Formalización de cargos por la red de explotación sexual infantil. Foto: Juan Loncomilla
Son múltiples las reflexiones éticas que motiva la Operación Heidi, así bautizada por la PDI.
Se trata de una información que despierta rechazo y preocupación, en especial en los padres de familia, que sienten que sus hijos —como ya ha ocurrido en los casos de abusos en colegios— corren peligros que no pueden prever.
Esta realidad obliga a un tratamiento informativo especialmente cuidadoso: no cabe duda de que se debe dar la información pero ¿cómo, con qué nivel de detalles, a quienes se puede identificar?
Yendo por partes, veamos los aspectos principales:
Deben evitarse las entrevistas a supuestos testigos que no agregan información relevante, que pueden generar confusión e incluso generar sospechas injustificadas.
1.- La información, como toda noticia policial, provino inicialmente de los responsables de la pesquisa, en este caso la Policía de Investigaciones. Son ellos los que entregaron en detalle la situación, los nombres de los detenidos y los resultados de sus investigaciones.
Luego, las fiscalías ganan protagonismo cuando se producen allanamientos en los prostíbulos y las casas de los acusados.
Más adelante, en especial tras el fracaso de obtener declaraciones de los detenidos y los vecinos de las casas allanadas y ante la pobreza de las imágenes, los medios buscaron más informaciones por su propia cuenta. Al mismo tiempo, desde TVN y el PDC, se informaba acerca de las decisiones específicas que afectaban al productor Jaime Román y al dirigente político Diego Méndez.
En esta etapa se realizan entrevistas a presuntas víctimas, a gente “que conoce el ambiente” y especialistas. En general se trata de marcar la diferencia con la Operación Heidi, pero es posible que el público no la advierta fácilmente.
Al iniciarse el proceso de formalización, se conocen más detalles gracias a las grabaciones telefónicas que se dan a conocer, incluyendo el video de “Francia”.
2.- Dada la forma cómo se fue entregando la información es inevitable que de inmediato se identificara a los acusados, conocidos o no por la opinión pública. Como es ya habitual, no se respetó su presunción de inocencia y, peor aún, por lo menos en el caso de Guido Vallejos se registran rayados y amenazas en su casa.
3.- En cada paso, probablemente por las experiencias de los últimos años, los medios (en especial la televisión) cuidan de impedir la identificación de las víctimas: se dan solo sus iniciales y se pixelan sus rostros. En el caso de supuestos testigos se los retrata en lugares sombríos o de espaldas a la cámara.
En resumen:
Lo anterior lleva a la única conclusión general posible, ya que cada caso siempre debe ser enfrentado en su propio valor y según sus circunstancias: casos como este requieren de gran cuidado. Debe respetarse la presunción de inocencia, deben evitarse las imágenes —a veces grabadas con intervención de la policía y las fiscalías— que no agregan información. Deben evitarse las entrevistas a supuestos testigos que no agregan información relevante, que pueden generar confusión e incluso generar sospechas injustificadas.
Esa fue la gran lección de las entrevistas a Gemita Bueno en el Caso Spiniak. No parece haber sido aprovechada.