Foto: Archivo de Prensa “La Nación”
Cerraron el diario de papel en diciembre del 2010 y la versión digital que se mantuvo, aunque sin proyecto claro, a punta de trabajo colectivo rindió buenos resultados, a los pocos meses aumentamos la lectoría y lográbamos un creciente reconocimiento social y político del trabajo serio y pluralista que se mostraba. Eso fue dando argumentos sólidos al equipo periodístico para convencer a la administración de no cerrar el diario La Nación y no desmantelar el Archivo Periodístico. No les costaba nada, todo lo hicimos nosotros. Así logramos detener el cierre cada día y mes del año 2010, 2011, 2012 y 2013.
Sin embargo, y sin mediar aviso, a menos de dos meses de terminar su participación en la propiedad del diario, ponen a la venta el periódico mediante una licitación al mejor postor sin ningún recaudo de su función pública o de la conservación de su valor y contenido. Y además, sin vergüenza, sin asco y a escondidas, este viernes 10 de enero nos sorprenden con una exclusiva en otro medio de comunicación y nos enteramos que vendieron el Archivo de Documentación Periodística a una universidad privada. Ni el mínimo decoro los acompaña en esta etapa final de su mandato en el diario La Nación. Ellos mismos declararon en una junta de accionistas que el Archivo era de valor patrimonial y no correspondía su venta. ¿Dónde está el apuro? Lo que corresponde en último término es una concesión de administración, conservación y recuperación, nunca perder la propiedad de estos documentos que no son suyos.
El equipo periodístico de La Nación le propuso a las autoridades del diario y directamente al Gobierno del Presidente Piñera varios proyectos para darle continuidad al medio con sentido público, resguardando su independencia patrimonio y conservando el Archivo Periodístico. Hasta les propusimos diseñar un proyecto en conjunto y por meses sostuvimos reuniones con la Segegob. La propuesta más sólida y aún vigente es que los trabajadores, provistos de un estatuto transparente, asociados a una institución pública o creando una, nos hacemos cargo de su administración. Sabemos hacerlo, lo hemos hecho estos 4 años, pero esta vez asumiríamos directamente la responsabilidad de la gestión en todas sus áreas. El diario por primera vez sería administrado por quienes quieren sacarlo adelante y no para provecho personal, partidario o económico. Tenemos conformada la Asociación de Trabajadores del Diario La Nación con el único objeto de convertir al medio en público legalmente, no perder su historia y proyectarlo al futuro, respondiendo a las nuevas necesidades y desafíos informativos que demanda una sociedad revolucionada por la información.
Nada los satisfizo, sólo la venta era su objetivo, adornada de trabas legales y económicas de quienes fueron contratados para liquidar. La creatividad sólo tiene espacio con el signo peso y con saldar cuentas internas. La decisión de liquidar fue política, la de conservar, también.
Desmembraron el diario poco a poco, ley a ley, acción tras acción. La mediocridad de sus decisiones para dirigir un medio de comunicación con el tiempo fueron superadas por el compromiso, la capacidad y el profesionalismo del equipo periodístico que aprovechó la falta de proyecto editorial y encontró espacios para hacer su trabajo. Logramos instalar el pluralismo, la información permanente, amplia, lo más completa posible, diversa, sin responder a los poderes políticos y/o económicos, como un valor que debíamos respetar. No nos censuraron, es cierto, pero fue más desidia que convicción.
Nos entristece esta decisión porque sacar adelante el diario La Nación es lindo y gratificante, a pesar de tener una administración y un Gobierno (que detenta su propiedad transitoriamente al igual que los anteriores) que siempre le hizo zancadillas a su desarrollo. En septiembre del 2012, previo a determinar la liquidación de la Empresa y sin hacer ajustes administrativos debido a la reducción de su tamaño, el diario tenía ingresos suficientes para mantener su funcionamiento de manera independiente. La liquidación cortó esa posibilidad. No es posible pedirle a un diario sin estructura comercial y en liquidación que genere recursos, lo sorprendente es que aun así los generó hasta hoy y no perdimos lectoría. Hay más de un millón 200 mil personas que se informan mensualmente a través de nuestro diario. Probablemente no son políticos ni poderosos, por eso no importa lo que piensen.
Vemos, sentimos, sabemos el poder de la información y la vemos al servicio de los dueños de las empresas o intereses particulares, legítimos, pero parciales e insuficientes para la libertad de expresión real y la circulación de ideas de un país con altísima concentración de la propiedad de los medios de comunicación. Por eso la diversidad que da y puede dar La Nación convertida con total propiedad en un medio público es relevante.
La propiedad mayoritariamente estatal que tiene este medio nos hizo reflexionar sobre quiénes son los dueños y a quienes debemos responder con nuestro trabajo. Así defendimos y denunciamos manipulación antes del 2010. Pudimos hacerlo con más fuerza, es cierto, pero el cuestionamiento no le quitó valor a decenas de páginas no políticas que seguían aportando en representar, investigar, denunciar, difundir aquello que los otros medios no hacían. Esta disputa editorial nos hizo entender que nuestro compromiso laboral es con los reales dueños de La Nación, es decir, la ciudadanía. Por eso debió y debe existir en La Nación una regulación clara, transparente, que fije una administración independiente y autónoma. Hablamos con senadores y propusimos a este Gobierno un proyecto de ley para crear esta institucionalidad, pero nunca lo tomaron con seriedad.
“El diario debe ser 100 % estatal y público por medio de una legislación que lo regule. Hay voluntad parlamentaria y social para eso. Nunca más un diario de gobierno”.
Hoy, No tienen derecho a vender el diario, sus 96 años de vida y el Archivo Periodístico porque su valor es INCALCULABLE, no se trata de un patrimonio nacional inerte, sino de uno vivo, que ejecuta a diario el derecho de información de las personas. NO TIENEN DERECHO a privatizar la memoria, a pesar de que la ley se los permita.
No todo tiene valor de mercado. Este Archivo Periodístico debe ser del Estado, público, como siempre fue, abierto a la comunidad, al periodismo, a los documentalistas, hasta los colegios iban a visitarlo. El diario debe ser 100 % estatal y público por medio de una legislación que lo regule. Hay voluntad parlamentaria y social para eso. Nunca más un diario de gobierno.
Este Gobierno comete un crimen con la venta del Archivo Periodístico y aún más con la adjudicación del diario el 16 de enero cual mercancía en una notaría. Animados por pequeñeces, por disputas internas que les impide imaginar el país o el valor de lo que administran más allá de lo económico. Inmersos en disputas nimias con los accionistas minoritarios, que no exentos de responsabilidades, no merecen que su destrucción termine también con un recurso cultural centenario que tiene mucho más valor que un puñado de acciones.
¿Qué culpa o responsabilidad tenemos los demás, los chilenos, de sus peleas, de sus luchas ideológicas, políticas y económicas? ¿Qué culpa tenemos de su irresponsabilidad y falta de creatividad y competencia para administrar un diario? ¿Han DESCUARTIZADO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN A TRES DÍAS DE CUMPLIR 97 AÑOS a cambio de qué?
¿Qué pasará con la propiedad intelectual de todo el material que está en el Archivo? Miles de periodistas, artistas, fotógrafos, dibujantes, escritores, intelectuales pusieron a disposición de La Nación su creación y no a una institución privada.
El daño que están causando es demasiado grande. Es un crimen y este país tiene a su haber demasiados crímenes impunes.
Sindicato Nº3 del Área Periodística del Diario La Nación
96 años en la historia de Chile.