Ivanna Olivares Miranda, 31 años. Convencional constituyente independiente por Choapa.
Por Renata Alcaíno, Damiana Núñez y Francisca Aguirre
Actualmente formo parte del proceso constituyente que está viviendo Chile para la creación de un futuro mejor gracias a una nueva constitución. A mis 31 años, me caracterizo por ser una activista que durante largo tiempo ha luchado por lograr la erradicación de problemas medioambientales en mi ciudad natal. Soy autóctona de la ciudad de Salamanca, en el Valle del Choapa, que durante años se ha visto envuelta en problemáticas medioambientales de alto calibre, tales como la escasez hídrica, la polución y el peligro que está causando el tranque de relave minero situado en la localidad de Caimanes.
Ahora bien, a 100 días de la implementación del nuevo gobierno, me gustaría poder asegurarles que han existido cambios ambientales fundamentales. Sin embargo, este no es el caso.
Durante este corto periodo de tiempo pareciera que los conflictos medioambientales latentes en la provincia del Choapa sólo parecen empeorar. Y en concordancia, al gobierno le pareciera importar poco. No es un secreto mencionar que el juego de poder existente dentro de las provincias y ciudades mineras reside en dominios e influencia de gigantes y adinerados, quiénes durante años han entrado en una constante situación de “rompe y paga” con compensaciones económicas.
Ivanna Olivares
No cabe duda que la situación pareciera no tener fin. Se proponen soluciones parche que solo apuntan al dinero y no a la moral, ni a la ética, ni siquiera a la integridad de miles de ciudadanos que a cada segundo participan de una lucha socio-ambiental. Resulta lógico pensar que las autoridades debieran actuar cómo agentes fiscalizadores capaces de implementar soluciones verdaderas y a largo plazo, pero, por el contrario, la reparación del daño medioambiental sólo se logra retrasar.
Finalmente es Boric junto a su gabinete quienes debiesen intervenir, pero nuevamente la situación se vuelve a minimizar, a silenciar y tristemente volvemos a ser acallados y violentamente vulnerados como activistas y ciudadanos. Nos quieren comprar con recursos monetarios para que guardemos silencio en situaciones y catástrofes medioambientales que realmente necesitan de nuestro interés, lucha y esperanza.
En estos 100 días de gobierno, como constituyente y dirigente política he logrado evidenciar la recurrente intervención política por parte del presidente y su gabinete dentro de la misma Convención y su funcionamiento, para tratar de evitar así un ambiente de tensión y rivalidad entre la ciudadanía y el Estado en las futuras votaciones del plebiscito de salida.
El actual gobierno teme por las futuras implementaciones en el país, le aterra la palabra “desestabilización”. No obstante, debemos decirlo, Chile es un país que ya se encuentra dentro de la balanza de inestabilidad, con una notable desigualdad de clases y una fuerte intervención de privados con fuerza política que cada vez se expande más.
No me parece que el intervencionismo político que está ocurriendo dentro de la misma Convención por parte de Boric y sus parlamentarios sea correcto.
Boric sabía lo que pasaba en la provincia del Choapa con la urgencia medioambiental existente en las localidades, él posee agentes territoriales que están conscientes de la complejidad que día a día aumenta arriesgando la vida y salud de miles de ciudadanos que viven respirando polvo en suspensión y sufriendo racionamiento hídrico a causa del uso del agua que los mismos privados durante años han estado haciendo.
Esperábamos que, tras el recorrido presidencial que realizó Gabriel Boric en la región de Coquimbo, finalmente nos darían un espacio y un reconocimiento que daría a miles de activistas de la región y provincias más afectadas las herramientas para lograr cambios e implementar leyes de suma urgencia. Sin embargo, nuevamente hemos quedado abandonados y excluidos de las soluciones que el mismo gobierno debiese entregar para lograr una reparación integral.