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Asesor de la Comisión Nacional de Riego tras promulgación de las nuevas leyes de agua: “Esta reforma al Código no resuelve el problema del todo”

Por ~ Publicado el 4 abril 2022

Diez días han pasado desde que el Presidente Gabriel Boric promulgó una nueva reforma al Código de Aguas que estaba en tramitación desde 2011 en el Congreso. Puroperiodismo conversó con el ingeniero agrónomo y magíster en Gestión de Políticas Públicas André Moreau, asesor de la Comisión Nacional de Riego, quien asegura que estos cambios son relevantes para la preservación del agua, pero que a su vez, quedan “cortos” para la fuerte crisis hídrica que vive el país.


El sábado 26 de marzo, el Presidente Gabriel Boric promulgó una reforma al Código de Aguas que se tramitaba desde 2011 en el Congreso. Los principales puntos de esta última modificación contemplan un cuidado más ecológico de los ríos y cuencas, priorizando el consumo humano del agua por sobre las actividades extractivas con fines comerciales, que hoy concentran la mayor parte del recurso disponible. Con ella también se otorgan mayores facultades a la Dirección General de Aguas (DGA) para fiscalizar y regular el uso del agua, y pone fin a uno de los aspectos más cuestionados de la normativa que está vigente desde 1981: la entrega gratuita y a perpetuidad de los derechos de aprovechamiento. Todos los derechos que se otorguen de ahora en adelante tendrán un plazo fijo de 30 años y, además, se establece un mecanismo para que el Estado recupere derechos asignados que no se encuentren correctamente registrados.

Si bien lo considera un gran avance, André Moreau, ingeniero agrónomo y asesor del secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego (CNR), institución que pertenece al Ministerio de Agricultura, plantea en esta entrevista con Puroperiodismo que la reforma es insuficiente y “llega un poco tarde”. 11 años, para ser exactos.

André Moreau, asesor de la Comisión Nacional de Riego.

André Moreau, asesor de la Comisión Nacional de Riego.

–En su anuncio, el Presidente Boric decía que esta reforma “prioriza el acceso para consumo humano y permite encaminarnos hacia una transición hídrica justa” ¿Cómo se verán reflejados esos compromisos en los hechos?

La transición hídrica tiene que ver con avanzar hacia un nuevo sistema nacional de gestión del agua, una nueva forma de administrar los recursos que garantice la seguridad hídrica, lo que significa que todos los usuarios (seres humanos, caudales y ecosistemas) tengan el agua suficiente para satisfacer sus necesidades. Esta reforma implica transitar a un sistema de gestión de las aguas que garantice esa seguridad hídrica, y eso pasa por realizar cambios importantes en la manera en cómo nosotros gestionamos el agua en Chile. Con eso me refiero a reformas legales, administrativas y organizacionales.

–¿Y eso está claramente plasmado en esta nueva reforma al Código de Aguas?

En parte sí, pero todavía no totalmente. Según se establece en el Programa de Gobierno del Presidente Boric, la reforma actual al Código de Aguas avanza sustancialmente hacia el objetivo de la transición hídrica, sin embargo, se queda corta en varios aspectos. Por ejemplo, en un cambio profundo al modelo de gestión del agua, no aborda del todo la institucionalidad hídrica ni unifica las competencias del Estado en materia de agua en Chile. Actualmente son 56 las instituciones relacionadas con la gestión del agua; eso es enorme y provoca una dispersión altísima, lo que a su vez dificulta hacer una política integrada de las aguas a nivel de las cuencas.

–¿No se resuelve el problema de raíz?

Es que ese es el gran desafío que tenemos y esta reforma al código de aguas no resuelve el problema del todo; avanza parcialmente hacia allá, pero no lo soluciona completamente. Todavía queda una brecha por atender y eso será una tarea para las instituciones que vengan posteriormente.

–Cuando dice que vendrá después, ¿considera que es tarea de la Convención Constitucional establecerla en la propuesta de nueva Constitución? ¿Debe ser un código completamente nuevo?

Yo creo que es muy importante tener un nuevo Código de Aguas si la nueva Constitución establece un nuevo régimen jurídico de las aguas y que éstas tienen que ser gestionadas a través de una autoridad nacional única, donde participen todos los actores de una cuenca. No sólo los titulares de derechos de aguas –cómo es actualmente–, sino que todas las personas que participan de la extracción.

El Código de Aguas actual está pensado para operar bajo los marcos de la Constitución de 1980, por lo tanto, quedaría automáticamente obsoleto si la nueva Constitución establece estos nuevos estatutos jurídicos. Todas estas son propuestas que actualmente están sobre la mesa en la Convención, son políticas que se están debatiendo y si eso se llegara a aprobar, sí debiera haber un nuevo Código de Aguas.

–La ministra del Medioambiente, Maisa Rojas, también planteaba que en esta reforma queda establecido que el agua es “un bien nacional de uso público”. ¿Eso no estaba ya escrito así antes de la reforma?

Efectivamente, el Código de Aguas ya señalaba que el agua es un bien nacional de uso público, sin embargo, esta reforma va mucho más allá. Profundiza el carácter del concepto y lo refuerza. Además, le entrega ciertos instrumentos y herramientas que permiten hacer efectiva esa definición. El código, cómo estaba anteriormente, quedaba en letra muerta. La reforma reafirma ese carácter, fortalece esa definición fundamental a través de distintos aspectos.

–¿De qué forma?

Por ejemplo, al momento de otorgar derechos de aprovechamiento de aguas (DAA), se establece en el Código vigente que tiene que resguardarse la preservación del ecosistema, la viabilidad del agua, la sustentabilidad de los acuíferos y debe tener un equilibrio entre funciones productivas y las de consumo humano.

–¿Y todo esto deberá verlo la Dirección General de Aguas (DGA)?

Sí, establece que la DGA, que es el órgano rector de las aguas en Chile, puede hacer uso de herramientas mucho más fuertes en términos de intervenir una cuenca cuando está en riesgo el abastecimiento de agua potable. Entonces, le otorga mayores facultades al Estado para hacerse cargo de la garantía del acceso al recurso hídrico y establece varios elementos que hacen realidad la definición del agua como bien nacional de uso público.

Hay más potestades para sancionar por parte de la DGA, más facultades para exigir información a los titulares de DAA, varias medidas que avanzan y eso es un logro respecto al Código de Aguas anterior. Era una definición que estaba de alguna manera en el aire y no se hacía patente en la práctica.

–Con respecto a las nuevas facultades de la DGA, vía Ley de Transparencia se pudo conocer el número de fiscalizadores por región. En Ñuble sólo hay dos, y una región con una importante escasez hídrica, como Valparaíso, cuenta con apenas siete para todo el territorio. ¿Cómo podrá cumplir la DGA esas nuevas facultades si no tiene los recursos humanos para hacerlo?

Ese es un problema estructural. Claramente, la DGA tiene escazas facultades para operativizar. Eso sí, se aumentaron los recursos y van a seguir otorgando más a propósito de estos escenarios crecientes de escasez hídrica que tenemos. Aún así, no es suficiente, tendríamos que tener un contingente enorme y seguiría siendo insuficiente, porque esto no se resuelve con mayor fiscalización, sino que a través de una gobernanza a nivel de cuencas donde participen todos los actores. Ellos saben mejor que nadie cómo se están utilizando los recursos hídricos en cada río.

Pueden aumentar los recursos de la DGA a nivel de fiscalización, pero eso no va a resolver el problema de fondo. Por lo tanto, soy crítico de esta nueva reforma al Código de Aguas porque es insuficiente. Es un avance importante, sin dudas, pero llega un poco tarde porque demoró 11 años su tramitación y estamos en un nivel de crisis hídrica que ya está llegando a niveles insostenibles.

La demanda por una reforma a la gobernanza del agua en Chile ha ido tomando fuerza en lo últimos años, al tiempo que las zonas de escasez hídrica aumentan. (Foto: Biblioteca del Congreso Nacional)

La demanda por una reforma a la gobernanza del agua en Chile ha ido tomando fuerza en lo últimos años, al tiempo que las zonas de escasez hídrica aumentan. (Foto: Biblioteca del Congreso Nacional)

No más derechos de agua perpetuos

–¿Cuál es el gran cambio de los derechos de aprovechamiento de agua en esta reforma?

Cambian varias cosas. Los nuevos DAA que se otorguen ya no van a tener un carácter de indefinidos o permanentes, sino que van a ser temporales. Se van a otorgar a través de una concesión y su duración será de 30 años, lo que estará sujeto a la disponibilidad de agua que exista y a la sustentabilidad del acuífero, para el caso de las aguas subterráneas. Es una cosa fundamental, ya que todos los derechos anteriormente otorgados son permanentes. Eso sí, la temporalidad no toca los derechos ya otorgados.

Lo otro importante que podría llegar a afectar a los derechos ya cedidos es que, si no se inscriben en el conservador de bienes raíces, en el libro de propiedad de agua y en el catastro público de aguas (que lleva la DGA), estos derechos no inscritos van a caducar en un plazo de cinco años desde que se publica la ley, es decir, vuelven al Estado.

–¿Quién se verá principalmente afectado con este punto de la reforma?

Eso evidentemente es un riesgo más que nada para los pequeños agricultores, quienes tienen menos acceso a asesoría legal, tienen pocos recursos y escaso acceso a la información, por lo tanto ahí juegan un importante las instituciones publicas, quienes deberán evitar que caduquen los derechos de los más vulnerables, porque para las empresas más grandes es fácil regularizar.

–¿Cuál cree que es el punto de la reforma que tendrá más repercusiones?

A mi juicio, lo más relevante es que se establece la temporalidad de los DAA, es decir, los derechos dejan de ser permanentes y adquieren un carácter temporal de 30 años a modo de concesión, y no quedan en manos del titular hasta el infinito. Ese para mi es el corazón de esta reforma y siento que es un precedente muy importante para lo que viene por delante, porque, en mi opinión, el carácter temporal debiese aplicarse para todos los derechos de aprovechamiento de agua. Es más, soy de la idea de que el otorgamiento a los usuarios no debe ser un derecho de propiedad, sino que tiene que ser una concesión, una licencia o un permiso que tenga un tiempo específico y que deba ser renovada siempre y cuando se justifique su uso.

–Aun así, 30 años es mucho… 

Claro que sí, en un escenario de cambio climático galopante es mucho tiempo. Es demasiado generoso, incluso para los proyectos agrícolas y plantaciones frutales que son los trabajos que más tiempo requieren. Incluso el plazo debiese ser ajustable según la actividad productiva.

 

Ver detalle de la Reforma al Código de Aguas:

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