Chile no fue el único país que estalló en los últimos años. Perú y Bolivia también han vivido convulsiones importantes, aunque motivadas por motivos políticos más específicos y acotados. Ecuador y Colombia, en cambio, tuvieron, al igual que nuestro país, sus explosiones luego de que explotaran décadas de descontento y frustración por las profundas deudas del sistema en su conjunto con la ciudadanía. ¿Qué factores hay en común y qué diferencias hay entre los distintos procesos que hicieron temblar el establishment latinoamericano?  

A esta altura, ya es sabido cómo todo se desató: las manifestaciones las iniciaron estudiantes secundarios en Santiago saltando en masa torniquetes, descontentos por el aumento de $30 en la tarifa del transporte público. Era octubre de 2019, los días previos al viernes 18.

También ya se sabe que no fue ese hecho en particular lo que hizo estallar el amplio descontento, sino que era tan solo la gota que rebalsó un vaso que venía llenándose desde hace mucho, con demasiadas demandas ciudadanas insatisfechas por años, décadas incluso. Millones de personas terminarían uniéndose en una movilización espontánea, transversal y nacional que, entre el caos, la violencia y las incertidumbres, estaba caracterizada por la esperanza de cambios estructurales que mejoraran la vida de las personas.

Si bien ese movimiento remeció a todo el país y al sistema político por completo, y puso a Chile bajo el foco y las miradas de todo el mundo, el fenómeno no era algo exclusivamente local. Ya antes había ocurrido en Ecuador, frente un paquete de medidas económicas impulsadas por el gobierno del entonces presidente, Lenin Moreno, que se encontraron con un fuerte rechazo ciudadano y de las más poderosas organizaciones de la sociedad civil. Después, en 2021, pasaría algo similar Colombia.

Hubo también otras movilizaciones importantes, como la llamada “Revolución de las Pititas”, en Bolivia, tras las acusaciones de fraude electoral por parte del entonces presidente Evo Morales, quien competía por un nuevo período en las elecciones generales del 20 de octubre de 2019, lo que terminó con su renuncia y posterior exilio. También ocurrió en Perú (2022), tras el intento de autogolpe del mandatario Pedro Castillo –quien terminaría destituido y detenido–, y allá se extendió por meses, debido a la profunda crisis institucional del sistema político peruano en su conjunto.

Esas últimas dos, si bien remecieron a sus respectivos países y coinciden con las demás experiencias en las movilizaciones masivas, enfrentamientos con las fuerzas públicas de orden y seguridad y la heridas y muertes de cientos de ciudadanos y ciudadanas en medio de las protestas, se diferencian de las otras en que apuntaban a hechos específicos de la política local, mientras que las de Chile, Ecuador y Colombia tienen en común algo más que la violencia: surgieron de las profundas grietas producidas por injusticias enquistadas en sus estructuras sociales.

¿Qué similitudes y diferencias tuvieron esos procesos con lo que ocurrió en Chile? ¿De qué manera el descontento ciudadano frente a sistemas que no responden de forma satisfactoria a sus inquietudes han marcado la política latinoamericana de los últimos años? Puroperiodismo revisó esos procesos y conversó con especialistas que arrojan luces sobre estas preguntas.

Ecuador, 2019: la convulsión social que antecedió al estallido chileno

Sólo unos días antes de que todo empezara a ocurrir en Santiago, el 1 de octubre de 2019, el entonces mandatario ecuatoriano, Lenin Moreno, dio a conocer en cadena nacional una serie de seis medidas económicas y laborales, además de 13 propuestas legislativas que buscaban impulsar la alicaída economía de su país. Lo que logró fue todo lo contrario.

Entre los principales puntos incluidos en el paquete estaban la liberación de los precios del diésel y la gasolina extra, eliminando con ello un subsidio a los combustibles que, se esperaba, implicaría un ahorro público por alrededor de US$ 1.300 millones, aunque se traducía en un aumento importante en el gasto de los hogares. Proponía también un impuesto especial a empresas con ingresos superiores a los US$ 10 millones anuales, con el objetivo de recaudar más de 30 veces ese monto con el fin de destinarlos a seguridad, educación y salud. Se anunciaron reducciones arancelarias para maquinaria y tecnología, así como la eliminación del anticipo del impuesto a la renta. En el ámbito laboral, se introdujeron nuevas modalidades de contratación que afectarían a futuros empleados y se redujeron las vacaciones para funcionarios públicos de 30 a 15 días.

Eso es tan solo una muestra de lo que proponía la administración de Moreno, quien entonces enfatizó en que todo el paquete eran decisiones necesarias y “postergadas durante décadas”, que buscaban un equilibrio entre la austeridad fiscal y el apoyo social. Para mitigar el impacto en los sectores más vulnerables, anunció que 300.000 familias recibirían un bono adicional mensual de US$ 15.

Imágenes de protestas en Ecuador durante 2019 (FOTO: Diariojuridico.com)

La respuesta fue el rechazo rotundo de las principales organizaciones de la sociedad civil, además de gremios, sindicatos y algunos partidos políticos. Vinieron, entonces, marchas multitudinarias, paros generales, enfrentamientos, violencia, destrucción, como la quema del edificio de la Contraloría General del Estado, entre otros. Las movilizaciones duraron hasta el 13 de octubre, y en esos 12 días hubo casi 1.200 personas detenidos, 1.340 heridas y ocho asesinadas.

A diferencia de lo ocurrido en Chile, en Ecuador se logró un acuerdo entre el gobierno y los gremios involucrados en las protestas en un plazo acotado, lo que terminó con la anulación de algunas de las medidas más polémicas y, con ello, el fin de las protestas.

Para el historiador Juan Pablo Vásquez, doctor en Estudios Americanos y académico del Departamento de Política y Gobierno de la Universidad Alberto Hurtado, “el caso ecuatoriano es muy especial, porque es un país que vive cada cierto tiempo convulsiones de ese tipo. Si se revisan los últimos 30 años de su historia, no te vas a encontrar con un solo evento de estos, sino que varios. Ahora, igual hay procesos y contextos en común con el caso chileno”.

Vásquez se refiere a lo que pasó en Colombia dos años después.

Colombia, 2021: la otra estructura neoliberal que se tambaleó

El experto explica que entre todos los otros movimientos ocurridos en América Latina durante los últimos años, quizás el que más se asemeja a lo ocurrido en Chile fue el estallido social de Colombia en abril de 2021.

Fue en plena pandemia por Covid-19, y se inició por el anuncio de una reforma tributaria impulsada por el gobierno del entonces presidente Iván Duque, la cual, para muchos, iba en desmedro de la clase media, ya que aumentaba los impuestos para este sector. Las manifestaciones, que en un comienzo se enfocaron en la eliminación de esa reforma, rápidamente se expandieron para abordar una variedad de problemas sociales y económicos mucho más profundo y estructurales, incluyendo la desigualdad, el desempleo y la falta de acceso a servicios básicos exacerbados por la crisis sanitaria.

“El caso colombiano tiene más elementos en común con el caso chileno. Ambos tienen la característica de ser países donde el modelo económico neoliberal es muy profundo, con las políticas neoliberales más profundizadas, tanto en la institucionalidad como en la cotidianidad en el sentido común de las personas”, dice Vásquez.

Paro nacional en Colombia , 2021 (FOTO: Flickr de Oxi.Ap)

Aunque el gobierno de Duque retiró en cuatro días la reforma tributaria, las protestas se prolongaron hasta diciembre de 2021, y en ellas se registraron constantemente enfrentamientos violentos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, con más de 70 muertes y numerosos casos de violaciones a los derechos humanos que, al igual que en Chile, fueron acreditados y documentados por organizaciones internacionales, como Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Otra similitud fue el impacto que tuvo el movimiento ciudadano para el alzamiento de figuras políticas que proponían importantes cambios estructurales. En Chile fue Gabriel Boric; en Colombia, el actual presidente Gustavo Petro.

“Ambos casos también se asemejan en que, después de la revuelta, surgen en las elecciones presidenciales personas que figuran con proyectos políticos innovadores y cercanos al clamor popular y, una vez en el gobierno, tanto Petro como Boric establecen políticas más moderadas que las que planteaban, porque se encuentran con una serie de obstáculos para poder cumplir sus objetivos”, acota Vásquez.

El 18/O en el contexto internacional

Para entender cómo surgió el estallido social en Chile hay que comprender que había desde antes un gran descontento con la clase política y los pilares del sistema político-económico imperante desde la dictadura. Así lo plantea el sociólogo e investigador de la Universidad Católica de Temuco, Jorge Baeza: “Chile venia experimentando una situación que se estaba dando en diferentes partes del mundo, que consiste en una creciente situación de malestar fruto de la desigualdad que está instalada en muchos países. Un antecedente claro es la Revolución Pingüina de 2006 y las protestas universitarias del 2011; incluso se puede comparar con el movimiento de los indignados en España que protestaban en la conocida Puerta del Sol de Madrid”.

Todo esto, según Baeza se empezó a extender en diferentes rubros y sectores de la sociedad, como la salud, el trabajo, la vivienda y la educacion, entre muchos otros.

El factor común en todos esos casos, y en muchos otros más, es la percepción y frustración de mucha gente que siente que el Estado les ha fallado y no ha estado a la altura de las demandas ciudadanas. Pero, ¿esto implica que el sistema político de esos haya colapsado o está en crisis? Baeza responde que “no tengo la posibilidad de decir con completa certeza de que hay un colapso. Primero, porque el sistema político en Latinoamérica tiene una muy fuerte capacidad de defenderse, y el núcleo del centro no ha logrado ser alterado porque existe una capa fuerte que ha permitido resistir y lograr sobrellevar esta clase de movimientos sociales. Lo que sí es notorio e incluso se aprecia viendo encuestas de los últimos días, es que aparece algo preocupante como el planteamiento de una parte de la población que cree que, ante ciertas circunstancias, es mejor un gobierno autoritario que un gobierno democrático, argumentando que esto trae más tranquilidad o que le da lo mismo el tipo de gobierno que tenga porque solo le importa mantener su trabajo”.