Los femicidios siguen siendo una problemática presente en Chile. Hasta el 11 de julio, los registros del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SernaMEG) ya contabilizaban 22 asesinatos cometidos contra mujeres vinculados a la violencia de género durante 2022. Esas son las cifras oficiales, las que sólo incluyen aquellos casos que calzan con las tipificaciones establecidas en la ley vigente desde 2010. En paralelo, la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres ha contabilizado dos más.

Aunque cada año se siguen sumando casos de violencia extrema en contra de mujeres, desde la tipificación hace 12 años del femicidio como delito en el Código Penal ha habido varios avances legales que buscan disminuir esas cifras. Se han creado programas de prevención y apoyo a mujeres víctimas de violencia e incluso se extendió el marco legal a través de la llamada Ley Gabriela, ampliando a otro tipos de relaciones las responsabilidades penales, incluyendo, por ejemplo, a los pololeos, que antes no estaban contemplados. Sin embargo, a pesar de los avances, las víctimas colaterales siguen a la deriva, tal como da cuenta un reportaje de investigación publicado ayer por Puroperiodismo, pues a la fecha el Estado no contempla a quienes sufren la pérdida, dejándolos a la deriva en procesos legales que no sólo tienen que ver con lo penal, sino que también con temas de herencias, tuición y otros.

Lo único que existe es el Circuito Intersectorial de Femicidios (CIF), una instancia integrada por Carabineros, el Servicio Mejor Niñez, el SernaMEG, la Subsecretaría de Prevención del Delito, la Policía de Investigaciones y el Servicio Médico Legal, que tiene por objetivo central dar atención y apoyo a las mujeres sobrevivientes de femicidio frustrado, pero también a las víctimas colaterales, principalmente con apoyo para asegurar el acceso a la justicia a través de la representación de las familias. En su último informe anual de 2020, el CIF identificó a 379 víctimas colaterales –123 por femicidios consumados y 256 por femicidios frustrados–.

A pesar de que existe esta ayuda, es insuficiente, y aún no hay una legislación que garantice un bienestar en seguridad y psicológico a las víctimas colaterales. Pero un posible cambio puede ser el proyecto de ley que crea el derecho a la protección y reparación integral de familias víctimas de femicidio, presentado en enero de 2021 por un grupo de parlamentarias encabezadas por la diputada Karol Cariola (PC). La discusión sobre la moción en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputados y Diputadas partió recién el 11 de mayo de este año, y desde entonces ha sido el único proyecto discutido en las seis sesiones que siguieron. Durante los últimos dos meses, se ha analizado su contenido con diversas invitadas e invitados que han expuesto sus miradas y críticas al proyecto.

Lorena Astudillo, abogada feminista y vocera de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, es una de las expertas que han sido invitadas a ese debate. Puroperiodismo conversó con ella para saber su perspectiva sobre este proyecto de ley, los avances que este plantea y la actual situación que viven las familias que perdieron a una de las suyas por un femicidio.

Lorena Astudillo, vocera de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres.

–Sobre el proyecto de ley, usted dijo en la sesión del 18 de mayo que estas leyes siguen parcializando la violencia contra las mujeres. ¿Qué quiere decir eso?

Los legisladores están en un afán de no querer reconocer que la violencia hacia las mujeres es un concepto que puede institucionalizarse, que tiene que definirse. La violencia hacia las mujeres tiene un solo patrón común que es el patriarcado y se manifiesta en distintas áreas y de distintas formas. Entonces, ¿qué es lo que hacen los legisladores? Van a algunas de esas manifestaciones y la sancionan. Es como una gran llave que tiene muchas mangueritas y ellos tapan una manguerita pequeña, pero ni siquiera la previenen, sino que la castigan cada vez que esa manguerita tira un chorrito de agua. Pero es esta gran llave la que está tirando todos estos chorros de agua, y mientras no se ataque y se cierre esta llave, vamos a seguir teniendo filtraciones de mangueritas por todas partes. Por lo tanto, mientras los legisladores no comprendan esto, van a seguir tapando pequeñas mangueritas y no van a apuntar al problema real que es el patriarcado y el machismo, junto a sus agentes reproductores de la violencia que son la educación, las familias, las iglesias, los medios de comunicación, etc. Y con esto, seguirán parcializando la violencia hacia las mujeres como si fueran hechos aislados y creando una falsa sensación de solución.

–¿Y una buena prevención puede ser fundamental?

Es fundamental, antes de andar sancionando, y también la promoción es esencial hoy día. Tenemos que transformar las cosas porque a nadie se le puede pasar por la cabeza que va a violar, matar o violentar a una mujer; eso nos tiene que parecer aberrante socialmente. Y eso es la promoción y es ahí a donde tenemos que llegar. Por lo tanto, todo es necesario: la sanción, la prevención y la promoción, pero la prevención y la sanción tiene que ser la última instancia, a lo último que debiéramos pensar que se necesita en una sociedad para convencernos y realmente estar tranquilas diciendo que vivimos en una sociedad libre de violencia para las mujeres.

–¿Cree que este proyecto de ley podrá implementarse de manera eficaz en nuestro país?

Lo que nosotras leímos no habría problemas en poder implementarlo, pero son soluciones parches, pedacitos que tapan otros pedacitos. Por otro lado, este proyecto habla de darle una atención psicológica a las víctimas, pero ojalá sea así porque hoy día vemos a la gente en los Cosam que tienen que esperar días para ser atendidos un rato, y corren el riesgo de que te cambien al profesional no pudiendo generar una adherencia. Entonces, puede ser complicado. También cuando dicen que les van a entregar una educación de calidad a las víctimas, pero todo Chile debiera tener una educación de calidad, no hay que esperar a que maten a una madre para que den una educación de calidad. Hay que ver qué criterio tiene educación de calidad. Por otro lado, está presente el fuero laboral, porque sabemos de familias que han tenido que perseguir procesos judiciales muy largos, pero trabajan, y nos parece que esa medida es importante. También la medida para aquellas migrantes que si no tienen regularizada su estadía en el país, no se les deporte, que es un miedo que tienen ellas para poder ir a denunciar. Entonces, eso por ejemplo a nosotras nos parece que sí se puede implementar, pero ¿ataca la raíz? No.

Ver sesión del 18 de mayo de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputados y Diputadas: 

Lo que hay

–¿El Ministerio de la Mujer y Equidad de Género cuenta con políticas públicas de acompañamiento para las víctimas colaterales de femicidio?

No cuenta con políticas públicas. Lo que existe hoy día es el Circuito Intersectorial de Femicidios (CIF) que fue creado con la finalidad de acercarse inmediatamente a quienes quedan tras un femicidio ocurrido en alguna ciudad, y entregarles algún tipo de apoyo jurídico y psicológico, facilitar el ingreso a ciertas atenciones, etcétera. Pero el CIF opera en la Subsecretaria de Prevención del Delito que depende del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Por lo tanto, está en un ministerio completamente distinto, y debiera estar radicado en el Ministerio de Mujer y Equidad de Género.

–¿Qué tan eficiente ha sido la ejecución del CIF?

Hasta hace algunos años era demasiado azarosa la forma en que operaba. Por ejemplo, había lugares en donde actuaba muy bien el CIF acercándose inmediatamente a las familias, pero en otros lugares no era así, ni siquiera las familias sabían que existía. En este último tiempo, desconozco si está operando tan efectivamente y cómo lo está haciendo, no hemos hecho mayores investigaciones. Pero es lo único que existe.

–¿El correcto funcionamiento del CIF tiene que ver con un tema presupuestario?

Me parece que tiene más relación con una visión global del problema de la violencia hacia las mujeres, porque a lo mejor podrían tener muchos millones de pesos, pero si no tienes claridad de que esta violencia no sólo tiene consecuencias en quien la está viviendo directamente, difícilmente puedes generar políticas públicas acordes a comprenderlo. Y actualmente, nada del aparataje estatal lo considera. Como hoy día [el Ministerio de la Mujer] es parte del comité político y se entiende que lo personal es político, y que la violencia hacia las mujeres es un problema político, esperemos que en el nuevo presupuesto se considere aumentar la glosa presupuestaria. Y para poder aumentar esta glosa tienes que ir con argumentos sólidos, algo que hasta ahora no ha sido así porque no ha habido una real reflexión de los problemas que tenemos las mujeres. Entonces, nos parece que ahora está la oportunidad de llegar con esos argumentos para que, cuando dividan las platas de Chile, se nos considere a las mujeres como primordiales.

Las víctimas invisibles del Estado

–¿Existe ya alguna legislación sobre el cuidado de los menores hijos e hijas de víctimas de femicidios?

No, no existe nada. Siguen rigiéndose por las leyes generales, y estas leyes dicen que quienes pueden tener la patria potestad son el padre, la madre, los abuelos paternos o los abuelos maternos. En este caso, si la madre es asesinada por el padre, este sigue teniendo la patria potestad, pero lo que no puede tener es el cuidado en caso de estar detenido. Por lo tanto, tienen prioridad los abuelos paternos y luego los abuelos maternos. Ante esto, se puede iniciar un proceso judicial en el cual, por ejemplo, los abuelos maternos pueden demostrar que van a estar mejor cuidados por ellos que por los abuelos paternos, y ahí el Tribunal de Familia es el que determina quién queda a cargo del cuidado. Por lo tanto, acá entra toda una disputa legal muy dolorosa después de haber existido un femicidio, y quizás ahí podría haber una legislación, una conciencia, un asesoramiento o un acompañamiento para esas personitas que quedan y que luego son disputadas judicialmente. Acá debe primar el bien superior de las niñas, los niños y les niñes. Si bien los procesos judiciales tienen esta idea en su recorrido, no siempre son tan amigables y cuesta que el derecho sea amoroso, y en estas situaciones se requieren procesos amorosos.

–¿Existe por parte del Estado una violencia institucional hacia las víctimas colaterales de femicidio?

La violencia también puede ser por omisión, porque mucha gente se pregunta ¿qué es lo que está haciendo el Estado? ¿Cómo hemos visto que el Estado violenta directamente a las mujeres? Esto se ve cuando los procesos judiciales y los tribunales no se acogen a los tratados internacionales, y con esto están violentando directamente a las mujeres. Acá no podríamos mostrar qué es lo que está haciendo el Estado porque no hace nada; las víctimas están completamente invisibilizadas por el sistema, y eso es real. Y ahora pretenden cambiarlo con una legislación que empieza a visibilizarlos un poco más, pero en eso vamos a ser súper reiterativas y majaderas, porque mientras el sistema completo no se reestructure, seguirán siendo soluciones parches. Y la omisión de prestar los servicios y acompañamientos adecuados, por supuesto que genera una violencia institucional.

Tomar conciencia

–¿Por qué cree que existen estas deficiencias por parte del Estado en temas relacionados a la violencia contra las mujeres?

Puede haber muchas teorías. Nosotras pensamos que hay una desidia por parte de la institucionalidad sobre lo que pasa con nosotras las mujeres. Estamos en una sociedad patriarcal en la cual se sustenta con el sometimiento y la dominación de las mujeres. Y a los Estados de libre mercado les conviene que las mujeres estemos convencidas de que todo lo que hacemos es por amor, porque así no tienen que pagarlo. Por lo tanto, esto está en la cultura y en las estructuras de la sociedad en la que estamos, y bajo esto las instituciones se forman y terminan siendo parte. Entonces, aquí hay una rueda que tiene que ver con el sistema económico, cultural, político y social en el que vivimos que está muy cómoda, y eso permea a todos. Y si trabajas en la administración pública y no te dedicas a mirar realmente la realidad territorial en que viven las mujeres de tu país, terminas entrando en esta misma rueda.

–¿Por dónde hay que comenzar para que la sociedad tenga conciencia de que existe la violencia contra las mujeres y que finalmente se logre una vida libre de violencia?

Las feministas ya partimos, llevamos más de un siglo en esto. Y es importante reconocer el trabajo que han hecho nuestras ancestras y que seguimos haciendo nosotras permanentemente. Actualmente, hay mucha más conciencia de lo que es la violencia hacia las mujeres y hay mayor critica ante esto. Las mujeres denunciamos, pero no formalmente, sino que gritamos nuestros dolores, los ponemos afuera porque lo personal es político, como decía Julieta Kirkwood, y las demás vamos escuchando. Y si me molesta, me incomoda o me daña, no está bien, y eso vamos sociabilizando. Por lo tanto, hemos ido permeando a la sociedad con esto. Ahora, ¿cómo continuamos? ¿Cómo seguimos concientizando y permeando? Tenemos que convencer a toda la sociedad de que esto es real, que tiene que transformarse y proponer qué significa una vida libre de violencia. Y la institucionalidad es la que viene más atrasada y tiene que ponerse al día, dejar de decir: «Te violaron, entonces vamos a sancionar», porque eso no es una vida libre de violencia. Una vida libre de violencia es que a nadie se le ocurra que puede violar a una mujer o a una niña, tiene que considerarlo aberrante. Por lo tanto, mientras convencemos a todos de que esta transformación es positiva vamos proponiendo qué es una vida libre de violencia. Y ahí cabemos todas para ir proponiendo.

Por Laura Moreno y Rodrigo Arriagada*

*Este reportaje fue realizado durante 2021 y parte de 2022, y corresponde a la Tesina de los autores para optar al título profesional en la Escuela de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado. El trabajo fue guiado por el profesor Juan Pablo Figueroa.

Lidia Díaz despertó la mañana del 28 de noviembre de 2020 y lo primero que hizo fue enviarle a su hermano mayor, Miguel, una foto por WhatsApp. En la imagen se detallaban las ayudas sociales que estaba ofreciendo el gobierno para paliar los efectos de la pandemia. Eran cerca de las 6:00 am, por lo que intentó seguir con su rutina. Al rato, él la llamó de vuelta:

–La Yanira ya no está. Se murió.

Lidia pensó que era una broma cruel. Yanira, su hermana menor, de 25 años, había vivido con ella la mayor parte de su vida. Se criaron juntas en las Aldeas Infantiles SOS, en Puerto Varas, y Lidia siempre la protegió. Eran tan cercanas que cuando Yanira egresó de la residencia, Lidia la invitó a vivir con ella en Concepción. También la ayudó a terminar el colegio y la acompañó durante el embarazo y en el nacimiento de B, su sobrino y único hijo de Yanira.

Incrédula aún, Lidia le insistió a Miguel que la comunicara con su hermana menor. Él decía que no podía, que realmente estaba muerta y que, según los primeros peritajes, había sido un suicido. Lidia colgó y tomó de inmediato un bus con destino a Puerto Montt, donde Yanira vivía, en el sector de Angelmó. Cuando llegó, se dio cuenta de que todo era cierto: tal como dice su certificado de defunción, Yanira falleció ahorcada poco antes de que Lidia enviara la foto a su hermano, a las 4:40 de la madrugada, apenas unos días antes de cumplir 26 años.

Lidia llegó al velorio de su hermana. Mirándola en el ataúd, era incapaz de cuadrar la situación. La conocía bien y sabía que, aunque en su adolescencia había vivido cuadros depresivos, jamás dejaría solo a su hijo de forma voluntaria. Por eso, tenía una sola certeza rondando su cabeza en ese instante: el suicidio de Yanira era una farsa; a su hermana la habían matado.

–¿Qué la hizo dudar de la versión inicial?

–Es que en ese momento la vi y no era ella. Tenía su cabeza completamente golpeada, hundida, y la nariz hinchada –responde Lidia.

Las fotos tomadas por los peritos de la Policía de Investigaciones (PDI) dan cuenta de eso. La piel lisa y trigueña de Yanira mostraba zonas hinchadas y amoratadas. A Yanira la encontraron en su hogar, sobre la cocina a leña, semidesnuda, con una uña faltante, la nariz quebrada y una contusión en su cabeza que terminó en fractura.

Aunque la PDI sostenía que Yanira Díaz había atentado contra su integridad, al igual que su hermana, su madre, Elisa Vera, sospechaba que no, que a Yanira la asesinaron y que todo apuntaba hacia Claudio Ballesteros, con quien llevaba una relación de aproximadamente 9 meses.

Semanas más tarde, tras exhumar el cuerpo y realizar una segunda autopsia, se confirmó que no había sido un suicidio, aunque su certificado de defunción aún lo señala como tal. Se estableció la tesis del femicidio y se abrió una investigación penal en la que el principal sospechoso era, precisamente, Ballesteros. Yanira Díaz se convirtió así en la mujer número 40 en ser asesinada en contexto de violencia de género durante 2020, según la estadística oficial del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género (MinMEG).

Actividad conmemorativa por Yanira Díaz. (FOTO: Cortesía Ni Una Menos Puerto Montt)

Lidia comenzó entonces a denunciar las irregularidades del caso en todos los espacios que encontró mientras con su familia se hacían cargo de B, de apenas 8 años. Con la lentitud de la justicia y la falta de resguardo hacia el menor, sin saberlo, pasaban a ser parte del grueso número de víctimas colaterales del femicidio en Chile, aquellas que el Estado no contempla en ninguna de sus políticas.

Desde que se tipificó por ley el femicidio como crimen en 2010, hasta el 11 de julio del 2022, han muerto en Chile 501 mujeres en expresiones de violencia de género, según las cifras del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SernamEG). No obstante, hay organizaciones feministas que contabilizan muchas más. Esto debido a que, hasta la modificación de la Ley de Femicidios con la llamada Ley Gabriela, sólo se consideraban como femicidios los casos dónde hubiese una relación conyugal o, al menos, de convivencia. Las organizaciones feministas, en cambio, identificaban esta acción como un atentado motivado por razones de género, lo que ampliaba considerablemente el espectro. En otras palabras, consignaron que diferentes crímenes que habían sido imputados como simples homicidios, tenían un sesgo de misoginia y que, por tanto, había que reconocerlos como femicidios.

En el Código Penal, el femicidio está definido como el delito en el cual un hombre mata a una mujer «que es o ha sido su cónyuge o conviviente, o con quien tiene o ha tenido un hijo en común»; «en razón de tener o haber tenido con ella una relación de pareja de carácter sentimental o sexual sin convivencia», o «en razón de su género». Pero pareciera ser que la institucionalidad no ha pensado en las personas que quedan después de que una madre, una hermana o una hija muere en un femicidio.

En ningún apartado de la Ley de Femicidio, de Violencia Intrafamiliar o en el segmento de menores del Código Civil hay referencias sobre el cuidado de menores en estos casos. Esto quiere decir que las familias de las víctimas directas no sólo tienen que disputar los procesos de custodia de los hijos de las mujeres asesinadas; en muchas ocasiones esto se suma a investigaciones negligentes, carencias económicas, dificultades psicoemocionales y disputas legales por herencias que, a veces, tienen como contraparte al mismo femicida.

A pesar de que las cifras oficiales contabilizan 909 víctimas indirectas de femicidio consumado entre 2014 –año en que comienza a sistematizarse esta información– y 2020, no hay todavía legislación existente para asegurar su bienestar económico ni psicosocial (hay un proyecto que se discute en el Congreso, pero aún en su etapa inicial). En definitiva, quedan a la deriva en una ruta que entremezcla los caminos legales y económicos con el dolor de la pérdida y el abandono del Estado. De ellos y ellas trata esta investigación.

Ni siquiera un PDF

A pesar de que en cuestión de semanas el caso de Yanira Díaz comenzó a tratarse como un femicidio, su hermana Lidia acusa falta de atención en el caso por parte del MinMEG. No es de extrañar, si se considera que el SernamEG consideró en su presupuesto anual 2021 apenas $65,5 millones para pagar honorarios de apoyo jurídico a las familias de mujeres víctimas de femicidios en todo el país, según respondió el servicio a una solicitud de acceso a información pública.. Esto representa cerca del 0,1% del presupuesto total de la cartera, que en 2021 alcanzó los $64.565 millones, repartido entre la Subsecretaría de la Mujer y el SernamEG.

El apoyo jurídico que ofrecen desde el SernamEG, dicen personas consultadas para este reportaje, en muchas ocasiones es deficiente y no son pocas las víctimas colaterales que terminan optando por abogados particulares para llevar sus casos. De hecho, en su respuesta, el mismo servicio reconoce que “al no ser un programa, la información solicitada sobre cobertura, prestaciones, duración de éstas y evaluaciones no existe”. Lidia Díaz, por ejemplo, cuenta que su experiencia con los servicios estatales dejó mucho que desear:

–Partimos el caso con un defensor público cuando todavía se trabajaba la tesis del suicidio. Cuando se confirmó el femicidio, nos llamó el fiscal Carlos Pincheira [de la Fiscalía de Puerto Montt] para indicarnos que nos pasarían un abogado del Servicio de la Mujer, pero luego el abogado dejó la institución y se suponía que iban a pasarnos a otro. Todavía estamos esperando que nos llamen.

Lidia optó por buscar un jurista de manera particular. Hoy la representa un amigo de su pareja como querellante en la causa que se tramita en el Juzgado de Garantía de Puerto Montt, para la cual en diciembre se extendió el plazo de investigación hasta marzo del 2022.

Publicación en Facebook sobre el femicidio de Yanira Díaz.

En todo caso, no todas las víctimas colaterales del femicidio lo experimentan igual. Para Paula Valenzuela, por ejemplo, el trato con los abogados públicos no ha sido tan complejo. Así cuenta vía telefónica, con voz agitada.

Dice que tiene poco tiempo para hablar y es entendible: se hace cargo de su hermano menor, de su propio hijo y también de dos de sus sobrinas, hijas de su hermana Soledad, quien fue asesinada en julio de 2020 en su domicilio en Doñihue, en la Región de O’Higgins. El femicida, después del crimen, quemó la casa para esconder la evidencia. Su caso fue el primero de ‘femicidio no íntimo’ juzgado en el país tras la ampliación de la ley de femicidios en marzo de 2020. Esto quiere decir que el asesino de Soledad no tenía una relación sentimental con ella.

–El caso está en nada –se lamenta Paula–. De hecho, me llamó hace poco la abogada y me dijo que el fiscal iba a pedir más tiempo de investigación, entonces, puede que recién sea hasta dentro de tres meses más.

Con la abogada hablan solo previamente a las audiencias de preparación de juicio oral. Ese es, indica Paula, el único aporte que ha hecho el Estado para acompañarla en su situación. Ni siquiera tuvieron algún tipo de ayuda para llevar a los testigos a declarar ante la PDI de Rancagua. Por suerte, las cuarentenas por la pandemia de Covid-19 la terminaron favoreciendo en ese sentido, porque la realización telemática de las audiencias le permitía asistir sin tener que ver dónde dejar a los niños ni cómo pagar pasajes.

Tras la muerte de su hermana, asesinada a los 29 años, no sólo ha tenido que hacerse cargo de llevar el caso adelante. El grupo familiar de Soledad estaba compuesto por C, el hermano menor de ella y Paula, que quedó a su cuidado tras la muerte de su madre. Con ello, Paula no solo se hizo cargo de él, sino que también de sus tres sobrinos: G de 8, V de 11 y M de 13. Ninguno de los niños fue testigo de la muerte de su madre. Semanas antes, Soledad había enviado a los menores con Paula, para poder trabajar sin riesgo de contagios. Los cuatro estaban en Santiago el día que Paula fue asesinada y quemada dentro de su hogar.

–Ha sido difícil porque soy sola. Yo tenía viviendo conmigo a G y llegó un momento en que no pude más, no me dio para cuidarlo, y por eso se fue con el papá. Cuando murió la mamá, él se puso como una guagua y yo trabajo, estudio y no me daba para cuidarlo. He tirado licencia médica porque me dio ansiedad y estrés. Ahora estoy recién volviendo a trabajar –cuenta Paula.

Las dos niñas mayores quedaron a su cargo. Su padre no forma parte de sus vidas después de que en 2010 Soledad escapara junto a su hija mayor, estando embarazada de la menor, por las agresiones que sufría por parte de su expareja. Con ella fallecida, ese hombre no sólo es actualmente el tutor legal de las niñas, sino que, como estaban casados, también le corresponde la administración de los ahorros previsionales que Soledad dejó en su AFP.

Después del femicidio, Paula puso a todos los niños en tratamiento psicológico particular. Comenta que son reacios a hablar del tema y que por lo mismo dejaron de asistir a terapia. En paralelo, puso un recurso de protección en favor de las niñas, porque no sabía qué hacer con ellas en términos legales. Como nadie del Estado la orientó, siguió las recomendaciones que le hicieron algunas personas cercanas. “Fue como que murió la Sole y los niños quedaron ahí no más”, recuerda.

Con la acción judicial interpuesta, comenzó el engorroso trámite para la adopción y las niñas empezaron el Programa de Diagnóstico Ambulatorio (DAM), que se acercó para hacer contención a las menores. Esto como parte procedimental tras la interposición del recurso de protección para la solicitud de custodia. Paula comenta que un amigo fue el que le recomendó poner el recurso y es gracias a eso que actualmente las niñas están en tratamiento y se le asignó el cuidado provisorio. Según la escasa información pública en torno al tema, la página web del Ministerio de Desarrollo Social define estos programas como una instancia que realiza evaluaciones a niños, niñas y adolescentes que hayan vivido algún tipo de victimización o que sean infractores de ley.

A Paula constantemente le han otorgado la custodia provisoria de las niñas. Para eso, si bien el Estado puede aportar con el abogado que lleve la causa a través de la Corporación de Asistencia Judicial, ella acusa que la espera para la atención es tal que prefiere hacer rifas para solventar los trámites legales respecto a sus sobrinas.

Lo complejo es que M y V no son las únicas niñas que quedan sin sus madres en contextos de femicidios. El Circuito Intersectorial del Femicidio (CIF), que coordina al SernamEG, a la Subsecretaría de Prevención del Delito, la PDI, Carabineros y el Servicio Nacional de Menores (Sename, hoy Servicio Mejor Niñez) actualmente es el único espacio de orientación estatal ante estos casos, pero por definición y tal como expresa el SernamEG en su respuesta a una solicitud de acceso a información pública para esta investigación, no tiene presupuesto porque funciona como espacio de coordinación.

El último informe, publicado a principios de diciembre de 2021, indica que 59 niños, niñas y adolescentes quedaron sin sus mamás durante 2020: 10 más que en 2019. Si se considera la estadística desde 2010, cuando se empezó a desarrollar el catastro, la cifra de todo el período sube a 635 menores (ver gráfico).

Elaboración propia con información recogida de los informes ministeriales desde 2010 a 2020. El gráfico permite desagregar la cantidad de femicidios, de víctimas colaterales y de los menores de edad afectados por este tipo de delitos. El gráfico evidencia que los femicidios impactan más personas que la víctima directa.

El hijo de Yanira Díaz, B, también se quedó sin su madre. Su papá vive en Taiwán, China, por lo que no lo ve regularmente. Tras el femicidio de Yanira, su familia evaluó que lo mejor era que él se quedara con su abuela, Elisa, en Puerto Montt:

–Yo me quería traer al niño –dice Lidia–, pero también sabía que era necesario que mi mamá calmara su pena. Ahora tiene un cuidado provisorio y su papá también ayuda a mi mamá con plata. Él y los amigos de mi hermana. Eso igual me alegra el corazón. Ella era muy querida y, con el B. allá, no se van a olvidar de su carita.

A la familia de Yanira tampoco le indicaron cómo llevar adelante los procesos para la custodia de B. De hecho, el menor no ha recibido ningún tipo de apoyo psicosocial por parte del Sename o cualquier otra institución pública a casi un año del asesinato de su madre. Por lo tanto, está en un limbo, sin que haya aún nada definitivo respecto a qué pasará con sus cuidados.

Tanto Paula Valenzuela como Lidia Díaz creen que el MinMEG debiese intervenir más en el tema de los cuidados a los menores: “No sé mucho de nada legal y yo pensé que el Ministerio de la Mujer apoyaría en eso. No te entregan ni un manual. Ni siquiera un PDF. No te ayudan en ninguna cosa con los niños”, dice Paula.

Este problema se ha vuelto generalizado. Patricia Varela es socióloga, experta en temáticas de género y directora de estudios de Isonoma Consultorías Sociales, un centro dedicado a la investigación social, evaluación de políticas públicas, asesorías y capacitaciones. Desde esa posición ha podido desarrollar distintos programas y estudios para el MinMEG:

–Los casos que pueden darse tras un femicidio son sumamente variados. Te encuentras con un niño o niña que su papá se mató, se va a ir preso o va a desaparecer; su madre está muerta y no hay una pensión. El Estado no sustenta la vida material de esas niñas y niños –asegura la especialista.

La situación se vuelve aún más compleja cuando el padre de los menores que han perdido a su madre o cuidadora, es el asesino. Al estar privado de libertad, el homicida y padre de los menores afectados no se hace cargo de sus obligaciones económicas con ellos por no estar generando ingresos por el cumplimento de condena o prisión preventiva.

Las pensiones de alimentos, si bien pueden establecerse contra personas privadas de libertad, no tienen posibilidad de ser cumplidas. En palabras del abogado de familia, Jaime Fuentes, “dentro de los recintos penales las personas privadas de libertad no tienen forma de generar ingresos”. Pero la solución a ese conflicto se encuentra en el Código Civil. Según lo establecido en el Artículo 232, son los abuelos de la línea del padre o madre que no provee quienes se deben hacer cargo de manera subsidiaria de esta pensión. Es decir, debe existir una demanda previa al padre para el pago de pensión y una vez establecida y constatada la imposibilidad del pago de estos alimentos, son los abuelos paternos quienes deben ser demandados para exigir el pago de los mismos.

En esta misma línea, la abogada penalista y socia del estudio jurídico AML Defensa Mujeres, Paloma Galaz, señala que las víctimas colaterales viven las consecuencias negativas del delito durante todo el proceso posterior a la comisión de éste. Este tipo de violencia se le conoce como victimización secundaria y, según Galaz, también tiene un énfasis en las mujeres:

–Cuando la mamá de un niño es asesinada, son probablemente otras mujeres las que se van a hacer cargo, y no hay apoyo material, entonces se profundiza la vulnerabilidad de estas familias. De hecho, ni siquiera se asegura un tratamiento de salud mental, siendo que cada vez que una mujer muere es porque el Estado falló.

Un fenómeno distinto

La foto de perfil de Lidia Díaz, tanto en su WhatsApp como en su cuenta de Facebook, es la misma: aparece un retrato de su hermana con la consigna “#Alerta Morada” y su nombre, Yanira Díaz. Abajo, en letras rojas con un fondo blanco se lee «No fue suicidio, fue femicidio».  Al lado, 25 años, la edad de Yanira, y el día de su muerte.

Tras velar a su hermana, Lidia fue junto a su madre, su hermano menor y un amigo de la familia a la casa donde Yanira vivía. Habían escuchado que había gente metiéndose al inmueble y decidieron ir a revisar. Ahí encontraron todo dado vuelta.

–Yo entré y supe lo que pasó ahí –recuerda Lidia–. Había cáscaras de papas tiradas, muchas latas de cerveza, cigarros apagados en el calefactor. Cualquiera que conozca a Yanira sabe que ella jamás habría hecho eso, ella no era así.

Gracias a una amiga de Yanira, supo que Claudio Ballesteros la golpeaba. Ella le mostró un audio a Lidia:

“Ahora ando cagada de miedo porque le rompí el vidrio– se le escucha decir a Yanira–. Amiga, hueón, tuve una noche de la mierda. El maricón culiao me arrastró en la parte de atrás de la camioneta; me sacó la chucha”.

Ahí, Lidia vio fotos que su hermana envió a su amiga posterior a la golpiza. Esas imágenes forman parte de las pruebas que tiene actualmente la Fiscalía de Puerto Montt para establecer que su hermana era víctima de violencia en el pololeo. Ella y Claudio Ballesteros llevaban una relación de entre nueve meses y un año.

La legislación chilena sólo considera los golpes en una relación cuando estos se dan en el marco de la convivencia, puesto que se enmarcan dentro de la Ley de Violencia Intrafamiliar. Además, solamente se considera delito cuando la violencia tiene resultado de muerte, o bien, se prueba su ejercicio habitual. Para la vocera de la Red Contra la Violencia hacia las Mujeres, la abogada Lorena Astudillo, esto es un problema enorme de la legislación y prevención en torno a la violencia de género:

–Nos parece un desatino que se le dé permiso a los agresores para hacer un hábito la violencia intrafamiliar. Para nosotras, la Ley de Violencia Intrafamiliar se estancó, han pasado 30 años desde su creación.

Ese, dicen varias expertas, es uno de los principales problemas para el tratamiento de este tipo de casos: la ley en Chile no considera la violencia contra la mujer de forma integral, sino que conforme se consuman distintos tipos de crímenes, se inicia un proceso judicial diferente, sin necesariamente considerar la dinámica de violencia ejercida por su victimario. Esto, por ejemplo, se evidencia en casos de suicidio femicida, donde hay una agresión psicológica constante hacia la víctima que opta por quitarse la vida.

Para la socióloga Patricia Varela, el problema es previo a la comisión del femicidio. Según ella, esta forma de enfrentar la violencia contra la mujer no permite al sistema establecer mecanismos de prevención eficientes:

–No hay un marco interpretativo que permita un abordaje integral, multisectorial, con la complejidad que requiere, y que aborde la situación de la violencia contra las mujeres en general y en la problemática del femicidio en particular. Eso, por supuesto, se traduce en que la oferta pública que tiene que ver con la prevención, con el abordaje y la reparación también sea súper insuficiente.

A pesar de esto, según la Ley de Presupuestos de 2021, el MinMEG destina por glosa poco más de $19.285 millones para la atención a víctimas de violencia de género. De esos recursos, el 95% va a parar a convenios con organismos privados que llevan adelante las políticas de acompañamiento. En prevención solo se gasta poco más de $1.200 millones.

Sin embargo, las políticas de prevención no han funcionado plenamente. De las 43 mujeres asesinadas durante 2020, 19 habían denunciado a sus homicidas por violencia intrafamiliar previamente. En cada uno de esos casos el Estado pudo intervenir para evitar las muertes, pero no ocurrió. Para Lorena Astudillo, esto es grave:

–Hay nula visión de prevenir. Lo que creo que esperamos las mujeres es no tener que vivir violencia, y la institucionalidad no lo promueve. No encontramos en la institucionalidad un espacio empático ni que sancione lo que les ha pasado a estas mujeres.

Varela considera que es clave que los programas de prevención aborden la fenomenología de los crímenes feminicidas y de género:

–Es el único delito en el cual la víctima ha tenido una relación con su victimario, donde muchas veces hay hijos en común, donde hubo un proyecto de vida compartido, por tanto, hay empatía y lealtades que hacen que la víctima también tenga un comportamiento distinto a si fuera víctima de cualquier otro atentado de violencia. Ante las primeras expresiones de violencia vienen esas preguntas: si yo denuncio, ¿cómo se alimentan mis hijos?

A pesar de la complejidad de estas agresiones, no todas las mujeres que denuncian femicidio frustrado tienen seguimiento. Según el último informe del Circuito Intersectorial del Femicidio, 13 de los 43 hombres que consumaron este crimen en 2020 tenían condenas previas por delitos relacionados a la violencia intrafamiliar, es decir, el 30,2%. El porcentaje desciende a un 23,2% cuando se habla de los 151 femicidios frustrados que se registraron ese mismo año.

Las mujeres denunciantes que son asesinadas y las mujeres violentadas que no se atreven a denunciar a sus victimarios, son reflejo de la misma realidad: el femicidio es en muy pocos casos el primer hecho de violencia dentro de una pareja. Cuando ocurre dentro de un grupo familiar, la víctima directa de violencia deja de ser sólo la mujer agredida y afecta a menores de edad que crecen en entornos de violencia. Cuando una mujer es asesinada, con o sin convivencia previa, las víctimas indirectas son quienes deben exigir justicia y cuidados, la mayoría de las veces en soledad, sin preparación alguna ni recursos suficientes.

–Cómo quedan los niños, cómo sufren, cómo la pasan después, si comen o no comen, a ellos no les importa. Yo tengo que arreglármelas sola para ver cómo comen, cómo viven, cómo estudian, todo; también los abogados, porque a mí nadie me ayuda del gobierno –dice Paula Valenzuela.

Prevención: una deuda del Ministerio

La Isla Caguach es una de las islas menores del archipiélago de Chiloé, a la cual se llega en un viaje de dos horas en lancha desde la comuna de Quinchao. Allí viven cerca de 550 personas. La localidad no tiene mayores particularidades, salvo por la Peregrinación del Cristo Nazareno que se realiza todos los años y que le da a los habitantes la posibilidad de generar ingresos por el fuerte turístico que este evento significa.

Mónica Mansilla vivía en el sector de La Capilla. Allí, en su vivienda, fue encontrada sin vida el 19 de diciembre del 2019. Los peritajes establecieron acción de terceros; Mónica fue agredida y asesinada. Su hija, Marcia Aro (35), cuenta que la noche anterior llamó a su mamá para ver cómo estaba. Se encontraba preocupada por ella, puesto que había tenido una relación de 17 años con Carlos Vivar, quien en reiteradas ocasiones la había agredido.

La noche anterior, recuerda Marcia, su madre iba a ir a la celebración de una licenciatura de octavo básico de la escuela de la isla. Tocaría su banda favorita, Los Indomables del Sur, un conjunto musical intérprete de rancheras que venía desde Quellón. Marcia le pidió que se cuidara y no durmió hasta pasadas las 3:30 de la mañana. A esa hora, su madre le comentó que ya iba camino a la casa y que podía despreocuparse, que no había pasado nada.

–Mi mamá era una mujer muy alegre, andaba siempre con esa vibra especial. Ella se había separado de Carlos hacía 17 días y por eso yo le decía que se cuidara, que dejara la luz prendida de la casa. Desde el término, era un sermón de todas las noches decirle que dejara las luces prendidas, que cerrara bien su casa. Tenía temor de que le pasara algo –recuerda.

Marcia se despidió de su mamá. A la mañana siguiente, no se llamaron. Como Mónica había estado de fiesta, su hija pensó que lo mejor era dejarla dormir hasta tarde y ocupó su día haciendo trámites. A las 4 de la tarde recién sonó su teléfono: su tía la llamaba para informarle que Mónica estaba mal, que le habían infligido heridas y estaba pronta a fallecer. A kilómetros de Isla Caguach, en la comuna de Dalcahue, Marcia se desesperó. Al rato, una prima enfermera, la contactó, también vía telefónica:

–Marcia, no pude hacer nada con la tía.

Marcia Aro (de morado) junto a su madre, Mónica Mansilla. (FOTO: Cortesía de Marcia Aro)

En medio de la angustia, la primera persona que se le vino a la cabeza fue Carlos. Lo llamó y le preguntó qué le hizo a su madre. Le sacó en cara los 17 años de abusos contra ella, pero él aseguraba no haberle hecho nada. A los días fue detenido como principal sospechoso del femicidio de Mónica Mansilla.

–Mi mamá había hecho varias denuncias, pero siempre las retiraba. Él decía que iba a cambiar, que no le iba a volver a hacer daño. Muchas veces salió mal parada con nosotras por defender a Carlos y yo creo que también el miedo le ganó, por eso retiraba las denuncias –cuenta Marcia.

Al revisar el fallo del caso, dentro de los antecedentes aparecen diferentes episodios de agresión de parte de Carlos a Mónica. El 24 de abril de 2019, por ejemplo, Vivar chocó en su camioneta con el auto que su pareja manejaba, sin prestarle ayuda. El 22 de noviembre del mismo año durante una discusión, él quemó el celular de Mónica y luego la persiguió con un cuchillo por toda la pampa. Tras este episodio, terminaron su relación.

A pesar de los antecedentes de violencia y de la acción de terceros vinculada a la muerte de Mónica, ella no está en el registro de femicidios de 2019 y el Tribunal Oral en lo Penal de Castro absolvió a Carlos Vivar por falta de pruebas. Tras alcanzar la libertad, Vivar se trasladó a vivir a Dalcahue, comuna en la que viven Marcia y sus hermanos. Los hijos de Mónica solicitaron la nulidad del juicio en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, la que fue aceptada. Actualmente, Vivar se encuentra con medidas cautelares de arraigo nacional y firma quincenal

A Marcia son varias las cosas que le hacen ruido al pensar en el caso de su madre. La primera es cómo no hubo intervención del Estado cuando su madre denunciaba violencia intrafamiliar. Cuenta que en cada uno de los partes de constatación de lesiones, la sigla VIF aparece dentro del registro.

–¿Nunca hubo ninguna institución que hiciera un seguimiento, aunque ella retirara las denuncias?

–No. Yo no sé cómo es posible que, estando la información ahí, nadie haga nada. Todos en la isla sabían lo que a mi mamá le pasaba.

La prevención ha sido el gran talón de Aquiles de las políticas elaboradas por el MinMEG La vocera de la Red Chilena Contra la Violencia hacia las Mujeres, Lorena Astudillo, lo plantea del siguiente modo:

–El ministerio ofrece la denuncia como única solución a la violencia contra la mujer. Sin embargo, cuando vamos, nos encontramos que solo podemos hacerlo cuando es ejercida por nuestra pareja. En el caso de que se quiera denunciar al pololo, si no vivimos juntos ni tenemos hijos en común, queda prácticamente en nada. Si queremos denunciar a los tipos que nos dan un agarrón en la calle, te piden el nombre, la dirección y todos los antecedentes. Si no, queda en nada. Si se quiere denunciar al vecino que se masturba cada vez que pasas, queda en nada. Entonces, cuando la ministra dice a las mujeres ‘vayan a denunciar la violencia’, no dicen que sólo es denunciable la violencia intrafamiliar, por lo tanto, la violencia está enmarcada en un contexto de convivir con una pareja o de tener hijos en común.

Los cuestionamientos a la capacidad del MinMEG y a sus respectivas instituciones derivadas (Subsecretaría de la Mujer y Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género) han prevalecido en el tiempo. Durante el aumento de violencia intrafamiliar vivido en 2020 por las cuarentenas, la implementación del protocolo Mascarilla-19, para que las mujeres denuncien en farmacias en caso de ser agredidas, fue duramente cuestionado por inconsistencias en su aplicación, tal como dio cuenta una investigación de CIPER. Como ya se adelantó en esta investigación, el SernamEG otorga anualmente poco más de $1.210 millones para estos efectos. Estos son otorgados al sector privado, encargado de generar consultorías y asesorías y campañas.

Para la Ley de Presupuestos del año 2022, se dispuso un aumento hacia los $1.264 millones, es decir, de tan sólo 4,5%. Tal como en 2021, los recursos serán otorgados a privados para la ejecución de los programas. Patricia Varela considera que la educación de los hombres es fundamental en este aspecto. En ese sentido, rescata el trabajo realizado por los Centros de Reeducación Para Hombres que Ejercen Violencia. Sin embargo, les pone un pero:

–Son programas súper recientes, no hay evaluaciones de impacto en los resultados de eso y tienen un problema, que es que los hombres tienen que aceptar que son violentos para entrar, porque el ingreso es voluntario.

Ese antecedente tiene un aterrizaje clarísimo: de los 384 femicidios ocurridos entre 2020 y 2011, al menos 130 contaban con denuncia previa (ver gráfico). A este dato no se le puede dar un techo, puesto que desde 2011 a 2013 sólo consideraban en los informes los femicidios consumados con medidas cautelares.

Elaboración propia con datos recogidos de los informes ministeriales desde 2010 hasta fines de 2020. El gráfico describe la existencia de denuncias previas a la consumación de femicidio. En concreto, el gráfico muestra la cantidad de delitos consumados a pesar de las denuncias previas de las víctimas ¿Por qué no se intervino en estos casos?

El énfasis se ha puesto, en algunas ocasiones, en la búsqueda de reparación a las víctimas colaterales. Actualmente, la madre de Yanira Díaz recibe acompañamiento psicológico por parte del SernamEG en Puerto Montt. Del mismo modo, Marcia Aro comenta que su hermana fue apoyada también para enfrentar el duelo por su madre.

–Se hicieron muy presentes desde el SernamEG para ayudar a mi hermana, que estaba embarazada en ese momento. La apoyaron psicológicamente para enfrentar toda esta situación –dice Marcia.

Es cierto que el Estado acompañó a una de las hijas de Mónica, pero no todos corren la misma suerte. Si bien en este caso, los tres hijos eran mayores de edad y uno de ellos recibió atención psicológica inmediata y gestionada desde el Estado, en reiteradas ocasiones las familias viven calvarios judiciales entremezclados con el desamparo económico. ¿Qué ocurre cuando las víctimas colaterales son niños, niñas o adolescentes?

Niños abandonados

Según datos obtenidos desde el SernamEG, durante 2020 fueron 715 los niños, niñas y adolescentes los que ingresaron junto a sus madres a Casas de Acogida. Esos menores son todos víctimas colaterales de femicidio frustrado y que, por cierto, también se ven impactados a diferentes secuelas. Para Patricia Varela, de Isonoma Consultorías Sociales, el diagnóstico es claro:

–Son niños que crecieron en un entorno donde la violencia en la pareja estuvo normalizada, más allá de la reparación de la pérdida de la madre, que ya es terrible en sí misma para cualquier ser humano; más todavía en la infancia. Además, hay que hacer un trabajo con esos niños y niñas para poder, de alguna manera, reconstruir que existe otra forma de relacionarse en la pareja, que la violencia no era normal.

La legislación chilena no contempla planes de reparación o de apoyo socioeconómico para los menores de edad víctimas colaterales de un femicidio. En ese sentido, no existe instancia formal de apoyo para niños, niñas y adolescentes y, para atención psicológica, se terminan plegando a otras iniciativas públicas según sea cada caso.

Actualmente, se encuentra en el Congreso un proyecto de ley presentado el 18 de diciembre de 2020 por la diputada comunista Karol Cariola, el cual busca garantizar condiciones básicas para el sustento material de aquellas víctimas colaterales del femicidio. Para la parlamentaria, “niños, niñas, hijos o hijas quedan completamente desamparados, familiares, hombres y mujeres, padres, madres, nietos, sobrinos, familiares directos que viven las consecuencias no sólo del dolor, sino también de no tener la reparación necesaria en términos de trabajo, vivienda; quedan con deudas gigantes porque a veces los juicios tienen que correr por cuenta propia, etcétera. Son muchos los puntos en que hoy en día este proyecto de ley viene a plantear y poner sobre la mesa la necesidad de construir justicia y reparación integral”.

En esa línea, el proyecto de ley, que contó también con el apoyo de diferentes parlamentarias de oposición, pretende garantizar condiciones que permitan el acceso a la justicia, asesorando y acompañando a las familias en todos los procesos judiciales relacionados al femicidio, y generar condiciones que permitan reparar y garantizar condiciones de no repetición mediante acciones de desagravio.

Este proyecto fue realizado en conjunto con la Agrupación de Familiares de Víctimas de Femicidio. Ana Fuentes, que preside esta instancia, comenta que el proyecto de ley también busca suspender todos los derechos paternales de aquellos investigados como autores de un femicidio, para evitar el contacto de un homicida con sus hijos:

–Estamos pidiendo varias cosas, por ejemplo, que el femicida pierda la potestad de cuidar a sus hijos, porque los niños no tienen por qué ir a visitar al asesino de su mamá.

El proyecto de ley también le entrega la responsabilidad al Estado de garantizar a las personas dependientes de la víctima de femicidio y de quienes se hagan cargo de sus cuidados, vivienda, acceso a prestaciones de salud y educación en todos los niveles.

Esto hace sentido al ver las cifras de sistematización más reciente: el Circuito Intersectorial del Femicidio (2019) estableció que hubo 19 casos consumados dónde víctima y victimario tenían hijos e hijas en común, 10 casos dónde el hijo es solo de la víctima y 7 sólo del victimario. En los femicidios frustrados hubo 44 casos donde había hijos e hijas en común, 51 casos donde había hijos/as que eran sólo de la víctima y 21 casos sólo del victimario. Es en estos casos donde el SernamEG pone el acento.

Según indicaron en un oficio entregado a la Defensoría de la Niñez –al cual tuvimos acceso vía Ley de Transparencia–, «en el caso de los dispositivos programáticos de la red SernamEG, el perfil por Orientaciones Técnicas de todos ellos, es igualmente para mujeres mayores de 18 años para su representación jurídica, por tanto, el registro de NNA atendidos, y como se ve en la primera parte de este respuesta, está referida principalmente en los/as NNA que ingresan junto a sus madres a las Casas de Acogida de Pareja o a la Casa para Mujeres Vulneradas por el Delito de Trata de Personas o Mujeres Migrantes en Situación de Explotación».

Por su parte, el nuevo Servicio Mejor Niñez –continuador del Sename en materia de protección de NNA vulnerados–, no ha querido dar respuesta a preguntas planteadas para este reportaje, ni sus portavoces han accedido a una entrevista. Sin embargo, desde una perspectiva académica, el psicólogo y experto en desarrollo infanto-juvenil, Felipe Lecannelier, tiene varias cosas que aportar. Considera que hay una falta de criterio enorme en la forma de establecer prioridades en el cuidado de los menores dentro del país:

–En general, el rol del Estado es bien paradójico porque el financiamiento, las políticas públicas y los programas están destinados a niños no de extremo sufrimiento, como es el caso de los hijos de víctimas de femicidio. Hay una contradicción porque mientras más extrema es la situación del niño, mientras más traumática, existe menos ayuda del Estado en financiamiento, programas y políticas públicas. El Estado chileno ha olvidado las experiencias traumáticas, no sólo de los niños, sino que también de los adultos.

Bien lo sabe Paula Valenzuela, que tras quedar como responsable de sus sobrinas no sólo ha tenido que darles manutención, sino también enfrentar todo el proceso de adopción. El abogado de familia, Jaime Fuentes, explica que un caso de estas características puede durar entre cuatro y cinco años. Esto, debido a que primero hay que establecer, a través de peritajes, que los menores están en susceptibilidad de ser adoptados:

–Los procesos de adopción en Chile son bien engorrosos por esto mismo. En la etapa de susceptibilidad hay que demostrar que los padres no son aptos para el cuidado, no están presentes o están fallecidos y eso los convierte en menores sin tutor legal. Esto es con muchos trámites entre medio; audiencias, peritajes, informes socioeconómicos, psicológicos, entre varios más.

Además de esta problemática, muchas veces el patrimonio que poseían las madres no puede ser usado por los hijos. Un fenómeno que se repite es que el cónyuge, tras asesinar a su esposa, queda como heredero de sus bienes. Ana Fuentes denuncia que esta situación es bastante recurrente dentro de la agrupación que representa:

–Muchas veces nos ha tocado ver que los asesinos de las víctimas venden las propiedades que eran de ellas o usan sus fondos de pensiones para pagarse un defensor. Creemos que esta situación es inaceptable.

La abogada Margreth Arriagada comenta que esto es solucionable a través de una causa de indignidad. A través de sus años de experiencia en tribunales civiles, comenta que, si bien el femicidio no es una causa de indignidad, se podría sostener una causa de estas características por medio del numeral primero del artículo 968 del Código Civil: “La demanda penal se puede dar en simultáneo de la demanda civil, pero se necesita culpabilidad en la primera para poder ganar la segunda”, comenta. Esto es un problema si se considera que la resolución de casos de femicidio puede demorar hasta dos años en ser cerrados.

–En todo caso, llevo cinco años trabajando en el tribunal y nunca he visto una indignidad. No sé si es porque la gente no usa el procedimiento o qué, pero por mis manos nunca ha pasado una.

Investigaciones negligentes

El 24 de agosto de 2020 Nancy Cortés, de 55 años, pudo escuchar un veredicto que llevaba dos años esperando: Erwin Aedo Soto fue hallado culpable del homicidio de su hija, Paola Alvarado, a quien asesinó en Curacautín. El caso ocurrido en 2018, previo a la creación de la Ley Gabriela, no se abordó desde una perspectiva de género porque en esa época solo se configuraba femicidio cuando había una relación de convivencia o de cónyuges entre la víctima y el victimario.

Paola, madre de un hijo, era trabajadora sexual. Nadie de su familia sabía que se dedicaba a eso. En un viaje de trabajo acordó un horario con Aedo, quien –de acuerdo con su propia declaración– tras haber accedido al servicio, se negó a pagarle los $400 mil que habían acordado. La discusión fue en escalada hasta que él la golpeó, la mató y, según sus palabras, “la tiré al Río Dillo”.

Nancy recuerda que esperaba a su hija de vuelta en Santiago con un ceviche, pero ella no llegó. El día pasó y comenzó a asustarse, puesto que Paola no contestaba el teléfono. Al día siguiente una amiga de su hija, con quien había viajado a Temuco, le contó a qué se dedicaba Paola, que se había reunido con un cliente en Curacautín y que no había vuelto al hostal en días. Para Nancy esto es fundamental para entender la negligencia en la que cayó la PDI investigando el caso:

–Si mi hija hubiese sido, no sé, de otra clase social, no la habrían tratado así. Imagínese usted, por ejemplo, de la Fernanda Maciel cuántas cosas dijeron y terminó siendo el vecino quien la enterró a cuadras de su casa.

Tras el asesinato de Paola, Nancy comenzó a viajar continuamente a Curacautín. Allí comenzó a tejerse una red de ayuda hacia ella. Cada vez que iba, más gente sabía de su caso y la acompañaba en las búsquedas. Cada vez eran más personas quienes le ofrecían alojamiento y alimentación. En medio de toda esa red de solidaridad, el trago más amargo de la búsqueda fue cortesía de la PDI.

Nancy recuerda que no la dejaron poner la denuncia por presunta desgracia. Ahí, según ella, partió todo mal. Para la búsqueda de su hija no se hicieron georreferencias con los teléfonos ni se buscó en lugares cercanos al trabajo de Aedo. Recorriendo esa zona en búsquedas que Nancy gestionó, encontraron una zapatilla de su hija que tuvo que ir a dejar directamente a la PDI, puesto que ningún funcionario llegó a levantar la evidencia. A los días encontraron sangre de Paola en el auto de Aedo.

Nancy Cortés junto a su hija Paola (FOTO: Cortesía Nancy Cortés)

–Cuando encontraron eso, me dijeron que venían acá a la casa a buscar más cosas de la Paola: cepillo de pelos, cepillo de dientes, por el ADN. Pasó una semana y no venían. Yo llamé al fiscal para ver qué pasaba. Le dije que si no venían, yo iba a ir hasta la plaza de Curacautín a quemarme a lo bonzo. No me iba a quedar así. –recuerda.

No es la primera vez que se generan dificultades en las investigaciones relacionadas a muertes de mujeres. En el caso de Yanira Díaz, por ejemplo, las negligencias en la investigación permitieron que el caso se cerrara en una primera instancia a través de un suicidio simulado. La familia presionó para que se exhumara el cuerpo y se realizara una segunda autopsia, que demostró que sí hubo intervención de terceros en el deceso de Yanira; en el caso de Mónica Mansilla, la familia tuvo que pedir la nulidad del caso y si extendemos la mirada a otros asesinatos y desapariciones de mujeres, hay casos de evidente negligencia como la desaparición y posterior hallazgo de Viviana Haeger o el crimen contra Nicole Saavedra.

Lorena Astudillo considera que esto se debe a una desidia por parte de las entidades investigadoras y lo ejemplifica con el caso de Nicole:

–El mismo equipo, que investigó el asesinato de Nicole, investigó el de Nibaldo [Villegas], el profesor asesinado en la Quinta Región. En una semana, ya habían cruzado todas las antenas telefónicas; tenían las escuchas; lograron saber cada uno de los puntos en donde los asesinos habían andado, incluso sabían en qué playa habían intentado quemarlo, y tenían a los testigos. Con Nicole se demoraron años en cruzar las antenas telefónicas, años en revisar su teléfono. Luego de revisarlo se dieron cuenta de que nunca dejó de funcionar. Recién ahí revisaron el IP y llegaron a donde estaba el asesino, pero en eso demoraron tres años, en algo que se les pidió insistentemente que hicieran.

Para la abogada Paloma Galaz, esto es parte de un problema estructural. Ella indica que, frente a hechos de este tipo, quienes están a cargo son las fiscalías y que son ellos quienes ordenan las diligencias. Esto, sin perjuicio de que las policías tienen que estar capacitadas para estos casos:

–Las recomendaciones internacionales indican que quienes llevan estos casos debiesen ser altamente calificados. Es fundamental que, ante estos casos, la primera teoría debe ser el femicidio, porque hay mucho material probatorio que puede perderse si se comienza con una tesis más leve.

Según información entregada a través de la Ley de Transparencia, desde la creación del Circuito Intersectorial del Femicidio, 53 de estos crímenes consumados no han sido asesorados por el Sernameg. 181 sí lo fueron y 83 no pudieron asesorarse porque el agresor se suicidó.

Lo último

Han pasado poco más de tres meses desde que Erwin Aedo Soto fue sentenciado a 14 años de prisión por su delito contra Paola Alvarado. Se le aplicó la pena de presidio mayor en su grado medio debido a que, a pesar de haber asesinado a Paola tras contratar sus servicios sexuales y negarse a pagar la suma acordada, con la legislación vigente al momento del delito se habría tratado de un simple homicidio y se habría desestimado el sesgo de género.

Al preguntarle a Nancy, madre de Paola, cómo se encuentra, dice que está bien, que ya está en casa y sin ninguna novedad. Al consultarle cómo ha sido el proceso, dice que se da cuenta de que se va quedando sola. A tres años de la desaparición de Paola, cada vez tiene menos recursos para hacer las búsquedas y cada vez menos gente la acompaña. Nancy entiende que buscar a una persona que lleva tanto tiempo perdida deja de ser una prioridad.

–Me siento muy sola, abandonada totalmente. Este hombre fue condenado a 14 años y no entregó el cuerpo de mi hija porque no tuve el dinero suficiente para pagar un buen abogado, entonces, igual es una angustia muy grande, ya que tengo pensar cómo vuelvo de nuevo al sur con recursos, buscar gente. Todo lo he hecho yo. Todas las noches tengo pesadillas de que estoy preparándome para la búsqueda y me despierto muy temprano.

El Tribunal Oral en lo Penal de Temuco declaró a Aedo Soto culpable de homicidio simple, pero fue absuelto de los cargos de homicidio calificado y secuestro. En la instancia, el fiscal jefe de Curacautín, Iván Isla, destacó el fallo condenatorio a pesar de no tener el cuerpo de la víctima, considerándolo un hito en términos jurídicos. Lo que para el fiscal es una respuesta inédita para la justicia, para Nancy sigue siendo una herida abierta:

–A ella la extraño demasiado, me hace mucha falta. Me duele no poder cerrar un ciclo con ella, no poder aprovechar los veranos para salir a buscarla porque cada vez me cuesta más. Por recursos, por todo. No sé, quizás debería bajar los brazos, no seguir, pero es algo muy triste para mí no poder viajar y buscarla.

Tras esa reflexión, la conversación con Nancy sigue y a ratos entra en banalidades. Al rato comenta que está esperando que se apruebe en el Congreso el cuarto retiro del 10% de los fondos de pensiones para viajar a Curacautín y seguir revisando el terreno donde encontró la zapatilla de su hija. Cabe destacar que los peritajes arrojaron que el cuerpo de Paola Alvarado Cortés no fue arrojado al río. Por eso sigue abierta la investigación contra Erwin Aedo Soto por inhumación ilegal.

En el caso de Yanira Díaz, su hermana Lidia está a la espera de que comience el juicio contra Claudio Ballesteros. El 26 de noviembre se le notificó desde la Fiscalía Local de Puerto Montt que el 2 de diciembre se realizó una audiencia de ampliación de la investigación. A principios de julio del 2022 le confirmaron que el 1 de agosto comenzará el juicio. Al alargarse los peritajes, Lidia se contactó con distintas orgánicas feministas, medios y organizaciones de la sociedad civil para una agitación durante el día de la audiencia. Dice que la única forma de obtener justicia es haciendo ruido.

Paula Valenzuela, hermana de Soledad Valenzuela, está expectante a la próxima audiencia de renovación de custodia provisoria de sus sobrinas. Aún no se realiza el juicio contra el asesino de su hermana, que se ha aplazado hasta enero y sabe que el proceso para optar a la adopción de sus sobrinas durará bastante tiempo. La hija de Mónica Mansilla, por su parte, prepara lo que será el nuevo juicio contra quien, asegura, le quitó la vida a su madre. Tanto ella como sus hermanos menores se han encontrado con Carlos Vivar en la calle en reiteradas ocasiones:

–Yo hubiese esperado que por último le pusieran alguna prohibición de andar por ahí, porque para nosotros es fuerte verlo en la calle, el supermercado o tomando el colectivo. –dice Marcia.

Manifestación en Paseo Bulnes de la Agrupación de Familiares Víctimas de Femicidio.

Al 31 de noviembre del 2021, 43 femicidios fueron consumados. De estos, 11 víctimas eran madres de niños, niñas o adolescentes, dejando un saldo de 15 menores que perdieron a sus madres por violencia de género y un niño asesinado junto a su madre.

A pesar de la urgencia de establecer una ley de cuidados para las víctimas colaterales, el proyecto de ley presentado por la diputada Cariola en enero de 2021 recién comenzó a ser discutido en la comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputados y Diputadas en mayo de este año. Ana Fuentes, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Víctimas de Femicidio se lamenta de esto: “Es como si nos hubiesen tirado para la cola y nuestras familias necesitan el apoyo ahora”, indica.

A pesar de las dificultades y contratiempos, ni Paula Valenzuela, ni Marcia Aro, ni Lidia Díaz ni Nancy Cortés han dado marcha atrás en su búsqueda de justicia. Nancy resume sus motivaciones de la siguiente manera:

–Esto no se trata sólo de mi hija. Hay que seguir en la lucha por todas.

***

Esta investigación se realizó gracias a la ayuda inconmensurable de diferentes organizaciones sociales, a los testimonios desinteresados de Lidia, Marcia, Nancy y Paula, que compartieron sus relatos con nosotros y a distintos académicos y profesionales que otorgaron sus apreciaciones sobre las falencias de las leyes y políticas públicas de nuestro país. Ni el Servicio Mejor Niñez, ni el Servicio Nacional de la Mujer ni la Defensoría de la Niñez quisieron hacerse parte de esta investigación, alegando problemas de agenda o, simplemente, ignorando nuestros acercamientos.

El cuerpo de Claudia Cordero Rivero (36), madre de dos hijos, fue encontrado el lunes 10 de enero. La Policía de Investigaciones realiza la investigación ante un eventual femicidio perpetrado por su esposo, quien se suicidó. Claudia Cordero fue la primera mujer víctima de femicidio de 2022 y sus hijos, de 6 y 14 años, engrosan el registro de víctimas indirectas menores de edad.

*Este reportaje fue realizado para el Taller de Reportajes y Perfiles de la Escuela de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado, dictado por el profesor Franco Fasola. 

Carla Bravo (23) estaba acostada en la camilla de uno de los quirófanos del Hospital de Linares, rodeada de personal médico y luces brillantes que nublaban su vista. Mentalmente se preparaba para ser madre, pero físicamente se estaba sometiendo a una cesárea. Con la anestesia, dejó de sentir sus piernas. Como Carla nunca había pasado por una experiencia como esa, sintió un miedo incontrolable y entró en crisis de pánico. Comenzó a forcejear para ponerse de pie y sentir que podía caminar. 

“¡No, se está levantando! ¡Amárrenla, amárrenla!”, habría gritado el ginecólogo a cargo de la cesárea, según recuerda Carla.

En medio del forcejeo, un enfermero la agarró con fuerza y amarró sus muñecas a la camilla para inmovilizarla. Le administraron altas dosis de anestesia inhalatoria para calmarla. Eso es todo lo que recuerda de su parto. Tenía tan sólo 15 años y fue entonces que decidió que nunca más tendría hijos; que no estaba dispuesta a vivir nuevamente esa experiencia. 

Lo sucedido a esta joven linarense, lejos de ser un hecho aislado, forma parte de una práctica habitual en Chile conocida como violencia obstétrica. No está regulada específicamente en la legislación chilena, y de acuerdo al Observatorio de Violencia Obstétrica (OVO), se define como: “un conjunto de prácticas que degrada, intimida y oprime a las mujeres y a las niñas en el ámbito de la atención en salud reproductiva y, de manera mucho más intensa, en el período del embarazo, parto y postparto”. 

Por otro lado, el Observatorio de Equidad de Género en Salud de Chile, conceptualiza este tipo de violencia como “aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales”. 

Al no estar reconocida por ley, no existen en Chile datos oficiales al respecto, pero de acuerdo con una encuesta que realizó el año pasado la Colectiva Contra la Violencia Ginecológica Obstétrica, en la que se consultó a más de 4.550 mujeres de todo el país, el 67% reconoció haber sufrido algún tipo de violencia ginecológica. Que los y las funcionarias de la salud las juzgaban por sus prácticas sexuales (21%); que sus preguntas no eran debidamente atendidas (34%); que recibían comentarios denigrantes sobre sus cuerpos o sus genitales, su vestimenta y su higiene (18%); que fueron regañadas y/o amenazadas por parte del personal que atendió su consulta ginecológica (26%); que les realizaron tactos o “tocaciones” inapropiadas dado el motivo de su consulta y que les hicieron sentir vulnerada su intimidad (17%); y, entre otras cosas, que les aplicaron procedimientos para causarles intencionalmente dolor (20%).  

De acuerdo con la Ley 20.584 sobre Derechos y Deberes de los pacientes, existe la posibilidad de emitir un reclamo administrativo respecto a la atención de salud recibida, como también otorga la posibilidad de recurrir a la Superintendencia de Salud en caso de presentar insatisfacción con algún procedimiento. Pero la ley no dispone medidas de reparación ni hace énfasis en el fenómeno de la violencia obstétrica. De hecho, ni siquiera aparece mencionada.

Ligadura de trompas e imposiciones sociales

Carla define todo su proceso de parto como un hecho “sumamente traumático”. Estuvo inconsciente la mayor parte del postoperatorio a causa de la anestesia, sin poder ingerir alimentos, con dolor de cabeza y vómitos simultáneos a causa del hambre. “Desde el parto yo quedé traumada. No quiero volver a tener hijos y pasar de nuevo por lo mismo. […] Tengo pesadillas en las que estoy embarazada y me despierto llorando porque no quiero estarlo nunca más”, dice. 

Tenía claros los pasos a seguir. Una vez que se recuperara de la cesárea, agendaría una cita con su ginecólogo para concretar algo que ya tenía decidido: se ligaría las trompas uterinas para no volver a parir. De todos modos, nunca había estado en sus planes ser madre, y ahora que se veía a cargo de una hija siendo apenas una adolescente, y tras una experiencia traumática marcada por la violencia obstétrica, su decisión anticonceptiva cobró fuerza. 

“El ginecólogo que me atendió era un hombre mayor y me retó, me retó mucho. Me dijo que yo era una niña, que no podía decidir sobre estos temas. Dijo que mi guagua era muy chica todavía y que se podía morir, entonces yo me iba a quedar con las ganas de ser mamá y no iba a poder”, relata con tristeza y añade: “¿Cómo pudo decir que mi hija se podía morir? Quizás sí, yo era muy chica, pero ahora tengo 23 años y sigo con la misma mentalidad. No quiero tener más hijos y este médico me negó la esterilización”. 

La Ley 20.418 fija normas sobre información, orientación y prestaciones en materia de regulación de la fertilidad, y está vigente desde enero de 2010. Establece que en un caso como éste, Carla no podía acceder a un procedimiento de esterilización quirúrgica por ser menor de edad. Sin embargo, el especialista que la atendió aquella vez transgredió el Código Sanitario al negarle el derecho a la información, también comprendido como parte fundamental de esta ley. 

Según el relato de la joven, a ella simplemente se le dijo que no podía esterilizarse por dos razones: ser muy joven y por un futuro deseo de maternidad. La ley mencionada especifica que el médico debió otorgarle la información completa, y explicarle que podría solicitar este procedimiento al cumplir 18 años. Crear escenarios ficticios para intimidar a la paciente es una forma de transgresión a la normativa. Carla no sabía esto y asimiló las palabras de su médico como una verdad absoluta. No volvió a preguntar por miedo a ser cuestionada nuevamente.

Mirada legal y conservadurismo obstétrico

Javiera Canales, abogada y directora ejecutiva de Miles Chile, explica que ningún profesional de la ginecología puede negarse a realizar un procedimiento de esterilización quirúrgica utilizando argumentos que apelen a creencias personales. Las razones más comunes que escuchan las usuarias son: “No te puedo esterilizar porque eres muy joven”, “no has tenido hijos”, “estás soltera”. 

Canales aclara que aquellos profesionales que niegan el servicio bajo las razones señaladas, están incumpliendo la normativa actual del Código Sanitario que regula los procesos de fertilidad de las mujeres. 

“La antigua norma te exigía un mínimo de hijos, edad y autorización del cónyuge, pero fue exenta el año 2000. De ahí en adelante, las mujeres necesitaban autorización del director de Servicio. En 2010 entró en vigencia la Ley 20.418, que establece que el único requisito es ser mayor de 18 años. […] y un médico no puede declararse objetor de conciencia en estos procedimientos porque la ley no cubre eso. La objeción de conciencia aplica solamente en casos de Ley 21.030 (Interrupción Voluntaria del Embarazo) para aquellos funcionarios de salud que entren a pabellón”. 

La abogada afirma que, en la mayoría de los casos, las afectadas desisten en su deseo de llevar el tema a un ámbito judicial. “Las mujeres saben que demandar a los médicos puede ser un obstaculizador para su propio acceso a la salud. El médico va a seguir trabajando donde mismo, y si ella se atiende en salud pública, tendrá que seguir viéndolo. Es un gremio bastante politizado, y principalmente el gremio de la Ginecología y Obstetricia es bastante conservador”, explica.

Katiuska Rojas, matrona y directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Matronas y Matrones de Chile (ASOMAT), comenta que aún sigue latente “esta mirada fundamentalista y conservadora”, marcada por el sexismo que el gremio arrastra desde el proceso educativo. 

“La transgresión a los derechos sexuales y reproductivos se ve desde la formación universitaria, porque consiste en una enseñanza donde la forma de hacer salud se basa en decidir por otras mujeres. Eso no corresponde. Tiene que cambiarse en las aulas de futuros profesionales. Tú debes orientarlas y mostrarles sus opciones, no imponerles  nada”, dice. 

Demostración de una ligadura de trompas (Foto: Shutterstock)

En materia de posibles riesgos, Rojas explica que existen dos tipos de esterilización femenina. La primera es una ligadura de trompas uterinas, proceso que consiste en cortarlas y cauterizarlas para que no vuelvan a unirse. Es irreversible. El segundo método, utilizado en menor medida como una alternativa anticonceptiva, es la histerectomía (extirpación total del útero), generalmente solicitada por mujeres con endometriosis, antecedentes de cáncer o inclusive, personas en proceso de transición de género. 

Una ligadura de trompas no impide la menstruación; la histerectomía sí. “Hay que tener en cuenta que parir es efectivamente un factor protector para el desarrollo de cáncer (cervicouterino o de mamas). La mujer que amamanta genera oxitocina, y esa es una hormona protectora contra células cancerígenas. Por otro lado, también tenemos mujeres con hijos y que han desarrollado cáncer de todos modos”, explica la directora ejecutiva de ASOMAT, quien sostiene que negar una esterilización y/o acceso a información de este procedimiento, consiste en una falta tanto legal como ética. 

Rojas agrega: “Ya no podemos ser las matronas que dan indicaciones u órdenes, o peor, esas matronas que ejercen violencia obstétrica y ginecológica”. 

Procedimiento en pausa

Carolina (26) es psicóloga clínica y solicitó un procedimiento de ligadura de trompas uterinas en 2019. Aún sigue en lista de espera. 

“Lo solicité durante un control sano del Cesfam. Me mandaron a hacer los exámenes de rutina, pero ocurrió el estallido social y se paralizó todo. Luego empezó la pandemia y simplemente no hubo retorno. Cada vez que llamo para preguntar, es la misma respuesta: atención paralizada”. 

Para esta joven de San Miguel, su deseo de esterilización se basa en una convicción social y política. Desea la maternidad, pero no biológica. Enumera los distintos conflictos bélicos que se han desarrollado en el mundo durante los últimos años, escasez de recursos naturales, desastres petroleros e inclusive hace mención a Chernobyl como una de las razones de su decisión. “¿A qué mundo los vas a traer? Prefiero esterilizarme yo a ser responsable de eso. Además, ya existen niños que lo están pasando pésimo siendo parte de servicios como el Sename; servicios que deberían ser protectores, pero no lo son”. 

Para la familia de Carolina, su convicción no fue motivo de discusión. Se declara feminista y a favor del aborto. Sostiene que todos en su núcleo familiar comparten un pensamiento muy similar con respecto a las maternidades biológicas. “Para mi papá fue un poco más complejo. Me dijo que para él esto era una especie de luto porque no tendría nietos sanguíneos, pero entendió desde un principio que la decisión era personal”, cuenta y añade que el deseo de esterilizarse no era reciente, pero siempre que preguntaba obtenía la misma respuesta: no se puede esterilizar a mujeres jóvenes.

Frente a esta negativa constante, Carolina empezó a recolectar toda la información y legislación vigente para defender su petición. Así aprendió que la normativa que ciertos ginecólogos utilizan como método de amparo para negar estos procedimientos, fue derogada el año 2000. Imprimió la Ley 20.418, se la aprendió de memoria y se dirigió al Cesfam Barros Luco, dispuesta a pelear si se veía enfrentada a algún tipo de traba. 

“Pensé que me iba a tocar igual que a todas, pero la matrona me dijo que estuviera tranquila porque ella siempre ha velado por los derechos reproductivos de las mujeres. Fue como un angelito”, dice. 

Tras explicarle el funcionamiento de los distintos métodos anticonceptivos, le entregaron tres copias del formulario de consentimiento para ligadura de trompas uterinas. Aquel día, Carolina regresó muy feliz a su casa. Sentía que le había ganado al sistema. Pero han pasado casi dos años y todavía está en lista de espera. El Covid-19 ha paralizado distintos tipos de atención, y una esterilización femenina no constituye prioridad en la atención primaria.

Información imprecisa

Durante la realización de este reportaje, se contactó a un total de seis encargados comunicacionales del Ministerio de Salud y de la Subsecretaría de Redes Asistenciales para obtener respuestas en torno a la paralización de estos procedimientos quirúrgicos, y al mismo tiempo abordar la poca fiscalización a médicos que incumplen la actual Ley 20.418 sobre regulación de la fertilidad. La última respuesta data del pasado 29 de abril, donde una de las encargadas de prensa admite que los organismos técnicos a cargo desconocen la definición de esterilización femenina porque, según ellos, “no existe como tal”. 

Sin embargo, esta definición se encuentra disponible en el documento del Ministerio de Salud titulado “Normas Nacionales sobre Regulación de la Fertilidad”, publicado en 2015. Se hizo envío de esta normativa, pero no hubo más respuesta. Desde Redes Asistenciales se dijo que era un tema a cargo del Ministerio de la Mujer, a pesar de ser una problemática de salud regulada por el Código Sanitario.

De acuerdo a los informes temáticos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para tener acceso pleno a derechos sexuales y reproductivos, los Estados deben mantener una conducta de transparencia activa. “La usuaria no tiene que ir a pedir la información, sino que debe estar disponible de forma permanente en las páginas de los servicios de salud. Si la información no está y la mujer tiene que ir y solicitarla, hay dos derechos vulnerados: incumplimiento convencional de tratados, es decir, la falta de transparencia activa. El segundo derecho que se está vulnerando es el derecho a adquirir esta información”, aclara Javiera Canales. 

Proyectos de ley congelados en el Congreso

En el Congreso hay al menos dos proyectos de ley que han sido ingresados a trámite durante los últimos años para reconocer la violencia obstétrica y sancionarla. El primero fue presentado por un grupo de diputados y diputadas de la ex Nueva Mayoría a fines de enero de 2015 y nunca registró avance en su tramitación: fue enviado a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y ahí quedó entrampado desde marzo de ese mismo año. El segundo, en cambio, partió como una iniciativa de la diputada Claudia Mix (Comunes) que contó con apoyo parlamentario transversal en octubre de 2018, y tras quedar congelado por más de dos años en esa misma comisión, en diciembre de 2020 fue requerido por la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara para continuar su tramitación. 

Dice la moción que impulsó Mix: “Un estudio realizado por el Observatorio de Violencia Obstétrica muestra que 1 de cada 4 mujeres atendidas en el sector público recibieron violencia física al interior de los hospitales, y el 56,4% señala haber sido criticada o reprimida por expresar dolor y emociones al momento del parto. Este análisis, además nos muestra las brechas que se producen en cuanto a los establecimientos de salud. Por ejemplo, en experiencias donde los estándares de buen trato, comprensión, amabilidad, respeto por la intimidad de la mujer y empatía por los dolores, no se cumplen, son entre 3 y 7 veces más altas en hospitales que en clínicas. Se observa además que estos estándares de cuidado son peores en las experiencias de parto de mujeres de niveles educacionales más bajos y aquellas más jóvenes”. 

Además de definir qué es violencia gineco-obstétrica, qué tipo de actos son catalogados como tal y definir una serie de derechos de la madre al momento del embarazo, el parto y el post-parto, se establece que “los prestadores de salud, públicos o privados, serán responsables de los daños que causen a la mujer en el ámbito de la gestación, preparto, parto, postparto y aborto en las causales establecidas por la ley, así como también las atenciones en torno a su salud ginecológica y sexual”.

Eso sí, desde que el proyecto pasó a la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara que no registra movimiento alguno. 

Mientras la discusión legislativa sigue sin avanzar, tanto Carla como Carolina -al igual que miles de mujeres- enfrentan un sistema que las sigue violentando al optar voluntariamente por la esterilización. La primera, debido a una situación traumática del pasado. La segunda, por decisión política. Pueden ser motivos distintos, pero ambas siguen a la espera. 

Carla fue duramente cuestionada por su ginecólogo en Linares y pensó que no podría hacer nada más al respecto; a Carolina le dieron el sí en Santiago, aunque desde 2019 que aguarda aquella llamada telefónica de confirmación para acercarse al Cesfam. Cree, a esta altura, que esa llamada nunca llegará. “Ya estoy analizando la posibilidad de solicitar el procedimiento a través del sistema privado, ¿te imaginas lo revolucionaria que sería esterilizándome en la Católica?”, finaliza Carolina entre risas. 

Por Camila Torres y Polet Herrera

El 29 de julio, Ámbar Cornejo salió de su casa para nunca más volver. Tras una intensa búsqueda de sus vecinos, amigos y familiares en Villa Alemana, además de una intensa campaña a través de redes sociales, finalmente la encontraron ocho días después. O más bien, lo que quedó de ella. 

La calle Covadonga, lugar donde se encontró su cuerpo, estaba llena de globos y pancartas exigiendo justicia: la condena de Hugo Bustamante. El imputado ya había sido condenado a 27 años de prisión por el asesinato y descuartizamiento en 2005 de su ex pareja y el hijo de ésta. Los restos fueron encontrados en tambores de metal. De ahí que la prensa lo apodara como el “asesino del tambor”. Sin embargo, le concedieron la libertad condicional tras cumplir 11 años de encierro. Luego, ya en la calle, volvió a matar.  

Ámbar Cornejo fue vulnerada una y otra vez durante su niñez y adolescencia. Actualmente, Manuel García, ex pareja de su madre de Ambar, se enfrenta a la justicia por producción y almacenamiento de pornografía infantil. De acuerdo a la fiscal María José Bowen, parte del material encontrado está vinculado a Ámbar. A esto se suma la formalización en curso de Bustamante y la madre de la adolescente por abuso sexual contra su hermano menor. 

Pero el caso de Ámbar no sólo impactó debido a la serie de detalles que le siguen, sino porque marca un precedente para los delitos de este tipo. En marzo de 2020 se promulgó la Ley Gabriela, la cual amplía las consideraciones en cuanto a qué es un femicidio en Chile. Debido a esto, a Bustamante se le formalizó por femicidio, además de otros delitos. 

Durante una década, el Código Penal chileno sólo consideraba la tipificación del femicidio cuando un hombre daba muerte a su ex o actual cónyuge o conviviente. Si el asesino era su pareja sin vínculo formal o sin compartir techo, no era considerado como tal. Ahí radica la importancia de la nueva ley. Hoy se considera el femicidio bajo cinco premisas, entre ellas, “ser consecuencia de la negativa a establecer con el autor una relación de carácter sentimental o sexual” y “haberse cometido en cualquier tipo de situación en la que se den circunstancias de manifiesta subordinación por las relaciones desiguales de poder entre el agresor y la víctima, o motivada por una evidente intención de discriminación”.

En otras palabras, durante 10 años cientos de asesinatos de mujeres por el sólo hecho de ser mujeres no fueron perseguidos ni juzgados bajo esa figura sólo porque no calzaban en los parámetros definidos en la legislación. 

No fue la única demora del Estado en hacerse cargo de la violencia hacia la mujer. 

18 años tardó el Senado en confirmar la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. El 3 de diciembre de 2019 se dio el sí, pero hasta la fecha el Presidente Sebastián Piñera no promulga ni ratifica el tratado. Este acuerdo significa una serie de modificaciones en la legislatura chilena, y busca que se hagan regulaciones de parte del Estado en materia de género.  

Puroperiodismo conversó con distintas profesionales del área del Derecho y la Salud en el marco del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La otra pandemia es la violencia de género que ha ido en aumento y la falta de políticas públicas de salud que resguarden los derechos sexuales y reproductivos.

Las denuncias de delitos sexuales sin rumbo

Durante agosto se viralizó en la red social Tik Tok un video. Un hombre de 61 años fue acusado de abuso sexual de una niña debido al registro en la plataforma. El imputado, Juan Collío, pareja de la abuela de la víctima, quedó en libertad tras pagar una fianza de $8 millones. De acuerdo con lo que indicó a 24 Horas el subprefecto Francisco Ceballos, psicólogo forense de la Brigada Metropolitana de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones (PDI), «es posible indicar que hay cronicidad en el tiempo, el abuso se mantuvo y es posible indicar que estaba normalizado en la familia».

Durante 2019, el Centro de Estudios y Análisis del Delito (CEAD) identificó 1.057 niños, niñas y adolescentes víctimas de violación. De ese total 894 corresponde a niñas y 163 a niños, además 409 niñas menores de 14 años, lo que corresponde al 45,7% de las víctimas. Del total de mujeres y niñas víctimas de violación en 2019, el 39,8% son menores de 18 años.

Catalina Pastén, abogada penalista de la Clínica Jurídica de la Universidad de Chile con experiencia en casos de violencia de género, reconoce deficiencias de parte del Ministerio Público. “Los fiscales muchas veces, y sobre todo en regiones, no están capacitados. No van a cursos para especializarse en cuanto a género. En (algunas) fiscalías  tienen menos capacitaciones. Tienen esta idea antigua de que las violaciones ocurren en un callejón oscuro donde un hombre te agarra y te viola, cuando en realidad las violaciones y abusos están en el seno de las familias. Ocurre también que buscan pruebas que no van a encontrar, como la prueba biológica. Cuando no las encuentran, las denuncias se archivan”, dice.

En 2012 se suicidó Gabriela Marín. La joven técnico parvularia terminó con su vida tras ser violada por tres hombres en San Fernando, en la Región de O’Higgins. La denuncia de Gabriela no llevó a ninguna parte. La noche de la violación, Carabineros detuvo a tres sujetos, pero esta fue declarada ilegal porque la rueda de reconocimiento se realizó sin supervisión del fiscal Néstor Gómez. A esto se suma que el fiscal no asistió a la detención y tampoco hay registro de instrucciones telefónicas a Carabineros. Hasta hoy no hay detenidos por el caso de Gabriela.

Nicole Baumgartner, psicóloga clínica especialista en sexualidad y trauma de la Universidad Católica, apunta a un problema estructural respecto a los delitos sexuales: “La violencia sexual no es un fenomeno aislado: es cultural y social; hay quienes hablan de una cultura de la violación. El Estado tiene mucho que hacer al respecto. La violencia sexual se puede entender como la ruptura de un pacto social, en donde el Estado no logró proteger”.

Según datos del CEAD, del total de víctimas reportadas durante 2019, el 88,4% corresponde a mujeres, mientras que los victimarios son 97,4% hombres. Lo anterior demuestra una tendencia en base al género presente en este tipo de crímenes, los que este año, en contexto de pandemia, no han amainado. 

En septiembre, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Mónica Zalaquett, presentó la  Cuarta Encuesta Nacional de Violencia Intrafamiliar Contra la Mujer y Delitos Sexuales, elaborada por su cartera junto a la Subsecretaría de Prevención del Delito. La encuesta reveló diversos puntos respecto a la violencia vivida por las mujeres, entre ellos que dos de cada cinco (41,4%) señalan que han sido víctimas de violencia alguna vez en su vida, y en cuanto a la violencia general: entre 2017 y 2020, aumentó de un 38,2% a un 41,4%.

Marcha por el aborto, 25 de julio de 2018, Santiago de Chile. Por Luciano Candia.

Reparación bajo una perspectiva de género

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la violencia sexual como un acto de coacción contra una persona, ya sea por medio del acto sexual, comentarios o insinuaciones no deseadas, entre otras categorías. En caso de vulneración, la víctima tiene el derecho de reparación efectiva, ya que es uno de sus derechos sexuales.

¿Qué son los derechos sexuales? En 1994, la Conferencia Internacional sobre la Población y Desarrollo reconoció los derechos reproductivos como derechos humanos.  Según la OMS: “Para que todas las personas alcancen y mantengan una buena salud sexual, se deben respetar, proteger y satisfacer sus derechos sexuales”.  

Entre ellos destacan el derecho a la vida, la libertad, la autonomía y la seguridad de la persona; el derecho a la igualdad y la no discrminación; el derecho a no ser sometido a torturas o a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes; el derecho a la privacidad; y el derecho al grado máximo de salud.

Lo descrito anteriormente va enlazado con la implementación de políticas ligadas a la salud sexual, y la OMS propone que sea tratada bajo un “enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y de las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de toda coacción, discriminación y violencia”. 

Con la llegada de la pandemia el funcionamiento de los centros de atención primaria debió cambiar su funcionamiento, mientras los hospitales públicos modificaron sus unidades para atender a los pacientes con Covid-19. La Corporación Miles, en su informe sobre Abordar la Salud Sexual y la Violencia de Género en Contextos de Crisis, consignó que tras dos meses del primer caso de Covid-19, el Ministerio de Salud “no ha elaborado ni un sólo protocolo respecto a salud sexual y reproductiva” y agregó que “tampoco ha tenido capacidad para aumentar la dotación de recursos humanos y su gestión no ha sido efectiva en asegurar stock crítico de anticonceptivos o gestión de horas para atenciones prioritarias”.

Paulina Troncoso, directora de Corporación Miles, recalcó que “la necesidad de las mujeres en pandemia persisten y más aún si están prohibidos los espacios de desplazamientos, y no pueden pedir auxilio y atención en contextos de violencia de género”.

En tanto, la académica Jovita de las Rozas, del Departamento de Promoción de la Salud y el Recién Nacido de la Universidad de Chile, explica que “al analizar los estándares generales en tiempos de pandemia, Chile tiene el acceso a la atención, pero no necesariamente garantiza los derechos sexuales y reproductivos. En la pandemia esto se agudizó porque afectó en la discontinuidad de la atención producto de los confinamientos y al temor a la consulta”.

En 2016, el Ministerio de Salud (Minsal) impulsó una Norma Técnica para la atención de Víctimas de Salud Sexual en conjunto con el Servicio Médico Legal, el Consejo Nacional de la Infancia, la Fiscalía Nacional y Unicef, y catalogaron la violencia sexual como un “problema de salud pública (…), una de las formas más extremas de violencia de género que ocurre en nuestra sociedad y afecta principalmente a mujeres a lo largo de todo el ciclo de vida”.

 El Minsal advertía que la violencia sexual “tiene consecuencias negativas para la salud mental, física, sexual y reproductiva de la mujer (…) Los efectos psicológicos pueden ser devastadores, alterar radicalmente la vida de la mujer y afectar a varias generaciones”. 

Nicole Baumgartner recomienda que los profesionales de salud incorporen la perspectiva de género en los programas de reparación y tratamientos terapéuticos grupales con mujeres. 

“Muchas veces la violencia sexual tiende a vivirse desde el aislamiento y soledad, (además) la estigmatización se vive en manera individual (…) Lo colectivo es un lugar doloroso que ha sido herido y dañado por su condición de género, pero permite recuperar las  fuerzas para la sanación. Ante una denuncia, está la posibilidad de recibir un alivio ante el impacto del hecho o un empeoramiento por cómo el entorno reacciona en distintos niveles. El sistema de justicia y las instituciones estatales tienen mucho que aportar para que no se sume una victimización secundaria. La justicia tiene un rol en restituir el lugar de dignidad de la mujer”, concluye la psicóloga. 

Foto: Camila Medina López

Suicidio femicida: la violencia que no ves

“Tu no sabes cuanto sufrí. ¿Por qué creís que llegué al punto de querer matarme esta semana? Porque toda esta mierda que sentía, toda esta suciedad…”. Este es un extracto de la conversación entre Antonia Barra y su ex pareja. La grabación de la llamada se dio días antes de que Antonia se suicidara por la supuesta violación ocurrida el 18 de septiembre de 2019 por Martín Pradenas. Actualmente, Pradenas ha sido formalizado por seis casos de abuso sexual en su contra. 

De acuerdo con las doctoras en Psicología Social, Diana Russel y Roberta Harmes, el suicidio femicida se entiende como “aquellos cuya causa se encuentra en el único límite posible a la agresión recibida por sus convivientes, amantes, esposos, acosadores; como ‘única salida’ ante una muerte inminente”. Hoy el Codigo Penal chileno sólo tipifica el auxilio al suicidio, es decir, es sancionable la persona que entregue a otra el arma u objeto con el que este otro pueda ejecutar su muerte y ésta sea consumada. Hasta la fecha pocos países de Latinoamérica tienen tipificada la inducción al suicidio.

El Salvador, Panamá y Venezuela, están dentro de esa lista de países. 

El Salvador fue uno de los primeros, y se dio debido al caso de Irma Gracia de Leonor. El 19 de diciembre de 2019, Irma se suicidó. La investigación de las autoridades salvadoreñas reveló que Irma sufría constantes abusos sexuales y psicológicos de parte de su marido, el subinspector de la Policía Nacional, Héctor Leonor García. La Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV), en su artículo 48 indica lo siguiente:

Quien indujere a una mujer al suicidio o le prestare ayuda para cometerlo, valiéndose de cualquiera de las siguientes circunstancias, será sancionado con prisión de cinco a siete años:

1. a) Que le preceda cualquiera de los tipos o modalidades de violencia contemplados en la presente ley o en cualquier otra ley.
2. b) Que el denunciado se haya aprovechado de cualquier situación de riesgo o condición física o psíquica en que se encontrare la víctima, por haberse ejercido contra ésta, cualquiera de los tipos o modalidades de violencia contemplados en la presente ó en cualquier otra ley.
3. c) Que el inductor se haya aprovechado de la superioridad generada por las relaciones preexistentes o existentes entre él y la víctima.

A un año de la primera presentación del colectivo Las Tesis de su famosa canción, Un violador en tu camino, mediante la cual cuestionaron directamente a la institucionalidad chilena y sus deudas con las mujeres se mantienen en espera proyectos de ley que contribuirían, en parte, a la erradicación de dicha violencia. 

En la Cámara de Diputados duerme el proyecto de Ley Antonia (Boletín N°11225-07), nombrada así por Antonia Garros, quien se suicidó el 2 de febrero de 2017 en el departamento de su pareja. El proyecto busca incorporar el tipo penal de auxilio al suicidio del articulo 14 de la Ley 20.066 sobre violencia intrafamiliar, y que este contemple cuando el ejecutor de violencia se aproveche de cualquier situación de riesgo o de vulnerabiliad física o psíquica en se encontrare la víctima producto de dicho maltrato para la inducción al suicidio. El proyecto hasta hoy se mantiene en la etapa de primer trámite constitucional.

Catalina Pastén explica los factores que podrían llevar a una víctima de violencia de género al suicidio: “El problema que hay detrás es que la tipificación del auxilio al suicidio es que se considera aquella situación que lleva a una mujer a suicidarse termina siendo un asunto privado entre el victimario y la victima. Pero muchas veces la víctima también termina suicidándose por factores estructurales del Estado que hacen que ella no se sienta protegida ni auxiliada.”

De acuerdo con la Red Chilena contra la Violencia Hacia las Mujeres, han ocurrido tres suicidios femicidas en lo que va de 2020: Jacqueline Calfulaf (34), su acta de defunción dice que murió por ahorcamiento, pero su familia está exigiendo a la justicia una investigación extensa porque presumen que se trata de un suicidio femicida; Anaís Godoy (16) fue violada a los 15 años y se quitó la vida tras enterarse de que la fiscalía archivó su caso -actualmente, su supuesto agresor está en prisión por otros delitos-; y Daisy Compai (20), embarazada, se quitó la vida tras tres meses de denuncias contra su agresor.

Karen Vergara y Mónica Maureira. Foto: Luciano Candia.

Diversos profesionales y estudiantes participaron del primer evento de Puroperiodismo llamado “Sexismo en los medios”, que se realizó el jueves 22 de marzo en la Universidad Alberto Hurtado (UAH). Las invitadas fueron las periodistas Mónica Maureira, Editora de la revista digital Mujeres en el Medio, y Karen Vergara, investigadora en temas de género y medios.

La instancia fue organizada por alumnos de la Escuela de Periodismo de la UAH y moderada por la estudiante Gabriela Gárate. Equidad de género, cobertura de noticias sobre femicidio y desigualdad salarial, fueron algunos de los puntos abordados.

PERIODISTAS, EXPERTAS, FEMINISTAS

Karen Vergara es conductora del programa Chicas Pesadas de Radio Injuv y productora en Combinación Clave de Radio La Clave. Desde el 2015 cursa un magíster en estudios de género con mención en humanidades en la Universidad de Chile. Explica que desde entonces se le han abierto las posibilidades para investigar y perfeccionarse en el tema. “Le encontré un sentido a las inquietudes que tenía encima”, dice. No obstante, aclara que le llama la atención la ausencia de colegas involucrados en estos temas. “No es tan usual ver a gente relacionada con las comunicaciones. Mis compañeras son psicólogas, pedagogas o actrices, pero no periodistas”, señala.

En el 2016 publicó un paper sobre la cobertura de casos de femicidio en medios chilenos, buscando determinar cuáles son los principales errores de los medios digitales al tratar estos temas. La principal falencia que detectó fue la falta de contextualización y concientización.

Karen vergara y Mónica Maureira. Fotos: Gustavo Donat.

Mónica Maureira imparte clases en la Escuela de Periodismo de la Universidad Diego Portales. Desde 1998 participa en organizaciones feministas y se define como “bastante activista”, aunque, según explica, “docencia y activismo en Chile no son una combinación muy bien vista”.

Confiesa que ser docente es una oportunidad para generar una mirada crítica en los alumnos y así, en conjunto, cuestionar cómo se incorpora la perspectiva de género en las mallas curriculares de periodismo. “Aparentemente [el feminismo] es algo muy teórico respecto a los derechos humanos de las mujeres y el mundo académico, pero, a la larga, da cuenta de una realidad que nos toca bastante de cerca”, afirma.

VÍCTIMAS IDEALIZADAS Y NEUTRALIDAD ASCÉPTICA

Tanto Mónica como Karen relataron que el entorno laboral y diferentes experiencias personales les generaron ruido en sus vidas. En torno a la pregunta inicial —“¿cómo notaron que había que enfrentar este problema?”— , ambas concordaron que la cotidianeidad del trabajo las hizo cuestionar el trato que recibían las mujeres en los distintos rubros y la poca concientización respecto al tema.

Un diagnóstico compartido es que el campo periodístico, específicamente los medios, no ha respondido satisfactoriamente a estos problemas. “Son los que están quedando más rezagados en este tipo de denuncias. Hay que preguntarse qué es lo que falla”, dijo Mónica.

Karen, por ejemplo, introdujo el concepto de “‘víctimas idealizadas” que suele observarse en las coberturas sobre violencia de género. Así lo explicó: “Una es la abnegada, la víctima que era madre de familia o que no trabajaba. Por otro lado está la víctima que iba caminando sola de noche, que andaba con falda. Entonces tenemos a medios reproduciendo este ideario de víctimas y finalmente la gente se queda con eso.”

Mónica planteó que una de las principales resistencias de los medios tiene que ver con la pretensión de objetividad en las coberturas de todo tipo. “En general está instalada la idea que nosotros al hablar de perspectivas de género, perdemos una suerte de neutralidad. Ya basta. El periodismo no puede ser neutral. Hay casos que no se pueden tratar con esa neutralidad ascéptica”.

Video completo del evento “Sexismo en los medios”, realizado el jueves 22 de marzo de 2018.

AVANZAR HACIA UNA MEJOR COBERTURA EN TEMAS DE GÉNERO

“Hay que generar más debates como este para hacer un cambio en la sociedad. O si no, seguirá existiendo el abuso”, afirmó Mónica en la charla. En tanto, Karen añadió: “Se deberían implementar más cátedras de sexismo y género que apunten a desarrollar un estudiante integral, sobre todo en el área de las comunicaciones, para que sepan informar estas temáticas”.

Incorporar a las clases este tipo de temas y abrir la posibilidad a espacios como charlas, seminarios o talleres, fueron algunas de las propuestas en las que coincidieron las periodistas. “Insistir, insistir e insistir”, recalcó Vergara. Maureira, por su parte, mencionó que “la formación de pares” podría ser una buena manera de instruir a los periodistas desde la experiencia de sus mismas colegas.

Pero el desafío, según Mónica Maureira, está en que los medios se resisten a incorporar una perspectiva de género. Sin embargo, es optimista. “Hay que generar ciertas estrategias para incluir estos temas”, rescató. “Esto ya está tan instalado, que genera inquietudes”, afirmó.

Mencionó, como ejemplo de un fenómeno global, los casos de abusos sexuales en Hollywood perpetrados por el productor de cine Harvey Weinstein. “Tarde o temprano, sabíamos que iba a empezar a salir en Chile. Lo más probable es que en un par de años más habrá más testimonios y denuncias y que, de alguna manera, la institucionalidad mediática obligue a dar ciertos mecanismos y protocolos”, dijo Maureira.

Sin embargo, rescató que “parece interesante que algunas instituciones como el Poder Judicial nos están dando más elementos para decirles a los editores que ciertos temas ya no pueden ser tachados”. Recalcó que “hay normas para que se instalen la equidad de género e igualdad, ya sea salarial o mejores puestos de trabajo en empresas públicas y privadas”, explicó la editora de Mujeres en el Medio.

Lucas Gallardo contribuyó en la realización de esta historia. Raúl Marín apoyó en la edición. Las fotografías son de Luciano Candia , Gustavo Donat y Patricio Contreras.

La cobertura en redes fue realizada por el equipo de comunidad digital: Gustavo Donat, Matías Gálvez y Denisse Ramirez.

Marcha contra la violencia de género en Buenos Aires, Argentina, 3 de junio de 2017. Foto: Paulakindsvater, Wikimedia.

Según la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, durante 2016 hubo 52 femicidios. Bajo el hashtag #NiUnaMenos, miles de mujeres y hombres en América Latina se han organizado en las redes sociales para generar conciencia respecto a la violencia de género. El 18 de octubre 2016, acerca de 200 mil personas marcharon por las calles de Buenos Aires, más de 50 mil en Santiago de Chile. La alarmante cifra de femicidios en Chile y en América Latina ha llevado el tema de la violencia de género a la agenda pública.

En Chile, el Consejo Nacional de Televisión, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, y la Red de Asistencia a Víctimas han publicado un documento titulado “Recomendaciones de Tratamiento Mediático a Niñas y Mujeres que son víctimas de violencia de violencia”. En septiembre de 2016, la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual de Argentina emitió un documento donde hace algunas recomendaciones sobre el tratamiento mediático responsable en casos de violencia contra las mujeres. Las investigadoras y periodistas chilenas Karen Vergara y Cecilia Ananías analizaron el tratamiento informativo que los medios digitales les dan al femicidio. El resultado fue un artículo que reveló los principales errores que cometen los periodistas al escribir sobre el asesinato de mujeres.

A partir de esos documentos es posible formular algunas recomendaciones para los periodistas a los cuales les toca reportar los casos de violencia de género.

SACAR LA VIOLENCIA DEL ESPACIO PRIVADO

En los medios de comunicación se ha producido una operación de reducción del campo visual de la violencia. Así, se pasa de concebir la violencia sólo como el maltrato doméstico, a ignorar todos los maltratos que no sean físicos y dar sólo importancia a aquellos que acaban con el resultado de muerte.

Según la legislación chilena (ley 20.480), un femicidio es el asesinato de una mujer realizado por quien es o ha sido su esposo o conviviente. Para organismos internacionales, en cambio, un femicidio es cualquier asesinato de una mujer, por el hecho de ser mujer, sin vínculo necesario entre el autor y la víctima. También existe el “feminicidio” que se refiere a las relaciones de poder que existen atrás del asesinato.  Por eso, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género en Chile registra una cifra mucho más baja de femicidios que la Red Chilena contra la Violencia hacia las mujeres.

Esta Red ha sido un actor muy relevante en el proceso de la visibilización de la violencia de género en Chile, además de criticar el contexto legal que existe en el país. “Los medios de comunicación han ayudado a establecer el término femicidio. Antes era concebido como un asesinato más”, señala Lorena Astudillo, coordinadora nacional de la Red. “Lo que pasó en nuestro país con los femicidios es que se metieron los legisladores, tomaron el concepto, lo interpretaron como quisieron y lo devolvieron hecho una ley. Una ley que es malísima porque en nuestro país se enfoca mucho en la familia, por lo tanto entienden el femicidio como el asesinato de una mujer por su pareja. Nada más”.

En consecuencia, es recomendable que los periodistas denominen todos los asesinatos de mujeres como “femicidios” o “feminicidios” y no solamente los asesinatos dentro de una relación de pareja.

La acción de la Red Chilena que coordina Lorena se orienta a identificar y visibilizar la violencia contra las mujeres como un continuo presente a lo largo de nuestras vidas y relacionar toda manifestación de violencia contra las mujeres —verbal, sexual, simbólica y el femicidio como expresión extrema— como parte de este continuo. En los medios chilenos no sólo se reducen todas las formas de violencia que reciben las mujeres —trata, acoso, abusos sexuales, matrimonios forzosos, agresiones sexuales, etc. — a la que se ejerce por parte de quienes tienen una relación afectiva —como hace la Ley—, sino que se establece una estrecha relación entre violencia y agresión física, que impide visualizar la violencia psicológica y la sexual. Y lo es incluso para aquellas personas que las padecen porque no las ven como tal, haciéndose aún más difícil su denuncia.

Hay varios ejemplos que reflejan eso, como algunas portadas de La Cuarta, uno de los diarios más leídos en Chile y también uno de los más criticado por su cobertura sensacionalista de los femicidios. Los titulares más polémicos han sido “Hizo anticucho con la polola” y “El amor y los celos la mataron”. En Twitter, centenares de críticas por parte de hombres, mujeres y organizaciones feministas hicieron del hashtag #LaCuartaFemicida el primer trending topic a nivel nacional en marzo del 2016.

Por eso, es necesario que en su cobertura los medios saquen el tema de la violencia de género del espacio privado familiar y visibilicen las diferentes formas de violencia, ya que las agresiones ocurren también en otros lugares como el espacio de trabajo, las escuelas o en la calle, afectando a diferentes grupos: mujeres migrantes, indígenas, afrodescendientes y lesbianas, entre otras.

EMPODERAR EN VEZ DE VICTIMIZAR

Si no se toman los resguardos necesarios, la forma de difusión mediática de una situación de violencia puede convertirse en una instancia de revictimización. Es importante evitar la estigmatización, la culpabilización y la sexualización de las mujeres que padecen o han padecido violencia porque construyen un sentido negativo respecto de la persona, y proponen marcos interpretativos peligrosos que pueden terminar legitimando los actos de violencia.

Los abordajes de casos de mujeres víctimas de violencia en los que se las construye como una persona que “bebe alcohol”, le gusta “salir de noche” o vestirse de determinada manera, tienden a montar una imagen de aquellas mujeres como merecedoras de la violencia. El caso de Nabila Rifo, una mujer de Coyhaique que sufrió un brutal ataque de su expareja, refleja esto. Programas de televisión pusieron énfasis en que ella había tomado mucho la noche del ataque o que había tenido relaciones sexuales con otro hombre que no era el imputado. Fueron informaciones que humillaron a la víctima y justificaron la agresión.

Uno de los problemas detectados por las investigadoras Karen Vergara y Cecilia Ananías fue una categoría que denominaron como “falta de empatía hacia la víctima”. Mientras muchas víctimas fueron sobreexpuestas en imágenes, de los agresores rara vez se entregaba su nombre ni mucho menos fotografías, a pesar de que algunos habían confesado el crimen. En algunas noticias existió justificación de su actuar, especialmente en el caso de Juliana Acevedo, cuyo asesinato y posterior descuartizamiento fue adjudicado a violencia mutua, celos, amor o al fragor de la discusión. En el caso de Karen Wilson, se hizo mucho hincapié en que acababa de pedirle el divorcio a su agresor y que tenía una nueva relación. Así lo refleja la noticia en Soy Chile, publicada el 5 de marzo de 2016: “Los trámites unilaterales para conseguir el divorcio y los celos por su nueva relación habría [sic] desatado el femicidio que cobró la vida de la ex profesora de biología del colegio Netland School de Antofagasta, Karen Wilson Villagrán de 31 años”.

En el caso de Magaly Carriel, una mujer de Talcahuano de 63 años que se encontraba postrada cuando fue asesinada por su esposo, el mismo medio afirmó: “Si bien, el marido de la mujer no ha confesado el crimen, se conoció que la víctima había denunciado dos veces a su esposo por maltrato. Sin embargo, estas acusaciones no llegaron a judicializarse debido a que Magaly Carriel no ratificaba sus denuncias puesto que defendía a su agresor”.

PROTEGER Y RESPETAR A LAS VÍCTIMAS

Para proteger a las mujeres que son víctimas de violencia, es necesario evitar difundir imágenes de ellas, sus datos personales, mostrar el espacio personal que habitan y su entorno familiar, así como cualquier aspecto que pueda ponerlas en riesgo. Así se destaca en las Recomendaciones de Tratamiento Mediático a Niñas y Mujeres víctimas de violencia, documento elaborado por el Consejo Nacional de Televisión (CNTV), el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y la Red de Asistencia a Víctimas.

Es fundamental atender a la especificidad de los casos que refieren a niñas y adolescentes, quienes poseen protecciones aún mayores. La difusión mediática de un caso de violencia contra una mujer debe evitar exponer la intimidad de la persona que la sufre o sufrió y lesionar su dignidad, por ejemplo mediante la difusión de datos personales o de la presentación de aspecto morbosos.

Eso pasó, nuevamente, con Nabila. Su caso y su tratamiento mediático generó un profundo impacto porque no solamente fue naturalizado sino que además se publicaron detalles íntimos de ella, como su examen ginecológico, lo que conllevó una multa del CNTV a Canal 13. Este tipo de coberturas no sólo no proveen información socialmente necesaria ni relevante, sino que tampoco consideran los efectos traumáticos y la incidencia negativa que puede generar en el proceso de recuperación que atraviesan las personas afectadas por violencia.

USAR LENGUAJE PRECISO, RESPETUOSO E INFORMATIVO

Es necesario que la violencia contra mujeres y niñas sea siempre denominada “violencia de género“. Es recomendable que las muertes de mujeres por el hecho de ser mujeres sean nombradas como “femicidios” o “feminicidios”, en tanto éste es el término sugerido nacional e internacionalmente para identificar la especificidad de la problemática.

El Observatorio Contra el Acoso Callejero en Chile es una de las organizaciones que denuncia la violencia de género en todos los ámbitos, incluidos los medios de comunicación.  A través de sus redes sociales han puesto en práctica la “reescritura” de titulares que ignoran o invisibilizan la violencia de género. Por ejemplo, toman un título que afirma “Joven dice que fue agredida en el Metro y que nadie la ayudó” y elaboran una corrección: “Joven fue víctima de acoso sexual en el Metro y nadie la ayudó”.

Muchas veces los femicidios son denominados como “crímenes de pasión”. Un ejemplo de  título del diario La Cuarta: “La Historia de Andrea Aguirre, la colombiana descuartizada en crimen pasional”.

Lorena Astudillo, de la Red Chilena hacia la Violencia contra las mujeres, rechaza el uso del término “pasional” o “crímenes de amor”. “Tienen todo un patrón común que es la violencia machista. No solamente la pareja puede ser femicida, sino también los hombres que matan a una trabajadora sexual o los que violan y matan a una niña. Son manifestaciones del poder machista y de dominación”.

Además, la cobertura no debería identificar a la mujer con el delito, al decir, por ejemplo, “la abusada”, “la golpeada” o “la violentada”. Es importante que el lenguaje y las imágenes utilizadas para informar sobre un hecho de violencia contra una mujer se ajusten a un enfoque de derechos, como se destaca en las Recomendaciones de la Defensoría del Público de Argentina. A su vez, se sugiere ampliar las formas de nombrar, presentando a la mujer no sólo como “víctima”, sino hacer referencia a la resistencia y la posibilidad de recuperación de las víctimas.

También es recomendable el uso de la expresión “mujer en situación de violencia”, en tanto posibilita resaltar el carácter temporario de la situación y la posibilidad de salir de ella. Estos usos del lenguaje son importantes porque otorgan a la problemática en cuestión elementos para ampliar su abordaje y su comprensión crítica y reflexiva por parte de las audiencias. Así, la cobertura informativa puede convertirse, directa e indirectamente, en una provisión de recursos para quienes sufren situaciones similares y carecen de herramientas para enfrentarlas.

EVITAR EL SENSACIONALISMO

Las investigadoras Karen Vergara y Cecilia Ananías identificaron un excesivo morbo y sensacionalismo en la entrega de información en los medios de comunicación, especialmente en el caso de Juliana Acevedo. En marzo de 2016, La Tercera escribió en una nota titulada “De los celos al horror” que fue duramente criticada por adjudicar el asesinato de Juliana a los celos de su pareja y, fundamentalmente, por dar detalles extremadamente gráficos y explícitos de cómo fue el femicidio.

Es imprescindible que la información relativa a un caso de violencia evite transformar el hecho en un espectáculo trágico o en fuente de diversión, como sucedió en el caso ya nombrado de Nabila Rifo. Por el contrario, se recomienda tener presente que la violencia contra las mujeres es un fenómeno extendido en nuestra sociedad que trae consecuencias negativas para la vida de quien la padece, de su entorno, y para toda la sociedad. La cobertura mediática de los casos de violencia contra las mujeres puede contribuir a un fin social cuando se centra en los aspectos sociales y no en la morbosidad individual del hecho, apuntando a visibilizar el carácter de problemática social y multidimensional de la violencia de género contra las mujeres.

LA RESPONSABILIDAD DE LOS PERIODISTAS

Pese a que existe un constante crecimiento de la conciencia respecto de la importancia de la igualdad de oportunidades y la erradicación del sexismo de la sociedad chilena, la naturalización de conductas y lenguajes machistas en los medios de comunicación genera un estancamiento cultural que hay que advertir. Los medios de comunicación tienen un gran poder y por lo tanto una gran responsabilidad respecto a la violencia de género. Por lo tanto, este artículo es un llamado a todos los periodistas que trabajan en medios de comunicación a reflexionar sobre la cobertura de los casos de violencia de género y elaborar una práctica periodística profesional y responsable.

“El amor y los celos la mataron” tituló el diario La Cuarta para informar del femicidio de Yuliana Aguirre Acevedo, la joven colombiana que fue asesinada y descuartizada el 9 de marzo de 2016 por su conviviente, Edwin Vásquez. Sin embargo, la crudeza del crimen no evitó que el diario popular volviera a trivializar el tratamiento de un nuevo femicidio. El repudio fue generalizado y el enfático rechazo de las audiencias no demoró en manifestarse en redes sociales. Incluso, un grupo de personas protestó en las inmediaciones del diario en respuesta a la polémica portada.

En Chile, cada año un promedio de cuarenta mujeres son asesinadas por sus parejas. Sin embargo, no existen muchos análisis o estudios sobre el tratamiento de la violencia de género en los medios. El 2004, Naciones Unidas consideró prioritario cuestionar la visualización de estos crímenes en la prensa. En su estudio “Femicidios en Chile”, la organización concluyó que La Cuarta era el único diario que en aquella época daba ocurrencia de este tipo de asesinatos. Sin embargo, detalló que dichas noticias “se muestran como hechos aislados, trivializados, naturalizados y descontextualizados, sin que de esta forma pueda identificárselos como hechos extremos de violencia de género, impidiendo así una toma de oposición y rechazo a esta brutal violación a los derechos humanos de las mujeres”.

En este contexto conversamos con la presidenta del Colegio de Periodista, Javiera Olivares, sobre la búsqueda de soluciones que refuercen la responsabilidad de los medios de comunicación frente a este problema.

—Considerando el titular de La Cuarta como una apertura hacia el debate, ¿cuál es tu opinión respecto al tratamiento que se le da a los femicidios en los medios chilenos?
No es primera vez, ese es uno de los tantos ejemplos, pero recuerdo perfectamente el año anterior donde también hubo un titular muy bullado que tuvo que ver con un femicidio en el cual, el mismo medio, aparecía titulando «hizo anticucho con su pareja», a propósito de un femicidio que se había producido justamente con un fierro utilizado para los anticuchos.No es el único medio, pero este es uno de los medios que más ha incurrido en este tipo de errores o irresponsabilidades éticas.

» Nos parece inquietante, no aporta a construir un país equitativo culturalmente. De hecho, a propósito del titular del anticucho, nosotros recibimos el contacto del director del medio, Sergio Marabolí, quien se disculpó con el Colegio y se comprometió a no volver a realizar este tipo de situaciones, pero luego se incurrió en lo mismo. Entonces, más allá de las responsabilidades particulares de las empresas privadas —y que uno esperaría que tuvieran una conducta ética— a mí también me inquieta la responsabilidad del Estado, de qué manera el Estado avance en una regulación que permita la garantía de los derechos de las personas y de una equidad de género real, de una cultura de la equidad. Ahí el Estado está muy al debe. Recordemos que aquí el único espacio que se puede referir eventualmente a contenidos de medios es el Consejo Nacional de Televisión y lo hace solo a través de plataformas televisivas. ¿Quién regula o quién comenta lo que aparece en los medios impresos? Nadie, solo el mercado.

Se requiere un periodismo responsable y un periodismo responsable no avanza en la medida de la sanción penal, como se quiso dar en el debate de la Ley mordaza.

—¿Crees que un ente regulador podría orientar la cobertura de ciertos temas, como es la violencia de género? ¿Esta entidad debiera sancionar cuando haya titulares como estos? 
No solo lo creo, tengo certeza y me parece que es necesario y urgente que el Estado de Chile desarrolle institucionalidad a propósito de la garantía del derecho de la libertad de expresión y comunicación del pueblo de Chile y eso significa tener espacios que regulen, no los contenidos de los medios, sino que la garantía de los derechos humanos en los contenidos de los medios. Eso, más que ser una sanción, es una cultura de la regulación favorable a la garantía de los derechos. El mercado ya ha demostrado que no se puede regular por sí mismo.

—¿Cómo se pueden desarrollar esos espacios sin involucrar sanciones que impliquen censura o contradicciones con las líneas editoriales?
Por ejemplo, la ley de servicios audiovisuales y comunicación de Argentina, que ha sido derribada de a poco por el actual gobierno de Macri. Esa institucionalidad que todavía se mantiene se llama la «defensoría del público», que depende del Estado pero que funciona autónomamente y garantiza los derechos de las audiencias. Entonces, cuando las audiencias y los públicos se ven afectados por medios de comunicación, sea cual fuera la plataforma del medio, este espacio busca que hayan responsabilidades interiores, que se vaya instalando una cultura de respeto a los derechos humanos y de garantías como la equidad de género. Me parece que ese es un espacio digno de imitar y de realizar como experiencia que, sin duda, hace falta en Chile.

—Por un lado tenemos la regulación de los medios, pero ¿qué sucede entonces con la auto-regulación de los propios periodistas? ¿Cuál es la propuesta a la hora de evitar este tipo de errores en la cobertura de estos temas? 
Yo creo que aquí hay distintas aristas para poder desarrollar una cultura de respeto a los derechos de las personas en el marco del ejercicio periodístico responsable. Se requiere un periodismo responsable y un periodismo responsable no avanza en la medida de la sanción penal, como se quiso dar en el debate de la Ley mordaza, sino en una materia de la cultura de la ética periodística. Eso hemos tratado de instalar como Colegio de Periodistas, insistiendo en la necesidad de que los colegios profesionales vuelvan a tener la tuición ética de sus afiliados, cosa que ocurría hasta antes de la dictadura en Chile.

» Esto puede realizarse dándole urgencia a un proyecto de ley que está durmiendo desde el primer gobierno de la presidenta Bachelet en el parlamento, el cual busca devolverle una serie de atribuciones a los colegios profesionales. Si bien el proyecto es perfectible, es un proyecto que a nuestro juicio debiera tener urgencia porque si queremos avanzar en una cultura de la auto regulación y no de la sanción penal, se requieren entes y espacios que avancen en ese sentido, y eso espacios son: las academias, las escuelas de periodismo, pero por cierto, también, entes gremiales, sindicales o de agrupación de periodistas y trabajadores de las comunicaciones que planteen cómo regular o cómo avanzar en esta cultura de la ética, nosotros tenemos un código de ética que tiene distintos principios orientadores, porque cada caso es especifico, pero no tenemos la tuición de que si alguien inflige esos principios, más allá de las declaraciones públicas y políticas, no podemos exigir a los medios y colegas cumplir esos principios.