Gabriel Boric es el primer presidente que llegó a La Moneda con la promesa explícita de solucionar la llamada deuda histórica de los profesores: empezaría a pagarla el primer año, pero eso no ocurrió. Tras dos años en el cargo, recién se reunió con los profesores para dialogar, pero sin un plan claro y, ahora, todo sigue en un limbo. Son más de 43 años los que llevan los profesores y profesoras pidiendo una reparación por la merma que les dejó el traspaso en 1981 de la educación pública a los municipios, y aún tienen la esperanza de que se resuelva en este período. Pero se ve difícil y es uno de los puntos que, en materia de Educación, más expectativas genera en la previa a la Cuenta Pública de este sábado 1 de junio. ¿Podrá el gobierno cumplir su promesa?

*Este reportaje fue realizado en el marco del curso Taller de Reportajes y Perfiles de la carrera de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), impartido por el profesor Juan Pablo Figueroa.

Gabriel Boric era, por entonces, un diputado que se había alzado como la carta presidencial del Frente Amplio. Era 2021, en pleno período de campaña, y en medio de la vorágine de actividades, se dio el tiempo para reunirse con profesoras y profesores de Chile. Lo hizo a través de una reunión por Zoom en la que enfatizó su diferencia con los gobiernos que le antecedieron. Él pretendía alzarse entre los docentes como la carta que resolvería una las principales demandas de ese sector: la millonaria deuda histórica que se arrastra desde hace más de 43 años.

“Nuestro equipo está comprometido con esta reparación, a diferencia de quienes les han cerrado la puerta durante tanto tiempo (…) En nuestro gobierno va a haber una reparación y reconocimiento al daño que se les ha causado”, dijo en la reunión en que también estaba presente Antonia Orellana, parte de su comando y actual ministra de la Mujer y Equidad de Género.

Por esa promesa y otras más, un grupo importante de integrantes del Colegio de Profesoras y Profesores, así como también docentes que durante décadas han exigido el pago de la deuda que viene desde que la educación pública se municipalizó en dictadura, le entregaron el apoyo a Boric. Confiaban y esperaban que cumpliera su palabra. Mal que mal, estaba en su programa de gobierno:

Apruebo Dignidad Plan N°10: “Repararemos la deuda histórica con el profesorado de Chile, partiendo durante el primer año de gobierno por las y los docentes de mayor edad, para terminar, beneficiando a un total de casi 60.000 docentes afectados al final de nuestro mandato”.

Lo que salía en el papel no ocurrió. Boric lleva poco más de dos años de mandato, y no ha logrado cumplir esa promesa de campaña, algo que asumió durante su Cuenta Pública de 2023, cuando aseguró que “el Estado de Chile no cuenta hoy con los recursos suficientes para hacerse cargo de toda esta reparación, y por ende necesitamos allegar más recursos con la Reforma Tributaria. De aprobarse esta, inmediatamente presentaremos un proyecto para cumplir con este compromiso. Invito a esta sala y a quienes murmuran a ser parte de este noble y necesario gesto de reparación”.

Pero no hubo Reforma Tributaria; se cayó en el Congreso en marzo de 2023 y, con ello, gran parte del financiamiento que el gobierno esperaba tener para llevar adelante su agenda.

A pesar de eso, a casi un año de esa declaración, el Presidente sí hizo algo histórico, algo que ningún otro mandatario antes que él había hecho: reunirse en La Moneda con representantes del Colegio de Profesores y Profesoras para conversar sobre el tema. Esto sucedió el 15 de marzo, aunque no dio ninguna fecha ni un plan de proyecto para esta demanda.

“Hay compromiso incumplido. El candidato Boric comprometió una solución reparatoria a la deuda histórica. Luego, como presidente electo, reafirmó que eso iba cumplirse. El Presidente en ejercicio en dos oportunidades señaló que se iba a cumplir el compromiso de la deuda histórica y, cuando asumimos como directiva el 8 de enero, nos encontramos con el último compromiso incumplido, que era que en diciembre de 2023 se iba a dar una solución reparatoria”, dijo Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores al salir de esa reunión.

Incertidumbre y frustración es lo que han manifestado un grupo importante de profesores afectados por la deuda. Mientras, al gobierno se le abrió un flanco político: ¿cómo tratar de cumplir la promesa en el escenario actual? En materia de Educación, este será quizás –junto a la polémica condonación del Crédito con aval del Estado (CAE)– uno de los temas que más expectativas generan de cara a la Cuenta Pública que dará el Presidente Boric este sábado 1 de junio.

El ministro de Hacienda Mario Marcel, ante la consulta para este reportaje, solo se limitó a señalar que “esto es parte de la agenda que está desarrollando el gobierno”.

Años de lucha

En 1981, el mismo año en que el Ministerio de Educación (Mineduc) comenzó el proceso de municipalización de la educación pública, el régimen de Augusto Pinochet emitió el Decreto Ley 3.551, que fijaba normas para las remuneraciones de funcionarios fiscales. En su artículo 40, el documento contemplaba a los profesores dependientes del Ministerio de Educación, y establecía que recibirían una asignación especial de entre el 50% y 90% de sus ingresos, incluyendo su sueldo base y otras asignaciones establecidas por ley.

Sin embargo, los y las profesores no recibieron el reajuste salarial contemplado en ese artículo; fue desconocido por los nuevos administradores de los establecimientos, es decir, los municipios. Con esto, los profesores perdieron su calidad de empleados del Estado, lo que tuvo impacto directo en sus beneficios salariales, en sus pagos previsionales y, en consecuencia, en las jubilaciones que hoy reciben.

Según datos del Colegio de Profesores y Profesoras, son cerca de 76 mil los profesionales afectados, pero de esa cifra son cerca de 14 mil los que han fallecidos esperando una respuesta. Estos datos fueron dados a conocer en 2017, cuando se publicó el listado completo de los docentes afectados vivos y fallecidos. Las cifras, por supuesto, han variado desde entonces.

Docentes jubiladas se manifiestan frente a La Moneda (FOTO: José Venegas)

Han pasado diferentes gobiernos desde el retorno a la democracia que han desconocido esta demanda y se negaron a entregar una reparación. En 2009, Andrés Velasco, ministro de Hacienda del primer gobierno de Michelle Bachelet, incluso desconoció que la deuda siquiera existiera: “No existe una deuda histórica, ni moral, ni tampoco legal con el profesorado del país”.

Nicolás Eyzaguirre, cuando fue ministro de Educación al comienzo de la segunda administración de Bachelet, abordó el tema y entregó posibilidades de llegar a un acuerdo, sin embargo, antes de concretarlo fue cambiado de cartera para hacerse cargo de la agenda legislativa del gobierno como ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres). Posteriormente, en 2017, su sucesora en el Ministerio de Educación (Mineduc), Adriana Delpiano, desconoció esta demanda, señalando que el Mineduc no tiene “nada más que hacer” con el tema y que no solo los profesores sufrieron un prejuicio en esa época. La situación fue empeorando con el gobierno de Sebastián Piñera, periodo en el que no existió ninguna propuesta para abordar el problema.

El ex vicepresidente del Colegio de Profesores y Profesoras, Hugo Geters, sostiene que uno de los problemas de la deuda histórica, en parte, es su origen, por lo que tiene un carácter ideológico. “Este bono tiene un carácter ideológico, porque la derecha se cierra en general a pagarlo”, asegura.

De ahí que en 2022 volviera, para muchos, la esperanza con la asunción de Gabriel Boric, en especial cuando a un mes de iniciado mandato, el Mineduc puso a disposición una plataforma para que docentes consultaran online si ya eran parte de la nómina o, bien, solicitar su inscripción en caso de no serlo. Sin embargo, como se ha mencionado durante todo este reportaje, esa reparación aún no se ha concretado por parte del gobierno y muy difícilmente ocurrirá, aunque eso aún está por verse.

La esperanza sigue

“¡Y la deuda que la paguen, y la deuda que la paguen, ahora ya, ahora ya!”, canta un grupo de profesoras que se reúne todos los jueves desde hace 18 años en la Plaza de la Constitución para exigir frente a La Moneda, ya no un pago como les debiera corresponder, sino que, simplemente, una reparación a su demanda. Ellas están constantemente allí, esperando una respuesta del gobierno mientras resisten las condiciones climáticas que sean: lluvias, frío, viento, calor; lo que se requiera hasta conseguir una solución.

A pesar de que aún no hay claridad en cómo se va a resolver esto, Patricia Muñoz, vicepresidenta del directorio nacional del Colegio de Profesores y Profesoras, se muestra confiada. “Yo, la verdad, tengo mucha fe en que las cosas van a salir. No lo que uno soñaría, pero van a salir en una forma digna, como dijo el Presidente. Soy una de las mujeres que cree en él”, señala.

Grupo de docentes jubiladas que todos los jueves se reúne para manifestarse frente a La Moneda, en la Plaza de la Constitución, en demanda a una solución a la deuda histórica. (FOTO: Colegio de Profesores y Profesoras)

No es la única. Patricia Garzo, profesora jubilada y vocera del grupo de docentes que todos los jueves protesta en la Plaza de la Constitución, es otra de las maestras que aún confía en que Boric cumpla su compromiso, pues es, al final, la administración que más los ha acercado a una resolución. “El gobierno del Presidente Boric es el que nos ha dado más esperanza”, dice.

En todo caso, también hay quienes, más que confianza, sienten que es una promesa cuya concreción deben exigir. Paola Ossandón, vicepresidenta metropolitana del gremio, es una de esas personas, y dice: “Nosotros, como Colegio de Profesores, le dimos nuestro apoyo porque el hizo un compromiso con nosotros antes de ser Presidente”.

Boric les ha dado ilusiones a miles de docentes que aún pese a no tener una respuesta concreta, creen en él. Un grupo importante le dieron su voto, le dieron toda la confianza, apostaron todo para que de una vez por todas un gobierno se haga cargo de esta demanda. No darles una respuesta a los maestros afectados, sería un gran golpe para ellos.

¿Y si no hay respuesta?

Consultado por Puroperiodismo para este reportaje, el presidente del Colegio de Profesores y Profesoras, Mario Aguilar, dice que “nosotros estamos muy intranquilos (…) pero, para ser justos, en la última reunión el Presidente no comprometió nada para las próximas semanas, sino que dijo que en los próximos meses [el Ejecutivo] enviaría un proyecto de ley”. Para ellos esta respuesta debiera darse a finales del primer semestre, y quizás tener algún anticipo en la Cuenta Pública de este año, con la esperanza de que esa promesa se cumpla durante este período presidencial.

¿Y qué pasaría si esa promesa, finalmente, no se cumple? Ante ese escenario, el presidente del gremio docente señaló que sería “muy lamentable” que Boric no respondiera a esta demanda. Para Aguilar, el incumplimiento de la reparación a la deuda histórica significaría que “la palabra de la autoridad no tiene valor alguno y, evidentemente, nosotros tendríamos que explorar otro campo de acción y, probablemente, no quede otro más que los tribunales internacionales”.

Ese camino no sería nuevo. En noviembre de 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) falló a favor de un grupo de más de 800 maestros que recurrieron a esa instancia para exigir que el Estado chileno se haga responsable de la deuda y ejecute sentencias judiciales que ya les habían reconocido ese derecho. En su veredicto, la Corte declaró “responsable internacionalmente al Estado de Chile por las violaciones a diversos derechos en perjuicio de 846 profesores y profesoras de las Municipalidades de Chañaral, Chanco, Pelluhue, Parral, Vallenar y Cauquenes”.

En síntesis, lo que la CIDH señaló es que “el Estado de Chile es el responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales, y a la propiedad de los docentes, así como el deber reforzado de garantizar la debida diligencia en el acceso a la justicia de las personas mayores”. Por ello, se condenó al Estado chileno a ejercer diversas medidas reparatorias, entre ellas, el “pago directo a las víctimas del caso o a sus derechohabientes, las sumas todavía debidas en tres tractos anuales, empezando a contar el primer tracto en el plazo de un año de notificada la sentencia”.

Esta reparación va directamente a las 846 personas que participaron en el recurso ante la CIDH, y no al universo total de docentes afectados. Los primeros pagos ya se hicieron en diciembre de 2021 y de 2023, y el último debiese darse a fines de 2024.

En cuanto a qué sucederá con los demás, la respuesta aún está en un limbo y, muchos esperan que al menos parte de lo que viene se dilucide este sábado cuando el Presidente Boric se dirija a la nación para rendir su tercera Cuenta Pública. Después de eso, los y las profesoras sabrán mejor cuáles serán los pasos a seguir.