Los femicidios siguen siendo una problemática presente en Chile. Hasta el 11 de julio, los registros del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SernaMEG) ya contabilizaban 22 asesinatos cometidos contra mujeres vinculados a la violencia de género durante 2022. Esas son las cifras oficiales, las que sólo incluyen aquellos casos que calzan con las tipificaciones establecidas en la ley vigente desde 2010. En paralelo, la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres ha contabilizado dos más.

Aunque cada año se siguen sumando casos de violencia extrema en contra de mujeres, desde la tipificación hace 12 años del femicidio como delito en el Código Penal ha habido varios avances legales que buscan disminuir esas cifras. Se han creado programas de prevención y apoyo a mujeres víctimas de violencia e incluso se extendió el marco legal a través de la llamada Ley Gabriela, ampliando a otro tipos de relaciones las responsabilidades penales, incluyendo, por ejemplo, a los pololeos, que antes no estaban contemplados. Sin embargo, a pesar de los avances, las víctimas colaterales siguen a la deriva, tal como da cuenta un reportaje de investigación publicado ayer por Puroperiodismo, pues a la fecha el Estado no contempla a quienes sufren la pérdida, dejándolos a la deriva en procesos legales que no sólo tienen que ver con lo penal, sino que también con temas de herencias, tuición y otros.

Lo único que existe es el Circuito Intersectorial de Femicidios (CIF), una instancia integrada por Carabineros, el Servicio Mejor Niñez, el SernaMEG, la Subsecretaría de Prevención del Delito, la Policía de Investigaciones y el Servicio Médico Legal, que tiene por objetivo central dar atención y apoyo a las mujeres sobrevivientes de femicidio frustrado, pero también a las víctimas colaterales, principalmente con apoyo para asegurar el acceso a la justicia a través de la representación de las familias. En su último informe anual de 2020, el CIF identificó a 379 víctimas colaterales –123 por femicidios consumados y 256 por femicidios frustrados–.

A pesar de que existe esta ayuda, es insuficiente, y aún no hay una legislación que garantice un bienestar en seguridad y psicológico a las víctimas colaterales. Pero un posible cambio puede ser el proyecto de ley que crea el derecho a la protección y reparación integral de familias víctimas de femicidio, presentado en enero de 2021 por un grupo de parlamentarias encabezadas por la diputada Karol Cariola (PC). La discusión sobre la moción en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputados y Diputadas partió recién el 11 de mayo de este año, y desde entonces ha sido el único proyecto discutido en las seis sesiones que siguieron. Durante los últimos dos meses, se ha analizado su contenido con diversas invitadas e invitados que han expuesto sus miradas y críticas al proyecto.

Lorena Astudillo, abogada feminista y vocera de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, es una de las expertas que han sido invitadas a ese debate. Puroperiodismo conversó con ella para saber su perspectiva sobre este proyecto de ley, los avances que este plantea y la actual situación que viven las familias que perdieron a una de las suyas por un femicidio.

Lorena Astudillo, vocera de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres.

–Sobre el proyecto de ley, usted dijo en la sesión del 18 de mayo que estas leyes siguen parcializando la violencia contra las mujeres. ¿Qué quiere decir eso?

Los legisladores están en un afán de no querer reconocer que la violencia hacia las mujeres es un concepto que puede institucionalizarse, que tiene que definirse. La violencia hacia las mujeres tiene un solo patrón común que es el patriarcado y se manifiesta en distintas áreas y de distintas formas. Entonces, ¿qué es lo que hacen los legisladores? Van a algunas de esas manifestaciones y la sancionan. Es como una gran llave que tiene muchas mangueritas y ellos tapan una manguerita pequeña, pero ni siquiera la previenen, sino que la castigan cada vez que esa manguerita tira un chorrito de agua. Pero es esta gran llave la que está tirando todos estos chorros de agua, y mientras no se ataque y se cierre esta llave, vamos a seguir teniendo filtraciones de mangueritas por todas partes. Por lo tanto, mientras los legisladores no comprendan esto, van a seguir tapando pequeñas mangueritas y no van a apuntar al problema real que es el patriarcado y el machismo, junto a sus agentes reproductores de la violencia que son la educación, las familias, las iglesias, los medios de comunicación, etc. Y con esto, seguirán parcializando la violencia hacia las mujeres como si fueran hechos aislados y creando una falsa sensación de solución.

–¿Y una buena prevención puede ser fundamental?

Es fundamental, antes de andar sancionando, y también la promoción es esencial hoy día. Tenemos que transformar las cosas porque a nadie se le puede pasar por la cabeza que va a violar, matar o violentar a una mujer; eso nos tiene que parecer aberrante socialmente. Y eso es la promoción y es ahí a donde tenemos que llegar. Por lo tanto, todo es necesario: la sanción, la prevención y la promoción, pero la prevención y la sanción tiene que ser la última instancia, a lo último que debiéramos pensar que se necesita en una sociedad para convencernos y realmente estar tranquilas diciendo que vivimos en una sociedad libre de violencia para las mujeres.

–¿Cree que este proyecto de ley podrá implementarse de manera eficaz en nuestro país?

Lo que nosotras leímos no habría problemas en poder implementarlo, pero son soluciones parches, pedacitos que tapan otros pedacitos. Por otro lado, este proyecto habla de darle una atención psicológica a las víctimas, pero ojalá sea así porque hoy día vemos a la gente en los Cosam que tienen que esperar días para ser atendidos un rato, y corren el riesgo de que te cambien al profesional no pudiendo generar una adherencia. Entonces, puede ser complicado. También cuando dicen que les van a entregar una educación de calidad a las víctimas, pero todo Chile debiera tener una educación de calidad, no hay que esperar a que maten a una madre para que den una educación de calidad. Hay que ver qué criterio tiene educación de calidad. Por otro lado, está presente el fuero laboral, porque sabemos de familias que han tenido que perseguir procesos judiciales muy largos, pero trabajan, y nos parece que esa medida es importante. También la medida para aquellas migrantes que si no tienen regularizada su estadía en el país, no se les deporte, que es un miedo que tienen ellas para poder ir a denunciar. Entonces, eso por ejemplo a nosotras nos parece que sí se puede implementar, pero ¿ataca la raíz? No.

Ver sesión del 18 de mayo de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputados y Diputadas: 

Lo que hay

–¿El Ministerio de la Mujer y Equidad de Género cuenta con políticas públicas de acompañamiento para las víctimas colaterales de femicidio?

No cuenta con políticas públicas. Lo que existe hoy día es el Circuito Intersectorial de Femicidios (CIF) que fue creado con la finalidad de acercarse inmediatamente a quienes quedan tras un femicidio ocurrido en alguna ciudad, y entregarles algún tipo de apoyo jurídico y psicológico, facilitar el ingreso a ciertas atenciones, etcétera. Pero el CIF opera en la Subsecretaria de Prevención del Delito que depende del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Por lo tanto, está en un ministerio completamente distinto, y debiera estar radicado en el Ministerio de Mujer y Equidad de Género.

–¿Qué tan eficiente ha sido la ejecución del CIF?

Hasta hace algunos años era demasiado azarosa la forma en que operaba. Por ejemplo, había lugares en donde actuaba muy bien el CIF acercándose inmediatamente a las familias, pero en otros lugares no era así, ni siquiera las familias sabían que existía. En este último tiempo, desconozco si está operando tan efectivamente y cómo lo está haciendo, no hemos hecho mayores investigaciones. Pero es lo único que existe.

–¿El correcto funcionamiento del CIF tiene que ver con un tema presupuestario?

Me parece que tiene más relación con una visión global del problema de la violencia hacia las mujeres, porque a lo mejor podrían tener muchos millones de pesos, pero si no tienes claridad de que esta violencia no sólo tiene consecuencias en quien la está viviendo directamente, difícilmente puedes generar políticas públicas acordes a comprenderlo. Y actualmente, nada del aparataje estatal lo considera. Como hoy día [el Ministerio de la Mujer] es parte del comité político y se entiende que lo personal es político, y que la violencia hacia las mujeres es un problema político, esperemos que en el nuevo presupuesto se considere aumentar la glosa presupuestaria. Y para poder aumentar esta glosa tienes que ir con argumentos sólidos, algo que hasta ahora no ha sido así porque no ha habido una real reflexión de los problemas que tenemos las mujeres. Entonces, nos parece que ahora está la oportunidad de llegar con esos argumentos para que, cuando dividan las platas de Chile, se nos considere a las mujeres como primordiales.

Las víctimas invisibles del Estado

–¿Existe ya alguna legislación sobre el cuidado de los menores hijos e hijas de víctimas de femicidios?

No, no existe nada. Siguen rigiéndose por las leyes generales, y estas leyes dicen que quienes pueden tener la patria potestad son el padre, la madre, los abuelos paternos o los abuelos maternos. En este caso, si la madre es asesinada por el padre, este sigue teniendo la patria potestad, pero lo que no puede tener es el cuidado en caso de estar detenido. Por lo tanto, tienen prioridad los abuelos paternos y luego los abuelos maternos. Ante esto, se puede iniciar un proceso judicial en el cual, por ejemplo, los abuelos maternos pueden demostrar que van a estar mejor cuidados por ellos que por los abuelos paternos, y ahí el Tribunal de Familia es el que determina quién queda a cargo del cuidado. Por lo tanto, acá entra toda una disputa legal muy dolorosa después de haber existido un femicidio, y quizás ahí podría haber una legislación, una conciencia, un asesoramiento o un acompañamiento para esas personitas que quedan y que luego son disputadas judicialmente. Acá debe primar el bien superior de las niñas, los niños y les niñes. Si bien los procesos judiciales tienen esta idea en su recorrido, no siempre son tan amigables y cuesta que el derecho sea amoroso, y en estas situaciones se requieren procesos amorosos.

–¿Existe por parte del Estado una violencia institucional hacia las víctimas colaterales de femicidio?

La violencia también puede ser por omisión, porque mucha gente se pregunta ¿qué es lo que está haciendo el Estado? ¿Cómo hemos visto que el Estado violenta directamente a las mujeres? Esto se ve cuando los procesos judiciales y los tribunales no se acogen a los tratados internacionales, y con esto están violentando directamente a las mujeres. Acá no podríamos mostrar qué es lo que está haciendo el Estado porque no hace nada; las víctimas están completamente invisibilizadas por el sistema, y eso es real. Y ahora pretenden cambiarlo con una legislación que empieza a visibilizarlos un poco más, pero en eso vamos a ser súper reiterativas y majaderas, porque mientras el sistema completo no se reestructure, seguirán siendo soluciones parches. Y la omisión de prestar los servicios y acompañamientos adecuados, por supuesto que genera una violencia institucional.

Tomar conciencia

–¿Por qué cree que existen estas deficiencias por parte del Estado en temas relacionados a la violencia contra las mujeres?

Puede haber muchas teorías. Nosotras pensamos que hay una desidia por parte de la institucionalidad sobre lo que pasa con nosotras las mujeres. Estamos en una sociedad patriarcal en la cual se sustenta con el sometimiento y la dominación de las mujeres. Y a los Estados de libre mercado les conviene que las mujeres estemos convencidas de que todo lo que hacemos es por amor, porque así no tienen que pagarlo. Por lo tanto, esto está en la cultura y en las estructuras de la sociedad en la que estamos, y bajo esto las instituciones se forman y terminan siendo parte. Entonces, aquí hay una rueda que tiene que ver con el sistema económico, cultural, político y social en el que vivimos que está muy cómoda, y eso permea a todos. Y si trabajas en la administración pública y no te dedicas a mirar realmente la realidad territorial en que viven las mujeres de tu país, terminas entrando en esta misma rueda.

–¿Por dónde hay que comenzar para que la sociedad tenga conciencia de que existe la violencia contra las mujeres y que finalmente se logre una vida libre de violencia?

Las feministas ya partimos, llevamos más de un siglo en esto. Y es importante reconocer el trabajo que han hecho nuestras ancestras y que seguimos haciendo nosotras permanentemente. Actualmente, hay mucha más conciencia de lo que es la violencia hacia las mujeres y hay mayor critica ante esto. Las mujeres denunciamos, pero no formalmente, sino que gritamos nuestros dolores, los ponemos afuera porque lo personal es político, como decía Julieta Kirkwood, y las demás vamos escuchando. Y si me molesta, me incomoda o me daña, no está bien, y eso vamos sociabilizando. Por lo tanto, hemos ido permeando a la sociedad con esto. Ahora, ¿cómo continuamos? ¿Cómo seguimos concientizando y permeando? Tenemos que convencer a toda la sociedad de que esto es real, que tiene que transformarse y proponer qué significa una vida libre de violencia. Y la institucionalidad es la que viene más atrasada y tiene que ponerse al día, dejar de decir: «Te violaron, entonces vamos a sancionar», porque eso no es una vida libre de violencia. Una vida libre de violencia es que a nadie se le ocurra que puede violar a una mujer o a una niña, tiene que considerarlo aberrante. Por lo tanto, mientras convencemos a todos de que esta transformación es positiva vamos proponiendo qué es una vida libre de violencia. Y ahí cabemos todas para ir proponiendo.

Marcha contra la violencia de género en Buenos Aires, Argentina, 3 de junio de 2017. Foto: Paulakindsvater, Wikimedia.

Según la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, durante 2016 hubo 52 femicidios. Bajo el hashtag #NiUnaMenos, miles de mujeres y hombres en América Latina se han organizado en las redes sociales para generar conciencia respecto a la violencia de género. El 18 de octubre 2016, acerca de 200 mil personas marcharon por las calles de Buenos Aires, más de 50 mil en Santiago de Chile. La alarmante cifra de femicidios en Chile y en América Latina ha llevado el tema de la violencia de género a la agenda pública.

En Chile, el Consejo Nacional de Televisión, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, y la Red de Asistencia a Víctimas han publicado un documento titulado “Recomendaciones de Tratamiento Mediático a Niñas y Mujeres que son víctimas de violencia de violencia”. En septiembre de 2016, la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual de Argentina emitió un documento donde hace algunas recomendaciones sobre el tratamiento mediático responsable en casos de violencia contra las mujeres. Las investigadoras y periodistas chilenas Karen Vergara y Cecilia Ananías analizaron el tratamiento informativo que los medios digitales les dan al femicidio. El resultado fue un artículo que reveló los principales errores que cometen los periodistas al escribir sobre el asesinato de mujeres.

A partir de esos documentos es posible formular algunas recomendaciones para los periodistas a los cuales les toca reportar los casos de violencia de género.

SACAR LA VIOLENCIA DEL ESPACIO PRIVADO

En los medios de comunicación se ha producido una operación de reducción del campo visual de la violencia. Así, se pasa de concebir la violencia sólo como el maltrato doméstico, a ignorar todos los maltratos que no sean físicos y dar sólo importancia a aquellos que acaban con el resultado de muerte.

Según la legislación chilena (ley 20.480), un femicidio es el asesinato de una mujer realizado por quien es o ha sido su esposo o conviviente. Para organismos internacionales, en cambio, un femicidio es cualquier asesinato de una mujer, por el hecho de ser mujer, sin vínculo necesario entre el autor y la víctima. También existe el “feminicidio” que se refiere a las relaciones de poder que existen atrás del asesinato.  Por eso, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género en Chile registra una cifra mucho más baja de femicidios que la Red Chilena contra la Violencia hacia las mujeres.

Esta Red ha sido un actor muy relevante en el proceso de la visibilización de la violencia de género en Chile, además de criticar el contexto legal que existe en el país. “Los medios de comunicación han ayudado a establecer el término femicidio. Antes era concebido como un asesinato más”, señala Lorena Astudillo, coordinadora nacional de la Red. “Lo que pasó en nuestro país con los femicidios es que se metieron los legisladores, tomaron el concepto, lo interpretaron como quisieron y lo devolvieron hecho una ley. Una ley que es malísima porque en nuestro país se enfoca mucho en la familia, por lo tanto entienden el femicidio como el asesinato de una mujer por su pareja. Nada más”.

En consecuencia, es recomendable que los periodistas denominen todos los asesinatos de mujeres como “femicidios” o “feminicidios” y no solamente los asesinatos dentro de una relación de pareja.

La acción de la Red Chilena que coordina Lorena se orienta a identificar y visibilizar la violencia contra las mujeres como un continuo presente a lo largo de nuestras vidas y relacionar toda manifestación de violencia contra las mujeres —verbal, sexual, simbólica y el femicidio como expresión extrema— como parte de este continuo. En los medios chilenos no sólo se reducen todas las formas de violencia que reciben las mujeres —trata, acoso, abusos sexuales, matrimonios forzosos, agresiones sexuales, etc. — a la que se ejerce por parte de quienes tienen una relación afectiva —como hace la Ley—, sino que se establece una estrecha relación entre violencia y agresión física, que impide visualizar la violencia psicológica y la sexual. Y lo es incluso para aquellas personas que las padecen porque no las ven como tal, haciéndose aún más difícil su denuncia.

Hay varios ejemplos que reflejan eso, como algunas portadas de La Cuarta, uno de los diarios más leídos en Chile y también uno de los más criticado por su cobertura sensacionalista de los femicidios. Los titulares más polémicos han sido “Hizo anticucho con la polola” y “El amor y los celos la mataron”. En Twitter, centenares de críticas por parte de hombres, mujeres y organizaciones feministas hicieron del hashtag #LaCuartaFemicida el primer trending topic a nivel nacional en marzo del 2016.

Por eso, es necesario que en su cobertura los medios saquen el tema de la violencia de género del espacio privado familiar y visibilicen las diferentes formas de violencia, ya que las agresiones ocurren también en otros lugares como el espacio de trabajo, las escuelas o en la calle, afectando a diferentes grupos: mujeres migrantes, indígenas, afrodescendientes y lesbianas, entre otras.

EMPODERAR EN VEZ DE VICTIMIZAR

Si no se toman los resguardos necesarios, la forma de difusión mediática de una situación de violencia puede convertirse en una instancia de revictimización. Es importante evitar la estigmatización, la culpabilización y la sexualización de las mujeres que padecen o han padecido violencia porque construyen un sentido negativo respecto de la persona, y proponen marcos interpretativos peligrosos que pueden terminar legitimando los actos de violencia.

Los abordajes de casos de mujeres víctimas de violencia en los que se las construye como una persona que “bebe alcohol”, le gusta “salir de noche” o vestirse de determinada manera, tienden a montar una imagen de aquellas mujeres como merecedoras de la violencia. El caso de Nabila Rifo, una mujer de Coyhaique que sufrió un brutal ataque de su expareja, refleja esto. Programas de televisión pusieron énfasis en que ella había tomado mucho la noche del ataque o que había tenido relaciones sexuales con otro hombre que no era el imputado. Fueron informaciones que humillaron a la víctima y justificaron la agresión.

Uno de los problemas detectados por las investigadoras Karen Vergara y Cecilia Ananías fue una categoría que denominaron como “falta de empatía hacia la víctima”. Mientras muchas víctimas fueron sobreexpuestas en imágenes, de los agresores rara vez se entregaba su nombre ni mucho menos fotografías, a pesar de que algunos habían confesado el crimen. En algunas noticias existió justificación de su actuar, especialmente en el caso de Juliana Acevedo, cuyo asesinato y posterior descuartizamiento fue adjudicado a violencia mutua, celos, amor o al fragor de la discusión. En el caso de Karen Wilson, se hizo mucho hincapié en que acababa de pedirle el divorcio a su agresor y que tenía una nueva relación. Así lo refleja la noticia en Soy Chile, publicada el 5 de marzo de 2016: “Los trámites unilaterales para conseguir el divorcio y los celos por su nueva relación habría [sic] desatado el femicidio que cobró la vida de la ex profesora de biología del colegio Netland School de Antofagasta, Karen Wilson Villagrán de 31 años”.

En el caso de Magaly Carriel, una mujer de Talcahuano de 63 años que se encontraba postrada cuando fue asesinada por su esposo, el mismo medio afirmó: “Si bien, el marido de la mujer no ha confesado el crimen, se conoció que la víctima había denunciado dos veces a su esposo por maltrato. Sin embargo, estas acusaciones no llegaron a judicializarse debido a que Magaly Carriel no ratificaba sus denuncias puesto que defendía a su agresor”.

PROTEGER Y RESPETAR A LAS VÍCTIMAS

Para proteger a las mujeres que son víctimas de violencia, es necesario evitar difundir imágenes de ellas, sus datos personales, mostrar el espacio personal que habitan y su entorno familiar, así como cualquier aspecto que pueda ponerlas en riesgo. Así se destaca en las Recomendaciones de Tratamiento Mediático a Niñas y Mujeres víctimas de violencia, documento elaborado por el Consejo Nacional de Televisión (CNTV), el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y la Red de Asistencia a Víctimas.

Es fundamental atender a la especificidad de los casos que refieren a niñas y adolescentes, quienes poseen protecciones aún mayores. La difusión mediática de un caso de violencia contra una mujer debe evitar exponer la intimidad de la persona que la sufre o sufrió y lesionar su dignidad, por ejemplo mediante la difusión de datos personales o de la presentación de aspecto morbosos.

Eso pasó, nuevamente, con Nabila. Su caso y su tratamiento mediático generó un profundo impacto porque no solamente fue naturalizado sino que además se publicaron detalles íntimos de ella, como su examen ginecológico, lo que conllevó una multa del CNTV a Canal 13. Este tipo de coberturas no sólo no proveen información socialmente necesaria ni relevante, sino que tampoco consideran los efectos traumáticos y la incidencia negativa que puede generar en el proceso de recuperación que atraviesan las personas afectadas por violencia.

USAR LENGUAJE PRECISO, RESPETUOSO E INFORMATIVO

Es necesario que la violencia contra mujeres y niñas sea siempre denominada “violencia de género“. Es recomendable que las muertes de mujeres por el hecho de ser mujeres sean nombradas como “femicidios” o “feminicidios”, en tanto éste es el término sugerido nacional e internacionalmente para identificar la especificidad de la problemática.

El Observatorio Contra el Acoso Callejero en Chile es una de las organizaciones que denuncia la violencia de género en todos los ámbitos, incluidos los medios de comunicación.  A través de sus redes sociales han puesto en práctica la “reescritura” de titulares que ignoran o invisibilizan la violencia de género. Por ejemplo, toman un título que afirma “Joven dice que fue agredida en el Metro y que nadie la ayudó” y elaboran una corrección: “Joven fue víctima de acoso sexual en el Metro y nadie la ayudó”.

Muchas veces los femicidios son denominados como “crímenes de pasión”. Un ejemplo de  título del diario La Cuarta: “La Historia de Andrea Aguirre, la colombiana descuartizada en crimen pasional”.

Lorena Astudillo, de la Red Chilena hacia la Violencia contra las mujeres, rechaza el uso del término “pasional” o “crímenes de amor”. “Tienen todo un patrón común que es la violencia machista. No solamente la pareja puede ser femicida, sino también los hombres que matan a una trabajadora sexual o los que violan y matan a una niña. Son manifestaciones del poder machista y de dominación”.

Además, la cobertura no debería identificar a la mujer con el delito, al decir, por ejemplo, “la abusada”, “la golpeada” o “la violentada”. Es importante que el lenguaje y las imágenes utilizadas para informar sobre un hecho de violencia contra una mujer se ajusten a un enfoque de derechos, como se destaca en las Recomendaciones de la Defensoría del Público de Argentina. A su vez, se sugiere ampliar las formas de nombrar, presentando a la mujer no sólo como “víctima”, sino hacer referencia a la resistencia y la posibilidad de recuperación de las víctimas.

También es recomendable el uso de la expresión “mujer en situación de violencia”, en tanto posibilita resaltar el carácter temporario de la situación y la posibilidad de salir de ella. Estos usos del lenguaje son importantes porque otorgan a la problemática en cuestión elementos para ampliar su abordaje y su comprensión crítica y reflexiva por parte de las audiencias. Así, la cobertura informativa puede convertirse, directa e indirectamente, en una provisión de recursos para quienes sufren situaciones similares y carecen de herramientas para enfrentarlas.

EVITAR EL SENSACIONALISMO

Las investigadoras Karen Vergara y Cecilia Ananías identificaron un excesivo morbo y sensacionalismo en la entrega de información en los medios de comunicación, especialmente en el caso de Juliana Acevedo. En marzo de 2016, La Tercera escribió en una nota titulada “De los celos al horror” que fue duramente criticada por adjudicar el asesinato de Juliana a los celos de su pareja y, fundamentalmente, por dar detalles extremadamente gráficos y explícitos de cómo fue el femicidio.

Es imprescindible que la información relativa a un caso de violencia evite transformar el hecho en un espectáculo trágico o en fuente de diversión, como sucedió en el caso ya nombrado de Nabila Rifo. Por el contrario, se recomienda tener presente que la violencia contra las mujeres es un fenómeno extendido en nuestra sociedad que trae consecuencias negativas para la vida de quien la padece, de su entorno, y para toda la sociedad. La cobertura mediática de los casos de violencia contra las mujeres puede contribuir a un fin social cuando se centra en los aspectos sociales y no en la morbosidad individual del hecho, apuntando a visibilizar el carácter de problemática social y multidimensional de la violencia de género contra las mujeres.

LA RESPONSABILIDAD DE LOS PERIODISTAS

Pese a que existe un constante crecimiento de la conciencia respecto de la importancia de la igualdad de oportunidades y la erradicación del sexismo de la sociedad chilena, la naturalización de conductas y lenguajes machistas en los medios de comunicación genera un estancamiento cultural que hay que advertir. Los medios de comunicación tienen un gran poder y por lo tanto una gran responsabilidad respecto a la violencia de género. Por lo tanto, este artículo es un llamado a todos los periodistas que trabajan en medios de comunicación a reflexionar sobre la cobertura de los casos de violencia de género y elaborar una práctica periodística profesional y responsable.