Por: Sofía Vásquez / Edición: Carolina Rojas

Los viajes por el Perú y Sudamérica no solo ampliaron la visión personal de Jack Lo Lau, sino también su forma en que entendió el periodismo y lo que quería seguir escribiendo en el futuro. Caminar la Amazonía, recorrer territorios afectados por la minería o convivir con comunidades invisibilizadas lo llevaron a preguntarse por la relación entre sociedad y naturaleza. Con más de 15 años de experiencia, textos premiados por IPYS, la  Fundación Gabo (ex FNPI) y el Rey de España, y una trayectoria que lo ha llevado desde Mongabay Latam hasta la edición andina de Dialogue Earth, Jack mira hoy la crisis climática no como un tema especializado, sino como un eje que atraviesa todas las historias que se publican en los  medios. Desde esa mirada híbrida -periodística y docente- reflexiona sobre los desafíos de narrar el calentamiento global, los incendios forestales y el rol del periodismo en tiempos de emergencia climática.

-Como periodista experto en medio ambiente  docente (director de carrera de la Universidad Católica de Perú) ¿Cómo cree que las nuevas generaciones de periodistas puedan aprender  a cubrir temas de medio ambiente?

-Es una pregunta compleja, ¿no? Porque a veces uno cree que, por lo menos en Perú, las personas deberían estar interesadas en temas climáticos, pero deberían estar interesadas porque es algo  transnacional.  A mí me parece que las cosas han mejorado en ese sentido y entre los alumnos. Hace veinte años, yo era conocido como una persona que escribía temas de árboles y pajaritos. Hoy la gente tiene más entendimiento de los temas medioambientales.

Pero aún así no hay suficientes medios que cubran medio ambiente y no  hay suficientes periodistas especializados. Han aumentado, pero todavía creo que no es suficiente para seguir llamando la atención de la sociedad.

-¿Usted cree que hoy el periodismo medioambiental es clave para entender no solo la crisis climática, sino también los conflictos sociales y territoriales? 

-Bueno, definitivamente no, porque tenemos que entender que los temas medioambientales son transversales a todo, a la economía, a la salud, al trabajo ¿Está en todo, no? Entonces, si es que no podemos ver estos temas como un paraguas de todos los temas, en realidad.

-¿Y qué responsabilidades específicas cree que tiene el periodismo medioambiental frente a un escenario de emergencia climática como el de ahora? 

-Por ejemplo, creo que tenemos que sacarnos de la cabeza eso que solamente los periodistas ambientales deben estar dedicados a estos temas, porque como te repito, lo que está pasando tiene un impacto en  las personas, impacta la salud y en el trabajo, en la educación y todo eso está pasando.

Tenemos que salir de ese estigma, de que los temas medioambientales son solo eso: los pajaritos, el agua y nada más. Hay que entender que es algo que nos compete a todas las personas y a todos los rubros. Por eso trato, últimamente, de no hablar tanto de “temas de medio ambiente” o “periodista ambiental”, porque creo que se restringe un poco y se deja de entender que esto es algo que nos compete a todos, pues todas las historias sobre crisis climática y sobre medio ambiente tiene un impacto en todo y también en la  política. Es decir, cubrir temas medioambientales no son solo responsabilidad de los periodistas expertos en medio ambiente, es responsabilidad de todos los periodistas y comunicadores. La emergencia climática debe abordarse desde todo ámbito.

-Y usted cree que algo se pierde cuando los temas ambientales se cubren sólo como momentos de crisis. 

-Se pierde la oportunidad para hablar y para poner en discusión los temas. Todo lo que vemos de temas climáticos o ambientales son desbordantes, son cosas grandes, no sé, incendios forestales, problemas terreno naturales y la forma en que se proponen las historias. Lo que te hace en lugar de hacerte reflexionar o pensar de cómo una persona puede hacer en este lugar nos abruma.

Esas noticias que actualmente nos abruman y nos paralizan y que no nos dan posibilidad a pensar más allá de lo que está pasando. Entonces también es responsabilidad de los periodistas mostrar los temas climáticos de una forma más cercana.

-¿Usted cuándo empezó a sentir un interés por los temas de medio ambiente? 

-Todo comenzó cuando estaba en la universidad y después regresé al periodismo deportivo enfocado básicamente en el fútbol, pero estaba buscando qué rumbo tomar y se abrió un puesto en la sección de viaje en el periódico donde trabajaba El Comercio de Lima. Cambié la sección de viajes y ahí comencé a viajar por el Perú, como nunca antes. También viajé por Sudamérica. Conocí distintos lugares poco a poco, me fui conectando más con las historias de la naturaleza, más de exploración, de caminatas, y comencé a ver que había problemáticas que no salían en los medios: derrames de petróleo, problemas con la minería, la deforestación. Ahí me pregunté si era eso lo que yo quería hacer. En ese tiempo ese tipo de historias no salían mucho en los medios, era el 2007 0 2008. Ahí comencé a interesarme más por los temas sobre el cambio climático y temas de medio ambiente. Recorrí Perú,  Cuba y otros territorios y países de  América. Caminé por la montaña, la Amazonía, eso me conectó. Ahí reflexioné no solo lo que había que hacer cómo periodistas, sino lo que estábamos haciendo como seres humanos. La vida te lleva por lugares pero yo estoy siempre muy contento por la ruta que tomé.

-¿Qué papel debe puede jugar el periodismo en la construcción de una cultura ecológica y cuidado del territorio? 

-Creo que nuestro papel es educador, conectar con el periódico y con el tema pero también entregando educación,  tenemos que ir en esa búsqueda. Lo que los periodistas necesitan hoy es encontrar historias humanas que contar. A veces los periodistas nos concentramos en la historia, que esté bien escrita y que sea rimbombante. Ojalá la historia sea ideal para ganar premios y que nos lean. Pero hay que hacer menos periodismo para periodistas. Tenemos que evitar eso, tenemos que pensar en hacer periodismo para la gente, por eso hacemos este servicio público. Tenemos que mostrar lo que está pasando y cómo se puede mejorar la calidad de vida. Tenemos que ser más horizontales en nuestras historias conectados con la gente y  con esas historias.

***

La conversación ocurre mientras Chile atraviesa una de sus temporadas de incendios forestales más graves de los últimos años. Desde enero, los focos activos en las regiones del Biobío y Ñuble han dejado al menos 29 personas fallecidas y más de 50 mil evacuadas. Científicos advierten que, más allá del calor extremo, la sequía y el viento, los incendios están siendo potenciados por paisajes profundamente intervenidos por el ser humano, como las plantaciones industriales de pino y eucalipto, en un contexto de calentamiento global. Para Jack Lo Lau, estos fenómenos revelan por qué el periodismo no puede seguir abordando la crisis climática solo desde la coyuntura o el desastre, sino como una problemática estructural que atraviesa modelos productivos, desigualdades sociales y decisiones políticas.

– Usted mencionó y ya sabrá bueno, en Chile ahora estamos nuevamente pasando por un grave incendio forestal en el sur de nuestro país. Desde su experiencia y quisiéramos saber qué factores estructurales cree que explican la recurrencia e intensidad de los incendios entre Argentina y Chile, pero también en el mundo entero, claramente. 

-Debería haber mayor fiscalización para entender estas situaciones que ocurren todos los años. Entonces, si ya sabemos, tenemos que saber empezar a enseñar cómo prevenirlos con mayor información, con mayor fiscalización, ¿por qué no ocurre? Si no nos quedamos simplemente en el incendio en sí mismo y no atacamos las verdaderas causas de lo que está pasando. Tenemos que educar también, ayudar a educar en ciertos temas a la población y más aún en los temas ambientales o climáticos.  Y en ese sentido, la información debe ser clara y cercana.

-¿Y en el caso de Latinoamérica, cómo cree que influye el modelo productivo forestal y extractivismo en estos incendios? 

-Y qué tan presente cree que está ese análisis en los medios? Esa es la pregunta que yo me hago. Es complejo, los incendios se originan por diferentes formas, las plantaciones que hay en los terrenos, el calentamiento global, pero en esto también hay una responsabilidad de los modelos productivos. Es la excusa del crecimiento económico y el crecimiento del país, que hace más grandes industrias.  Y hoy no es solamente el tema de la madera, sino también esta la minería,  los hidrocarburos y la agroindustria.

-¿Y qué voces se quedan fuera en la cobertura de estos temas? ¿Pueblos originarios, experto o brigadistas? 

-Creo que si se les ha preguntado a todos los actores sobre estos temas, porque siempre se buscan las poblaciones alrededor de lo que ocurre, se busca las respuestas del gobierno, se busca a las ONGs, se busca el tema del impacto en la infancia por ejemplo las escuela cerca de del lugar que se impacta. Pero más que a quién busca, es cómo lo mostramos. Cómo mostramos este acercamiento de los temas a la población en general y cómo educamos sobre ciertos temas que son urgentes. Cómo educamos sobre el calentamiento global que ya está aquí y eso irá en aumento.

-Y frente al calentamiento global, ¿cómo cree que se podría comunicar sin caer en el catastrofismo ni en la negación problemática del problema? 

-Creo en buscar historias que nos conecten, historias más cercanas, porque a veces las historias muy grandes te inmovilizan, no te dejan pensar, te dan miedo, en lugar de hacerte pensar o creer y decie:»Ah mira, yo podría cambiar tal cosa, yo podría pensar de otra manera, o necesito cambiar lo que hago». Son importantes las historias más cercanas, para entender lo que está pasando en este momento.

-¿Qué desafíos cree que enfrenta el periodismo al explicar fenómenos complejos como la crisis climática para audiencias amplias y diversas? 

-Tenemos que buscar más cercanía a las historias, entender que los periodistas, no solamente los periodistas climáticos, sino el periodista en general, somos un puente, un puente que conecta, entonces tenemos que vernos así, que es cómo nuestras historias pueden ayudar a entender lo qué está pasando o a generar mayor reflexión en la sociedad. Hay que pensar en esa responsabilidad, porque a veces las noticias medioambientales o te enternecen o te inmovilizan, pero tenemos que dar información que promueva reflexión y para eso tenemos que dar mejor información y para que eso se transforme en un cambio.

-Y  como docente. ¿Usted en las nuevas generaciones ha visto algún cambio generacional en la forma de narrar el medio ambiente desde el periodismo? 

¿Cambio? Lo que veo ahora es que hay un poco más de interés, no necesariamente en las nuevas generaciones, pero sí hay un poco más de interés en estos temas comparado a 15 o 20 años. Aún se sigue buscando el clickbait y tenemos que mejorar la estrategia de conectar con la sociedad. Ese es el reto que siempre seguiremos teniendo.

-¿Usted siente que se tensiona el periodismo ambiental con los intereses económicos y especialmente en territorios de conflicto? 

-Bueno, sí, lo vemos en diferentes casos, en las industrias, por ejemplo en el sur de Perú, y en una parte del Chile también, donde la agroindustria está generando estrés hídrico y eso impacta en las comunidades y en los pueblos que viven alrededor. Estamos viendo lo que está pasando con la soya u otros alimentos y eso tiene un impacto en el clima, en el estrés hídrico, afecta la Amazonía y la provisión de alimentos. Tenemos que dejar de pensar que esos recursos son inacabables, sino que es algo que todos tenemos que imaginar y tenemos que empezar a trabajar para crear una comunidad más regenerativa.

Por otros lado,  para seguir haciendo lo que nos interesa y lo que nos apasiona, los periodistas debemos seguir curiosos, rigurosos en la búsqueda de puentes que permitan conectar a la gente con lo que está pasando. Los periodistas no podemos llegar a todos los rincones, pero sí puede haber redes de periodistas que nos ayuden a llegar, entonces tenemos que pensar en hacer esto más colaborativamente.

-En el  2024, Unesco publicó un informe donde se revelaba que el 70% de los periodistas medioambientales suelen ser agredidos en su labor. ¿Usted qué cree que deban hacer frente a estas situaciones los periodistas? 

Creo que este también es uno de los motivos por los cuales a veces periodistas ambientales dejan de hacer esto, por denominarlo de algún modo, se retiran del área medioambiental. Sí, hay riesgo y se llega a lugares donde pocos periodistas pueden ser sustentados en los medios. Pero también va a depender de  cada persona y sus motivaciones para seguir o no. También hay falta de recursos o el no reconocimiento de la labor que se hace, entonces para todos esos desafíos se necesita crear nuevas plataformas en las que los periodistas no solamente se encuentran seguros físicamente, sino también económicamente.

-¿Y cómo ha enfrentado esas situaciones? Sobre todo principalmente las de amenaza, donde ya es bastante grave que lo amenacen en su rol de informar a la sociedad

-Yo siempre le digo, que todos nosotros necesitamos cuidarnos a nosotros mismos. También como editor, cuando los colaboradores salen a reportear, yo siempre les digo que piensen en ese porcentaje de riesgo. Tenemos un protocolo para los viajes . A veces los estudiantes se emocionan y quieren entrar a lugares muy complicados, pero como docente y como responsable debo decirles que hay zonas donde no se puede entrar sin experiencia, no se puede poner en juego la vida por una historia. Historias sobre minería o historias que se cruzan con el narcotráfico pueden ser muy riesgosas si no se conoce el lugar o no hay una experiencia previa en la zona.

– ¿Cómo fue el reporteo de su reportaje «Una cita con tu bolsa de basura a medianoche» que en el 2013 ganó el premio Rey de España? 

-Fue un reporteo que duró como dos meses. Fue un reporteo con lectura. Me involucró varias salidas como reciclador no sé cómo le dicen en Chile, pero creo que son los recicladores salir de noche a levantar basura en la calle con ellos. Tuve que salir a varias sesiones de recicladores en la calle, además también subirme a un camión para hacer el recibimiento de esa bolsa durante un día. Fueron diez horas en el camión haciendo todo el proceso. Así vi también a todos los encargados de esa cadena y pues la parte de lectura fue muy intensa, duró bastante, fue un proceso de edición que fue mucho desgaste mental. En esa época no se hablaba mucho, era como visibilizar algo que para nosotros en nuestros días es invisible.

Estamos en la calle ante un tacho y no nos preguntamos a dónde van, entonces ese es el conectar también que nuestra basura llega a ciertos lugares y ahí empieza generando un impacto. Cuando cerramos la bolsa, y nos olvidamos y botamos bolsa todos los días, entonces también está el cómo nos conectamos con nuestras propias acciones en el día a día y un poco el reto es cómo contarlo desde de la mirada los recicladores. Tuve que sentarme con ellos en la esquina toda la noche, ver cómo eran las reacciones, hablar, ganarme e su confianza, ir a reuniones. Fue un proceso de reporteo muy intenso desde el primer día y los editores me ayudaron mucho a solucionar ciertas dudas.

En este caso fue el primer premio Rey de España al periodismo ambiental. En esa época tenía que manejar todo por correo físico y la revista pesaba un montón y costaba mucha plata enviarlo. Estaba yéndome a mi casa, pero antes de salir de la agencia dije «Esperen, vamos lo voy a mandar igual». Con el tiempo me olvidé y a los meses me enteré por los noticieros. Mi mamá me llamó para decirme que me estaban buscando y fue una sorpresa. Más que eso, más que el premio, me interesó cómo esa historia pudo conectar con más gente y cómo puede ayudar también a generar mejores políticas públicas.

-¿Qué consejo le gustaría darles a los periodistas en formación? 

– Lo que siempre les digo, es que no pierdan la curiosidad. La curiosidad es un talento, eso nos va a mantener vivos en este planeta y nos va a permitir adaptarnos a todo lo que venga y todo lo que pase. Tenemos que mantener nuestra curiosidad. Creemos que ahora sabemos todo y no es así, tenemos que tener un constante aprendizaje, tenemos que tener la curiosidad. Debemos nosotros encargarnos de esto: vivir la vida de manera original con curiosidad y entendiendo las cosas. El mundo cambia muy rápidamente y tenemos que tener esa capacidad de aprender y de escuchar.

Por Ignacia Pacheco y Ann González

La mujer de cabello castaño ondulado hasta la altura de los hombros entra a la habitación que aclara la luz artificial tenue. Se pone cómoda frente al computador para la videollamada y prepara el mate como parte de un ritual al que parece acostumbrada. Leila Mesyngier contesta todas las preguntas con su voz ligera, la que contrasta con los gestos inquietos de sus manos cada vez que marca con énfasis una respuesta.

Mesyngier, periodista argentina y licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires, es la directora de Revista Anfibia y Cronos Lab, Co-conduce El Deseo de Pandora de Anfibia Podcast.  Da clases en la Maestría de Periodismo Narrativo en la Universidad de San Martín y en la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata. Colaboró en diversos medios gráficos y dirigió la colección de libros Futuro Anfibio en Unsam Edita. Le obsesionan temas como la violencia obstétrica y maternar en medio tiempos inciertos y mandatos sociales.

En la Argentina de Milei, el periodismo crítico vive bajo un clima de amenaza. El presidente insulta a periodistas en cadena nacional, mientras un ejército de trolls replica sus palabras en las redes. “El ataque a la prensa es general, pero tiene una dirección muy concreta contra las mujeres”, dice y cita a Luciana Peker y Julia Mengolini, entre otras comunicadoras que han sido hostigadas o denunciadas penalmente: “Hoy muchos colegas piensan dos veces antes de publicar algo. Las redes se volvieron un lugar hostil”.

Todo lo que explica lo dice sin aspavientos, pero con una claridad que incomoda. En su relato aparece Pablo Nahuel Grillo, fotógrafo herido por la policía durante una manifestación de jubilados, en él,  hay una imagen elocuente de la tensión entre la represión y silencio.

Para ella, mientras los medios tradicionales dudan, los independientes buscan resistir. Anfibia, El Surti en Paraguay y otros proyectos en América Latina comparten estrategias, festivales hechos a pulso y espacios de encuentro para seguir narrando y discutiendo sobre el futuro del periodismo y nuevas narrativas. Para la periodista, los discursos de odio no son una novedad, son el “backlash”, que es algo así como la reacción violenta frente a los avances del feminismo y los derechos humanos. 

-Las conquistas legislativas, la educación sexual integral (ESI), el aborto legal, el matrimonio igualitario… todo eso genera una respuesta. No es casualidad que los varones jóvenes sean hoy la base de la ultraderecha-, comienza.

El mate está listo.

-Cómo periodista y feminista ¿Qué visión tiene ante el avance de sectores de ultraderecha en el panorama político en Latinoamérica?

-Nosotros en Anfibia venimos cubriendo el tema del avance de las derechas, un tema que nos permite entender cuál es la preocupación, más allá de lo evidente. Tenemos un gobierno de ultraderecha en Argentina, en otros países de América Latina, partidos vinculados a una línea de extrema derecha, como en Chile, Uruguay, Colombia y Brasil.

En Anfibia venimos trabajando esto, yo diría que desde 2016 o 2017, cuando gobernaba Mauricio Macri, un gobierno de derecha. Ya entonces comenzamos a notar que había una franja vinculada a la juventud que se iba inclinando hacia posiciones más conservadoras, realizamos varios textos que exploraban quienes eran esos jóvenes de derecha. Esto sucedía al mismo tiempo que la exposición de los feminismos, cuyo eje principal eran las mujeres jóvenes. Piensen que esto ocurrió entre 2017 y 2019, un periodo al estallido en Chile, donde la juventud también fue protagonista. Por eso, resultaba llamativo que aparecieran jóvenes vinculados a la derecha.

Venimos observando esto hace mucho tiempo, y sobre todo con preocupación en quienes se convirtieron después en los principales votantes  del partido de  Javier Milei: los varones jóvenes. Ellos muestran, de alguna manera, cómo se produce la brecha de género en todas las votaciones. Esto es un fenómeno que se observa a nivel mundial. Las mujeres tienden a votar más hacia la izquierda y los varones más hacia la derecha. Venimos contando esta historia pequeña que de alguna manera permite tener más herramientas para interpretar lo que sucede hoy.

Dicho esto, mi sensación actual es de mucha  preocupación, no solo por lo discursivo, sino porque, efectivamente, en términos de políticas públicas, lo que ha hecho este gobierno es descuartizar absolutamente todas las políticas vinculadas, no sólo a las mujeres, sino a los discapacitados, los jubilados y los estudiantes. No se trata únicamente de un tema de género, sino de los derechos humanos y de los derechos adquiridos durante los últimos 20 años.

-¿Cree que los medios tradicionales han sido cómplices, neutrales o críticos frente al crecimiento de discursos de ultraderecha en Latinoamérica? 

-Sí, yo creo que los medios tradicionales tienen un rol. No creo que sea por culpa de ellos que tengamos gobiernos, partidos o líderes de derecha, pero sí han funcionado como canales de difusión canales de los discursos de ultraderecha, no solo en Argentina.

Los medios hegemónicos son menos críticos porque tienen intereses económicos, y en esos intereses se cruzan también los líderes y los partidos de ultraderecha. En cambio, los medios independientes en América Latina hemos aprendido a sortear esas dificultades, ya que no contamos con grandes recursos, no recibimos pauta publicitaria de gobiernos ni empresas, tenemos modelos de negocios diferentes. Eso nos permite, evidentemente, ser más críticos con estas ideologías.

Leila Mesyngier en el conversatorio sobre el ascenso de discursos de odio (Festival Gabo 2025)

-¿Existe una suerte de contraataque de los sectores de extrema derecha al avance del feminismo de los últimos años?

-No, creo que está al revés. Creo que los avances de los feminismos produjeron lo que en la jerga se llama el backlash, esto decir, un contraataque hacia los feminismos. Me parece que estos gobiernos de ultraderecha, estos líderes y todo este discurso sobre “la ideología de género” son, en realidad, una respuesta al avance de los feminismos. 

Pero no me refiero solo al avance en términos de conquistas legislativas o de políticas públicas, sino también en el plano discursivo. Hace diez años, en casi todos los diarios y medios de América Latina, se hablaba de “crimen pasional” cuando había un feminicidio. Hoy, es cambio, es mucho más difícil usar esa expresión sin recibir una oleada de críticas en redes sociales, apenas alguien pública un título con esas palabras.

***

La comunidad de Anfibia se ha destacado durante años desde su fundación como revista en la realización de contenido feminista, refiriéndose especialmente a debates dentro del feminismo, tanto como lo son problemáticas de violencia de género, desigualdad económica y los desafíos políticos que implican estas materias. El pasado 6 de octubre se publicó en la revista una crónica referente al triple femicidio ocurrido en Argentina, ciudad Florencio Valera, lugar que fue escenario del asesinato de tres jóvenes, una de tan solo 15 años, Brenda Castillo. Morena Verdia y Lara Gutiérrez. Fueron engañadas cinco días antes para asistir a una supuesta fiesta, antes de ser ejecutadas por una banda de narcotraficantes. Un caso que ha conmocionado a toda Argentina, y ha generado una ola de cuestionamientos más allá de la culpa del narcotráfico en la trágica muerte de las jóvenes, si no también objetar en la nula efectividad de la justicia argentina que no hizo nada por acatar las denuncias por explotación sexual realizadas por familiares, vecinos y cercanos meses antes de la tragedia.

Leila, con el poder de observación de una cronista y la preocupación de una madre, lanza una frase certera. “Como mamá de un varón, me pregunto cómo hablar de esto con mi hijo y con sus amigos”, confiesa. La pregunta queda suspendida.

Otra de sus preocupaciones es pensar en la generación de periodistas que crecieron con la promesa de la libertad y hoy enfrentan la era del algoritmo. Y discurso que construyen de eso algoritmos.

-¿Cómo ve hoy la relación entre el avance de discursos de ultraderecha y el aumento del acoso hacia periodistas, mujeres y referentes LGBTQ+? ¿Hay señales nuevas respecto a periodos previos?

-Pongo un caso concreto que hicimos recientemente en Anfibia: fue a partir del triple feminicidio, no sé si escucharon que mataron a tres chicas, hace menos de un mes. Primero publicamos un texto que escrito a cuatro manos, una referente académica feminista, Iliana Arduino, y la referente de las trabajadoras sexuales, Georgina Orellano, una militante muy inteligente y brillante, con el objetivo para tratar de entender un poco lo que pasaba.

Después publicamos un texto de periodismo de investigación más clásico, en el que dos cronistas: Florencia Alcaraz (ex directora de Latfem)  y Cristian Alarcón;  fundador de la revista Anfibia- Ellos fueron al territorio a tratar de comprender qué había ocurrido, sobre todo porque una de las víctimas era muy joven. Se buscaba entender que había llevado a ese camino.

Creo que con la publicación de este tipo de textos, que cuentan las historias de verdad, tanto nosotros en Anfibia, como muchos otros medios independientes del continente estamos contribuyendo a combatir los discursos de odio, a visibilizar a las mujeres y a otras identidades, a cuestionar las narrativas que las invisibilizan. Me parece que lo que mejor sabemos hacer es contar historias, y ahí reside el valor del periodismo independiente: en narrar con profundidad, sensibilidad y compromiso 

***

Hoy en día, el ataque cibernético a mujeres periodistas en Latinoamérica sigue siendo una preocupante problemática que va en aumento ante la creciente oleada de discursos de odio presentes en las redes sociales, estos dirigidos principalmente por sectores conservadores y masivas redes de bots que siguen la línea de la ultraderecha. Según un estudio realizado por el Consejo de administración de los sitios protegidos (UNESCO) en 2020, se formó conclusiones a partir de las 714 encuestadas que se identifican como mujeres, señalando que el (74%) ha sufrido algún tipo de violencia en línea.

Dentro de las estadísticas del mismo estudio, el tema periodístico que se vinculó con mayor frecuencia al aumento de las agresiones fue el género (47%), seguido de la política y las elecciones (44%) y los derechos humanos y la política social (31%). Frente a esta recopilación de datos, no solo se ha dejado en evidencia el sesgo discriminatorio a la figura de la mujer en la política, sino también las consecuencias de estas agresiones digitales que terminan en denuncias autocensuradas, el distanciamiento de las redes sociales y el negativo efecto en la salud mental en las comunicadoras.

-¿Qué impacto ha tenido el discurso confrontacional de Milei en la libertad de prensa y el tratamiento de los medios críticos? ¿Cómo ha afectado a las mujeres comunicadoras ataques como lo ocurrido con la periodista Luciana Peker y otros casos? 

-El ataque de Milei a los periodistas y a la libertad de prensa es un ataque general, aunque tiene una dirección muy concreta contra las mujeres. En principio, se trata de una ofensiva que pone en riesgo la libertad de expresión, porque provoca que muchos periodistas independientes y voces alternativas que reciben. Estos ataques, a menudo, se manifiestan en cientos de mensajes amenazantes en las redes sociales personales durante varios días, situaciones muy hostiles y con amenazas reales.

Es, por lo tanto,  un ataque a la libertad de prensa. Sin embargo, también hay un foco muy claro en las mujeres, ya que se trata de un gobierno abiertamente misógino. Además del caso de  Luciana Peker, que se vio obligada a dejar el país, hay otras periodistas que son atacadas constantemente, como María O’Donnell o Julia Mengolini. Esta última, además, ha recibido varias denuncias penales por parte del propio Milei, que -si no estoy desactualizada- fueron desestimadas por el juez. Pero el hecho de que se haya presentado ya constituye un ataque muy concreto, no solo contra una mujer, sino también contra un medio independiente, del Mengolini es directora y que no recibe financiamiento del gobierno.

-¿Qué estrategias comunicacionales usa la ultraderecha para deslegitimar voces de género y diversidad  en los medios? ¿Cuánto hay de espontáneo y cuánto de campaña organizada?

-Creo que la principal estrategia del presidente es el insulto. Él está todo el tiempo insultando. Ahora más calmado, porque hace un tiempo el diario La Nación hizo un recuento de todos los insultos que decían en sus discursos, y el número era muy impactante. Pero mira qué interesante: eso lo hizo un medio super hegemónico como La Nación, ¿no? Entonces, ahí también esos medios tienen a veces un rol interesante, porque son los que más se leen y los que más impacto tienen.

Obviamente, combatir cada uno de esos discursos es muy difícil, sobre todo cuando al mismo tiempo suceden otras cosas muy importantes, como el endeudamiento extremo de los Estados. En el caso argentino, estamos siendo colonizados por Estados Unidos como nunca antes en nuestra historia. Entonces, mientras estamos discutiendo que el presidente le dijo no sé qué a un chico con autismo, de repente estamos firmando un acuerdo que nos deja sin agua, sin luz y sin no sé cuántas cosas más. Sin la naturaleza argentina, qué sé yo.

Creo que sí, esa es una estrategia muy concreta de la ultraderecha. Es embarrar el terreno para que todo sea mucho más confuso y más difícil, mientras ellos puedan hacer sus negocios. Estoy segura de que es un ataque sistemático.

-¿Qué papel cumplen las plataformas digitales (Twitter/X, Facebook, TikTok) y qué medidas regulatorias o de moderación deberían priorizarse?

-Las plataformas digitales, dice, son una trampa de doble filo. “Cumplen un papel terrible, promueven desinformación, discursos de odio… pero también son el único puente que tenemos con nuestras audiencias”. En su voz se mezcla la indignación y la esperanza. Habla de la censura de las palabras, del cambio constante de algoritmos, de la penalización absurda, de una imagen de lactancia mientras la pornografía circula libremente. “Es un escenario difícil para los medios independientes, por lo que tanto para la democracia”. Sentencia. La frase suena a editorial, pero no lo es. Es una constatación de la realidad que vivimos.

Siempre hay que buscar alternativas. Yo creo que hay algo que quizás parece una pavada, pero que es muy efectivo: volver a encontrar y volver a proponer, como periodistas y como medios, lugares de encuentro. Lugares de encuentro con las audiencias, entre periodistas, entre colegas, con lectores y lectoras. Creo que la tienen difícil ustedes, su generación, pero estoy convencida de que es posible. No digo combatir a las grandes empresas -eso, no sé, habría que hacer la revolución, sería otra cosa-, pero si me parece que no hay que perder de vista que los y las periodistas jóvenes, que además son nativas digitales y han vivido prácticamente toda la vida con internet, con celulares inteligentes y con las redes sociales, tienen que encontrar otros modos de hablar, de conversar, de contar, de narrar, de producir información, de investigar.

No soy pesimista, porque creo que es posible hacer pequeñas acciones. Tampoco soy optimista porque sí, pero sí creo que cuando se producen encuentros, cuando hay una conversación real, cuando se investiga en el territorio, cuando de verdad una pone el cuerpo ,no sola, sino con otros y otras, pasa algo. Y a veces esa transformación es ínfima, pero es contra valiosa.

Pienso en esa crónica que publicamos sobre el triple femicidio, y en esa cronista que se sentó a tomar mate con la mamá de una de las víctimas durante seis horas para escuchar su historia. Obviamente, eso no va a reparar el crimen de su hija, pero haber sido escuchada es un montón.

Cuando la entrevista está por terminar, el mediodía ya se vuelve más caluroso. Detrás de Leila, una ventana gigante permanece entreabierta y se cuela el ruido de la ciudad. “Lo más importante es seguir haciendo cosas juntos, encontrarnos, leer, conversar, escuchar”, dice. Menciona un festival de periodismo, tecnología y arte que organiza Anfibia, los clubes de lecturas, las crónicas escritas “a cuatro manos”, esos granos de arena que finalmente sostienen una comunidad en medio del desconcierto.

-¿Qué recomendaciones daría a los jóvenes periodistas que buscan trabajar en medios críticos en  un contexto de presión política y social? 

-Primero, no trabajar solos. Yo creo que lo más lindo del periodismo es trabajar en equipo, y me parece que encontrar un espacio de trabajo que funcione realmente como un equipo es una fortuna, un tesoro que hay que cuidar y acopiar. Así que, en principio, no trabajar solos. No somos héroes de guerra. Y también tiene que ver con la estrategia de cuidado: trabajar con otros y otras siempre es, para mí, un tesoro. 

*Esta entrevista fue realizada para el ramo de Crónicas y entrevistas en la sección de la profesora Carolina Rojas.

Lo que vino después del 18 de octubre de 2019 es quizás el recuerdo más patente y fresco que queda hoy de lo violenta que puede llegar a ser la represión estatal a las manifestaciones ciudadanas. La respuesta de los agentes del Estado en las horas, días, semanas y meses que siguieron a ese estallido social que puso al país de cabeza, derivó en la comisión de violaciones generalizadas a los derechos humanos que diversos organismos nacionales e internacionales registraron, documentaron y acreditaron. Al menos seis personas murieron por acción directa de la represión policial, cientos de ojos terminaron lacerados, hubo miles de heridos y más de 3.000 querellas por uso excesivo de la fuerza. A cinco años del 18-O, ¿cuánto de eso ha cambiado?

Al parecer, no mucho. El último informe anual sobre Derechos Humanos en Chile que elabora la Universidad Diego Portales (UDP), es particularmente crítico respecto a ciertas prácticas de la actuación policial en el país, en especial sobre la regulación y los estándares internacionales para el uso de la fuerza en el control de manifestaciones, y los problemas de su aplicación en la realidad local. Los intentos legislativos para establecer una regulación clara sobre el uso de la fuerza por parte de agentes de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública, aún se discuten en el Congreso (ver proyecto de ley RUF) y son objeto de varias críticas de diversos sectores. Por otro lado, iniciativas como llamada Ley Naín-Retamal, han generado interpretaciones que permiten la legítima defensa privilegiada para funcionarios policiales en casos que incluyen el uso de fuerza letal. Esto ha provocado preocupación por su interpretación amplia y los posibles abusos asociados, que han incidido en una creciente impunidad para aquellos casos que la justicia se encontraba investigando.

Marta Cisterna, fundadora y coordinadora de la Comisión de Observadores de Derechos Humanos e integrante del directorio de la Fundación 1367, Casa Memoria José Domingo Cañas, ha monitoreado cerca de 280 marchas durante los últimos años. Y a su juicio, salvo unas pocas variantes, poco y nada ha cambiado.

En esta entrevista con Puroperiodismo, la activista se refiere a las deudas que aún persisten en cuanto a reparación y garantías de no repetición y a que las prácticas de represión que ya venían de mucho antes del 18-O, han seguido ocurriendo, con leves diferencias: 1) que ya no se ocupan los mismos balines de goma que dejaron a más de 300 personas con daño ocular y; 2) que las policías han encontrado una vía para seguir con “niveles de brutalidad que hoy son los mismos y a veces peores”, pero disminuyendo las detenciones, lo que sería “una forma de evadir la estadística”.

Marta Cisterna, fundadora y coordinadora de la Comisión de Observadores de Derechos Humanos.

“La diferencia está en que ahora casi no hay detenidos”

–¿Cómo describiría el estado actual de la violencia policial en Chile?

El estado actual de la violencia policial me parece que sigue exactamente igual. Comparativamente, estás preguntando con el estallido, ¿no?

–Exacto, sí.

Yo diría que la forma de proceder de los agentes del Estado sigue siendo la misma. Tal vez hay dos variantes. Una es que no están usando los perdigones que se usaron contra los manifestantes para el estallido social, pero todo el armamento menos letal que utiliza la policía chilena, que es una policía militarizada, se usa para generar daño. Y no acorde con lo que establecen los estándares de uso de la fuerza del marco de derechos humanos, que es internacional. Y la otra distinción es que en algún momento dentro de la violencia policial estaban las detenciones. Y tú podías por Ley de Transparencia solicitar información para poder ir viendo cómo se daba el tema del derecho a la manifestación. Podías contrastar eso con la información de transparencia para saber la cantidad de personas detenidas en contexto de manifestaciones.

–¿Y eso ya no se puede hacer?

Todavía se puede hacer, pero la diferencia está en que ahora casi no hay detenidos. Los niveles de brutalidad son los mismos y a veces peores, pero no hay detenciones o son muy mínimas. Entonces, nosotros acá postulamos que las policías encontraron la forma de evadir la estadística.

–¿Cómo es eso?

Simple. Hay personas que son llevadas, pero no queda registro, porque te llevan, te sacan la mugre, te golpean y te largan. Nunca pasaste por una comisaría o no ingresaste como persona detenida. Eso lo hemos verificado en el monitoreo que estamos haciendo en terreno.

Problemas estructurales

–¿Qué factores estructurales considera que alimentan esta violencia excesiva en el control de las manifestaciones?

Los factores estructurales tienen que ver con la no existencia de una regulación del uso de la fuerza por ley, que esté acorde con los estándares de derechos humanos. Lo que existe en Chile son protocolos elaborados por las mismas policías y no son leyes. Otro tema estructural importante es que las policías en Chile no tienen un reglamento. Debieran tenerlo, un reglamento normado por el Estado. Y un tercer elemento importante es que las policías siguen siendo formadas dentro de la lógica de la existencia de un enemigo interno al que hay que atacar. Es la misma lógica de la doctrina de seguridad nacional que se instaura en otros países a partir del inicio de todas las dictaduras en nuestra región.

–Si ocurre un problema por uso excesivo de la fuerza en una manifestación, ¿con quién denunciamos a estos agentes estatales, como carabineros?

Se debiera hacer una denuncia o ir a la misma institución. Eso pasa a una fiscalía especializada de los mismos Carabineros que tienen que investigar. Nuestra experiencia es que esa fiscalía no va a hacer mucho, pero ¿qué es lo importante y por qué pensamos que de todas formas hay que hacer esa denuncia? Porque esa denuncia queda en la estadística. Entonces, cuando después solicitas por transparencia la cantidad de denuncias que se han ingresado por violencia policial, ahí está la estadística. La otra instancia es directamente a la fiscalía, al Ministerio Público. Otra denuncia por violencia policial que, sí o sí se debe hacer es con la institucionalidad especializada en Derechos Humanos. Ellos están obligados a recibir esas denuncias. Y aquí estamos hablando del Instituto Nacional de Derechos Humanos, el INDH. Más allá de que ellos tienen un mandato que pueden litigar solo en casos de tortura, sí tienen que recibir estas denuncias y ver qué es lo que va a pasar ahí.

–¿Hay medidas de reparación a las personas dañadas?

Para que haya reparación, tienes que tener derecho a que se haga justicia. Tienes que tener derecho a que se establezca la verdad de los hechos. Si no ocurren estos dos elementos, por mucho que te den una indemnización, no se considera reparación, por eso hablamos de reparación integral. La reparación integral también considera que el Estado tiene la obligación de generar las condiciones para que ese ser humano que fue dañado por un agente del Estado, pueda acercarse con la ayuda del mismo Estado lo más posible a la condición en la que se encontraba antes de haber tenido el abuso por parte de un agente. No se repara solo a la persona, el Estado tiene que reparar a la sociedad en su conjunto, porque cuando un agente comete un crimen contra un ser humano, no lo está cometiendo solamente contra ese ser humano, lo está cometiendo con todos, porque se abre la puerta para que cualquier agente del Estado diga que eso lo puede hacer.

Imagen de carabineros golpeando a manifestante.

Control vs. resguardo

–Hay que reconocer que las manifestaciones, en muchos casos, son efectivamente focos de violencia y riesgo para la ciudadanía. ¿Qué métodos cree usted que podrían utilizar agentes estatales para no utilizar la fuerza pero igual mantener ‘controladas’ las manifestaciones?

Primero que todo, las manifestaciones no requieren ser controladas. Ese es el primer concepto. En Chile tenemos incorporado el concepto de “control”.

–¿Por qué no debe ser controlada?

Porque la manifestación es un derecho humano que necesita ser resguardado, no controlado. El concepto es resguardar que tú puedas hacer ejercicio del derecho. Entonces, el rol de los agentes del Estado es resguardar que tú, como ciudadana, puedas hacer ejercicio de ese derecho. No necesariamente implica que tengas que pedir autorización, aunque se pretende y se espera que uno avise por deferencia para que la ciudad pueda funcionar. Pero puede ser una manifestación espontánea. El rol de la fuerza pública, en este caso, es cautelar que la manifestación sea posible, o sea, hacer los desvíos de tránsito pertinentes para que la ciudad siga funcionando. Significa no confrontar a quien se está manifestando, mantener la distancia e ir sin armas.

–¿Pero si hay violencia?

Uno tiende a pensar, o la mayoría de la gente tiende a entender, que los carabineros están ahí como para estar en contra de quienes se manifiestan. Y eso no es así: el derecho a manifestación dice que el rol de los agentes del Estado es facilitar. En el caso de que la manifestación se torne violenta, esos agentes tienen que estar entrenados para identificar quiénes son las personas violentas, porque se sobreentiende que no es la masa violenta, sino que ellos tienen que sacar a los elementos que están generando, no sé, un saqueo, por ejemplo. Porque ellos tienen entrenamiento militar. No son un ser humano cualquiera. Entonces, si pensamos en cuál es el rol de las policías, tiene que ser el resguardo y la protección para que esa manifestación sea posible.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), fueron alrededor de 460 los casos de víctimas de trauma ocular que se registraron en Chile entre octubre de 2019 y marzo de 2020, el período que duró el estallido social; todas lesiones ocasionadas por agentes del Estado. Desde entonces, han existido dos programas públicos de reparación y rehabilitación: uno implementado por el gobierno de Sebastián Piñera (PIRO), el otro bajo la administración de Gabriel Boric (PACTO), con dispares resultados y coberturas. Hoy a 5 años de la revuelta, Marta Valdés, vocera de la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular, relata cómo ha sido la respuesta por parte del aparato estatal para estas todas esas personas que sufrieron la mutilación de sus ojos producto de la negligencia y brutalidad policial.

El 8 de noviembre de 2019, como cada viernes por esos días, fue una jornada de protesta. Según lo informado entonces por la Intendencia Metropolitana, fueron 75.000 las personas que se congregaron ese día en las movilizaciones del centro, y allí, en la esquina de Alameda con Vicuña Mackenna, el estudiante de psicología Gustavo Gatica tomaba imágenes con su cámara. La fotografía, dicen quienes lo conocen, era una de sus aficiones. Cerca de las 18:00 horas, cuando ya el enfrentamiento con las fuerzas públicas se había desatado, recibió los disparos policiales.

Dos perdigones de goma, uno en cada ojo. “Traumatismo ocular bilateral severo y visión cero desde la primera evaluación”, decía el primer parte médico de su caso, que terminó siendo uno de los más emblemáticos relacionados a la brutal represión que caracterizó las movilizaciones del estallido social.

Cuando ocurrió, lo de los ojos heridos por acción de Carabineros y sus agentes que, en vez de disparar al cuerpo –como indicaban los protocolos– apuntaban directa e indiscriminadamente a la cara de los manifestantes, era algo ya casi cotidiano, y la historia de Gatica se sumaba al triste listado que culminaría con un saldo de más de 460 víctimas con traumas oculares. Ellos son parte del costo humano que dejó la revuelta ciudadana que partió el 18-O.

Se abrieron dos caminos: uno para buscar justicia, el otro para la reparación. En el primero, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó más de 1.500 querellas para perseguir penalmente a quienes violaron los derechos humanos durante las protestas, incluyendo en ese lote a quienes dispararon los balines y lacrimógenas que hirieron e incluso dejaron con pérdida total o parcial de la vista a esas personas de forma permanente.

En cuanto a la reparación, a pesar de que los gobiernos de Sebastián Piñera y Gabriel Boric han implementado programas para reparar y rehabilitar a las víctimas –con distintos enfoques—, el camino hacia la sanación ha sido complejo. El Programa Integral de Reparación Ocular (PIRO), lanzado a fines de 2019, se centró en ofrecer atención médica y psicológica a los afectados, aunque ha sido fuertemente criticado por su cobertura insuficiente. Por su parte, el Plan de Acompañamiento y Cuidado a Personas Víctimas de Trauma Ocular (PACTO) se introdujo posteriormente con un enfoque más amplio, que incluye apoyo psicosocial y laboral.

A pesar de los esfuerzos realizados, persisten críticas sobre la efectividad y el alcance real de estas iniciativas, y en esa lucha ha estado durante los últimos cinco años la Coordinadora de Víctimas de Traumas Oculares (CVTO), agrupación en la que participan tanto víctimas directas como sus familiares para exigir verdad, justicia y reparación de forma organizada y colectiva al Estado de Chile.

En esta entrevista con Puroperiodismo, Marta Valdés, vocera de la CVTO, se refiere a los avances que han vivido en estos años, a las deudas que aún persisten y al peligro del cambio de narrativas para criminalizar la protesta, anulando con ello el recuerdo y la lucha de estas personas que no sólo sufrieron una herida física, sino que se convirtieron en un recordatorio constante del costo humano que tuvo el fenómeno social que vino con el 18-O.

“Estos cinco años han sido difíciles. Los medios de comunicación tradicionales han insistido en decir que quienes se movilizaron el 18 de octubre eran todos delincuentes, han criminalizado el movimiento. Por lo tanto, eso revictimiza a nuestros compañeros y compañeras, cuando se instala que todos y todas son delincuentes. Nos parece lamentable la criminalización que ha hecho la derecha al movimiento social”, dice.

La justicia, la reparación y la lucha contra el olvido

–A 5 años del estallido social, ¿cuál es su balance respecto a la reparación y rehabilitación por parte del Estado a las víctimas de traumas oculares?

En el tema del proceso de reparación, bueno, hoy día el programa PACTO es algo que debemos reconocer, ya que hemos sido más escuchados. Ha mejorado la calidad de profesionales, de la atención y tenemos mayor cobertura, tanto psicólogos como psiquiatras, lo que carecía en el programa PIRO que creó el exministro de Salud, Jaime Mañalich en el gobierno de Piñera. Esto fue una forma de blanquear su imagen y decir que se estaban haciendo cargo de los daños que provocaron, cuando era un programa precario que no cumplía con las necesidades de nuestros compañeros. De hecho, producto del abandono psicológico es que también tuvimos suicidios de nuestros compañeros y eso se produjo por el abandono que hubo.

–¿Han tenido más avances, entonces, con este gobierno?

En el tema de reparación, sí hemos podido avanzar con este gobierno, aunque obviamente queda más por hacer, pero sí se ha contado, por lo menos, con esa ayuda. Con ese reconocimiento a hacerse cargo el Estado de los daños que provocaron.

–Son muy pocos los casos judiciales que han llegado a una condena o incluso a una individualización de los responsables, quedando la mayoría archivada. ¿Qué opina respecto a la impunidad de los carabineros involucrados?

El tema de la impunidad es algo que nos complica mucho y afecta a los compañeros psicológicamente, porque es un tema que daña y que los mantiene con mucha rabia e indignación, como también a sus familiares. Creemos que con eso no hemos logrado avanzar lo necesario. Este gobierno nos pareció que protegía al ahora ex general director de Carabineros, Ricardo Yáñez cuando se pidió que fuera formalizado, hace mucho rato debería haber sido formalizado y debería haber justicia. Nosotros pedimos prisión preventiva para los carabineros que provocaron tanta brutalidad contra quienes nos manifestamos de forma pacífica desde el 18 de octubre. No es posible que solo se les dé arraigo nacional y una firma cada 15 días. No es suficiente para el peligro que ellos representan para la sociedad, debiera haber sido cárcel preventiva mientras se llevaba a cabo la investigación, pero, lamentablemente, aquí la justicia opera de forma desigual y eso es muy molesto, de verdad que nos indigna mucho.

–Diversas encuestas dan cuenta de que hoy la ciudadanía percibe de forma muy distinta lo que fue el estallido social, con una valoración negativa de algo que hace cinco años tuvo un apoyo multitudinario y transversal. ¿Qué opina al respecto?

Hemos percibido que el pueblo ha tendido a “comprar” un poco el discurso que se ha instalado desde los medios de comunicación tradicionales y de la derecha en que en las protestas que se dieron desde el 18 de octubre, todos quienes estaban en la calle eran delincuentes. Pero, afortunadamente, no todos y todas lo han creído. Hay varias convocatorias para marchas y actividades en conmemoración a lo ocurrido con el 18-O, y eso habla de que hay un sector del pueblo que está absolutamente negado a creer lo que se ha dicho en los medios, lo que han querido instalar en la opinión pública.

–¿Cuál cree que es el impacto que estos discursos han tenido en la construcción de memoria respecto de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el estallido?

Creemos que hoy todavía existe memoria y hay que seguir trabajando, porque la derecha apuesta a terminarla.  Les conviene a quienes han violentado históricamente al pueblo y al Estado. Así que creemos que hay que seguir dando la lucha, hay que seguir de pie, hay que seguir avanzando en memoria para asegurarle a las futuras generaciones que no se repita la violación de los derechos humanos desde el Estado o de quien sea, a quienes se manifiestan pacíficamente. Cuando hablamos de vivir en democracia, es poder salir a las calles y manifestarse de forma pacífica, y no terminar mutilado, siendo preso político, suicidado en las comisarías o siendo torturado por carabineros. Así que creemos que todavía hay memoria en parte del pueblo y hay que seguir trabajando para no ser olvidados, porque lo peor que puede pasarle a las víctimas y a quienes entregaron su vida el 18 de octubre en la revuelta popular es ser olvidados.

La relación entre los fenómenos inseguridad/migración no es nueva. Ha estado presente en el discurso público de candidatos en diversos procesos electorales de los últimos años en el país, en dichos de diversas autoridades y en columnas y entrevistas de distintos líderes de opinión. También es una constante en la cobertura mediática de los delitos que se cometen en Chile: la nacionalidad de los involucrados pareciera ser un factor obligado a considerar y mencionar, al menos cuando los victimarios son extranjeros.

Los datos duros dan cuenta de que sí, ha aumentado la delincuencia en el territorio nacional y también la migración, sin que necesariamente haya una correlación de causalidad entre ambos fenómenos. Pero en la opinión pública pareciera que cada vez se ven más entrelazados.

Según datos del Banco Mundial, hay cerca de 532 mil migrantes venezolanos en Chile, además de otro millón de personas de otras nacionalidades. La gran mayoría eligió salir de sus naciones para buscar mejores oportunidades económicas, sociales y políticas, por lo que este país se ha convertido en un lugar donde pueden soñar con estabilidad y cobijo. Sin embargo, la última encuesta Cadem arrojó que un 51% de las personas encuestadas considera que la migración ha sido un detonante de la crisis de inseguridad y el 28% lo menciona de forma espontánea como el principal motivo que incide en el alza de la delincuencia.

La psicóloga y magíster en sociología Andrea Espinoza, ex directora social del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) y actual directora de Comunidad Universitaria en la UAH, se refiere a esta situación en esta entrevista, y asegura que no existe evidencia aún que establezca una relación de causa/efecto entre los fenómenos, y que esa “percepción negativa está vinculada a los medios de comunicación, que de alguna forma han ido ligando la migración con la inseguridad”.

Andrez Espinoza, ex directora social del SJM y actual directora de Comunidad Universitaria UAH.

“No hay evidencia para asociar migración con peligrosidad”

–¿Cómo se puede entender la crisis humanitaria por la cual están llegando tantos migrantes a nuestro país, principalmente desde Venezuela?

La percepción que tiene la ciudadanía ante Venezuela es una percepción distinta a las crisis de armas, por ejemplo: el caos de Ucrania y Rusia por la guerra. Los chilenos y chilenas tendemos a ver eso como más urgente que la crisis humanitaria. La mayoría de las personas que llegan a Chile desde Venezuela en los últimos años, ingresan al territorio nacional por pasos no habilitados, es decir, de forma terrestre, y la mayoría lo hace caminando por el norte de Chile, ya sea por la frontera de Arica, Chacalluta o la frontera de Colchane, en la Región de Tarapacá. Al ingresar por un paso no habilitado, las posibilidades de regularizarse son muy escasas. Las personas que se pueden regular y estar en Chile son niños y niñas. Es un círculo, porque los padres o la mayoría de las madres, si no se pueden regular no tienen rut, y no pueden acceder a un trabajo formal. Creo que la manera más adecuada y urgente, es que todas las personas que han llegado a Chile por pasos no habilitados se puedan regularizar.

–¿Cómo afecta en materia de seguridad que estas personas migrantes no tengan acceso a una regularización?

No ha habido en Chile una regularización masiva desde 2018, y eso conlleva a que, como no tienen sus papeles al día, no sabemos quién está dentro de nuestro territorio. Podemos estimar un número porque, cuando uno llega a Chile por paso no habilitado, hay un trámite que se llama autodenuncia, que es como decir “yo, Andrea Espinoza, estoy irregular en el territorio chileno”, pero no sabemos nada más. Si se identifica a los ciudadanos extranjeros que están en el país, va a ser más fácil saber quiénes son, cómo se llaman, dónde viven actualmente. Cuando se genera la regularización, hay requisitos, y uno es no tener antecedentes penales.

–¿Cómo se explica que la percepción de la ciudadanía apunte a la migración como la responsable de aumentar la inseguridad?

No hay evidencia para asociar migración con peligrosidad o inseguridad, no existe evidencia todavía para saber si hay delitos que cometen ciertos migrantes. Lo que pasa es que los casos están siendo de alta connotación pública y antes en Chile no se veían, pero no existe aún evidencia desde el punto vista académico cuantitativo, es muy limitada la producción de información y conocimiento científico sobre eso.

– ¿A qué se debe entonces la sensación de rechazo hacia los migrantes?

Hay una encuesta que sacó la Universidad Católica (Encuesta Bicentenario) y que le pregunta a la población nacional: ¿piensa usted que la migración es un problema? En la última edición del sondeo, el 70% dijo que sí, y después hay una siguiente pregunta: ¿usted ha tenido alguna vez problema con un migrante? Menos del 20% ha tenido un problema directo con un migrante. La percepción negativa está vinculada a los medios de comunicación, que de alguna forma han ido ligado la migración con la inseguridad. También los periodistas tienen una alta responsabilidad, porque a ciertos crímenes le ponen nacionalidad, pero cuando lo comete un chileno, no.

–¿Cómo se explica socialmente este actuar de los chilenos?

Puede que estemos ante un choque cultural. Históricamente, no hemos sabido cómo relacionarnos ni siquiera con nuestro propio pueblo originario. Por supuesto que hay costumbres que nos van a costar más, pero la convivencia finalmente es una construcción.

Si los chilenos en general tendemos a escuchar la música un poco más baja que las personas de ciertos países de Latinoamérica, hacer que este problema no exista no es la solución, sino que conversar cara a cara y buscar soluciones. Este problema está en todo tipo de espacios, es un tema convivir entre estudiantes, entre estudiantes y trabajadores, entre estudiantes y profesores. No sé si es un problema de Chile, pero falta emplear mayor comunicación y enfrentar las diferencias.

En su última Cuenta Pública, el Presidente Gabriel Boric hizo un hizo un anuncio que impactó en el mundo de los derechos humanos (DD.HH): que su gobierno ya había iniciado un proceso para expropiar parte de los terrenos de la ex Colonia Dignidad, en Villa Baviera, para convertirlos en un sitio de memoria. A la semana siguiente, el tema fue eje en la visita de Estado que el mandatario hizo a Alemania, país que ya comprometió su participación “como socio” en la concreción de ese proyecto, que involucra, además, la creación de un centro de documentación en un lugar que Boric calificó en una entrevista como “el epítome del mal”.

La medida se enmarca en una de las promesas contenidas en el programa de gobierno de la actual administración. En ese documento, bajo la propuesta 40, dice:

“Duplicaremos el presupuesto del Ministerio de las Culturas para llegar al 1% del Presupuesto Público y crearemos Puntos de Cultura en todo el país para que colectivos artísticos, sitios de memoria, comunidades, clubes deportivos, organizaciones barriales y otros puedan articularse”.

Sin embargo, lo cierto es que, a más de dos años de su llegada a La Moneda, la realidad de muchos sitios de memoria en nuestro país es bastante distinta.

El 5 de abril, el Centro Cultural Museo y Memoria Neltume anunciaba en sus redes sociales que dejaría de funcionar por falta de financiamiento. A eso se suma lo informado por la Casa Memoria José Domingo Cañas, que también denunció el retraso en la falta de recursos para su normal funcionamiento. ¿Se está cumpliendo la promesa del programa? ¿Tienen los sitios de memoria garantizada su supervivencia? ¿Son suficientes el marco legal chileno y los recursos disponibles para una política fuerte en pos de la memoria histórica y la no repetición?

Puroperiodismo se contactó con la coordinadora de la Red de Sitios de Memoria Latinoamericanos y Caribeños (RESLAC), la argentina Verónica Torras, para conocer su perspectiva frente a esta situación, el lugar que Chile ocupa en el contexto regional y cómo, luego de que el año pasado se hayan conmemorado 50 años del Golpe de Estado, el país aún no cuenta con una legislación robusta en cuanto a la conservación de estos espacios clave para conmemorar a las víctimas de las atrocidades del pasado, educar a la ciudadanía en torno a las violaciones a los derechos humanos y evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir.

“Es importante poner en perspectiva la situación y reconocer tanto las cosas positivas como las negativas. Aunque el caso de Chile tiene sus particularidades, no podemos decir que sea peor que el de otros países. En la mayoría de los países de nuestra región, no contamos con legislación específica que proteja los sitios de memoria, y los estados no garantizan financiamiento ni programas públicos para apoyar su trabajo”, dice en esta entrevista.

Verónica Torras, coordinadora de la Red de Sitios de Memoria Latinoamericanos y Caribeños (RESLAC).

–¿Qué son los sitios de memoria, entendiendo la definición que manifiesta la Convención Interamericana de Derechos Humanos?

Sería importante encuadrarlo en la realidad de América Latina y el Caribe, porque hay una particularidad de nuestra historia reciente. La historia de las dictaduras –en el caso de los países del Cono Sur– y de los conflictos armados internos –como en países andinos y de Centroamérica–, hace que la mayoría de los sitios en nuestra región refieran a estas realidades: a situaciones de violencia extrema y de graves violaciones a los derechos humanos por parte, fundamentalmente, de agentes estatales en el contexto de estos procesos de los años ‘70, ‘80 y, en casos como Colombia, una situación de conflicto armado que permanece hasta hoy.

–¿Hay alguna característica común a los espacios de este tipo en la región?

Tienen algunas características centrales: en muchos casos son sitios que recuperan espacios que cumplieron funciones represivas y se reconfiguran pensando en que puedan cumplir funciones vinculadas a la transmisión de lo que ahí ocurrió y a la formación de una ciudadanía con memoria democrática y comprometida con la vigencia de los DD.HH. Recintos militares o policiales que se transforman en espacios de memoria. En otros casos, son recintos vinculados a procesos de resistencia a estas graves violaciones a los DD.HH., y también hay iniciativas estatales de creación de museos o de espacios creados ad hoc, pero con un proyecto de memoria. Estos sitios cumplen esta función de preservar los espacios, preservar o relevar archivos vinculados a esos procesos, tomar testimonios a personas que han sido parte de los mismos y constituirse en lugares que pueden ser visitados por diferentes generaciones y públicos interesados en tener una experiencia vinculada a la historia reciente. Son espacios pedagógicos y educativos.

–¿Cuál es la situación actual de estos sitios?

En nuestra región, sobre todo en las últimas décadas, hemos tenido una explosión de sitios de memoria. Algunos de éstos son estatales y/o solventados con recursos públicos, pero la mayoría de ellos son sitios que surgen a partir de iniciativas comunitarias. Es más, los estatales, en muchos casos, surgen de procesos impulsados desde organizaciones defensoras de DD.HH. y de sobrevivientes de familiares que demandan también al Estado la construcción de estos sitios o, directamente la comunidad se organiza para llevar adelante la autogestión de estos espacios.

El caso chileno

–En Chile, el programa del Presidente Boric alude explícitamente a la preservación de los sitios de memoria. ¿Cómo puede entenderse que ahora muchos de esos sitios –algunos parte de la red de la cual usted es coordinadora– estén en riesgo de cierre por falta de recursos?

Para describir el arco completo de lo que pasó en Chile desde una perspectiva latinoamericana, hay varios puntos importantes a destacar. En primer lugar, había una gran expectativa de que el gobierno de Boric asumiera un compromiso mayor con el respaldo a los sitios de memoria. Chile es un país que ha sido prolífico en la creación de estos sitios de memoria en la región: aproximadamente 70 asociados al pasado reciente de la última dictadura. Por lo tanto, había una expectativa efectiva de un mayor compromiso del gobierno con este tema.

–¿Y qué sucedió?

Por un lado, inicialmente la gestión de la Subsecretaría de Derechos Humanos creó un programa muy bueno de apoyo a los sitios de memoria. Este programa se basó en una consulta exhaustiva con los sitios y tuvo un trabajo de producción muy interesante. Sin embargo, lamentablemente, fue recortado por la propia gestión, lo que implicó un reajuste del programa que modificó algunas cuestiones importantes.

Por el otro, el programa originalmente no era concursable, sino que se basaba en un análisis de la situación caso por caso de los sitios de memoria. Finalmente se transformó en un programa concursable y estandarizado, lo que terminó siendo un problema. El hecho de que el financiamiento se haya suspendido en 2023 y los sitios no contaban con una previsión presupuestaria para el año siguiente obligó a algunos sitios a desvincular personal y cerrar en algunos casos, lo que generó una situación de precariedad.

–¿Cómo ven desde la RESLAC las propuestas de la administración actual?

Nos parece positivo que el Estado de Chile haya tomado la iniciativa de poner en el foco de sus políticas públicas a los sitios de memoria y haya asumido su responsabilidad en relación con el tema de contribuir a la sostenibilidad de estos sitios. Sin embargo, también lamentamos que el programa originalmente bueno fuera maltratado por la forma en que se modificó y ajustó.

Es importante poner en perspectiva la situación y reconocer tanto las cosas positivas como las negativas. Aunque el caso de Chile tiene sus particularidades, no podemos decir que sea peor que el de otros países. En la mayoría de los países de nuestra región, no contamos con legislación específica que proteja los sitios de memoria, y los estados no garantizan financiamiento ni programas públicos para apoyar su trabajo.

Registro de las llamadas “graderías de la dignidad”, en el sitio de memoria del Estadio Nacional. (FOTO: Antonio Parodi)

–¿Cómo se han relacionado ustedes con los sitios de memoria de Chile? Sobre todo, con aquellos que están más complicados como el caso del Museo de Neltume.

Para apoyar la gestión de los sitios de memoria en Chile, hemos enviado una carta y solicitado una audiencia con las autoridades. Sabemos que la carta fue recibida y se está considerando nuestro pedido. Creemos que, en muchos casos, el hecho de poder influir en la toma de decisiones desde una organización de referencia a nivel regional puede ser útil para apoyar los reclamos de los sitios a nivel nacional. Nuestra experiencia, en este sentido, es amplia, ya que hemos apoyado sitios de memoria en 13 países diferentes.

–¿Cómo ven la disposición de la autoridad chilena para atender estos requerimientos?

Por lo que sabemos de los sitios de memoria de Chile, las autoridades han tenido algún nivel de escucha en relación con los reclamos, de hecho, han solucionado algunas de las cuestiones que los sitios plantearon con mayor urgencia, así que tenemos la expectativa de poder tener esa reunión. También hemos solicitado una audiencia temática en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para sus reuniones del mes de julio. Entre los temas que vamos a abordar, se encuentra el caso de Chile y los sitios de memoria en ese país. Estamos pensando en cómo darle continuidad a este proceso con otras acciones de incidencia a nivel de los organismos regionales de derechos humanos.

En paralelo, estamos permanentemente realizando evaluaciones críticas de las políticas públicas de memoria en la región y confeccionando informes sobre la situación. Estos informes los entregamos a diferentes autoridades para que puedan considerar nuestras recomendaciones. Esta es nuestra forma de apoyar y acompañar a los sitios de memoria que están pasando por dificultades en Chile.

Se llamaba Franco Vargas y tenía 19 años. Era conscripto. Aunque venía de Cerrillos, hacía su servicio militar en la Brigada Motorizada N°24 «Huamachuco» de Putre, en la Región de Arica y Parinacota, y allá murió el 27 de abril en lo que se ha considerado una nueva “marcha maldita” del Ejército.

Era un ejercicio “de rutina”, una marcha de madrugada a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, bajo condiciones climáticas extremas; el cierre a cinco días de instrucción a bajas temperaturas. Franco falleció por fallas respiratorias, mientras que otros 45 de sus compañeros se enfermaron esa jornada y a uno incluso debieron amputarle una mano días después.

Entre los relatos de lo que sucedió esa mañana en el altiplano, han surgido versiones de abuso, violencia y negligencia por parte de quienes estaban a cargo del pelotón, reflotando con ello viejos fantasmas de antiguas tragedias que enlutaron a las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y al país; de lecciones supuestamente aprendidas y de “errores” y malas prácticas que no tenían por qué volver a ocurrir, pero que siguen ocurriendo.

Después de la fatídica marcha de Antuco, que en mayo de 2005 le costó la vida a un suboficial y 44 conscriptos del Ejército y que develó que tras la serie de malas decisiones había un historial de abuso y maltrato, habrían cambiado los protocolos de entrenamiento y seguridad en las FF.AA., para así garantizar el bienestar de los jóvenes que dieran su servicio militar. Sin embargo, cada cierto tiempo se reportan nuevos casos que ponen en duda la real implementación de esos cambios o, al menos, de su eficacia.

Está el caso de conscripto de la Armada Fernando Lazo Gutiérrez, fallecido en 2011 durante un entrenamiento en condiciones extremas. Héctor Erices, un cabo segundo de 23 años, en 2019 se quitó la vida en un regimiento de Renca y su familia denunció que en el Ejército ni lo notaron. Ese mismo año, Marco Velásquez, de 18 años, le disparó al cabo primero Pedro Benavides (31) y al sargento segundo Fernando Zamorano (39), antes de hacerlo a sí mismo, supuestamente como represalia al bullying al que era sometido a diario. Y son sólo apenas casos.

De acuerdo con un documento preparado por un asesor parlamentario de la Biblioteca del Congreso Nacional para una comisión investigadora que precisamente indagaba sobre la prevención y sanción de abusos y maltratos a soldaos y conscriptos, entre 2015 y mediados de 2019 las FF.AA. recibieron 143 denuncias internas por acoso sexual, abuso o violación a alguno de sus miembros. El Ejército concentra 76 episodios de esta índole. Otros reportes hablan de 111 intentos de suicidio que se contabilizaban desde 2013 hasta 2019, y de más de 300 denuncias de casos de violencia sexual que sufren dentro las mujeres y hombres.

¿Qué ha fallado en la capacidad del Estado para poner coto a estas situaciones al interior de las FF.AA. y por qué sigue fallando? Puroperiodismo conversó sobre este tema con Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnistía Internacional, profesor de derecho constitucional y uno de los expertos que han participado de forma más activa en el debate sobre las responsabilidades institucionales y las garantías que deben ofrecer el Estado chileno y sus FF.AA. para asegurar el respeto a los derechos humanos de quienes las integran.

“Es importante que se adopten medidas vinculadas a la investigación y sanción de los hechos, pero también en cuanto a la reparación de las víctimas y sus familiares, y garantías de no repetición para que, ahora, de verdad, nunca más ocurran hechos como estos. Pero en serio, no como se dijo después de Antuco, que se iban a adoptar medidas para prevenir ese tipo de actos. Ahora sí que el Estado tiene que adoptar seriamente medidas de no repetición”, dice Bustos en esta entrevista.

Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile. (FOTO: Pagina19.cl)

La muerte del conscripto Vargas

–Los conscriptos que iban con Franco en la marcha de Putre han acusado maltratos, abusos y negligencias previas, como en casos anteriores. ¿Considera que esto pone en cuestión los protocolos y prácticas de las FF.AA.?

Todas las otras denuncias que han ocurrido en relación con malos tratos y/o abusos de distintas formas ocurridas en instituciones de la Fuerzas Armada, en el Ejército o en el contexto específico del servicio militar, como Estado y como sociedad, deberíamos haber tenido un aprendizaje y que ese tipo de hecho no volvieran a ocurrir. Sin embargo, ahora estamos hablando de un conscripto fallecido, Franco, y también estamos hablando de otro conscripto con una amputación de la mano, y de muchos otros que sufrieron intoxicación y afectación a su integridad personal. Por lo tanto, lo que se requiere ahora, en primer lugar, es que estos hechos se esclarezcan y se sancionen.

–¿Cuál es su opinión acerca del caso?

No puede quedar impune la muerte de Franco; no pueden quedar impunes, de ser ciertos, estos hechos y estas denuncias de malos tratos, de tortura y de tratos crueles e inhumanos que han denunciado varios de los conscriptos. Es necesario tomar medidas, pero hacerlo en serio esta vez, para que actos como este no se repitan. Eso pasa por una revisión del servicio militar, de la manera en que se realiza y de los procedimientos de control para evitar que haya malos tratos y tortura. También, por cierto, se requiere un reforzamiento muy robusto de la formación en derechos humanos en el Ejército y en todas la instituciones de las FF.AA.

–¿Cuál ha sido la línea de acción que han seguido como Amnistía Internacional ante los informes de tratos crueles sufridos por los conscriptos en la localidad de Putre?

Desde Amnistía Internacional, estamos recabando todos los antecedentes e instando a los órganos del Estado a que actúen como corresponde ante estos hechos graves. En ese sentido, hemos planteado que es una buena señal que haya una querella del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), como órgano autónomo del Estado, y que el Poder Judicial debe llevar a cabo una investigación exhaustiva y oportuna. Asimismo, que la Corte Suprema haya designado una ministra en visita es también una medida positiva, al igual que la conformación de una comisión investigadora por parte del Congreso para esclarecer lo sucedido. Pero, por otro lado, es una muy mala señal que dentro del Ejército se haya obligado a algunos de los conscriptos a firmar actas donde declaran falsamente que no han sido sometidos a ningún tipo de maltrato o tortura. Aquí, lo que corresponde, es que el Estado actúe de manera unificada, porque estos hechos son inaceptables y deben ser investigados y sancionados. Desde nuestro instituto estamos muy alerta y vigilantes, e instaremos a todos los órganos del Estado a que cumplan con su deber.

–¿Cree que este tipo de casos tengan que ser investigados por la justicia civil y no militar?

Efectivamente, estamos instando a que los órganos del Estado actúen, ya que estos hechos no pueden ser investigados por la Justicia Militar, un debate que se ha reabierto últimamente a propósito de la tramitación del proyecto sobre las reglas de uso de la fuerza. Deben ser abordados por la justicia ordinaria, porque tanto la muerte de Franco como los malos tratos y la tortura no tienen que ver con delitos de naturaleza militar, sino con delitos comunes. Así que esperamos que haya verdad y justicia, y vamos a trabajar para ello. Eventualmente también podemos intervenir en la comisión investigadora de la Cámara de Diputados para dejar en claro qué es lo que el Estado debe hacer de acuerdo con las obligaciones internacionales que tiene Chile en esta materia.

–¿Qué medidas preventivas sugiere Amnistía Internacional para proteger a los conscriptos?

Como ya señalaba, lo sucedido ahora no es un hecho aislado. Tuvimos la tragedia de Antuco en 2005 y una serie de otras denuncias muy graves en los últimos 20 años. Todo esto nos muestra que se requiere una revisión profunda de la forma en que se realiza el servicio militar en Chile. El hecho de que se trate de una institución que usa la fuerza y que tiene como finalidad la Defensa Nacional, no puede implicar que sean legítimos actos de tortura, como los descritos en la querella del INDH, que está documentada en los relatos de los conscriptos. Por lo tanto, debe revisarse la forma en que se realiza el servicio militar en nuestro país.

En segundo lugar, debe fortalecerse la formación en derechos humanos dentro de las instituciones armadas. Han avanzado en cierta medida al tener algunas charlas o capacitaciones en derechos humanos, pero no es suficiente. Estos hechos, no solo los malos tratos y la muerte de Franco, sino también algunas descripciones de los conflictos y los dichos de varios de los responsables de los mandos del Ejército, demuestran que hay que avanzar mucho más en una cultura respetuosa de los derechos humanos en las instituciones armadas en Chile. Además, es fundamental verificar la responsabilidad de los mandos. Esto no tiene que simplemente cortarse por lo más delgado; la institución armada es jerárquica y opera con una responsabilidad de los mandos que, muchas veces en Chile, cuesta que se lleve a cabo. Pero este es un caso muy claro donde debe esclarecerse e investigarse esa responsabilidad de los altos mandos.

Imagen de ejercicios de marcha en Putre realizados en 2022. (FOTO: Ejercito.cl)

La verdad “a cuentagotas”

–Durante el transcurso de la investigación, por parte del Ejército no han tenido respuestas claras e incluso han evitado la responsabilidad luego de las acusaciones por parte de los mismos conscriptos. ¿Cómo valora la transparencia de la institución y de la investigación en curso?

Esto recuerda un poco lo que ocurrió en otros casos de violaciones a los derechos humanos, como lo que sucedió durante la dictadura, cuando también se presentaban todo tipo de versiones que nada tenían que ver con la forma en que se cometían esas vulneraciones. Algo similar ha ocurrido en los últimos 20 años, por ejemplo, con casos relacionados con Carabineros, como el asesinato de Camilo Catrillanca: también se presentó una versión el primer día, otra versión después de dos o tres días, y después de una semana ya estaba claro que la primera versión no tenía ninguna correspondencia con la realidad. Muy parecido a lo que está sucediendo ahora, y eso habla muy mal de la transparencia y de la rendición de cuentas que debe tener una institución del Estado como el Ejército de Chile. No puede ser que vayamos conociendo la verdad de lo ocurrido con Franco a cuentagotas.

–¿Qué responsabilidad le cabe al comandante en jefe del Ejército, general Javier Iturriaga?

El comandante en jefe del Ejército debe rendir cuentas ante la comisión investigadora en el Congreso, y su institución debe colaborar completamente con la investigación que se está llevando a cabo para, justamente, conocer la verdad de lo sucedido con Franco y asegurar que haya justicia.

–¿Cómo debería responder el Estado en estos casos?

El Ejército es parte del Estado de Chile, y cuando un órgano del Estado vulnera los derechos humanos, sea por acción o por omisión, es el Estado en su conjunto el que finalmente está sujeto a responsabilidad internacional por los tratados y compromisos que ha suscrito. Por lo tanto, sin lugar a duda, estos hechos podrían conllevar la responsabilidad internacional del Estado de Chile. Por eso es tan importante que se adopten medidas vinculadas a la investigación y sanción de los hechos, pero también en cuanto a la reparación de las víctimas y sus familiares, y garantías de no repetición para que ahora, de verdad, nunca más ocurran hechos como estos. Pero en serio, no como se dijo después de Antuco, que se iban a adoptar medidas para prevenir ese tipo de actos. Ahora sí el Estado tiene que adoptar seriamente medidas de no repetición.

Escudo del Regimiento de la Brigada Motorizada N°24 «Huamachuco», en Putre. (FOTO: elinformadorchile.cl)

Posibles reformas

–¿Qué reformas institucionales considera Amnistía internacional para abordar la cultura de violencia que se ha generado en las Fuerzas Armadas?

Cuando ocurren hechos como estos, hay acciones concretas que debe tomar el Estado respecto del caso específico: la muerte de Franco, las denuncias de tortura de otros conscriptos, dar de baja a algunos funcionarios, evaluar sanciones, reparación a las víctimas y a sus familiares. Todos estos son actos y políticas que el Estado debe implementar en relación con el hecho concreto. Además, efectivamente, se debe reflexionar sobre si esto debiese conllevar reformas; por ejemplo, si debe haber una revisión del servicio militar. Pero cuando, por ejemplo, planteaba anteriormente que también debe haber una revisión de la formación en derechos humanos dentro de instituciones como el Ejército, estoy pensando de manera más global que el hecho concreto. En ese sentido, sin dudas, tanto el Ejército como otras instituciones armadas, o aquellas que tienen funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, requieren en Chile una reforma importante para incorporar una perspectiva de derechos humanos en sus instituciones, que haya prueba de transparencia y que la naturaleza de sus labores se realice en conformidad con la ley.

–Respecto a los organismos internacionales de derechos humanos, ¿qué rol juegan en estas situaciones?

Hoy en día es complejo hablar del sistema internacional de protección de derechos humanos. Tenemos el sistema de Naciones Unidas y el sistema interamericano, y estamos en un momento en el que, probablemente, estos sistemas de protección de derechos humanos están más cuestionados que nunca desde su creación después de la Segunda Guerra Mundial. Esto se debe a situaciones como la que está ocurriendo en Gaza, donde, de alguna forma, el sistema internacional no logra adoptar medidas efectivas para poner fin a los crímenes de guerra que se están llevando a cabo, y lo mismo sucede en otras latitudes del mundo. Por lo tanto, el sistema de protección de derechos humanos enfrenta dificultades, pero es lo que tenemos y es indispensable que actúe frente a las violaciones de los derechos humanos. Como señalaba anteriormente, hechos como los ocurridos con los conflictos en Putre pueden implicar que haya sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), o que haya informes de relatores especiales o de otro órgano internacional señalando que Chile está incurriendo en violaciones de derechos humanos y exigiendo al Estado que tome medidas, tanto respecto al hecho concreto como también para evitar que este tipo de sucesos vuelvan a ocurrir.

–Pero en esa misma línea, ¿cuánto ya se ha avanzado en Chile para garantizar el respeto de los derechos humanos y no depender de esos sistemas que usted ha catalogado como “insuficientes”?

En los últimos 34 años, desde el fin de la dictadura, ha habido avances en algunas materias. Hoy Chile cuenta con instituciones autónomas del Estado en materia de derechos humanos, como el INDH, la Defensoría de la Niñez y el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Desde 2016 que existe una ley contra la tortura y en 2011 se puso fin a la amplia jurisdicción de la Justicia Militar en materia de violaciones a los derechos humanos. En los últimos años, se ha avanzado más en verdad y justicia; hay un plan nacional de búsqueda de personas detenidas desaparecidas, y también se ha avanzado en algunos temas vinculados a la discriminación de grupos tradicionalmente vulnerables.

Sin embargo, sin lugar a duda, hay muchos déficits y materias en las que el Estado está en deuda. El último informe del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, de hace aproximadamente un mes, fue muy duro respecto, por ejemplo, a las violaciones de derechos humanos cometidas durante el estallido social, la falta de justicia en la mayoría de los casos y la ausencia de una política pública de reparación integral, entre otras materias. Por lo tanto, aunque Chile ha tomado algunas medidas políticas y leyes que van en la dirección correcta en los últimos 34 años, también ha habido violaciones a los derechos humanos, una ausencia de políticas en algunas materias y retrocesos en algunos ámbitos. En este sentido, nuestro llamado, especialmente en años de elecciones como este 2024 y el próximo 2025, es que todas las autoridades del Estado tengan siempre en cuenta y sobre la mesa los tratados internacionales de derechos humanos y el marco internacional que nos obliga.

Su nombre es Josefina Cáceres, y si se busca en Google, podría ser cualquiera de las que aparece bajo esa nominación: la psicóloga, la odontóloga, la escritora, o una de las tantas mujeres que tienen cuenta en Instagram con ese nombre y apellido. Pero no es ninguna de ellas, porque a ella se le conoce de otra forma. Ella es Sirena DLR, y si así se busca en la web, entonces sí es fácil encontrarla.

En Instagram cuenta con casi 32.000 seguidores. En Youtube tiene cerca de 1.300 suscriptores y, en apenas 11 días, su último video ya suma unas 37.000 visualizaciones. Le han hecho entrevistas en medios especializados, porque ella, Sirena DLR, ya es un nombre que suena y que se ha logrado posicionar en los últimos años en un mundo que aún parece cuesta arriba para las mujeres: el del género urbano.

Desde que Chile se volvió en 2021 la capital inapelable del reggaetón a nivel mundial, según Spotify, la escena urbana se consagró como la principal tendencia en el país, y los exponentes nacionales agarraron un vuelo inusitado. Marcianeke, Cris MJ, Pablo Chill-E, Pailita, Standly, Polimá Westcoast, Ak4:20, Julianno Sosa, El Jordan 23… los más populares; todos hombres.

A pesar de que la industria y los focos de atención se han concentrado mayormente en el sexo masculino, la escena se ha ido abriendo de a poco a través de la presencia de mujeres que, a punta de lucha, garra y sudor, han logrado mayor visibilidad y promoción, tanto en medios de comunicación como en las diferentes plataformas de streaming.

Y ahí está Sirena DLR o Sirena De La Rima (de ahí las siglas). Tiene tan solo 23 años, pero un largo recorrido. Comenzó en la música cuando tenía 11, probando rimas con el rap y el hip-hop, y ahora evolucionó hasta llegar al género urbano, con estilos como el trap y el drill. ¿Cómo ha sido ese camino?

En esta entrevista con Puroperiodismo, Sirena DLR cuenta cómo fue que llegó al género urbano y se refiere al empoderamiento femenino del cual ella es parte, el mismo que le ha permitido posicionarse dentro de este ambiente, cumplir sueños que parecían inalcanzables e incluso grabar un tema con una reconocida artista local, su “ídola”, dice, anuncio que entrega en exclusiva durante esta conversación.

Sirena DLR en el estudio de grabación. (FOTO: Carla Navarrete)

“Mi camino urbano”

–Tu nombre se ha logrado posicionar como un referente en la escena urbana chilena. ¿Fue por este género que iniciaste tu carrera musical?

Yo empecé chica, como a los 11 años, cuando me cambié de ciudad, porque yo vivía en Talca. Me vine a Santiago y ahí fue que conocí el mundo del hip-hop y, desde luego, me metí altiro. Yo rapeaba, graffitiaba, tenía mi grupo y cantábamos en las micros. Ahí empecé a verlo más como un trabajo. Después de unos años, como en el 2020, llegué a un estudio donde hacían música urbana, y ahí me sacaron totalmente de mi zona de confort. Empecé a hacer otros ritmos, como trap y drill, derivados de eso, y así comencé mi camino urbano.

–¿Cómo surgió tu interés y gusto por la música?

Mi papá era compositor, aunque no se dedicó a eso. Pero siempre tocó la guitarra al lado mío y escribíamos letras juntos. Mi tía abuela era poetisa, entonces, igual hay un acercamiento familiar al arte.

–¿Por qué decidiste concentrarte en el género urbano y apostar por él?

Porque se empezaron a abrir puertas que antes no había, creció mucho la industria. La gente empezó a poder vivir de esto. Creo que también fue gracias a las redes sociales que, a fin de cuentas, son una herramienta de trabajo para nosotros. Sin ellas no podemos publicitar nuestra música, nuestros lanzamientos; sería todo muy difícil. (…) Ahora están las herramientas para poder hacerlo y verlo como un trabajo, algo estable para una. Fue como en 2019 que empecé a darme cuenta de lo que podía lograr si me enfocaba en mi música y en el género urbano.

–¿Cuándo fue que tocaste realidad y te diste cuenta del avance de tu trayectoria artística, que esto ya había agarrado vuelo?

En 2019, cuando hice mi primer [Teatro] Caupolicán. Ahí sentí algo dentro de mí que me dijo que tenía que seguir haciéndolo. Ha sido difícil, pero así es todo en la vida. Y una puede hacer todo lo que se propone.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por ELGENERO7 | Género Urbano 🇨🇱 (@elgenero7)

“[Las mujeres] hemos sabido tener nuestro lugar en el género”

–Como muchos otros espacios, el mundo de la música urbana ha estado dominado, principalmente, por hombres. ¿Qué se siente ser mujer en esta trayectoria y ser parte del empoderamiento femenino que está transformando parte del género?

Ahora hay una cantidad importante de mujeres dando la cara por nosotras en esto, se han hecho notar y han trabajado por lo suyo. Como todas estamos en la misma sintonía, nos apañamos la una a la otra, somos súper cercanas. Si alguna necesita algo, ahí vamos a estar para la otra. Compartimos conocimientos entre nosotras y eso ha sido bueno, porque hemos sabido tener nuestro lugar en el género. Al final, sí es un poco más difícil, es verdad, pero nosotras nos hemos ganado nuestro puesto y se ha notado con el tiempo.

–Respecto a la visibilidad de los hombres y mujeres cantantes urbanos en los medios…

Le dan mucho más enfoque a la música de los hombres que a la música de las mujeres, sobre todo en lo urbano. Hay súper pocas mujeres en el género urbano a  las que los medios realmente les dan atención. El otro día me invitaron a un programa de radio y mencioné ese tema. En verdad, los medios les dan mucho espacio a los hombres.

–¿Qué mensaje le darías a las y los menores y/o jóvenes que quieren ser parte del género urbano en Chile?

Que sean disciplinados, que estudien, porque esto está siendo grande en Chile. Hay hartas cosas que aprender, como los porcentajes, firmas. No firmar con cualquier persona, saber legalmente cuáles son los términos y condiciones correctos para que puedas tener una carrera como se debe, y experimentar y fluir en el arte que hacen, seguir sus sueños.

Colaboración con su “ídola”

–¿Con quién te gustaría tener colaboraciones, quizás algún artista chileno/a?

Gracias a Dios, ya cumplí uno de esos sueños, pero aún no sale el tema. Esto no se lo he dicho a nadie, ni lo he publicado en mis redes sociales: voy a sacar un tema con la Denisse Rosenthal. Ella fue mi ídola desde muy chiquitita. La escuchaba desde niña y era uno de mis sueños más grandes colaborar con ella. Aparte, no fue porque se lo pedí yo, simplemente se dio y fue muy bonito. A ella le gustó mucho lo que hice y quiso sumarse altiro.

–¿Cómo se llama esa canción?

La canción se va a llamar Secreto de Luna y así la podrán encontrar en todas las plataformas digitales. Es como “Agitanado”, bien urbano y comercial, es como para la radio. Tiene harto poder femenino, transmite harta energía.

–¿Cómo es haber iniciado camino con el freestyle callejero y ahora estar cantando en conjunto a una de las artistas que te gustaban desde pequeña?

Yo creo que aún no lo he asimilado completamente, creo que todavía tiene que pasar algo más en mi carrera para que yo diga “ya ahora sí”, pero estoy cerca, y yo sé que se va suceder.

–Si tuvieras que recomendar a alguna otra artista del género urbano, ¿a quién sería?

La Aura Bae, para mí, es una de las mejores artistas del mundo y no entiendo cómo no tiene tanta visualización en comparación a música sin contenido. Bueno, es que igual el mundo del entretenimiento es súper morboso, cachai. Ella es muy “agitanada”, tiene ese estilo de gitana muy brígido. Ella hace buena música y no entiendo porque  no se promociona en los diferentes medios.

La crisis climática ha hecho que en los últimos años haya tomado fuerza el concepto de economía verde o sustentable. Según datos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Agencia Internacional de Energía (AIE), sólo el año pasado se emitieron 36.300 millones de toneladas de CO2, cifra récord que, tras la pandemia aumentó en un 6% debido a la reactivación de la economía. Por eso, el uso de fuentes de energías renovables, entre ellas el hidrógeno, como reemplazo al uso de combustibles fósiles que muevan esa economía, es una de las principales y más urgentes medidas que se están impulsando en todo el mundo para reducir este tipo de emisiones y el calentamiento global, y en ese plano Chile tiene un potencial muy alto por sus condiciones climáticas y geológicas.

Actualmente, el hidrógeno se está desarrollando como combustible en automóviles y ya hay tres modelos en el mundo que lo utilizan y se encuentran en el mercado: el Toyota Mirai, el Hyundai NEXO y el Hyundai Clarity Fuel Cell. También se utiliza en la industria petrolera como reductor de azufre –uno de los causantes de la lluvia ácida– a través de la hidrodesulfuración, y además tiene un potencial para usarse en distintos procesos energéticos que pueden ayudar con la reducción de la huella de carbono que producen las industrias y las personas diariamente.

Chile ha avanzado durante la última década en la descarbonización de la industria energética, contando ya con más plantas instaladas de energías renovables que de no renovables. De hecho, de acuerdo con el reporte anual 2020 de la asociación gremial de las empresas generadoras de energía, ya para ese año el 51% de las plantas instaladas generan a partir de recursos como el viento y el sol, y el hidrógeno verde es parte importante de su producción.

Desde 2020, el hidrógeno verde es uno de los pilares de las políticas públicas que buscan hacer a Chile un referente a nivel mundial, siendo pionero en plantas de producción de energía renovable, tanto en el norte como en el sur del país. Así lo señaló el ex ministro de Energía Juan Carlos Jobet a fines de ese año, cuando lanzó la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde, la primera de su tipo de Latinoamérica:

“En el desierto del norte, con la radiación solar más alta del planeta, y con vientos fuertes y constantes en el sur, tenemos el potencial de energía renovable para construir 70 veces la capacidad de generación eléctrica que tenemos hoy. Esta abundante energía renovable nos permitirá ser el productor más barato de hidrógeno verde del planeta. Nuestra Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde tiene como objetivo tomar esta oportunidad y convertirla en realidad”.

¿Qué desafíos abre este contexto? ¿Cuál es el real potencial que tiene el hidrógeno como fuente energética? ¿Qué riesgos existen? Para dar respuesta a esas y otras preguntas, Puroperiodismo conversó con Erick Gatica, ingeniero civil químico y magíster en Ciencias de la Ingeniería, profesor de distintas universidades e investigador en proyectos de energías renovables, y miembro de H2vec, una agrupación de profesionales que promueve “los conocimientos del hidrógeno como vector energético, desarrollo de capital humano e implementación de proyectos, siempre desde un enfoque social”.

Erick Gatica, ingeniero civil químico experto en el uso del hidrógeno y parte de la asociación H2vec.

Los usos del hidrógeno

–Para comprender de qué se habla cuando hablamos del hidrógeno, ¿qué es y en qué se usa actualmente?

El hidrógeno es un carrier o vector energético, no es sólo un combustible, es mucho más, por lo que puede usarse en la metalurgia, en alimentos, en reacciones de hidrogenación… Se utiliza en varios tipos de industrias y, por lo tanto, hay bastante mercado. A partir del hidrógeno se puede hace amoníaco, que se utiliza para crear fertilizantes, también se utiliza para crear nitrato, componente de los explosivos que se utilizan en las mineras.

–Hace unos años apenas se hablaba de su uso como alternativa energética. ¿Qué ha hecho que se popularizara?  

Se ha debido a varios factores, ya que se conoce desde el siglo XIX y hay libros sobre sus múltiples usos. Lo primero es reconocer el tipo de hidrógeno. Hay tres tipos: el gris, que proviene del gas natural y vapor de agua, este al expulsar gas a la atmósfera tiene una huella de carbono. El azul tiene un proceso similar, pero este dióxido de carbono se guarda bajo tierra y no contamina. Y el verde, que es el más popular e importante, ya que este se obtiene de energías renovables como la solar y la eólica. Esta energía pasa por un proceso llamado electrólisis, En el que al agua (hidrógeno más oxígeno) se le agrega electricidad y se separa creando el hidrógeno. Este hidrógeno verde es una de las alternativas para la descarbonización y por eso se está masificando su uso y popularidad.

–¿Cuáles son los potenciales usos que se le podría dar al hidrógeno?

Uno de los usos podría ser el mezclar el gas natural y el hidrógeno para el uso en nuestras casas, bajando así la huella de carbono del gas. Otra aplicación es usarlo en las celdas de combustibles. Esto ya se usaba en la carrera espacial alrededor de los años ’60, cuando las misiones Mercury o las Apolo llevaban celdas de hidrógeno que, al mezclarla con oxígeno, generaba agua para los astronautas y electricidad para alimentar la nave.

–¿Qué aplicación tiene eso hoy?

En la actualidad también se está probando para variados tipos de transporte. Por ejemplo, en camiones que se moverán a base de hidrógeno verde que alimentará a las celdas de combustible y el único residuo que expulsará será agua, por lo que su contaminación será casi nula. Toyota creó un auto que se mueve a base de este elemento también. En un futuro se espera que barcos o aviones puedan moverse a través del hidrógeno verde. Incluso hay drones para uso agrícola y también para hacer registro satelital de propiedades. También hay un proyecto de la HIF (Highly Innovate Fuels) respaldado por Porsche que busca crear hidrógeno para utilizarlo en un reactor químico, en el que se utilizará el CO2 de la atmósfera con el fin de generar combustibles similares a la gasolina para utilizarlos en vehículos de combustión interna con huella de carbono cero.

–¿Cuáles son las diferencias entre un motor alimentado por hidrógeno y uno por batería o el típico a gasolina?

Hay varias diferencias. Los motores a batería (cómo un Tesla) se demoran mucho en cargar, teniendo que estar incluso horas esperando a que se cargue. El hidrógeno, en cambio, es mucho más rápido, y en cinco minutos un auto podría estar con el estanque lleno, muy parecido a lo que actualmente se hace con los autos a combustión bencinera o petrolera.

Otra diferencia es que los estanques de hidrógeno son complejos de crear –a diferencia de los autos eléctricos que no usan un estanque–, ya que deben funcionar a una presión demasiado alta, pues, comparándolo con un motor a petróleo, la energía en cuanto a volumen del hidrógeno es 10.000 veces menor al petróleo, por lo que se necesitaría un estanque gigante si no existe presión. Por eso se debe poner a alta presión, a 70 megapascales, que es una presión bastante alta si se considera que la presión atmosférica es de 0,1 megapascales, agregando también que los automóviles utilizan una presión mayor a la hora de almacenar este nuevo combustible en comparación a los camiones, así que debe haber una separación para ambos vehículos.

–¿No aumenta el riesgo de explosión con esas presiones tan altas?

Aunque pueda existir una explosión de este hidrógeno debido a la presión en un automóvil, la reacción será distinta a una de gasolina, donde la primera se puede asemejar a un soplete y la segunda puede provocar una explosión que rodea al automóvil.

–¿Cuáles son las mayores dificultades del uso de este elemento?

Las mayores dificultades surgen al transportar el hidrógeno, ya que al ser tan liviano puede incluso atravesar el acero u otros materiales y tener fugas, por lo que se transporta muchas veces cómo amoníaco para facilitar el proceso. Pero a medida que el desarrollo del hidrógeno vaya avanzando, estos problemas irán desapareciendo.

–O sea que la producción de hidrógeno verde está muy ligada con el desarrollo de otras fuentes energéticas renovables, como la solar y la eólica. ¿Cuáles son actualmente los mayores desafíos de estas tecnologías?

Los mayores desafíos están en poder abaratar el costo de estas energías renovables y la mejor forma de hacerlo es ir desarrollando con el tiempo estas tecnologías. Los paneles solares son cada vez más baratos y han aumentado su eficiencia, apoyado esto con políticas que ayudan al desarrollo y uso de energías sustentables que en el país han sido positivas en estos últimos dos años. Un ejemplo de esto son las clásicas plantas de energía solar fotovoltaicas, que sólo producen electricidad durante el día. Ahora, con el proyecto Cerro Dominador se ha podido hacer una evolución a esta tecnología, permitiendo crear electricidad durante las 24 horas del día gracias al método de concentración solar de potencia, con la que, gracias al sol, se calientan sales fundidas provenientes de una alta torre apuntada por miles de espejos gigantes (provocando el mismo efecto de una lupa y el sol), para finalmente calentar el agua y formar vapor que mueve una turbina, la que produce finalmente la electricidad durante las 24 horas. Es una planta pionera a nivel latinoamericano que pronto se replicará a otros proyectos a nivel nacional.

El hidrógeno verde en la política pública

–En 2020, el Ministerio de Energía publicó la hoja de ruta para el desarrollo del hidrógeno verde en Chile, siendo el primer país de Latinoamérica en hacerlo. ¿Por qué crees que se tomó esa decisión?

El primer motivo es la accesibilidad a las energías renovables, y qué mejor lugar que Chile, con zonas en el desierto donde tienes grandes áreas de producción de energía solar y en la patagonia donde tenemos vientos muy fuertes, que pueden ser los vientos más privilegiados de mundo, ya que el factor de planta (capacidad de producción real de la planta a comparación de la potencia instalada) es de alrededor de un 55%-60%, que son números que manejan las plantas eólicas que hay en Europa en el mar. Pero los costos que hay al crear una estación en tierra, en comparación con el mar, son abismalmente menores. Por eso la Patagonia puede llegar a exportar el 13% de hidrógeno que se utilizará a nivel mundial para el año 2030 y también crear alrededor de 100.000 empleos alrededor del país con este proceso, ayudando también a la economía nacional, tal cómo lo hace la minería actualmente. En el norte, el mayor problema es la falta de agua, entonces cuando la desalinización del agua sea mayor, las plantas de energía solar pueden también aportar a la creación de este hidrógeno verde.

–¿Cuál va a ser el proceso para que estas energías renovables se distribuyan a nivel país?

Gracias al sistema interconectado nacional podemos recibir energía desde distintas plantas, ya sean renovables o no renovables. Durante el día, al tener una mayor producción de energía solar, uno espera que mucha de esa energía provenga de ahí, pero uno no sabe de donde proviene la energía que utilizamos cada día, sin embargo, las termoeléctricas aún son bastante importantes en porcentaje de energía producida en Chile [un 54% de las generación bruta del país esta en base a energías no renovables, como el carbón, gas natural o petróleo]. Entonces, el hidrógeno podría tomar otra ventaja en este proceso, ya que es más efectivo para la transmisión como carrier que en su forma eléctrica, por su menor pérdida energética. Por eso la gestión energética, tanto de la industria como de nosotros como consumidores, es importante para un efectivo ahorro energético.

–¿Por qué es importante la difusión de este elemento como parte esencial de las energías renovables?

La del hidrógeno es una carrera y Chile tiene ventaja grande con respecto a otros países importantes del mundo, entonces, es una oportunidad de desarrollo única para el país. Chile no sólo puede ser importante, sino que puede ser un protagonista en esta materia. Por ejemplo, somos líderes en la minería, pero podríamos ser líderes en el mercado del hidrógeno en el mundo. Eso tiene que ir de la mano con no dejar a nadie atrás y dar a conocer a la gente sobre los beneficios de este elemento para que se pueda masificar cada vez más su uso.

–¿Cómo se relaciona esto con la disminución de la huella de carbono de Chile?

Chile contribuye al 0,3% de las contaminaciones a nivel mundial, por lo que estamos muy lejos de lo que contaminan China o EE.UU. Pero podríamos ser capaces de producir el 13% mundial de hidrógeno [según un estudio del Ministerio de Energía], entonces pasaríamos ser uno de los líderes en el mercado de hidrógeno verde, ser más amigables con el medioambiente y luchar contra el cambio climático.

 Ver documento elaborado por el Ministerio de Energía en 2020:

El anuncio fue dado a conocer oficialmente a comienzos de septiembre por Panam Sports: en octubre del próximo año, Chile será el país anfitrión del primer campeonato panamericano de eSports. Estará organizado por la misma Organización Deportiva Panamericana en alianza con la Federación Global de eSports y se desarrollará en paralelo a los Juegos Panamericanos 2023, por lo que será algo así como una especie de spin off simultáneo de las competencias deportivas tradicionales, en la que participarán deportistas electrónicos de los 41 países del continente.

Lo anterior es un paso más para el reconocimiento que han tenido los videojuegos el último tiempo como disciplinas deportivas formales. Ya en 2021, el Comité Olímpico Internacional (COI) organizó la Olympic Virtual Series, un evento de juegos virtuales que se llevó a cabo en la previa a las Olimpiadas de Tokio 2021. Las disciplinas en competencia fueron cinco y, en esa oportunidad, fueron exclusivamente juegos de simulación de deportes “reales”: Gran Turismo Sport (automovilismo), Zwift (ciclismo), Powerful Pro Baseball 2020 (béisbol y softbol), Virtual Regatta (vela y regata) y máquinas de remos.

Lo de 2023 en Santiago se diferenciará de aquella primera experiencia en dos aspectos clave. Por una parte, se jugarán en simultáneo a los XIX° Juegos Panamericanos; por la otra, la apertura a otro tipo de juegos que van más allá de las simulaciones de disciplinas tradicionales.

Leonardo Villavicencio –más conocido en el mundo gamer como Hordak– es el capitán de Black Team, un equipo chileno de hombres y mujeres dedicado principalmente a las competencias de videojuegos de peleas y que, a pesar de haberse constituido hace apenas dos años, ya se empieza a preparar para representar a Chile en el primer campeonato continental. En esta entrevista con Puroperiodismo, cuenta cómo su equipo busca profesionalizarse para romper con la imagen errada de que los gamers son solo grupos de amigos que se juntan a jugar videojuegos y los desafíos que hoy enfrentan en su ruta para convertirse en uno de los primeros clubes deportivos de eSports en el país.

Leonardo Villavicencio, capitán del equipo de fighting games, Black.

El salto al profesionalismo

–¿Cómo surge Black Team?

Yo, particularmente, era de otro equipo de fighting games llamado Uroboros. En ese equipo estábamos Goki, Chumydark, Calzoncillo y yo, hablando de sus nicknames. Decidimos irnos porque era un equipo que no estaba haciendo nada y no nos llenaba. Sentíamos que era un equipo amateur y nosotros éramos jugadores competitivos. Fue en ese momento que tomamos la decisión de armar un nuevo equipo. Contactamos a varios jugadores que estaban free agent, que no tenían equipo, y así formamos Black. Éramos, aproximadamente, unos ocho o nueve al principio. Así fuimos creciendo hasta lo que somos ahora, dos años después.

–¿Qué diferencia a Black de otros equipos de eSports chilenos?

Nosotros hemos optado por seguir el camino de los equipos profesionales japoneses, europeos y norteamericanos. Tenemos esa línea de conducta en redes sociales y torneos, algo bien profesional y no amateur como están acostumbrados los equipos chilenos en general.

–¿En qué consiste esa línea de conducta?

Vamos a empezar a implementar contratos con los jugadores para que estén cierto tiempo en el equipo, para que cumplan metas. Que no sea llegar e irse de un equipo fácilmente, y que tengan un grado de responsabilidad, lo que es bien importante para que el equipo logre cumplir objetivos y se diferencie de aquellos que son amateur.

–¿Cómo han potenciado el crecimiento de Black?

Principalmente, estamos enfocados en las redes sociales y en darnos a conocer por medio de éstas. Tenemos una buena cantidad de jugadores que son de altísimo nivel en varios juegos, y son poco conocidos porque no han contado con la “publicidad” para que la comunidad los conozca. Entonces, ocupamos las redes sociales para dar a conocer los nombres de ellos, sus logros, talentos y trabajo. De esa manera, queremos potenciar a esos jugadores y, al mismo tiempo, crece Black. Cuando haces conocidos a los jugadores buenos y talentosos, el nombre del equipo comienza a crecer a la par con ellos.

–¿Existe un reglamento interno previo a ingresar al equipo?

Sí, nosotros tenemos un reglamento interno, el cual lo entregamos a todos los jugadores cuando postulan a Black o cuando nosotros estamos interesados en alguno. Si bien no es tan profundo, toca varios temas importantes en cuanto al comportamiento a nivel personal y a nivel de juego. Buscamos que el jugador sea íntegro dentro y fuera del juego. Aparte de buenos jugadores, buscamos buenas personas y compromiso.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de Black e-Sports Fighting Team (@blackteam.esport)

La ruta al Panamericano

–El campeonato panamericano de 2023 será el primero en su tipo y ustedes ya se preparan para ello. ¿Qué requisitos deben cumplir para poder participar?

Por primera vez en la historia se van a implementar, a modo de prueba, los videojuegos en un panamericano. En esta ocasión, aparentemente van a estar Valorant, un shooter y Street Fighter V, un fighting game. Como eso estará en una competición deportiva profesional, se exigió que los jugadores que participen estén federados, esto quiere decir que estén dentro de equipos que sean parte del Ministerio del Deporte. Entonces, se contactó a todos los equipos que están haciéndose un nombre a nivel profesional, sin ser clubes deportivos, sino empresas deportivas. Se nos contactó a nosotros, a Black, para que nos transformáramos en club deportivo.

–¿En qué consiste ese proceso?

Son varios pasos a seguir. El principal de todos es contar con una cierta cantidad de socios, un mínimo de 15. Aparte de pagar cuotas, deben formar una directiva que tenga presidente, vicepresidente, director, tesorero, secretario, etc. El presidente del club deportivo va a formar parte de la mesa de eSports en el Ministerio de Educación. Entonces, vamos a tomar decisiones en cuanto a qué deportistas van a participar, organización de torneos oficiales y apoyados por el Ministerio del Deporte, que es lo que piden las competiciones oficiales de las Olimpiadas. Son varios equipos chilenos de fighting games los que están haciéndose un camino para transformarse en club deportivo. Hay que llenar una serie de papeles, contactarse con un ministro de fe para que nos firme unos documentos y esperar tres meses para que se aprueben y seamos club deportivo.

–¿A qué beneficios se podrá optar una vez que Black sea un club deportivo?

Vamos a poder optar a dineros del ministerio, del Estado, para viajes, torneos, clínicas deportivas en colegios, empresas, etc. Va ser un buen impulso para Black; vamos a crecer de buena manera, de forma oficial y competitiva. Va a ser un gran paso para ser el club más importante de Chile, creo yo. Ser club deportivo no trae nada en contra, son puros beneficios. Vamos a tener voz y voto en las decisiones oficiales sobre los eSports en Chile. Entonces, ¿punto en contra? Yo creo que no vamos a tener.

–¿Existe la probabilidad que el paso a ser club deportivo no logre concretarse?

Tendríamos que no estar los 15 socios, no lograr reunirnos y si no logramos reunirnos, tenemos que fijar otra fecha. Sí podría pasar que varios clubes se trasformen en club deportivo, pero no que no se forme la organización nacional de eSports por falta clubes, ya que se piden 10 o 12, pero no solo deben ser de fighting games. Es difícil que no ocurra. Lo peor que podría pasar sería que lo hagamos tarde o que nos demoremos un poco más y que no logremos participar de estos Panamericanos, pero sí podremos participar del resto de competencias.

–Entonces, ¿podría decirse que la inclusión de los videojuegos en los Panamericanos 2023 significa un avance en Chile en materia de eSports?

Indudablemente, en Chile tenemos competidores de nivel mundial. Lamentablemente, aún no se cuenta con el apoyo del gobierno para estas cosas porque los eSports no se consideran un deporte oficial, pero ahora sí lo van a ser. Eso va a generar un impulso tremendo para los jugadores de eSports chilenos y serviría para destacar a los jugadores más talentosos y que nosotros podamos crecer.