Según el Colegio de Profesores, cada semana son dos o tres las denuncias que reciben de profesores maltratados —física y sicológicamente, incluso con amenazas de muerte— por parte de sus alumnos. El gremio plantea su preocupación por aquellos establecimientos donde se ha preferido silenciar la situación, esquivando, así, la estigmatización de sus estudiantes. Una mirada a un fenómeno donde las víctimas se sumergen en la impotencia.

Maltrato a profesores

Hace diez años María Teresa Álvarez trabajaba en un colegio municipal. Estaba dando clases a un tercero básico cuando una alumna, la misma de siempre, se puso de pie y comenzó a correr por la sala preparándose para salir de ella cuando el resto de sus compañeros estaba en clases. Como era rutinario, la profesora salía a buscarla al pasillo y la tomaba de la mano para entrarla. Pero ella se resistía, le gritaba y la insultaba.

Un día, la alumna perdió el control y mientras se tiraba al suelo le lanzó patadas a la profesora lastimándole sus piernas. Fue el primero de los casos que protagonizó María Teresa. El año pasado, el episodio volvió a repetirse con una colega. Un alumno le quería pegar a una compañera, tomó unas tijeras puntiagudas y comenzaron a forcejar. Para evitar que se lastimaran, la profesora intercedió pero el alumno de sexto la empujó y cayó al suelo. Él comenzó a apretarle la mano con la tijera y la profesora se quejaba de dolor. Mientras María Teresa intentaba abrirle la mano para que soltara la tijera, el alumno aprovecho que tenía libre el resto de su cuerpo y la pateó fuertemente, dejándola nuevamente llena de moretones. Y su colega, que debido a repetidos episodios de maltrato decidió cambiarse de establecimiento educacional, se encuentra hoy en tratamiento psicológico y ha presentado durante el año más de tres licencias por depresión, sintiendo un gran rechazo por su trabajo. Todavía recuerda cómo el muchacho la insultaba y le gritaba “lo único que quiero es que te mueras”.

La violencia escolar no sólo ha aumentado con el maltrato entre los alumnos más conocido como bullying. Según las cifras entregadas por el Colegio de Profesores, su Departamento Jurídico actualmente recibe entre dos y tres denuncias semanales por maltrato a los profesores, más del doble de las contabilizadas el año pasado que alcanzó las 15 denuncias. Cantidad que los profesores creen que aumentará, pues durante los últimos tres meses de clases los alumnos y apoderados se vuelven más agresivos, principalmente porque se enfrentan a la situación académica que viven sus hijos y por el estrés acumulado durante el año.

Según las cifras entregadas por el Colegio de Profesores, su Departamento Jurídico actualmente recibe entre dos y tres denuncias semanales por maltrato a los profesores.

Para combatir esta situación, el pasado 15 de octubre durante la celebración del día del profesor, el ministro de Educación Joaquín Lavín anunció en el Colegio de Profesores una indicación a la Ley sobre Violencia Escolar más conocida como antibullying, que se espera esté aprobada antes del próximo inicio de clases. El párrafo agregado a la ley que ya fue enviado al Parlamento, establece las reprimendas a los alumnos que agredan a un profesor.

“Hay toda una escala que va desde amonestación, llamar al alumno, llamar al apoderado hasta suspensión de clases, no renovación de matrícula y expulsión inmediata. La sanción específica a aplicar, va a corresponder a los consejos escolares, según lo establece el proyecto de ley”, señaló el ministro. Además, agregó que el maltrato a un profesor no es un caso más de bullying, sino que tiene una especial gravedad ya que los profesores son la autoridad de la sala de clase.

Jaime Gajardo, el reelecto presidente del Colegio de Profesores, declaró que valora el anuncio del Ministro, pero que para erradicar de forma definitiva la violencia en las salas de clases, se deben generar políticas educacionales que prevengan y no sólo promuevan castigos y sanciones.

“Las acciones que se toman con los alumnos si no están acompañadas por una parte formativa y una campaña nacional sobre el respeto, son medidas de parche”, dijo Luis Madariaga, dirigente a cargo del departamento jurídico del Colegio de profesores. “Necesitamos un cambio de fondo que marque los principios valóricos que queremos entregarle a nuestros alumnos. La expulsión es la peor solución, deberían integrarse a otros establecimientos y aun así la conducta podría continuar”.

Esto no significa que hasta ahora los profesores estuvieran desprotegidos. Todos los establecimientos subvencionados deben contar y dar a conocer un reglamento interno que rija las relaciones entre el profesor, los alumnos, los padres y apoderados. En teoría se deben definir los pasos y sanciones a seguir en situaciones conflictivas. Sin embargo, en general esto no se cumple. Para combatir esta situación, una cláusula señala que para todo lo que no esté contemplado en el reglamento, se tomará un acuerdo en el consejo de profesores de cada colegio, una instancia de carácter consultivo integrado por el personal directivo, el técnico pedagógico y docente, en el cual se determinan entre otros aspectos, la situación de los alumnos conflictivos.

Aunque cada comunidad tiene el derecho a definir sus propias normas de convivencia de acuerdo a los valores expresados en su proyecto educativo, hay comunas en las cuales la corporación de educación municipal está definiendo lineamientos generales como es el caso de Maipú y Pudahuel. “Yo creo que tenemos un problema de criterios. Para un profesor puede ser una falta de respeto que los alumnos se paren sin pedir permiso y para otros no. Por lo tanto, no se trata de pedir que el Ministerio de Educación se haga cargo de estos temas conductuales, porque cada establecimiento tiene un proyecto educativo propio que se ajusta con la realidad de los alumnos, sino de acordar al menos en el colegio los límites en las relaciones”, dice María Teresa Avilés, directora del Colegio Vicente Reyes Palazuelos de Maipú.

En general los manuales de convivencia, más conocidos como reglamentos internos, no contemplan específicamente la sanción en caso de agresión; sin embargo, el profesor está protegido por la Ley 18.834, que en su artículo 84 señala que los funcionarios tendrán derecho a ser defendidos y a exigir que la institución a la que pertenezcan persiga la responsabilidad civil y criminal de las personas que atenten contra su vida o su integridad corporal, ya sea por el desempeño de sus funciones, o que los injurien o calumnien en cualquier forma.

“TE VOY A MATAR”

No era la primera vez que Manuel Sáez, profesor del Colegio Vicente Reyes de Maipú, escuchaba una amenaza tan explícita del alumno de séptimo, pero jamás se había sentido tan vulnerable. No le parecía bien que el mismo joven que antes había amenazado al profesor de enlaces y a él con esperarlo a la salida de clases y golpearlo, ahora quisiera causarle un daño aún menor.

El alumno había llegado al colegio el año anterior con problemas conductuales de los cuales se resaltaba la falta de respeto constante a los profesores y una amenaza con un cuchillo a un docente que detonó el cambio de establecimiento. Como la situación se estaba repitiendo, se le recomendó al apoderado —que al principio se negaba a aceptar la situación— que buscara un establecimiento especial para sus necesidades ya que el colegio, aunque contaba con apoyo psicológico, no estaba capacitado para responder de la manera necesaria por la alta demanda de estos servicios.

Sin embargo, el alumno quedó repitiendo. El colegio debió asumir la situación, y aceptarlo nuevamente para este año académico —pues como se asumió en la mesa de convivencia escolar realizada en 2001, se apoyó terminar con la expulsión o no renovación de matrícula por repitencia o mal rendimiento—, con un compromiso de cambio de conducta que nunca se cumplió. No entraba a clases, no escuchaba a los profesores y los amenazaba delante de todo el curso, conducta que sus compañeros comenzaron a imitar distrayéndose de las clases.

Terminando el primer semestre, el profesor decidió terminar con la situación y siguió el procedimiento habitual. En primer lugar, avisó de la situación a dirección. Pero los procedimientos se habían agotado. Habían citado innumerables veces al apoderado y éste había dejado de asistir. La suspensión también se había considerado y como la hoja de vida del alumno pesaba, el profesor consideró que era mejor prevenir y puso la denuncia en Carabineros, por lo cual el alumno fue detenido y trasladado a una Unidad de menores de carabineros, donde fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía y entregado a sus tutores legales. “La amenaza de muerte es un delito y los menores son responsables a los 14 años. Por lo tanto, se debe decretar medidas cautelares que protejan un bien mayor, como la vida de este profesor. Para ello se pretende sacar al agresor y disminuir el riesgo”, explica el carabinero que asumió el procedimiento.

Aunque la Fiscalía determinó que el alumno debía mantenerse alejado y se le prohibió acercarse por una semana al colegio —situación respaldada por el consejo de profesores del establecimiento—, la Corporación de Educación Municipal de Maipú (CODEDUC) determinó que el alumno debía continuar sus estudios, ya que el Estado debe asegurar la educación y generar políticas orientadas a disminuir la deserción escolar, mejorar la calidad y garantizar el respeto a los derechos de los estudiantes y sus familias en los establecimientos educacionales. Se acordó que el alumno asistiría todos los lunes para que una profesora le entregara pruebas y trabajos que él debe responder para aprobar el curso. Ella no ejerce como docente, pero es la única que ha accedido a recibirlo, pues varios docentes y auxiliares le temen al joven. Y aunque no han tenido problemas, sólo ha ido cuatro veces desde que hicieron el acuerdo y ha llegado incluso con olor a trago.

Se cree que el maltrato se da más en la educación pública. Según Luis Madariaga, dirigente a cargo del departamento jurídico del Colegio de profesores, esto se explica ‘porque es este sector donde se ha estigmatizado más al profesorado’.

Esta modalidad de trabajo se repite en varias comunas dado que la expulsión es considerada una medida extrema, excepcionalísima y última, legítima sólo cuando se comprueba que la situación implica un riesgo real y actual para algún miembro de la comunidad que finalmente en la práctica no se aplica.

Sin embargo, no siempre es el establecimiento el lugar donde el alumno retira el material educativo aunque continúe como el responsable de recopilarlo. A veces, las corporaciones municipales participan e incluso cuentan con profesionales para le brinden apoyo psicológico al alumno y al profesor. De esta manera, el alumno debería asistir semanalmente para ir al ritmo del resto de sus compañeros enfrentando con una gran desventaja, la falta de un profesional capacitado con el cual consultar sus dudas. “Hay un gran vacío, ¿quién ayuda al niño? Es necesario trabajar con él y buscar las causas de su violencia. Medidas represivas hay muchas pero es el colegio el que debe hacerse cargo de su educación. El niño está en su derecho a aprender a responsabilizarse de sí mismo y el aprendizaje esencial es a tener deberes. Cambiarlos de colegio es una mala medida, los estigmatiza y finalmente no son capaces de autoresponsabilizarse por sus hechos, terminarán pensando que si repiten su conducta los cambiarán de establecimiento y nada más pasará. Es un problema de fondo, una crisis de la sociedad donde los niños sólo son el reflejo de su entorno social donde ha tenido que aprender a expresar sus necesidades a través de la violencia. Estamos más preocupados por reprimirlos que por escuchar lo que hay detrás de estas manifestaciones”, dice José Latorre, psicólogo de la Usach y especialista en violencia, intervención social en crisis, mediación, promoción de cultura y buen trato.

¿A CERRAR LA BOCA?

En general los profesores se sienten desprotegidos y poco apoyados, incluso por la dirección del colegio. “Los alumnos no te respetan. Te hacen gestos, te empujan o simplemente no obedecen. Están rompiendo una planta y uno les dice que eso no hace. Es un constante desafío entre los profesores y los alumnos. Ellos están demasiado protegidos. En cambio el profesor como es el mayor y es supuestamente el que tiene el poder en la mano, suele ser acusado de abuso. Mientras los alumnos se burlan, te desafían, te escupen, te hacen desprecios, te empujan, se arrancan de la sala y te tiran el pelo cuando pasas entre ellos”, cuenta María Teresa Álvarez.

Cuando estas situaciones ocurren, el resto del curso se asusta y se queda callado. “Los alumnos pequeños son solidarios contigo, te preguntan si necesitas que vayan a buscar al inspector. Cuando son más grandes no se interesan, a veces incluso apoyan la conducta de su compañero”, dice Jessica Reyes, profesora de educación básica. Sin embargo, las clases deben continuar aunque generalmente los alumnos aprovechan la instancia y comienzan a comentar las agresiones de las que ellos han sido víctimas y se opta por un recreo. A veces, los profesores ni siquiera pueden tomarse una pausa para asimilar la situación. Y otros prefieren no hacerlo, por miedo y vergüenza. Donde la denuncia parece un procedimiento agotador que sólo revive la situación vivida sin solucionarla realmente. Hay una sensación generalizada de que simplemente se debe aceptar esta realidad como parte de la convivencia y que quejarse implica aceptar que el profesor no cumple con el perfil del colegio, en especial cuando son en sectores de riesgo, con problemas familiares —maltrato, violencia, abuso—, alumnos que están acostumbrados a un ambiente donde se trafica drogas y hay mucha delincuencia.

“Producto de una agresión se genera un temor y miedo permanente. Hay dos víctimas, el niño es una víctima de sus propias acciones violentas aunque sea el agresor y  el profesor es víctima de la  acción directa que ejerce el niño sobre él. Necesita mucho apoyo y contención. Sin embargo, los colegios no contemplan esta situación y los docentes se deben tratar en forma particular”, argumenta José Latorre, psicólogo de la Usach.

El presidente del Colegio de Profesores se refirió al maltrato sufrido por los profesores y declaró que la municipalidad de Pudahuel habría instruido a los directores a no denunciar estas situaciones. Sin embargo, los directores se reunieron y sacaron una declaración pública donde dan a conocer que están molestos con las declaraciones de Gajardo porque está usando estos temas de otra manera y que la situación no corresponde a la realidad de Pudahuel.

“Nosotros no hemos dado ningún instructivo a no denunciar, al contrario”, aclaró Ricardo Guzmán, director comunal de educación. “Estamos abiertos a denunciar cualquier abuso deshonesto. Tenemos un el equipo de apoyo escolar de la corporación, integrado por seis psicólogos y asistentes sociales con los que vemos la situación. Si la agresión es grave, se cautela el tema médico y psicológico y apoyamos las denuncias que el profesor tiene que hacer a la fiscalía. Sólo ha habido dos agresiones a profesores durante este año. Pero ninguna ha salido a la luz pública porque hemos resuelto los problemas. Nosotros no estamos por echarle tierra a los temas. Lo que hemos dicho es que hay que cuidar el tema. Creemos que los medios de comunicación no los resuelven, sirven para informar pero se trata de seguir los procedimientos establecidos por ley. Se va a estigmatizar un colegio y un alumno, lo que es muy distinto a que nosotros no queramos que la denuncia no se haga”.

Sin embargo, se debe reconocer que el número de las denuncias es menor a los casos de maltratos reales. Pues, como se ha señalado, son pocos los que deciden denunciar.

CONCENTRACIÓN DEL MALTRATO

Se cree que el maltrato se da más en la educación pública. Según Luis Madariaga, dirigente a cargo del departamento jurídico del Colegio de profesores, esto se explica “porque es este sector donde se ha estigmatizado más al profesorado. En la educación particular subvencionada seleccionan a los alumnos y el que le ha pegado a un profesor seguramente no va estudiar”.

Sin embargo, el maltrato a los profesores no es una realidad aislada de los establecimientos particulares subvencionados o particular pagado. Al contrario, está tan presente como en los colegios municipales. Por ejemplo, el Colegio Santa María de los Andes de Renca, particular subvencionado, ha tenido varios casos de maltrato. Aunque no todas las instancias se informan a la dirección, igual quedan consignadas en los libros de clases con anotaciones negativas o reuniones con los apoderados. Sin embargo, no se ha realizado ninguna denuncia aunque se han tomado medidas drásticas como las de sólo evaluar semanalmente a alumnos que han amenazado a los profesores, como ocurrió con una alumna de séptimo que llegó a mediados de semestre.

Pero el maltrato no sólo es psicológico. Un estudiante del mismo curso golpeó en la cara a una profesora cuando ella le insistió que bajara del mástil de la bandera porque se podía caer. Llamaron al apoderado y lo suspendieron, informándole que si la situación se repetía acudirían a carabineros. “Hemos tenido que tomar medidas porque además de las agresiones físicas y las descalificaciones influyen de mala manera en los alumnos”, cuenta Mónica Araya, directora del establecimiento.

No sólo de trata de maltrato y amenazas, también hay destrucción de la propiedad privada. Los profesores deben enfrentar y pagar de manera particular agresiones a sus vehículos, incluso cuando se identifica a los alumnos que les rompen los vidrios o los neumáticos.