Opinión

De la Aurora de Chile a La Nación: 200 años con diarios oficiales

Por ~ Publicado el 4 septiembre 2009

lanacion-pinera
Por Pedro Anguita*

La decisión del comando presidencial de Sebastián Piñera de impedir la cobertura al diario La Nación al acto celebrado en el Arena Santiago fue políticamente un grave error. Respecto al ejercicio del periodismo, una vulneración a la libertad de información de dicho medio de comunicación. Qué duda cabe.

Sin embargo, el incidente nos permite volver sobre un antiguo tema que se remonta a los primeros años de nuestra república: la existencia de medios de comunicación de propiedad estatal. También nos deja exponer algunas ideas respecto a la política de los gobiernos de la Concertación sobre el pluralismo y la libertad de expresión.

¿Existen razones que justifiquen que el Gobierno posea un diario? Se suele argumentar que sí, en razón al duopolio existente en el mercado informativo impreso. Desde este punto de vista, La Nación sería un contrapeso al enorme poder de la prensa en manos de grupos vinculados a la derecha. Esa posición –discutible, como podrá advertirse– descansa en el supuesto de que el gobierno de la nación no sea ejercido por coaliciones políticas afines a la derecha. En caso que Piñera gane las elecciones, el problema solo se profundizaría, aumentando el desequilibrio que ostenta el pluralismo informativo nacional.

¿Pero debiera una empresa estatal resolver la incapacidad que ha tenido la cultura de centroizquierda del país, que no ha sido capaz, en dos décadas, de poner en marcha un proyecto periodístico sostenible en el tiempo, con prestigio, con credibilidad y viable desde el punto de vista económico? En estas dos décadas la Concertación no ha diseñado ni formulado política alguna respecto a los mercados de radiodifusión, televisivo y la prensa escrita. Respecto al primero, existe solo un artículo, en la Ley Nº 19.733 sobre las Libertades de Opinión, Información y ejercicio del Periodismo, sobre la propiedad en la concesión de un frecuencia. Ahí se exige que las personas jurídicas que tengan capital extranjero superior al 10% solo podrán ser titulares de concesión en caso que acrediten que en su país de origen los nacionales tendrán los mismos derechos que disfrutan los solicitantes en nuestro país: es el llamado principio de reciprocidad. Hoy el grupo español GLR (Prisa) luego de la adquisición de las frecuencias del Grupo Claxon, concentra un altísimo número de radios, operación respecto a la cual la Concertación no ha dicho nada. En cuanto al mercado de la televisión, ha sido durante los gobiernos de la Concertación que la Universidad de Chile, conservando la titularidad de la concesión, ha traspasado su explotación a distintos titulares, pidiendo en cada ocasión una alta suma de dinero para firmar los traspasos. Los gobiernos de la Concertación, nuevamente, no han dicho una palabra sobre este tema. El último adquirente, Sebastián Piñera, lo es gracias a la Universidad de Chile y a la coalición gobernante, por lo que las críticas de este conglomerado son poco convincentes.

Respecto al mercado de la televisión por cable, existe a partir del año 2003 una empresa que concentra cerca del 90% del mercado, y que aprovechándose de su posición de dominio en el mercado decide a quienes les asigna una frecuencia. Así decidió asociarse con CNN y sacar un canal de noticias. Los problemas que podría conllevar tal joint-venture los precavió licitando una frecuencia que le fue adjudicada a TVN, proceso que fue calificado injusto y arbitrario por parte de los tres canales abiertos nacionales. El gobierno también en esta materia no ha dicho nada. Tampoco ha decidido –pese a numerosos anuncios– el estándar digital que adoptará, ni tampoco los factores que tendrá en cuenta, todo lo cual ha estado fuera de la discusión pública.

Respecto al mercado de diarios y revistas impresas, la concentración solo se ha agudizado bajo los 20 años de los gobiernos de la Concertación periodo en el que no ha diseñado iniciativa alguna que lo atenúe. El Presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, en febrero pasado anunció un ambicioso plan de fomento y apoyo a los medios escritos, subsidiando la suscripción a diarios de la preferencia a millones de jóvenes franceses. Nuestro gobierno en 20 años no ha hecho nada.

Entonces suenan poco autenticas las críticas que han efectuado tanto la ministra Tohá y el Subsecretario Carabantes en su defensa de la libertad de expresión. Y en especial cuando salen en defensa del diario cuyas reuniones de pauta se celebran en el Palacio de Gobierno.

Hoy, en el mundo, los diarios estatales se encuentran en extinción. Uno de los más famosos fue el Pravda de la U.R.S.S. Entre los que que aún mal sobreviven están los cubanos Gramma y Juventud Rebelde. Este último estos días fue noticia mundial al criticar la conducta paranoica de los censores gubernamentales por la enfermiza obsesión por resguardar la imagen del país.

La Nación forma parte de esa especie en extinción. Nunca los medios de comunicación públicos se han avenido bien en una democracia. La falta de autonomia, de independencia del gobierno, hace que tengan relaciones dificultosas con la credibilidad. Esto ocurre particularmente con La Nación, que cada vez que ha publicado una investigación que ha afectado al gobierno, este la ha intervenido arbitrariamente. La Concertación ha tenido 20 años para convertir La Nación en un relevante proyecto periodístico. Ha optado, sin embargo, por lo contrario. Absurdas suenas las declaraciones de Carabantes al expresar que la línea editorial es una decisión propia de cada medio, soslayando que en razón a su propiedad pública, esa línea no puede sino ser la de estar al servicio de todo el país. Este año, La Nación ha estado al servicio grosero del candidato oficialista, y ha tenido como norte criticar algunas veces injustificadamente a la derecha (aunque las más de las veces justificadamente). Y también se ha dedicado al prodigioso ejercicio imaginativo de hacernos creer que no existe Henríquez Ominami.

El periodismo nacional comienza con la Aurora de Chile, diario gubernamental cuyo primer director fue Camilo Henríquez. El fray valdiviano años antes fue juzgado por la Inquisición por tener libros excomulgados como el Contrato Social de Rousseau y consagrarse a la lectura de filósofos franceses como Voltaire. En la dirección del diario tampoco la tuvo muy fácil, ya que apenas seis meses después de asumir el cargo, la Junta de Gobierno que presidía José Miguel Carrera, por medio de un decreto, nombró una comisión encargada de reglamentar a la incipiente prensa. Henríquez lo interpreta como un acto inequívoco de censura a sus ideas, por lo que adopta dos decisiones: no publicar el decreto y publicar un extracto traducido por el mismo sobre la libertad de imprenta escrito por John Milton.

Luego de 200 años deberíamos haber aprendido la lección. La libertad de expresión nació como una reivindicación en contra del monopolio real sobre las imprentas. Una república hoy no requiere ni diarios ni imprentas propios, le basta con regular adecuadamente y hacer un buen gobierno.

Pedro Anguita es Abogado y
Profesor Derecho a la Información en la Escuela de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado.

#Etiquetas:

Comentarios.