridad de las tropas alistadas. Por otro lado, la información está ubicada en distintas partes del globo, procurando siempre resguardar la integridad de la misma y el anonimato de sus creadores y fuentes. Es más, algunos de sus servidores están en un bunker antinuclear que data de los años de la guerra fría.
Esta forma de difundir información plantea interrogantes interesantes de analizar en materia de acceso a la información pública. La primera de ella dice relación con la posibilidad de requerir «oficialmente» al gobierno estadounidense los mismos documentos liberados. La pregunta que surge es si la información que ya es parte del conocimiento y dominio público puede seguir siendo mantenida en secreto o no. No es una cuestión sencilla, pero la Corte Suprema estadounidense —en el conocido caso de Los Papeles del Pentágono— falló que dicho ejercicio de comunicación formaba parte del contenido protegido por la libertad de expresión.
En realidad, es difícil argumentar que existe una necesidad de mantener en secreto documentos que han sido divulgados informalmente, toda vez que la necesidad de cautelar eventuales daños para las operaciones militares ya ha sido neutralizada por la difusión pública de los documentos. Sin embargo, los documentos anexos o adjuntos a los que han sido liberados, podrían aún ser justificados sobre la base del secreto y aquí hay un margen para la disputa jurídica.
Adicionalmente, existe el problema de las posibles sanciones a quienes filtraron la información y a los dueños de WikiLeaks. En Chile, esta materia estaría reservada a la justicia militar, que puede juzgar tanto a militares como a civiles. Mientras ello no se reforme, el acceso a la información pública y la libertad de expresión, para los casos difíciles como estos, está amenazada por la sanción criminal en el ámbito militar, que no es garantía de derecho fundamental alguno.
Abogado, LL.M. (c) International Human Rights, Northwestern University