Según datos de Human Rights Watch, el sistema carcelario que el presidente Nayib Bukele implementó en El Salvador se ha vuelto uno de los más estrictos del mundo: tras lograr la de detención de unas 73 mil personas desde 2022 a la fecha –en su mayoría pandilleros– y disminuir considerablemente las elevadas tasas de homicidios, ha recibido elogios desde distintos países de Latinoamérica, en especial de los sectores de ultra derecha. En Chile, el excandidato presidencial José Antonio Kast y otros representantes del Partido Republicano visitaron en abril el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la “mega cárcel” de máxima seguridad que construyó Bukele en El Salvador, para interiorizarse sobre las medidas establecidas. A raíz de la crisis de seguridad en el país, se ha instaurado el debate público sobre si es necesaria la construcción de más centros penitenciarios para combatir el crimen organizado.

*Este reportaje fue realizado en el marco del curso Taller de Reportajes y Perfiles de la carrera de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado, impartido por el profesor Franco Fasola.

El político y empresario Nayib Bukele asumió la Presidencia de El Salvador en junio de 2019 y, tal como había anunciado en su campaña, desde un principio que el principal objetivo de su gobierno fue la lucha contra las pandillas que en años previos habían convertido a ese país en el más violento del planeta.

Las tasas de homicidios ya venían a la baja desde que en 2015 llegaron a un peak de 103 asesinatos por cada 100.000 habitantes, pero el año en que asumió Bukele el registro era de 36, con lo que seguía en el top 5 del ranking latinoamericano, según datos de Insight Crime. Chile, por entonces, era el país más seguro de la región con una tasa de 2,6. Para el año pasado ya todo se había dado vuelta y, de acuerdo con los datos oficiales, Chile ya había casi duplicado sus índices de asesinatos y El Salvador pasaba a ser el país con menos homicidios en el continente, con una tasa de 2,4. ¿Qué fue lo que pasó?

El radical cambio se dio tras la implementación del Plan de Control Territorial por parte de la administración de Bukele, una política de tolerancia cero y mano dura contra las pandillas y el crimen organizado, cuyo foco ha estado en reducir los índices de homicidios y la mejora de la seguridad pública. A su vez, en marzo de 2022, el presidente salvadoreño decretó estado de excepción para abordar la situación de seguridad. De acuerdo con un informe de Human Rights Watch, son más de 73.000 las personas que han sido detenidas desde entonces, incluyendo unos 1.600 menores de edad. Todos esos datos han llamado la atención, aunque el emblema principal de sus políticas es el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la “mega cárcel” que inauguró a comienzos de 2023 y que se ha convertido en su sello, su carta de presentación al mundo y la obra insignia del modelo que busca exportar.

Con una capacidad de 40.000 plazas y una extensión de 116 hectáreas, es el mayor centro penitenciario de Latinoamérica. Las medidas de seguridad allí son extremas, y también lo es el régimen carcelario. La puesta en marcha del CECOT ha significado descomprimir el sistema penal de El Salvador y, sobre todo, quitarle el control de las cárceles a los cabecillas de las pandillas que dominan el crimen organizado tanto en ese país como en casi toda Centroamérica, principalmente de la Mara Salvatrucha (MS 13) y Calle 18.

Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la “mega cárcel” de máxima seguridad que construyó Bukele en El Salvador. (FOTO: Secretaría de Prensa, Presidencia de la República de El Salvador)

Si bien Bukele ha sido fuertemente criticado por sus posturas populistas y autoritarias, por negociar con las maras, y porque sus políticas de seguridad estarían implicando serias y graves violaciones a los derechos humanos –detenciones arbitrarias, torturas e incluso muertes bajo custodia estatal, entre otras–, lo cierto es que la eficacia de sus medidas no está en duda. Según afirmó el Gobierno de El Salvador en su página web, los resultados del Plan Control Territorial son medibles: “El Salvador ya no es el país más violento del mundo, con la guerra contra las pandillas se crean las condiciones para la convivencia en paz y el desarrollo económico en los diferentes rubros”.

Es por esto que Bukele se ha alzado como el mandatario con mayores índices de popularidad en el continente y distintos gobiernos de Latinoamérica, como el de Xiomara Castro, en Honduras; el de Daniel Noboa, en Ecuador; el de Javier Milei, en Argentina; y el de Dina Boluarte, en Perú, le han expresado su apoyo, admirando e incluso copiando el modelo que ha logrado reducir en un 68,8% los homicidios en el país durante 2023, según los datos oficiales de la Policía de El Salvador. Y aunque el gobierno chileno ha mantenido distancia, en la oposición, y en especial el sector de la extrema derecha que representan el ex candidato presidencial José Antonio Kast y el Partido Republicano, las políticas de Bukele han encontrado adeptos que, incluso, ya se fueron de gira para conocerlas in situ.

¿Qué pasa en Chile?

En Chile el panorama actual en cuanto a seguridad y, particularmente, homicidios es complejo, sino crítico. Los datos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública confirman que en 2023 fueron 1.248 los asesinatos consumados a lo largo del país, es decir, 4,5 por cada 100.000 habitantes: un 6% menos que el año anterior, pero aun así, casi el doble de lo que era en 2019.

Hugo Frühling, director del Centro de Estudios de Seguridad (CES) de la Universidad de Chile, explica a Puroperiodismo que la tasa de homicidios en Chile estuvo relativamente estable durante muchos años y que el problema más grande en cuanto a seguridad eran los robos y otros delitos contra la propiedad. Hoy, en cambio, los homicidios y la violencia asociados con el crimen organizado son el problema central.

El experto se refirió al juicio que se lleva a cabo en Arica contra Los Gallegos, una célula con la que operaría en Chile la organización criminal transnacional de origen venezolano, el Tren de Aragua. Se trata de uno de los primeros casos de crimen organizado transfronterizo que ha enfrentado el sistema judicial chileno, y los problemas para poder llevarlo adelante de forma segura han puesto sobre la palestra las dificultades del Estado para garantizar este tipo de procesos, así como también las capacidades del sistema judicial y penitenciario para abordarlos.

“Se tiene que aplicar todo el peso de la ley en este tipo de situaciones sobre bandas criminales que comprometen la seguridad pública. El narcotráfico expande sus rutas cada vez más rápido y el sistema judicial no ha respondido con penas severas como debiera ser”, dice.

Frühling asegura que las políticas de Bukele han llamado la atención por la reducción de la tasa de homicidios, pero hay consideraciones, ya que el caso salvadoreño ha demostrado que sólo mientras haya cárceles adecuadas y funcionamiento de las policías se puede aplicar este modelo, es decir, debe existir una buena infraestructura institucional. “En Chile se necesita mayor inversión en el sistema penal y en la infraestructura de este, tenemos solo 83 cárceles en el país para más de 50 mil personas, es ilógico considerando los niveles de criminalidad del país”, puntualizó.

Los acercamientos de José Antonio Kast hacia El Salvador

Durante la segunda semana de abril, el ex candidato presidencial y líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, visitó El Salvador para conocer personalmente las nuevas medidas de seguridad implementadas por el gobierno de Bukele. Invitado por el ministro de justicia y seguridad de ese país, Kast recorrió junto a otros miembros del partido las dependencias del CECOT, ubicado en el departamento de San Vicente, y allí se interiorizó sobre ese nuevo modelo carcelario.

José Antonio Kast junto al presidente del Partido Republicano, Arturo Squella; el diputado Cristián Araya, miembro de la comisión de Seguridad de la bancada republicana; y Enrique Bassaletti, asesor de Ideas Republicanas en temas de seguridad, visitando el CECOT en El Salvador. (FOTO: Partido Republicano)

Juan Eduardo Irarrázaval, diputado del Partido Republicano, asegura que esta visita refleja el trabajo que viene haciendo su partido desde hace bastante tiempo, recorriendo distintos lugares del mundo para aprender sobre diversas materias, una de las más latentes: la seguridad. “El Salvador rompió todos los paradigmas sobre cómo enfrentar a los criminales. Hay que aprender de ellos porque, efectivamente, algunas medidas sí son replicables en Chile”, dice.

–Según las impresiones de sus compañeros de partido, ¿se respetan los derechos humanos en El Salvador?

–Sí, desde que se implementó el Plan de Control Territorial, todo funciona impecable; sin policías y sin militares en las calles, la gente vive segura. Además, se respetan también los derechos humanos de los presos del CECOT. Es verdad que hay un régimen estricto, pero no se puede olvidar que el que está tras las rejas vulneró los derechos de otras personas.

En la misma línea, el parlamentario asegura que en Chile se necesitan cárceles “con características del tipo de Bukele”, pues esto apoyaría el modelo de delincuencia que se viene a futuro.

“Es un enfoque que ha demostrado resultados bastante rápidos en cuanto a la disminución de homicidios y violencia. Chile enfrenta tantos desafíos actualmente, que sería muy positivo que exista un programa de seguridad con más fuerza militar para que la gente vuelva a sentirse segura en las calles”, asevera.

Crisis de seguridad en Argentina

Otro caso particular sucede con el gobierno de Javier Milei en Argentina, que desde que asumió el poder a fines de 2023, ha sido explícito en su admiración y apoyo oficial a las políticas de Bukele. En la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), realizada en febrero de este año en Estados Unidos, la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, expresó públicamente su elogio hacia el modelo de seguridad de El Salvador y en una conversación con Nayib Bukele, le comentó que en Argentina anhelan seguir su exitoso modelo.

En marzo de este año, en la cárcel de Piñero en Rosario, se implementaron las nuevas medidas carcelarias inspiradas en lo que ahora se conoce como el “Modelo Bukele”, realizando estrictos operativos policiales, tras un tiroteo ocurrido en medio de un traslado penitenciario. Para esta instancia, el gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, a modo de castigo, publicó imágenes de los reos atados de manos, semidesnudos y siendo custodiados por la policía, al igual como lo hizo Bukele con las imágenes que divulgó de presos del CECOT en febrero de 2023.

Durante 2022, se registraron 1.890 homicidios según las estadísticas del Gobierno de Argentina, equivalente a una tasa de 4,2 por cada 100.000 habitantes. Frente a esto, el periodista argentino de Clarín, Federico Vásquez, asegura que la sensación en Argentina sigue siendo de mucha inseguridad y temor, sobre todo para los que viven en Rosario, porque allá, una zona que ha sido catalogada como una “anomalía narco”, los asesinatos continúan aumentando y las medidas que se tomaron no son suficientes ni se equiparan a las de El Salvador.

“Tras el endurecimiento de algunas medidas carcelarias con presos, el gobernador y su familia fueron amenazados. Hoy los narcos no se sienten intimidados ni han perdido poder en Rosario”, dice.

–¿Considera que estas nuevas medidas penitenciarias serán efectivas a largo plazo?

–No, si no van acompañadas de reformas en el Código Penal, no van a servir más que para mantener el orden dentro de las cárceles, pues el dinero que mueve el narcotráfico es tan grande que, por más duras que sean las penas, el negocio no se va a alterar.

Constanza Bárbara, es una joven argentina de 23 años que ha sido habitante de Rosario durante toda su vida. En este contexto de la crisis de seguridad en la ciudad, Constanza asegura que siente una profunda tristeza respecto a los crímenes ocurridos en el último tiempo. “Escuchar noticias cada vez es más desalentador y cada vez que salimos tenemos miedo de sufrir algún hecho delictivo”, asegura.

Respecto a las medidas tomadas por el gobierno de Milei para mejorar la seguridad, la joven rosarina considera que hace falta que la justicia actúe con más fuerza, pues en Rosario existen muchas zonas liberadas que dan paso al narcotráfico y los actos delicuales. “Se necesitan más controles policiales y más rígidos, pero creo que los allanamientos en las cárceles son el primer paso para contribuir a cambiar esta situación”, finalizó.

El Modelo Bukele seduce a Latinoamérica

Considerando que Latinoamérica es una de las regiones más violentas del mundo, no es de sorprenderse que además de Argentina, varios otros gobiernos hayan sido seducidos por el Modelo Bukele.

Si bien el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, se ha desmarcado en el último tiempo de estar siguiendo los pasos de Bukele para enfrentar la delincuencia e inseguridad en su país, varias de sus medidas se asemejan, como la implementación de estado de excepción, la utilización de militares para tareas de orden público y seguridad interna, o la construcción de nuevos recintos penitenciarios.

En Perú, la presidenta Dina Boluarte ya dispuso la construcción de una “mega cárcel”, igual al CECOT salvadoreño. En Honduras, la administración de Xiomara Castro ha seguido la senda bukelista decretando estados parciales de excepción para combatir el crimen en 120 comunidades, desplegando militares y policías para retomar el control de esas zonas y suspendiendo las garantías constitucionales de los y las ciudadanas que allí habitan.

Nayib Bukele, presidente de El Salvador. (FOTO: Presidencia de la República de El Salvador)

El analista internacional y director de Analytyka Consultores, Guillermo Holzman, enfatiza en que la estrategia de Bukele supone “un camino hacia el autoritarismo y una pérdida de la democracia”, pues en El Salvador se ha detenido a mucha gente que no está vinculada a las pandillas, por lo que existe un cuestionamiento importante con respecto a la vulneración de los derechos humanos.

Según informó BBC News, son miles los salvadoreños que llevan meses sin saber de sus familiares detenidos, buscándolos en video y fotografías del recinto, o asomándose a pequeños agujeros en los muros de las prisiones a las que logran acercarse.

Holzmann asegura que en Chile y Argentina la idea de Bukele parece buena por todo lo que promete, pero no hay posibilidad de implementarla sin estado de excepción y, en Chile, un estado de sitio. “Sería bastante complejo por la infraestructura de la institucionalidad del país y las tantas políticas que se requerirían para implementar un modelo de esta envergadura. Sucede lo mismo con Argentina, un país que recién está comenzando a fortalecer sus policías y la economía, entonces, no se puede hablar de un modelo como el de Bukele a corto plazo como lo han expresado las autoridades”, asegura.