Pedro Anguita. Foto de Patricio Contreras.

Pedro Anguita explica que con en el antiguo código penal chileno las personas que habían cometido un delito ya tenían la posibilidad de limpiar sus antecedentes tras cumplir su pena. Actualmente, uno puede ir al Ministerio de Justicia o al Registro Civil para solicitar su certificado de  cumplimiento de pena y así quedar “limpio” en su historial judicial. Sin embargo, todas esas normas que están para borrar los antecedentes de un sujeto se han visto afectadas con el efecto multiplicador de la web.

A principios del 2016 la Corte Suprema aplicó el derecho al olvido a una noticia publicada en El Mercurio, hace más de diez años, sobre un mayor de Carabineros de iniciales AGL, quien fue procesado en 2004 por delitos sexuales contra menores de edad en pleno caso Spiniak.

El ex uniformado, tras cumplir su pena, fue al diario a pedir que la noticia se retirara del sitio web Emol (septiembre del 2015), ya que, en esa publicación, se indicaba que el ministro en visita Sergio Muñoz lo había sometido a un proceso judicial por los hechos. El carabinero al no tener una respuesta del medio de comunicación recurrió a la Corte de Apelaciones argumentando que la noticia vulneraba sus derechos constitucionales y no le permitía una reinserción social adecuada. A más de diez años, según él, ya no se justificaba que la publicación estuviera vigente en los motores de búsqueda del sitio. Desde el tribunal se consideró que la mantención de esa información “afectaba el derecho a la honra y una adecuada reinserción social después de cumplida la pena”. A propósito de este y otros casos que profundiza en su libro, Anguita responde.

—¿En qué consiste el Derecho al Olvido?
Puede ser considerado y definido como la facultad que tiene una persona para solicitar la retirada de determinados contenidos de internet. Sin embargo, es súper amplio. Acá se incluyen buscadores, redes sociales, sitios web o cualquier soporte que contenga información en internet o en un medio de comunicación. Ahora, en cuanto al contenido la definición es ambigua. Pueden ser inconvenientes, injuriosos, calumniosos, falsos o verdaderos. Es casi irrelevante. El derecho al olvido, según lo ha conceptualizado recientemente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es un contenido que una persona considera inconveniente.

—¿Es posible llamarlo doctrina?
Estamos frente a algo nuevo, por eso tiene un nombre tan raro. Se supone que la doctrina es parte consustancial del derecho. Acá consiste en tratar de fundamentar por qué es necesario que un tribunal de justicia acoja un derecho nuevo. En la historia siempre ha pasado lo mismo: surgen los descubrimientos tecnológicos y después salen las externalidades negativas y se crea una ley para regular.  Internet, cuando apareció, todo el mundo dijo que era una maravilla, pero todo tiene alguna consecuencia en la vida. Nadie sabía que las redes sociales o internet se iban a transformar en tierra de pedófilos o se iban a comercializar fotografías de menores de edad desnudos. Por eso el tribunal de justicia de la UE dijo que había un tema importante acá.

—¿El derecho al olvido podría ser sólo aplicable con internet?
Sí, solamente con internet. Antes los medios de comunicación, o los diarios más que nada, publicaban algo y al otro día ese documento no servía para nada. Había que ir a las hemerotecas si querías saber algo de una persona o algún crimen. Hoy la facilidad que tienes de buscar algo es increíble. No te tienes que mover para nada. Puedes ir viajando y meterte en el buscador y te aparece cualquier cosa. Hasta los diarios se digitalizaron y comenzaron a subir sus ediciones antiguas.

—En el caso de los medios digitales, ¿el retiro de contenido pasa a llevar el derecho a la información y al acceso a esta?
Sí. Uno podría decir ‘por qué estamos borrando cosas si esto apareció, fuera verídico o bueno, etc’. Pero en el fondo, la posición de Google y de algunas personas es que esto afecta la libertad de información. Las hemerotecas digitales están bajo la libertad de información. Dentro del derecho a la información, está el derecho al acceso a esta. Desde el punto de vista que uno pueda remover contenido de internet, uno podría, en estricto rigor, decir que sí está afectando la libertad de información.

—¿Qué tan responsables son los buscadores en que sea difícil implementar el derecho al olvido?
Son claves. La gente se mete a los buscadores, en este caso Google, ya que nunca busca individualmente cada página. En Google introduces algún nombre y listo. Sin buscadores de esta envergadura, quizá no estaríamos hablando del derecho al olvido o estaríamos hablando de uno más acotado. Desde Google siempre tienen una respuesta estándar para todos. Dicen que no almacenan información y que sólo son una plataforma de búsqueda, pero mienten. No sólo busca, sino que la guarda y genera archivos. Tiene un respaldo de toda la información, ya que si desaparece de la fuente original, ellos igual se la pueden entregar al usuario. Lo que hace tan bueno a Google es que inventaron un algoritmo que no está pensado en las demandas individuales, sino que, dependiendo en qué medio salga o de qué tan interesante sea la información, tendrá más relevancia y saldrá primero para los cibernautas. Intentar borrar algo de la red es complicado por el efecto replicador. Existen blog, portales y otras cosas más en que es difícil borrar algo. Siempre sale por otro lado.

—¿Cuál es el proceso para apelar a este derecho en la justicia chilena?
Presentar un recurso de protección en la Corte de Apelaciones. Generalmente algunas de las partes apela y, en definitiva, lo resuelve la Corte Suprema. Es inmediatamente ante los tribunales superiores de justicia, porque se trata de los derechos y libertades que requieren como prontitud un fallo. Algunas veces los recursos de protección no sirven, pero en estos casos sirven porque la Corte le puede decir a Emol o a Google que remueva algún tipo de contenido que está en internet.

—¿Cómo es en otros países?
En otros países del mundo también existe algún sistema de recursos como acá, pero se enfocan en la protección de los datos personales. Todos los países europeos tiene un ente estatal, que, por ejemplo, en España se llama Agencia de Protección de Datos, pero se preocupan de proteger los datos de los ciudadanos. En Chile esa comisión no existe. Hay una ley de protección de datos pero no existe un órgano, entonces existe un procedimiento judicial, lo cual es muy largo y también es discutible. La UE declaró que cuando una persona mete un nombre de un ciudadano natural a un buscador, lo que está haciendo es un tratamiento de datos personales. Entonces, uno de los principios que rige la protección de datos personales es que los datos tienen que ser actualizados, no tienen que estar caducos. Los datos personales, a diferencia de la información que circula por los medios de comunicación social, tienen que estar actualizados.

—Se tiende a pensar que es complicado legislar en torno a un tema como este, porque todo lo que uno sube a internet se queda ahí, de la forma que sea…
Sí, pero hay soluciones.  Aunque aparezcan miles de cosas en internet, a uno lo que le preocupa es Google. Porque si salió algo malo tuyo, para encontrarlo sin buscador, habría que poner el medio, el nombre de la persona, la fecha y otras cosas más. Piensa lo que sería buscar sin un buscador, te volverías loco porque tendrías que hacer un barrido de dónde estará esto, te demoras mucho más. La gracia que tiene google es que se da altiro los resultados. Hay una moción de reforma parlamentaria de elevar la protección de datos personales como un derecho en la constitución política, que pretende modificar la ley 19.628, sobre la protección de la vida privada, para garantizar la protección de los datos personales en el derecho al olvido. Pero mientras no cambie la ley de datos personales y no haya un órgano legislativo, siempre será mejor presentar un recurso de protección. Es mucho más fácil y eficiente.

DIJIMOS OCHO PREGUNTAS, PERO…

—¿Por qué aquí en Chile existe una ley de protección de datos y no una entidad que además la avale?
Porque en Chile hacemos las cosas como las pelotas.

Acciones de protección contra Google
Pedro Anguita
Librotecnia
2016

Foto: El Ciudadano

¿QUÉ PASARÁ CON LA PROPIEDAD?

Como aún el porcentaje de la empresa que saldrá a la venta es incierto, no se puede hablar de cantidades en las que se dividirá la propiedad; sin embargo, el control de la empresa no debiera verse afectado. La idea de poner acciones a la venta es conseguir capital, por lo que la participación de los potenciales accionistas tendrá una proporción que evitará la pérdida de control.

Para Sergio Godoy, académico de la Universidad Católica y Doctor en Comunicaciones, lo más significativo de este modelo de negocios “relativamente nuevo” es la despersonalización de la propiedad y el sometimiento de esta a las reglas del mundo financiero. “Es decir, se le va a exigir un comportamiento muy estricto en términos de rentabilidad (financiera) para los accionistas. Eso sí que es un gran cambio respecto no sólo a la TV abierta sino a los demás medios de comunicación chilenos”.

Para el periodista y experto en audiencias y contenidos audiovisuales, Luis Breull, la situación sería diferente respecto a la propiedad. “Lo que sí puede pasar, al contrario de lo que se piensa, es caer en altos niveles de concentración”, señala.

Breull agrega, además, que la principal repercusión de este modelo de negocio –que ya ha sido adoptado por señales internacionales, como la española Antena 3– será en la línea editorial del medio, “lo que se puede ver cruzado por interés en la medida que uno es propietario con agendas propias”.

¿VENDERÁ LA UC SU 33 POR CIENTO?

Un tema aparte es la posible venta del porcentaje perteneciente a la Universidad Católica. En 2010, cuando se realizó el negocio con el Grupo Luksic, ambas partes pactaron la imposibilidad de desprenderse de sus porcentajes antes de tres años, es decir, sólo podrían hacerlo a fines de este año.

Más allá del efecto económico sobre la misma casa de estudios o del canal, lo importante es aclarar qué pasará con el futuro de la concesión televisiva, puesto que todas las licencias otorgadas antes de abril de 1992 eran indefinidas, categoría en la que cae el ex canal católico.

“Si quiere concentrarse en sus labores académicas sin arriesgar dinero, probablemente sí. En el pasado la UC estuvo dispuesta a otra cosa. Pero también se trataba de un sector menos riesgoso, bastante protegido. Ya no es así”, afirma Godoy.

Sin embargo, en 2017 la universidad tendrá la posibilidad de volver al 50% de Canal 13 SpA si se decide a recomprar el 17% al mismo valor que vendió al Grupo Luksic en 2010. Si eso es un buen negocio para ellos, al parecer aún no está en discusión.

Para Luis Breull, lo más probable es que Canal 13 venda su parte, ya que el giro editorial que ha tomado el canal desde su venta al grupo Luksic, ha generado recelo en la universidad. Y lo más probable es que se siga acrecentando.

¿QUÉ PASARÁ CON LA CONCESIÓN?

Las concesiones televisivas en nuestro país responden a un modelo muy especial, puesto que sólo cuatro emisoras –las tres universitarias y TVN– cuentan con una señal indefinida, mientras que el resto, deben renovarlas cada 25 años. Canal 13 forma parte de este cuarteto.

Para el abogado Pedro Anguita la «aberración» de la concesión indefinida de la que goza Canal 13 podría corregirse si el proyecto de reforma a la ley 18.838 llega a concretarse.

“Este régimen concesional diferenciado impone un desafío importante a una regulación que busque maximizar la eficiencia espectral y, al mismo tiempo, respetar derechos adquiridos”, escribe el investigador del CEP Lucas Sierra en un artículo sobre el tema. Y además, parafraseando a este especialista, el sistema genera privilegios propios del derecho de propiedad y no se ajusta a lo que debiera ser un derecho a concesión.

Para Sergio Godoy el futuro de la situación del Canal 13 no está muy claro. Además, agrega el tema de que según la ley la concesión de la banda VHF –de la cual el canal goza– es intransferible. 

“Las nuevas concesiones digitales van a ser en la banda UHF, por lo tanto –según cómo se interprete la ley, que es poco clara en este aspecto– no se aplicaría ese principio a esta nueva concesión. Sin embargo, Canal 13 obtendría la concesión digital en UHF de manera automática precisamente porque ya es un canal de VHF, lo cual genera un privilegio extraño”, explica el académico UC.

Para Juan Agustín Vargas, director del Proyecto de Televisión Digital de ANATEL, el tema de las concesiones no debiera afectar la aplicación de la TV Digital. Primero por la existencia del proyecto de ley que modifica la ley del Consejo Nacional de Televisión, CNTV (ley 18.838), donde existe un artículo que propone una duración de 20 años para tales licitaciones. Es decir, independiente de que algunos canales gocen de permiso indefinido, los plazos de licitaciones serán iguales para todos.

Como segundo punto, en marzo de este año el Senado aprobó los artículos del proyecto para la instalación de la televisión digital, que refieren a que los canales que cuenten con concesiones indefinidas no gozarán de los mismos privilegios en el espectro digital.

Al igual que lo señalado por Vargas, para Pedro Anguita —abogado y experto en derecho de la información—, la “aberración” de la concesión indefinida de la que goza Canal 13 en la actualidad, podría corregirse si el proyecto de reforma a la ley 18.838 llega a concretarse.