En 2022 Chile ratificó el Acuerdo de Escazú y en diciembre de 2024 estrenó un Protocolo para proteger a defensoras del medio ambiente. Un mecanismo que no tiene presupuesto propio, no mide sus resultados y no cubre la violencia digital, en un contexto donde las mujeres corren la mayoría de los riesgos. Nora Ñancul, defensora ambiental reconocida internacionalmente, fue detenida en un hospital sin que nadie le ofreciera ese protocolo, Orietta Llauca, abogada litigante de causas de pueblos originarios, que le ganó en la Corte Suprema a la heredera de Julio Ponce Lerou, lo activó una vez y dice, no sirvió de nada.

Por Camilo Roa y Nicolás Montecinos

(Foto de portada: Radio Kurruf)

Era julio de 2025 y Nora Ñancul ya no podía dormir. El dolor en el pie la mantenía despierta durante las noches y, con el paso de los días, caminar se había vuelto casi imposible. Todo había comenzado semanas antes, cuando una herida se infectó. Después vino la hinchazón que se alojó en el tobillo y se extendió hasta la pantorrilla.

Volvió. Sacó su número, avisó en el mesón y esperó su turno. La atendieron, le hicieron la curación y la mandaron a la farmacia a comprar unos remedios. Retiró la receta y salió a la calle.

Cruzando la vereda es abordada por varios hombres y una mujer, gente que no conocía. “¡Usted está detenida!”, le dijeron mientras la tomaban del brazo. Nora pidió que la soltaran, que iba a cooperar. Eran agentes de la Policía de Investigaciones. Ahí mismo, delante de ella, discutieron quién se la llevaba: los de Angol o los de Los Ángeles. Comenzó a exigir que la trasladaran a Mulchén, donde estaba su causa.

La subieron a una camioneta. En Los Ángeles le quitaron sus cosas y la encerraron en un calabozo con las ventanas abiertas, esa noche durmió sobre el cemento. La pasaron a control de detención en Collipulli, aunque su causa era de Mulchén. Ese fin de semana, de viernes a lunes, lo pasó en la cárcel de mujeres de Angol. La detención se debía a una causa de 2019 por maltrato de obra a carabinero. Estaba acusada de haberle arrojado agua caliente a un funcionario durante un desalojo. 

Nora había faltado a las audiencias estando notificada y pesaba sobre ella una orden de detención vigente, así que en el hospital le controlaron la identidad y la ejecutaron. Salió el lunes, cuando aceptó un trato entre el fiscal y su abogada defensora: admitió responsabilidad a cambio de una pena rebajada. «Implica que tengas tus “papeles manchados”, y en tu extracto de antecedentes va a haber una condena», explica Rodrigo Pizarro, su actual abogado.

Nora Ñancul es defensora territorial mapuche. Lleva más de una década denunciando amenazas, vigilancia, perdigones y hasta un ataque con motosierra. Una organización internacional, Front Line Defenders, acompaña su caso desde el extranjero. Su detención ocurrió tres años después de que Chile firmara el Acuerdo de Escazú, el primer tratado del mundo que obliga a los Estados a proteger a quienes defienden el medio ambiente y siete meses después de que el país estrenara un Protocolo de Protección para las personas defensoras. En ese momento, ninguna institución del Estado le habló de ese mecanismo. Cuando se le pregunta si alguien se lo ofreció, responde “nada, nada, nada”.

En el valle del río Renaico, en la comuna de Mulchén, hay dos rucas rodeadas de plantaciones de pino. Las construyeron Nora y Gricel Ñancul en un terreno que Forestal Mininco (filial de CMPC, la mayor forestal del país, controlada por la familia Matte) reclama como suyo. Nora llegó primero, en octubre de 2019, con una carpa y su hija. Cerca de las viviendas hay un chemamull, la figura de madera con que el pueblo mapuche recuerda a sus muertos, lo pusieron cuando Maximiliano, el hijo mayor de Nora, murió de leucemia a los diecisiete años en abril de 2021.

La recuperación de esas tierras nació de algo concreto. La herencia de su madre las había dejado con sitios de 25 por 30 metros a la orilla del río, sin espacio para sembrar ni criar animales, que es de lo que vive una familia mapuche. “¿Cómo íbamos a criar animales, a sembrar?, ¿de qué manera íbamos a salir adelante?”, dice Nora. En ese sitio, era imposible. “Ahí tomamos la decisión de recuperar nuestras tierras y nos animamos con mi hermana”, agrega.

Siete años después, Nora y Gricel, quienes son werken de la Comunidad Autónoma Likankura, viven rodeadas de plantaciones. Donde antes hubo cosecha, la forestal replantó pinos que ya alcanzan los cuatro metros, en medio quedó un pedazo de bosque nativo y algo de tierra abierta y ahí tienen sus animales. Lo que Nora defiende desde esas rucas explica por qué fue detenida en Collipulli ese día de julio de 2025.

El conflicto había empezado antes, en un predio vecino. El primer territorio que la comunidad reivindicó fue el Fundo Ranquilco, un campo agrícola que, quienes lo arrendaban, según el libro Corazón de Weichan, pertenecían a la familia Arriagada Domínguez, terratenientes de la zona con historia en la dictadura. “Un militar de la época de Pinochet” como lo describe Nora, que cuando supo de las reivindicaciones de la comunidad, comenzó un hostigamiento: amenazas de muerte y animales muertos. Los animales eran el ingreso de la familia. Un buey muerto era una pérdida que se contaba en plata y en semanas. 

“Estamos entre la forestal y el fundo, somos colindantes, donde tenemos nuestras rucas, no hay más de 1 kilómetro de distancia”. Con el tiempo pusieron un cerco eléctrico para que los animales no cruzaran al fundo, y dejaron de entrar a los predios vecinos. “Somos mujeres, andamos con los hijos chicos y no sabemos en qué momento nos puede pasar algo, porque siempre andan armados”, dice.

La presión llegó también desde adentro. Muchos parientes trabajaban para la forestal y vieron la recuperación como una amenaza a sus empleos. Nora cuenta que, antes de las faenas, la empresa les hacía charlas: si una comunidad llegaba a interrumpir el trabajo, debían defenderse “con lo que tuvieran”. Así, la disputa por la tierra se metió también dentro de las familias.

En mayo de 2015, en una protesta contra las faenas nocturnas de Mininco, Nora recibió siete perdigones en las piernas. “Casi me mataron esa vez, me reventaron una vena, casi me desangré en el lugar”, recuerda. Llegó sola a la urgencia de Collipulli y quedó varias semanas internada. En enero de 2019, más de doscientos carabineros entraron al Fundo Ranquilco para desalojarlo. De todos los detenidos, Nora fue la única formalizada: la acusaron de arrojarle agua caliente a un carabinero, la misma causa que seis años después la llevaría presa desde el hospital. 

No lo niega, pero lo cuenta con lo que vio esa mañana: un policía aplastando contra la tierra la cara de una lamngen (hermana mapuche). “En ese momento yo no supe de mi actuar, me nublé, y simplemente agarré lo que pillé más a mano”, dice. Y agrega: “Porque yo, como mujer mapuche y weichafe, cuando peleo mis tierras ancestrales, lo hago de corazón”. Dos meses después, un trabajador forestal la atacó con una motosierra y le abrió un corte en forma de Y de quince centímetros en el pecho. En la ficha del hospital quedó como “heridas leves”.

Los allanamientos siguieron. En septiembre de 2020, la PDI entró a la casa de Gricel buscando a un hermano. Según relata un perfil de La Otra Diaria, Nora quedó tirada toda la noche, con la cara contra una poza de agua y las manos y los pies atados. Al hijo de Gricel, de catorce años, lo golpearon con la culata de una pistola. Días más tarde, el mismo adolescente fue golpeado en una marcha en Temuco. El caso derivó en una querella contra la PDI por torturas.

En 2025, después de años de juicios, algo se movió a su favor. Forestal Mininco las había querellado por usurpación no violenta para sacarlas del predio San José Poniente, en el sector Las Maicas. Pero el Juzgado de Mulchén rechazó la medida cautelar con que la empresa buscaba recuperar el terreno mientras durara el proceso, y el 11 de julio de 2025 la Corte de Apelaciones de Concepción confirmó ese rechazo, mientras siguiera pendiente una demanda civil por dominio ancestral, amparada en el Convenio 169 de la OIT, la ocupación no podía tratarse como ilegal.

El 2 de septiembre de ese año, la Fiscalía pidió sobreseer la causa penal hasta que se resolviera lo civil, y el tribunal aceptó. No hubo una sentencia que les entregara la propiedad (eso se juega todavía en otro juicio), pero no las echaron. “No nos pueden sacar del lugar, y Forestal Mininco tiene que respetarnos el derecho de donde están nuestras viviendas”, dice Nora. La causa la llevó Rodrigo Pizarro Rosales, un abogado que empezó a acompañar a la comunidad cuando aún era estudiante.

Ganar en los tribunales no cambió la constante vigilancia que se ve desde la recuperación. Los guardias privados de Mininco patrullan en camionetas, “vestidos de negro, con capucha, y con su armamento escondido detrás de los asientos”. Los helicópteros de Carabineros vuelan tan bajo que, dice Nora, “nos levantan el techo”. De noche cuando las hermanas salen a recorrer los predios, aparecen los drones. El estado de excepción constitucional vigente en La Araucanía y el Biobío desde 2021 amplía las facultades de las fuerzas de seguridad y mantiene tropas militares en zonas rurales.

En el cerro Pilguen, visible desde la recuperación y donde está enterrado un antepasado de la comunidad, la empresa instaló una antena con cámaras que registra cualquier movimiento. Desde ahí mismo, cuenta Nora, dejan entrar a leñeros que bajan de Mulchén a cortar el bosque nativo: las camionetas salen llenas de astillas y detrás quedan menos changles, menos digüeñes, menos maqui. La comunidad quiere declarar ese cerro sagrado y reforestar lo que fue talado, pero la antena sigue ahí.

De los episodios más violentos quedaron causas abiertas, pero por el otro lado: la comunidad presentó querellas contra Carabineros por el baleo de 2015 y contra la PDI por el allanamiento de 2020. Ninguna, dice Nora, cambió gran cosa. La vigilancia siguió, y con ella la costumbre de vivir observadas, saber que cada vez que cruzan a los predios vecinos, alguien lo registra desde la antena o desde una camioneta.

A la vigilancia se sumó el relato. En julio de 2021, después de que muriera el comunero Pablo Marchant en un fundo de Mininco, un artículo de La Tercera vinculó a las hermanas con la Coordinadora Arauco Malleco (CAM). organización que el Estado ha perseguido bajo legislación antiterrorista. Las hermanas la desmintieron. La acusación no tenía base pública, pero el relato circuló. “Se nos llama terroristas”, dice Nora.

En la recuperación no hay electricidad. El tendido eléctrico queda lejos porque alrededor no vive nadie, así que se alumbran con focos solares que no cargan cuando no hay sol. Nora lo compara con el lamparín de su infancia, el tarro de café con parafina y una mecha que armaban sus padres. El resto de la vida cotidiana pasa por la misma condición jurídica. «Para todo hay que pedirle permiso a Mininco, técnicamente, porque ellos son los dueños», explica su abogado Rodrigo Pizarro.

Los caminos están averiados y ha habido accidentes. El colegio queda lejos. Y como las rucas están dentro del predio forestal pero a un costado del río, «van quedando pocas formas de poder salir»: una de ellas es cruzar en bote. Según el abogado, además, se les pierden animales y eso genera un conflicto diario con los cuidadores del predio. A eso se suma, cuenta Nora, que la empresa las tiene vetadas para trabajar: «Se nos han cerrado las puertas, no nos dan trabajo, no llega nada». Viven de lo que crían y de lo que siembran.

Del otro lado hay un interés que conviene explicar. Lo que rodea las dos rucas es, en palabras de Pizarro, «un paño gigante» de propiedad de Mininco: «un bosque cultivado y que ya está cosechado, muy grande, y que tiene mucha plata de por medio». La empresa quiere «explotar tranquilamente lo que es de ellos, según lo que ellos entienden», y las hermanas han hecho resistencia a la tala. De ahí la definición del abogado: son «una piedra en el zapato para Mininco». No por ser dos, sino porque no están solas. «Se han juntado comunidades ahí también, como marcando que el territorio no está solo», dice.

Nora y Gricel fueron reconocidas internacionalmente como defensoras ambientales por Front Line Defenders, organización con sede en Irlanda quienes tomaron su caso. “Como protección a nosotras, como mujeres luchadoras y de la naturaleza, y ahí nos han respetado un poco”, dice Nora, quien asegura que no ha hecho uso de alguna herramienta de Escazú. (Ver foto de Nora y Gricel).

La defensa desde el litigio

Durante una tarde de enero de 2025 Orietta Llauca acompañaba a un grupo de comerciantes ambulantes a la Municipalidad de Puerto Montt. Iban a entregar una carta al alcalde, Rodrigo Wainraihgt, invocando el derecho de petición, y a manifestarse afuera. Los guardias municipales encadenaron las puertas. Por la parte trasera entraron Fuerzas Especiales de Carabineros y el aire se llenó de lacrimógenas. Orietta pidió cinco veces un agente de diálogo, la figura que la institución incorporó a sus protocolos después de 2019. La respuesta, dice ella, fue «un combo en la cara», y después una dura represión policial golpes con cascos y escudos contra el grupo.

Del episodio dice, salió con estrés postraumático en tratamiento y con una imputación en su contra por usurpación de espacio público. La abogada que acompañaba a los manifestantes terminó siendo imputada.

Orietta Eliana Llauca Huala es abogada mapuche williche y litiga en causas de comunidades indígenas en el sur, varias de ellas sin cobrar honorarios. La más larga la llevó a cabo durante una década contra Francisca Ponce Pinochet, nieta de Augusto Pinochet e hija de Julio Ponce Lerou, por 147,5 hectáreas en la comuna de Puyehue, y se resolvió en la Corte Suprema en abril de 2026.

Lo de Puerto Montt fue la única vez que el Protocolo de Protección se activó en su favor. A través de un contacto en Santiago, la Subsecretaría de Derechos Humanos ingresó una denuncia por apremios ilegítimos y se tomó declaración a ella y a un testigo. Ahí terminó. «Ellos hicieron la denuncia y es algo que yo pude haber hecho y lo pude haber hecho mejor que ellos, porque también soy abogada», dice. El resultado, agrega, quedó «en nada».

Orietta lleva años denunciando diversos hostigamientos por su labor de defensa a comunidades indígenas. En 2023, cuando el Protocolo todavía no existía, Orietta recibió una amenaza de incendio “¿te gusta el fuego ah? ahora va”. Más de un año después, el 29 de noviembre de 2024, su oficina en Llanquihue, donde guardaba las carpetas de sus causas, fue destruida por un incendio.

La carpeta investigativa de ese incendio tiene 35 páginas. En ella consta que un vecino de 22 años declaró haber visto salir a un hombre del inmueble poco antes del fuego, que un detector de Bomberos marcó positivo para gases combustibles en una de las carpetas y que las cámaras de los alrededores habían perdido la grabación de esa noche.

En la misma carpeta está la conclusión del peritaje. El informe de Bomberos atribuye el origen del fuego a una falla eléctrica, se determinó que la causa del incendio fue un “fuego por sobrecalentamiento de conductores eléctricos de enchufes en tomacorrientes”. 

No convencida con la investigación, decidió no seguir colaborando. Arrastraba años de denuncias sin resultado y se negó a declarar. «Después de haber denunciado una serie de amenazas, donde he ido a declarar para que después las archive la fiscalía, no seguiré perdiendo el tiempo», respondió por escrito a la policía. El 7 de febrero de 2025 la Fiscalía de Puerto Varas pidió el archivo provisional y la causa quedó sin responsables. «No creo ni confío en el sistema de persecución penal ni en tribunales», cerró.

El incendio es el último eslabón de una cadena que ella misma sistematizó en un informe propio, que cubre de 2012 a agosto de 2023. Ahí están, en orden: en abril de 2012, una jueza de familia de Puerto Montt se burla de su condición mapuche en plena audiencia, con el micrófono del estrado abierto. En 2015, las tuercas de una rueda de su auto estaban sueltas camino a un juzgado; en 2021, su casa y su oficina amanecidas con cintas rojas; en 2022, una amenaza de muerte contra su hijo; en 2023, un fiscal que obtiene autorización judicial para allanar su oficina e incautar su computador y su teléfono. Denunció casi todo. Pero asegura que casi todo terminó archivado. (Ver foto de Orietta)

El acuerdo de Escazú y el Protocolo de Defensa

Para activar el mecanismo que Chile creó para proteger a las personas defensoras hay que llenar un formulario y enviarlo por correo electrónico. El formulario existe únicamente en Word. Es la única puerta de entrada, y el propio informe del Protocolo la reconoce como una limitación «en términos de accesibilidad, usabilidad y disponibilidad».

Daniela Quintanilla, que era subsecretaria de Derechos Humanos cuando ese formulario se diseñó, explica por qué quedó así. Evaluaron el costo de una plataforma digital «más amigable que el Word», pero «no teníamos en ese momento los recursos económicos para desplegar y desarrollar una plataforma que tuviera todos los mecanismos de seguridad». Sabían que iba a ser difícil de llenar, agrega, pero tenía que contener toda la información que el Ministerio Público necesita para abrir una investigación.

El origen de este formulario está cuatro años antes. En marzo de 2022, uno de los primeros gestos del gobierno de Gabriel Boric fue firmar el Acuerdo de Escazú, cuyo artículo 9 es explícito: el Estado debe reconocer a las personas defensoras, garantizarles un entorno seguro y prevenir, investigar y sancionar los ataques en su contra.

La bajada de esa promesa tardó casi dos años. El Protocolo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos entró en vigencia el 27 de diciembre de 2024. No es una ley, es un instrumento administrativo de coordinación, firmado por seis instituciones del sistema de justicia penal, sin presupuesto propio y sin facultades nuevas. Funciona, dice Felipe Guerra, abogado del Observatorio Ciudadano, «sobre lo que ya existe».

A días del cambio de mando de 2026, la Subsecretaría de Derechos Humanos publicó el primer informe de ese Protocolo. Lo firma la propia Quintanilla, quien primero lo presentó ante la Comisión Nacional de Coordinación del Sistema de Justicia Penal en abril de 2024, cuando era jefa de la División de Protección, y quien dos años después firmó el documento que evalúa su primer año. Es ese mismo documento oficial el que deja por escrito buena parte de lo que el mecanismo no alcanzó a hacer.

Quintanilla defiende el valor de haber construido «por primera vez un diagnóstico o una línea de base con evidencia empírica, desde la institucionalidad y no desde la experiencia y vivencia de los propios defensores». Pero admite que el instrumento «no alcanza a llegar a todas las situaciones de riesgo ni amenaza de todos los defensores». Y reconoce su fragilidad de origen: «el carácter administrativo le da cierta fragilidad a las políticas públicas porque dependen mucho de la autoridad de turno y todo se puede revertir muy fácilmente».

Los números de este informe muestran dónde está el límite. Entre el 27 de diciembre de 2024 y el 31 de diciembre de 2025 el Protocolo recibió 44 solicitudes de activación. Seis no corresponden a su objeto, de modo que el universo real es de 38 personas defensoras.

De ahí en adelante el rastro se adelgaza. 25 casos fueron derivados al Ministerio Público. En 18 se abrió investigación y 2 llegaron a formalización (ver gráfico 1). Las demás se archivaron, se suspendieron, volvieron a la mesa o quedaron desformalizadas con diligencias pendientes. La diferencia entre 25 y 18 tiene explicación técnica, y el propio Ministerio Público la da: hay formularios que se acumulan a una causa previa y otros que se refieren a un mismo hecho.

El informe consigna además qué pasó con los casos que el Protocolo mandó a otras instituciones. Hubo 53 derivaciones a doce organismos del Estado y de todas ellas llegó una sola respuesta, «proveniente de la Contraloría General de la República». Las demás quedaron «pendientes de respuesta, sin que se haya informado a la Subsecretaría el estado de su tramitación o resultados». La Secretaría Técnica del Protocolo derivó los casos y no supo en qué terminaron.

Para Guerra ese es el problema de diseño. «El indicador es cómo se activa el protocolo, pero queda fuera toda la discusión respecto a las medidas, la eficacia, la situación particular de esas personas», dice. El propio informe admite algo parecido cuando reconoce que el mecanismo no tiene criterios claros para cerrar ni reabrir casos.

A eso se suma que no hay plata. En diciembre de 2025, ante una solicitud de transparencia, la Subsecretaría respondió por escrito que ni la mesa de coordinación ni el portal del Protocolo «disponen de un ítem o asignación presupuestaria específica». La organización FIMA, especializada en derecho ambiental, agrega que tampoco existe un método claro para asignar y evaluar las medidas, y que el instrumento actúa solo cuando el daño ya ocurrió. Las tres cosas están encadenadas: sin presupuesto no hay indicadores, y sin indicadores no puede haber seguimiento.

La amenaza más frecuente contra las personas defensoras no fueron los golpes ni los incendios, sino la violencia digital: 14 de los 55 hechos registrados (ver gráfico 2). Es también la que el Estado admite no saber enfrentar. «Se identifica una brecha relevante en el abordaje de casos de violencia digital, derivada de la ausencia de un reconocimiento legal explícito de este fenómeno», dice el informe. Guerra lo describe igual desde afuera: «La violencia digital es una de las principales amenazas que actualmente viven los defensores. Ahí nosotros tenemos un vacío».

El diseño dejó otro hueco. El Protocolo no contempla activaciones colectivas: está pensado para personas, no para comunidades, justo cuando buena parte del conflicto es territorial. Una comunidad como la de Nora y Gricel, que defiende un territorio entero, no cabe en ese formulario.

Hay una razón por la que Orietta Llauca cree que el mecanismo no está hecho para ella, y no tiene que ver con cómo se aplicó en su caso sino con cómo está escrito. El Protocolo ampara a quien defiende derechos «por medios pacíficos». La frase está en su artículo segundo, y el Plan Nacional de Escazú la refuerza aclarando que la definición «no incluye a los individuos o grupos que cometan actos violentos o propaguen la violencia». Para ella, esa cláusula la excluye antes de cualquier trámite. «No se reúnen conmigo ni estoy amparada por el acuerdo de Escazú», dice.

Su lectura es la siguiente: «Escazú es un excelente tratado, pero el protocolo le cortó las patas, se volvió un cajero automático para las fundaciones y las ONG», dice. El defensor territorial, explica, es el que levanta protestas, entra a lugares cerrados y saca máquinas del territorio, y todo eso el Estado lo lee como violencia. «Para ellos yo soy rota, yo soy picante, yo soy violenta, yo soy terrorista, todo lo que quieran», dice.

Quintanilla defiende la cláusula. «Es el estándar internacional, es el estándar que está contenido en los principios de Naciones Unidas, no es una elaboración o una restricción propia», dice, y la compara con el derecho a la protesta: se puede interrumpir el tránsito pacíficamente, pero no lanzar una bomba molotov. Admite, eso sí, que el problema no está en la palabra sino en quién la interpreta, porque muchas veces «se criminalizan medios que efectivamente son pacíficos».

Hubo también una pieza que quedó fuera y que explica por qué después nadie puede contar. Quintanilla cuenta que durante la elaboración del Protocolo trabajaron con el Ministerio Público la posibilidad de crear marcadores dentro de su sistema de casos, para poder identificar cuáles involucraban a personas defensoras. No prosperó. «Como no es un tipo penal en específico, había mucha resistencia también a la categoría defensor como atribución automática. Entonces desechamos esa posibilidad», dice. Sin ese marcador, el sistema penal no tiene cómo saber cuántas de sus causas involucran a defensores.

Nada de esto era desconocido para el Estado. En 2023, antes de redactar el Protocolo, la Subsecretaría reunió a organizaciones y defensores en una serie de diálogos participativos. Ahí pidieron, entre otras cosas, seguridad digital, mecanismos de protección para colectivos y una respuesta rápida en vez de burocracia. El Protocolo que llegó un año después no incluyó ninguna de las tres, y su primer informe las volvió a listar, esta vez como «nudos críticos».

Existe, además, un camino que el Estado no ha tomado. Desde 2024 espera en el Congreso el Boletín 16.886-12, un proyecto de ley que busca reconocer legalmente a las personas defensoras del medio ambiente y agravar las penas por los ataques en su contra. Para Guerra, su sola existencia confirma el límite del instrumento vigente: un protocolo administrativo depende de la voluntad del gobierno de turno y una ley no. Actualmente el proyecto se encuentra en fase de Segundo trámite constitucional sin urgencia. 

Hay un dato del informe que el mecanismo registra y no usa. De las 38 personas defensoras que activaron el Protocolo en su primer año, 20 son mujeres, y el mismo documento advierte que la violencia digital, la amenaza más frecuente, «afecta de manera diferenciada a mujeres defensoras». Entre sus recomendaciones estaba incorporar al Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género a la mesa de coordinación. En las tres sesiones que la mesa celebró en 2026, ese servicio no la integraba. (ver sesión 1, 2 y 3)

El Protocolo sabe, entonces, cuántas veces se activó y sabe que la mayoría de quienes lo activan son mujeres. Lo que no sabe es cuántas defensoras hay en Chile.

Qué significa ser mujer defensora en Chile

El jueves 16 de abril de 2026, en la Biblioteca Severín de Valparaíso, la fundación Escazú Ahora presentó su tercer informe anual. En 2025 la organización registró 72 agresiones contra 67 personas defensoras, el número más alto desde que lleva el conteo. Casi la mitad de las víctimas se identificó como parte de un pueblo indígena, en su mayoría mapuche. Y el 55,2 % eran mujeres.

Ese informe también registra qué cambió en la forma de agredir. La agresión más frecuente de 2025 ya no fue la física, sino la desacreditación pública, que pasó del 4,2 % de los casos en 2024 al 36,1 % en 2025, por encima de las agresiones físicas. (Ver foto)

El fenómeno excede a Chile. Según Global Witness, América Latina concentra alrededor del 82% de los asesinatos de personas defensoras del ambiente en el mundo. En Chile la violencia rara vez llega al asesinato, se ejerce, sobre todo, por vías menos visibles: la desacreditación, el hostigamiento judicial y la agresión en redes. 

Antes de seguir con las cifras conviene una advertencia. El Estado, Escazú Ahora y la Fundación Multitudes cuentan cosas distintas y con métodos distintos. El primero registra solicitudes de activación de su propio mecanismo; la segunda, agresiones documentadas en prensa y por denuncia; la tercera, respuestas a una encuesta. Ninguna de las tres cifras es el total de nada, y no se pueden sumar entre sí.

La de Multitudes es la que mira específicamente a las mujeres. Publicada en 2026, se basa en una encuesta a 203 defensoras ambientales, complementada con once grupos focales que reunieron a 113 mujeres en ocho territorios del país, entre ellos Temuco, Cañete y Chiloé, y fue financiada por la cooperación británica con la colaboración de los ministerios del Medio Ambiente, de la Mujer y de Justicia.

Ese estudio dejó un hallazgo que interpela al mecanismo: hay zonas de alta conflictividad socioambiental que no figuran en los registros del Protocolo. Es la misma sospecha que tiene la ex subsecretaria. «Yo no tengo ninguna duda de que hay más casos que esos 44», dice Quintanilla, son un piso.

Con esas advertencias sobre la mesa, hay una coincidencia que los tres registros no desmienten. El del Estado ya lo dijo: la mayoría de quienes activan el Protocolo son mujeres, y 30 de esas 38 personas pertenecen a algún grupo de especial protección, siendo el de las mujeres el más numeroso, con 13 casos, seis de ellos con más de una condición cruzada. El de Escazú Ahora coincide con su 55,2 %. Y el de Multitudes está hecho, entero, con defensoras: entre las 203 consultadas, el 50,9 % reportó violencia psicológica y el 78,8 % dijo temer por su integridad o la de un familiar. Preguntadas por los grupos más afectados, señalaron a las mujeres en un 80,4 % y a los pueblos originarios en un 79,7 %.

Hay una forma de violencia que golpea distinto según quién la reciba. En el registro del Protocolo, la vía digital aparece en el 30 % de los casos de mujeres y en el 20 % de los de hombres. Multitudes la sitúa en el 38,6 % de las defensoras encuestadas. Y el informe oficial lo dice con todas sus letras: la violencia digital «afecta de manera diferenciada a mujeres defensoras».

«Somos mujeres, andamos con los hijos chicos y no sabemos en qué momento nos puede pasar algo, porque siempre andan armados», dice Nora Ñancul. La frase no describe un temor abstracto. Describe la rutina de una recuperación rodeada de guardias privados, con helicópteros que pasan bajo y camionetas que patrullan los caminos.

Los hijos están dentro del conflicto desde el principio. Nora llegó al predio en 2019 con su hija y vivió tres años ahí, incluido el otoño del estallido. Al hijo de Gricel, que entonces tenía catorce años, lo golpearon con la culata de una pistola durante el allanamiento de 2020, y días después volvieron a golpearlo en una marcha en Temuco. Maximiliano, el hijo mayor de Nora, murió de leucemia a los diecisiete en abril de 2021, y el chemamull que está junto a las rucas es por él.

En julio de 2026, la hija de siete años de Gricel llevaba tres semanas sin ir a clases. Según cuenta su madre, el Servicio Local de Educación Pública Puelche, que administra los establecimientos de Mulchén, cerró la escuela a la que asistía y no dispuso un furgón de acercamiento para llevarla a otra. La explicación que dice haber recibido fue que «por una niña es plata perdida». (Ver foto de Nora y Gricel junto a sus hijas)

Por otro lado, Alejandra Parra es bióloga y trabaja en la Red de Acción por los Derechos Ambientales, en La Araucanía. Contra ella circularon videos manipulados con inteligencia artificial que la vinculaban de forma falsa con Héctor Llaitul. Presentó una querella por amenazas y el Instituto Nacional de Derechos Humanos pidió activar el Protocolo en su favor.

Lo que ocurrió después es el mismo patrón, con otra mujer. «Me mandaron copia de esa solicitud, pero después de eso no he recibido ninguna información sobre cómo se ha implementado», dice Parra. «Aparte de eso, no he recibido absolutamente nada.»

Con Orietta el registro es otro. En marzo de 2022, mientras litigaba contra una inmobiliaria por dos humedales, un estero y un bosque nativo, le llegó un correo que amenazaba con matar a su hijo, entonces menor de edad. Según el informe que ella misma sistematizó, la dirección desde la que salió ese mensaje era «lagranhijadetumadre@gmail.com», y el texto le advertía que no volvería a ser «más que la pobre triste mujer». Hizo la denuncia. A los diez días la fiscal decidió no perseverar, y los recursos que presentó después fueron rechazados.

En los tres casos el ataque no discute lo que defienden: discute quiénes son. A dos las convierte en terroristas y a la tercera la reduce a mujer.

Chile no solo se comprometió con Escazú. También es parte de la Convención de Belém do Pará, el tratado interamericano que obliga a los Estados a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Guerra explica cómo se cruzan. Escazú, dice, «no crea derechos nuevos en la práctica, sino que son especificaciones de derechos que ya existían», y en el caso de «una defensora mujer indígena se intersectan estas regulaciones». De ahí saca una consecuencia que cambia el nombre del problema: «muchas veces la violencia que viven las mujeres defensoras en el contexto del activismo son formas de violencia política».

Orietta lo mira desde el otro lado, el de quien ataca. Cree que la impunidad es parte del cálculo: «se sienten con mayor impunidad, sienten que tienen garantizada la impunidad, porque en definitiva están atacando a alguien que en esta sociedad todavía se desprecia, que es una mujer mapuche». Y agrega una capa más, que es de clase y no de origen: «no me perdonan que yo sea abogada».

En un tribunal, todo esto se traduce en una estrategia. Rodrigo Pizarro dice que alega siempre «en base a la interseccionalidad», y lo explica así: «son mujeres imputadas, es decir, les benefician todos los derechos de los imputados. Son mujeres y hay un estándar que las protege aparte. Y encima son mapuche. O sea, podríamos hablar incluso de una triple interseccionalidad».

El resultado, advierte, no es previsible. «Algunas veces nos va bien, algunas veces nos va mal», dice. Y hay un factor que ninguna de esas alegaciones controla: en varios de estos casos, quien está al otro lado no es un particular ni una empresa, sino un organismo del Estado.

La contradicción del Estado

El Protocolo no crea medidas de protección propias. Cuando la situación que motiva la activación tiene relevancia penal, deriva el caso al Ministerio Público, que recibió 25 de las 53 derivaciones del primer año. Ese organismo es, al mismo tiempo, el que ejerce la persecución penal en Chile.

Para Felipe Guerra ahí está el punto ciego del instrumento. «Muchas de las vulneraciones a los defensores son cometidas por el propio Estado, incluso por los organismos que son parte del protocolo, como el Ministerio Público, a través de la criminalización», dice. «De esa situación el protocolo no se hace cargo.»

En los dos casos de este reportaje esa contradicción tiene nombre de institución. A Nora la detuvo la Policía de Investigaciones, una de las seis firmantes del Protocolo, por una causa que llevaba la misma Fiscalía a la que habría que pedirle una medida de protección. Su abogado lo resume así: «la Fiscalía es precisamente el ente que la estaba persiguiendo en esta causa por maltrato de obra a carabinero. Entonces es como una dualidad un poco extraña». En el de Orietta, el mismo organismo archivó sus denuncias por amenazas, pidió el archivo del incendio de su oficina, obtuvo autorización para allanarla en 2023 y la imputó por lo de la municipalidad.

Sabiendo eso, hay quien prefiere no activarlo. Guerra recuerda a una defensora huiliche que se lo explicó sin rodeos: «yo no quiero activar el protocolo porque la respuesta del protocolo va a ser que me pongan un policía en la entrada de mi casa. Y el problema es que uno de los factores de riesgo de mi seguridad tiene que ver con las policías y los carabineros». Orietta lo dice más corto, «no necesitamos un carabinero cuidándonos», y Pizarro dio esa misma desconfianza como una de las dos razones por las que nunca invocó el mecanismo. No es una impresión aislada: en la encuesta de Multitudes, las fuerzas de seguridad son el segundo perpetrador más señalado por las defensoras, con un 58,2 %, después de las empresas privadas, y un 35 % dice haber enfrentado acciones u omisiones del propio Estado.

Dos abogados que litigan en la macrozona sur describen cómo opera ese sesgo desde dentro de las instituciones. Sebastián Saavedra, presidente de CIDSUR, sostiene que la respuesta de la Fiscalía «depende mucho de la calidad o el origen racial o social de la víctima»: cuando las víctimas son colonos, dice, se abren investigaciones «con equipos especiales, fiscales exclusivos». Y advierte que el trato diferenciado «se va a acentuar con el nuevo gobierno».

Su colega Pablo Ortega apunta al origen del desequilibrio. «El poder económico genera poder político, y en el sur de Chile eso es aún más evidente», dice, y describe un «creciente uso de guardias ilegales o alegales que protegen los intereses de los latifundistas, de los colonos y de las empresas forestales»: los mismos guardias que Nora ve pasar en camionetas frente a su ruca.

Guerra explica cómo se instala esa mirada. «Se empieza a construir la figura del enemigo interno», dice, «y cuando además ese actor que se opone al desarrollo es un activista ambiental indígena y mujer, la situación se vuelve mucho más compleja». Nada de eso es nuevo para el Estado chileno: en 2014 la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo condenó en el caso Norín Catrimán por el uso abusivo del derecho penal contra dirigentes mapuche.

Y sin embargo el mismo aparato que imputa también defiende. El informe del Protocolo deja constancia de que la Defensoría Penal Pública, un órgano del Estado, asumió la defensa de dos personas defensoras que ese mismo Estado había imputado, y de que las dos terminaron sobreseídas. En el caso de Nora fue una defensora penal pública quien negoció el acuerdo que la sacó de la cárcel de Angol el 14 de julio de 2025. Y en la causa que Forestal Mininco siguió contra las hermanas Ñancul, dos juezas de la Corte de Apelaciones de Concepción se apartaron solas al advertir sus propios vínculos con la empresa. Quintanilla lo admite sin adornos: «ninguna institucionalidad puede suplantar al Ministerio Público, nadie la puede reemplazar».

A cuatro años y dos gobiernos

La pregunta que este reportaje le hizo al Estado chileno es simple. Cuando una persona defensora activa el Protocolo y su caso se considera fundado, ¿qué recibe? ¿Protección policial, rondas periódicas de patrullaje, apoyo psicosocial, otra cosa? ¿Y dónde queda anotado eso?

Es la única manera de saber si el mecanismo hizo algo. Un caso derivado no es una persona protegida, y una activación registrada tampoco. Entre junio de 2025 y agosto de 2026 esa pregunta se hizo tres veces por escrito, por la vía de la Ley de Transparencia, y llegaron cuatro respuestas firmadas, dentro de plazo, bajo dos gobiernos distintos. En ninguna aparece una medida.

La primera llegó el 11 de junio de 2025. La Subsecretaría de Derechos Humanos contestó enumerando a qué organismos había derivado los casos, que no es lo mismo que decir qué se hizo con ellos. Un segundo oficio de ese mismo día dejó por escrito algo que hasta entonces no constaba: que antes del 27 de diciembre de 2024 no existían en Chile lineamientos de protección para personas defensoras. La segunda respuesta es de diciembre de 2025 y ya apareció en este reportaje: ni la mesa de coordinación ni el portal del Protocolo tienen asignación presupuestaria.

La tercera se pidió el 3 de junio de 2026 y llegó el 15 de julio, con una prórroga de por medio. Es la primera radiografía del mecanismo bajo el gobierno de José Antonio Kast. Confirma que en 2026 tampoco hay presupuesto e informa quince activaciones entre enero y junio, con medio ambiente otra vez como el área más frecuente (ver gráfico 3). 

Traía además las actas de las tres sesiones que la Mesa de Coordinación celebró ese año, y ahí se ve cómo funciona por dentro: el 5 de marzo la Policía de Investigaciones «no asiste, y no se excusa previamente»; en esa sesión y en la del 7 de mayo faltó la asistencia necesaria para adoptar las decisiones que exigen unanimidad, de modo que dos de las tres reuniones del año no pudieron resolver lo que tenían en tabla; en dos casos la Mesa determinó que los hechos «no quedan comprendidos dentro de las materias del Protocolo»; y el material de difusión seguía en borrador a diecisiete meses de la entrada en vigencia.

Sobre las medidas concretas, esa respuesta no las informa. Deriva la pregunta al Ministerio Público, con una condicional que conviene leer con atención: le pide que responda directamente al solicitante «en caso de contar con la información».

Y hay una segunda pregunta que quedó sin respuesta por otro camino. El propio informe anual del Protocolo terminaba con una lista de recomendaciones: hacer un formulario digital, crear un mecanismo de activaciones colectivas, incorporar al servicio de la mujer a la mesa, fijar criterios para cerrar y reabrir casos, abordar la violencia digital. Consultada por cuáles de esas estaba cumpliendo, la Subsecretaría contestó que esa consulta «no corresponde a una solicitud de acceso a la información pública» y que constituye «más bien una manifestación del legítimo ejercicio del derecho a petición».

Ahí este reportaje reclamó. El 18 de julio de 2026 ingresó un amparo ante el Consejo para la Transparencia, que quedó con el rol C9632-26, acotado a ese punto y a otro que tampoco se respondió: si el personal a cargo del Protocolo había cambiado desde el 10 de marzo, el día anterior al cambio de gobierno. El argumento del reclamo es que lo pedido son documentos que existen o no existen, actos, resoluciones, convenios, actas, y que si no existen corresponde que el órgano lo declare. Hay un detalle que importa: en ninguno de los dos puntos la Subsecretaría invocó secreto ni reserva. No se negó a entregar la información. Se negó a considerarla información. Al cierre de esta edición el reclamo seguía en tramitación.

La cuarta respuesta llegó el 13 de agosto de 2026, firmada por la directora ejecutiva nacional del Ministerio Público, Mónica Naranjo López. Esa sí deniega, invocando una causal de reserva de la Ley de Transparencia, y su argumento merece leerse completo: entregar ese nivel de detalle «podría significar la exposición de una situación de riesgo o vulnerabilidad que, precisamente, las referidas medidas de protección pretenden controlar». Es un razonamiento atendible. Exponer qué protección tiene una persona amenazada puede desprotegerla.

El segundo párrafo de esa carta es el que cierra el círculo. El Ministerio Público explica que «hay medidas de protección que no son resorte de nuestra institución, sino que deben ser activadas por la Subsecretaría de Derechos Humanos y los órganos colaboradores». La Subsecretaría había mandado esa pregunta al Ministerio Público un mes antes. El Ministerio Público la devuelve a la Subsecretaría.

Conviene decir con precisión qué prueba esto y qué no. No prueba que las medidas no existan. Prueba que no son verificables desde fuera. Y hay una crítica más exacta: no se pidió solo el detalle de las medidas, se pidió también el registro que se lleve de ellas, una pregunta que puede responderse de forma agregada y anónima, sin exponer a nadie. Ninguno de los dos organismos dijo si ese registro existe.

Queda una última cosa, y explica el resto. Quintanilla contó que, previendo un cambio de ciclo, alojaron el Protocolo en la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal precisamente para blindarlo, porque discontinuarlo formalmente exigiría el acuerdo de un órgano que integran el Ministerio Público y el Poder Judicial. El blindaje funcionó: nadie lo discontinuó, y la Mesa siguió sesionando bajo el nuevo gobierno, incluso aprobó por unanimidad sus lineamientos de trabajo en marzo. Pero la respuesta de julio informa que el informe anual y sus recomendaciones «no han sido incluidos en las tablas» de las dos sesiones que esa Comisión celebró desde el 11 de marzo de 2026.

Al día siguiente de asumido el nuevo gobierno, el 12 de marzo de 2026, la Subsecretaría del Medio Ambiente retiró desde la Contraloría 43 decretos ambientales. En abril, el Ministerio de Justicia desvinculó a tres jefaturas encargadas del Plan Nacional de Búsqueda y del Programa de Derechos Humanos, las unidades a cargo de buscar a detenidos desaparecidos y de coordinar la política de derechos humanos del país. La nueva ley marco de permisos sectoriales (la “permisología”) debilita la participación ciudadana y la transparencia ambiental; “hay una cierta contradicción con Escazú”, dice Guerra. La ley acorta los plazos de la tramitación ambiental y reduce las instancias de participación, que son justamente los espacios donde comunidades como las de Nora y Orietta alcanzan a oponerse a un proyecto antes de que se apruebe.

Guerra advierte, eso sí, que el tratado de Escazú no se puede desarmar de un plumazo, porque sigue vigente y Chile debe informar sus avances ante la Cepal. Lo que sí depende de decisiones administrativas es la protección que llega o no llega al territorio. Quintanilla lo había anticipado antes de que ocurriera: un gobierno que no quiera el Protocolo puede «ponerle el mínimo posible, dejarlo morir o dejarlo que duerma, sin hacer mucho».

El mecanismo no está muerto. Recibe activaciones, las deriva, su mesa se reúne y aprueba lineamientos. Lo que no ha podido hacer, a veinte meses de su entrada en vigencia, es mostrar qué hizo por una sola persona.

En la Comunidad Autónoma Likankura, Nora y Gricel tienen dos planes. Uno es un colegio, sus últimos movimientos han sido tratar de levantar una escuela intercultural dentro del territorio, porque los niños que viven ahí no tienen dónde estudiar cerca, y son ellas las que andan golpeando puertas.

El otro es el cerro. Nora quiere reforestarlo y declararlo sagrado. Arriba, entre las plantaciones de Forestal Mininco, está la tumba de un antepasado de la comunidad, y también la antena con cámaras que registra los movimientos de la zona. Sabe lo que puede venir. «Por ahí, a lo mejor, vamos a tener problemas también por impedir esa antena que está en la punta del cerro», dice.

Es el mismo territorio por el que la balearon en 2015, por el que la formalizaron en 2019 y por el que la detuvieron a la salida de un hospital en 2025. Lo que la mantiene ahí más allá de los temas legales, explica que: «lo más importante para nosotras es lo que nosotras deseamos y desean nuestros hijos, un lugar con espacio, donde ellos puedan andar libres».

Más al sur, Orietta Llauca sigue litigando. Las trece familias de la Comunidad Llanquileo no fueron desalojadas tras esa causa que duró más de 10 años. «Nos conocimos en realidad en el camino», dice. «Durante toda esta lucha nos conocimos realmente y llegamos afortunadamente hasta el final.»

A Nora nadie le dijo nunca que existía un mecanismo del Estado para protegerla, Orietta lo activó una vez y nadie volvió a informarle nada.