En 2022 Chile ratificó el Acuerdo de Escazú y en diciembre de 2024 estrenó un Protocolo para proteger a defensoras del medio ambiente. Un mecanismo que no tiene presupuesto propio, no mide sus resultados y no cubre la violencia digital, en un contexto donde las mujeres corren la mayoría de los riesgos. Nora Ñancul, defensora ambiental reconocida internacionalmente, fue detenida en un hospital sin que nadie le ofreciera ese protocolo, Orietta Llauca, abogada litigante de causas de pueblos originarios, que le ganó en la Corte Suprema a la heredera de Julio Ponce Lerou, lo activó una vez y dice, no sirvió de nada.

Por Camilo Roa y Nicolás Montecinos

(Foto de portada: Radio Kurruf)

Era julio de 2025 y Nora Ñancul ya no podía dormir. El dolor en el pie la mantenía despierta durante las noches y, con el paso de los días, caminar se había vuelto casi imposible. Todo había comenzado semanas antes, cuando una herida se infectó. Después vino la hinchazón que se alojó en el tobillo y se extendió hasta la pantorrilla.

Volvió. Sacó su número, avisó en el mesón y esperó su turno. La atendieron, le hicieron la curación y la mandaron a la farmacia a comprar unos remedios. Retiró la receta y salió a la calle.

Cruzando la vereda es abordada por varios hombres y una mujer, gente que no conocía. “¡Usted está detenida!”, le dijeron mientras la tomaban del brazo. Nora pidió que la soltaran, que iba a cooperar. Eran agentes de la Policía de Investigaciones. Ahí mismo, delante de ella, discutieron quién se la llevaba: los de Angol o los de Los Ángeles. Comenzó a exigir que la trasladaran a Mulchén, donde estaba su causa.

La subieron a una camioneta. En Los Ángeles le quitaron sus cosas y la encerraron en un calabozo con las ventanas abiertas, esa noche durmió sobre el cemento. La pasaron a control de detención en Collipulli, aunque su causa era de Mulchén. Ese fin de semana, de viernes a lunes, lo pasó en la cárcel de mujeres de Angol. La detención se debía a una causa de 2019 por maltrato de obra a carabinero. Estaba acusada de haberle arrojado agua caliente a un funcionario durante un desalojo. 

Nora había faltado a las audiencias estando notificada y pesaba sobre ella una orden de detención vigente, así que en el hospital le controlaron la identidad y la ejecutaron. Salió el lunes, cuando aceptó un trato entre el fiscal y su abogada defensora: admitió responsabilidad a cambio de una pena rebajada. «Implica que tengas tus “papeles manchados”, y en tu extracto de antecedentes va a haber una condena», explica Rodrigo Pizarro, su actual abogado.

Nora Ñancul es defensora territorial mapuche. Lleva más de una década denunciando amenazas, vigilancia, perdigones y hasta un ataque con motosierra. Una organización internacional, Front Line Defenders, acompaña su caso desde el extranjero. Su detención ocurrió tres años después de que Chile firmara el Acuerdo de Escazú, el primer tratado del mundo que obliga a los Estados a proteger a quienes defienden el medio ambiente y siete meses después de que el país estrenara un Protocolo de Protección para las personas defensoras. En ese momento, ninguna institución del Estado le habló de ese mecanismo. Cuando se le pregunta si alguien se lo ofreció, responde “nada, nada, nada”.

En el valle del río Renaico, en la comuna de Mulchén, hay dos rucas rodeadas de plantaciones de pino. Las construyeron Nora y Gricel Ñancul en un terreno que Forestal Mininco (filial de CMPC, la mayor forestal del país, controlada por la familia Matte) reclama como suyo. Nora llegó primero, en octubre de 2019, con una carpa y su hija. Cerca de las viviendas hay un chemamull, la figura de madera con que el pueblo mapuche recuerda a sus muertos, lo pusieron cuando Maximiliano, el hijo mayor de Nora, murió de leucemia a los diecisiete años en abril de 2021.

La recuperación de esas tierras nació de algo concreto. La herencia de su madre las había dejado con sitios de 25 por 30 metros a la orilla del río, sin espacio para sembrar ni criar animales, que es de lo que vive una familia mapuche. “¿Cómo íbamos a criar animales, a sembrar?, ¿de qué manera íbamos a salir adelante?”, dice Nora. En ese sitio, era imposible. “Ahí tomamos la decisión de recuperar nuestras tierras y nos animamos con mi hermana”, agrega.

Siete años después, Nora y Gricel, quienes son werken de la Comunidad Autónoma Likankura, viven rodeadas de plantaciones. Donde antes hubo cosecha, la forestal replantó pinos que ya alcanzan los cuatro metros, en medio quedó un pedazo de bosque nativo y algo de tierra abierta y ahí tienen sus animales. Lo que Nora defiende desde esas rucas explica por qué fue detenida en Collipulli ese día de julio de 2025.

El conflicto había empezado antes, en un predio vecino. El primer territorio que la comunidad reivindicó fue el Fundo Ranquilco, un campo agrícola que, quienes lo arrendaban, según el libro Corazón de Weichan, pertenecían a la familia Arriagada Domínguez, terratenientes de la zona con historia en la dictadura. “Un militar de la época de Pinochet” como lo describe Nora, que cuando supo de las reivindicaciones de la comunidad, comenzó un hostigamiento: amenazas de muerte y animales muertos. Los animales eran el ingreso de la familia. Un buey muerto era una pérdida que se contaba en plata y en semanas. 

“Estamos entre la forestal y el fundo, somos colindantes, donde tenemos nuestras rucas, no hay más de 1 kilómetro de distancia”. Con el tiempo pusieron un cerco eléctrico para que los animales no cruzaran al fundo, y dejaron de entrar a los predios vecinos. “Somos mujeres, andamos con los hijos chicos y no sabemos en qué momento nos puede pasar algo, porque siempre andan armados”, dice.

La presión llegó también desde adentro. Muchos parientes trabajaban para la forestal y vieron la recuperación como una amenaza a sus empleos. Nora cuenta que, antes de las faenas, la empresa les hacía charlas: si una comunidad llegaba a interrumpir el trabajo, debían defenderse “con lo que tuvieran”. Así, la disputa por la tierra se metió también dentro de las familias.

En mayo de 2015, en una protesta contra las faenas nocturnas de Mininco, Nora recibió siete perdigones en las piernas. “Casi me mataron esa vez, me reventaron una vena, casi me desangré en el lugar”, recuerda. Llegó sola a la urgencia de Collipulli y quedó varias semanas internada. En enero de 2019, más de doscientos carabineros entraron al Fundo Ranquilco para desalojarlo. De todos los detenidos, Nora fue la única formalizada: la acusaron de arrojarle agua caliente a un carabinero, la misma causa que seis años después la llevaría presa desde el hospital. 

No lo niega, pero lo cuenta con lo que vio esa mañana: un policía aplastando contra la tierra la cara de una lamngen (hermana mapuche). “En ese momento yo no supe de mi actuar, me nublé, y simplemente agarré lo que pillé más a mano”, dice. Y agrega: “Porque yo, como mujer mapuche y weichafe, cuando peleo mis tierras ancestrales, lo hago de corazón”. Dos meses después, un trabajador forestal la atacó con una motosierra y le abrió un corte en forma de Y de quince centímetros en el pecho. En la ficha del hospital quedó como “heridas leves”.

Los allanamientos siguieron. En septiembre de 2020, la PDI entró a la casa de Gricel buscando a un hermano. Según relata un perfil de La Otra Diaria, Nora quedó tirada toda la noche, con la cara contra una poza de agua y las manos y los pies atados. Al hijo de Gricel, de catorce años, lo golpearon con la culata de una pistola. Días más tarde, el mismo adolescente fue golpeado en una marcha en Temuco. El caso derivó en una querella contra la PDI por torturas.

En 2025, después de años de juicios, algo se movió a su favor. Forestal Mininco las había querellado por usurpación no violenta para sacarlas del predio San José Poniente, en el sector Las Maicas. Pero el Juzgado de Mulchén rechazó la medida cautelar con que la empresa buscaba recuperar el terreno mientras durara el proceso, y el 11 de julio de 2025 la Corte de Apelaciones de Concepción confirmó ese rechazo, mientras siguiera pendiente una demanda civil por dominio ancestral, amparada en el Convenio 169 de la OIT, la ocupación no podía tratarse como ilegal.

El 2 de septiembre de ese año, la Fiscalía pidió sobreseer la causa penal hasta que se resolviera lo civil, y el tribunal aceptó. No hubo una sentencia que les entregara la propiedad (eso se juega todavía en otro juicio), pero no las echaron. “No nos pueden sacar del lugar, y Forestal Mininco tiene que respetarnos el derecho de donde están nuestras viviendas”, dice Nora. La causa la llevó Rodrigo Pizarro Rosales, un abogado que empezó a acompañar a la comunidad cuando aún era estudiante.

Ganar en los tribunales no cambió la constante vigilancia que se ve desde la recuperación. Los guardias privados de Mininco patrullan en camionetas, “vestidos de negro, con capucha, y con su armamento escondido detrás de los asientos”. Los helicópteros de Carabineros vuelan tan bajo que, dice Nora, “nos levantan el techo”. De noche cuando las hermanas salen a recorrer los predios, aparecen los drones. El estado de excepción constitucional vigente en La Araucanía y el Biobío desde 2021 amplía las facultades de las fuerzas de seguridad y mantiene tropas militares en zonas rurales.

En el cerro Pilguen, visible desde la recuperación y donde está enterrado un antepasado de la comunidad, la empresa instaló una antena con cámaras que registra cualquier movimiento. Desde ahí mismo, cuenta Nora, dejan entrar a leñeros que bajan de Mulchén a cortar el bosque nativo: las camionetas salen llenas de astillas y detrás quedan menos changles, menos digüeñes, menos maqui. La comunidad quiere declarar ese cerro sagrado y reforestar lo que fue talado, pero la antena sigue ahí.

De los episodios más violentos quedaron causas abiertas, pero por el otro lado: la comunidad presentó querellas contra Carabineros por el baleo de 2015 y contra la PDI por el allanamiento de 2020. Ninguna, dice Nora, cambió gran cosa. La vigilancia siguió, y con ella la costumbre de vivir observadas, saber que cada vez que cruzan a los predios vecinos, alguien lo registra desde la antena o desde una camioneta.

A la vigilancia se sumó el relato. En julio de 2021, después de que muriera el comunero Pablo Marchant en un fundo de Mininco, un artículo de La Tercera vinculó a las hermanas con la Coordinadora Arauco Malleco (CAM). organización que el Estado ha perseguido bajo legislación antiterrorista. Las hermanas la desmintieron. La acusación no tenía base pública, pero el relato circuló. “Se nos llama terroristas”, dice Nora.

En la recuperación no hay electricidad. El tendido eléctrico queda lejos porque alrededor no vive nadie, así que se alumbran con focos solares que no cargan cuando no hay sol. Nora lo compara con el lamparín de su infancia, el tarro de café con parafina y una mecha que armaban sus padres. El resto de la vida cotidiana pasa por la misma condición jurídica. «Para todo hay que pedirle permiso a Mininco, técnicamente, porque ellos son los dueños», explica su abogado Rodrigo Pizarro.

Los caminos están averiados y ha habido accidentes. El colegio queda lejos. Y como las rucas están dentro del predio forestal pero a un costado del río, «van quedando pocas formas de poder salir»: una de ellas es cruzar en bote. Según el abogado, además, se les pierden animales y eso genera un conflicto diario con los cuidadores del predio. A eso se suma, cuenta Nora, que la empresa las tiene vetadas para trabajar: «Se nos han cerrado las puertas, no nos dan trabajo, no llega nada». Viven de lo que crían y de lo que siembran.

Del otro lado hay un interés que conviene explicar. Lo que rodea las dos rucas es, en palabras de Pizarro, «un paño gigante» de propiedad de Mininco: «un bosque cultivado y que ya está cosechado, muy grande, y que tiene mucha plata de por medio». La empresa quiere «explotar tranquilamente lo que es de ellos, según lo que ellos entienden», y las hermanas han hecho resistencia a la tala. De ahí la definición del abogado: son «una piedra en el zapato para Mininco». No por ser dos, sino porque no están solas. «Se han juntado comunidades ahí también, como marcando que el territorio no está solo», dice.

Nora y Gricel fueron reconocidas internacionalmente como defensoras ambientales por Front Line Defenders, organización con sede en Irlanda quienes tomaron su caso. “Como protección a nosotras, como mujeres luchadoras y de la naturaleza, y ahí nos han respetado un poco”, dice Nora, quien asegura que no ha hecho uso de alguna herramienta de Escazú. (Ver foto de Nora y Gricel).

La defensa desde el litigio

Durante una tarde de enero de 2025 Orietta Llauca acompañaba a un grupo de comerciantes ambulantes a la Municipalidad de Puerto Montt. Iban a entregar una carta al alcalde, Rodrigo Wainraihgt, invocando el derecho de petición, y a manifestarse afuera. Los guardias municipales encadenaron las puertas. Por la parte trasera entraron Fuerzas Especiales de Carabineros y el aire se llenó de lacrimógenas. Orietta pidió cinco veces un agente de diálogo, la figura que la institución incorporó a sus protocolos después de 2019. La respuesta, dice ella, fue «un combo en la cara», y después una dura represión policial golpes con cascos y escudos contra el grupo.

Del episodio dice, salió con estrés postraumático en tratamiento y con una imputación en su contra por usurpación de espacio público. La abogada que acompañaba a los manifestantes terminó siendo imputada.

Orietta Eliana Llauca Huala es abogada mapuche williche y litiga en causas de comunidades indígenas en el sur, varias de ellas sin cobrar honorarios. La más larga la llevó a cabo durante una década contra Francisca Ponce Pinochet, nieta de Augusto Pinochet e hija de Julio Ponce Lerou, por 147,5 hectáreas en la comuna de Puyehue, y se resolvió en la Corte Suprema en abril de 2026.

Lo de Puerto Montt fue la única vez que el Protocolo de Protección se activó en su favor. A través de un contacto en Santiago, la Subsecretaría de Derechos Humanos ingresó una denuncia por apremios ilegítimos y se tomó declaración a ella y a un testigo. Ahí terminó. «Ellos hicieron la denuncia y es algo que yo pude haber hecho y lo pude haber hecho mejor que ellos, porque también soy abogada», dice. El resultado, agrega, quedó «en nada».

Orietta lleva años denunciando diversos hostigamientos por su labor de defensa a comunidades indígenas. En 2023, cuando el Protocolo todavía no existía, Orietta recibió una amenaza de incendio “¿te gusta el fuego ah? ahora va”. Más de un año después, el 29 de noviembre de 2024, su oficina en Llanquihue, donde guardaba las carpetas de sus causas, fue destruida por un incendio.

La carpeta investigativa de ese incendio tiene 35 páginas. En ella consta que un vecino de 22 años declaró haber visto salir a un hombre del inmueble poco antes del fuego, que un detector de Bomberos marcó positivo para gases combustibles en una de las carpetas y que las cámaras de los alrededores habían perdido la grabación de esa noche.

En la misma carpeta está la conclusión del peritaje. El informe de Bomberos atribuye el origen del fuego a una falla eléctrica, se determinó que la causa del incendio fue un “fuego por sobrecalentamiento de conductores eléctricos de enchufes en tomacorrientes”. 

No convencida con la investigación, decidió no seguir colaborando. Arrastraba años de denuncias sin resultado y se negó a declarar. «Después de haber denunciado una serie de amenazas, donde he ido a declarar para que después las archive la fiscalía, no seguiré perdiendo el tiempo», respondió por escrito a la policía. El 7 de febrero de 2025 la Fiscalía de Puerto Varas pidió el archivo provisional y la causa quedó sin responsables. «No creo ni confío en el sistema de persecución penal ni en tribunales», cerró.

El incendio es el último eslabón de una cadena que ella misma sistematizó en un informe propio, que cubre de 2012 a agosto de 2023. Ahí están, en orden: en abril de 2012, una jueza de familia de Puerto Montt se burla de su condición mapuche en plena audiencia, con el micrófono del estrado abierto. En 2015, las tuercas de una rueda de su auto estaban sueltas camino a un juzgado; en 2021, su casa y su oficina amanecidas con cintas rojas; en 2022, una amenaza de muerte contra su hijo; en 2023, un fiscal que obtiene autorización judicial para allanar su oficina e incautar su computador y su teléfono. Denunció casi todo. Pero asegura que casi todo terminó archivado. (Ver foto de Orietta)

El acuerdo de Escazú y el Protocolo de Defensa

Para activar el mecanismo que Chile creó para proteger a las personas defensoras hay que llenar un formulario y enviarlo por correo electrónico. El formulario existe únicamente en Word. Es la única puerta de entrada, y el propio informe del Protocolo la reconoce como una limitación «en términos de accesibilidad, usabilidad y disponibilidad».

Daniela Quintanilla, que era subsecretaria de Derechos Humanos cuando ese formulario se diseñó, explica por qué quedó así. Evaluaron el costo de una plataforma digital «más amigable que el Word», pero «no teníamos en ese momento los recursos económicos para desplegar y desarrollar una plataforma que tuviera todos los mecanismos de seguridad». Sabían que iba a ser difícil de llenar, agrega, pero tenía que contener toda la información que el Ministerio Público necesita para abrir una investigación.

El origen de este formulario está cuatro años antes. En marzo de 2022, uno de los primeros gestos del gobierno de Gabriel Boric fue firmar el Acuerdo de Escazú, cuyo artículo 9 es explícito: el Estado debe reconocer a las personas defensoras, garantizarles un entorno seguro y prevenir, investigar y sancionar los ataques en su contra.

La bajada de esa promesa tardó casi dos años. El Protocolo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos entró en vigencia el 27 de diciembre de 2024. No es una ley, es un instrumento administrativo de coordinación, firmado por seis instituciones del sistema de justicia penal, sin presupuesto propio y sin facultades nuevas. Funciona, dice Felipe Guerra, abogado del Observatorio Ciudadano, «sobre lo que ya existe».

A días del cambio de mando de 2026, la Subsecretaría de Derechos Humanos publicó el primer informe de ese Protocolo. Lo firma la propia Quintanilla, quien primero lo presentó ante la Comisión Nacional de Coordinación del Sistema de Justicia Penal en abril de 2024, cuando era jefa de la División de Protección, y quien dos años después firmó el documento que evalúa su primer año. Es ese mismo documento oficial el que deja por escrito buena parte de lo que el mecanismo no alcanzó a hacer.

Quintanilla defiende el valor de haber construido «por primera vez un diagnóstico o una línea de base con evidencia empírica, desde la institucionalidad y no desde la experiencia y vivencia de los propios defensores». Pero admite que el instrumento «no alcanza a llegar a todas las situaciones de riesgo ni amenaza de todos los defensores». Y reconoce su fragilidad de origen: «el carácter administrativo le da cierta fragilidad a las políticas públicas porque dependen mucho de la autoridad de turno y todo se puede revertir muy fácilmente».

Los números de este informe muestran dónde está el límite. Entre el 27 de diciembre de 2024 y el 31 de diciembre de 2025 el Protocolo recibió 44 solicitudes de activación. Seis no corresponden a su objeto, de modo que el universo real es de 38 personas defensoras.

De ahí en adelante el rastro se adelgaza. 25 casos fueron derivados al Ministerio Público. En 18 se abrió investigación y 2 llegaron a formalización (ver gráfico 1). Las demás se archivaron, se suspendieron, volvieron a la mesa o quedaron desformalizadas con diligencias pendientes. La diferencia entre 25 y 18 tiene explicación técnica, y el propio Ministerio Público la da: hay formularios que se acumulan a una causa previa y otros que se refieren a un mismo hecho.

El informe consigna además qué pasó con los casos que el Protocolo mandó a otras instituciones. Hubo 53 derivaciones a doce organismos del Estado y de todas ellas llegó una sola respuesta, «proveniente de la Contraloría General de la República». Las demás quedaron «pendientes de respuesta, sin que se haya informado a la Subsecretaría el estado de su tramitación o resultados». La Secretaría Técnica del Protocolo derivó los casos y no supo en qué terminaron.

Para Guerra ese es el problema de diseño. «El indicador es cómo se activa el protocolo, pero queda fuera toda la discusión respecto a las medidas, la eficacia, la situación particular de esas personas», dice. El propio informe admite algo parecido cuando reconoce que el mecanismo no tiene criterios claros para cerrar ni reabrir casos.

A eso se suma que no hay plata. En diciembre de 2025, ante una solicitud de transparencia, la Subsecretaría respondió por escrito que ni la mesa de coordinación ni el portal del Protocolo «disponen de un ítem o asignación presupuestaria específica». La organización FIMA, especializada en derecho ambiental, agrega que tampoco existe un método claro para asignar y evaluar las medidas, y que el instrumento actúa solo cuando el daño ya ocurrió. Las tres cosas están encadenadas: sin presupuesto no hay indicadores, y sin indicadores no puede haber seguimiento.

La amenaza más frecuente contra las personas defensoras no fueron los golpes ni los incendios, sino la violencia digital: 14 de los 55 hechos registrados (ver gráfico 2). Es también la que el Estado admite no saber enfrentar. «Se identifica una brecha relevante en el abordaje de casos de violencia digital, derivada de la ausencia de un reconocimiento legal explícito de este fenómeno», dice el informe. Guerra lo describe igual desde afuera: «La violencia digital es una de las principales amenazas que actualmente viven los defensores. Ahí nosotros tenemos un vacío».

El diseño dejó otro hueco. El Protocolo no contempla activaciones colectivas: está pensado para personas, no para comunidades, justo cuando buena parte del conflicto es territorial. Una comunidad como la de Nora y Gricel, que defiende un territorio entero, no cabe en ese formulario.

Hay una razón por la que Orietta Llauca cree que el mecanismo no está hecho para ella, y no tiene que ver con cómo se aplicó en su caso sino con cómo está escrito. El Protocolo ampara a quien defiende derechos «por medios pacíficos». La frase está en su artículo segundo, y el Plan Nacional de Escazú la refuerza aclarando que la definición «no incluye a los individuos o grupos que cometan actos violentos o propaguen la violencia». Para ella, esa cláusula la excluye antes de cualquier trámite. «No se reúnen conmigo ni estoy amparada por el acuerdo de Escazú», dice.

Su lectura es la siguiente: «Escazú es un excelente tratado, pero el protocolo le cortó las patas, se volvió un cajero automático para las fundaciones y las ONG», dice. El defensor territorial, explica, es el que levanta protestas, entra a lugares cerrados y saca máquinas del territorio, y todo eso el Estado lo lee como violencia. «Para ellos yo soy rota, yo soy picante, yo soy violenta, yo soy terrorista, todo lo que quieran», dice.

Quintanilla defiende la cláusula. «Es el estándar internacional, es el estándar que está contenido en los principios de Naciones Unidas, no es una elaboración o una restricción propia», dice, y la compara con el derecho a la protesta: se puede interrumpir el tránsito pacíficamente, pero no lanzar una bomba molotov. Admite, eso sí, que el problema no está en la palabra sino en quién la interpreta, porque muchas veces «se criminalizan medios que efectivamente son pacíficos».

Hubo también una pieza que quedó fuera y que explica por qué después nadie puede contar. Quintanilla cuenta que durante la elaboración del Protocolo trabajaron con el Ministerio Público la posibilidad de crear marcadores dentro de su sistema de casos, para poder identificar cuáles involucraban a personas defensoras. No prosperó. «Como no es un tipo penal en específico, había mucha resistencia también a la categoría defensor como atribución automática. Entonces desechamos esa posibilidad», dice. Sin ese marcador, el sistema penal no tiene cómo saber cuántas de sus causas involucran a defensores.

Nada de esto era desconocido para el Estado. En 2023, antes de redactar el Protocolo, la Subsecretaría reunió a organizaciones y defensores en una serie de diálogos participativos. Ahí pidieron, entre otras cosas, seguridad digital, mecanismos de protección para colectivos y una respuesta rápida en vez de burocracia. El Protocolo que llegó un año después no incluyó ninguna de las tres, y su primer informe las volvió a listar, esta vez como «nudos críticos».

Existe, además, un camino que el Estado no ha tomado. Desde 2024 espera en el Congreso el Boletín 16.886-12, un proyecto de ley que busca reconocer legalmente a las personas defensoras del medio ambiente y agravar las penas por los ataques en su contra. Para Guerra, su sola existencia confirma el límite del instrumento vigente: un protocolo administrativo depende de la voluntad del gobierno de turno y una ley no. Actualmente el proyecto se encuentra en fase de Segundo trámite constitucional sin urgencia. 

Hay un dato del informe que el mecanismo registra y no usa. De las 38 personas defensoras que activaron el Protocolo en su primer año, 20 son mujeres, y el mismo documento advierte que la violencia digital, la amenaza más frecuente, «afecta de manera diferenciada a mujeres defensoras». Entre sus recomendaciones estaba incorporar al Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género a la mesa de coordinación. En las tres sesiones que la mesa celebró en 2026, ese servicio no la integraba. (ver sesión 1, 2 y 3)

El Protocolo sabe, entonces, cuántas veces se activó y sabe que la mayoría de quienes lo activan son mujeres. Lo que no sabe es cuántas defensoras hay en Chile.

Qué significa ser mujer defensora en Chile

El jueves 16 de abril de 2026, en la Biblioteca Severín de Valparaíso, la fundación Escazú Ahora presentó su tercer informe anual. En 2025 la organización registró 72 agresiones contra 67 personas defensoras, el número más alto desde que lleva el conteo. Casi la mitad de las víctimas se identificó como parte de un pueblo indígena, en su mayoría mapuche. Y el 55,2 % eran mujeres.

Ese informe también registra qué cambió en la forma de agredir. La agresión más frecuente de 2025 ya no fue la física, sino la desacreditación pública, que pasó del 4,2 % de los casos en 2024 al 36,1 % en 2025, por encima de las agresiones físicas. (Ver foto)

El fenómeno excede a Chile. Según Global Witness, América Latina concentra alrededor del 82% de los asesinatos de personas defensoras del ambiente en el mundo. En Chile la violencia rara vez llega al asesinato, se ejerce, sobre todo, por vías menos visibles: la desacreditación, el hostigamiento judicial y la agresión en redes. 

Antes de seguir con las cifras conviene una advertencia. El Estado, Escazú Ahora y la Fundación Multitudes cuentan cosas distintas y con métodos distintos. El primero registra solicitudes de activación de su propio mecanismo; la segunda, agresiones documentadas en prensa y por denuncia; la tercera, respuestas a una encuesta. Ninguna de las tres cifras es el total de nada, y no se pueden sumar entre sí.

La de Multitudes es la que mira específicamente a las mujeres. Publicada en 2026, se basa en una encuesta a 203 defensoras ambientales, complementada con once grupos focales que reunieron a 113 mujeres en ocho territorios del país, entre ellos Temuco, Cañete y Chiloé, y fue financiada por la cooperación británica con la colaboración de los ministerios del Medio Ambiente, de la Mujer y de Justicia.

Ese estudio dejó un hallazgo que interpela al mecanismo: hay zonas de alta conflictividad socioambiental que no figuran en los registros del Protocolo. Es la misma sospecha que tiene la ex subsecretaria. «Yo no tengo ninguna duda de que hay más casos que esos 44», dice Quintanilla, son un piso.

Con esas advertencias sobre la mesa, hay una coincidencia que los tres registros no desmienten. El del Estado ya lo dijo: la mayoría de quienes activan el Protocolo son mujeres, y 30 de esas 38 personas pertenecen a algún grupo de especial protección, siendo el de las mujeres el más numeroso, con 13 casos, seis de ellos con más de una condición cruzada. El de Escazú Ahora coincide con su 55,2 %. Y el de Multitudes está hecho, entero, con defensoras: entre las 203 consultadas, el 50,9 % reportó violencia psicológica y el 78,8 % dijo temer por su integridad o la de un familiar. Preguntadas por los grupos más afectados, señalaron a las mujeres en un 80,4 % y a los pueblos originarios en un 79,7 %.

Hay una forma de violencia que golpea distinto según quién la reciba. En el registro del Protocolo, la vía digital aparece en el 30 % de los casos de mujeres y en el 20 % de los de hombres. Multitudes la sitúa en el 38,6 % de las defensoras encuestadas. Y el informe oficial lo dice con todas sus letras: la violencia digital «afecta de manera diferenciada a mujeres defensoras».

«Somos mujeres, andamos con los hijos chicos y no sabemos en qué momento nos puede pasar algo, porque siempre andan armados», dice Nora Ñancul. La frase no describe un temor abstracto. Describe la rutina de una recuperación rodeada de guardias privados, con helicópteros que pasan bajo y camionetas que patrullan los caminos.

Los hijos están dentro del conflicto desde el principio. Nora llegó al predio en 2019 con su hija y vivió tres años ahí, incluido el otoño del estallido. Al hijo de Gricel, que entonces tenía catorce años, lo golpearon con la culata de una pistola durante el allanamiento de 2020, y días después volvieron a golpearlo en una marcha en Temuco. Maximiliano, el hijo mayor de Nora, murió de leucemia a los diecisiete en abril de 2021, y el chemamull que está junto a las rucas es por él.

En julio de 2026, la hija de siete años de Gricel llevaba tres semanas sin ir a clases. Según cuenta su madre, el Servicio Local de Educación Pública Puelche, que administra los establecimientos de Mulchén, cerró la escuela a la que asistía y no dispuso un furgón de acercamiento para llevarla a otra. La explicación que dice haber recibido fue que «por una niña es plata perdida». (Ver foto de Nora y Gricel junto a sus hijas)

Por otro lado, Alejandra Parra es bióloga y trabaja en la Red de Acción por los Derechos Ambientales, en La Araucanía. Contra ella circularon videos manipulados con inteligencia artificial que la vinculaban de forma falsa con Héctor Llaitul. Presentó una querella por amenazas y el Instituto Nacional de Derechos Humanos pidió activar el Protocolo en su favor.

Lo que ocurrió después es el mismo patrón, con otra mujer. «Me mandaron copia de esa solicitud, pero después de eso no he recibido ninguna información sobre cómo se ha implementado», dice Parra. «Aparte de eso, no he recibido absolutamente nada.»

Con Orietta el registro es otro. En marzo de 2022, mientras litigaba contra una inmobiliaria por dos humedales, un estero y un bosque nativo, le llegó un correo que amenazaba con matar a su hijo, entonces menor de edad. Según el informe que ella misma sistematizó, la dirección desde la que salió ese mensaje era «lagranhijadetumadre@gmail.com», y el texto le advertía que no volvería a ser «más que la pobre triste mujer». Hizo la denuncia. A los diez días la fiscal decidió no perseverar, y los recursos que presentó después fueron rechazados.

En los tres casos el ataque no discute lo que defienden: discute quiénes son. A dos las convierte en terroristas y a la tercera la reduce a mujer.

Chile no solo se comprometió con Escazú. También es parte de la Convención de Belém do Pará, el tratado interamericano que obliga a los Estados a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Guerra explica cómo se cruzan. Escazú, dice, «no crea derechos nuevos en la práctica, sino que son especificaciones de derechos que ya existían», y en el caso de «una defensora mujer indígena se intersectan estas regulaciones». De ahí saca una consecuencia que cambia el nombre del problema: «muchas veces la violencia que viven las mujeres defensoras en el contexto del activismo son formas de violencia política».

Orietta lo mira desde el otro lado, el de quien ataca. Cree que la impunidad es parte del cálculo: «se sienten con mayor impunidad, sienten que tienen garantizada la impunidad, porque en definitiva están atacando a alguien que en esta sociedad todavía se desprecia, que es una mujer mapuche». Y agrega una capa más, que es de clase y no de origen: «no me perdonan que yo sea abogada».

En un tribunal, todo esto se traduce en una estrategia. Rodrigo Pizarro dice que alega siempre «en base a la interseccionalidad», y lo explica así: «son mujeres imputadas, es decir, les benefician todos los derechos de los imputados. Son mujeres y hay un estándar que las protege aparte. Y encima son mapuche. O sea, podríamos hablar incluso de una triple interseccionalidad».

El resultado, advierte, no es previsible. «Algunas veces nos va bien, algunas veces nos va mal», dice. Y hay un factor que ninguna de esas alegaciones controla: en varios de estos casos, quien está al otro lado no es un particular ni una empresa, sino un organismo del Estado.

La contradicción del Estado

El Protocolo no crea medidas de protección propias. Cuando la situación que motiva la activación tiene relevancia penal, deriva el caso al Ministerio Público, que recibió 25 de las 53 derivaciones del primer año. Ese organismo es, al mismo tiempo, el que ejerce la persecución penal en Chile.

Para Felipe Guerra ahí está el punto ciego del instrumento. «Muchas de las vulneraciones a los defensores son cometidas por el propio Estado, incluso por los organismos que son parte del protocolo, como el Ministerio Público, a través de la criminalización», dice. «De esa situación el protocolo no se hace cargo.»

En los dos casos de este reportaje esa contradicción tiene nombre de institución. A Nora la detuvo la Policía de Investigaciones, una de las seis firmantes del Protocolo, por una causa que llevaba la misma Fiscalía a la que habría que pedirle una medida de protección. Su abogado lo resume así: «la Fiscalía es precisamente el ente que la estaba persiguiendo en esta causa por maltrato de obra a carabinero. Entonces es como una dualidad un poco extraña». En el de Orietta, el mismo organismo archivó sus denuncias por amenazas, pidió el archivo del incendio de su oficina, obtuvo autorización para allanarla en 2023 y la imputó por lo de la municipalidad.

Sabiendo eso, hay quien prefiere no activarlo. Guerra recuerda a una defensora huiliche que se lo explicó sin rodeos: «yo no quiero activar el protocolo porque la respuesta del protocolo va a ser que me pongan un policía en la entrada de mi casa. Y el problema es que uno de los factores de riesgo de mi seguridad tiene que ver con las policías y los carabineros». Orietta lo dice más corto, «no necesitamos un carabinero cuidándonos», y Pizarro dio esa misma desconfianza como una de las dos razones por las que nunca invocó el mecanismo. No es una impresión aislada: en la encuesta de Multitudes, las fuerzas de seguridad son el segundo perpetrador más señalado por las defensoras, con un 58,2 %, después de las empresas privadas, y un 35 % dice haber enfrentado acciones u omisiones del propio Estado.

Dos abogados que litigan en la macrozona sur describen cómo opera ese sesgo desde dentro de las instituciones. Sebastián Saavedra, presidente de CIDSUR, sostiene que la respuesta de la Fiscalía «depende mucho de la calidad o el origen racial o social de la víctima»: cuando las víctimas son colonos, dice, se abren investigaciones «con equipos especiales, fiscales exclusivos». Y advierte que el trato diferenciado «se va a acentuar con el nuevo gobierno».

Su colega Pablo Ortega apunta al origen del desequilibrio. «El poder económico genera poder político, y en el sur de Chile eso es aún más evidente», dice, y describe un «creciente uso de guardias ilegales o alegales que protegen los intereses de los latifundistas, de los colonos y de las empresas forestales»: los mismos guardias que Nora ve pasar en camionetas frente a su ruca.

Guerra explica cómo se instala esa mirada. «Se empieza a construir la figura del enemigo interno», dice, «y cuando además ese actor que se opone al desarrollo es un activista ambiental indígena y mujer, la situación se vuelve mucho más compleja». Nada de eso es nuevo para el Estado chileno: en 2014 la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo condenó en el caso Norín Catrimán por el uso abusivo del derecho penal contra dirigentes mapuche.

Y sin embargo el mismo aparato que imputa también defiende. El informe del Protocolo deja constancia de que la Defensoría Penal Pública, un órgano del Estado, asumió la defensa de dos personas defensoras que ese mismo Estado había imputado, y de que las dos terminaron sobreseídas. En el caso de Nora fue una defensora penal pública quien negoció el acuerdo que la sacó de la cárcel de Angol el 14 de julio de 2025. Y en la causa que Forestal Mininco siguió contra las hermanas Ñancul, dos juezas de la Corte de Apelaciones de Concepción se apartaron solas al advertir sus propios vínculos con la empresa. Quintanilla lo admite sin adornos: «ninguna institucionalidad puede suplantar al Ministerio Público, nadie la puede reemplazar».

A cuatro años y dos gobiernos

La pregunta que este reportaje le hizo al Estado chileno es simple. Cuando una persona defensora activa el Protocolo y su caso se considera fundado, ¿qué recibe? ¿Protección policial, rondas periódicas de patrullaje, apoyo psicosocial, otra cosa? ¿Y dónde queda anotado eso?

Es la única manera de saber si el mecanismo hizo algo. Un caso derivado no es una persona protegida, y una activación registrada tampoco. Entre junio de 2025 y agosto de 2026 esa pregunta se hizo tres veces por escrito, por la vía de la Ley de Transparencia, y llegaron cuatro respuestas firmadas, dentro de plazo, bajo dos gobiernos distintos. En ninguna aparece una medida.

La primera llegó el 11 de junio de 2025. La Subsecretaría de Derechos Humanos contestó enumerando a qué organismos había derivado los casos, que no es lo mismo que decir qué se hizo con ellos. Un segundo oficio de ese mismo día dejó por escrito algo que hasta entonces no constaba: que antes del 27 de diciembre de 2024 no existían en Chile lineamientos de protección para personas defensoras. La segunda respuesta es de diciembre de 2025 y ya apareció en este reportaje: ni la mesa de coordinación ni el portal del Protocolo tienen asignación presupuestaria.

La tercera se pidió el 3 de junio de 2026 y llegó el 15 de julio, con una prórroga de por medio. Es la primera radiografía del mecanismo bajo el gobierno de José Antonio Kast. Confirma que en 2026 tampoco hay presupuesto e informa quince activaciones entre enero y junio, con medio ambiente otra vez como el área más frecuente (ver gráfico 3). 

Traía además las actas de las tres sesiones que la Mesa de Coordinación celebró ese año, y ahí se ve cómo funciona por dentro: el 5 de marzo la Policía de Investigaciones «no asiste, y no se excusa previamente»; en esa sesión y en la del 7 de mayo faltó la asistencia necesaria para adoptar las decisiones que exigen unanimidad, de modo que dos de las tres reuniones del año no pudieron resolver lo que tenían en tabla; en dos casos la Mesa determinó que los hechos «no quedan comprendidos dentro de las materias del Protocolo»; y el material de difusión seguía en borrador a diecisiete meses de la entrada en vigencia.

Sobre las medidas concretas, esa respuesta no las informa. Deriva la pregunta al Ministerio Público, con una condicional que conviene leer con atención: le pide que responda directamente al solicitante «en caso de contar con la información».

Y hay una segunda pregunta que quedó sin respuesta por otro camino. El propio informe anual del Protocolo terminaba con una lista de recomendaciones: hacer un formulario digital, crear un mecanismo de activaciones colectivas, incorporar al servicio de la mujer a la mesa, fijar criterios para cerrar y reabrir casos, abordar la violencia digital. Consultada por cuáles de esas estaba cumpliendo, la Subsecretaría contestó que esa consulta «no corresponde a una solicitud de acceso a la información pública» y que constituye «más bien una manifestación del legítimo ejercicio del derecho a petición».

Ahí este reportaje reclamó. El 18 de julio de 2026 ingresó un amparo ante el Consejo para la Transparencia, que quedó con el rol C9632-26, acotado a ese punto y a otro que tampoco se respondió: si el personal a cargo del Protocolo había cambiado desde el 10 de marzo, el día anterior al cambio de gobierno. El argumento del reclamo es que lo pedido son documentos que existen o no existen, actos, resoluciones, convenios, actas, y que si no existen corresponde que el órgano lo declare. Hay un detalle que importa: en ninguno de los dos puntos la Subsecretaría invocó secreto ni reserva. No se negó a entregar la información. Se negó a considerarla información. Al cierre de esta edición el reclamo seguía en tramitación.

La cuarta respuesta llegó el 13 de agosto de 2026, firmada por la directora ejecutiva nacional del Ministerio Público, Mónica Naranjo López. Esa sí deniega, invocando una causal de reserva de la Ley de Transparencia, y su argumento merece leerse completo: entregar ese nivel de detalle «podría significar la exposición de una situación de riesgo o vulnerabilidad que, precisamente, las referidas medidas de protección pretenden controlar». Es un razonamiento atendible. Exponer qué protección tiene una persona amenazada puede desprotegerla.

El segundo párrafo de esa carta es el que cierra el círculo. El Ministerio Público explica que «hay medidas de protección que no son resorte de nuestra institución, sino que deben ser activadas por la Subsecretaría de Derechos Humanos y los órganos colaboradores». La Subsecretaría había mandado esa pregunta al Ministerio Público un mes antes. El Ministerio Público la devuelve a la Subsecretaría.

Conviene decir con precisión qué prueba esto y qué no. No prueba que las medidas no existan. Prueba que no son verificables desde fuera. Y hay una crítica más exacta: no se pidió solo el detalle de las medidas, se pidió también el registro que se lleve de ellas, una pregunta que puede responderse de forma agregada y anónima, sin exponer a nadie. Ninguno de los dos organismos dijo si ese registro existe.

Queda una última cosa, y explica el resto. Quintanilla contó que, previendo un cambio de ciclo, alojaron el Protocolo en la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal precisamente para blindarlo, porque discontinuarlo formalmente exigiría el acuerdo de un órgano que integran el Ministerio Público y el Poder Judicial. El blindaje funcionó: nadie lo discontinuó, y la Mesa siguió sesionando bajo el nuevo gobierno, incluso aprobó por unanimidad sus lineamientos de trabajo en marzo. Pero la respuesta de julio informa que el informe anual y sus recomendaciones «no han sido incluidos en las tablas» de las dos sesiones que esa Comisión celebró desde el 11 de marzo de 2026.

Al día siguiente de asumido el nuevo gobierno, el 12 de marzo de 2026, la Subsecretaría del Medio Ambiente retiró desde la Contraloría 43 decretos ambientales. En abril, el Ministerio de Justicia desvinculó a tres jefaturas encargadas del Plan Nacional de Búsqueda y del Programa de Derechos Humanos, las unidades a cargo de buscar a detenidos desaparecidos y de coordinar la política de derechos humanos del país. La nueva ley marco de permisos sectoriales (la “permisología”) debilita la participación ciudadana y la transparencia ambiental; “hay una cierta contradicción con Escazú”, dice Guerra. La ley acorta los plazos de la tramitación ambiental y reduce las instancias de participación, que son justamente los espacios donde comunidades como las de Nora y Orietta alcanzan a oponerse a un proyecto antes de que se apruebe.

Guerra advierte, eso sí, que el tratado de Escazú no se puede desarmar de un plumazo, porque sigue vigente y Chile debe informar sus avances ante la Cepal. Lo que sí depende de decisiones administrativas es la protección que llega o no llega al territorio. Quintanilla lo había anticipado antes de que ocurriera: un gobierno que no quiera el Protocolo puede «ponerle el mínimo posible, dejarlo morir o dejarlo que duerma, sin hacer mucho».

El mecanismo no está muerto. Recibe activaciones, las deriva, su mesa se reúne y aprueba lineamientos. Lo que no ha podido hacer, a veinte meses de su entrada en vigencia, es mostrar qué hizo por una sola persona.

En la Comunidad Autónoma Likankura, Nora y Gricel tienen dos planes. Uno es un colegio, sus últimos movimientos han sido tratar de levantar una escuela intercultural dentro del territorio, porque los niños que viven ahí no tienen dónde estudiar cerca, y son ellas las que andan golpeando puertas.

El otro es el cerro. Nora quiere reforestarlo y declararlo sagrado. Arriba, entre las plantaciones de Forestal Mininco, está la tumba de un antepasado de la comunidad, y también la antena con cámaras que registra los movimientos de la zona. Sabe lo que puede venir. «Por ahí, a lo mejor, vamos a tener problemas también por impedir esa antena que está en la punta del cerro», dice.

Es el mismo territorio por el que la balearon en 2015, por el que la formalizaron en 2019 y por el que la detuvieron a la salida de un hospital en 2025. Lo que la mantiene ahí más allá de los temas legales, explica que: «lo más importante para nosotras es lo que nosotras deseamos y desean nuestros hijos, un lugar con espacio, donde ellos puedan andar libres».

Más al sur, Orietta Llauca sigue litigando. Las trece familias de la Comunidad Llanquileo no fueron desalojadas tras esa causa que duró más de 10 años. «Nos conocimos en realidad en el camino», dice. «Durante toda esta lucha nos conocimos realmente y llegamos afortunadamente hasta el final.»

A Nora nadie le dijo nunca que existía un mecanismo del Estado para protegerla, Orietta lo activó una vez y nadie volvió a informarle nada.

Por Paz Álvarez y Catalina Gallardo

El sol de la mañana se asoma por la ventana enrejada. El reloj marca las siete, la señora Gloria, como es conocida en su barrio y prefiere mantener su nombre en reserva, está puntualmente en pie, lista para iniciar su rutina matutina. Prende la cocina y deja encima el tostador para calentar unas marraquetas del día anterior. A la vez pone al fuego una pequeña tetera.

Natalia, su hija, se incorpora somnolienta en la mesa. Gloria le sirve su té cargado y le sirve la marraqueta tostada con jamón y queso. Ambas se sientan en la mesa. El televisor está encendido como un integrante más de la familia. En el canal predilecto de ambas comenzaron las noticias. Los conductores hablan que una joven de 22 años, llamada Anahí, salía del gimnasio ‘Seven’ en el sector de Recreo en Viña del Mar alrededor de las once de la noche. Las cámaras fueron testigos de sus últimos pasos y algo pudieron colaborar para reconstruir el trayecto. Llevaba ropa deportiva color negro y una trenza También se ve que  intercambia algo con una persona y se va sola en dirección contraria.

Sus padres aparecen en pantalla al borde de las lágrimas y la voz quebrada, suplicando colaboración para encontrar a su hija. Gloria deja de comer y se detiene a observar a su hija desayunar. Hay cierta tristeza en su mirada. Le siguen otras notas más sobre robos en casas habitadas y otros hechos de violencia.

Esa sensación de inseguridad, para algunas personas, se tradujo en decisiones concretas al momento de llegar a la urna.

Karina Aravena, 49 años, vecina de la comuna de Santiago Centro, optó por José Antonio Kast convencida de que el país necesita un cambio en materia de seguridad: “Yo voté por Kast porque creí en la necesidad de un cambio. En el gobierno en el que estamos, el país, según yo, está muy malo. Hay mucha delincuencia y hace falta un poquito de limpieza. Creo que un cambio es bueno; no todos los gobiernos son buenos, ni de izquierda ni de derecha. Pero es bueno ver la otra mano y ojalá haya cambios en seguridad, en delincuencia, que la gente pueda andar libre en las calles sin miedo, sin tener que encerrarse a las seis de la tarde”.

Un estudio del 2024 del Consejo Nacional de Televisión (CNTV) reveló que tanto en los matinales como en los noticieros el tema policial/judicial predominó en la agenda. En los noticieros este tema usa el 30% del tiempo equivalente a 17.308 minutos (de 445.058 estudiados). En cambio, los matinales usan el 61% es decir, 3519 minutos (de 9.039 minutos estudiados) del tiempo en pantalla.

En el escenario actual surge una contradicción. Los datos de la encuesta Ipsos ¿What worries the world? Edición LATAM, señala que Chile es el segundo país más preocupado por la delincuencia en Latinoamérica con un total del 63% de las personas encuestadas, seguido por Perú con un 68% . Sin embargo, según la medición del Global Peace Index (GPI), Chile está posicionado como el tercer país más pacífico, el tercero con menor criminalidad y el cuarto con menor tasa de homicidios en el continente latinoamericano. Por otro lado, el GPI posiciona a Chile en el número 62 a nivel mundial. En el tramo alto. Por encima de países como Francia (74), China (98) y Estados Unidos (128).

Carla Rojas, psicóloga, académica e investigadora experta en Género y Trauma, comenta que desde la psicología se explica que el contenido que se escucha y ve puede moldear claramente la conducta. Incluso se han hecho investigaciones en que gemelos han sido expuestos a distintos tipos de estímulos y el resultado difiere de forma evidente: “Hay uno donde dos hermanas escucharon distintos estilos de música: una música más melancólica; la segunda música que genera más felicidad. La primera desarrolló conducta más depresiva. Entonces todo lo que uno o una  ve,  escucha y, en este caso, se informa, puede moldear la conducta. Ante la amenaza permanente, en que se muestra la delincuencia, que ya actúa como mecanismo de control social, el miedo actúa como dispositivo. Si un ‘portonazo’ lo muestran una y otra vez, pareciera ser que estadísticamente la delincuencia es mayor que lo que demuestran las cifras del Ministerio de Desarrollo Social y estudios que revelan que es más alta la percepción del miedo que los mismos hechos”, explica.

Agrega que el miedo juega un rol importante en la toma de decisiones políticas, ya que estos discursos y avance de la extrema derecha tienen relación en usar el miedo como un dispositivo de control. Cita al sociólogo y filósofo polaco Zygmunt Bauman para decir que la sociedad y la ´modernidad líquida’ está caracterizada por la ansiedad, también el temor al descontrol y la poca colaboración en sociedades más individualistas: “La gente tiene mucha incertidumbre en este momento porque los cambios son muy veloces y además está la figura al ‘enemigo externo’ que se ha usado históricamente en los países, en las guerras, en la Segunda Guerra Mundial por el nazismo en que siempre se establece proyectar el odio a un tercero. En este caso, creer que una persona migrante que, entre comillas, viene a quitar mis derechos, es más eficiente en términos de que la gente piense que hay un problema de redistribución de capital. La extrema derecha siempre se ha justificado en esta ampliación mediática que tienen los medios de comunicación y el control de la información y eso pone en riesgo la democracia. Cuando esto pasa, el discurso de mirar al otro, migrante o parte de la comunidad LGBIQ+, con odio se vuelve más legítimo es porque ese miedo se proyecta afuera y no en lo que se está haciendo mal desde el Estado”, explica.

La respuesta también podría estar en el entorno. Patricio Saavedra, psicólogo de la Universidad  de O’Higgins, comenta  que en las percepciones de inseguridad son inequitativas y aquellos que se sienten menos inseguros son personas que viven en los barrios más acomodados. «Es una inequidad en las sensaciones de inseguridad dadas por las diferencias estructurales de la sociedad.  La fachada de las casas y edificios alrededor también puede llegar a generar un cambio en la percepción de la persona, lugares destruidos o deteriorados, hacen creer al sujeto en cuestión, que puede vivir en un país que cae en la decadencia y la criminalización, sin ser este realmente  el caso», comenta.

El miedo al otro

La música llevaba horas sonando cuando cayó la noche. Era domingo 18 de junio, Día del Padre, y en una casa de Cerro Navia se celebraba con risas, comida y el volumen de la música fue subiendo mientras pasaban las horas. Las ventanas abiertas dejaban escapar el ruido hacia la calle a esa hora ya más silenciosas.

En minutos todo se transformó en una discusión con vecinos. Primero fueron reclamos desde la vereda. Luego, la amenaza “¡Bajen la música!» traspasó la reja y se convirtió en discusión. En la entrada de la casa, una mujer venezolana de 43 años, se enfrentaba a vecinos chilenos junto a otras personas, entre ellas menores de edad. Empujones. Insultos. Golpes. Nadie escuchaba al otro. La escena quedó registrada por una cámara de seguridad ubicada casi enfrente de la casa. En medio de la pelea irrumpió un hombre con una escopeta. Un disparo a quemarropa rompió el ruido de la música y los gritos. La mujer cayó herida en el cuello.

Fue un tiro a quemarropa.

En ese momento, sus propios familiares la subieron a un vehículo y la llevaron de urgencia hasta el Hospital Félix Bulnes. Llegó con vida, pero no resistió. Se llamaba Yaidy Garnica Carvajalino, madre y abuela de cuatro nietos.

La asociación entre delincuencia y migración que hoy domina buena parte del debate público en Chile no es un fenómeno de estos últimos años. Para la académica Nairbis Sibrian, profesora investigadora de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad del Desarrollo (UDD), esta relación responde a una construcción histórica mucho más profunda. “Esta asociación no es reciente, responde a un proceso de alteridad subalterna, que en Chile se realiza como parte de la identificación nacional y cultural cuyas raíces son coloniales”, explica.

Según la investigadora, esta percepción se dirige de manera específica hacia ciertos grupos. “No es una asociación casual ni que se conecta con todos los flujos migratorios. Es una asociación entre la inseguridad y determinadas nacionalidades, especialmente la venezolana, y determinados grupos sociales, como pobres u obreros, con tintes de racismo, en tanto se enfatiza el color de piel”, sostiene.

Sibrian advierte que esta vinculación tiene un carácter abiertamente discriminatorio y se refuerza en el espacio mediático. “Es una asociación discriminatoria de carácter interseccional que los medios contribuyen a perpetuar y a endurecer mediante distintos mecanismos”, señala.

Uno de ellos, explica, es la forma en que se construye discursivamente la violencia: “Mediante estrategias de legitimación y deslegitimación se va produciendo una división entre un ‘nosotros’ y ‘los otros’, sentando las bases para justificar el discurso de odio, el estigma social, los crímenes de odio y la violencia estructural”.

El descontento

La señora Rosa vive en Cerro Navia, todas las mañanas toma la micro en una esquina que no cuenta con un paradero en sí. Es un lugar apartado y casi vacío a excepción de la basura y escombros. Está cansada de las balaceras entre bandas y robos a sus vecinos. Falta iluminación en la calles. Ni hablar del narcotráfico y los puntos de venta. “Este país está de mal en peor”, dice ante la consulta de por quién va a votar. Y es lo que se ha repetido el año entero: «Este país se cae a pedazos». Insiste  en que no va a decir por quien va a votar, pero algo deja entrever.

Su descontento se puede ver reflejado en los datos: Cerro Navia es una de las comunas con mayor nivel de vulnerabilidad social de la Región Metropolitana.  Según  el Índice  de Prioridad  Social  2020 (IPS),  el  cual  es  un indicador  conformado por  la dimensión de ingresos, educación y salud, la comuna ha sido calificada como la tercera más prioritaria (Seremi de Desarrollo Social RM, 2020). Además, de acuerdo con los datos de la encuesta CASEN 2017, en esta comuna un 7,2% de los hogares están en situación  de  pobreza  por  ingreso.

En otra comuna vulnerable, Dilmer, venezolano de Santa Cruz de Aragua, terminó su larga jornada laboral y, en la noche, se dirige a su segundo trabajo. Se vino a los 22 años a Chile, solo. Ha trabajado en numerosos lugares: ha sido, soldador, temporero, y repartidor. Hoy cuenta con orgullo que  trabaja  en el Hotel Sheraton.

-Aquí me han abierto varias puertas, además con esta personalidad tan carismática es difícil decirme que no- dice en un tono pícaro y musical.

Lleva diez años en Santiago y apenas hace un año logró obtener la nacionalidad.

Dilmer es consciente que la delincuencia y el tema de la migración son hoy en día algo que, para percepción del ciudadano chileno, van de la mano. Un odio que, para él, ha ido escalando y que los pone en el centro del debate nacional, pero también en el centro de las noticias.

-Yo ya tengo claro por quién votar, da lo mismo, yo con mis dos trabajos me doy solo la vida que quiero, a mí nadie me regala nada, pero estos delincuentes quieren todo gratis- aclara.

Dilmer no escucha las noticias y se levanta cerca de las siete para llegar a las ocho al hotel. Por las noches, su segundo trabajo le facilita el transporte que lo deja en su hogar después de las 12. A veces también entiende el descontento de la gente.  Un viernes  bajó antes a comprar unas cervezas en una botillería a dos cuadras del edificio donde vive, luego de pagarlas prendió un cigarro y vio desde lejos una motocicleta que se acercaba. Al llegar a la esquina lo alcanzaron. Solo se bajo uno. Dilmer pide no contar más detalles del asalto. Aún le da rabia. Tiene impotencia.

– Agradezco que fue rápido y me ayudó el dueño de la botillería-, dice.

Los noticieros

A fines de julio de este año, el Centro de Políticas Públicas UC y la Facultad de Comunicaciones UC realizaron un seminario enfocado en analizar el rol de los medios de comunicación en la construcción del miedo social y su impacto en la discusión sobre seguridad. La actividad reunió a autoridades, periodistas y académicos, quienes debatieron cómo ciertas coberturas sobre delincuencia pueden influir en la percepción ciudadana y terminar condicionando tanto el debate público como las decisiones en materia de políticas de seguridad.

Uno de los expositores fue el sociólogo estadounidense David L. Altheide, académico con más de cinco décadas de investigación sobre crimen, terrorismo y medios, y autor de libros como “Terrorism and the Politics of Fear y Gonzo Governance”. En su intervención, Altheide planteó que el miedo ,especialmente el asociado a la delincuencia, ha pasado de ser una emoción básica a convertirse en un recurso frecuente dentro de la lógica informativa. “Los trabajadores de los medios usan el miedo para atraer la atención del público, y el miedo al crimen es una forma muy útil de hacerlo”, dijo en el encuentro.

A su juicio, este enfoque ha dado lugar a coberturas que muchas veces “son falsas, sensacionalistas, exageradas o distorsionadas”.

El académico advirtió que estas narrativas no solo alteran la percepción de la realidad, sino que también refuerzan procesos de estigmatización social. “Las personas políticamente marginadas a menudo son culpadas porque el resto de la sociedad ya creía ciertas cosas sobre ellas”, afirmó, señalando que el miedo puede transformarse en un mecanismo de exclusión y control.

En ese mismo encuentro, desde el Ejecutivo, la subsecretaria de Prevención del Delito Carolina Leitao comentó que el temor ciudadano se ha vuelto un desafío en sí mismo para la política de seguridad. Si bien los registros oficiales muestran que la proporción de hogares y personas que han sido víctimas de delitos se ha mantenido sin grandes variaciones en el último tiempo, la sensación de inseguridad sigue siendo ampliamente mayoritaria. Allí explicó que casi nueve de cada diez personas consideran que la delincuencia ha aumentado en el país, una brecha que obliga a poner atención no solo a los hechos delictivos, sino también a la forma en que estos se relatan y comentan en el espacio público.

“Cuando ocurre un homicidio, y la persona que está comentando dice ‘frente a esta ola de homicidios’, ya no está hablando del delito en sí mismo, sino que está haciendo un juicio”, advirtió. Al mismo tiempo, planteó que el análisis no puede reducirse a responsabilizar exclusivamente a los medios, ya que existen delitos violentos reales, pero una mayor exposición a este tipo de noticias, incide en el temor de la ciudadanía.

Luego del triunfo de José Antonio Kast, estos discursos de miedo y criminalización adquieren una relevancia política decisiva. Para Sibrian, la forma en que los medios representan fenómenos sociales como la migración “va fomentando la hegemonía cultural necesaria para validar formas de exclusión social que van erosionando principios fundamentales democráticos”. En ese proceso, explica, se va delimitando lo que la sociedad considera aceptable: “En el fondo van produciendo el límite de lo pensable y lo decible. Por tanto, lo que antes parecía impropio o inhumano, ahora se presenta como normal”.

Esta normalización, advierte, no es inocua y recalca “Se va normalizando la violencia en sus distintas expresiones, incluso la del llamado ‘crimen organizado’, que se identifica como extranjero solamente”, afirma.

El resultado es la construcción de un clima de opinión que termina justificando respuestas autoritarias que se han visto hasta ahora “Esto va generando un escenario en el cual se justifica un Estado opresor que viene a salvarnos del vecino ‘extranjero’” y agrega “La situación es preocupante para todas las organizaciones sociales que históricamente han trabajado por no normalizar formas de violencia y discriminación, ya que históricamente todas las masacres y genocidios han comenzado construyendo una hegemonía discursiva y luego cultural que las justifica”, concluye.

Por Karla Fernández y Valentina Rojas

Para Lydia Díaz, el sonido del despertador a las 6:00 AM no marca simplemente el inicio de una nueva jornada doméstica o el comienzo de una rutina laboral convencional. Para ella, después de levantarse, comienza una odisea. La primera barrera son las veredas agrietadas y desniveladas de Estación Central. El trayecto hacia el colegio es un desafío constante, un baile precario entre los hoyos imprevistos y las losas desprendidas que amenazan con desestabilizar la silla de ruedas de su hijo Leandro. A esta carrera se suma la frustración de buscar alternativas para los ascensores del Metro, que casi siempre están en mantención. El tiempo avanza. Ella se impacienta. Para Lydia, llevar a Leandro al colegio es mucho más que una simple rutina. Es una tarea agotadora a la que no puede renunciar.

Leandro Concha, al que cariñosamente llaman «Lea» en casa, nació el 19 de julio del 2006 en el hospital San Borja. A diferencia del nacimiento de su hermana mayor, su parto no tuvo mayores complicaciones. Los primeros meses de Lea transcurrieron tranquilos, con una calma casi inquietante. Dormía mucho. No lloraba. No pedía comida. Apenas se movía.

Una semana antes del chequeo del primer trimestre, Lydia empezó a notar algo inusual: su hijo no tenía buen sostén cefálico, es decir, no podía mantener su cabeza erguida ni estable, y tampoco balbuceaba. Al consultar con los especialistas, recibió una respuesta que, en ese momento, parecía disipar sus preocupaciones. «Al ser hombre, tienden a ser más flojos y regalones», le dijeron varios médicos.

Lydia intentó creerles. Intentó convencerse de que los niños, especialmente los varones, eran distintos. Más lentos. Más regalones. Recordó cómo su hija mayor, Daniela, a los tres meses ya podía sostener objetos pequeños, sonreír en respuesta a estímulos y mantener la atención visual. Algo no cuadraba.

Decidida a salir de la incertidumbre, ahorró dinero con esfuerzo y llevó a Leandro a un pediatra particular. Este, con mayor diligencia, lo derivó a un neurólogo. En la consulta, la neuróloga realizó un ejercicio sencillo pero revelador: movió un juego de llaves frente a Leandro, esperando que el bebé siguiera el movimiento con la mirada. Pero Lea ni se inmutó.

– Yo pensaba que era un bebé muy tranquilo simplemente. Le dije al doctor que quizás el Leito quería dormir un poco o que estaba cansado. En el fondo yo sabía que algo andaba muy mal pero no quería asumirlo- dice Lydia sentada en el living de su casa mientras acaricia las manos de Leandro.

-Mamita, quiero que te tomes esto con calma- dijo la neuróloga- pero cuando un niño no emite respuestas ante estos ejercicios, probablemente significa que tiene retraso mental y/o cognitivo.

– ¿Qué es cognitivo?, ¿Qué implica un retraso mental?, ¿Qué grado de retraso tiene? me preguntaba a mí misma mientras lloraba en el hombro de mi hermana. No podía creerlo, no quería creerlo- recuerda Lydia, levantando la mirada hacia el cielo, como si aún buscara la respuesta.

-El niño probablemente avance más lento que el resto, aunque no se sabe cuánto. Mientras tanto, hay que evaluarlo – comentaba la doctora mientras llenaba la hoja con la que derivó a Leandro a la Teletón.

“Leito” entró a Teletón a los once meses. Ahí, le dieron un primer diagnóstico: Síndrome Hipotónico con retraso en el desarrollo psicomotor severo. Esta condición produce que la persona tenga un tono muscular disminuido y un retraso en el desarrollo psicomotor. Retraso que puede manifestarse en demoras en la adquisición de habilidades motoras, como sentarse, pararse o caminar, así como en el desarrollo de habilidades cognitivas y sociales.

La familia esperó casi un año para que otro neurólogo lo atendiera en el Hospital San Borja. Recién cuando Leandro cumplió un año y dos meses, Lydia obtuvo una respuesta más concreta: el neurólogo confirmó que el niño tenía problemas cognitivos, pero la causa subyacente seguía siendo un misterio.

Con el paso del tiempo, Lydia tuvo la esperanza de que Lea mejoraría. Sin embargo, admite que fue para el segundo cumpleaños de Leandro cuando realmente tuvo que aceptar la realidad. Su hijo tenía dos años y seguía siendo un bebé en muchos aspectos; no hablaba, no caminaba, y no mostraba un progreso evidente de ningún tipo. Lo sentaban y se caía, sin hacer el menor esfuerzo por pararse.

Leandro fue paciente de la Teletón hasta los 3 años 4 meses. En un punto, los especialistas se dieron cuenta que Leo no progresaba y le dijeron a Lydia que lo lamentaban, pero que los recursos se debían gastar en niños que mostraran avances. Lydia recuerda este episodio con algo de tristeza en su cara, frunce el ceño y explica que Teletón, al ser un ente privado, tiene la potestad de “sacar” a alguien de sus terapias constantes. 

– En un momento me sentí mal, no lo voy a negar. Me sentí abandonada por la Teletón. Pero eso ya pasó, ahora Leo sigue teniendo terapias en el centro Teletón, pero una o dos veces al año – dice Lydia mientras acaricia las manos de Leandro.

En 2007 no se contaba con un diagnóstico definido y, dieciocho años más tarde, la incertidumbre persiste. En el 2024 Leandro se realizó un examen que costó casi $600.000. En ese momento costó juntar el dinero, ya que a la familia paterna de Leandro le avergonzaba realizar completadas y bingos. Sin embargo, cuando recaudaron el monto, el estudio salió no concluyente. La muestra decía que posiblemente fuera Síndrome de Rett-like, lo cual es casi imposible porque esta enfermedad solo ha sido diagnosticada en niñas.

Hasta el momento, Lea no tiene un diagnóstico que identifique por completo su condición. La prueba de Angelman arrojó retraso mental severo, una verdad que la familia Concha Díaz conocía desde 2007. El examen de Prader-Willi dio como resultado autismo. Sin embargo, ninguno de estos diagnósticos ofrece una explicación completa ni abarca la totalidad de la condición de Leandro.

«No es amor, es trabajo no pago»

Lydia, una mujer de 50 años y madre de tres hijos, es el rostro de una realidad que abruma a 1.194.273 mujeres en Chile, quienes dedican su vida a cuidar a seres queridos con dependencia. Su testimonio es un eco que resuena en innumerables hogares.

-Da pena que el servicio social, que debiera ser social, no lo sea- lamenta Lydia con la voz entrecortada. -Acá, en el municipio, estuvimos muchos años a la derecha instalada y cuando uno iba a ver algún beneficio siempre nos decían “oiga señora no sea floja, trabaje”- . La frustración se desborda en sus palabras. -Yo trataba de explicarles que no me alcanza para los pañales, que no puedo ejercer un trabajo remunerado porque tengo una persona con dependencia severa que requiere de mis cuidados-, insiste.

La encuesta CASEN de 2022, reveló que un 39,1% de las mujeres no tiene ingresos propios, que difiere del 13,6% de los hombres que no cuentan con ingresos. La falta de capital provoca que sean dependientes económicamente de un tercero, comúnmente de sus parejas. A propósito, tal falta de independencia económica restringe las oportunidades de desarrollo personal y profesional de las mujeres, perpetuando el ciclo de dependencia y desigualdad. 

Lydia, con la voz entrecortada, dice que en una de las tantas idas a la municipalidad para solicitar apoyo le respondieron que debería vender queques para generar ingresos -¿Cómo va a depender de la ayuda? Si usted tiene las manos buenas- le dijo una funcionaria municipal.

La carga de Lydia es casi total. Aunque Manuel Concha, padre de Lea, está presente y apoya económicamente al hogar, no comparte las responsabilidades directas del cuidado de su hijo.

-Le cuesta, no sabe andar con él en la micro, le incomoda la silla. Tiene poco contacto con él- confiesa Lydia.

–Con el tiempo entendí que yo no podía hacerme cargo de todo– comienza a relatar Lydia, cabizbaja. –Le decía a Manuel que él hacía su vida normal, trabajaba harto pero igual podía salir con sus amigos y yo no. Cuando quería ir a ver a mi mamá él decía “¿Y los niños? ¿Vas a dejar solo al Leandro?”. Manuel creía que solo su tiempo era valioso-.

Según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), mundialmente las mujeres realizan el 76,2% del trabajo de cuidado no remunerado. En Chile, según la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo (ENUT) realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en 2015, las mujeres dedican en promedio 5,89 horas diarias a trabajos no remunerados, en contraste con las 2,74 horas diarias que dedican los hombres. Esto refleja una brecha de género significativa en la distribución del trabajo de cuidados.

La carga desproporcionada de tiempo invertido en diferentes tareas es una renuncia a un trabajo, a estudios, a una vida propia. El estudio refleja la realidad de Manuel, quien rara vez se acerca a Leandro. Lydia dice que podría contar con los dedos de una mano las veces que lo tomó en brazos, que la ayudó a cambiar los pañales o que lo sentó en la silla terapéutica. A la hora de hacer las compras del mes lleva a sus otros hijos, no a  Leandro.

Hubo un tiempo, tras el estallido social, en el que Lydia comenzó a estrechar lazos con sus vecinas. Juntas, impulsaron una «Navidad solidaria y comunitaria», dieron regalos a todos los niños de la Villa las Américas de Estación Central y compartieron la tarde del 25 de diciembre con juegos inflables y comida.

-¿Para qué te metes en huevadas, Lydia?- rezongaba Manuel -Preocúpate del Lea mejor–. A pesar de las explicaciones de Lydia, de cómo esos encuentros le permitían tanto a ella como a Leandro compartir e interactuar con más personas, Manuel lo consideraba una «tontería».

La pandemia, con su manto de confinamiento, terminó por hacer , lo que a esas alturas,  ya era inevitable. Así llegó el quiebre de la relación de Manuel y Lydia. Pese a la separación, Manuel mantiene una buena relación con sus otros hijos, Daniela, de 21, y Gabriel, de 16. Asumió la responsabilidad económica total del hogar, trabajando en dos empresas como contador desde las ocho de la mañana hasta las diez de la noche.

Lydia se quiebra al hablar del término de su matrimonio. Confiesa que, en muchas ocasiones, se sintió profundamente culpable de todos los problemas en su hogar. Sentía que no podía ser una mujer presente para Manuel, que no advirtió a tiempo el trastorno alimentario de Daniela, que dejó de lado la crianza de Gabriel. Que se dedicó por completo a Leandro, su “bebé gigante”. Y que, sin darse cuenta, la culpa se le instaló al lado.

Una carga invisible

El cuidado de personas en situación de dependencia es una tarea esencial para la cohesión social y el bienestar de las familias que a menudo permanece oculta. Es una carga invisible que recae desproporcionadamente sobre los hombros de miles de mujeres. En Chile, esta labor ha sido largamente desatendida, dejando a las cuidadoras en una situación de vulnerabilidad: desgaste físico, mental y social.

Un informe del Ministerio Social y Familia junto a ONU Mujeres señaló las serias deficiencias en el sistema de cuidados chileno. Identificó una escasa articulación de redes, la limitada existencia de dispositivos comunitarios, la insuficiencia de apoyo a nivel familiar y una notable falta de respaldo específico para las madres cuidadoras. Además, recalcó la urgente necesidad de ampliar la disponibilidad de cuidadoras suplentes, optimizar la coordinación de los servicios existentes y fortalecer un enfoque intersectorial en las políticas de cuidado.

Actualmente, el Estado chileno cuenta con dos programas principales para apoyar esta labor: el Programa de Pago a Cuidadores y la Red Local de Apoyos y Cuidados. El primero, entrega un estipendio mensual de $32.991 a quienes cuidan a personas con dependencia severa. Un beneficio modesto, en el que se postula a través de los servicios de salud y entregado por el Ministerio de Desarrollo Social, que solo llega a 1.674 cuidadoras a nivel nacional.

Por otro lado, la Red Local de Apoyos y Cuidados busca brindar asistencia a personas con dependencia funcional moderada o severa mediante visitas médicas, ayudas técnicas y orientación a las cuidadoras. Este programa, aunque con un gran alcance al operar en 115 comunas, aún no logra cubrir la vasta demanda.

El 4 de junio de 2024, el presidente Gabriel Boric alzó la voz para la promesa de un giro significativo en esta realidad. Para 2026, Chile contaría con 100 Centros de Cuidado Comunitario (CCC), pilares del ambicioso Sistema Nacional de Cuidados: Chile Cuida. Esta iniciativa, que comenzó en Arica y Puerto Saavedra, se enmarca en la estrategia de Ciudades Justas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en una alianza crucial con el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de la Mujer. 

La vida de una cuidadora esta colmada de responsabilidades, silencios y sacrificios que, a menudo, permanecen ocultos. La psicóloga experta en género, Pilar Orfali, advierte sobre las graves consecuencias psicológicas de esta realidad. La sobrecarga de tareas y la falta de tiempo para sí mismas generan altos niveles de estrés crónico y ansiedad. La presión social, tejida con expectativas y normas de género, empuja a las cuidadoras a un abismo de culpa si sienten que no cumplen con cada demanda.

El aislamiento social, la soledad y la limitación de oportunidades para el desarrollo personal son otras secuelas devastadoras. Orfali explica que cuando una labor tan fundamental es invisibilizada y desvalorizada, las mujeres que la realizan pueden internalizar este mensaje, sintiendo que lo que hacen «no cuenta» o «no es importante», mermando su autoestima e identidad. Esto lleva a patrones como la internalización del malestar, la culpa al priorizarse y una hiper responsabilidad.

Los testimonios de cuidadoras como Ernestina Martínez y la propia Lydia Díaz son ejemplos de este desgaste mental y emocional. Ernestina, quien cuidó a sus padres durante cinco años y medio, vivió un aislamiento absoluto que marcó su vida. –No salí de mi casa más que para llevarlos al hospital y a comprar a la farmacia o al negocio de la esquina- relata. Al fallecer sus padres, se enfrentó a un mundo completamente nuevo para ella, casi como una extraña en su propia ciudad. Lydia, con dieciocho años cuidando a su hijo Leandro, describe su rutina como una maratón sin descanso. -Hay días que no duermo (…) a veces estoy hasta las 3 de la mañana despierta todos los días, porque estoy pendiente de que no se caiga de la cama–comparte con la fatiga grabada en su voz, una fatiga que va más allá del cansancio físico. Es más que eso.

Otra consecuencia directa del cuidado son los periodos sin cotizar que tienen quienes se dedican a trabajar como cuidadoras. Las lagunas previsionales son los intervalos en los que una persona no cotiza en el sistema de pensiones, afectando así la acumulación de sus fondos y, en consecuencia, el monto de su futura jubilación.

Según datos de la Superintendencia de Pensiones de Chile, las mujeres presentan una mayor cantidad de lagunas previsionales en comparación con los hombres. Un estudio de la Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones (Comisión Bravo) reveló que las mujeres tienen, en promedio, 9,8 años de lagunas previsionales, mientras que los hombres tienen 7,4 años.

Una de las principales causas de las lagunas previsionales en las mujeres es la responsabilidad de cuidado. Las mujeres suelen interrumpir su vida laboral para cuidar a sus hijos, familiares enfermos o adultos mayores. Estas interrupciones, a menudo prolongadas, resultan en períodos sin cotizaciones. -Tuve dos lagunas previsionales muy grandes, cuando fui mamá y me dediqué a cuidar a mis hijas y luego cuando cuidé a mis papás. Me afectó mucho porque, por ejemplo, cuando hice los retiros del 10% me quedé con muy poca plata, pero si los dejaba el monto de la jubilación tampoco aumentaba tanto. Al final, pase lo que pase, las mujeres que cuidamos siempre terminamos perdiendo y nos vemos afectadas- sentenció Ernestina.

El costo económico no se limita solo a la pérdida de ingresos y cotizaciones; los gastos directos del cuidado son abrumadores. Lydia detalla gastos mensuales superiores a $60.000 solo en pañales de buena calidad, ya que los de menor precio «se pasaban» y requerían más sabanillas y cambios de muda. A esto se suma la leche especial para Lea, que puede costar entre $23.000 y $27.000 el tarro, y de la cual necesita entre tres a cuatro unidades mensualmente. La pensión de invalidez de Leandro, de aproximadamente $203.000, apenas logra cubrir estos gastos básicos, dejando un vacío económico que Lydia debe ingeniárselas para llenar, recurriendo a lo poco que tiene o a la ayuda de terceros.

Pamela Saavedra, tiene 57 años y ha dedicado más de tres décadas al cuidado de su hija Catalina, quien tiene un daño neurológico con dependencia severa y espasticidad de extremidades. Ella no puede alimentarse sola, no camina y no hace su vida normal. 

Según Pamela, fue recién en 2018 cuando se consolidó un punto de inflexión en el reconocimiento del trabajo de las cuidadoras con la primera marcha nacional de cuidadoras informales, generando una visibilización pública. Sin embargo, seis años después, afirma que el panorama continúa siendo desalentador y que persisten importantes deudas en materia de políticas públicas. En particular la precariedad del estipendio entregado a quienes cuidan: “no es un sueldo, es un bono de $32.000, y con esa cantidad de dinero no haces nada”, enfatizó. Pamela considera que esta situación se agrava para quienes permanecen en casa sin vacaciones, viviendo días que se repiten sin descanso, especialmente cuando se cuenta con una mínima red de apoyo.

A pesar de reconocer su labor como un trabajo, Pamela se enfrenta a la percepción social de que «cuidar a un hijo no es trabajar, es lo que nos corresponde como mamás». Este sesgo cultural es el gran obstáculo para que su trabajo sea valorado y remunerado. -Al no tener una red de apoyo, como es mi caso, que no cuento con el apoyo del papá de mi hija, estamos aún más abandonadas- dice.

Lydia nunca tuvo otra opción. Desde que Leandro nació, supo que sería ella quien se haría cargo. No podía costear un jardín, ni una trabajadora de casa particular.  Como ella, en Chile, muchas mujeres se ven obligadas a quedarse en casa cuidando niños o personas dependientes, lo que les impide trabajar o buscar algún tipo de empleo. Este grupo perteneciente a quintiles más bajos hacen trabajos informales, a menudo sin contrato, lo que implica mayor rotación, menos seguridad laboral y más probabilidad de estar “desempleadas” entre un trabajo y otro. 

El psicólogo Álvaro Soto, investigador del Centro Núcleo Milenio Autoridad y Asimetrías de Poder, subraya que el trabajo del cuidado es de «alto riesgo psicosocial». -Existe una doble vinculación, donde los mensajes contrapuestos entre el amor y el agotamiento imposibilitan que las cuidadoras se permitan estar cansadas o desgastadas, sintiendo que en esa contradicción «están dejando de amar»–.

La discapacidad de Leandro no sólo ha impactado la vida de Lydia, sino que ha tejido una compleja red de efectos en sus hermanos. El hermano menor de Lea, Gabriel, de 16 años, comenta con una madurez inusual que al crecer viendo a su hermano de esa forma, la condición le parece normal. Reconoce que el hecho de crecer con un hermano que no tenía un diagnóstico claro provocó que él desarrollara una empatía mayor.

-La mayor ventaja de tener a Lea como hermano es que el individualismo nunca fue parte de mí-, reflexiona.

Sin embargo, Gabriel sufrió bullying en el colegio a temprana edad. Sus compañeros lo molestaban, le decían que su hermano era «tonto» y lo conocían despectivamente como «el hermano del niño tonto». Con cierta incomodidad, el joven de 16 años comenta que estos comentarios hirientes contribuyeron a que su personalidad se volviera más cruda y distante. 

Lydia confirma, con una expresión de orgullo en sus ojos, que su hijo Gabriel es excepcionalmente comprensivo con su hermano. Actualmente, la familia está unida en un nuevo esfuerzo: juntar dinero para comprar una silla terapéutica que tiene un valor de aproximadamente $525.000. Para alcanzar esta suma, tuvieron que tomar decisiones dolorosas: suspender las clases de taekwondo de Gabriel y las sesiones psicológicas de Daniela. Gabriel, a pesar de reconocer que el deporte lo mantiene saludable y lo ayuda a salir de la rutina del hogar, mantiene su postura de hacer estos ajustes económicos con tal de que su hermano tenga una mejor calidad de vida.

Daniela, hermana mayor de Leandro, tiene 21 años y estudia para ser contadora. Es la cuidadora secundaria de Lea y, según Lydia, también es su segunda mamá. Daniela tenía muy buenas notas en el colegio y se comportaba bien, nunca dio problemas en su casa y sus padres la catalogan como una hija ejemplar. Sin embargo, Daniela comenta que los problemas económicos del hogar, el tener que ser pequeña y ayudar a su mamá a cuidar a Leandro -ya que su papá no lo hacía- provocaron que cayera en una profunda depresión y tuviera problemas alimenticios. 

-Al final del día es mi hermanito y lo amo, no me importa lo malo que pase. Si tenemos que pasar vacas flacas lo haremos. Si él está bien y mi mamá se siente acompañada, todo está bien. Es lo que siempre hablamos con Gabriel-, comenta Daniela. 

Toda promesa debe cumplirse

A medida que el tiempo avanza, el grado de cumplimiento de las promesas del gobierno en materia de cuidados comienza a evidenciarse. Si bien en la pasada Cuenta Pública el presidente Boric comprometió 100 Centros Comunitarios de Cuidado, hasta la fecha, se han materializado 31. Los dos más recientes son San José de Maipo y Sagrada Familia.

El  31 de julio fue la inauguración del segundo Centro Comunitario de Cuidados en la Región Metropolitana, en la comuna de San José de Maipo. Según las autoridades “el recinto albergará a 120 personas simultáneamente (…) cuenta con un salón multiuso, un espacio destinado a los cuidados, un patio techado para actividades y una cocina para emprendimientos y talleres”. 

En una visita al centro se constató que este se encuentra divido en dos; en el primer espacio hay un salón principal que tiene vigas a la vista y un espejo que produce un efecto de amplitud del espacio. Tiene un baño que cuenta con acceso para silla de ruedas. Entre los espacios se encuentra el patio techado, el cual mide 3 metros de ancho y seis de largo. Al otro extremo del Centro se encuentra la cocina y las mesas disponibles para hacer talleres.  

Para el evento de inauguración del Centro se usó el salón multiuso principal en el que, con dificultad, cabían 50 personas. El baño no estaba completamente equipado, si bien está habilitado para las personas que usan sillas de ruedas, no contiene mudador para niños ni para adultos, lo cual es considerado como primordial para las cuidadoras. 

Aquel 31 de julio el aguanieve cubría San José de Maipo, a pesar de las condiciones climáticas del sector, el Centro no cuenta con aire acondicionado ni con calefacción a leña –el cual está permitido al ser un sector rural–. 

En la inauguración de estos centros, la subsecretaria de Servicios Sociales, Francisca Gallegos, dijo que el gobierno “está trabajando intensamente para alcanzar los 100 centros en proceso para el fin del mandato”. Mientras que la subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, Gabriela Elgueta, afirmó que “la meta presidencial es que habrán centros construidos y van a quedar centros en ejecución. Como Minvu hemos construido 25 centros y los cinco otros han sido espacios facilitados por las municipalidades y que se han reconvertido y habilitado para ser espacios de cuidado”.

Sin embargo, el presidente Gabriel Boric durante la Cuenta Pública del 2024 precisó que al final de su gobierno estarán construidos 100 nuevos Centros Comunitarios de Cuidado. La nueva precisión de que quedarán centros en proceso de construcción se informó en la Cuenta Pública del 2025, cuando en ese entonces habían 26 centros construidos y aún quedaban 74 por inaugurar o construir.

La expectativa se posa ahora en el crucial debate legislativo que se espera para el segundo semestre en la Cámara de Diputadas y Diputados, con la esperanza de que concluya con la aprobación del proyecto de ley que no solo reconoce el derecho al Cuidado, sino que también crea un sistema destinado a sustentarlo de manera efectiva.

No obstante, persisten las críticas y los desencuentros entre la planificación centralizada y la cruda realidad de las cuidadoras en el territorio. Una exfuncionaria del MIDESO, que prefiere mantener su nombre en reserva, reconoce el éxito del programa en articular las capacidades territoriales del cuidado con las personas cuidadoras, e incluso menciona que la glosa del Programa Red Local de Apoyos y Cuidados (PRELAC) permite comprar artículos y prever servicios especializados como el «baúl de cuidados». 

Pero es precisamente este último punto el que, a su consideración, deja mucho que desear. El baúl o kit de cuidados contiene una bata, pantuflas, cosmética para la salud de la piel, accesorios para las uñas y un antifaz para dormir.

Para las cuidadoras, el kit, aunque se valora porque «algo es mejor que nada», dista mucho de ser lo que realmente necesitan. -¿En qué momento alguien podría ponerse una bata y hacerse las uñas? Fui cuidadora, lo que menos tenemos es tiempo- comenta Ernestina Martínez con una mezcla de indignación y resignación, evidenciando la desconexión entre las soluciones propuestas y las necesidades reales de quienes viven la experiencia del cuidado día a día.

Entre los beneficios del Sistema Nacional de Cuidados (SNC) está el acceso a capacitación para acceder a cursos gratuitos o con subsidios en materia de cuidados como primeros auxilios o autocuidados, también la cuidadora puede operar a la derivación a redes de apoyo emocional y psicológico. También se facilita el acceso a programas sociales como el subsidio familiar, Ingreso Mínimo Garantizado, postulación priorizada a apoyos habitacionales o programas del FOSIS, SENAMA o SENADIS y acceso preferente o facilitado a servicios, este último es el que en su mayoría no se cumple.  

El gobierno anunció un carnet de cuidadoras, que permitiría identificarlas, cuantificarlas y darles beneficios; dentro de estos últimos, el primordial era el acceso prioritario a los centros de salud. La efectividad de las credenciales es muy cuestionada por quienes intentan usarlo. 

En noviembre del 2024, el hijo de Carmen Gloria tuvo que recurrir a urgencias por complicaciones pulmonares y en el hospital no respetaron ni dieron preferencia a su atención, a pesar de mostrar el carnet. Por su parte, Lydia relata que, a la hora de mostrar la credencial para pedir los remedios en la farmacia del CESFAM, las funcionarias le respondieron que no tenían conocimiento sobre el uso del carnet de cuidadoras en los centros de salud.

Las grietas también se evidencian en la ubicación y las condiciones de infraestructura de algunos Centros Comunitarios de Cuidado. Lydia y las integrantes de la agrupación «Cuidando con Dignidad» relatan su decepción.

-Vimos que harían un centro cercano a Torres del Paine- cuenta Lydia, con un matiz de incredulidad en su voz. Se habló con las autoridades, argumentando que, por lógica y necesidad, el centro debía estar en un lugar más accesible. -La idea era que se hiciera en Puerto Montt, en un lugar que tuviera acceso, pero alejado de la ciudad es muy difícil de llegar- comenta otra integrante de «Cuidando con Dignidad». 

La desconexión entre la planificación centralizada y las necesidades reales de las comunidades emerge como un obstáculo palpable, dificultando que las cuidadoras puedan hacer uso de estos espacios vitales.

Las deficiencias no se detienen ahí. Uno de los centros recientemente inaugurados, el de Quinta Normal, enfrentó serios problemas durante el verano. La estructura del edificio, alta y sin aire acondicionado, se convirtió en una trampa de calor. En enero, cuando las temperaturas se disparaban hasta los 38°C, quienes asistían al centro relatan que solo contaban con un único ventilador. La situación era crítica: los niños llegaron a descompensarse, y para aquellos con autismo, que suelen sofocarse con mayor facilidad, la experiencia fue particularmente angustiosa. Las promesas de un sistema de apoyo integral, aunque bienintencionadas, parecían desvanecerse ante la cruda realidad de una implementación que aún no logra responder plenamente a las complejas y vitales necesidades de las familias cuidadoras.

La abogada e investigadora Laura Pautassi, de la Universidad de Buenos Aires, subraya con vehemencia la importancia de que el Estado reconozca el cuidado como un trabajo. Pautassi explica que los cuidados son tanto directos (como la asistencia física) como indirectos (como la gestión del hogar y los trámites), y que ambos constituyen un pilar fundamental dentro de la sociedad. Cuando las personas y el Estado pueden reconocer esta dualidad, las políticas públicas enfocadas al cuidado funcionan de mejor manera. -Es fundamental que se identifiquen los cuidados como trabajo y no sólo como actos de amor. Este reconocimiento cambia la perspectiva sobre la responsabilidad y el valor del cuidado- , sostiene Pautassi, poniendo el foco en la necesidad de desromantizar una labor que es, antes que nada, una carga de trabajo.

La última crítica recurrente al Sistema Nacional de Cuidados tiene que ver con el monto irrisorio que reciben las cuidadoras a través del estipendio. Para comprender la magnitud de este problema, es crucial conocer la realidad socioeconómica de estas personas.

De acuerdo con datos del Registro Social de Hogares, la labor de cuidado en Chile está fuertemente feminizada: el 86% de las personas que se identifican como cuidadoras son mujeres, mientras que solo el 14% son hombres. La edad de estas cuidadoras también revela información relevante: casi la mitad, el 46%, tiene entre 40 y 59 años, una etapa de gran carga familiar. A este grupo le sigue el 29% de mujeres de 60 a 79 años, que continúan con estas responsabilidades en la tercera edad, cuando la energía y los recursos físicos son más limitadosD.

Por otro lado, la gran mayoría de las personas cuidadoras (79%) pertenecen a hogares ubicados en el tramo 1 de la clasificación socioeconómica, es decir, aquellos que tienen la menor cantidad de ingresos. 

El Programa de Pago a Cuidadores de Personas con Discapacidad (estipendio) otorga un pago mensual de $32.991. Sin embargo, de las 1.194.273 personas inscritas como cuidadoras en Chile, solo 1.674 reciben este aporte. Según Javiera Toro, ministra de Desarrollo Social y Familia, la regla de preferencia para el pago de dinero tiene un orden estricto que comienza por la severidad en la dependencia del causante —medida con el Índice de Barthel—, seguida por la antigüedad en la postulación del causante y finalmente la clasificación socioeconómica conforme al Registro Social de Hogares. Esta estricta priorización, si bien busca focalizar el recurso, deja a una abrumadora mayoría sin apoyo.

El problema del estipendio, según las propias cuidadoras, no radica solo en la poca cantidad que entrega, sino en su ínfima cobertura. De las tres mujeres entrevistadas que actualmente se encuentran realizando labores de cuidado para esta investigación, ninguna cuenta con el aporte. Solo Lydia conoce a una persona que, tras años de postulación, ha logrado adjudicarse el beneficio. 

Pamela Saavedra anhela ver el Sistema Nacional de Cuidados funcionando de manera completa, con todas sus promesas materializadas. -A mí me encantaría ver la aplicabilidad del SNC, porque hasta ahora solo se sabe que abrirán centros, pero Dios sabrá cuándo-expresa con resignación.

-También que nos darán un kit y que recibimos el estipendio y pucha aunque sean 33 mil pesos, igual me sirven para una semana de pañales del David-.                            

Una constante espera

La vida de Lydia, al igual que la de miles de cuidadoras en Chile, ha sido una espera interminable. Una espera que no solo se manifiesta en la anhelada implementación de un sistema de cuidados robusto, sino en la angustiante rutina de cada día frente a un sistema de salud que, a menudo, se muestra lento, burocrático y, en ocasiones, indolente. La incertidumbre del diagnóstico de Leandro, prolongada por años de consultas y pruebas inconclusas, es el telón de fondo de una realidad que ninguna familia debería enfrentar sola.

Cuando la neuróloga le dijo, sin demasiadas certezas, que probablemente Leandro podría tener retraso cognitivo, Lydia no sabía que esas palabras, no eran un diagnóstico, sino el inicio a una odisea para la familia. Una odisea plagada de citas que se postergaban meses, de especialistas que daban respuestas vagas y de la frustración de sentir que el tiempo de su hijo se escurría.

Lydia recuerda  las horas interminables en salas de espera de hospitales públicos, donde la esperanza se mezclaba con la desesperación de ver a Leandro sin un diagnóstico definitivo, sin la certeza que pudiera abrir las puertas a tratamientos más específicos. Cada derivación a un nuevo especialista significaba reiniciar el ciclo de la espera, de contar una y otra vez la historia de «Leito», de mostrar los escasos avances, y de rogar por una mirada más profunda o más comprometida.

La misma espera se trasladaba a la obtención de los remedios esenciales y la gestión de la salud de Leandro. Las farmacias de los CESFAM, supuestamente diseñadas para facilitar el acceso, se convertían a menudo en otro laberinto burocrático. Cuando Lydia mostraba la credencial de cuidadora, el personal de salud respondía que no tenían conocimiento sobre su uso, evidenciando una desconexión irritante entre la política y la práctica. Esa falta de información y sensibilización en la primera línea de atención prolongaba su extenuante jornada, obligándola a más trámites, más explicaciones, más paciencia. No era solo el medicamento lo que esperaba; era el reconocimiento de su rol y la agilización de un proceso vital.

La travesía para obtener un diagnóstico preciso para Leandro, que se extendió por más de una década, es quizás el epítome de esta espera. Los 14 años transcurridos desde ese primer «Síndrome Hipotónico» hasta un examen de casi $600.000 que resultó «no concluyente», son el reflejo de un sistema que lucha por dar respuestas a las condiciones más complejas.

La esperanza de que la ciencia revelara el misterio de la condición de su hijo chocó una y otra vez con la realidad de los recursos limitados y la falta de información. Lydia se vio obligada a vivir con diagnósticos parciales de «retraso mental severo» o «autismo» que, aunque ciertos, no ofrecían una explicación completa ni un camino definitivo para la intervención.

En este escenario, la promulgación de la Ley de Enfermedades Raras, Poco Frecuentes y Huérfanas se alza como un faro de esperanza para Lydia y para las miles de familias que, como ella, han transitado por un calvario de diagnósticos evasivos y tratamientos inconexos.

La tramitación de esta norma, que reflejó un proceso legislativo extenso y accidentado -marcado por avances intermitentes y haber sido archivada y desarchivada en dos ocasiones- pone en evidencia tanto la fragmentación del compromiso institucional como las dificultades inherentes a legislar sobre temas que, aunque afectan a una proporción estadísticamente baja de la población, representan necesidades urgentes y complejas. La historia de su gestación legislativa es, en sí misma, una metáfora de la lenta marcha de la justicia para los más vulnerables.

Jessica Cubillos, Presidenta de la Federación de Enfermedades Poco Frecuentes, captura la esencia de este hito con una mezcla de emoción y pragmatismo. -Con este hito resuena un sinfín de nombres en mi cabeza, abrazo este comienzo, porque eso es, un comienzo- afirma, reconociendo el largo camino que aún queda por recorrer. Para Jessica, esta normativa no es el destino final, sino un «esqueleto compuesto de cuatro partes: definición, listado, registro y comisión de expertos».

-Este esqueleto nos permite tener las bases para robustecer un cuerpo de ley que debe ir mejorando año a año y, como siempre, la sociedad civil debe estar presente- agrega.

La voz de Jessica Cubillos, la de Mariela Serey, la de Carmen Gloria Tapia, Pamela Saavedra, Ernestina Martínez y, por supuesto, la de Lydia Díaz, se unen en un clamor unísono. Un clamor que exige que el cuidado deje de ser una carga invisible y no remunerada para convertirse en una responsabilidad social reconocida y compartida.

*Este reportaje fue realizado para Proyecto de Título, con la tutoría de la profesora Carolina Rojas.

Por Belén Verdugo y Camila Flores

Desde pequeña, la ciencia fue su brújula, aunque no lo supiera del todo. En su mundo había señales constantes de curiosidad. Jugaba con tortas de barro, montañas de espuma hechas con detergente, piedras pintadas y flores coleccionadas con dedicación. En sus juegos no había roles de género. Nunca fue una niña de muñecas, a menos que vinieran con un animal incluido. Prefería los dinosaurios y las autopistas. Amaba los animales y por mucho tiempo quiso ser veterinaria. También soñó con ser arqueóloga y conocer las pirámides de Egipto hasta que el miedo se cruzó con la fantasía.

Andrea Mejías nació el 5 de marzo de 1995 en el seno de una familia sencilla. Durante su infancia vivió en la comuna de Maipú junto a sus padres, y más adelante se trasladó a Las Condes para vivir con su pareja.  Andrea es fanática de las series y la fotografía. Tiene una cámara y un set de lentes que ha ido reuniendo con el tiempo. Cada Navidad arma un calendario con fotos de sus dos gatos: Merak y Apolo. También disfruta de lo cotidiano. De su casa.

Para ella, en la inmensidad del universo, somos solo un instante.

En el colegio, Andrea brillaba. Siempre a final de año era premiada por su buen rendimiento, pero no fue hasta el electivo de física en enseñanza media que algo le hizo clic. “¡Astronomía!”, respondió sin dudar cuando su profesor le preguntó qué quería estudiar en la Universidad. No sabía muy bien de qué se trataba, pero algo dentro de ella lo tenía más que claro y gracias. Física era su materia favorita, lo que ayudo a mover la balanza de esa decisión.

Hoy, a sus 30 años, Andrea se mueve con rapidez, siempre ocupada. Siempre en acción. Su ritmo dinámico recuerda al de las órbitas que estudia, precisas y constantes en su movimiento. Es doctora en astronomía y coordina las actividades de extensión del Observatorio Astronómico Nacional Calan y vicepresidenta de la Sociedad Chilena de Astronomía (SOCHIAS). Más allá de los cargos y títulos, lo que realmente la define es una curiosidad incansable y una vocación profunda por divulgar el conocimiento.

Con su pelo rojizo, que no pasa desapercibido, aparece en la entrada del Observatorio a tiempo para recibir a sus entrevistadoras. Unos aros largos con estrellas tintinean en sus lóbulos mientras camina apurada. Su oficina, ubicada en lo alto del cerro Calán, tiene una vista generosa de Santiago. Desde ahí, se divisan los árboles. Todo es apacible. El cielo está cubierto y los rayos de sol apenas logran colarse entre las nubes.

– ¿Cómo estuvo su día Andrea?

-Bastante movido, pero aun cuando tengo tiempo para descansar, no descanso. ¿Quieren un té o café?

Andrea sirve un té y el  aroma a lavanda y naranja impregna la sala. Allí comparte oficina con otro colega y al entrar a mano derecha de la puerta se divisa un librero que tiene uno de sus primeros libros de astronomía firmado por el gran José Maza, una colección de libros de Galileo, carpetas archivadas con documentos sobre convenios internacionales y en otro rincón un telescopio que le recuerda a uno de sus primeros trabajos en Telescopio Chile. Su escritorio estaba ocupado por un computador del trabajo y otro de ella, algunos post-it de colores con anotaciones-que le recuerdan sus «pendientes»-, una pizarra con sus trabajos de la semana, tazas con lápices, destacadores y fotografías pegadas en la muralla de astronomía. 

Andrea no creció con referentes femeninas en la ciencia “Si me preguntaban en el colegio por astrónomas, sólo me sonaban Carl Sagan o el sucesor de Cosmos y a José Maza lo vine a conocer después, aunque tenía presente a la astrónoma María Teresa Ruiz”, dice pensativa.

Pero para su círculo íntimo, la astrónoma conserva esa obsesión por conocer y dar conocer lo que le apasiona.

Sus amigos son otra parte esencial de su vida,  un grupo de cinco personas con distintas profesiones, unidos por la admiración mutua. -Me dicen el estandarte del grupo, si hay que representar a alguien, me mandan a mí-bromea entre risas.

Javier Opazo es un gran amigo de ella, partirá en unas semanas más su travesía a Canadá y es un pilar en la vida de su amiga, lo confirma: “Andrea es una persona con la misma esencia de hace muchos años, ella dice que la Astronomía la mantiene humilde”, dice Opazo.

Su pareja, Daniel Munita, refuerza la idea: “Hoy la rodea un círculo completo de compañeras y amigos, ella no solo hace las cosas por sí misma, sino que también para enseñar al resto y transmitir lo que ha hecho. Su pasión, va más allá de la astronomía, va más al hecho de que sus amigos disfruten al igual que como ella disfruta su profesión. Así como ella lo disfruta uno tiene que aprender a disfrutar». 

***

La historia de Andrea en la astronomía fue un proceso de descubrir mujeres científicas y tejer conexiones” dice y agrega pensativa «Uno ve el universo y se da cuenta de que somos un pestañeo en esto”. 

Aunque hoy ocupa un cargo de liderazgo en SOCHIAS, llegar ahí no fue inmediato. A finales de 2022, se postuló por primera vez, pero no logró entrar. Aún aparecía como estudiante en los registros. Al año siguiente, volvió a intentarlo. “No había muchas ganas de postularse, pero cuando levanté la mano, todos aplaudieron. Ahí se animaron más y se armó la votación”, recuerda.

Uno de los momentos más exigentes de su carrera fue el conflicto por el proyecto INNA en Antofagasta, una iniciativa de infraestructura energética que buscaba instalar una planta de hidrógeno verde en una zona con condiciones óptimas para la observación astronómica. Desde la vicepresidencia, Andrea participó en entrevistas radiales, notas de prensa y reuniones con el ministerio: “Fue una subida de cortisol, si bien el proyecto apunta a la descarbonización, su ubicación despertó polémica. No era energía contra astronomía, pero en redes sociales se polarizó todo. El proyecto es bueno, pero ¿por qué justo ahí”, explica.

La Sociedad Chilena de Astronomía redactó una declaración oficial tras el escándalo de este proyecto en el norte de Chile y también publicó un comunicado sobre declaraciones del Ministerio del Medio Ambiente. Finalmente la empresa tendrá que postergar el trabajo de construcción.

En su rutina, donde no hay espacios en blanco, Andrea además organiza las Olimpiadas Chilenas de Astronomía y Aeronáutica. Ella está a cargo de la preparación de clases y pruebas, dónde comenta que el proceso es largo y agotador, pero gratificante. Este año se volvió a realizar gracias a que se reunió el presupuesto necesario que se requería.

En la investigación trabaja con placas fotográficas de más de un siglo de antigüedad, algunas de hasta 1910. Es su descubrimiento: “Tienen una solución de plata que reacciona con la luz. Ahí se ven estrellas, galaxias. Es como viajar al pasado”, dice y se queda pensando. Digitalizar este material antes de que se borre es lo mejor. Gracias a ese trabajo, viajó a China, Shanghái, para participar en un proyecto internacional de reconstrucción fotográfica de estas placas.

Mejías se convirtió también en una especialista en planetas extrasolares, con un enfoque especifico en las «enanas rojas» y «enanas marrones», cuerpos mucho más pequeños que se sitúan entre una estrella y un planeta. Su tesis doctoral consistió en la elaborar un amplio catálogo de estos objetos ubicados en distintas zonas de la galaxia. Este trabajo abrió nuevas aristas de investigación sobre el tema. En conversación con el medio TXT, explicó orgullosa: “Ahora estábamos trabajando con algunas cosas un poco más sospechosas, que están de moda, que son los planetas errantes, que serían cuerpos que no orbitan alrededor de las estrellas. Tenemos algunos objetos que podrían darnos pistas sobre estos planetas que andan flotando en el universo”.

No es sólo lo que hace, ama la historia del cerro Calán. Dice que a ratos se siente como una antropóloga. «Hay tanto material que dejaron los científicos que ya no están, colegas que trabajaron para descubrir una estrella o un pedazo del cielo y me siento parte de esa historia”, comenta.

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Nuestro país es un laboratorio natural para las ciencias, pero en el ámbito académico, el camino para las mujeres es más exigente. Según el último CENSO de Astrónomos y Astrónomas de 2023, las mujeres siguen siendo minoría en áreas como la investigación, la docencia y el ejercicio profesional. Esta brecha evidencia los obstáculos adicionales que enfrentan en su desarrollo académico y profesional.

Según las cifras del Ministerio de Ciencia en Chile, solo el 8% de las personas tituladas en carreras STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Matemáticas) son mujeres —el promedio OCDE es el doble (16%).

Esto hace que mujeres como Andrea sean la excepción y no la norma.

Andrea cree que en los talleres en el cerro Calan son vitales como instancia de enseñanza a niñas pequeñas, muchas de ellas-probablemente- no tienen la vivencia de tener una profesora en ciencias o matemáticas o no conocen científicas. Es decir, no tienen el modelo de rol «Tener más iniciativas de mujeres en la ciencias es muy importante, estar siempre presente y decir que las mujeres podemos estar en las áreas de las steam. Ser científico es también ser creativo y tener un pensamiento crítico y que mejor enseñar eso en una etapa bien temprana, cuando los niños y las niñas son bien curiosos y se cuestionan todo siempre», explica.

Andrea recuerda con claridad un episodio cuando trabajaba en Telescopios Chile. Un cliente, al verla, preguntó- ¿No hay un hombre que me lo explique? El jefe intervino. – Ella es la única astrónoma de la tienda. Si tiene que creerle a alguien, es a ella. El cliente se fue sin decir más. Ese momento, incómodo y revelador, se le quedó grabado hasta hoy.

Andrea  creció  con sueños que parecían lejano y eligió mirar el universo, pero en el camino también aprendió  a mirar hacia adentro. Hoy, vive una vida que mezcla ciencia, historia, pasión y compromiso para que más mujeres ocupen un lugar en las ciencias.

*Este perfil fue escrito para el ramo Reportajes y perfiles en la sección de la profesora Carolina Rojas.

Por Camilo Roa y Nicolás Montecinos

El 8 de septiembre de 2025 Julia Chuñil Catricura cumplió 10 meses desaparecida. Su rastro, junto al de su perro, se perdió en la comuna de Máfil, Región de Los Ríos. Desde hace tres años había denunciado amenazas por proteger 900 hectáreas de bosque nativo. Hoy, la pregunta de “¿Dónde está Julia Chuñil?”, resuena en las calles y paredes de Santiago.

Su caso es el más grave, pero no es el único. Su historia se entrelaza con la de otras mujeres que, en distintos territorios, enfrentan ataques por la defensa del medio ambiente.

En el caso de Julia Chuñil, este hecho no sólo interpela a la justicia chilena, sino también a los compromisos internacionales que el Estado asumió. Como defensora ambiental e integrante de un pueblo originario, su protección está amparada por instrumentos jurídicos como el Acuerdo de Escazú, que obliga a garantizar un entorno seguro para quienes defienden el medioambiente; la Convención de Belém do Pará, que compromete al Estado a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en cualquier ámbito; y el Convenio 169 de la OIT, que reconoce el derecho de los pueblos indígenas a participar en decisiones que afecten sus territorios y a ser resguardados en el ejercicio de esa defensa. 

Chuñil, de 72 años, era presidenta de la Comunidad Mapuche Putreguel, y lideresa en la defensa del territorio ancestral en el sector Los Ciruelos. El 8 de noviembre, en el predio conocido como “Reserva Cora Número Uno-A”, fue en busca de sus animales a un cerro aledaño, junto a su perro. Dos días después su familia se percató de su desaparición, luego que una vecina les avisara que Julia no había regresado de ese paseo. La principal pista según sus familiares eran las huellas de las ruedas de una camioneta en ese terreno. El predio que habitaba la mujer habría estado en proceso de reivindicación por parte de la comunidad.

Sus familiares sospecharon que ella había sido objeto de atentado o secuestro debido a su rol de defensora en el territorio. La comunidad había tomado posesión de un terreno respecto del cual se había iniciado un proceso de restitución territorial. Existía una denuncia por el delito de usurpación sobre el predio; y sus familiares se sentían amenazados ante un posible desalojo por la fuerza.

En el 2018, se habrían iniciado acciones medioambientales lideradas por la propuesta beneficiaria en defensa sobre esas hectáreas de bosque nativo. El resto es historia conocida: cuatro cambios de fiscales, las denuncias de la familia de que no se les entregó ningún tipo de  información. 

Los ataques a las defensoras medio ambientales ocurren y se intensifican a pesar de que en marzo de 2022 el Estado de Chile ratificó el Acuerdo de Escazú,  y como se menciona anteriormente, el tratado internacional vinculante que lo obliga a garantizar un entorno seguro para los defensores ambientales. En la misma línea, en diciembre de 2024 entró en vigencia el Protocolo de Protección a Defensores de Derechos Humanos, que a juicio de las defensoras entrevistadas, en la práctica ha sido insuficiente y que según la misma Subsecretaría de D.D.H.H., no tiene registro de medidas de protección concretas para las 20 personas que ya han hecho uso de él. 

Ya en 2024, las agresiones físicas contra quienes defienden el medioambiente se triplicaron y las mujeres concentraron el 70,2% de los ataques, según un informe de la ONG Escazú Ahora.

Hostigamiento digital

Más allá de los incendios y la violencia directa, la intimidación contra quienes defienden el medio ambiente también aparece en otros espacios. Este es el caso del hostigamiento a través de las redes sociales. Ahí, donde las noticias o la desinformación se propaga con rapidez, han comenzado a aparecer campañas diseñadas para desgastar psicológicamente y finalmente silenciar a las activistas.

Alejandra Parra, bióloga y cofundadora de la Red de Acción por los Derechos Ambientales (RADA), sabe lo que significa vivir bajo ese acoso. Durante casi diez años se ha convertido en una de las voces más técnicas y visibles en la oposición al proyecto de incinerador de basura WTE Araucanía, trabajo por el que incluso obtuvo el reconocimiento del Instituto Nacional de Derechos Humanos en 2023. Pero ese mismo reconocimiento también la expuso.

En febrero de 2025, después de intervenir en una sesión del Concejo Municipal de Temuco, comenzó a circular un video editado de su presentación desde una cuenta de Instagram llamada “Solución Limpia Ahora”. No fue un caso aislado. Días más tarde, otro montaje mucho más agresivo apareció en los comentarios de medios locales publicado por un perfil falso de Facebook. “Se muestra mi cara, distintas fotos de mí, se me nombra con nombre y apellido varias veces”, recuerda Parra. En las imágenes, además de acusarla de mentir, la vinculan directamente con la violencia en la región.  “Dice que estoy asociada a la CAM, a Héctor Llaitul y que estaría vinculada a actos terroristas; incluso muestran imágenes de incendios”.

Frente a todos estos ataques, Parra buscó protección vía judicial e institucional. Presentó una querella por amenazas y el INDH solicitó formalmente la activación del Protocolo de Protección para Defensores de DD.HH. Pero ninguna de las dos respuestas obtuvo resultados. “Me llamaron a declarar, pero hasta hoy desconozco que se haya realizado alguna diligencia”, cuenta. Respecto al protocolo, agrega: “Aparte de recibir una copia del correo con la solicitud, no he recibido absolutamente nada”.

Su querella apunta a que el Ministerio Público investigue el origen de estas publicaciones y trace posibles financiamientos detrás de ellas. Según se detalla en el escrito, se pidió a la Brigada del Cibercrimen de la Policía de Investigaciones ( PDI) identificar a los responsables y establecer si hubo pagos por su acción. Sobre la cuenta que difundió el primer video, “Solución Limpia Ahora”, se presenta como una supuesta organización apoyada por la Multigremial Araucanía y el grupo empresarial portugués Grupo Madre, aunque no transparenta su composición real. Lo único verificable es que el dominio .cl está inscrito a nombre de Rubén Díaz, según registros de NIC Chile.

Fuego e impunidad

Lorena Donaire, ex miembro de MODATIMA, ha dedicado su vida a defender el agua en Petorca, una provincia marcada por la escasez hídrica y los conflictos socioambientales. Su activismo la expuso durante años a hostigamientos constantes. Fue víctima de siete ingresos ilegales a su casa y un intento de secuestro de sus hijas, según el Informe Anual 2024 del INDH.

La noche del 12 de junio de 2022, vio cómo su vivienda era devorada por el fuego. Vecinos aseguraron haber visto “dos siluetas” dentro del hogar minutos antes, y un peritaje químico inicial apuntó a la acción de un cuerpo portador de llama, descartando una falla eléctrica. Sin embargo, el informe policial final determinó que no había indicios de intencionalidad y la causa se cerró sin culpables. 

Un mismo modus operandi enfrentó a Orietta Llauca, abogada que defiende a comunidades indígenas frente a empresas salmoneras y forestales. En agosto de 2023 recibió un correo con la amenaza “¿Te gusta el fuego ah? ahora va”. Más de un año después, su oficina en Llanquihue fue destruida por un incendio. Aunque los primeros informes detectaron compuestos acelerantes y un testigo afirmó haber visto a un sospechoso, un segundo informe apuntó a un sobrecalentamiento eléctrico. Convencida de la manipulación de la investigación, Llauca decidió no seguir participando, mientras la Fiscalía solicitó archivar la causa por falta de antecedentes.

«Las amenazas contra mi hijo comenzaron en 2022 y no han parado», dijo  para el diario La Razón. Desde entonces, cada denuncia presentada en el país ha sido archivada sin investigación, y la falta de eco incluso en instancias internacionales obligó a buscar aliados que compartieran la lucha por la defensa de la tierra. Para Llauca, defender el medio ambiente, implica enfrentarse no sólo al poder político, sino también a empresas forestales, mineras e inmobiliarias, lo que para ella es un reflejo de cómo el propio sistema persigue a quienes protegen los recursos naturales.

Orietta Llauca

Según Escazú Ahora, en el 38,2% de los casos no se tomó ninguna acción judicial, y solo el 2,1% tuvo resolución favorable. La violencia directa se ha triplicado, concentrando el 48,9% de los ataques, pero no es la única amenaza: hostigamiento digital y manipulación judicial completan la estrategia para amedrentar a quienes defienden la tierra.

La desprotección

El actual escenario que enfrentan las defensoras ambientales no es una falla reciente, sino la consecuencia de una omisión histórica. Durante años, el Estado de Chile operó sin un marco formal para proteger a quienes defienden el medio ambiente, una ausencia que no es una interpretación periodística, sino un hecho reconocido en sus propios documentos oficiales. Consultados vía Ley de Transparencia  sobre los procedimientos activos antes de la entrada en vigencia del Protocolo de Protección a Defensores de DDHH en diciembre de 2024, la Subsecretaría de Derechos Humanos fue categórica en su respuesta: “No existían en este Servicio lineamientos asentados sin protección”.

Esta tardanza es confirmada por el gobierno en el Plan Nacional de Implementación de Escazú 2024 – 2030, donde el diagnóstico es que “en Chile no existe regulación especial relativa a la protección de los defensores y defensoras de los derechos humanos en materias ambientales”. En la práctica, esto significa que ataques como el incendio que destruyó la vivienda de Lorena Donaire en junio de 2022 ocurrieron en un contexto de vacío institucional, sin que existiera un procedimiento estándar para su protección. El avance por materializar los compromisos de Escazú se están midiendo a través del Reporte Anual 2024: Plan Nacional de Implementación Participativa del Acuerdo de Escazú 2024-2030 del Ministerio del Medio Ambiente, que establece una línea estratégica para la protección de personas defensoras (LE4) es la que cuenta con menos medidas comprometidas (20 de un total de 271) y, a su vez, es la que presenta el menor avance, con solo un 50% de sus acciones ejecutadas o en desarrollo a fines de 2024.

Protocolo de Protección a Defensores

Frente a este escenario y para cumplir con las obligaciones de Escazú, la principal herramienta administrativa del Estado es el Protocolo de Protección a las Personas Defensoras de Derechos Humanos, que entró en vigencia el 27 de diciembre de 2024. Su objetivo es establecer una “articulación interinstitucional para la protección” de quienes defienden los DDHH.

Según cifras entregadas por la Subsecretaría de DDHH vía Ley de Transparencia, entre esa fecha y el 9 de mayo de 2025, el mecanismo registró un total de 20 activaciones. De estas, 16 fueron iniciadas por ciudadanos y 4 por la vía institucional. Tras un análisis preliminar, se determinó que en 17 de los casos se trataba efectivamente de personas defensoras de derechos humanos y que 10 de los hechos denunciados podrían ser constitutivos de delito, derivando 8 de ellos al Ministerio Público.

Sin embargo, detrás de estas cifras, no se ha logrado medir su eficacia real. Al ser consultada por las medidas de protección concretas que se otorgaron en estos 20 casos —como protección policial, rondas periódicas o apoyo psicosocial—, la Subsecretaría respondió que dicha información “no se encuentra desagregada ni ha sido recopilado, en atención al carácter reservado o sensible de los datos derivados de la mayoría de las actuaciones de los organismos que intervienen en la implementación del Protocolo”. En la práctica, esto significa que el organismo encargado de coordinar la protección de los defensores en Chile no cuenta con un registro de las acciones que finalmente se ejecutan para protegerlos.

Para Sebastián Benfeld, presidente de Escazú Ahora, este Protocolo es una respuesta suficiente y adecuada a la situación de amenaza y agresión”, entendiendo que parte de sus funciones “Es establecer una base de coordinación entre instituciones para que en caso de que se denuncie algún tipo de agresión pueda el Estado brindar algún tipo de respuesta”. Sin embargo, también plantea que este tiene problemas de base “No establecer explícitamente que respuesta va a dar el Estado, ni tampoco se establece claramente cuál es la ruta por la cual se va a proceder y se deja todo a discrecionalidad del gobierno de turno, lo que nos parece tremendamente preocupante porque eso va a ir cambiando de acuerdo a la voluntad política de quien gobierna”, explica.

En ese sentido, plantea que “nos parece altamente preocupante que no exista alguna métrica de evaluación de la implementación del protocolo.  Cualquier política pública requiere de un proceso de diseño e inmediatamente un proceso de evaluación para poder ver qué de la política funciona y qué cosas no, y de esa manera ir ajustándose y perfeccionándose en el tiempo.  Una política pública que no considera esas etapas es una política pública mal hecha directamente”.

Esta deficiencia abstracta se traduce en una nula protección para las defensoras. Tras la campaña de desprestigio en su contra, el INDH solicitó activar el protocolo para Alejandra Parra, pero el resultado fue inexistente. En sus propias palabras: “aparte de eso no he recibido absolutamente nada”. Orietta Llauca también hizo uso del mecanismo en enero de 2025 tras ser detenida por Carabineros en contexto de protesta junto a un grupo de pobladores, pero critica que la única acción concreta fue ingresar una denuncia por apremios ilegítimos, una gestión que, a su juicio, “pude haber hecho sola”.

Por otro lado, a 10 meses de la desaparición de Julia Chuñil, su familia ha chocado con la opacidad de una investigación que se mantuvo bajo reserva, vulnerando el derecho de acceso a la información que Escazú busca garantizar. Lejos de encontrar el entorno seguro prometido por el acuerdo, su caso ha estado marcado por giros, como el hallazgo de una mancha de sangre no humana que desvió la sospecha hacia sus propios hijos. Y aunque la Corte Suprema ha ordenado un enfoque de Derechos Humanos y la Fiscalía asegura aplicar un «estándar mayor», los avances son nulos. La pregunta de ¿Dónde está Julia Chuñil? sigue sin tener una respuesta. 

*Este reportaje fue escrito para el ramo de Periodismo de investigación

Actualización: 

El pasado 30 de septiembre, las abogadas querellantes en el caso de la desaparición de Julia Chuñil revelaron que el principal sospechoso habría reconocido, en una interceptación telefónica, que la lideresa mapuche habría sido quemada. Según informó Karina Riquelme, abogada de la familia, se halló un documento clave con registros de llamadas realizadas al padre de Juan Carlos Morstadt y a una mujer aún no identificada.

Por Vicente Alarcón y Zaida Ibáñez

Esta investigación es el resultado del proyecto de título realizado por los autores en 2024, bajo la tutoría de la profesora Patricia Rivera.

Enzo de ‘La Bomba Azul’ y Rinco de ‘RincoAlbitos’ eran dos figuras prominentes dentro de las barras bravas de los equipos de Universidad de Chile y Colo Colo. Enzo pertenecía, cómo lo apuntaban los medios, a un grupo que estaba siendo investigado por el tráfico de armas, drogas y homicidios. Las imágenes que ambos enseñan en su perfil de Facebook son lienzos robados a equipos rivales. Allí se ven cuidadosamente volteados en señal de humillación y dominancia territorial.

El lenguaje que utilizan la mayor parte de estos barristas es intimidante. No hay eufemismos. Cada mensaje y fotografía está cargado con menosprecio y burla.
En una de las publicaciones, Rinco lanzó un mensaje el 22 de mayo de este año, donde interpela a Enzo con insultos y lo amenaza sobre que tenía información suficiente sobre él. Incluso había logrado infiltrarse en la barra “las madres de Maipú”. Por otro lado, Enzo, compartió esta publicación donde comienza con un “Juan Rinco el diablo te persigue».
Días después comenzó el ciclo de violencia con un video que ‘Bomba Azul’ colgó en su red social. Allí se muestra a “Rinco” en un sillón con la mirada perdida. El hombre tiene la cabeza teñida por manchas de sangre. Lo habían golpeado. Levanta una de sus manos en gesto inútil de evitar otros golpes. Un grupo de barristas de la U, lo agreden con zapatillazos directos en su rostro, cuello y cabeza, donde se vuelve a ver cómo la sangre brota de estas heridas.
“Lo que pasó es que unos locos de la barra de la U cacharon que el loco estaba en un edificio y decidieron infiltrarse nomás. Ahí lo tuvieron amarrado, lo humillaron caleta, hasta hicieron que les sirviera whisky a todos según lo que caché en otros videos”, dice ‘sombra’, una joven barrista que prefiere mantener su nombre en reserva.

Las  reacciones no fueron de rechazo, hubo emojis de “me divierte” junto a los comentarios de otros barristas en la publicación burlándose de esta golpiza. La agresión era un trofeo.
Enzo Bomba Azul-Edson Olivares Díaz tenía 25 años y en TikTok se hacía llamar «El diablo en patines».  Tenía  más de 14 mil seguidores. Fue asesinado el 27 de octubre de este año en La Pintana mientras huía de otro vehículo. Chocó en su auto y recibió cerca de 80 disparos. Lo acribillaron. Carabineros vinculó este hecho al crimen organizado y la noticias se viralizó.

La trágica muerte de un hincha

El 26 de junio de 2024, el estadio Monumental se erigía en el horizonte de Santiago como un gigante blanco y negro. En la convocatoria había expectativa por un partido de Colo Colo. Las calles de Macul que rodean el estadio bullían con una euforia de los hinchas, que iban vestidos con sus reconocidas camisetas negras y blancas. Las banderas flameaban al viento y sus cánticos se escuchaban fuerte. “El albo” se preparaba para recibir en un amistoso con Universitario de Deportes de Perú. El ruido de los bombos se mezclaba con las bocinas de los autos atascados en el tráfico.
A metros del estadio,  mientras los hinchas se enfilaban por las calles raudos hasta el lugar, un hombre fue brutalmente atacado por un grupo de al menos 30 personas. La emboscada terminó con la vida de un colocolino.
Entre los hinchas que se dirigían al Monumental estaba ‘Maldo’ un fanático de Colo Colo quien pide no dar su nombre real. Ese día había planeado su jornada de forma meticulosa: tenia la entrada lista y el plan de ir en auto y estacionar en el mall Florida Center para esquivar el ajetreo de la locomoción. Caminó por la calle Mirador Azul, una vía que siempre está repleta de hinchas. Las luces de los postes titilaban. A lo lejos escuchó los cánticos desde el estadio. Cuando apuró el paso un joven se le acercó. Tenía el semblante serio.

-No sigas avanzando- le dijo- ,están asaltando por  Mirador azul.

Maldo siguió su camino, pensó que era lo siempre, los atados entre los piños del Colo Colo.
El joven llegó a la esquina y vio un grupo de hombres golpeando a una persona que trataba de protegerse desde el piso. En su relato bosqueja una escena rápida. Una pelea más entre barristas, pensó.

En la calle se topó de frente con una horda de personas que se movían frenéticamente alrededor de una figura en el suelo. Las luces de los postes de luz iluminaba a medias la escena. Gritos, golpes secos de patadas y puñetazo.
-¡Matenlo, mátenlo!-alcanzó a oir
El hombre en el suelo ya no se movía.

“Lo único que atiné fue a alejarme para que no me agarraran a mí ya que, por lo que escuché eran del equipo rival. Gracias a Dios no llegué ahí unos minutos antes, capaz no la estaría contando. Vi el cuerpo de un cabro ahí tirao’ se me heló la sangre, estaba en shock. El pobre loco no se movía, estaba en el suelo lleno de sangre y ellos seguían pegándole. Sentí miedo, temí por mi vida y me viré”.
La confirmación no tardo en llegar, el hombre era Claudio Maldonado Gamboa quien fue apuñalado y asaltado, presumiblemente, por “Los fósforos” seguidores del equipo peruano.

Tenía 43 años e iba camino al partido con dos de sus hijos.

Lo incidentes siguieron dentro del estadio, se lanzaron bombas de ruidos y fuegos artificiales a los visitantes. El partido se suspendió por falta de garantías.

Las barras bravas: una historia de violencia

En un comienzo el uso de fuegos artificiales era el principal problema provocado por las barras bravas y según las cifras proporcionadas por Carabineros de Chile, con un registro de alrededor de 300 delitos por el porte y activación de estos artefactos desde 2019. Pero la violencia escalaría a niveles más altos más allá de la pirotecnia, de violencia física a enfrentamientos.

En el año 2020, el 16 de febrero se jugó un partido entre Colo Colo y Universidad Católica, donde la Garra Blanca lanzó bombas de estruendo a la cancha con la intención de dañar a los jugadores rivales, lo que terminó afectando a Nicolás Blandi, jugador de su propio equipo. El partido terminaría la suspensión del encuentro.

Años después la escena volvía a repetirse. Fue en el clásico universitario del 30 de abril del 2023. Desde la galería de Los de Abajo comenzaron a llover bengalas hacia la cancha. Después fueron los fuegos artificiales. No quedo más opción. El encuentro fue suspendido. Danilo Díaz, experimentado periodista señaló con respecto a la ley de Estadio Seguro, que no es una legislación que esté regulada y que hay “chipe libre” para las barras bravas.

“Aquí nadie regula nada, se supone que hay varios anillos de seguridad donde te revisan entero, y después uno ve la cantidad de artificios que tiran dentro del estadio y se pregunta varias cosas”. Señala con un tono molesto, donde también hace una crítica al modelo actual, “Están todos dateados, los dejan ingresar cualquier cosa. Todos esos elementos de animación que les llaman ellos, deberían estar prohibidos”, relata Díaz.

Pero dentro de esta normativa existe también la aplicación de derecho de admisión que pueden ejercer los clubes hacia personas que no cumplan con la ley de derechos y deberes dentro de un estadio de fútbol. En este apartado se quiso agregar la versión de la ex jefa de Estadio Seguro, Pamela Venegas, quien fue contactada para este reportaje, pero no hubo respuestas hasta el cierre de esta investigación.

Una de las aristas preocupantes, según documentos entregados por Estadio Seguro en Reportajes 24 Horas, es que el 7% de las querellas presentadas terminaban con condenas. Esto evidenciaba que el mayor ente fiscalizador de nuestro fútbol estaba haciendo mal el trabajo. Según declaraciones de la jefa de Estadio Seguro Pamela Venegas, en el reportaje de 24 horas, faltaba actualizar la regulación. “La ley necesita nuevas herramientas acorde a los tiempos, y a las faltas y delitos que se cometen”. Para esas fechas existían más de 7 mil personas con derecho de admisión en los estadios, según el reportaje.

Para el destacado periodista nacional, Fernando Tapia, la solución para terminar con el problema de las barras bravas, es poner “mano dura”. “Ni las autoridades, ni los clubes ni nadie. Nadie quiere invertir realmente en seguridad, porque para ellos no es rentable. Cuando ocurra un incidente de gran magnitud, se van a dar cuenta de lo grave que es esto”, comenta.

Tapia también explica que hoy existe una propuesta que busca declarar a las barras bravas como organizaciones criminales, y que ese podría ser el punto de partida para que se empiecen a tomar medidas reales al asunto. “El senador Walker propuso al Ministerio del Interior sobre las barras bravas, donde se califica a las barras bravas como organizaciones criminales, pero esto aún no se aprueba. Lleva más de un año con el tema y nada, ahí te das cuenta lo poco que importa la seguridad en los fanáticos del fútbol”.

Respecto a esa solicitud, el senador indica que se debería reforzar la seguridad con la más alta tecnología, “Es necesario aplicar tecnología biométrica, torniquetes, huella digital y reconocimiento facial en el ingreso, y también para tener elementos probatorios por desórdenes en las graderías”, afirmó en la prensa. Además, recalcó el motivo por el cual se deberían calificar a las barras bravas como sociedades ilícitas.

Para el senador algunas barras bravas son centro de comisión de delitos como el tráfico de drogas y el crimen organizado y donde una de las tantas consecuencias son las amenazas que incluso han recibido dirigentes y jugadores.

Arde el Nacional

El 15 de febrero del 2024 era la final de la Supercopa en el Estadio Nacional. Diego Fernández, fanático de Colo Colo, estaba de vacaciones en La Serena, pero no pensaba perderse el evento. En Tongoy no encontró buses, pero logró convencer a su grupo de amigos que lo acompañaban para viajar en auto, pese a lo largo del trayecto. Llegaron al estadio al minuto 40 del primer tiempo. En Monumental, en el sector norte donde se ubicaba la barra, en la atmósfera ya había ira. Un lienzo crítico contra expresidente Sebastián Piñera -fallecido días antes- se alzaba sobre las cabezas de la hinchada. El paño, agitado en medio de  cánticos, olía a afrenta. Carabineros y guardias de seguridad trataron de confiscar el lienzo. Lo que vino después fue la furia para los barristas. Así comenzaron a arrancar sillas de las gradas que volaban como proyectiles, mientras que carabineros devolvía la mano con gas pimienta.

El enfrentamiento escaló rápidamente. En medio del caos fue requisado el lienzo oficial de Colo Colo. Un grupo logró recuperarlo, en medio de las ovaciones de la multitud, pero la violencia ya era incontenible. Los jugadores del equipo se acercaron a las rejas para intentar calmar a los hinchas, pero sus esfuerzos fueron en vano.
El enfrentamiento escaló en violento y la barra empezó a pasar a la seguridad.

Diego recuerda que el árbitro decidió finalizar el partido casi al minuto 70. La gente comenzó a abandonar el lugar y en ese momento, una parte del estadio ya se encontraba envuelto en humo negro. Él también tenía temor. “Fue frustrante, de todo el esfuerzo por llegar al recinto, apenas logré ver 20 minutos de juego antes que el caos lo arruinara todo. Me marché con una gran decepción, la jornada que debía ser de alegría se convirtió en un recordatorio de violencia”, dice.

Los daños ocasionados en el sector norte del Estadio Nacional, ascendían a $102.501.171, según fundada avaluación practicada por el estamento técnico del Instituto Nacional de Deportes.

A comienzos de los años 90, la rivalidad entre las barras bravas de Colo Colo y Universidad de Chile desencadenó serios disturbios, como el ocurrido en 1994 en el Estadio Nacional. Frente a la presencia de aquel entonces presidente de Chile Frei Ruiz-Tagle, miembros de la Garra blanca destruyeron parte de la galería norte. Este hecho concluyó con la promulgación de la Ley N°. 19.327, orientada a prevenir y sancionar la violencia en el fútbol profesional.

Años más tarde el sistema se regiría por una nueva ley, la ‘Ley de Estadio Seguro’ implementada en 2011 bajo supervisión del Ministerio del Interior durante la primera administración del ex presidente Sebastián Piñera. Según el sitio oficial de Estadio Seguro el programa buscaba “recuperar los estadios de fútbol como lugares de sano esparcimiento, recreación y encuentro para las familias y los verdaderos hinchas”.

Después de 14 años desde su implementación y tras 4 gobiernos, en este 2025 se puso fin oficialmente a la Ley de Estadio Seguro, marcando el cierre de una etapa caóticamente criticada por sus malas gestiones y que llevó a una trágica consecuencia.

El origen de las barras bravas en Chile

Las agrupaciones de hinchas denominadas “Barras” surgieron desde los años 70 con la aparición de los hinchas ingleses llamados “Hooligans”. Pero estos tenían una diferencia, y es que los hinchas ingleses no estaban bajo el nombre de barra brava, sino que ellos se diferenciaban en que antes de los partidos, se juntaban en grupos de personas y tenían batallas campales mano a mano con los hinchas del equipo rival. Una práctica que se da hasta el día de hoy en Europa, bajo el nombre de “Ultras”.

“El deporte, en sus múltiples manifestaciones, ha sido históricamente una vía para canalizar emociones, construir vínculos sociales y, sobre todo, gestionar tensiones inherentes a la vida en sociedad”, menciona Felipe Vagas, psicólogo clínico. “El fútbol no es solo entretención, sino también un mecanismo para enfrentar los desafíos de sociedades que buscan mitigar el impacto de la violencia en sus dinámicas cotidianas” concluye Vagas. Y dentro de este contexto, muchos autores han investigado y escrito respecto a los comportamientos de los hinchas, sobre todo en Inglaterra.

Ya para este lado del continente, se empezaron a adoptar esas costumbres, especialmente en Argentina, donde en la década de 1960 surgió el concepto de “Barra brava”. Las Barras bravas son un grupo de personas ligadas a un club deportivo, que se ubican en un sector determinado del estadio y que están identificados con un nombre global dentro de su equipo. Estos son grupos en su mayoría, autogestionados, que a través de colectas reúnen recursos para comprar los diversos elementos de animación que usan para apoyar a su equipo.

“Las Barras Bravas, al nacer a finales del periodo dictatorial en Chile, responderían a esta necesidad de reunirse y de acompañarse, de generar lazos identitarios en base a la confianza, la hermandad y la autogestión. Este contingente de hinchas hizo que los “piños” (los grupos que le darían sustento a las barras) se retroalimentaron mutuamente, inclinándose hacia una resistencia de carácter combativa ante el control y el intento de normalidad social propuesta por la institucionalidad del país.” dicen Ethan Tejos en su tesina como estudiante de  la Universidad Academia de Humanismo:  «Criminalización versus representatividad popular: una mirada histórica de las barras bravas desde la participación de la juventud 1973-2006»

En Chile, las barras bravas empezaron a aparecer en la década de 1980, La Garra Blanca surgiría dentro de la barra estudiantil de Colo Colo a fines del año 1985; En el caso de Los de Abajo, el término nace en 1988,  debido a que esta hinchada tenía como punto de encuentro en el estadio el sector bajo de las galerías, al lado de la reja.

Este auge de las barras bravas coincidió con un periodo en que el futbol chileno se vivía con gran intensidad: según datos publicados por el diario AS, en la década de 1980 y 1990 el promedio general de asistencia a los partidos era de entre 70 mil y 80 mil personas. De hecho, la mayoría de los partidos con mayor afluencia de público se registraron en ese periodo. En ese contexto, el segundo partido con más convocatoria ocurriría el 16 de noviembre de 1986, cuando albos y azules se enfrentaron ante 77.848 espectadores en el Estadio Nacional.

Ya a mediados de los 90 el fenómeno se extendió a diversas regiones del país, como en Valparaíso que se encuentra “Los Panzers” de Santiago Wanderers, o “Al hueso pirata” de Coquimbo Unido, barras que han estado involucradas también, en hechos de violencia en nuestro país.

Las barras no solo son grupos vinculados a la inseguridad, sino que, en muchos casos, se han convertido en un sello identitario de los clubes deportivos. A través de cánticos, banderas y una presencia constante en los partidos, las barras representan una parte esencial de la cultura del equipo. Para muchos hinchas, forman parte de la esencia y el alma del club, creando un sentido de pertenencia y unidad entre los seguidores.

En ese contexto, aparecen “los piños” en las barras bravas, que son pequeñas cofradías de sectores del país que se sienten identificados con el equipo de sus amores, que crean el grupo para darle apoyo y tener su presencia en la hinchada. Ignacio Cortés, de 25 años, lo sabe bien. Es hincha de la Universidad Católica y perteneciente al piño “LP2” de la comuna de Lo Prado: “Para mí la Cato lo es todo, yo la sigo a donde vaya, si el cato va a regiones voy, si sale del país voy también. Es un sentimiento de vida”, comenta besando el escudo de su camiseta y agrega“Yo por la Cato he viajado a distintas partes del país, a Concepción, El Salvador, Viña, y muchas más, pero también hemos ido con el grupo afuera. El 2022 fuimos a Córdoba a dar el aguante, fuimos por tierra de ida y vuelta a ver a la cato en Copa Libertadores”, relata mientras saca su celular para mostrar una fotografía de él en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, Argentina.

El viaje para ellos comenzó como un sueño colectivo. Ese grupo de amigos, que se conocían de años atrás, se subió al bus rumbo a Argentina con un solo propósito: estar allí, vivir el momento y alentar al equipo. Era un viaje de hermandad, donde un bus lleno de hinchas de diferentes comunas de Santiago fue transformándose en algo más grande mientras se avanzaba hacia el sur. En este recorrido se compartieron historias y emociones. «Cuando estábamos en el bus, no sabíamos en verdad lo que nos esperaba. Sabíamos que ir a Córdoba no era solo por un partido de fútbol, era una promesa entre nosotros y el equipo”, recuerda.
Al cruzar la frontera, el paisaje empezó a cambiar y el cansancio era notable, debían hacer una parada. Mendoza los recibió con su aire seco, en donde la búsqueda por un bar donde tener un momento de relajo los cautivó. Allí entre las risas y anécdotas pasadas sobre partidos anteriores, recuerdos de niñez, se cruzaron con hinchas de Boca Juniors, también en aquel viaje. Al principio, la mirada de desconfianza era abrumadora, como siempre pasa entre hinchas rivales, pero con el rato eso fue desvaneciendo. El fútbol y la pasión de las barras unen a las personas. “Nos topamos con estos hinchas y al cruzar un par de palabras, nos entendimos perfectamente. Fue increíble, terminamos hasta cantando juntos, y aunque cada uno defendía a su equipo con el alma, el respeto y la buena onda flotaban en el aire. Nos conectó el amor por el fútbol y así estuvimos riéndonos y compartiendo cultura”, recuerda con una sonrisa, cómo si se encontrara aun festejando.

Finalmente, ya en Córdoba, la ciudad se llenaba de colores, la gente asombrada por los hinchas en este bus miraba entusiasmados y curiosos ante los cánticos de estos muchachos. “Se sintió como si estuviéramos en casa, estábamos representando a todos los que no pudieron asistir al viaje. Era una locura la emoción que sentíamos en ese momento, la felicidad de ver al equipo de tus amores en otro país es un acto de lealtad enorme”, comenta.

Así como Ignacio, también existen hinchas apasionados de los otros equipos de fútbol, pero quizás no con el mismo fanatismo, o un fanatismo distinto. Nicolás Lobos, de 25 años, quien se considera un hincha fiel a su equipo, y que «deja la vida” cada vez que los va a apoyar al estadio, fanatismo que dice, heredó de su papá, Héctor.

Ha ido a apoyar al equipo a varias ciudades del país. Cuando habla del club de sus amores se emociona, se ve en su mirada y en sus gestos. Pero aún tiene un sueño pendiente, quiere ir a ver a su equipo en otro país. «Llevo al Colo en el corazón y no me pierdo ni un partido. Tú te estarás preguntando por qué no viajo fuera del país si soy tan fanático, en netamente por un tema de plata, si la tuviera no me perdería ni uno”, se sincera Nicolás.

Diego García, profesor de la Universidad Alberto Hurtado del curso ‘La pelota no se mancha”, dice que el fenómeno de barras como identidad trasciende lo deportivo, se convierte en pertenencia y expresión cultural, principalmente en la desigualdad y falta de oportunidades. Hay veces que esta identidad tiene origen en el barrio, donde las personas buscan o hallan clubes de fútbol como forma de representar sus valores, luchas e historias.

Dentro de esa representación que se genera al ser parte de un club, están esas personas que sienten que no son considerados por la sociedad, y el ser parte de un “piño” les da el ser validado por sus pares dentro del ambiente futbolístico. Por eso, dentro de estas agrupaciones sienten que los entienden y escuchan sus compañeros de barra.

Y así lo recalca el académico, pues dice que las personas que están dentro de este ambiente necesitan aprobación, y que dentro de ellas no son excluidos y se sienten parte. “Son jóvenes que normalmente no tienen necesidad de acceder a roles más formales dentro de la sociedad, entonces empiezan a quedar en el margen y las barras bravas es una forma que ellos tienen para dar a conocer a la sociedad que ellos también existen, y que a través de las barras ellos son protagonistas”.
El contexto de barras se va convirtiendo en un refugio para los que no se sienten con un espacio tradicional de la sociedad. Los grupos no solo les ofrecen sentido de pertenencia, sino que muchas veces sirve como plataforma para expresar una identidad, reclamar visibilidad donde usualmente conviven en un ambiente que muchas veces los ignoran. La validación muchas veces que nace de estos pares les da una especie de familia alternativa.  García señala que las dinámicas reflejan la necesidad de ser notados o escuchados, incluso si este implica un rol marginal. Este fenómeno de las barras es también un signo de grito de protesta, una manera de construir una identidad en un mundo que parece indiferente.

Pero dentro de esta reflexión de sentido de pertenencia, Francisco de Ferrari, también profesor de la Universidad Alberto Hurtado y del mismo curso, señala un punto que definiría todo lo que explica, que sería una palabra por la cual estos grupos de personas se mueven en las barras, que es el “aguante”. Este lo define como la expresión con la que ellos definen su fanatismo, el aguante es algo que se demuestra como ellos dicen, “no arrugando”, donde también demuestran su hombría y que en general se definiría como alguien que le pone el pecho a las balas y no es cobarde.

La cultura barra brava

A lo largo de los años, la cultura de las barras bravas ha evolucionado desde la demostración de lealtad hacia el equipo a convertirse en rivalidades y actos de violencia, tanto física como simbólica. Un hincha de Colo Colo apodado ‘sombra’, el cual no revelaremos su nombre por seguridad, nos lleva a entender cómo las dinámicas de estas barras se han ido intensificando. Desde formas para marcar territorio en murales y postes hasta las redes sociales para enseñar los lienzos robados como forma de humillación hacia la barra rival. La violencia en la cultura barrista va más allá de confrontaciones a puño limpio, en un fenómeno donde artificios, armas blancas, pistolas y amenazas por redes sociales juegan un papel más importante.

Azul, blanco, rojo o negro son colores pintados en las paredes de los barrios de las comunas a lo largo del país y en puntos estratégicos como puentes o postes de luz, para dejar claro quién domina en esa área en particular. Estas pinturas no solo son simples colores, sino emblemas de las barras, mensajes de apoyo o escudos del equipo de fútbol. El mural o poste es signo de que esa zona en particular está dominada por un piño.

“En mi comuna, por ejemplo, los postes siempre están pintados de blanco y negro, el color de Colo Colo. Y si pasa algo con la U, ya saben, nosotros les tiramos pintura blanca y dejamos claro que el barrio es del Colo”, dice el barrista.

La práctica de “marcar” un territorio es una tradición de las barras bravas, que intentan sembrar terror y definir los límites de cada barrio. Es en ese momento donde surge la rivalidad entre las barras rivales, pero la disputa por los lienzos es quizás una de las formas más fuertes y dramáticas de esta guerra.

Los lienzos son un objeto bastante importante en las disputas, ya que no solo simboliza la presencia de la barra, sino el respeto y la lealtad al equipo. Cuando estos barristas deciden actuar en robar y dar vuelta un lienzo, no sólo están tomando una tela; están afirmando un dominio sobre la barra rival. Es una humillación pública. Principalmente estos actos eran en los estadios, a mano limpia en los estadios, cerca de los muros de las comunas, pero se han convertido en un acto bastante peligroso, documentado y publicado en redes sociales.

-Si te roban el lienzo o lo dan vuelta no es solo que perdiste, sino que te están humillando. La barra rival toma fotos de estos lienzos, lo enseñan, lo comparten y te lo restriegan en la cara. No se olvida algo así, te haces una reputación de débil y la única forma para deshacerte de eso es recuperarlo- dice  ‘sombra’.

Son estos actos de robos de lienzos que pueden llegar a la violencia extrema. Si la barra rival no cede, los enfrentamientos pueden ser fatales.
En ‘Facebook’ se pueden encontrar diversos perfiles creados, ya sea como perfil de “piño” o individual de cada barrista con un apodo asociado. Los perfiles cuentan con bastantes seguidores, desde los 500 hasta más de 1.000 seguidores, lo que origina a estos personajes en estas redes sociales que viralizan formas intimidación.
Dentro de sus publicaciones no solo comparten las emociones por las victorias deportivas, sino que han trasladado las luchas a esta red social, donde exhiben los rituales de los robos de lienzos. Este acto violento se realiza con fuerza física y con la intensificación en el uso de armas y amenazas en estos perfiles.
“Es normal ver este tipo de publicaciones de los piños, yo sigo algunos de ellos e incluso hay cosas que no se ven explícitas para todas las personas en el Facebook. Ahora todos los locos defienden los lienzos con tolas y cuchillas en las poblas, entonces al tomar foto de estos con las armas es señal para que tengan cuidado, de advertencia por si deciden venir a probar suerte”, dice ‘sombra’.

El principio del fin

Mientras la violencia en la calle se desataba en un edificio cercano, Ángeles Fuentes observaba todo desde su departamento. Como vecina del sector estaba acostumbrada al ajetreo de los días de partido: los gritos, las cánticos y las bocinas. A menudo, las noches de fútbol en el Monumental traían un espectáculo no sólo dentro del estadio sino algo que se desbordaba a la calles. Sin embargo, aquella noche, el ambiente parecía distinto.

Los gritos empezaron a aumentar en intensidad, primero fueron unas voces aisladas, luego una oleada que parecía crecer a cada segundo. Ángeles y su pareja dejaron todo lo que estaban haciendo en ese momento y se asomaron al balcón para ver que estaba pasando.

«Nosotros estábamos tranquilos en el departamento, preparando la comida, pero de repente los gritos nos hicieron parar todo. Eran tan fuertes que hasta se nos heló la sangre. Corrimos al balcón para cachar qué pasaba y ahí vimos todo», relató Ángeles, aún afectada por lo que presenció esa noche.
Lo que vieron desde el balcón fue un caos. En medio de las luces los gritos observaron una multitud enfurecida que avanzaba hacia el estadio, pero lo que más llamó su atención fue un hombre sin polera, que tambaleaba entre la multitud. Estaba a unos cien metros de su edificio y aún, desde esa distancia, se podía divisar que estaba mal herido. El torso desnudo brillaba bajo la luz de los postes, pero no era el sudor lo que le cubría, sino sangre. El hombre daba pasos erráticos, como si estuviera a punto de desmayarse. Se desvaneció unos segundos después.

«Se escuchó el golpe desde acá arriba. Lo más cuático es que la gente seguía pasando a su alrededor, pero nadie lo ayudaba. Solo unos pocos se quedaron, pero no fue para socorrerlo» recuerda Ángeles.
Ella y su pareja observaron cómo un grupo de personas se queda alrededor del hombre que está en el suelo. Pero lejos de prestarles ayuda continuaron agrediéndolo. Patadas, golpes, insultos. Los gritos de “¡Mátalo!” resonaban en la calle mezclándose con el sonido de los autos y los gritos de los vendedores ambulantes.

La escena se tornaba cada vez más desoladora. Una parte de la multitud atacaba sin piedad, mientras que por el otro lado, algunos miraban con temor o morbo.

-Esa imagen se me quedó grabada, ese hombre solo en el suelo mientras el resto se alejaba. Era como si no existiera para ellos- relata.

A medida que la violencia continuaba, Ángeles sentía que el tiempo se detenía.  Su pareja, en un intento desesperado por ayudar, tomó el teléfono y llamó a emergencias. Sin embargo, la línea parecía interminable.

«Llamé y llamé, pero no se escuchaba nada más que un tono y luego la espera interminable. ¡Era desesperante! Mirábamos desde la ventana y cada vez que venía un auto de Carabineros, nos llenábamos de esperanza, pero solo pasaban de largo, como si no hubiesen visto nada. Fue aterrador».
Los gritos de auxilio del hombre se tornaron más débiles, casi inaudibles, como si estuviera perdiendo la fuerza. La desesperación de ambos crecía cada vez más, para estar así por un largo periodo, pero de repente llegaron los Carabineros. Se acercaron al cuerpo del hombre y evaluaron la situación mientras que la multitud se dispersaba rápidamente. Le tomaron el pulso. A pesar de los esfuerzos, el hombre seguía tirado en el suelo. La ambulancia seguía sin aparecer y en un acto de urgencia, Carabineros lo subió al retén móvil.
La alerta del hecho no tardó en llegar a oídos de los hinchas del estadio. Alrededor de 200 personas de la garra blanca llegaron en masa al sector de la barra rival, en donde empezaron una guerra de gritos y a lanzarles fuegos artificiales.

Daniel, trabajador de Colo Colo y Liliana, una guardia de seguridad, vivieron momentos de terror en ese momento, mientras intentaban manejar la situación de la mejor manera dentro del recinto. La violencia se intensificó cada vez más, con cada grito y explosión de pirotecnia. Daniel recibió varios llamados de urgencia para que intentara calmar a sus compañeros y proteger las instalaciones. Por su parte Liliana sentía que en cualquier momento le iba a pasar algo. «Los gritos y explosiones me hacían sentir que estaba en una guerra y yo temí por mi vida”. A pesar de llevar años trabajando en el recinto, el nivel de agresividad de ese momento marcó un antes y después en su experiencia laboral.

René Mena, jefe de seguridad del Colo Colo fue contactado para este reportaje, pero declinó entregar declaraciones.

La estampida maldita

La tarde de ese jueves, afueras del Estadio Monumental, el ambiente era de nerviosismo y espera. Dos hinchas de Colo Colo -una joven de dieciocho años, un niño de doce- estaban en la entrada cuando una multitud empezó a empujar hacia las rejas. En segundos, las ganas de entrar de los hinchas se convirtió en estampida.

De ese día hay dos versiones. Uno habla de una avalancha. Cientos de cuerpos empujando hasta que una reja cede y los aplasta. Otro, aún más violento, sostiene que fue un carro lanza gases el que avanzó contra la multitud.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó una querella ante el 13º Juzgado de Garantía de Santiago. En su escrito, describe cómo el vehículo policial que, en línea recta, rompe las vallas blancas y atropella a las víctimas, dejándolas tiradas sobre el pavimento. No hubo auxilio. Y el hecho hizo recordar la violencia por parte de Carabineros hacia la población civil durante el estallido social.

Días previos al encuentro, las redes sociales empezaron a organizar un llamado para realizar el famoso ‘turbazo’, hecho que se pudo haber evitado por parte de las autoridades. Por las redes sociales de TikTok e Instagram, diversos jóvenes publicaban fotos con mensajes de incitación a realizar este acto.

Al ser consultado el Ministerio del Interior, encargado de la Ley de Estadio Seguro, sobre las medidas que tenían proyectadas para el presente año en temas de seguridad y control. Desde el ente mencionaron que estaban trabajando para mejorar algunos puntos para el 2025.

“En la actualidad estamos con un trabajo legislativo, relacionado con las reformas a la ley 19.327 de derechos y deberes en los espectáculos de fútbol profesional, delimitando de manera más precisa las responsabilidades y ámbitos de competencia de cada una de las entidades que organizan partidos de fútbol profesional entre las temáticas que se perfeccionan”, señalaron.

En las discusiones legislativas ya se había deslizado la posibilidad del peligro «el turbazo». Se sabía. Se había hablado de cómo operaban ciertos hinchas para irrumpir en los estadios. Y, aun así, durante los cinco meses posteriores a esas conversaciones, no hubo ninguna medida concreta. No hubo acciones para la seguridad de otros asistentes o para prevenir la tragedia que ya se anunciaba.

 ¿Quién debía responder? Fue la pregunta que quedo. Algunos acusaron a Colo Colo, por ser dueño de casa. Otros, a la institucionalidad. El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, se plantó frente a los micrófonos días después con una frase que buscó evadir toda responsabilidad: “Un problema que ocurrió afuera se trasladó para adentro. Nosotros nos hacemos responsables de lo que ocurra adentro, pero no nos podemos hacer responsables de lo que ocurra en la vía pública”.

Mylan Liempi tenía 12 años

Lo cierto es que la ayuda llegó tarde y fue otro dispositivo de Carabineros quien auxilió a los heridos que fueron trasladados a la Clínica Bupa. Allí se comprobó la tragedia.  Los muertos eran dos. Ahora se investiga el hecho como apremios ilegítimos, tratos crueles e inhumanos cometidos por agentes del Estado.

Horas después se conoció el nombre del niño que había fallecido en el lugar. Mylan Liempi era hincha de Colo Colo desde hacía poco. El club Alegría Macul, donde jugaba Mylan, lamentó su muerte con una foto en homenaje: «Con mucha pena en nuestros corazones. Te recordaremos siempre, querido Mylan. Un niño muy alegre, siempre con una sonrisa. Descansa en paz, pequeño angelito».

Lo ocurrido en el Estadio Monumental no solo evidenció las graves falencias en materia de seguridad, sino que también marcó un punto de inflexión en la política pública. La renuncia de Pamela Venegas, jefa del plan Estadio Seguro, fue el detonante para su cierre definitivo que evidenció las malas gestiones acumuladas a lo largo de estos años. Hoy la responsabilidad de la seguridad de los estadios recae directamente al Ministerio del Interior. Sin embargo, el futuro de la gestión de eventos deportivos en Chile sigue siendo incierto.

Por Catari Riquelme y Catalina Yob

Hace frío en el resto del país, pero el calor en Antofagasta no cede. Son las diez de la mañana y Elizabeth está en pie desde hace cuatro horas. Lo primero que hace al levantarse es ayudar a su hija Kimberly (27) a prepararse para ir al trabajo y llevar a su nieto Isaac (1) al jardín que queda en la toma.

Los tres viven en el Macrocampamento los Arenales, un terreno fiscal de 11 hectáreas que alberga a más de 1.300 hogares. Ahí se erigen las casas de madera, en medio de familias golpeadas por el hacinamiento, la falta de un trabajo formal y donde el 80 % de los habitantes son migrantes. Elizabeth llegó hace  una década hasta ese lugar escapando de la violencia intrafamiliar. En medio de todo eso, campea la organización horizontal y la solidaridad.

 Elizabeth está sentada en el escritorio de la sede de la agrupación “Rompiendo Barreras”, de la que es presidenta. Se acomoda los anteojos, mientras revisa unos documentos en el computador y conversa con una mujer que está  sentada frente a ella. En su rutina no hay espacios en blanco. Responde  a esta entrevista a través de Zoom.

Está vestida con una polera roja de algodón y un moño improvisado que recoge su cabello platinado lo que que le da un halo de sabiduría.  

-Estoy haciéndole la visa a una vecina venezolana, pero puedo ir respondiéndoles algunas preguntas – dice con un acento peruano que se resiste a desaparecer, aunque ya lleva 31 años viviendo en Chile.

– ¿Es joda? No están entrando las documentaciones. Acá llega gente de todos lados. ¿De dónde viene usted, vecina?

-Del Yodo.

Los migrantes de Antofagasta saben que en Los Arenales hay asesoramiento para regularizar sus papeles, y son recibidos con gusto. Pero no siempre les pueden entregar buenas noticias: a veces se enteran de que han sido estafados  o que sus documentos no pueden validarse. 

Eso le ocurrió a la mujer sentada frente a Elizabeth. Sus hijos tienen cédula, pero ella no. 

¿Dónde se imaginan que quedan estos niños si se llevan a la señora?-vuelve a mirar la cámara, firme-. ¿En Mejor Niñez? De mejor no tiene nada.

Y tiene razón.

No existen cifras oficiales de la cantidad de niños y niñas migrantes en condición irregular en Chile. Es la población menos contabilizada y la más vulnerable de sufrir explotación laboral y trata de personas. Así ocurrió con el caso de la niña boliviana que fue vendida por su abuela a un matrimonio en Rengo. Como comentó el Fiscal  jefe de zona, Osvaldo Yáñez: “No tenía ningún registro oficial. Ella podría haber desaparecido y nadie se habría dado cuenta”, dice la dirigenta social.

Así comienzan la mayoría de los días del Premio Nacional de Derechos Humanos de 2022:

-No le reconoce el mail, vecina. ¿Entramos con el mío? Usted decide-le pregunta a la mujer-. Lo vamos a lograr, no te preocupes.

Elizabeth nació en Lima en el año 1967. Es la mayor de seis hermanos y apenas terminó el colegio, ingresó a un convento para convertirse en monja. Estuvo diez años haciendo votos temporales, hasta que la crisis económica del Perú de los 90- marcada por la hiperinflación y una devaluación brutal que devino en despidos, hambre y pobreza extrema -empujó a la joven Elizabeth a su primera batalla. Fue así cómo comenzó a repartir comida a escondidas de la congregación, aunque esto implicara faltar a su voto de obediencia. Tres meses más tarde, la descubrieron. Se defendió acudiendo a la Teología de la Liberación, el movimiento religioso que interpreta el Evangelio desde la perspectiva de los pobres y oprimidos. Poco después, renunció a la Iglesia y su mamá le aconsejó empezar de nuevo en Chile, donde estaba su hermana.

Tras años de celibato recuerda que se enamoró de Alberto, el padre de su hija de su hija Kimberly.

Llegó en 1994, con 27 años de edad y en pleno auge de la migración peruana al país. Comenzó trabajando como asesora del hogar. Su ex esposo tenía problemas con el alcohol y comenzó la violencia doméstica. Volvieron varias veces, en ese ciclo en el que muchas víctimas quedan atrapadas. Un día, a los 48 años de edad, decidió separarse para siempre. Su historia también la ve reflejada en sus vecinas.

Por todas esas cosas, ella la palabra pobladora no es peyorativa. Pobladora es la que se organiza, lucha y resiste. En sus propias palabras, se remite a la historia de Chile: la dictadura. Allí hubo unidad que pese a todo, para ella, ese tejido social entre la gente humilde, aún no se ha perdido.

«Los pobladores y pobladoras jugaron un rol importante en ese tiempo, algo que no se ha visto reflejado en la historia y que no se cuenta también, ¿no? Tuve la oportunidad de conocer a los antiguos pobladores de la Nueva Habana y ellos contaban cómo se organizaban, cómo formaban escuelas, cómo tenían en ese espacio un centro de salud y otras cosas (…) Todo en medio del miedo. Me siento como muy identificada con eso. Ellos dicen que nosotros somos la Nueva Habana del siglo XXI. Y eso me enorgullece. Cuando me dijeron eso por primera vez me puse a llorar», confiesa.

El 4 de septiembre de este año, la Quebrada El Way, ubicada al sur de Antofagasta, fue reconocida oficialmente como Monumento Histórico por el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN). La decisión,  por unanimidad, reconoció el significado histórico y patrimonial de ese lugar, donde en octubre de 1973, la Caravana de la Muerte ejecutó a 14 prisioneros políticos, en uno de los episodios más oscuros de la dictadura militar.

Elizabeth repasa esa historia y dice que este reconocimiento ocurriera hubo «una pelea» de diez años y que la gente del macrocampamento presentó 800 firmas de apoyo.

-La semana pasada ocurrió todo esto. Gente migrante, gente de campamento, gente que ni siquiera conocía tan bien la historia, pero solidarizó con el hecho y fueron parte de este proceso- dice.

***

Elizabeth también cuenta con un título de parvularia, aunque aseguran que es una trabajadora social innata, porque conoce a sus vecinos, sus historias, sus carencias y sus miedos. Sabe defenderse y oponerse a los discursos antiinmigrantes. Un día, en una entrevista radial, preguntó: -¿Alguno de ustedes le ha preguntado a algún migrante si de verdad quería abandonar su país? ¿Han visto las plantas de los pies a los que vienen caminando? Yo sí, y les hice masajes en los pies a cada una de esas vecinas.

Las primeras tomas de terrenos que hoy conforman el campamento comenzaron en 2015. La mayoría eran mujeres migrantes latinoamericanas quienes veían imposible el acceso a vivienda formal, muchas de ellas víctimas de la violencia machista. 

-¿Quiere un cafecito o un tecito?-pregunta Elizabeth con voz maternal al notar que la mujer no ha desayunado-. No, usted se pasa, vecina. Esta casa es de confianza, no es una oficina cualquiera. No vienen solo a hacer documentos, vienen a compartir su vida. ¿Usted dice que saber coser? Entonces venga a coser, armemos un proyecto juntas. Pero, ¿desde qué hora está acá sin tomar desayuno? No puede ser, vecina.

Se levanta del escritorio y camina hacia la cocina. En el trayecto, gira la cámara del celular para mostrar la casa de la agrupación Rompiendo Barreras.

-Allá está la sala de reuniones-dice-. Y ese rincón es donde se sientan las mujeres a chismosear y ver televisión. Acá es donde atendemos. Y arriba, en el segundo piso, tenemos dos piezas: una para las vecinas que escapan de la violencia intrafamiliar y otra para aquellas en situación de calle.

 Sabe por experiencia propia que cuando una mujer se separa, piensa y actúa desde la pena y el dolor. Lloremos, les digo. Pero empecemos a planificar lo que vas a hacer. Y aunque algunas vuelven con sus violentos. Si cien mil veces se separan, cien mil veces las vamos a recibir. Pero que sepan esos sinvergüenzas, que les están sacando la cresta, que ellas no están solas”.

-¿Azúcar o endulzante, vecina?-le pregunta a la mujer.

Elizabeth recuerda que durante la pandemia y el confinamiento obligatorio, mientras se disparaban las cifras de violencia intrafamiliar y las llamadas de auxilio aumentaban en un 148% según Sernameg, con el círculo de mujeres de Los Arenales crearon el Combo Feminista. “Pasaba que durante la madruga le pegaban a una y llamábamos a tres o cuatros mujeres, tumbábamos la puerta de la casa. Luego venía el proceso de denuncia y constatación de lesiones”.

-Miren, la vecina me ha hecho una torta de tres leches que me hace muy bien para la diabetes-se ríe con complicidad mientras entierra el tenedor en el bizcocho y lo prueba con satisfacción-. Mmmh. ¡Acá hay talento, eh!

Elizabeth tiene una forma de saborear la vida que no parece importar cuán complicada sea la situación. Porque el humor y lo colectivo la salvaron de perderse en su momento más oscuro. Cuando llegó al campamento, le decían: “¿Cómo vas a estar así? Tú eres una dirigenta, no puedes estar tomando ni llorando”. Por si fuera poco, también perdió su trabajo: se desempeñaba como parvularia hasta que la despidieron porque su ex marido iba a hostigarla, lo que consideraron una amenaza para el establecimiento. Entonces, se ofreció a cuidar a los hijos de las vecinas. Entre ellas trabajaban, a cambio de un aporte voluntario. Así nació el “Jardín Comunitario de Los Arenales”.

-Cada niño pagaba 10 mil pesos mensuales. Hacíamos rifas y bingos, porque les dábamos desayuno y almuerzo a todos- explica.

Comenzó a ir a reuniones y con Rompiendo Barreras logró organizar a los vecinos y vecinas en 17 comités. Gestionaron la electrificación del campamento, el acceso a agua potable y el estudio de mecánica del suelo. Realizaron su propio censo para precisar quiénes eran y crearon una encuesta para medir las aspiraciones de solución habitacional. Hoy, el proceso de radicación se encuentra en la etapa de diseño. 

Entre reuniones con el Ministerio de Vivienda y la consultora encargada del proyecto, Elizabeth no pierde el ritmo.

Es este espíritu el que los ha convertido en ejemplo de organización para otros campamentos. No sueñan solo con el derecho a la vivienda, sino con el derecho a la ciudad. La primera “ciudad latinoamericana” de Chile. A punta de lucha y organización, esa ciudad quedó plasmada en el Plan Maestro, el que promete la primera piedra del edificio a finales de este gobierno. 

Según el documento, Los Arenales será el corazón de la Bonilla. Tendrán un subcentro con una plaza central, servicios públicos de la Municipalidad, Registro Civil y Chile Atiende. También contarán con un piso para la cooperativa y emprendimientos locales. El último piso estará destinado a una guardería infantil y a un espacio para atender a víctimas de violencia de género.

“También vamos a tener canchas de fútbol, una radio y una cooperativa. Y queremos hacer un patio de comidas para que, en lugar de Kentucky o McDonald’s, esté doña Paty, doña Julia y doña Rosa con sus comidas peruanas, bolivianas y colombianas”, comenta Elizabeth.

-No hay nada que no se pueda resolver en esta vida, ¿vio? Imagínese si no hubiera tenido paciencia. Le hubiera dicho: “Váyase a su casa, vecina. ¡Qué me importa a mí que tenga cédula o no!”- comenta.

***

Es 25 de julio de 2022 y Elizabeth está a punto de recibir su premio en el Teatro Municipal de Antofagasta, el mismo día que su cumpleaños. Lleva un vestido de encaje negro, el cabello recogido en una cola muy prolija y un collar de perlas. La mitad de su rostro está cubierto por una mascarilla negra con las siglas MPVD, en alusión al Movimiento de Pobladores Vivienda Digna. Pero los ojos le brillan más que nunca.

-Invitamos a la mujer que nos convoca a subir al escenario para recibir el diploma que la inviste como Premio Nacional de  Derechos Humanos 2022 – anunció la dupla de presentadores.

Elizabeth sube por las escaleras laterales del escenario. Recibe el diploma y lo alza sobre su cabeza con ambas manos en gesto de triunfo hacia las mujeres y vecinas que la aplauden de pie. 

En el público está su hija Kimberly quien la mira con admiración. Más tarde dirá que en ese momento recordó su infancia en el campamento, el dolor de haberse separado de su abuela querida y el bullying que recibió en la escuela por ser peruana.  Ella incluso le escribió un rap a su madre.

Elizabeth continúa su discurso, hasta que deja de leer el papel que tiene entre sus manos y hace una pausa. Suspira y muestra un aparato blanco y ovalado del tamaño de un encendedor.

-Miren, yo traje algo -mira al público y hace sonar una alarma-. En la sala del teatro se expande un pitido fuerte, casi ensordecedor.

-Esto me lo entregaron a mí cuando corría un peligro inminente como mujer violentada. Me dijeron que me refugiara en una casa de cuidados. Ojalá que todas las instituciones sepan que las mujeres no tenemos porqué encarcelarnos, sino que tienen que encerrar a los que nos atacan-afirma con un tono potente. 

A tres años de ese día, Elizabeth reflexiona sobre el poder institucional que ha conseguido. Asegura que lo podría aprovechar para conseguir algún cargo político, pero le gusta más estar “del otro lado” y ver la cara compungida de las autoridades cuando la ven llegar. 

Recuerda un día que visitó el ex Congreso Nacional con presencia de diputados y senadores. “Cuando me tocó saludar, comencé por las honorables dirigentas pobladoras de San Joaquín y San Antonio, y al final por los diputados y senadores. Después se acercaron mis vecinas y me dijeron: Eli, eres una chuchesumadre. Se rieron y me abrazaron”, relata a carcajadas. 

-Ellas también son honorables y son importantes. Tomaron conciencia de tener un cuadro político que les diga quiénes somos, qué queremos y para qué estamos aquí. Podría aspirar a dar charlas internacionales y crear fundaciones. Pero a mí me gusta trabajar con mis vecinos, gozar de un bingo, de una rifa, hacer un plato único. Creo que ya no me corrompí. Voy a cumplir 58 y moriré así-dice segura mientras se ríe.

*Este texto fue parte de la sección Reportajes y perfiles impartido por la profesora Carolina Rojas.

Por Antonia Pérez y Javiera Moreno

Era el jueves 11 de mayo de 2017, cerca de las diez de la noche. Las calles de ese sector en la Población Las Torres, en Cerrillos, guardaban la calma habitual de los barrios residenciales al poniente de Santiago. Pero esa noche, en los pasajes que cruzan el parque frente a la 34ª Comisaría Vista Alegre de Carabineros, algo rompió el silencio. Fue rápido, de apenas unos segundos: primero, el estruendo seco del motor de un auto que se detuvo de golpe; luego, el sonido apagado de un cuerpo que cayó al suelo; y entonces vinieron gritos, golpes, alaridos. Todo esto alertó a quienes estaban cerca del lugar.

Un hombre había sido atropellado. Los cinco sujetos que venían en el auto, después de arrollarlo, se bajaron y lo golpearon y apuñalaron una y otra y otra vez, sin siquiera importarles que hubiera vecinos pasando por allí. Daniela Pino, habitante del barrio, fue la primera en llegar.

“Yo estaba en la esquina con unas amigas. Lo primero que atiné fue a gritar que lo soltaran y que alguien lo ayudara. Al parecer, mis gritos los asustaron y lo dejaron a media calle tirado”, recuerda.

Se acercó al hombre, se arrodilló a su lado y lo sostuvo en brazos. Han pasado ocho años y aún guarda en su mente imágenes que no puede borrar: el cuerpo tendido en el suelo, la sangre que brotaba de esas heridas que se veían tan profundas para luego colarse por el pavimento, el silencio denso de los minutos posteriores, y el último suspiro de ese hombre desconocido que cayó muerto ahí mismo, en plena calle, sobre sus piernas.

“Vi que pasaba una tens y le pedí ayuda para intentar que el hombre no muriera. Le vendé todos los lugares en donde lo habían apuñalado y le hice RCP, pero lamentablemente nada de eso lo salvó”, cuenta Daniela.

Poco a poco, otros vecinos fueron saliendo de sus casas. Algunos miraban desde lejos, otros se acercaron sin saber muy bien qué hacer. La escena era irreal, algo completamente inusual para ese lugar específico. Pasaron minutos que parecieron horas, y cuando por fin llegó la ayuda de los servicios de emergencia, ya era tarde. Daniela cuenta que fue “uno de los momentos más angustiantes de mi vida”.

Hasta ese momento, hechos como ese parecían ajenos a la realidad del barrio: se habían visto robos, también algo de narcotráfico a pequeña escala, pero ¿asesinatos? No, eso no. ¡Si incluso tenían una unidad policial a menos de una cuadra! Por eso es que esa noche marcó un antes y un después tanto para Daniela como para toda su comunidad.

Carabineros atiende a un homicidio ocurrido en la vía pública.

María Teresa Jara, otra vecina del barrio, afirma a Puroperiodismo que desde ese día todos parecían salir con miedo de sus casas. “Fuimos muchos los que presenciamos la situación, y sin duda nos causó un trauma enorme, porque no nos sentíamos seguros ni saliendo a comprar el pan”, dice.

Difícil que no haya sido así, pues cuando los muertos de la violencia aparecen donde antes no se veían, todo cambia. El miedo, la inseguridad, la sensación de abandono y de desconfianza se esparcen y se meten en los hogares, en las plazas donde juegan los niños, en los locales donde se compra lo cotidiano y en las calles donde antes se compartía en comunidad. Y eso, en tiempos en que esa violencia avanza en intensidad y presencia territorial, se hace cada vez más común.

Los datos tras el avance de las muertes violentas

Seis años después, en marzo de 2023, pasó algo similar en el barrio Los Cardenales de la comuna de El Bosque: un cuerpo apareció entre los matorrales que bordean la cancha de fútbol del sector. El cadáver estaba tendido boca abajo, entre la basura y el pasto seco. Pero la escena parecía no ser lo suficientemente fuerte como para interrumpir la tarde. Los niños lo veían desde lejos, pero no dejaban de jugar. Nadie se alarmó, nadie gritó. La muerte, en este rincón del sur de Santiago, como en tantos otros del país, hace rato que dejó de sorprender.

En los últimos años, Chile ha experimentado una transformación en su panorama de seguridad. Según el último Informe Nacional de Víctimas de Homicidios Consumados en Chile, elaborado por la Subsecretaría de Prevención del Delito y el Ministerio Público, en 2024 se registraron 1.207 víctimas de homicidio a nivel nacional: más de 100 en promedio por mes, es decir, unos seis por cada 100.000 habitantes. Y si la cifra parece alta –lo es–, hay algo positivo en ella, pues representa una disminución de la tasa en 4,8%, si se compara con 2023.

Los datos del informe dan otras pistas sobre cómo evoluciona la violencia: en al menos la mitad de los casos se usan armas de fuego y, aunque vienen a la baja (en 2018 eran el 47,3%), el año pasado un 35,6% de los casos estuvo vinculado a grupos del crimen organizado. Y otra cosa que se mantiene: 6 de cada 10 víctimas de homicidio muere en la vía pública.

El dato general no refleja las realidades que se viven en las distintas regiones. Si bien a veces las cantidades de víctimas parecieran no ser tan altas, cuando se analizan las tasas para la comparabilidad de los territorios, surgen datos realmente preocupantes. Por ejemplo, en los últimos años, las regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá han llegado a tener tasas de hasta 17,5 y 13,5 personas asesinadas por cada 100 mil habitantes, respectivamente, muy por encima de los promedios nacionales y más cercanos a los datos de países como Guatemala y Paraguay (ver datos en Statista). En la Región de Aysén, si bien hubo tan solo 10 víctimas de homicidio en 2024, la tasa fue de 9,2. Eso sí, la Región Metropolitana (RM) sigue concentrando por lejos la mayor cantidad de homicidios consumados en el país, con el 45,7% de casos: 552 víctimas en 2024, seis menos que el año anterior.

El aumento de la violencia ha sido especialmente notorio en comunas del cinturón periférico de Santiago, como El Bosque, La Cisterna, La Granja, La Pintana o Lo Espejo, entre otras, que son consideradas “zonas de alto riesgo”. El Gobierno Regional Metropolitano afirmó en el marco de la Red de Observatorios para Delitos Violentos que el 34% de todos los homicidios de la RM se concentran en estas comunas, y el 60% de estos crímenes son cometidos con armas de fuego.

En los últimos meses, solo en Santiago se han registrado diversos casos de muertes violentas, como el cuerpo que se encontró en la cuesta Barriga, o de unos sujetos que siguieron a su víctima hasta el subterráneo de su edificio. A comienzos de marzo de este año, específicamente el jueves 6, hubo cuatro homicidios violentos en diferentes comunas; Ñuñoa, Recoleta, La Granja y San Bernardo. Y, lamentablemente, hechos como estos no son aislados, y en las noticias se muestran cada día. Los datos reafirman que los fines de semanas son cuando mayoritariamente ocurren estos asesinatos: se han llegado a contar hasta nueve homicidios en esos días.

En contraste, según datos del Centro de Estudios y Análisis del Delito (CEAD), comunas del sector oriente, como Las Condes, Lo Barnechea o Vitacura, presentan cifras significativamente más bajas de homicidios. Entre 2022 y 2024, Las Condes registró ocho, Lo Barnechea tres y Vitacura solo uno.

Esta disparidad en las cifras refleja lo que Santiago siempre ha sido: una ciudad fragmentada, donde la violencia se concentra en ciertos sectores, mientras otros permanecen relativamente ajenos a esta realidad, aunque el cerco cada vez se ha ido corriendo más. Y con ello, la percepción de inseguridad ha incrementado, afectando la calidad de vida de los habitantes y generando cambios en sus rutinas diarias.

Cuando la muerte irrumpe la tranquilidad

El director del Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile (CESC), Hugo Frühling, explica que cuando las personas sienten que corren un riesgo real de ser víctimas de un delito es cuando se “tienen consecuencias perceptibles, como el abandono de espacios públicos, renuencia a salir de noche, desconfianza interpersonal y modificación de conductas”.

La psicóloga clínica Javiera Sánchez explica que, al vivir una experiencia traumática, como la exposición a la muerte –directa o indirectamente–, pueden generar diversas consecuencias: desde malestar psicológico intenso hasta reacciones fisiológicas. “La percepción de seguridad podría verse alterada, siendo uno de los síntomas del estrés postraumático, trastorno que puede desarrollarse a partir de este tipo de experiencias. Predominan pensamientos o sentimientos angustiosos, miedo, culpa o rabia”, señala.

Además, advierte que el contexto social también se ve afectado: “La sintomatología descrita puede provocar una disminución en la participación de actividades comunitarias, lo que afecta el sentido de pertenencia y, en consecuencia, contribuye al deterioro del bienestar emocional colectivo”.

Algo que es clave en todo esto es la capacidad de respuesta de las instituciones encargadas de prestar asistencia: si no es oportuna ni eficiente, todo se agrava; la incertidumbre, la desesperanza, el miedo y la desconfianza. Así ocurrió con el asesinato en Cerrillos de mayo de 2017. “Estuve esperando una hora que llegaran Carabineros y la ambulancia, siendo que tenemos a menos de una cuadra ambos servicios”, recuerda Daniela, y afirma que esto la dejó a ella y a sus vecinos incluso más atemorizados. Se sintieron desvalidos, abandonados.

Imagen de una de las tantos homicidios ocurridos en Santiago en los últimos años.

Magaly Pérez vive a solo media cuadra de donde ocurrió ese homicidio y refuerza lo que Daniela: “¿Cómo no me voy a sentir insegura, si teniendo la comisaría acá al frente no son capaces de llegar a tiempo? Si pasara otro incidente de este tipo, ¿qué respuesta tendríamos?”.

Los días posteriores fueron peores para Daniela, ya que no dejaba de recibir amenazas. “Yo conocía a los que hicieron esto, entonces pensaron que yo le iba a decir a los ratis que habían sido ellos. No me dejaban tranquila, hasta que se dieron cuenta que no había dicho nada”, explica.

En la Población Las Torres, en Cerrillos, a pesar de ya haber pasado años de lo ocurrido, aún se habla de ese cuerpo que atropellaron, golpearon y apuñalaron en su calles. Pero en otros lugares, como en Los Cardenales El Bosque, ya nadie pregunta por los muertos, como quedó en evidencia con ese cuerpo que encontraron en los matorrales.

“Ya es normal encontrarlos por aquí”

Era un sábado o domingo por la mañana; Catalina –cuyo nombre completo no mencionaremos como medida de protección– no logra recordar muy bien el día que no pudo cruzar la calle para ir a comprar porque había cintas policiales que impedían el paso. Demarcaban un espacio cercano a la cancha vecinal de Los Cardenales donde ella vive, ya que el cuerpo de un hombre yacía sin vida en la calle. Los recolectores de basura fueron quienes se percataron en primer lugar de esta situación y los vecinos alertaron a las autoridades y al resto de la comunidad.

Quienes residen en aquel sector de la comuna de El Bosque dicen, tristemente, ya estar familiarizados con estas situaciones. Para ellos un muerto en la calle no es algo que les cambie la vida, ni mucho menos que esté en la conversación colectiva más de una semana. Pero este caso llamó particularmente la atención de los vecinos debido a los altos signos de violencia que presentaba el cadáver en la parte superior de su cuerpo. Al principio, cuando Carabineros llegó al lugar, detuvieron a una madre y a su hijo con síndrome de Down, ya que ella misma lo había acusado de ser responsable del homicidio.

Sin embargo, los investigadores concluyeron que las heridas que presentaba la víctima no podían haber sido provocadas por alguien sin conocimientos específicos, especialmente una profunda herida en el cuello que apuntaba a un asesinato planificado. Es decir, el joven acusado no tenía las capacidades para haber cometido el crimen. La persona encontrada muerta era pareja de una de las hijas de la mujer que denunció, y después se sabría que fue asesinado por un sicario que, en ese momento, era pareja de la madre.

“A mí no me afectó nada porque eso es algo que pasa siempre por acá. O sea, como que por acá siempre matan gente, entonces no es como tan raro (…) De hecho, hace como dos o tres meses atrás había una pelea entre dos familias y como que se mataban entre ellos, primero unos y luego los otros” comenta, ya acostumbrada, Catalina.

Esa reacción no es rara entre quienes se ven expuestos regularmente a este tipo de situaciones. La psicóloga Javiera Sánchez explica que “en el caso de aquellas personas que por diversos motivos deben estar expuestas a situaciones traumáticas de forma constante y/o a largo plazo, podría generar incluso un cambio de comportamiento, volviéndose más desconfiados, por lo tanto, híper vigilantes, estar en un constante estado de alerta, por miedo a que vuelva ocurrir una situación, comportamiento irritable”.

Catalina menciona que al lugar donde ella vive no entra Carabineros, a no ser que haya casos muy específicos, como fue en este, pues es considerado un “sector rojo”, donde constantemente ocurren robos, asesinatos, balaceras. Si no va la televisión a cubrir la noticia, pocos en el barrio le prestan mayor atención.

“Siempre he vivido aquí en el sector, en distintas casas de por aquí, y toda la vida ha sido peligroso. Un caso súper conocido es el de un cabro que era de situación de calle. O sea, él tenía su casa, pero andaba siempre en la calle, y lo encontraron muerto como en un potrero. Llegaron los pacos y no hicieron nada. También al compañero de colegio de una de mis primas lo mataron en su casa y tampoco hicieron nada”, afirma Catalina.

La costumbre de escuchar balas fuera de sus casas, saber cuándo las personas que viven en el sector andan arrancadas y las peleas constantes insensibilizaron a los vecinos. Si bien les gustaría poder tener una vida más tranquila, ya están acostumbrados a estas situaciones, como si eso de andar encontrando muertos en las calles fuera lo normal. Pero no por eso no hacen nada. Han optado por poner cámaras de seguridad en puntos estratégicos y cerrar sus pasajes con portones, y optar a las alarmas comunitarias con la idea de poder tener un poco más de control en su seguridad.

Esto se ve reflejado en lo que comenta el experto en seguridad Hugo Frühling: “Chile ha ensayado diversas intervenciones a nivel barrial en los últimos 20 años. Si bien ello ha llevado a inversiones interesantes, no existe a la fecha una rigurosa evaluación de impacto de esos programas puesto al día actual”.

Las historias de Cerrillos y El Bosque no son excepciones, y relatos y experiencias similares se pueden hallar en distintas zonas del país, ya no tan intermitentemente. Cada vez que sucede, es noticia, pero en algunos sectores pareciera que ya no lo es porque la violencia ya no irrumpe la rutina; es la rutina. Y la muerte que de allí surge deja de causar conmoción para convertirse en parte del paisaje cotidiano, como los portones cerrando pasajes o las cámaras en los postes.

Por Laura Solís Palma y Sofía Vera García

*Advertencia de contenido: Este reportaje contiene descripciones y referencias a situaciones de abuso sexual infantil y otras formas de violencia explícita. El contenido puede resultar perturbador para algunos lectores. Se recomienda discreción y, en caso de ser necesario, buscar apoyo emocional o profesional.

Hijo de un oficial mayor de Carabineros, Gabriel siempre tuvo el sueño de entrar a la Policía de Investigaciones (PDI) y convertirse en detective. Esas eran sus expectativas hace 9 años, cuando vio un video del youtuber venezolano Dross Rotzank en el que se refería a las cosas extrañas que se daban en Second Life, una comunidad virtual, un simulador que existe hace más de 20 años en la que millones de usuarios de todo el mundo pueden construirse identidades ficticias, interactuar entre sí e, incluso, intercambiar servicios; lo más cercano a vivir una vida paralela bajo el anonimato que otorga Internet.

Ya en 2007 la plataforma había hecho noticia, luego de que en Alemania revelara la existencia de redes de pederastia, violaciones virtuales y otras parafilias. De ese tipo de cosas hablaba también el video que vio Gabriel. Era poco lo que se documentaba respecto a los pedófilos en línea en aquel entonces, y aún había mucho por saber en cuanto a cómo se manejan, qué señales usan y cómo operan; y a él le interesaba descubrirlo.

Dice que fue por problemas económicos que, al final, no pudo entrar a la PDI ni formarse como policía. Solía trabajar en una empresa de reparación de consolas, pero la necesidad de averiguar qué ocurría dentro de este mundo virtual no amainaba. Apenas cumplió la mayoría de edad, se registró, creó un avatar personalizado y pasó a ser parte de la comunidad.

“Él [Dross] había contado que pasaban cosas extrañas y raras dentro de este simulador, como si fuera la Internet oscura, pero me dediqué a investigar para ver si lo que él contaba era cierto. Cuando entro, descubro todas las cosas que están pasando dentro del simulador y descubro que cada vez hay usuarios más raros. Dije: bueno, quizás no pude ser un investigador de manera oficial en mi vida real, porque tenía que trabajar para mi familia, pero en Second Life puedo investigar esto que está mal”.

Fue así que nació Infugatito, la identidad que Gabriel –cuyo nombre completo prefiere mantener en el anonimato– creó para existir en las redes sociales, entrar en estas plataformas e investigar desde adentro posibles casos de pedofilia y otros tipos de abusos y delitos.

“Hay gente que activa su micrófono y habla con modificador de voz, como niña pequeña, y todas las cosas que sean para poder recrear su desviación en un 100%. A ellos no les interesa realmente cómo seas tú en la vida real”, dice el influencer que en TikTok ya cuenta con casi 214.000 seguidores y que en Youtube suma 11.300 suscriptores. Allí se presenta a sí mismo como “un gato detective que informa sobre el lado oscuro de los mundos virtuales”.

Para quienes no pertenecen al mundo de los videojuegos, esto puede parecer confuso o hasta inentendible, pero es la forma en la que actualmente se está operando en ciertas plataformas, donde la misma PDI está consciente de que se reúnen personas con intereses perversos.

Second Life fue creado por Linden Lab, una empresa estadounidense fundada por Philip Rosedale, y lanzado oficialmente en 2003. A diferencia de los videojuegos tradicionales, Second Life no tiene un objetivo fijo o reglas establecidas, sino que ofrece un entorno donde los usuarios pueden explorar, socializar, crear contenido digital, comprar terrenos virtuales, y participar en una amplia variedad de actividades.

Este mundo virtual tiene su propia economía, basada en la moneda virtual Linden Dollar (L$), que puede cambiarse por dinero real. Los usuarios tienen la posibilidad de crear y vender bienes y servicios, lo que ha llevado a que algunos “residentes” –como se les llama los usuarios– puedan ganarse la vida dentro del juego. Y en ese mundo es donde Infugatito ha desplegado su cruzada para correr el velo y evidenciar prácticas que pueden constituir delitos y poner en riesgo a las personas.

Imagen del avatar que suele usar Infugatito en la plataforma Second Life.

Refugio de mentes perversas

No es común que se encuentren niños, niñas o adolescentes jugando en el simulador, más bien, es una plataforma para adultos que pueden realizar compras dentro del programa. A diferencia de juegos como Roblox o Fornite, ellos no llegan a una conversación con los menores, sino que hablan entre adultos que simulan ser personajes con características muy específicas. Infugatito ha documentado distintos roleplays que se ha encontrado en la plataforma, tal como un adulto que tiene un avatar de un cura, mientras otro finge ser un niño, todo esto para llegar a simular un encuentro sexual entre los personajes.

En el simulador no solo se recrean escenas de pedofilia, también se comparten imágenes de mujeres siendo abusadas, personas mutiladas, violencia infantil, zoofilia y una infinidad de parafilias y fetiches sexuales que rozan lo ilegal.

“Los genitales de los avatares se moldean de una manera tan perfecta para que ellos puedan tener cosas más +18 (…) En cuanto a tamaños, de que se pueda expandir la parte de atrás del avatar, la parte delantera también e incluso la de los avatares masculinos, y todo esto ya lo he documentado y lo he grabado ¿Por qué va a ser necesario crear aparatos reproductores tan diminutos y pequeños para un niño de 10 años, 8 años?”, dice.

Cabello verde agua, de apariencia femenina y ropa oscura, pero llamativa, es el avatar que maneja Infugatito en su labor de denuncia a cuentas de Second Life. Su apariencia de mujer joven lo ha llevado a recibir particulares tratos dentro de este simulador y así comprobar las extrañas fantasías que algunos usuarios buscan recrear en este juego.

“Se ha invertido como unos 150 ó 200 dólares de los cuales yo no puse ni un solo dólar. Todo me lo dieron en el mismo simulador, simplemente por el hecho de ser una niña pequeña y los mismos tipos con avatares extraños de pizza o con apariencia de adultos mayores, me daban dinero solamente porque me encontraba atractiva. Con este mismo dinero que ellos me han dado, yo me he contactado con estas personas y he documentado y grabado”, cuenta Gabriel.

Infugatito además maneja otras cuentas secretas, las cuales no expone en sus redes sociales, las que usa para hablar de ese lado oscuro del videojuego y denunciar estas prácticas. Su investigación lo ha llevado a ser expuesto y acosado más de una vez por parte de quienes prefieren que sus prácticas cuestionables sean llevadas en anonimato.

Una vez manejando el funcionamiento y lenguaje de estas comunidades en Second Life, Gabriel los persuade a estos sujetos para conversar de forma directa. Si acceden, le comparten un enlace a Telegram en donde se realiza el intercambio de contenido de abuso a menores, siempre y cuando antes, haya existido una suma de dinero de por medio o una conversación de confianza a través de qTox, un servicio de mensajería confidencial que utilizan varios de quienes navegan por la Deep Web.

Capturas del simulador Second Life hechas por Infugatito. En este juego se pueden recrear distintos avatar, incluso con imágenes reales de niños, y escenas que simulan relaciones sexuales entre los personajes, sin importar la edad o la apariencia física.

Mauricio Araya es comisario y psicólogo de la Brigada Investigadora del Cibercrimen Metropolitana de la PDI. Cuenta con 12 años de experiencia en el área de explotación sexual de menores de edad a través de Internet, además ha pasado años estudiando todas las señales y la codificación que usan los pedófilos en línea para atrapar a sus víctimas.

“Estar expuestos a ese material es terriblemente nocivo. Nadie quiere toparse ni por accidente con una imagen de una guagua o de un niño de 3 años siendo violado, es horrible. La reacción normal es que te de vómito, no puedas dormir, la imagen quizás hasta te traumatice de alguna manera”, dice el agente de la PDI.

Es por esto mismo que Infugatito, una vez que obtiene el canal de Telegram por el cual se comparte este contenido, no ingresa y realiza la denuncia en el servidor de la aplicación, tal como lo hace en Second Life.

Como contexto, hay que comprender que dentro de ese juego se pueden crear mapas o mundos virtuales, lo cual conlleva en mantención y creación un precio cercano a los 400 dólares al mes. Es aquí en donde Gabriel descubre que se crean situaciones y avatares para recrear las parafilias morbosas de algunos usuarios, en donde ellos toman el control del escenario y, además, se comparten archivos que contienen material ilícito.

Gabriel cuenta que no es fácil investigar estos delitos. Los primeros hallazgos se dieron en 2007, gracias a un policía alemán que descubrió el tráfico de material de abuso infantil que se compartía en la plataforma. La denuncia tomó revuelo internacional y el hecho obligó a los creadores de Second Life a ajustar sus políticas y poner un poco más de restricción a los usuarios maliciosos, estableciendo barreras de entrada a menores de edad, pero claramente nada de eso funcionó, o al menos no del todo, pues Gabriel sigue encontrando este tipo de tráfico todos los días.

Además de que han compartido información personal de Gabriel y ha recibido amenazas, la carga emocional es otro problema con el que tiene que lidiar; conocer esta parte retorcida de la humanidad puede llegar a ser desgastante y desilusionador, es por eso que expertos como el comisario Araya recomiendan no entrar a los links privados, no ver el material explícito y hacer la denuncia al juego y la policía correspondiente al país.

El rol de la Policía

“Están los pedófilos sádicos que les gusta o sienten tienen excitación no solamente con ver un niño o niña desnudo; quieren ver la humillación del niño, quieren ver el dolor del niño, es decir, les excita cuando los niños están llorando, pidiendo por favor que los dejen en paz, eso es algo que a ellos les genera excitación”, explica Araya.

La PDI trabaja de forma internacional con la INTERPOL para la persecución de estos delitos, y en Chile se han entregado reportes importantes sobre la captura de estos depredadores sexuales.

En julio de 2022, en el marco de la llamada Operación ORION 1, culminaron más de 70 investigaciones que en una estrecha coordinación entre PDI y el Ministerio Público, permitieron detener a 55 personas por delitos vinculados al abuso o explotación sexual de niños, niñas y adolescentes a través de Internet. En 2023, la Operación ORION 2 logró la detención de 95 imputados que participaban del consumo y almacenamiento en línea de material pornográfico infantil.

En la misma línea, la Subsecretaría del Interior señaló en 2022 que de acuerdo con datos del Ministerio Público, durante el primer semestre de ese año hubo 18.000 niños que fueron víctimas de algún tipo de delito sexual, de los cuales cerca de 15.000 eran niñas. Por tanto, cuando se habla de la lucha del crimen complejo, del crimen organizado, no solo se habla de narcotráfico, lavado de activos, contrabando o tráfico ilegal de migrantes, sino también de este tipo de delitos.

En la segunda operación ORION hay cifras alarmantes: fueron incautados 2,22 terabytes de datos, equivalentes a más de 25 mil videos y sobre 222 mil imágenes explícitas con material de abuso o explotación sexual infantil. Aunque las policías trabajen duro para combatir estos delitos, las consecuencias parecen no ser suficientes. Además, los perfiles de quienes cometen estos actos están lejos de parecerse al prejuicio clásico que se tiene de estos individuos.

Infografía realizada por la PDI sobre los resultados de la Operación ORION 2.

“Lamentablemente, la pena por almacenar material infantil es baja, por lo general. La mayoría de las veces quedan con firmas mensuales. Los pedófilos son gente que tú los ves y vas a decir: que extraño, él se veía tan bueno, es mi vecino. Hemos tenido médicos detenidos, abogados, ingenieros, profesores, psicólogos, bomberos, nutricionistas; es súper transversal este delito, tanto en comunas de alto nivel socioeconómico como también en lugares de bajo nivel”, explica Araya.

Según expertos en ciberseguridad, uno de los mayores retos para las autoridades es precisamente la capacidad de los delincuentes de disfrazarse bajo la apariencia de avatares inofensivos, mientras que el sistema de moderación y las regulaciones del propio juego son insuficientes para frenar estas actividades ilícitas. El problema no radica solo en el simulador, sino en cómo plataformas externas como Telegram y la Deep Web se utilizan como canales para compartir material ilegal, lo que complica aún más las investigaciones y refuerza la impunidad.

¿Existe un final?

Una posible teoría sobre por qué Second Life no cierra, a pesar de las actividades ilegales que ocurren dentro del juego, es que la plataforma representa una fuente importante de ingresos y popularidad para su empresa matriz, Linden Lab. Desde su lanzamiento en 2003, Second Life ha generado un microcosmos virtual que, a pesar de los problemas, sigue atrayendo a millones de usuarios que participan en diversas actividades legítimas, desde el comercio virtual hasta la socialización, el arte y la educación.

Es posible que la empresa prefiera mantenerse al margen, argumentando que no puede controlar todo lo que hacen los usuarios y que no es responsable de las acciones ilegales de unos pocos. Además, implementar controles más estrictos y vigilar constantemente la plataforma implicaría altos costos, lo que podría ser otra razón por la que prefieren mantener el juego tal como está, pese a los problemas.

Hay un dato relevante que puede poner en peligro a los NNA de forma más directa. En este momento, la aplicación de Second Life en celular solo es para usuarios premium, pero pronto va a salir una versión gratuita, por eso cambiaron las normas. Ahora podrá entrar cualquier persona y los niños se verán atraídos a mapas con temática infantil, pero dentro de estos mapas puede haber adultos que buscan víctimas.

Gabriel o Infugatito, se siente como un aporte en lo que respecta a denunciar estas cuentas y difundir los peligros del mundo virtual a aquellos usuarios que podrían ser víctimas de esta difusión de imágenes, o toparse con material de abuso de forma involuntaria. Su objetivo es hacer crecer su comunidad en redes sociales para que otros usuarios se sumen a esta especie de caza virtual y puedan ayudar a proteger a víctimas que ya han sido expuestas en el juego.

“Yo por lo menos sé que ahora estoy buscando como expandir la comunidad y que más gente entre y descubra que es una realidad, porque esto ya ha tenido mucho avance. Muchos mapas han sido cerrados, cada vez más usuarios han sido quitados y muchas fotografías y dinero se han perdido. Hemos logrado, por lo menos, lo importante: erradicar a estas personas y que tengan miedo, que ya no quieran volver a repetir el mismo patrón de compartir fotografías de niños reales”, dice mientras explica que hoy es posible dedicarse a esto, en gran parte, a esta gracias al apoyo de su comunidad de seguidores y suscriptores.

Por su parte, la PDI está en constante investigación de estos casos, pero para que puedan seguir avanzando es muy importante que la comunidad denuncie cuando ven algo extraño en videojuegos o redes sociales. También se hace un llamado a los padres o tutores de NNA para que cuiden a las infancias en el mundo virtual, como dice Mauricio Araya, los pedófilos están más a la vista de lo que se cree.

Canales de denuncia: Si toman conocimiento de un usuario que podría estar siendo partícipe de distribución, almacenamiento o comercialización de material de abuso a menores de edad, se debe hacer la denuncia. Esto puede ser en cualquier unidad policial del país, inclusive, ni siquiera es necesario salir de casa, se puede hacer vía web en: www.fiscaliadechile.cl y en caso de querer comunicarse con la policía de investigaciones, se puede llamar al *4242.

Por Tomás Golzio y Ailine Jodre

“Quiero compartir con ustedes una noticia que marca un hito en nuestra historia institucional”. Con esas palabras comenzó el anuncio que hizo el rector José Sanfuentes ese lunes 30 de septiembre y que sin duda descolocó a toda la comunidad del Instituto Profesional ARCOS. Fue entonces que dijo a todos que el cierre de la casa de estudios ya era una realidad que estaba a la vuelta de la esquina. Tras 42 años de funcionamiento, el IP bajará definitivamente la cortina. Para enero del próximo año, la sede de la Región de Valparaíso, ubicada a orillas del mar, pasará a manos de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, que la absorberá y acogerá a sus estudiantes y sus respectivas carreras.

Sobre el nombre de la institución que se quedará con la Casa Central del IP, en Peñalolén, aún no se sabía nada en ese momento, pero se estaba negociando. Lo decía Sanfuentes en el segundo párrafo de la carta: “En la Región Metropolitana estamos generando una alianza similar que está en proceso y que aún no podemos anunciar en detalle, pero que estará resuelta el 30 de octubre”.

Ese plazo venció la semana pasada y, en efecto, salió humo blanco: la continuidad en Santiago estará a cargo de la Universidad de Las Américas (UDLA).

Según las palabras del rector, la decisión de cerrar se debe a los cambios ocurridos en el mundo de la educación superior durante los últimos años y, en particular, a los efectos financieros que tuvo la política de gratuidad sobre la sostenibilidad del proyecto educativo.

El IP ARCOS fue uno de los primeros institutos profesionales que adscribieron a la gratuidad en 2017, lo que les permitió dar acceso a un mayor número de jóvenes a su oferta formativa en áreas de carácter creativo, en carreras como comunicación audiovisual, fotografía, música, actuación, entre otras. De 2.404 estudiantes ese año, pasaron a tener una matrícula de 4.200 en 2024, es decir, un 75% más. Y la mayoría de quienes hoy estudian allí tienen algún tipo de beca: 69% se financia a través de la gratuidad, un 6% con la Beca Covid ARCOS y apenas el 25% lo hace con pago personal o copago. Y ese modelo, al final, les “pasó la cuenta”. Sanfuentes explicó que el hito que los sentenció fue la resolución de la Subsecretaría de Educación Superior que en abril de este fijó los nuevos aranceles de gratuidad, lo que significó para el instituto una reducción del 43% en los ingresos percibidos.

Campus Valparaíso de IP ARCOS (FOTO: arcos.cl)

Desde 2017, ARCOS recibía poco menos de $3.584.965 anuales por cada estudiante beneficiado con gratuidad. En 2025, eso cambiaría y el arancel regulado se reduciría hasta apenas unos $2.054.669. Aun manteniendo los gastos sin ninguna inversión ni recorte presupuestario, el rector aseguró que la institución presentaría un déficit anual de más de $3.372 millones. Dijo Sanfuentes en su discurso de fines de septiembre: “Incluso, si obtuviéramos acreditación de excelencia en 2026 –lo cual implicaría mayores ingresos–, el déficit en el presupuesto anual sería de $2.000.579.074”, lo que sepulta toda viabilidad de continuidad académica.

El cierre voluntario ya fue anunciado al Ministerio de Educación (Mineduc), a la Superintendencia de Educación Superior y a la Comisión Nacional de Acreditación (CNA). Con ello, el IP ARCOS pone fin a una historia que comenzó cuando abrió sus puertas en 1981, convirtiéndose en un referente por ofrecer una alternativa de formación profesional comprometida con la innovación y la expresión artística, especialmente en un contexto en el que la oferta de este tipo de disciplinas sufría escasez en nuestro país. ¿Cómo se dieron los cambios que llevaron a esta decisión y cómo ha impactado la noticia al interior de la comunidad educativa? Puroperiodismo te lo cuenta en este reportaje.

El trasfondo de la crisis

Puroperiodismo conversó con Amanda Castro, profesora de la escuela de música en ARCOS y, desde diciembre de 2023, presidenta del sindicato de trabajadores del IP (*). Ella explica que en abril de este año la dirección convocó a todos los y las funcionarias a una reunión en la que se les informó que, si bien aún no ocurría, los cambios en el arancel llevarían a ARCOS a una muy posible crisis financiera en 2025. Para no alarmar a los trabajadores, se les dijo que estaban buscando todas las opciones posibles para no caer en el cierre del instituto, que de eso trataban las conversaciones con el Mineduc y la Subsecretaría de Educación, así como también evaluando opciones de créditos externos. “Esa fue la información preliminar en medio de este periodo desde abril hasta el 30 de septiembre, cuando fuimos comunicados por el rector con la decisión final”, dice.

Después de cinco meses de conversaciones en que todo iba a quedar en una “crisis para el 2025”, la solución sería completamente distinta: ARCOS sería absorbido por otra institución de educación superior, siendo esta la única garantía para que los y las alumnas puedan tener continuidad de estudios. Pero, ¿qué pasará con todo su cuerpo docente y funcionarios administrativos? No se sabe ni se ha dicho. De momento, en la incertidumbre, quedan a la deriva, sin saber si ellos también contarán con continuidad laboral. “Los únicos que quedamos en crisis económica aquí somos los trabajadores”, agrega la presidenta del sindicato.

Castro señala que la matrícula de pregrado ha ido en constante aumento, y que incluso en la pandemia por Covid-19 los números fueron al alza, por lo que situación actual no es crítica, pero sí el escenario futuro. Según ella, “ARCOS no está actualmente en crisis económica. De hecho, los últimos años ha aumentado sus ganancias, tiene sus arcas llenas y, en el fondo, la decisión es justamente para evitar vaciar esas arcas económicas para poder solventar la ‘crisis’ [que todavía no ocurre] con los ahorros que tiene la Corporación. Entonces, para evitar eso, al final se tomó la medida de cierre”.

¿Cómo es que cierra una institución de educación superior?

No es primera vez que un establecimiento de educación superior cierra sus puertas por inviabilidad de su proyecto educativo. Pasó con la Universidad ARCIS, otra institución que velaba por la formación de las artes y las ciencias sociales, que se fue a quiebra y tuvo que cerrar definitivamente en 2021 (aunque en la práctica ya había dejado de funcionar hacía años). Así también ocurrió con la Universidad del Mar, cuyo cierre oficial y definitivo fue el 28 de febrero de 2019, siete años después de haberse ido a pique. Y están también en la lista las universidades Del Pacífico, Iberoamericana y otras más. No obstante, los cierres de estas casas de estudio no fueron por la misma razón que por la que va a terminar de dar sus clases el histórico IP ARCOS.

Según comenta Gonzalo Donoso, jefe de la división de Educación Técnico Profesional de Nivel Superior en la Subsecretaría de Educación, de acuerdo con la normativa vigente, los cierres de este tipo de instituciones pueden ser de dos tipos. La primera son los cierres forzosos, regulados por la Ley N°20.800, esto se refiere a cuando existen antecedentes suficientes de incumplimientos graves y es la autoridad la que decreta poner fin al proyecto, para buscar asegurar una solución a los estudiantes respecto a su derecho a la educación.

Por otro lado, se encuentran los cierres voluntarios, regulados por la Ley N°20.129 y la Resolución Exenta 1.373 del Ministerio de Educación del año 2022. Este tipo de cierre aplica cuando una institución determina autónomamente no continuar con su proyecto educativo, dando cumplimiento a todas las obligaciones contraídas tanto con sus trabajadores como con los estudiantes.

“El ciclo de vida de cualquier institución de educación superior está supeditado a diferentes situaciones y condiciones internas, las que se resuelven en el marco de su propia autonomía. En este caso, el cierre del IP ARCOS responde a una decisión voluntaria de la propia institución y que ha sido oportunamente informada a las instancias que la normativa establece, para lo que se han seguido los conductos regulares”, explica Donoso.

Un futuro incierto

Bien se sabe que la continuidad educacional se regirá de igual manera en las nuevas instituciones que absorberán a ARCOS dentro de poco tiempo, pero ¿qué pasará con los trabajadores?

Amanda Castro responde a esta interrogante en base a asambleas en las que, como sindicato, pudieron recoger ese tipo de información, así como también las dudas, el miedo y el sentimiento de estrés constante que ha influido en la calidad del trabajo desde el 30 de septiembre hasta la fecha.

“La empresa tiene un discurso por escrito y otro verbal y comunicacional. Esa dicotomía hace que los trabajadores estén con desconfianza. Necesitamos garantías concretas para tener, por lo menos, un cierre de año más tranquilo, porque ahora estamos todos en un modo de supervivencia”, dice la dirigente sindical.

Según la presidenta del sindicato, el rector en múltiples ocasiones les garantizó que “un 90% de los trabajadores va a tener continuidad laboral”, sin embargo, esto no lo consideran a menos que exista un documento escrito que oficialice esas conversaciones, puesto que hay funcionarios, docentes y administrativos que el 31 de diciembre ya no contarán con sus puestos de trabajo. Ahora bien, la idea del sindicato es elaborar un programa que pueda compensar los años de trabajo y así poder entregar un finiquito que sea justo para cada persona que sea afectada con esta situación.

“Estamos trabajando con abogados sindicalistas para ver todo cómo se hace en este último tiempo, el cierre del sindicato y la protección a los trabajadores es lo más importante, en su máxima expresión”, culminó la docente.

Impacto emocional y académico

Para las y los estudiantes, la situación de su instituto evidentemente les ha afectado. Samira, estudiante de segundo año de Ilustración en la sede de Peñalolén, relata que el anuncio del cierre la ha desanimado bastante, por “el hecho de tener algo incierto, no saber quién nos va a comprar y ver si logro sacar bien la carrera. Si no funciona esto puede que no la termine”. Ella nos relata que la carta les llegó por correo electrónico y que “fue como impactante, porque estábamos en medio de una clase y no sabíamos qué estaba pasando realmente”.

José González, estudiante de último año de Producción Musical, cuenta que su primera reacción “fue de pena e impotencia, por no poder hacer nada al respecto, habernos juntado como alumnos todos y haber hecho algo para salvar nuestro espacio”. El alumno destacó la calidad del IP a nivel artístico y educacional, señalando que es “único con la calidad, trayectoria y el prestigio que tiene”.

Para él, las semanas posteriores al anuncio fueron de frustración y duda, ya que considera que “hay algo medio raro o medio turbio en toda la situación porque, en relación a lo que el rector comentó sobre la ley que recorta el presupuesto de los IP y CFT, ARCOS fue la única que cerró, que además cerró (según el mismo rector) en su mejor momento”, agregando que “este año inauguraron carreras, y comenzaron a impartir clases en una sede que le compraron a la PUCV por millones de dólares (…) faltan muchas dudas por resolver, pero creo que son cosas que el rector y demás agentes de la corporación no van a querer contestar”.

En cuanto a los ánimos dentro del instituto, José indica que “el ambiente está super tenso y se nota, aparte de que en todas partes hay un montón de desorganización, más de lo habitual, porque todos están en un proceso que, además de triste, es incierto”.

Samira refuerza lo planteado por José, pero se mantiene optimista. Es consciente de que el inminente cierre no impedirá que los y las estudiantes matriculados se titulen, destacando además que “los docentes han tratado como de hacer la situación un poco más grata, tratando de darnos todo el contenido posible este semestre por si es que no se sigue el próximo. Lo han hecho bastante cómodo, la verdad; están tratando de hacer la situación un poco más calmada”.

José dice que las y los profesores están “un poco en la misma que nosotros, pero con el miedo de no saber si los van a recontratar o no”, coincidiendo también con la estudiante de Ilustración en cuanto al claro apoyo de los profesores en esta “transición”.

El 30 de octubre fue liberada la información con respecto al nombre de la institución que compró el Instituto Profesional ARCOS. El rector Sanfuentes, a través de una carta dirigida a la comunidad respondió esta interrogante que los tenía hace más de un mes con una sensación de incertidumbre.

Partió explicando y reiterando la información ya entregada el 30 de septiembre, en donde comunicó que el 24 de octubre se presentó ante el Mineduc la solicitud del cierre del Instituto, la cual se encuentra en fase de aprobación.

“Hoy podemos informar que hemos concretado este propósito mediante un convenio en la región Metropolitana con la Universidad de Las Américas (UDLA), que se suma al convenio con la Universidad Católica de Valparaíso en la región de Valparaíso”, explicitó en la carta el rector.

En la misiva, Sanfuentes asegura que el acuerdo con UDLA es integrar las carreras que ya impartía ARCOS, creando así la oferta académica pertinente, con el fin de facilitar a los y las estudiantes continuar con sus estudios en condiciones similares a las que ya estaban impuestas por el IP. Esto quiere decir, que los planes de estudio se mantendrán, sin embargo, ahora la universidad podrá impartir asignaturas complementarias que permitan obtener, junto al título profesional, el grado académico de Licenciatura, todo esto dependiendo de la asignatura.

Para finalizar el anuncio, dejó en claro cómo es que se va a financiar la continuidad académica en esta nueva casa de estudios. “Los/as estudiantes se matricularán en UDLA manteniendo sus beneficios de gratuidad y, quienes pagan o co-pagan, tendrán el mismo arancel ARCOS hasta su titulación. Los/as estudiantes que hayan suspendido estudios podrán incorporarse a UDLA, en las carreras y programas que se encuentren vigentes, en el marco del actual Reglamento Académico del Instituto”.

*Nota de la Redacción: Este artículo fue modificado de su versión original, pues se mencionaba erróneamente que el rector José Sanfuentes había declinado a dar entrevista para esta publicación. Lamentamos el error y los problemas ocasionados.