Por Isidora Varela y Polet Herrera

Si no fuera porque el alcalde de Recoleta y precandidato presidencial del Partido Comunista (PC), Daniel Jadue, lo incluyó en su programa de gobierno, posiblemente todo el debate que se ha dado en las últimas semanas respecto al rol que podría llegar a tener el Estado en la regulación de los medios de comunicación y la necesidad de una Ley de Medios, no existiría, o al menos no con el protagonismo que ha tenido durante el período de campañas de cara a las primarias de este domingo 18 de julio.  

En el debate que organizó la Asociación Nacional de Canales de Televisión (Anatel) con Jadue y su contrincante en las primarias de Apruebo Dignidad, el diputado Gabriel Boric (CS), fue precisamente ese uno de los puntos más polémicos. La periodista Mónica Pérez le preguntó al actual edil sobre la mención que hace en su programa a la eventual implementación de un Ministerio de la Comunicación. Él le dijo que no existía esa mención, pero lo cierto es que sí está, en la página 102: “Se propone evaluar la implementación de experiencias de ministerios de Información o Comunicaciones, existentes en diversos países del mundo”. 

Fue uno de los momentos más álgidos de la transmisión e incluso derivó en un tenso cara cara entre Jadue y la periodista. Pero más allá de la polémica puntual, tanto Jadue como Boric contemplan en sus programas medidas para regular los medios de comunicación y su estructura de propiedad e incidir en su sustentabilidad económica y la pluralidad de la información disponible para la ciudadanía.

No es, en todo caso, una discusión nueva, sino que al contrario, es algo que muchos actores vinculados al mundo de las comunicaciones vienen demandando desde hace años.

Actualmente, la ley que regula a los medios de comunicación y la prensa en general dentro del país corresponde a la Ley sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo (Ley 19.733), publicada en 2001 y modificada por última vez en 2013. 

En esta ley, entre otras características, se consagra la libertad de expresión -ya establecida como un derecho fundamental en la Constitución-, así como la de emitir opinión y la de informar sin censura previa; asegura la libertad de fundar, establecer, operar y mantener medios de comunicación social; y establece lo que son los medios de comunicación y quiénes son considerados periodistas.

Los medios de comunicación enfrentan momentos complejos actualmente. La “crisis de los medios” tiene una base económica, la cual ha mostrado la precarización de los trabajadores y trabajadoras de la comunicación a raíz de masivos despidos en los medios. Según información publicada en otro reportaje de Puroperiodismo, desde 2017 hasta julio de 2020, se cuentan al menos 2.460 trabajadores desvinculados en diarios, revistas, canales de televisión y emisoras de radios, cifra que en el último tiempo no ha hecho más que aumentar.

Otros de los desafíos que enfrenta el periodismo tras el estallido social son los problemas de confianza, un fenómeno global del que no está exento Chile. “En un país con la propiedad de medios más concentrada en América Latina, los periodistas son vistos como parte de una clase política no representativa y hay resentimiento en las calles por la cobertura de noticias en la televisión y en la prensa”, dice el Informe Reuters (2020).

En la actualización del Informe Reuters (2021), se publicaron los “desafíos” que han debido enfrentar los y las periodistas tras la crisis sanitaria y también un “periodo de examen de conciencia” sobre el rol que tienen en la sociedad. A pesar de que la confianza general (36%) hoy ha aumentado, sigue siendo baja para los estándares internacionales. 

Bajo este clima, los candidatos de Apruebo Dignidad han debatido sobre nuevas propuestas de regulación e implementación de políticas públicas para medios de comunicación. Una de las reacciones tras las discusiones ad portas de las primarias presidenciales es la de Marcos Ortiz, director de Ojo del Medio y columnista de medios en Interferencia: “La discusión sobre los medios de comunicación estaba al debe. Tras el estallido de 2019 nuestra prensa no solo cayó fuertemente en credibilidad, sino que fue vista por parte de la ciudadanía como uno de los sectores que debía modificarse”.

Un análisis similar hace Claudia Lagos, periodista, doctora en Comunicación y Medios de la Universidad de Illinois y académica de la Universidad de Chile: “Me parece que lo más relevante es que se haya planteado el tema y haber incorporado esto en sus programas. Lo más valioso de lo que ha surgido es que se haya abierto la pregunta sobre ¿qué regulación tenemos? ¿Qué sería lo ideal o lo posible?”.

Sobre el carácter del debate, Ortiz comentó que es positivo discutir sobre medios, pero que “lamentablemente algunas de las propuestas se han planteado de manera torpe e imprecisa, despertando una serie de fantasmas entre sectores más conservadores”. Por ello, recomienda tener una discusión en la cual se deba “incorporar la mayor cantidad de visiones, y no planteando el debate como una lucha entre buenos y malos”.

Puroperiodismo revisó las propuestas de ambos precandidatos y conversó con Ortiz, Lagos y otros expertos y representantes del gremio sobre las propuestas de los candidatos presidenciales, las deudas existentes en cuanto al periodismo en Chile, y sobre el futuro de los medios de comunicación en el país.

“Nuevo Sistema de Medios Públicos” y reformas al CNTV: las propuestas de Boric

En el programa de gobierno de Gabriel Boric se menciona que “para una democracia plena es fundamental que los medios de comunicación estén protegidos de todo intervencionismo y/o presiones indebidas del gobierno en ejercicio, garantizando la libertad de expresión”. 

También, que el rol del Estado, en el ámbito de las comunicaciones, debe basarse en un sistema mixto de carácter autónomo, basado en “fortalecer un ecosistema de medios diverso y descentralizado, pluralista, con un sistema público robusto, que asegure su sustentabilidad económica y social”. Un ejemplo de ello podría ser la BBC en el Reino Unido, donde el estado tiene la propiedad de las empresas informativas, pero no el monopolio, y los medios de comunicación son independientes de las líneas de los gobiernos de turno.

Para lograr lo anterior, el precandidato del Frente Amplio plantea distintas líneas de acción, como desarrollar un “Nuevo Sistema de Medios Públicos” (NSMP) y reformular el actual Consejo Nacional de Televisión (CNTV), dando paso así a una nueva institucionalidad reguladora de las comunicaciones, el Consejo Regulador de las Comunicaciones (CRC).

Este NSMP, según se lee en el programa, tiene como objetivo proteger “el patrimonio simbólico, constituyéndose como un espacio para el desarrollo de la ciudadanía, y sus expresiones de diversidad, paritario e intercultural, que promueva la interculturalidad, que fomente la circulación de conocimientos, local, regional y nacional”.

La propuesta consiste en la creación de cuatro medios de comunicación públicos: uno informativo, que tendrá como misión “proveer de información pluralista, oportuna, confiable y de calidad”; un medio cultural que buscará “inspirar, educar con un sentido crítico, entretener con calidad, entregar contenidos artísticos, interculturales, medioambientales y científicos”; un medio dedicado a niños, niñas y adolescentes que pretenderá desarrollar “una mirada crítica y plural, con participación de NNA en sus contenidos, que eduque y entretenga”; y por último, un medio “constituido por y representativo de los pueblos originarios, en sus propias lenguas y participativo”. 

Estos cuatro nuevos medios de comunicación, además de caracterizarse por plantearse como multiplataformas y pretender tener cobertura nacional, estarán coordinados por el Sistema de Medios Públicos, el cual tendrá un consejo ciudadano que “velará por el cumplimiento de la misión de cada uno de ellos”. También se menciona en la propuesta programática que “cada medio tendrá su propio directorio, con total independencia del gobierno en ejercicio, serán descentralizados en su estructura de administración y producción de contenidos e incorporarán una perspectiva de género”.

Carlos Reusser, abogado, magíster en Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica y profesor de Derecho de la Información en la carrera de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado, considera que la propuesta de este NSMP “apunta a uno de los nudos de nuestro sistema de medios: la falta de diversidad, pluralismo y objetividad, que son la consecuencia tanto de la concentración de la propiedad, como también de la obsecuencia de los medios respecto de sus financistas, como son las empresas que contratan publicidad”.

Otra propuesta importante que plantea Gabriel Boric corresponde a la creación del Consejo Regulador de las Comunicaciones el cual, caracterizado por una perspectiva de género y gobernanza pluralista, pretende absorber la institucionalidad del actual CNTV, incorporando atribuciones de regulación sobre la industria radial y las telecomunicaciones. 

Este consejo, como se lee en el programa del candidato, “velará por el pluralismo interno y externo en las distintas plataformas, sancionando vulneraciones tanto de los valores democráticos como del derecho a la competencia”.

Los deberes de este consejo consistirán en “crear una Defensoría de las Audiencias que vele por las denuncias y preocupaciones de la ciudadanía en torno a la calidad de los contenidos de los distintos medios y soportes”; “desarrollar programas de educación continua de formación de audiencias, promoviendo una ciudadanía que estimule a los medios a producir mejores contenidos”; y “promover la transparencia de la información sobre inversión publicitaria e índices de audiencia, así como de abonados de todo el ecosistema de medios y tecnologías de comunicación”.

Sobre este punto, Reusser señala que este nuevo organismo estaría no sólo encargado de velar por el adecuado funcionamiento del mercado televisivo (como hace el CNTV), sino que también regularía y fiscalizaría a las radioemisoras que, hasta el momento, “escapan de casi toda forma de control”.

“Aparentemente, tendrá también mayores facultades que el CNTV, en el sentido de que debe velar por el efectivo pluralismo de los medios, el ‘talón de Aquiles’ del actual sistema, como por la defensa de los derechos de las audiencias y obligar a los regulados a ciertos estándares de transparencia”, agregó.

Por su parte, Andrés Azócar, exdirector de medios digitales en Copesa y Canal 13, dice que el programa del candidato Gabriel Boric “va en la idea de tratar de mejorar la condición de los periodistas (…) y que en [sus propuestas] hay matices que sí refuerzan la idea de que, en el fondo, al periodismo hay que apoyarlo”.

“Ley Orgánica de Comunicación” y nuevas políticas públicas: lo que propone Jadue

Un enfoque en nuevas políticas públicas, principalmente una Ley de Medios, una Defensoría de Audiencias y Públicos y la discusión de una posible nueva institucionalidad pública para el área de las comunicaciones en el país, son parte de las propuestas programáticas del precandidato comunista, Daniel Jadue.

La promoción de una Ley Orgánica de Comunicación (o Ley de Medios), según se lee en el programa, “permitiría establecer una política pública de creación y fomento de medios de comunicación; estableciendo garantías para la existencia de los tres sectores de la comunicación: medios públicos fortalecidos; privados con regulaciones en su estructura de propiedad y sociales o sin fines de lucro con apoyo público que les haga sustentables; así como el contexto digital”. 

Esta ley, también buscaría permitir administrar “de un modo transparente y democrático, la asignación de frecuencias y los diversos mecanismos de financiamiento que hoy existen y que son opacos y fragmentados”. Y por último, también menciona a la nueva Constitución, la cual “deberá dar rango constitucional a la existencia de esos tres sectores de medios y a la regulación de la concentración de la propiedad medial privada”. De hecho, su propuesta es que esa normativa sea una ley orgánica constitucional.

Danilo Ahumada, presidente del Colegio de Periodistas, señaló que “es muy interesante que por primera vez en la agenda presidencial se instale el tema de la Ley de Medios. Hace muchos años que esto ha sido instalado por el Colegio de Periodistas, pero por primera vez se transforma en un debate público que no solamente están generando los periodistas o las personas vinculadas a las comunicaciones, sino que se está transformando en un debate ciudadano”.

Reusser dice que es efectivo que en la actual Constitución y leyes vigentes no se cumplen las exigencias que la sociedad demanda respecto de los medios informativos: “Estos cuerpos normativos se limitan a establecer el derecho de propiedad sobre medios de comunicación social, pero no regulan los derechos de las audiencias ni el interés general de la sociedad”.

A pesar de que considera que falta especificación en la propuesta de Jadue, Reusser comenta que espera que, “a través de una ‘ley de medios’ se pretenda fomentar la creación de medios de comunicación, fortalecer medios públicos (en el entendido que no son una extensión del Gobierno), y restringir la concentración de la propiedad de los medios de comunicación social, en aras de una pluralidad y diversidad de líneas editoriales”.

Otra de las propuestas consiste en la creación de una Defensoría de Audiencias y Públicos, como un organismo autónomo del Estado, el cual esté encargado de “velar por los derechos de las audiencias frente a los grandes medios masivos”. 

El papel de este organismo, como se lee en el programa del precandidato del PC, “será contar con campañas de educación y defensa de sectores históricamente excluidos o discriminados de los relatos mediáticos, como indígenas, mujeres, migrantes, niñas, niños, adolescentes, entre otros”.

Sobre la creación de esta Defensoría, Reusser comentó que estos organismos tienen una larga existencia en otros ordenamientos jurídicos. “En el fondo, son personas de prestigio que actúan denunciando y promoviendo cambios en lo que no funciona bien, pero éstas no tienen el poder de cambiar ni tienen el espacio para hacer público su malestar por lo abusivo o la mala calidad de los contenidos”.

Sin embargo, critica que la propuesta de Jadue acabe ahí, ya que “no indica qué atribuciones específicas tendría en Chile esta nueva institución, y que es tal vez la parte más importante que habría que saber”.

Por último, las propuestas que Jadue presenta sobre nuevas políticas públicas dentro del ámbito de las comunicaciones, se enfocan en la anteriormente expuesta Ley Orgánica de Comunicación, como también en un Sistema de Medios Públicos y en la evaluación de implementar una institucionalidad pública en materia de comunicación.

Tal como se expone en sus propuestas programáticas, se propone sentar las bases de un Sistema de Medios Públicos donde se desarrolle “una política pública que funde e integre un modelo multimedial de medios públicos, que incluya las distintas plataformas (audiovisual, sonoro, escrito y virtual)”. Y también, “evaluar la incorporación de una nueva estructura en el Ejecutivo, que analice y estudie el devenir de políticas públicas en materia de comunicación”.

Esta última propuesta, presentada como “Institucionalidad Pública de Comunicación”, pretende abrir un debate en el que se plantee la creación de un nuevo organismo público que englobe las políticas públicas que se presenten en materia de comunicación, para que dentro de esta institución sean analizadas y estudiadas, tomando como referencia las “experiencias de Ministerios de Información o Comunicaciones, existentes en diversos países del mundo”.

Sobre el debate de una posible nueva institucionalidad, Claudia Lagos dice que “lo primero que se debería tener en consideración es que el Estado chileno ya regula los medios de comunicación, el ejercicio del periodismo y la infraestructura de la comunicación y telecomunicaciones. Entonces, no es que sea páramo y no haga nada, la pregunta es si la regulación que existe está articulada o no; si está pensada para el futuro y en una perspectiva de la convergencia. Y eso no está en la legislación vigente”.

Por otro lado, Ahumada considera que “es importante avanzar hacia la discusión de una nueva institucionalidad, pero desde una lógica de política de Estado y no a partir de los gobiernos de turno. A los medios de comunicación se les debe respetar su línea editorial y la libertad de expresión (…) y eso debiera estar regulado en un órgano de una composición mucho más participativa y ciudadana, por ejemplo, cómo se repiensa el directorio del CNTV y TVN, porque hoy, estos dos organismos representan a la vieja política del binominal”.

Las reacciones frente al debate 

El debate sobre nuevas propuestas de políticas públicas en medios ha generado diversas controversias al interior del periodismo, como por ejemplo, la columna de Daniel Matamala publicada en La Tercera a fines de junio o la entrevista realizada por Radio Universidad de Chile a Javiera Olivares, periodista, expresidenta del gremio y coordinadora de la Comisión Programática sobre Derecho a la Comunicación. En ambas publicaciones quedan expuestas sus diferencias.

Para Marcos Ortiz es importante que el tema “continúe presente en la agenda para que no se diluya y debamos esperar otra elección presidencial para volver a instalarlo». Mientras que Ahumada agrega que “el Estado, más que deudas con el periodismo, tiene deudas con las comunicaciones”, y eso se constata en un “sistema de medios altamente concentrado en la propiedad y con poco incentivo real para la creación de nuevos medios”.

Por su parte, Lagos señala que “lo que urge, más allá del programa de Boric, de Jadue o de otro, es hacernos la pregunta acerca de cómo modernizar y complejizar la regulación que actualmente existe, que es desperdigada y no necesariamente coherente sobre medios. (…) Hay pruebas y evidencias de que en donde hay sistemas de medios de comunicación públicos, es decir, sistemas de medios en distintos soportes -desde lo digital hasta lo analógico- permiten que se levanten los estándares de calidad. Una de las cosas más importantes es que no hay una mirada convergente en términos de que no es posible sólo pensar en radio, televisión, diarios”, agrega.

En tanto, Andrés Azócar tiene una mirada crítica en general sobre como los políticos, la élite y las instituciones han abordado la situación actual de los medios. “No entienden el contexto y la realidad de los medios. Hoy es mucho más complejo hablar de un duopolio o monopolio, porque existen medios con licitación, concesiones radiofónicas, Internet y redes sociales que funcionan como distribuidores de contenidos y además como contenedores de medios más pequeños”, comenta.

Sobre las dificultades que están enfrentando los medios, Azócar considera “importante, ante la caída de la publicidad y el deterioro de los medios, que el Estado pueda generar fondos para potenciar a los medios de cualquier línea política”, pero debieran ser a su juicio “medios responsables” y con su respectiva autonomía. 

“Es importante la transparencia en la entrega de la publicidad estatal que muchas veces ha estado concentrada en medios tradicionales dejando de lado a medios alternativos (…) Y es necesario que los medios puedan ejercer libremente su trabajo, no sobre la base de un consejo editorial superior, sino sobre la base de una monetización que el Estado permita que haya un financiamiento que les permita a esos periodistas y a ese medio hacer su trabajo tranquilo sin un consejo superior que lo esté manejando”, advierte Azócar.

En un ambiente de elecciones y en curso el proceso constituyente, Reusser señala que “es esencial que los legisladores, e idealmente los constituyentes, entiendan que los medios de comunicación no son un producto o servicio cualquiera, no son homologables a otros bienes que se pueden comprar o vender libremente”.

Para finalizar, el académico mencionó que, “en el fondo, el derecho a la libertad de expresión y particularmente el derecho del ciudadano a ser informado, es uno de los núcleos de un sistema realmente democrático, por lo que es extraordinariamente importante el pluralismo de fuentes y la diversidad de puntos de vista editoriales (…) En nuestra actual situación, es crucial terminar con la concentración de la propiedad de los medios de comunicación social, particularmente de los diarios, periódicos y radios, que son los que en peores niveles de concentración se encuentran”.

Paulina Acevedo trabajaba esa noche en su computador cuando supo de una noticia en curso en el sector de Plaza Italia, a dos cuadras de su casa: después de haber sufrido repetidos ataques vandálicos en el contexto de las protestas ciudadanas, estaban retirando la estatua del general Manuel Baquedano. 

Eran cerca de las 23:00 del jueves 11 de marzo, en pleno toque de queda debido a la pandemia. Estando tan cerca, no lo pensó dos veces; tomó su credencial de prensa, su permiso único colectivo -que la autorizaba a trabajar a pesar de las restricciones-, se puso una mascarilla y partió a terreno para transmitir en directo para Radio Galáctika, una radio online independiente con sede en San Antonio donde Acevedo colabora en paralelo a su trabajo como periodista del Observatorio Ciudadano.

Mientras esperaba el enlace con la radio, captó para sus redes sociales registros de cómo todo se preparaba para que la enorme grúa, ya instalada, removiera de su base la imagen recién pintada de Baquedano y su caballo, y la elevara varios metros por el aire, llevándola lejos de donde nunca se había movido desde su instalación en 1928. Pero el enlace no se concretaba. Después de hora y media allí sin poder conectarse, volvió a su casa para cambiar el equipo e invitó a su hijo para que la ayudara a tomar fotos. Volvieron a la plaza y ahí estuvieron ambos junto a otros equipos de prensa, cubriendo sin problemas la noticia por al menos una hora. 

Pero en algún punto de la noche aparecieron dos manifestantes que desplegaron un lienzo. “Dignidad”, decía con letras rosadas. De inmediato fueron detenidos por Carabineros. Acevedo cuenta que se acercó para registrar con imágenes cómo los subían al carro policial, y que al darse vuelta vio que también se llevaban a su hijo. 

“Les pedí explicaciones y les señalé que yo era prensa acreditada, que él estaba conmigo haciendo registros, pero la policía no escucha. Observé cómo mi hijo era llevado con suma violencia. Uno de los policías señaló que le harían un control de identidad en la comisaría”, recuerda Acevedo.

Su hijo ya estaba arriba del carro policial mientras exigía que lo soltaran. Pero los carabineros no la escuchaban. Así que extendió su mano para que su hijo le pasara su cámara fotográfica. Fue entonces que la agarraron a ella, y mientras gritaba que era periodista, que tenía todos los permisos para ejercer su labor, a jalones la subieron también al vehículo. “Es imposible razonar con la policía”, alega. 

Una constante del último tiempo

Lo que le pasó esa noche a la periodista Paulina Acevedo está lejos de ser un caso aislado. Según antecedentes recabados por el Observatorio del Derecho a la Comunicación (ODC), desde octubre de 2019 se han registrado cerca de 300 casos de ataques por parte de fuerzas de orden público hacia la prensa mientras ésta ejercía su labor informativa. Esto ha ocurrido en distintas ciudades del país y ha afectado tanto a periodistas, fotógrafos/as y camarógrafos/as como a otros/as profesionales de las comunicaciones. Las agresiones han sido principalmente con armas disuasivas y detenciones que en casi la totalidad de los casos han sido declaradas ilegales. De eso da cuenta un informe al que tuvo acceso Puroperiodismo, elaborado tras una reunión que sostuvieron el pasado 7 de abril representantes del Colegio de Periodistas y el presidente de la Corte Suprema, ministro Guillermo Silva.

Ver informe

El documento tiene por objeto exponer casos en los que la acción judicial se ha hecho presente en favor de la libertad de prensa en el contexto de las reiteradas agresiones a reporteros y periodistas, las que son definidas como “efectos restrictivos sobre la libertad de expresión”. En el informe también se expresa: “Los actos de violencia contra la prensa tienen un triple efecto: vulneran el derecho de las víctimas a expresar y difundir sus ideas, opiniones e información; generan un efecto amedrentador y de silenciamiento en sus pares y violan los derechos de las personas y las sociedades en general a buscar y recibir información e ideas de cualquier tipo”.

Para la realización del análisis, el ODC tomó en consideración los resultados de cuatro recursos de amparo y seis acciones de protección presentados a favor de profesionales de las comunicaciones en distintas cortes de Apelaciones del país. En la de Arica, por ejemplo, los autores se refieren a un recurso de amparo interpuesto a favor de tres periodistas que en octubre de 2019 fueron detenidas mientras ejercían en medio del toque de queda, de las cuales dos  fueron objeto de desnudamientos; de un fotógrafo que recibió el impacto de perdigones en su brazo y su abdomen, disparados por efectivos de Carabineros a menos de cinco metros de distancia; y también a un grupo de reporteros gráficos que, a pesar de mostrar sus cámaras en señal de aviso de que eran miembros de la prensa realizando su trabajo, fue reprimido con escopetas de perdigones. El recurso fue admitido parcialmente y derivó en un sumario a cargo de Carabineros y una investigación penal a cargo del Ministerio Público que fue formalizada la semana pasada en el Juzgado de Garantía de Arica.  

También se considera, entre otros, el caso de dos fotorreporteros que cubrían las protestas sociales y que recurrieron de amparo ante la Corte de Apelaciones de Santiago para solicitar el cese de actividades de inteligencia policial en su contra. En su caso, aunque el recurso fue inicialmente acogido por el tribunal, la Corte Suprema lo terminó revocando por ser supuestamente improcedente, en un fallo donde -dice el informe de la ODC- no existirían los fundamentos suficientes. La decisión judicial que dejó el caso en nada derivó en una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entidad que analizó en profundidad el caso chileno en el último informe de su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, donde en las 19 páginas que le dedica al país se da cuenta de distintos “ataques, intimidaciones y amenazas a periodistas y medios de comunicación, restricciones a la protesta social, decisiones judiciales y prácticas estatales que avalan la censura” (ver artículo en Puroperiodismo).       

Concluye el reporte del ODC: “De las acciones identificadas (10) sólo en uno de los casos se acogió parcialmente la petición, el resto de recurso fueron rechazados (3), inadmitidos (5) o reconducidos (1). En términos generales cabe afirmar, que en el periodo analizado, tanto el recurso de amparo como el de protección han resultado ser acciones ineficaces para proteger a quienes realizan la labor informativa frente a restricciones por parte de agentes del Estado. Ya sea por la inadmisión o por el rechazo de las acciones interpuestas, los órganos de justicia no han ejercido ninguna de las amplias facultades de las que disponen para tutelar los derechos fundamentales, evitando declarar la vulneración de derechos o la ilegalidad de las conductas reprochadas. Solo en uno de los casos se acoge, parcialmente, las peticiones de los recurrentes, ordenando la apertura de sumarios administrativos o investigaciones, entre otras medidas”. 

De los casi tres centenares de casos registrados por el ODC entre octubre de 2019 y marzo de 2021, la mayor parte ocurrió en Santiago y, además de detenciones arbitrarias, incluyen agresiones con el uso de proyectiles, gas pimienta y carros lanza agua. El detalle desglosado considera 27 detenciones y 103 agresiones -dos de ellas con trauma ocular y pérdida de visión en uno de los ojos- entre el estallido social y diciembre de 2019; 75 detenciones y 21 agresiones durante todo 2020; y 22 detenciones y 38 agresiones en los tres primeros meses de este año.

Datos del Observatorio del Derecho a la Comunicación (ODC)

La excusa del artículo 318

A las 11:45 del 29 de marzo, el periodista Javier Arroyo llegó a las afueras de la Cárcel El Manzano, en Concepción. Se había programado una convocatoria para un punto de prensa relacionado a una persona privada de libertad en el contexto del estallido social. Cuando Arroyo arribó no había nada más que dos retenes móviles y algunos policías parados alrededor de los vehículos. 

El periodista del diario Resumen llamó por teléfono para corroborar si en algún momento había alcanzado a llegar alguien. Justo en ese momento recibe un mensaje de parte del medio explicando que los asistentes habían sido detenidos en el lugar. Él iba a responder ese mensaje cuando se le acercó un capitán de Carabineros para preguntarle qué hacía allí. Arroyo le explicó que estaba reporteando y le mostró su permiso temporal-colectivo que dispuso el medio, la credencial de reportero y su cédula de identidad. El oficial le respondió que no existía un permiso para reportear y que además el giro de la empresa era “publicidad y comunicaciones”, así que bajo ningún punto de vista su presencia se justificaba ahí.

El oficial explicó además que por las condiciones sanitarias respectivas a las fase 1 del Plan Paso a Paso, el punto de prensa era imposible. Mientras tanto, Javier Arroyo comenzó a grabar un audio de whatsapp para Resumen en el que le solicitó al capitán de apellido Espinoza que le explicara qué documentos debía tener para salir a reportear, a lo que él respondió que no daba cuñas. De un momento a otro, en palabras del periodista, “la situación comenzó a escalar”, y de ello quedó el siguiente registro:

🔴 #GRAVE • Carabineros detienen ilegalmente a reportero de Resumen pese a contar con salvoconducto mientras desempeña su labor.

Uno de los responsables es el capitán C. Espinoza, Concepción.

¡No mas ataques a la prensa alternativa! @rsumen pic.twitter.com/GRhOD2WVVs

— La Izquierda Diario Chile (@LID_Chile) March 29, 2021

Acto seguido: Arroyo es detenido por Carabineros. Se resiste. Llegan al lugar más efectivos que, a la fuerza, lo suben al carro policial. El reportero del diario penquista pidió las justificaciones de su arresto, ante eso le respondieron que su detención se debía al artículo 318 del Código Penal, es decir, infringir las restricciones sanitarias. Aquel argumento esgrimido para su detención no era cierto y se los hizo notar, porque sí llevaba consigo todos los documentos al día. “Entonces, la detención es por desacato”, recuerda el periodistas que le respondieron.  

Arroyo fue llevado a la 2ª Comisaría de Concepción, donde lo tuvieron retenido cerca de cuatro horas, para luego dejarlo ir sin cargos. Algo parecido a lo que le había ocurrido a Paulina Acevedo un par de semanas antes, pero en Santiago, mientras cubría la remoción de una estatua.

Cuando ella y su hijo llegaron a la 19ª Comisaría de Santiago, les incautaron sus equipos de reporteo. A él lo dejaron salir entre las 5:00 y 6:00 del viernes 12 de marzo, pero a ella, que tenía toda la documentación en regla para trabajar a pesar de las restricciones de movimiento, se lo hicieron más difícil: pasaría a control detención por supuestamente infringir el artículo 318 y resistirse a la detención, así que debía ir a constatar lesiones. Estuvo encerrada con una veintena de personas en la comisaría por cerca de 14 horas. 

Cuando fue al control de detención, ella y su abogada se percataron de que el parte había sido adulterado, y que ahora se le imputaba haber participado en las manifestaciones que ocurrieron esa noche en la llamada Plaza Dignidad. Ella lo negó tajantemente, señalando que incluso había transmisiones en directo que mostraban que en ningún momento participó de los actos que le fueron imputados. En todo caso, “incluso, las personas que participaron de esos hechos fueron sobreseídas porque estaban en su derecho a expresarse”, cuenta.

Su caso fue desestimado y Acevedo quedó sin cargo alguno.

“Hay un uso excesivo de la fuerza y un procedimiento irregular. No hubo situación que amerite mi arresto, y así lo dijo también en la audiencia el juez de detención y la misma fiscalía, al ver las pruebas que otorgaba la policía. Los cargos realizados eran inexistentes y, por lo mismo, debía ser puesta en libertad”, dice a Puroperiodismo. 

“No tiene que ver con la ley, sino con decisiones políticas”

Danilo Ahumada, presidente del Colegio de Periodistas, dice que la mayoría de las detenciones hacia reporteros son por desórdenes o desórdenes graves en contexto de coberturas de protestas sociales o actos en contexto de pandemia, lo que significa tener que pasar una noche entera en un calabozo. De hecho, él mismo fue formalizado por esa razón el 1 de mayo de 2020.

Ahumada expresa además que “en casos como el mío hay querellas criminales: el intendente de la Región de Valparaíso [Jorge Ramírez] se querelló contra mí por supuestos desórdenes graves y por infringir el protocolo del Covid-19. Esto generó un proceso de investigación que duró prácticamente un año. En marzo recién se determinó no seguir la investigación, por lo que quedé sin ningún cargo”. 

Por eso fue que, en su calidad de dirigente del gremio, se juntó con el fiscal nacional Jorge Abbot para solicitarle que el Ministerio Público no avanzara en investigaciones contra periodistas, salvo que existan delitos comprobados o presunción de delitos.

El abogado Carlos Reusser, profesor de la cátedra de Derecho a la Información en la carrera de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado, reconoce la situación y señala que el tema se vuelve aún más complejo cuando en las detenciones arbitrarias existen violencia física o acusaciones falsas de por medio.

“Si tú me dices que un periodista que está haciendo su trabajo es detenido ilegalmente para evitar que siga ahí, esto es un delito previsto por la ley de prensa. Si estás hablando de torturas, es otro tipo de vulneración que se encuentra en el Código Penal (apremios ilegítimos), y ante eso los periodistas pueden -y deben- reclamar. Si se están cometiendo delitos contra los periodistas por la policía es porque estos no se querellan”, dice Reusser.

Ante la pregunta de si es razonable endurecer la ley contra carabineros que realizan detenciones ilegales o levantan acusaciones falsas para justificar su accionar en contra de la prensa, Reusser dice: “La ley prohíbe el apremio ilegítimo, la ley prohíbe que los funcionarios públicos impidan la labor de periodistas. Esto no tiene que ver con la ley, sino con decisiones políticas: de cómo se construye Carabineros, qué respaldos le das, cómo les permiten seguir haciendo lo que hacen. No tiene que ver con cambios legislativos, son temas políticos y de sus instituciones”. 

Puroperiodismo se comunicó con Carabineros para solicitar una respuesta oficial por parte de la institución respecto a los protocolos y las repetidas acciones que han tomado contra periodistas, fotógrafos/as y camarógrafos/as durante el último año y medio, sin embargo, hasta el cierre de este reportaje no obtuvimos respuesta. 

La contraofensiva

Tras su experiencia, Paulina Acevedo tomó acciones legales contra Carabineros. Alega que haber sido detenida y esposada, trasladada a un calabozo de una comisaría y después al Centro de Justicia para su control de detención, fue una vulneración de sus derechos y algo que le afectó profundamente. “No es decir ‘ya está, fui sobreseída y la causa fue archivada’. Son horas perdidas que nadie me devuelve”, dice, y asegura que perseguirá las responsabilidades de los policías involucrados hasta que se establezca que Carabineros falsificó un documento que presentó ante el tribunal, delito que se define como falsificación de instrumento público. 

Pero la anterior es sólo una de las razones que la motivan a iniciar una contraofensiva. Su otra motivación es que “con esta querella busco que los periodistas y comunicadores denuncien. Si las denuncias empiezan a surgir, la justicia no las podrá eludir. Mi caso reviste diferentes elementos que podrían provocar una sanción a Carabineros, y lo busco es estimular a otros colegas”. 

Acevedo aseguró a Puroperiodismo que efectuará una denuncia en la propia institución para que se haga un sumario administrativo. 

En el caso de Javier Arroyo, Carabineros expresó que él se había opuesto a la detención y que también se le había solicitado otro documento, un contrato o certificado laboral. El periodista sostiene que ese punto es falso, porque el certificado laboral lo llevaba con él el día que lo detuvieron en Concepción. Eso lo agregó al recurso de amparo que presentó junto al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) contra Carabineros. “El documento lo tenía en formato pdf, de hecho lo utilicé al día siguiente para ir a vacunarme”, cuenta Arroyo recordando esto último ya como una anécdota. 

Carlos Reusser reafirma esta idea: “Nadie va a abogar por la vulneración de derechos que sufres, entonces son los mismos afectados quienes deben querellarse derechamente. Si renuncian a ese ejercicio no hay nada más que hacer”.

Ante la repetición de casos en que se han vulnerado los derechos de profesionales de las comunicaciones mientras ejercen su labor informativa, el ODC elaboró un instructivo básico para comunicadores, con recomendaciones e indicaciones paso a paso para conocer los protocolos de Carabineros y saber cómo prevenir o cómo proceder ante una posible detención. El documento íntegro lo pueden encontrar a continuación:

El 3 de marzo del 2020 se confirmó el primer caso de Covid-19 en Chile. La pandemia llegó, pero el periodismo no se fue en cuarentena, aunque sí debió enfrentar cambios como la instauración de salas de redacción virtuales, agregar en el kit del reporteo diario la mascarilla y jabón gel, además de aprender a mantener la distancia en los puntos de prensa para protegerse del coronavirus.

Pero en la región de La Araucanía, algo falló el viernes 20 de marzo. La entonces seremi de Salud, Katia Guzmán, lideró un punto de prensa en el regimiento Tucapel de Temuco en el que participaron autoridades regionales y trabajadores de la comunicación. Según un reportaje publicado por Interferencia, eran “alrededor de 20 personas”. 

La rueda de prensa culminó sin mayores inconvenientes, como cualquier otra. Pero esa misma noche se encendieron las alarmas, cuando el periodista Roberto Neira comentó en Interferencia que tras recibir el comunicado de prensa de la seremi y sus audios, se dio cuenta que en aquella cita no se informó sobre un caso de Covid-19 positivo de un funcionario de dicha institución, quien se había reunido con la seremi Guzmán y participó en actos públicos.

El 22 de marzo se confirmó que la seremi de Salud de La Araucanía fue diagnosticada de Covid-19, y debido a los contactos estrechos, gran parte del gobierno regional (nueve seremis y dos directores) y ocho periodistas -cinco que cubrían la actividad para distintos medios y tres que pertenecían a servicios públicos- debieron paralizar sus funciones laborales y realizar cuarentenas. 

La reacción del Colegio de Periodistas de la Araucanía y de otras entidades fue realizar acciones judiciales contra la seremi Guzmán. En tanto, el Ministerio Público inició una investigación por eventuales delitos contra la salud pública, bajo el artículo 318 del Código Penal. Y el Ministerio de Salud, por su parte, suspendió de sus funciones a la autoridad regional para realizar un sumario interno, del cual fue sobreseída el 2 de julio del año pasado, aunque poco después presentó su renuncia.

Este suceso es uno de los tantos casos que consigna sobre Chile el último Informe Anual de la Relatoría Especial para Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (RELE), publicado a comienzos de abril. Es, entre todos los otros que recoge el reporte, quizás el que podría parecer más anecdótico. En las 19 páginas que el organismo dedica al país, el organismo da cuenta de distintos “ataques, intimidaciones y amenazas a periodistas y medios de comunicación, restricciones a la protesta social, decisiones judiciales y prácticas estatales que avalan la censura, y la utilización de mecanismos penales contra expresiones críticas”, todas ocurridas durante 2020.

En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, Puroperiodismo revisó los diferentes casos que tuvo a la vista la RELE y las observaciones que realizó al Estado chileno, bajo un contexto de crisis sanitaria y obstaculización del ejercicio del periodismo que ha afectado a gran parte de la región.

Ver informe completo:

Chile cae en el ranking

Según la clasificación mundial de la Libertad de Prensa 2021 realizada por Reporteros Sin Fronteras (RSF), toda Latinoamérica se encuentra en una zona roja: “La crisis del coronavirus ha actuado como un acelerador de la censura en América Latina y ha creado serias dificultades para acceder a información sobre la gestión de la epidemia por parte de los gobiernos de la región”.

En ese ranking, Chile está actualmente en el puesto 54, es decir, bajó tres posiciones el último año. ¿Por qué? En su análisis, RSF señala como principal argumento que en el país -al igual que en Haití, que está 33 puestos más abajo- “cubrir las manifestaciones se ha convertido en una actividad extremadamente peligrosa”, aunque en general sigue entre los mejor posicionados de la región: sólo lo superan Costa Rica, que está 5º; Uruguay, en el lugar 18º; y República Dominicana, 50º. 

En eso no tienen nada que ver -al menos hasta ahora- los graves casos que se han revelado sobre espionaje realizado por el Ejército contra periodistas que investigaban casos de corrupción en sus filas o temas vinculados a las violaciones de derechos humanos en dictadura. Tampoco las polémicas cartas emitidas por las distintas ramas de las Fuerzas Armadas -y avaladas por el ministro de Defensa, Baldo Prokurica- para criticar un programa humorístico e indicar cómo debe ejercerse la libertad de expresión. Ni los llamados telefónicos realizados desde La Moneda para intentar incidir en la línea editorial de un canal de televisión.

No, pues todo lo anterior pasó este año, en 2021, y lo que se mide en el ranking se refiere a lo ocurrido durante 2020. Entonces, si bien nada de eso alcanzó a estar cubierto, la baja sí tiene estrecha relación con lo que señala la RELE en su informe anual, donde se da cuenta de distintas dificultades que han tenido periodistas y comunicadores/as en el país para ejercer su labor informativa en un contexto que entremezcla la protesta social que se arrastra desde octubre de 2019, la pandemia, procesos de profunda transformación política como el plebiscito de octubre, la represión policial y otros actos de censura por parte de organismos tanto públicos como privados.  

Aunque el año pasado las manifestaciones ciudadanas se vieron restringidas debido a las medidas sanitarias, decenas de periodistas, camarógrafos/as y fotógrafos/as sufrieron agresiones o incluso detenciones arbitrarias mientras realizaban su tarea de informar a la población (ver artículo en Puroperiodismo). 

El reporte de la RELE recoge varios de esos casos. Entre ellos, el de un fotógrafo del Diario Atacama y un periodista independiente que fueron agredidos y detenidos mientras cubrían la protesta en un liceo de Copiapó en contra de la PSU. También mencionan el caso del camarógrafo de la agencia francesa AFP, Jaime Esquivel, quien fue golpeado y rociado con gas pimienta por un grupo de ocho personas tras de negarse a dejar de grabar lo que ocurría en una manifestación; o el de Marcelo Hernández, por entonces reportero gráfico de la Agencia ATON, que en marzo de 2020 recibió el impacto en su rostro de una bomba lacrimógena, provocándole una herida ocular.

Situaciones como las descritas se repitieron en diversas oportunidades durante 2020, y son varios los casos que se consignan en el informe internacional, aunque si se pudiera identificar las fechas -o coberturas- más conflictivas, éstas podrían ser dos: el 1 de mayo y el día del plebiscito.  

1 de mayo: una jornada de detenciones a periodistas

El Día Internacional de los Trabajadores tuvo como antecedente la irrupción de la crisis sanitaria y la recientemente promulgada Ley de Protección al Empleo, además de un aumento explosivo de la cesantía en el país. Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), durante el trimestre de marzo a mayo de 2020 la tasa de desocupación alcanzó un 11,2%, “siendo la más alta en toda la serie desde 2010”.

El Presidente Sebastián Piñera en su discurso de esa jornada en La Moneda aclaró: “La situación se ha ido agravando, por lo tanto es muy posible -casi seguro-, que las cifras de desempleo verdaderas que tenemos hoy día sea mucho mayor y que esté creciendo”. Y así fue, el año pasado en la primera ola de la pandemia casi tres millones de personas perdieron sus empleos.

En tanto, mientras el Ejecutivo realizaba su discurso, en Plaza Italia -rebautizada popularmente como Plaza Dignidad- se congregaban cientos de manifestantes y, por supuesto, equipos periodísticos que cubrían lo que pasaba. 

El informe de la RELE constató que “funcionarios de Carabineros detuvieron a trabajadores de la prensa que cubrían en vivo una manifestación programada por el Día del Trabajador, e intentaron obstaculizar la protesta con carros lanzaaguas”. Al menos 57 personas fueron detenidas en aquella jornada, dentro de este total figuran dirigentes sindicales.

Además, la Asociación de Corresponsales de la Prensa Internacional (ACPI) informó que fueron 15 los profesionales “subidos a un carro celular de la policía y llevados hasta la novena comisaría de Providencia”. Dice el informe: 

“Entre los periodistas detenidos había representantes de medios internacionales, como los camarógrafos Jaime Esquivel de la agencia Agence France Presse, Luis Hidalgo de la Associated Press, e Iván Alvarado de Reuters; y también de medios locales, como el periodista Rodrigo Pérez y la productora Alejandra Pacheco de TVN (televisión pública chilena), y los periodistas Francisca Sandoval Astudillo, Gabriel Cardozo Silva, Gerardo Cortes y Gonzalo Barrido de Señal Tres La Victoria, entre otros. Algunos de ellos, incluso, pudieron registrar con sus celulares el momento en que eran detenidos y subidos al carro policial”.

El general Enrique Bassaletti, jefe de la Zona Metropolitana de Carabineros, ante el desempeño policial durante la jornada del 1 de mayo respondió: “No estaban todos con sus credenciales y estaban con teléfonos celulares y, por lo tanto, lo que corresponde en ese caso es cerciorarse efectivamente su calidad de periodistas”.  

Por su parte, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, agregó en Radio Cooperativa que “si la prensa no cumple con las normas de orden público, se procede”. La respuesta de los y las periodistas ante las autoridades que destacó la oficina especializada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fue que estos sí contaban con sus credenciales y salvoconductos para realizar su trabajo, además de respetar las condiciones sanitarias. 

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Obstáculos en la cobertura del plebiscito

Apruebo. Rechazo. Dos opciones que causaron revuelo en Chile. En plena pandemia, la población debió escoger cambiar o mantener la Constitución redactada en 1980.

Las urnas se abrieron a las 8:00 y dentro del horario de votación se estableció uno especial para proteger a los grupos de riesgo debido al contexto sanitario. A medida que transcurría el histórico 25 de octubre, la participación iba aumentando mientras transcurría el día. Ya a las ocho de la tarde terminó el horario para ir a votar.

Durante el conteo de votos, sonaron las bocinas y las cacerolas, hasta que los resultados fueron públicos. Un 78,27% de la población escogió cambiar la constitución, mientras que un 78,99% escogió la Convención Constitucional como órgano redactor de una nueva carta magna. 

En el epicentro de las protestas del estallido social, en las plazas, en las calles y en todos los rincones del país se realizaron celebraciones tras el resultado del plebiscito. Pero, detrás de esa alegría, la cobertura periodística debió enfrentar diversas complejidades para informar a la población.

Según se lee en su informe anual, la RELE “recibió información sobre amenazas y amedrentamientos a periodistas y medios días previos al Plebiscito Nacional”. Entre esos casos destacó el de la periodista, corresponsal extranjera y académica, Carolina Trejo.

Una noticia publicada por El Periodista informó que la Comisión Chilena de Derechos Humanos, el Colegio de Periodistas de Chile y el Colegio Médico de Chile interpusieron querellas criminales en contra de quienes resulten responsables del delito de amenazas “a la integridad física y psíquica” y recurrieron al 3° y 4° Juzgado de Garantía, con el fin de que se realizará una investigación a la participación del grupo de ultraderecha “Patria y Libertad”, quienes difundieron panfletos con un símbolo de “araña” acompañado con los datos personales y fotografías de Trejo. Lo mismo habrían hecho con la doctora Carla Pellegrin y el doctor Roberto Bermúdez Pellegrin el 16 de octubre de 2020.

Además, El Periodista publicó que tanto a la periodista como a los profesionales de la salud se les “imputan delitos, y se les critica abiertamente por posturas y actividades políticas realizadas (…) Las acciones legales (fueron) declaradas admisibles”.

La RELE consignó en su informe: “Los ataques y agresiones cometidos contra periodistas vulneran el derecho a la libertad de expresión tanto en su dimensión individual como colectiva y no pueden ser tolerados en una sociedad democrática”.

Nueve días después de este suceso, la Relatoría Especial obtuvo información sobre los diversos obstáculos que enfrentó la prensa durante la cobertura del 25 de octubre. Entre otros, el informe destaca el “impedimento para acreditarse como prensa por parte de periodistas independientes, la ausencia de listados con los medios autorizados para ingresar a puestos de votación, prohibición y expulsión de periodistas de puestos de votación y durante el conteo de votos, e incluso la detención de algunos trabajadores de prensa”. Como por ejemplo, el caso de un periodista en la región de Aysén, cuyo celular fue retenido.

Pero los ataques y agresiones consignados no pararon ahí. El 12 de noviembre en Antofagasta, un integrante del medio Kiwicha Comunicaciones “habría sido detenido de manera violenta, tirado al suelo y esposado mientras un funcionario [de Carabineros] lo habría inmovilizado con una rodilla sobre su cabeza. El comunicador había grabado la detención de un grupo de rescatistas en medio de las manifestaciones de ese día. En la comisaría, el comunicador habría sido amedrentado para borrar su material. Luego de que el material no estuviera disponible para ser difundido, Carabineros dejó libre al comunicador”. 

A la semana, la policía roció con gas pimienta a un reportero gráfico del medio Libre Edición. Por esos mismos días, la periodista Alison Vivanco denunciaba un ataque con químicos desde un carro policial mientras cubría una protesta contra el Presidente Piñera y fines de ese mismo mes un fotoperiodista terminó con contusiones y su equipo destrozado luego de que Carabineros le disparara el chorro de un carro lanzaaguas directo al cuerpo a menos de 20 metros de distancia.  

Pandemia, información pública y crisis del periodismo 

“La Relatoría Especial ha registrado con preocupación los diferentes efectos que la contingencia generada por el nuevo virus COVID-19 ha tenido en la libertad de expresión en Chile”, señala el informe. 

Uno de los efectos que ha traído la pandemia, agregó la oficina de la CIDH, “(son los) obstáculos al momento de cubrir temas generales o de la pandemia específicamente”. Lo anterior se produce, debido a las “restricciones de movilización” aplicadas por las autoridades, y en diversos sucesos los periodistas han sido “detenidos por presuntamente violar esta disposición a pesar de ser eximidos de esta”, así como también han debido denunciar “hostigamiento y procedimientos de control desproporcionados para la circulación de periodistas en el contexto de la pandemia”.

Entre las observaciones que la RELE realizó respecto a Chile, destaca el “impacto” de la crisis sanitaria, que ha acrecentado la “vulnerabilidad” de los y las trabajadores de la comunicación, acompañado de “despidos masivos” por “motivos económicos” en medios estatales y privados, además el “cierre” de ediciones impresas. En esa línea, el reporte menciona más de 164 despidos en TVN ocurridos desde diciembre de 2020 a marzo de este año, al menos 61 contratos suspendidos en Publimetro, y otros tantos despidos en El Mercurio, Mega y La Red; el cierre de las ediciones impresas de La Cuarta y La Tercera durante los días de semana -lo que implicó a fines de enero el despido de cerca de 200 personas de Copesa-; y el cierre definitivo de La Discusión de Chillán y El Centro, de Talca. 

Otro aspecto destacado en el anuario de la RELE y que estaría relacionado con el contexto sanitario, es que “los periodistas también han manifestado mayor dificultad para acceder a información pública respecto de la pandemia, así como para hacer preguntas en ruedas de prensa”. 

Además, entre las complejidades que recopiló la RELE, “está la imposibilidad de contrapreguntar, el cambio de horarios para entregar la información, así como la poca gestión comunicacional”. La oficina destacó el informe emitido el 20 de octubre del 2020 por el Consejo para la Transparencia (CPTL)- entidad autónoma del Estado encargada de garantizar, fiscalizar y promover el contenido del derecho de acceso a la información pública y la transparencia en la función pública-, en el cual informó que aún persistían a esa fecha “deficiencias” en la información entregada en el sitio oficial del gobierno para la entrega de la información sobre la pandemia, las que ya “habían sido notificadas al gobierno”.

En dicho informe, el CPTL  agregó: “No se ofrece información sobre el número total de casos negativos, las fuentes de exposición a nuevos casos confirmados, tipo y cantidad de insumos médicos y hospitalarios utilizados; cantidad de test que se encuentran disponibles o cantidad del personal médico y de salud que se encuentra trabajando”.  Por último, el informe constató que el sitio oficial “no desagrega información sobre fallecidos por género, ni tampoco sobre hospitalización por sector (público/privado), comuna y género”.

También en materia de transparencia, se consigna la demora excesiva o negativa que han tenido ciertos organismos públicos para dar respuesta a las solicitudes de acceso a información pública, pasando en muchos casos por encima de lo establecido en la ley. Tal como publicó CIPER en marzo de este año, el Ministerio de Salud era el que más incumplimientos registraba a marzo de este año -, seguido por las carteras de Interior, Relaciones Exteriores y Economía.       

Por otro lado, la RELE también destaca casos de censura ocurridos en el país, como la querella que interpuso Carabineros en contra del colectivo LasTesis, la que contó con el apoyo del gobierno del Presidente Sebastián Piñera; el fallo de la Corte Suprema contra Radio Bío Bío que la obligó a retirar de sus plataformas la grabación de una conversación entre una jueza y un operador político al considerar que se había publicado de manera ilegal; los focos de luz que intentaron borrar una proyección artística de Delight Lab a un costado del edificio de Telefónica; y la eliminación por parte de la policía de la obra de Francisco Tapia que mostraba la figura de un carabinero colgando del balcón a punto de dispararse un tiro en la boca.  

La situación actual

Durante los últimos meses, el debate sobre la situación de la libertad de expresión en Chile se ha vuelto parte central de la agenda. Por una parte, producto del “telefonazo” que realizó la asesora presidencial Magdalena Díaz al dueño del canal de televisión La Red en Miami para criticar la línea editorial que han tomado sus programas bajo la dirección del periodista Víctor Gutiérrez, en especial luego de la transmisión de una polémica entrevista realizada en prisión al ex frentista y asesino de Jaime Guzmán, Mauricio Hernández Norambuena, alias Comandante Ramiro. Aunque la acción fue rechazada por los ejecutivos del canal y fue llevado hasta la CIDH, el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) le formuló cargos a la estación por supuestamente infringir el principio de imparcialidad.

El mismo canal fue objeto de críticas abiertas por parte de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, las que emitieron declaraciones públicas -respaldadas por el ministro de Defensa- denunciando un programa humorístico en el que satirizaban a un general del Ejército. En sus misivas, se criticaban supuestas injurias contra la entidad castrense y se señalaba cómo debía ejercerse el derecho de libertad de expresión, lo que ha sido fuertemente criticado por distintas organizaciones, como el Colegio de Periodistas, por, entre otras cosas, haber pasado por el alto el mandato constitucional de no deliberación que pesa sobre las instituciones armadas y no haber hecho ninguna declaración cuando sólo un par de semanas antes se había conocido la operación de espionaje que el mismo Ejército habría emprendido en contra de al menos seis periodistas que investigaban casos de corrupción en su interior y delitos de lesa humanidad.  

Entre los periodistas que habrían sido objetos de espionaje se encuentran Mauricio Weibel, Juan Cristóbal Peña, Javier Rebolledo, Pascale Bonnefoy, Danae Fuster y Santiago Pavlovic. Todos esos casos han generado acciones judiciales, políticas y gremiales, que incluyen, entre otros, la solicitud por parte del Colegio de Periodistas de seguimiento por parte de la RELE y una carta suscrita por distintas escuelas de Periodismo del país que este lunes 3 de mayo, en el marco del Día Mundial de la Libertad de  Prensa,  será entregada al Presidente Piñera para exigir medidas que tiendan a reducir el intervencionismo, la censura y propender a un ambiente propicio para el buen ejercicio de la labor de los y las periodistas.    

A fines de abril, El Periodista informó que la Corte de Apelaciones de Santiago “acogió de manera parcial el recurso de protección ingresado por el senador Alejandro Navarro (PRO) en favor del canal La Red (…) desestimando la denuncia contra el mandataria y estableciendo un plazo de cinco días para que (Magdalena Díaz) remita a la Corte Suprema la información referida a los hechos denunciados”. 

El sábado 1 de mayo, el mismo senador Navarro informó que en la próxima sesión de la Comisión de Derechos Humanos del Senado tratará como central la situación respecto al derecho a la información y la libertad de prensa en el país. A las 15.30 de la tarde se sesionará y participarán el ministro de Defensa, Baldo Prokurica; Mónica González, periodista y Premio Nacional de Periodismo; y los periodistas Javier Rebolledo y Mauricio Weibel, quienes fueron espiados vía telefónica por el Ejército.

La noche del 15 de marzo, el programa Mentiras Verdaderas, de La Red, emitió una entrevista a Mauricio Hernández Norambuena, el Comandante Ramiro, exmiembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) que cumple dos condenas de 15 años de presidio por el asesinato del senador Jaime Guzmán (UDI) y el secuestro del dueño de El Mercurio, Cristián Edwards, ambos en 1991. En la entrevista que cedió vía Zoom desde la sección de mayor seguridad con que cuenta el sistema penitenciario chileno, habló de sus apreciaciones sobre la actualidad política, justificó las acciones delictivas que cometió en Chile tras acabarse la dictadura de Augusto Pinochet y denunció las extremas condiciones carcelarias en las que vive, con un régimen de encierro creado exclusivamente para él.

Más allá del contenido de sus dichos, el sólo hecho de que apareciera hablando en un canal de televisión bastó para generar una dura ofensiva política desde la derecha que varios expertos han considerado una afrenta contra la libertad de expresión.  

A la mañana siguiente, los diputados Javier Macaya y María José Hoffman, presidente y secretaria general de la UDI, respectivamente, golpearon las puertas de La Moneda para exigir un pronunciamiento oficial sobre la entrevista. No demoraron en hacerlo. Su correligionario y vocero de gobierno, el ministro Jaime Bellolio, en un punto de prensa condenó que se haya realizado la entrevista: “Una verdadera franja del odio y la apología a la violencia; una justificación de asesinar a una persona por pensamientos políticos distintos. Es inaceptable”.

🔴 AHORA | Ministro Bellolio por polémica entrevista de Hernández Norambuena: «Es un delincuente a sueldo, asesino, terrorista y torturador»

Más detalles en https://t.co/Ox6C5F6K3w pic.twitter.com/T0RHw3HXCM

— CNN Chile (@CNNChile) March 16, 2021

Puroperiodismo conversó con tres expertos para intentar responder algunas preguntas que dejaron abiertas tanto la entrevista a Hernández Norambuena, el tratamiento que se hizo de la misma y la reacción que generó en el mundo político, que no sólo implicó declaraciones públicas desde la UDI y La Moneda, sino que también habría incluido una llamada hecha por una estrecha asesora del Presidente Sebastián Piñera al dueño de La Red, para manifestarle su molestia por los contenidos del canal. Por un lado, Juan Cristobal Peña periodista, director del Magíster de Escritura Narrativa del Departamento de Periodismo UAH y una de las personas que más ha investigado en Chile el rol y las dinámicas del FPMR durante las décadas del ‘80 y el ‘90 -es autor de los libros Los Fusileros y Jóvenes Pistoleros-. Por el otro, Alfredo Sepúlveda, periodista, académico y escritor, quien ha impartido clases en la Universidad Alberto Hurtado sobre ética periodística. Y por último, Danilo Ahumada, presidente del Colegio de Periodistas. Lo que sigue es lo que respondieron.  

¿Es pertinente entrevistar a un asesino que cumple condena?

Peña considera que el revuelo generado sobre la validez de la entrevista es desajustado, porque efectivamente es de interés público, y puntualiza: “Hernández Norambuena es de relevancia histórica por lo que hizo, por lo que protagonizó (…), y por lo que significó la violencia política de los años ochenta y noventa, que no sólo vino de los grupos subversivos, sino que también de lo que quedaba de la CNI y la DINE”.

Frente a la misma pregunta, Sepúlveda asegura que “una entrevista es sólo eso, siempre es válida si tiene relevancia pública. Sin perjuicio de todo lo anterior, antes que la ética periodística está la ética general. En este caso concreto, hay por parte del entrevistado una idea que no puede ser dejada colgada ahí, libre de cuestionamiento, que es la pertinencia del asesinato político. Discutir si en algunos casos corresponde usar el asesinato político es como discutir la pertinencia del Holocausto o de la discriminación por razones de preferencia sexual. El discurso de Hernández Norambuena no es ‘un discurso más’”.

Por su parte, Ahumada respondió que “lo de Hernández Norambuena es de interés público y merece ser retratado en los medios. Eso no significa que se haya hecho un juicio de valor sobre si lo que hizo fue correcto o no. Estas entrevistas están pensadas para generar debate ciudadano en torno a lo inmediato de su caso”.

Aunque en este punto los tres consultados estuvieron de acuerdo, no fue así respecto a la forma en la que se realizó la entrevista, dejando entrever una posible condescendencia con el exrodriguista. La pugna también tuvo su espacio en Twitter, con el hashtag #ApagaLaRed. ¿Resultado? El programa Mentiras Verdaderas, conducido por el también periodista Eduardo Fuentes, lideró el rating la noche del martes 16 de marzo.   

¿Cuánto tolera la libertad de expresión?

Mauricio Hernández Norambuena reconoció en la entrevista a Eduardo Fuentes en Mentiras Verdaderas que el asesinato de Jaime Guzmán fue un error político, aunque reivindicó la decisión desde un punto de vista ético, definiéndola como un ajusticiamiento. 

Alfredo Sepúlveda dice “que el señor Norambuena reivindique el asesinato es una discusión ética abierta, y no debiese ser censurado. Pero, sí debe ser contrarrestado en la praxis periodística; es decir, si este señor dice que es justo asesinar a otra persona, un profesional de las comunicaciones debería poder cuestionarlo, respondiendo quizá: ‘¿Cómo es posible que usted sostenga esa idea?, ¿usted no pretendía derribar una dictadura que hacía lo mismo?’. La respuesta ética del periodismo no es la censura, sino que contrapreguntar”.

Juan Cristobal Peña cree que el problema de la entrevista fue que faltó confrontación hacia el exguerrillero. “Era importante indagar en las responsabilidades que le cabían al Frente -y particularmente a la dirección de la cual Hernández Norambuena formó parte- en la muerte y desaparición de Luis Arriagada Toro, acusado de alta traición. Eso es uno de los temas que habría sido importante que él diera cuenta a nivel público, como además en la muerte de muchos jóvenes en misiones que no fueron bien planificadas, que fueron improvisadas y voluntariosas”.

Una postura diferente plantea Danilo Ahumada. Él dice que definir la entrevista como condescendiente es subjetivo, que no se pueden contestar todas las preguntas y que además estaba claro el foco desde el principio. “El tono de La Red y el programa Mentiras Verdaderas, es un tono siempre condescendiente; no ponen a los personajes en formato de debate. Es importante identificar los géneros televisivos; para mí es más un talk show… Eduardo Fuentes fue un entrevistador, no buscó generar una apología a la violencia”.

Para este artículo intentamos contactamos con Eduardo Fuentes, quien declinó a emitir su opinión debido a que por decisión del canal, no podría dar declaraciones al respecto.

También se le consultó a los expertos sobre la falta de posturas contrapuestas en el panel mientras se desarrollaba la entrevista. Sobre este punto, Sepúlveda señaló que hay una mala práctica periodística, pero que fundamentalmente no hay ningún problema ético, aunque “es medio raro”, dice, y agrega: “Si lo analizas, hay un problema de sesgo, porque si no hay posturas contrarias, vas a tener un programa sesgado”. Para Peña, en cambio, no es tan así: “Hemos vivido los últimos 30 años bajo esta posición artificiosa del equilibrio político, equilibrio que no siempre es tal. No creo que los paneles deban necesariamente pretender tener equilibrios”.  

La llamada a La Red

El periodista y exdirector de El Mostrador, Mirko Macari, quien actualmente tiene un espacio regular en el programa Mentiras Verdaderas, denunció a través de su cuenta en Twitter que Magdalena Díaz, la exjefa de gabinete del Presidente Piñera que hace sólo unos días volvió a La Moneda con la misión de construir el relato que rescatará el legado de su segundo gobierno, llamó a las oficinas en Miami de Albavisión, el conglomerado de medios que encabeza el guatemalteco Remigio Ángel González y que en su red de canales que se expande por toda Latinoamérica está incluida La Red, para “quejarse por los contenidos”. 

Magdalena «la pollo» Díaz, jefa de gabinete de Piñera, llamó a la propiedad del canal La Red, en Miami, para quejarse por los contenidos. La clásica presión por arriba y en la sombra. Ahora irán por el avisaje. Dale RT para que estos hijitos de papá sepan que Chile cambió… — Mirko Macari (@mirkomacari) March 19, 2021

Macari acusa el hecho como «la clásica presión por lo alto y en la sombra». Puroperiodismo se contactó con Juan José Lagorio, subdirector de Prensa de la Presidencia, para confirmar la gestión de Díaz con los propietarios de La Red. Sin embargo, éste se excusó de responder señalando que había estado alejado de la oficina durante la última semana. 

Sepúlveda se refirió a este tema con cierta distancia: “Es feo y complicado lo que sucedió, pero los gobiernos tienen derecho a representar sus puntos de vista”. Además, señaló que sin conocer el tenor de la conversación es imposible establecer un juicio. 

“Las llamadas de los gobiernos a los medios son algo feo desde el punto de vista democrático, pero no son raras. Los medios de comunicación no son pobres damiselas que al telefonazo de un gobierno se asustan; son instituciones complejas que tienen algo que los gobiernos no: audiencias. Un editor siempre podrá recibir una llamada que marque presión, pero no es más que parte de la pega”, sentencia Sepúlveda.

Respecto a lo mismo, dice el presidente del Colegio de Periodistas: “La televisión ha sido muy parecida en cuanto a los contenidos, los entrevistados, las formas, los temas. Entonces, cuando aparece alguien que rompe el esquema, y aparece con otros discursos que fueron invisibilizados, genera estas fricciones y conflictos. La televisión ha estado siempre muy cercana a la élite política y económica. Pareciera que ellos pueden ser los únicos que tienen voz… podemos recordar el caso Spiniak”.

El periodista y escritor, Juan Cristobal Peña, considera que el principal problema es que el mundo político está dictaminando lo que es interés público, y esto queda a la vista con las presiones que está ejerciendo el gobierno contra un medio de comunicación. “Estas presiones están profundamente reñidas con una democracia sana”, concluye.

Vea a continuación la entrevista completa a Mauricio Hernández Norambuena en Mentiras Verdaderas:

Javier Rebolledo. Foto de Aarón Castro.

En algunos países de nuestra región, específicamente en Honduras, Guatemala, Colombia y México, el asesinato de periodistas se ha vuelto algo recurrente. En la nación norteamericana es donde se concentra la mayor cifra a nivel continental. Sólo el año pasado, según Reporteros Sin Fronteras (RSF), 11 comunicadores murieron por realizar su trabajo: difundir información.

En Chile estos niveles de violencia no son frecuentes. Sin embargo, la libertad de expresión y el trabajo periodístico pueden ser amenazados de otras formas. Es lo que está viviendo actualmente Javier Rebolledo, periodista que ha escrito numerosos libros sobre la dictadura chilena, las violaciones a los derechos humanos y la complicidad de los civiles con el régimen de Pinochet.

Rebolledo es también autor del libro “Camaleón. Doble vida de un agente comunista», publicación que hoy lo tiene en medio de un proceso judicial luego de que Carolina Quintana, hija de Raúl Quintana Salazar —coronel en retiro hoy preso en Punta Peuco por delitos de lesa humanidad—, se querellara en su contra por el delito de injuria.

El jueves 16 de agosto la Red de Periodistas Chile organizó el conversatorio “Injurias y Cárcel”, el cual tuvo lugar en la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica. En el evento participaron la periodista Eliana Rozas (moderadora); el abogado Pablo Gómez y el protagonista principal, Javier Rebolledo. El objetivo: ahondar en el caso del periodista y en las implicancias que delitos como la injuria tienen para el ejercicio profesional.

Para poner en contexto el conversatorio en cuestión, Eliana Rozas explicó cómo comenzó a forjarse la querella en contra de Rebolledo y cómo ha seguido hasta ese entonces: “Esta situación se genera a raíz de la publicación del libro ‘Camaleón’, publicado el año pasado, el 2017, que narra la historia de Mariano Jara Leopold. Un personaje bastante extraordinario, de una gran ambigüedad […] Una vez realizada la publicación, se genera esta controversia, que lo tiene querellado a Javier por injurias graves con publicidad. El querellante no es el denominado ‘camaleón’, es Raúl Quintana Salazar, teniente coronel en retiro del ejército que se desempeñó en el campo de detención y tortura de Tejas Verdes, quien es aludido en el transcurso del relato”.

Asistentes al conversatorio «Injuria y cárcel», organizado por la Red de Periodistas Chile. Foto de Aarón Castro.

Precisamente, la querella contra Javier Rebolledo apunta a un hecho en particular. Gregorio Romero Hernández, exagente de la DINA, declaró judicialmente sobre un supuesto abuso sexual que se cometió en Tejas Verdes en contra de una joven uruguaya. En ese relato —que Rebolledo incluyó en su libro “Camaleón”— se menciona a Raúl Quintana Salazar como autor de los vejámenes. Posteriormente, Romero Hernández se retractó de esta declaración.

Carolina, hija de Quintana Salazar, se querelló en contra de Javier Rebolledo, exigió tres de reclusión en su grado menor y una multa de 20 UTM, además de solicitar la eliminación del nombre de su padre del libro “Camaleón”. Esa querella, explicó Eliana Rozas, terminó con un fallo de primera instancia del Octavo Juzgado de Garantía, el 8 de mayo de 2018, que desechó la querella ya que no se pudo sostener que existiera el delito de injuria. Sin embargo, el 13 de julio de 2018, la tercera sala de la Corte de Apelaciones revocó esa sentencia y estableció que los hechos sí podían, eventualmente, ser constitutivos de delito.

Después de esta explicación de contexto, Javier Rebolledo tomó el micrófono para contar lo que está pidiendo específicamente la parte demandante: “Hoy [16 de agosto] fue la audiencia de conciliación. Ofrecieron rebajar la pena de tres años a un año y medio, y que corrigiera, en futuras publicaciones, el error. Yo no acepté ninguna de las dos cosas, no se llegó a acuerdo. Entonces, [la decisión final del caso] se fijó para el 9 de octubre. Ahí se va a resolver todo”.

“Yo puse la declaración original [de Romero Hernández]”, dijo Rebolledo. Y explicó que muchos de los agentes represivos de la dictadura que han declarado como testigos —incluso reconociendo crímenes—, luego se han retractado de sus declaraciones, “asesorados por abogados como Juan Carlos Manns, que se dedican a asesor a violadores de derechos humanos”.

El abogado Pablo Gómez. Foto de Aarón Castro.

Luego fue el turno del abogado Pablo Gómez, quien en los últimos 14 años ha defendido a comunicadores y medios en juicios penales, civiles y constitucionales relacionados con la actividad periodística.

Eliana Rozas le preguntó cuál es el real estándar de la verdad cuando los periodistas trabajan con declaraciones que brindan terceras personas. Gómez respondió: “Esto es un tema bastante recurrente. Al realizar el ejercicio del periodismo hay un riesgo de sufrir un ataque judicial de este tipo. En todo el proceso de recopilar la información puede haber errores o imprecisiones. Hay que admitir la caída, pero no necesariamente es sinónimo de mentiras o injurias”.

El abogado comentó que en el proceso informativo pueden haber errores e imprecisiones. Dijo, en ese sentido, que el periodista está sujeto a un deber de veracidad, “que supone una intención positiva hacia la verdad pero no supone el hecho de que yo encuentre la verdad, sea dueño de la verdad”.

La veracidad admite la posibilidad de errores. En el caso de “Camaleón”, argumentó Gómez, Rebolledo se atiene a una declaración judicial —la del retractado Romero Hernández—, pero al mismo tiempo, y con otros elementos, construye otras hipótesis. “Eso es totalmente lícito, totalmente legítimo”, declaró.

Eliana Rozas le consultó al abogado sobre el derecho de aclaración y rectificación consagrado en la ley 19.733 que regula el ejercicio del periodismo y los medios en Chile. Gómez planteó que estos mecanismos —la “reparación de naturaleza”— son los más adecuados para reparar la afectación de honra o imagen. Su recomendación, por lo tanto, es que se debe descriminalizar la injuria y la calumnia, y ampliar las posibilidades de las aclaraciones y rectificaciones en medios.

Pablo Gómez también agregó que por “estrategia jurídica”, en las demandas se toma, en mayor porcentaje, el camino de la injuria por sobre el de las calumnias, porque esta última —la imputación de un delito pero falso y que es perseguible de oficio— tiene un proceso más engorroso. Por ende, es más difícil identificarla.

En la parte final del conversatorio, Javier Rebolledo habló sobre cómo se enteró de la demanda de Quintana Salazar: “Recuerdo que estaba en otra cosa, trabajando con una colega un guión de cine, en otro estado emocional. De repente me llaman de la editorial Planeta y alguien me dice: ‘Javier, llegaron unos funcionarios judiciales, dejaron esto y nosotros lo recibimos’. Empiezo a revisar, sin abogado, de forma independiente, leí los tres años de presidio, lo de la plata. Esta situación genera un amedrentamiento. Me sentí amedrentado, con susto”.

En el momento de las preguntas, Rebolledo escuchó atento las que, más que interrogantes, fueron palabras de apoyo. Él mismo, al finalizar el evento, agradeció a cada uno de los presentes, porque a pesar de haber tenido un día estresante, unos meses difíciles, dijo que siempre es grato conversar con gente “para avanzar hacia a un lugar”.

SOBRE LA RED DE PERIODISTAS CHILE

La Red de Periodistas Chile es una asociación sin fines de lucro que busca generar una comunidad de personas apasionadas por el periodismo. Para eso facilitan espacios inclusivos de articulación para quienes lo ejercen, capacitan en herramientas innovadoras de reporteo a bajo costo o gratuitas, y difunden oportunidades de becas y concursos. Para más información visita redperiodistas.org.

Mucho hemos leído del conflicto nicaragüense en los últimos 3 meses. Precisamente, se acaba de cumplir un trimestre del estallido de la crisis social y política en ese país centroamericano, desde el cual hemos lamentado informaciones que da cuenta de casi 400 fallecidos. Uno de ellos, un periodista que recibió un disparo en la cabeza cuando hacía una transmisión por Facebook Live.

Ángel Gahona se convirtió, entonces, en uno de los primeros símbolos de la convulsionada Nicaragua. Aún faltaban más de dos meses para llegar a las cifras actuales de los muertos que ha dejado este estallido social, en protestas lideradas por estudiantes.

El mundo tuvo acceso a ese y otros videos más que han mostrado parte de la difícil situación que envuelve a todo un país. Horas antes de este asesinato aún no esclarecido, los periodistas leales a la presidencia de su país realizaban transmisiones en las que dejaban en claro su simpatía por el oficialismo. Un comunicador no identificado del Canal 4, afín al gobierno de Nicaragua, relataba con sumo descontento sobre la protesta de opositores. En su narración utilizaba términos como «criminales» para referirse a ellos y decía que estaban en contra de las «conquistas de la revolución». La cobertura pasó en segundos, de la información a la propaganda.

LOS MEDIOS CRÍTICOS A DANIEL ORTEGA

Las calles de ciudades como Masaya (con presencia de pueblos indígenas), León, Managua y Estelí, forman parte de una especie de mapa de lucha en las calles para lograr la caída de los Ortega-Murillo. Se trata de la dupla presidencial conformada por Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, que en los últimos días dejó en claro que no hay posibilidad de adelantar elecciones, tal como lo pidió la Organización de Estados Americanos, OEA.

Medios tradicionales nicaragüenses se mantienen activos, reportando a su país y al mundo las incidencias de lo que ocurre día a día en ese territorio. La redes sociales se han vuelto sus mejores aliadas a la hora de hacer llegar de inmediato los sucesos más importantes y los que se han revestido de una condena colectiva.

Lo anterior tiene un ejemplo puntual. En la cobertura titulada “Turbas orteguistas queman y matan a una familia en Managua” se describe el horror con el que fue asesinada una familia que se habría negado a dejar entrar a francotiradores oficialistas a su casa, en medio de la batalla que mantenían con opositores a Daniel Ortega.

“Es difícil no tomar partido”, me dice “Flor”, una periodista que pide no ser identificada por temor a un reclamo de sus colegas. De hecho, algunos periodistas del medio antes citado, no responden mucho a las preguntas hechas desde Chile, por su servidora. Parece que los sucesos actuales dan para desconfiar de lo que digan y a quien se lo digan.

En pocas palabras, dos colegas con los que pude comunicarme, quienes laboran para los principales medios opositores en Nicaragua, responden así a mi petición de describirse en este momento periodístico de su vida: “Citarme para qué”, me dijo uno de ellos. “Para que sea más creíble mi relato”, le digo. Ya no hubo respuesta de su parte, pero quiero pensar que fue por falta de tiempo ante tanta convulsión.

En junio pasado, la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) ofreció su diagnóstico del estado actual del periodismo en Nicaragua, alertando sobre la difícil tarea de informar en un país donde la prensa independiente sufre graves violaciones a la libertad de expresión e información.

Una frase que recoge RSF para referirse al tema viene de Cristiana Chamorro, presidenta de la Fundación Violeta Barrios, quien hace alusión a la falta de esclarecimiento del supuesto asesinato de periodistas nicaragüenses que se atrevieron a informar lo que verdaderamente ocurre en su país:

“Los medios independientes no tienen acceso a la información pública. No los dejan entrar a las conferencias de prensa. Cada día tienen mayores restricciones y ante un Gobierno que no rinde cuentas, estamos en una situación en la que no sabemos qué está pasando”.

Manuel Guillén para "La Prensa" de Nicaragua.» width=»1013″ height=»760″ class=»size-large wp-image-29113″ /> Caricatura de «La Prensa» de Nicaragua.

“FUI TESTIGO DE UNA MATANZA”

Álvaro Cruz Rojas es el director del periódico salvadoreño “Diario El Mundo”, un medio que se ha vuelto necesario y visible en redes sociales, compitiendo con los periódicos de mayor circulación, también con fuerte presencia en Twitter y Facebook.

Álvaro es nicaragüense pero vive en territorio salvadoreño desde hace 22 años. Lo llamé desde Chile para que me contara varias cosas, entre estas lo que siente al ver la situación actual de su país natal, es decir, estar tan cerca y a la vez tan lejos de este conflicto.

Recuerda que, de niño, la revolución sandinista encabezada por Daniel Ortega contra Anastasio Somoza estaba en su punto más álgido cuando él apenas tenía 8 años. Era el fin de la década de 1970. Álvaro se trasladó de Managua a Estelí, donde creció, pero con el paso de los meses el conflicto se ponía cada vez más crudo.

“Es un doloroso recordatorio del trauma de mi niñez”, me dice en una conversación telefónica, que sin duda abrió el baúl de las viejas heridas de un periodista activo, que ve hasta cierto punto la historia repetirse en su patria. Esta vez, Ortega está en el lugar que ocupaba Somoza, ese que igualmente se negaba a abandonar.

“La represión del somocismo, de la Guardia Nacional de Somoza, de los estudiantes, de los opositores, de mi misma familia, fue espantosa. Tuvimos que salir exiliados (a Costa Rica) en ese momento. Mi ciudad, Estelí, era pequeña. Tenía 35 mil habitantes y después de una semana de bombardeos, murieron 5 mil personas”.

Un duro recuerdo de niñez, que lo transformó en el hombre periodista del hoy. Mantiene una comunicación directa con colegas nicaragüenses. Sin embargo, el pasado 30 de mayo se encontraba en uno de sus acostumbrados viajes a su país, pero esta vez en el contexto de crisis.

En la denominada “Madre de todas las marchas” en Nicaragua, le tocó experimentar en carne propia la difícil situación a la que se enfrentan civiles y periodistas afines o en contra de Ortega.

“Fui testigo de una matanza, vi a las ambulancias llevar heridos, vi a la gente huyendo. Yo temí por mi vida, pero a pesar de todo aquello vi un pueblo muy decidido y valiente, dispuesto a todo por recuperar su democracia”.

Los periodistas nicaragüenses, como Álvaro, no dudan en descansar su confianza en el poder de la comunidad internacional y los gobiernos que se han pronunciado a la fecha, contra las centenares de muertes que ha dejado este conflicto. Pero más confiados se encuentran con el hecho de que otros países, a través de centros de estudios superiores y demás instituciones civiles, tengan en cuenta que el periodismo actual desde Nicaragua, está dictando una pauta que deja servidas las conclusiones de una crisis que, solo con la opinión pública mundial, será frenada en favor de la paz y democracia.

Javier Valdez fue asesinado el 15 de mayo de 2017. Foto: ProtoplasmaKid.

La verdadera tragedia es que esto no termina nunca. Como las pesadillas.

Pienso en ello mientras veo las fotos que me envían desde Sinaloa, con la multiplicación del rostro de Javier Valdéz, el colega periodista asesinado, que amanecieron esparcidas por toda su ciudad en un grafiti estridente, doloroso, colmado de furia: “¡Justicia!”

Pienso en ello todo el día, mientras recuerdo aquella vez que coincidimos, en Guadalajara, y platicamos largo y tendido, cerveza y complicidades en mano, sobre ese particular periodismo que se rebela —frontal— contra el silencio impuesto en mi país con ráfagas de rabia y balas.

—La censura es una forma de mutilación del alma del periodista— me dijo.

—Y de todos, en general, Javier, la censura nos chinga el alma… a todos.

—Pero a nosotros… antes te amenazaban, ahora al periodista le meten un cañón de AK-47 cualquier narco, matón y policías y militares a su servicio para mutilar, prohibir: no protestes, no digas noescribasnorespires— dijo. Y luego un largo silencio. Porque los silencios también gritan.

No había, lo recuerdo perfectamente, ninguna impostura en sus palabras. Que me desmientan, si no, César Vallejo, Bukowski, Rubem Fonseca, Chandler, Elroy y Marshall Berman que llegaron puntuales a la cita. Carajo: es verdad que todo lo sólido se desvanece en el aire.

Javier estaba lejos de la estridencia mercantilista de muchos otros que hablan de la guerra desde la fantasía, sin que las balas les quemen el pellejo. Él estaba dentro. Totalmente dentro del campo de los chingazos, como llaman en su región a esta carnicería que de tan persistente y eterna ya es infierno.

Y aunque estaba en la trinchera, aunque sintiera “como si siempre hubiera un francotirador apuntándote, esperando, al acecho, para la celada, para jalar el gatillo”, no se rajó, no claudicó y su prosa, su filosofía personal, siempre defendieron a la vida.

Aunque estaba rodeado de muerte, cercado de muerte, atiborrado de muerte, defendía la vida, porque eso hace un periodista cuando denuncia impunidad, complicidad, contubernio, complacencia, que son mecanismos todos de una misma máquina sangrienta en el país de los sueños masacrados.

Pienso en todo eso, mientras veo las fotos del funeral de Javier. Mientras leo el mensaje de su hijo. No dejen solo a mi papá. Mientras me estremezco, otra vez, con las protestas de un puñado —aún reducido, pero cada vez más numeroso— de periodistas de todo mi país que replican mi grito: ¡No, señor Presiente: usted quédese con su minuto de silencio que no nos sirve para nada. Nosotros vamos a gritar: ¡Justicia”.

Pienso en todo eso, mientras reviso las cifras: casi treinta y seis mil periodistas amenazados, insultados o acosados, de algún modo. Principalmente por la “autoridad”. Y eficacia judicial del uno por ciento, para resolver más de ciento veinte crímenes. Uno por ciento. Nada. Absolutamente nada.

Los crímenes contra periodistas en México han creado zonas de hondo silencio en mi país: Tamaulipas, Sinaloa, Guerrero, Michoacán, Chihuahua, Nuevo León, Coahuila, Durango, Veracruz. Son entidades con amplias regiones donde los periodistas sólo pueden difundir información aprobada por los cárteles de la droga, los jefes de la delincuencia organizada, los jefes de la Plaza o los políticos en turno, que son muchas veces una y la misma cosa.

Y si se rebelan, si hacen periodismo, los matan, los secuestran, los desaparecen, los ejecutan con impunidad total y permanente. Como a Javier, como a Regina Martínez, a Miroslava Breach, a Gregorio Jiménez, a Rubén Espinosa, a Anabel Flores, a Moisés Sánchez… a los más de cien periodistas caídos en lo que va de este siglo.

Pienso en eso. Leo el mensaje de mi colega Juan Veledíaz —estoy mal, triste, a ratos lloro, a ratos la rabia me tiene a punto de explotar. Pero aquí voy, ando por todos lados reporteando— uno de los más cercanos amigos de Javier, y pienso en eso.

Claro que lo pienso. Si hasta he llegado a creer que el optimismo es una claudicación en estos casos, con este panorama:

Ni siquiera setenta y dos horas habían pasado desde que México se estremeciera con el asesinato de Javier, y de que el Presidente del país prometiera acciones, los gobernadores de los estados prometieran acciones, los alcaldes de las ciudades prometieran acciones, los diputados y senadores del Congreso prometieran acciones, y ya la verdadera dimensión de nuestra realidad les devolvía sus palabras a la cara. Otro compañero desaparecido.

Desaparecido, el eufemismo para no decir secuestrado por un comando sin rostros, pero armado hasta los dientes. Desaparecido, esfumado, evaporado como el humo de las promesas. Como otros 23 colegas periodistas que desde 2003 no sabemos dónde están. Si aún están.

La verdadera tragedia es que esto no termina nunca. Como las pesadillas.

Pienso en ello como quien mira hacia la ventana, como esperando a que el viento le susurre lo contrario.

Video relacionado: Mónica González rinde un homenaje al periodista Javier Valdez.

Javier Osuna es un periodista. Pero también es un ser humano que canta y escribe sobre las víctimas que han vivido, sufrido y sentido el conflicto armado colombiano. Pese a que ha sufrido atentados fallidos dice que no dejará el periodismo por miedo sino que por viejo.

Cada una de las líneas de “Me hablarás del fuego” es estremecedora y sumamente valiosa para la memoria colombiana. La mayoría de las veces se escucha el relato desde el perpetrador pero poco desde las voces que han estado ausentes. En su investigación relata la atrocidad cometida por los paramilitares en el Norte de Santander, a cargo de Jorge Iván Laverde Zapata, alias “El Iguano” —quien pronto recobrará su libertad—, quien dio la orden de construir los hornos crematorios de Juan Frío en el municipio de Villa del Rosario y en la finca Pacolandia.

Hay una palabra para hablar sobre estas víctimas. Una palabra problemática, indeseada: “desaparecidos”. Esta palabra, dice Javier, implica una profunda espera para sus familiares. “A lo largo de mi relación con sus familiares he aprendido una importante lección: en nuestro país, el uso del término implica casi una sentencia forense, de ley. El desaparecido, lamentablemente, es el muerto que aún no aparece, el que no ha sido localizado, el incómodo de la justicia”.

El desaparecido, aclara Javier, reúne algunas características: “No eligió su destino, fue suprimido por otros del paisaje de la vida. No está muerto, está ausente. Permanece vivo en la memoria de sus seres queridos. Ellos mantienen su habitación intacta, sus juguetes a salvo, sus deudas, sus anotaciones, sus cuadernos, su ropa, en fin, lo esperan. Pero lo esperan como se lo llevaron, no en un ataúd, no en una fosa común, no en cenizas”.

Según los testimonios dados por Iván Laverde a Javier, los hornos fueron creados por el rumor de que el Gaula (Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal) y el DAS (Departamento Administrativo de Seguridad) venían desde Bogotá para hacer allanamientos. Los hornos fueron una estrategia para que no se descubrieran las fosas de los paramilitares en Norte de Santander.

Hicieron una reunión con el grupo que residía en Villa del Rosario para saber qué harían con alrededor de 20 cuerpos que tenían. Entonces “El Diablo”, uno de los integrantes, informó que habían unas ladrilleras abandonadas que podrían ser utilizadas para quemar. La orden de Laverde fue que las organizara. Desenterraron los cuerpos y los incineraron. Eran cuatro paredes y un techo que cubrían un escabroso suceso: desaparición, cenizas y muerte.

Alrededor de 560 víctimas acabaron allí. Javier estuvo en contacto con esposas, hijos y padres. Cada vez que iba a los hornos le pedían que, si veía retazos de tela, las recogiera: eso les recordaba la ropa de sus familiares. Era un forma de realizar el duelo.

REPRESALIAS

Como consecuencia de esta investigación, Javier ha sufrido varias situaciones que han puesto en peligro su integridad. El 22 de agosto de 2014 ingresaron a su apartamento, ubicado en Bogotá, y quemaron su computador y todos los documentos que tenía o había escrito sobre los hornos.

Lo simbólico de la situación —usar el fuego como intimidación— le daba voz a sus autores. Fue un llamado al silencio. Osuna debió comenzar su libro tan solo con la información que reposaba en una USB que él daba como perdida. “Ahí se encontraban los insumos del penúltimo viaje a Norte de Santander, también muchas de las transcripciones que acompañan estas páginas, de las fotos que lo ilustran”, nos cuenta.

Tras este atentado, el 3 de septiembre de 2014 Javier escribió una carta que hizo pública a través Reporteros sin Fronteras, en la que explicaba su situación, pedía al Estado colombiano proteger a sus fuentes y hacía un llamado al reconocimiento del papel de los periodistas.

“Invito a la sociedad en general a valorar este oficio que, como yo, cientos de periodistas regionales realizan poniendo en riesgo su vida en contextos de violencia. No dejaré de hacer mi trabajo, como miles de personas en nuestro país, que soportan diariamente el flagelo de la violencia. Me siento profundamente orgulloso del camino que he trazado con mis manos, acompañado por la valentía de cientos de víctimas que siguen luchando por sus derechos en medio del conflicto”, escribió.

Tras la publicación de la carta una rápida reacción de la Unidad Nacional de Protección colombiana. Si normalmente tardan tres meses en fijar el esquema de seguridad para alguien que recibe amenazas, esta vez lo fijaron en tan solo uno.

El esquema de Javier empezó con un carro particular y un hombre de seguridad que lo acompaña hasta el día de hoy, aunque esto se ha ido reforzando. Uno de sus hombres de seguridad tuvo que ser cambiado luego de que Javier descubriera que tenía nexos con uno de los paramilitares de quien habla en su libro. Según él, esto es una muestra clara de la incapacidad que tiene el Estado para proteger a sus ciudadanos.

Jorge Iván Laverde Zapata está próximo a salir libre. Va a cumplir su pena con tan solo ocho años de privación de la libertad, puesto que se acogió al proceso de desmovilización de los paramilitares realizado en el Gobierno del expresidente Uribe. Esto permitió rebajar la pena principal de cuarenta años a ocho años.

Javier, por su parte, no se detiene. Prepara su siguiente libro, que extenderá la investigación de los hornos y permitirá conocer más de este macabro suceso de la historia de Colombia que aún no ha sido resuelto.

ESCUCHA LA CONVERSACIÓN COMPLETA CON JAVIER OSUNA

Nick Denton, fundador de Gawker.

Después de mucha especulación, ayer jueves [18 de agosto] se confirmó que Gawker, uno de los sitios pioneros del periodismo-blogger, cerrará sus puertas la próxima semana tras ser comprado por la cadena Univision.

En realidad no se trata de una muerte, sino de un asesinato, ya que fiel a la línea editorial que lo hizo infame por 14 años, Gawker no podía bajar las cortinas sin un último gran escándalo: el suyo.

Aunque Gawker había estado bajo fuego muchas veces debido a sus artículos deslenguados (y no pocas veces ofensivos), fue finalmente una demanda del luchador Hulk Hogan por publicar un video suyo teniendo sexo con la esposa de un amigo la que le obligó a pagar una indemnización de 140 millones de dólares. Era más de lo que sus arcas podían resistir, declarándose en bancarrota y poniéndose a sí misma a la venta.

Claro que el asunto no fue tan simple. Más allá de si era lícito o no publicar un video íntimo, pronto se descubrió que el multimillonario alemán Peter Thiel —cofundador de PayPal y primer inversionista de Facebook— financió la querella de Hogan (e incluso otras anteriores) en un esfuerzo deliberado por dañar a Gawker, como venganza por haber hecho público en 2007 que era gay.

Así, tras una oferta compleja debido a que nadie quería hacerse cargo de semejante patata caliente, Univision decidió quedarse con la cadena de blogs de Gawker —que incluyen a Gizmodo, Jezebel y Deadspin, entre otros— por meros US 123 millones.

La cadena latina aseguró la continuidad de estos blogs, pero ayer decidió que Gawker dejará de funcionar, sin que hasta el momento se decida si su archivo se mantendrá o será removido de internet. Al menos, su personal no será despedido sino reabsorbido en otros estamentos de Univision.

Ahora, este cierre deja muchas interrogantes. Sí, puede que Gawker se haya buscado su final, ¿pero es justo que este llegara como un complot de los poderes económicos a los que tantas veces incomodó? Pueden leer a Jack Dickey en Time sobre el excepcional ambiente de libertad que se vivía en Gawker.

¿En qué punto exacto colinda la libertad de expresión con el resguardo a la privacidad de las personas?

Como sea, Gawker marcó una senda en el periodismo digital que luego fue imitada por otros e incluso adoptada por los medios tradicionales, incorporando la ironía, la irreverencia y la participación ciudadana, que hoy son estándares.

Curioso que muchos de quienes remecieron los mercados digitales hayan terminado o sostengan predicamentos judiciales (MP3.com, Napster, Last.fm, MySpace, Uber, Airbnb), sin embargo en todos los casos el resultado fue el mismo: una vez abierta la caja de Pandora, el cambio es irreversible.

Parafraseando a Justin Timberlake encarnando a Sean Parker —creador de Napster— en «La red social»: «No. Las disqueras no ganaron: yo destruí su mercado».

Quizá Gawker algún día pueda vanagloriarse de lo mismo.

Sigue TerraDigitalis en Facebook, un centro de informaciones sobre periodismo, nuevos medios, lenguajes y redes sociales, administrado por Christian Leal.

Sergio Campos. Foto: Radio Cooperativa.

Entre los capítulos más íntimos y pocos conocidos de la vida del locutor se encuentra el relato del tenso interrogatorio en uno de los centros de reclusión y tortura, donde pretendían confesara la activa participación del senador socialista Erich Schnake, el general Bachelet y otros dirigentes políticos de la radio acusados de conspirar contra la fuerzas armadas luego de trasmitir el último discurso de Salvador Allende; memorias dedicadas a amigos y conocidos a quienes ayudó a escapar del país, crimines que tocaron su más cercano círculo social y que debió trasmitir estoicamente tras el micrófono. Una época oscura para la democracia de nuestro país, donde  la radio no solo era una de los pocos canales fidedignos de información, sino también un lugar donde se utilizaban estrategias comunicacionales para salvaguardar la vida de quienes eran detenidos y desparecidos.

Campos nos recibe en las oficinas de Cooperativa en el barrio Yungay. Rodeado de libros y documentos, el periodista matutino dice que el trabajo en TV Senado es más tranquilo que el ajetreado ritmo radial, otro de los trabajos que compatibiliza con su otra gran pasión, la docencia. Como profesor y periodista, Sergio  detalla los alcances de su libro, analizando las falencias de los consorcios comunicacionales, la censura y la lucha por informar como un valor inherente en el periodismo.

—Más que enfocarse en el terror de los acontecimientos durante la dictadura, sus memorias parecieran centrarse en la incertidumbre, en el miedo de no poder informar lo que estaba sucediendo.
Bueno, siempre estuvimos en una situación de incertidumbre porque uno distinguía los tres tipos de censura: la censura previa, la censura represiva y la autocensura. La censura represiva estaba marcada por la arbitrariedad del sensor que decía «no, esta foto no», «este texto no», pero si cambiabas el sensor representante de la misma autoridad, él elegía otra foto y otro texto. Era algo absolutamente arbitrario, no existía una norma, solo la aplicación de la autoridad mediante la fuerza para censurar, eso producía mucha incertidumbre. Por otra parte, estaba la censura previa que impedía publicar determinados contenidos, ya sea en fotografías, en videos, en sonidos o en texto… la tercera era la autocensura, es decir, yo no publicaba “esto” porque me puede pasar algo. O no publico “esto” porque puede afectar al medio de comunicación, porque podían suprimir los avisos, porque podían clausurarnos. Una censura muy subjetiva pero muy potente porque no se sabía en qué momento podía actuar. Todo estaba marcado por la incertidumbre y esa incertidumbre tenía distintos matices, en un momento determinado podían clausurarte para siempre, la suspensión del canal de información era lo más grave, pero también estaba en peligro la vida de las personas, desde la prisión hasta la tortura, como el asesinato de periodistas que ocurrió en muchos casos.

—En ese sentido, a usted lo detuvieron, lo interrogaron e incluso lo amenazaron de muerte. ¿Se podían dimensionar los riesgos que implicaba reportear en ese momento? ¿Acaso tuvo un plan b?
No, el trabajo en radio, y lo mismo en televisión, es un trabajo que se mueve bajo el concepto de la inmediatez y la instantaneidad. Entonces, uno estaba preocupado de hacer la representación de la realidad —que es la tarea del periodismo— más que andar midiendo riesgos o circunstancias que pudieran ocasionar algún traspié en ese sentido. Era un trabajo muy acucioso, responsable, riguroso, pero al mismo tiempo con el riesgo en una especie de convivencia de vida permanente…

—Eso nunca le impidió realizar su trabajo.
Por supuesto que no.

—Hubo detenciones y crímenes de conocidos y amigos, como Manuel Guerrero, uno de los profesores y dirigentes asesinados en dictadura. ¿Cómo consiguió transmitir en vivo la información sin involucrarse emocionalmente con la noticia?
Uno está emocionalmente involucrado, pero  tiene dos alternativas: seguir adelante con la tarea porque significa cumplir con una responsabilidad con la audiencia y la otra, encerrarse en sí mismo y padecer el dolor que significan esos hechos. Yo creo que ahí también hay un elemento que tiene que ver con resiliencia, esa capacidad que uno tiene de poder asimilar ese dolor y al mismo tiempo saber que es mucho más importante poder comunicar a la opinión pública cuáles son los elementos y los hechos que rodean un acontecimiento que tiene connotaciones tan trágicas.

—Sin embargo, muchos periodistas abandonaron esa responsabilidad y desinformaron o entregaron información falsa. ¿Es necesario que los medios de comunicación realicen un mea culpa?
Bueno, especialmente el Mercurio nunca ha dado un mea culpa, ellos justificaron todas las atrocidades de la dictadura, y el silencio que hasta hoy día mantienen significa que ellos consideran que estuvo bien lo que se hizo. Estoy hablando de la línea editorial del diario en una circunstancia que abarca un periodo grande de la historia, 17 años. Naciones Unidas condenó a la dictadura durante todo ese tiempo por violaciones reiteradas a los derechos humanos y eso te revela el contraste entre este silencio cómplice con una realidad concreta que un organismo es capaz de revelar y dejar plasmado para la historia. En el documental “El diario de Agustín” uno puede ver cuál es el trasfondo de esa responsabilidad, de desinformar y al mismo tiempo de mentir con una realidad que se tenía a mano.

—Considerando casos como la querella de la presidenta Bachelet contra la revista Qué Pasa o la Ley Mordaza, ¿cree que en Chile existe actualmente la censura?
Son elementos que forman parte del sistema democrático donde muchas veces hay autocensura, se inhiben de informar o se informa con sesgo. Por ejemplo, en el caso de la revista Qué Pasa hubo un sesgo informativo. Si bien una de las personas, implicadas en el caso Caval, hace una serie de declaraciones sabiendo que la están grabando, la revista solamente captura parte de esa información, es decir, no la pone en contexto, entonces ahí no está claro si hay una manipulación o una autocensura de la información porque se implican en los asertos a la Presidenta de la República. Considero que eso constituye una falta de rigor periodístico, pero al mismo tiempo considero que la querella contra la revista Qué Pasa no tiene ningún sentido en un sistema democrático. Era mucho más plausible que se criticara lo que estoy señalando que plantear una querella. En el fondo lo que se hace es trasladar la responsabilidad final a los tribunales de justicia y eso crea un ambiente enrarecido con respecto a cuál es el nivel de la libertad de expresión y el derecho de la información que existe en Chile. Existe una autocensura que funciona en los medios.

—En su libro usted escribe: “Hay ciertos sectores interesados en tener medios de comunicación para controlar contenidos e instalar determinadas agendas, lo que va más allá del periodismo en sí, puesto que la idea es copar una cuota de poder en los medios de comunicación”. ¿Es la concentración de medios la nueva amenaza para el ejercicio del periodismo?
Constituye una amenaza evidente. Por un parte grandes grupos empresariales que adquieren medios de comunicación, no lo hacen por negocios, sino con el propósito de influir en la opinión pública con su opinión editorial, una mirada que no tiene que ver con el sentido de servicio que deben cumplir los medios de comunicación, el servicio de informar e informar verazmente y con rigor acerca de todos los temas y todas las instancias. Eso se ve vulnerado con la concentración de medios que forma parte de los grupos empresariales que no buscan tener retribuciones económicas sino que pretenden influir en la opinión pública sin explicitarlo. Muchas veces uno ve que hay crónicas o reportajes que se publican en ciertos medios de comunicación y que incluyen la opinión editorial en esos contenidos, lo que es un violación flagrante de la ética periodística porque la opinión de los comunicadores debe estar en los artículos de opinión o en las notas editoriales y no de contrabando en las informaciones que se entregan a las audiencias.

—En ese caso, ¿cree que hace falta una legislación que regule la concentración de medios?
Debería existir una legislación. El Colegio de Periodistas lo está propiciando, pero al mismo tiempo —con respecto a la fórmula que emplean los medios— debería existir una autorregulación y esa regulación debería contar con la participación activa de los periodistas. Hoy día están separados del ente empresarial todos los ejecutivos de los medios de comunicación, del conjunto de los periodistas. Eso no tiene mucho sentido porque los que hacen el contenido de los medios son los periodistas. Entonces, si los periodistas no participan en un proceso de autorregulación no tiene sentido que lo hagan los dueños de los medios. Los dueños de los medios siempre van a estar actuando con un sesgo que va más allá de lo profesional.

—A eso se refiere cuando afirma que “si no hay reflexión en los periodistas, hay desinformación en las audiencias”. Pero, ¿cómo podemos compatibilizar tal rigurosidad con la inmediatez que exigen los editores y la sobreinformación de las redes sociales?
Uno no se puede escudar en la inmediatez o la instantaneidad porque tienes que prepararte lo suficiente como para enfrentar el compromiso de aportar en el desarrollo del relato, datos que sean precisos, que tengan el rigor periodístico y que provengan de fuentes que son altamente confiables y verificables. Cuando haces una nota y la transmites a los pocos instantes tienes que tener el mismo rigor que un periodista con cierta experiencia, teniendo fuentes en las que puedes confiar, aquellas que te dan la certeza de que lo que estás entregando es real.

—En ese sentido, usted cree que las redes sociales más que ser un aporte representan una desventaja, ¿no?
Una perversión que existe hoy día es pensar que las redes sociales son las fuentes que te entregan la verdad. Las redes sociales son un referente, forman parte de la realidad y te pueden incentivar a investigar un hecho determinado, eso nadie lo puede negar, pero las redes sociales no son la primera y única fuente de información. Eso es un error muy grave. Creo que cuando los periodistas dan a conocer una información proveniente de las redes sociales como única fuente, se está vulnerando la confianza de la audiencia y eso es grave.

—En sus memorias también trata temas de actualidad, analiza la lucha educacional, el desencanto con la política y la desigualdad. ¿Cree que el proceso democrático nos quedó debiendo?
La democracia en Chile es un proceso como el que Carlos Huneeus describe en su libro «La democracia semisoberana». No existe una democracia que haya alcanzo la madurez y la soberanía que se requiere en un país que tenga democracia plena. Por ejemplo, recién hoy día estamos legislando sobre la transparencia, sobre las situaciones irregulares que se han presentado de este matrimonio perverso entre la política y el dinero, recién estamos discutiendo estas maniobras que se han hecho para abultar las pensiones de gendarmería. Algo que en el fondo significa propiciar una sociedad donde el norte no es la equidad sino la desigualdad. Esas situaciones nos revelan que falta mucho camino todavía por recorrer, tanto en transparencia como en la equidad, un fenómeno que debería preocuparnos a todos nosotros en todos los ámbitos de la vida, en especial al periodismo.

La voz de la radio está llamando
Sergio Campos
Aguilar
2016