Raúl Moya, padre de Tamara Moya, niña asesinada en un intento de asalto en febrero de 2021.
Por Javiera Poblete y José Venegas
Este año ha sido complicado. La muerte de nuestra hija, Tamara, de 5 años, nos derrumbó completamente. Más que luchar para seguir viviendo, en el fondo yo asumo que la vida que teníamos hasta el 28 de febrero del 2021 se acabó y que si queremos seguir adelante ya es una vida distinta.
Nosotros impulsamos la Ley Tamara tras el asesinato de nuestra hija. Sabemos que este es un proyecto que es plata fácil para el gobierno de turno: nadie lo va a criticar o cuestionar, porque es algo que beneficia a todos, pero nadie se mueve para que el proyecto salga.
Con Camila, mi esposa, pedimos dos cosas: que hubiera apoyo público al proyecto; y que se le pusiera máxima urgencia, pero aún no se llevan a cabo estas exigencias. Creo que es un proyecto que el gobierno va a tramitar mucho, porque el acuerdo es demasiado amplio, pero no creo que sea un proyecto de mayor interés para este gobierno, porque la cárcel nunca es solución para nada. Siento que miran a la delincuencia de una forma “buenista”, porque siempre justifican que el delincuente es así y es víctima de la sociedad, o el destino lo puso ahí y que en el fondo nosotros somos responsables de sus actos.
Raúl Moya
Sabemos que el fenómeno de la delincuencia no se va a solucionar con meter más gente a la cárcel, no es la solución de fondo, pero sí hay que ser enérgico con aquellos que atenten contra la vida humana.
El problema es que el gobierno tiene un tema con mandar gente a la cárcel. Hablan de populismo punitivo, es como si fuera un tabú al respecto. Este gobierno ha sido insistente con el control de armas, que hay que sacarlas de las calles y avanzar en una prohibición total. Está claro que el monopolio de las armas debería ser del estado, pero lamentablemente la gente no se siente protegida por él.
Si una persona responsablemente quiere comprar un arma y no tiene antecedentes penales, de violencia intrafamiliar o de salud mental, y cumple con capacitarse para usar el arma de manera responsable, no veo por qué a esa persona habría que quitársele el derecho de defender su vida y la de su familia, cuando un tipo entra en su casa.
Las prioridades del gobierno no están alineadas con las prioridades de la gente. El sistema de justicia que tenemos no está enfocado en la reparación o en la justicia de las víctimas, está enfocado en los criminales: el sistema asume que toda persona, sin importar la gravedad del delito, debe tener una segunda oportunidad, pero yo creo que hay gente que hace cosas tan espantosas que al darle una segunda oportunidad pone en peligro al resto.
Debería evaluarse quien está en la cárcel y ver qué tipo de castigo debería aplicarse, y ver quien está en la calle y debería estar dentro de la cárcel. La red de apoyo para víctimas es insignificante, no hay psicólogos ni psiquiatras, tampoco hay una ayuda con los medicamentos.
Hay que poner en la balanza los recursos que se invierten en apoyar a las víctimas y lo que se gasta en delincuentes. Al Estado mantener un preso le cuesta $700.000 aproximadamente y aun así no puede cubrir los medicamentos de las víctimas.
Sin importar su postura política, necesitamos acuerdos transversales para poder terminar con la violencia y la delincuencia. La única forma de superar esto es asumiendo que ninguna violencia es justificable.