*Este reportaje fue realizado en el marco del curso Taller de Reportajes y Perfiles de la carrera de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), impartido por el profesor Juan Pablo Figueroa.

Gabriel Boric era, por entonces, un diputado que se había alzado como la carta presidencial del Frente Amplio. Era 2021, en pleno período de campaña, y en medio de la vorágine de actividades, se dio el tiempo para reunirse con profesoras y profesores de Chile. Lo hizo a través de una reunión por Zoom en la que enfatizó su diferencia con los gobiernos que le antecedieron. Él pretendía alzarse entre los docentes como la carta que resolvería una las principales demandas de ese sector: la millonaria deuda histórica que se arrastra desde hace más de 43 años.

“Nuestro equipo está comprometido con esta reparación, a diferencia de quienes les han cerrado la puerta durante tanto tiempo (…) En nuestro gobierno va a haber una reparación y reconocimiento al daño que se les ha causado”, dijo en la reunión en que también estaba presente Antonia Orellana, parte de su comando y actual ministra de la Mujer y Equidad de Género.

Por esa promesa y otras más, un grupo importante de integrantes del Colegio de Profesoras y Profesores, así como también docentes que durante décadas han exigido el pago de la deuda que viene desde que la educación pública se municipalizó en dictadura, le entregaron el apoyo a Boric. Confiaban y esperaban que cumpliera su palabra. Mal que mal, estaba en su programa de gobierno:

Apruebo Dignidad Plan N°10: “Repararemos la deuda histórica con el profesorado de Chile, partiendo durante el primer año de gobierno por las y los docentes de mayor edad, para terminar, beneficiando a un total de casi 60.000 docentes afectados al final de nuestro mandato”.

Lo que salía en el papel no ocurrió. Boric lleva poco más de dos años de mandato, y no ha logrado cumplir esa promesa de campaña, algo que asumió durante su Cuenta Pública de 2023, cuando aseguró que “el Estado de Chile no cuenta hoy con los recursos suficientes para hacerse cargo de toda esta reparación, y por ende necesitamos allegar más recursos con la Reforma Tributaria. De aprobarse esta, inmediatamente presentaremos un proyecto para cumplir con este compromiso. Invito a esta sala y a quienes murmuran a ser parte de este noble y necesario gesto de reparación”.

Pero no hubo Reforma Tributaria; se cayó en el Congreso en marzo de 2023 y, con ello, gran parte del financiamiento que el gobierno esperaba tener para llevar adelante su agenda.

A pesar de eso, a casi un año de esa declaración, el Presidente sí hizo algo histórico, algo que ningún otro mandatario antes que él había hecho: reunirse en La Moneda con representantes del Colegio de Profesores y Profesoras para conversar sobre el tema. Esto sucedió el 15 de marzo, aunque no dio ninguna fecha ni un plan de proyecto para esta demanda.

“Hay compromiso incumplido. El candidato Boric comprometió una solución reparatoria a la deuda histórica. Luego, como presidente electo, reafirmó que eso iba cumplirse. El Presidente en ejercicio en dos oportunidades señaló que se iba a cumplir el compromiso de la deuda histórica y, cuando asumimos como directiva el 8 de enero, nos encontramos con el último compromiso incumplido, que era que en diciembre de 2023 se iba a dar una solución reparatoria”, dijo Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores al salir de esa reunión.

Incertidumbre y frustración es lo que han manifestado un grupo importante de profesores afectados por la deuda. Mientras, al gobierno se le abrió un flanco político: ¿cómo tratar de cumplir la promesa en el escenario actual? En materia de Educación, este será quizás –junto a la polémica condonación del Crédito con aval del Estado (CAE)– uno de los temas que más expectativas generan de cara a la Cuenta Pública que dará el Presidente Boric este sábado 1 de junio.

El ministro de Hacienda Mario Marcel, ante la consulta para este reportaje, solo se limitó a señalar que “esto es parte de la agenda que está desarrollando el gobierno”.

Años de lucha

En 1981, el mismo año en que el Ministerio de Educación (Mineduc) comenzó el proceso de municipalización de la educación pública, el régimen de Augusto Pinochet emitió el Decreto Ley 3.551, que fijaba normas para las remuneraciones de funcionarios fiscales. En su artículo 40, el documento contemplaba a los profesores dependientes del Ministerio de Educación, y establecía que recibirían una asignación especial de entre el 50% y 90% de sus ingresos, incluyendo su sueldo base y otras asignaciones establecidas por ley.

Sin embargo, los y las profesores no recibieron el reajuste salarial contemplado en ese artículo; fue desconocido por los nuevos administradores de los establecimientos, es decir, los municipios. Con esto, los profesores perdieron su calidad de empleados del Estado, lo que tuvo impacto directo en sus beneficios salariales, en sus pagos previsionales y, en consecuencia, en las jubilaciones que hoy reciben.

Según datos del Colegio de Profesores y Profesoras, son cerca de 76 mil los profesionales afectados, pero de esa cifra son cerca de 14 mil los que han fallecidos esperando una respuesta. Estos datos fueron dados a conocer en 2017, cuando se publicó el listado completo de los docentes afectados vivos y fallecidos. Las cifras, por supuesto, han variado desde entonces.

Docentes jubiladas se manifiestan frente a La Moneda (FOTO: José Venegas)

Han pasado diferentes gobiernos desde el retorno a la democracia que han desconocido esta demanda y se negaron a entregar una reparación. En 2009, Andrés Velasco, ministro de Hacienda del primer gobierno de Michelle Bachelet, incluso desconoció que la deuda siquiera existiera: “No existe una deuda histórica, ni moral, ni tampoco legal con el profesorado del país”.

Nicolás Eyzaguirre, cuando fue ministro de Educación al comienzo de la segunda administración de Bachelet, abordó el tema y entregó posibilidades de llegar a un acuerdo, sin embargo, antes de concretarlo fue cambiado de cartera para hacerse cargo de la agenda legislativa del gobierno como ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres). Posteriormente, en 2017, su sucesora en el Ministerio de Educación (Mineduc), Adriana Delpiano, desconoció esta demanda, señalando que el Mineduc no tiene “nada más que hacer” con el tema y que no solo los profesores sufrieron un prejuicio en esa época. La situación fue empeorando con el gobierno de Sebastián Piñera, periodo en el que no existió ninguna propuesta para abordar el problema.

El ex vicepresidente del Colegio de Profesores y Profesoras, Hugo Geters, sostiene que uno de los problemas de la deuda histórica, en parte, es su origen, por lo que tiene un carácter ideológico. “Este bono tiene un carácter ideológico, porque la derecha se cierra en general a pagarlo”, asegura.

De ahí que en 2022 volviera, para muchos, la esperanza con la asunción de Gabriel Boric, en especial cuando a un mes de iniciado mandato, el Mineduc puso a disposición una plataforma para que docentes consultaran online si ya eran parte de la nómina o, bien, solicitar su inscripción en caso de no serlo. Sin embargo, como se ha mencionado durante todo este reportaje, esa reparación aún no se ha concretado por parte del gobierno y muy difícilmente ocurrirá, aunque eso aún está por verse.

La esperanza sigue

“¡Y la deuda que la paguen, y la deuda que la paguen, ahora ya, ahora ya!”, canta un grupo de profesoras que se reúne todos los jueves desde hace 18 años en la Plaza de la Constitución para exigir frente a La Moneda, ya no un pago como les debiera corresponder, sino que, simplemente, una reparación a su demanda. Ellas están constantemente allí, esperando una respuesta del gobierno mientras resisten las condiciones climáticas que sean: lluvias, frío, viento, calor; lo que se requiera hasta conseguir una solución.

A pesar de que aún no hay claridad en cómo se va a resolver esto, Patricia Muñoz, vicepresidenta del directorio nacional del Colegio de Profesores y Profesoras, se muestra confiada. “Yo, la verdad, tengo mucha fe en que las cosas van a salir. No lo que uno soñaría, pero van a salir en una forma digna, como dijo el Presidente. Soy una de las mujeres que cree en él”, señala.

Grupo de docentes jubiladas que todos los jueves se reúne para manifestarse frente a La Moneda, en la Plaza de la Constitución, en demanda a una solución a la deuda histórica. (FOTO: Colegio de Profesores y Profesoras)

No es la única. Patricia Garzo, profesora jubilada y vocera del grupo de docentes que todos los jueves protesta en la Plaza de la Constitución, es otra de las maestras que aún confía en que Boric cumpla su compromiso, pues es, al final, la administración que más los ha acercado a una resolución. “El gobierno del Presidente Boric es el que nos ha dado más esperanza”, dice.

En todo caso, también hay quienes, más que confianza, sienten que es una promesa cuya concreción deben exigir. Paola Ossandón, vicepresidenta metropolitana del gremio, es una de esas personas, y dice: “Nosotros, como Colegio de Profesores, le dimos nuestro apoyo porque el hizo un compromiso con nosotros antes de ser Presidente”.

Boric les ha dado ilusiones a miles de docentes que aún pese a no tener una respuesta concreta, creen en él. Un grupo importante le dieron su voto, le dieron toda la confianza, apostaron todo para que de una vez por todas un gobierno se haga cargo de esta demanda. No darles una respuesta a los maestros afectados, sería un gran golpe para ellos.

¿Y si no hay respuesta?

Consultado por Puroperiodismo para este reportaje, el presidente del Colegio de Profesores y Profesoras, Mario Aguilar, dice que “nosotros estamos muy intranquilos (…) pero, para ser justos, en la última reunión el Presidente no comprometió nada para las próximas semanas, sino que dijo que en los próximos meses [el Ejecutivo] enviaría un proyecto de ley”. Para ellos esta respuesta debiera darse a finales del primer semestre, y quizás tener algún anticipo en la Cuenta Pública de este año, con la esperanza de que esa promesa se cumpla durante este período presidencial.

¿Y qué pasaría si esa promesa, finalmente, no se cumple? Ante ese escenario, el presidente del gremio docente señaló que sería “muy lamentable” que Boric no respondiera a esta demanda. Para Aguilar, el incumplimiento de la reparación a la deuda histórica significaría que “la palabra de la autoridad no tiene valor alguno y, evidentemente, nosotros tendríamos que explorar otro campo de acción y, probablemente, no quede otro más que los tribunales internacionales”.

Ese camino no sería nuevo. En noviembre de 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) falló a favor de un grupo de más de 800 maestros que recurrieron a esa instancia para exigir que el Estado chileno se haga responsable de la deuda y ejecute sentencias judiciales que ya les habían reconocido ese derecho. En su veredicto, la Corte declaró “responsable internacionalmente al Estado de Chile por las violaciones a diversos derechos en perjuicio de 846 profesores y profesoras de las Municipalidades de Chañaral, Chanco, Pelluhue, Parral, Vallenar y Cauquenes”.

En síntesis, lo que la CIDH señaló es que “el Estado de Chile es el responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales, y a la propiedad de los docentes, así como el deber reforzado de garantizar la debida diligencia en el acceso a la justicia de las personas mayores”. Por ello, se condenó al Estado chileno a ejercer diversas medidas reparatorias, entre ellas, el «pago directo a las víctimas del caso o a sus derechohabientes, las sumas todavía debidas en tres tractos anuales, empezando a contar el primer tracto en el plazo de un año de notificada la sentencia».

Esta reparación va directamente a las 846 personas que participaron en el recurso ante la CIDH, y no al universo total de docentes afectados. Los primeros pagos ya se hicieron en diciembre de 2021 y de 2023, y el último debiese darse a fines de 2024.

En cuanto a qué sucederá con los demás, la respuesta aún está en un limbo y, muchos esperan que al menos parte de lo que viene se dilucide este sábado cuando el Presidente Boric se dirija a la nación para rendir su tercera Cuenta Pública. Después de eso, los y las profesoras sabrán mejor cuáles serán los pasos a seguir.

Gabriel Boric es el presidente más joven de la historia de Chile. Viene de la lejana Magallanes y se ha rodeado de un gabinete que une la izquierda que no gobernó con la centroizquierda tributaria de la Nueva Mayoría; parte con mayoría de mujeres, viene con vocación feminista y con el protagonismo de sus compañeros de la lucha estudiantil. Y este domingo 19 de junio cumple sus primeros 100 días en La Moneda.

¿Cómo ven los chilenos y chilenas esta primera etapa del nuevo gobierno? ¿Siguen vigentes las expectativas de quienes votaron por él? Y quienes no lo hicieron, ¿cómo evalúan este período y cómo ven lo que viene? Esas fueron algunas de las preguntas que el periodista Roberto Herrscher, profesor del curso Introducción al Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado, le planteó a sus estudiantes, todos y todas recién ingresados a la carrera durante este 2022. En cada una de las tres secciones del ramo se debatió qué voces debían hablar de este inicio de un gobierno –hasta cierto punto– fundacional, y se plantearon el desafío de salir en busca de esas voces para construir un mapa coral que muestre la diversidad de miradas sobre una realidad que atañe a todos y todas quienes viven en Chile, pues es, con lo bueno, lo más o menos y lo malo, un momento de cambios históricos.

Cada grupo eligió representantes de diversos sectores de la sociedad: aquí hay dueñas de casa, estudiantes y profesores, enfermeras y administradores de edificios, un gendarme y líderes feministas, obreros, jubiladas y dirigentes ambientales. Está también un ex ministro y una convencional constituyente en ejercicio. Habla un niño de 13 años que en algún momento fue un fenómeno viral y que hoy se erige como influencer, así como también una abuela que recuerda el gobierno de Allende porque el mismo Boric le recuerda a él.

Son 22 testimonios de personas entrevistadas por los y las estudiantes y que, a través de monólogos en primera persona, cuentan cómo vivieron las elecciones, el cambio de gobierno y las primeras semanas de la administración del Frente Amplio. Qué esperan, qué temen.

Hay voces ilusionadas, contentas; otras enojadas o decepcionadas. Sentimientos comunes y cotidianos de gente común y cotidiana, pues aunque en los textos que siguen encontrarán algunos de los rostros típicos de los matinales, también perfiles que no suelen consultar los medios; la cosecha por partes de alumnos y alumnas que recién comienzan su incursión en la formación periodística de las voces que definen el tiempo presente.

Equipo

Este miércoles 1 de junio, cuando se cumplan exactos 82 días desde su llegada a La Moneda, el Presidente Gabriel Boric llevará a cabo por primera vez en su mandato la tradicional Cuenta Pública frente al Congreso Pleno, diversas autoridades y la ciudadanía. Será su primera prueba de fuego en un contexto marcado por diversos frentes abiertos que no ha podido aún cerrar ni controlar.

Por una parte, está su acelerado desplome en las encuestas de opinión pública –la última Cadem arrojó un 57% de desaprobación–, situándolo como el mandatario con la caída más abrupta en los últimos años. También están

los constantes cuestionamientos al manejo de su gobierno en materias de seguridad y orden público, producto de la generalizada alza de la delincuencia y, sobre todo, los errores, idas y vueltas en la toma de decisiones para hacer frente a la violencia desatada en la llamada macrozona sur.

A lo anterior se suman los reiterados errores comunicacionales de varios de sus ministros, siendo la más expuesta la ministra del Interior, Izkia Siches, lo que le ha implicado al Ejecutivo la apertura de diversos flancos políticos. Lo anterior ha derivado, incluso, en la intervención a su cartera y la incorporación a puestos clave de figuras de la ex Nueva Mayoría, como la socialista Ana Lya Uriarte, ex jefa de gabinete de Michelle Bachelet.

En la antesala a lo que será el discurso de Boric ante la nación, Puroperiodismo conversó con el abogado, analista político y columnista, Gonzalo Cordero –quien también es consejero asesor de Libertad y Desarrollo y miembro del directorio de TVN–, para profundizar y analizar respecto a la situación actual del gobierno en sus primeros tres meses.

Gonzalo Cordero, abogado, analista político y columnista.

–El gobierno de Gabriel Boric se acerca a cumplir 100 días. ¿Cómo califica el cumplimiento de las promesas de campaña durante este periodo?

Creo que los primeros tres meses de gobierno del presidente Boric han sido decepcionantes. Un gobierno cuyos principales exponentes vienen criticando muy duramente y hace muchos años el modelo de desarrollo, el sistema político y que además es gente joven, por lo que imaginaba que iba a ser un gobierno que entraría con mucha energía, voluntad de cambio e ímpetu de hacer las cosas de una manera distinta y ha caído, a mi juicio, en el peor de los mundos: no hacen nada; no las hacen de una manera distinta ni las hace como se han hecho tradicionalmente. Es un gobierno que ha caído, fundamentalmente, en la inactividad.

–¿En qué frentes ve esa “inactividad”?

En cuanto a la gestión de la pandemia, el gobierno desapareció. Dejó de ser un actor relevante en su información y conducción, y da la impresión de que la pandemia se conduce más o menos administrativamente y no políticamente. En materia económica se ha encontrado con una situación compleja, con una inflación muy alta para los parámetros de Chile y, por lo tanto, con la imposibilidad de seguir dando los bonos que ellos hace meses ellos exigían al gobierno de Sebastián Piñera. Uno podría definir la conducción del ministro de Hacienda, Mario Marcel, como bastante conservadora, pero se vuelve a lo del principio: no coincide con las expectativas que había respecto del gobierno. Mientras, en La Araucanía el gobierno pensaba que el cambio de signo político iba a generar por sí mismo un efecto pacificador y no lo generó, sino que todo lo contrario. Esto ha llevado al Ejecutivo a la fuerza a asumir el problema como uno urgente de orden público, pero el gobierno no cree en eso, entonces tampoco lo hacen con convicción. Primero trata no decretar un estado de excepción constitucional, después decreta uno con limitaciones.

–Ayer se renovó ese estado de excepción, tras el asesinato del trabajador forestal Juan Segundo Catril la semana pasada.

La declaración de la ministra Izkia Siches de que nunca se había visto un atentado contra civiles es una declaración que da cuenta de lo que hay en el fondo del pensamiento del gobierno: creía que el problema del conflicto de la Araucanía era un conflicto con motivo de la represión y militarización en la zona, y que por lo tanto, si cambiabas esa lógica represiva, ibas a obtener per se una pacificación. Y se encuentran que, de un día para otro, un trabajador perteneciente a la misma etnia mapuche es asesinado.

«Para el plebiscito de salida, tanto el Apruebo como el Rechazo tienen un 45% ya asegurado, por lo que lo va a definir ese 10% que está entremedio, y en ese 10% la aprobación del gobierno es determinante. Ese porcentaje va a votar a favor o en contra del gobierno, no de la Constitución. Creo que es el factor más determinante de todos.»

–¿Se podría afirmar que decretar estado de excepción en La Araucanía es una derrota ideológica y política para el gobierno?

Tengo la impresión de que el gobierno no tiene cómo no mantener el estado de excepción y creo que mantenerlo acotado va a ser objeto de críticas fuertes, porque con el estado de excepción acotado mataron al trabajador la semana pasada. Además, un estado de excepción acotado es ridículo, porque tú no le dices a la gente, a los que realizan atentados o a los que roban madera adónde van a estar los militares. A mi juicio, si el gobierno mantiene el estado acotado, que es lo mínimo a lo que está obligado hacer, políticamente va a ser una derrota y lo va a dejar entre la espada y la pared: por su lado izquierdo lo van a criticar por mantener el estado de excepción y por su lado derecho lo van a criticar por mantenerlo acotado. Entonces, si no lo mantiene, va a tener al 85% de la gente de La Araucanía y al 80% del país en contra. Si lo lleva a un estado de emergencia normal, va a tener a toda la oposición a favor, pero a todo su electorado natural en contra.

–¿Qué temas cree que marcarán la primera Cuenta Pública del Presidente Boric?

Lo que él diga en materia de seguridad y orden público; lo que diga respecto a La Araucanía, a la delincuencia en general, el narcotráfico, la inmigración ilegal y todo lo que tenga que ver en ese ámbito, creo que será fundamental. Además de todo lo que comente en materia económica: cómo va a enfrentar la inflación, la crisis que viene, el desempleo, cómo va a recuperar la inversión, cómo transitamos de los dos años de pandemia a una situación económica más normalizada en medio de una crisis… Lamentablemente, veo que esos dos temas son los más incómodos para él, donde tiene menos credibilidad y más problemas internos. Al Presidente le habría venido bien que el país estuviera con un crecimiento de 4% o 5% y que, el tema estuviera con una demanda de más igualdad, de más equidad. Pero cuando el problema no es ese, sino que es un país estancado, con una crisis económica a la vuelta de la esquina, con una inflación y desempleo crecientes, es la cancha más incómoda. Y tiene dos alternativas: hacerse cargo de estos temas o tratar de poner otros en la agenda, como la nueva Constitución, los derechos sociales y todo eso. Sin embargo, me temo que si hace eso se va aplicar la frase de la campaña de Bill Clinton, it’s the economy stupid.

Expectativas y gobernabilidad

–Una de las promesas de campaña fue refundar Carabineros, lo que se ha diluido en el último tiempo. ¿Cómo estos detalles han afectado la percepción ciudadana del gobierno?

Este es un gobierno cuya base electoral tiene mucho que ver con Plaza Italia o lo que ellos llaman Plaza Dignidad, y con esa voluntad revolucionaria, lo que está provocando una tensión al interior del gobierno que, creo, es insostenible. Es muy difícil equilibrar al gobierno con la presencia del Partido Comunista (PC) y del Partido Socialista (PS) dentro de la coalición del gobierno. El Presidente Allende lo intentó y no lo logró, y no creo que el Presidente Boric tenga la capacidad de lograr lo que Allende no. Desde ese punto de vista, hay una tensión muy fuerte respecto de con quién gobierna. El problema es que su círculo de confianza más íntimo –Camila Vallejos, Giorgio Jackson, Karol Cariola y otros– son personas de un mundo que no se siente cómodo con los Escalonas o los Elizaldes, por lo que antes o después se va a encontrar con una terrible disyuntiva: si salva su gobierno o salva sus vínculos personales.

«Y el problema del gobierno es que cada vez que cometen un error comunicacional y dicen cosas que no calzan con la realidad, aparecen como incompetentes para gobernar y lamentablemente cargan con esa mochila.»

–¿Este problema vendría por la inclusión de partidos de la ex Nueva Mayoría o por falta de liderazgo y/o gobernabilidad del Presidente?

El gobierno tiene un problema de gobernabilidad y eso está dado por el hecho de que el PC y una parte del propio Frente Amplio (FA) entienden que es su proyecto transformador, lo que choca con la percepción de la mayoría del país. La gente vota por diferentes razones: uno no tiene que creer que porque un 55% de las personas votó por Boric, hay un 55% que quiere un proyecto revolucionario. Eso lo puede querer el 20% o 25% de esos votantes, que ya es mucho, pero el otro 75% no. Entonces, en la medida de que el Presidente persevera en esa línea, empieza a sufrir un costo en popularidad gigantesco que empieza a repercutir también en gobernabilidad. Eso lo paraliza políticamente y eso es lo que le dice Camilo Escalona [a través de una entrevista en El Mercurio], que su tabla de salvación es el PS, que le dará estabilidad, que tiene quilla, profundidad. Pero para Boric, hacer al PS el partido eje de su gobierno es sacrificar a la persona para salvar al político.

–¿En esa ecuación se sumarían los errores comunicacionales de sus ministros, como los de Izkia Siches y Jeanette Vega?

Mucho. Uno siempre debe tener mucho cuidado de no validar a los estereotipos que te afectan. Si tú eres de derecha debes tener mucho cuidado con decir algo que te haga parecer alguien muy frío, alguien a quien no le importan las personas, alguien para quien la economía es más importante que la gente. Un tipo de izquierda debe tener mucho con cuidado con parecer incompetente para gobernar, incapaz de dar seguridad y orden público, incapaz de generar empleo y dinamismo económico. Y el problema del gobierno es que cada vez que cometen un error comunicacional y dicen cosas que no calzan con la realidad, aparecen como incompetentes para gobernar y lamentablemente cargan con esa mochila.

–Escalona le ofrece “una tabla de salvación” al gobierno ante un Frente Amplio que no tiene experiencia política. ¿Puede eso afectar su gobernabilidad y explicar el desplome significativo en las expectativas?

Hay que ser justos: no es lo mismo comparar los ‘90 con el 2022. El mundo no es el mismo ni la sociedad es la misma. Para nosotros era inimaginable que un presidente tuviera un 7% de apoyo y Piñera llegó a tener un 7%. La sociedad actual es mucho más volátil y, probablemente, lo que estamos viviendo es un nuevo funcionamiento, una nueva cultura. Es más, lo que estamos viendo ahora es más comparable con lo que se viene para adelante que con el pasado, lo cual no quita que le genere un problema serio el gobierno. Porque claro, el gobierno se va a enfrentar al plebiscito de salida de la nueva Constitución en tres meses, y si a los seis meses de gobierno el Presidente Boric se encuentra con que su gran proyecto –que es la nueva Constitución– es derrotado y que, además está con un 15% de apoyo en las encuestas, y sumado a eso está con una crisis de las dos coaliciones que gobiernan, el escenario no puede ser más catastrófico para él. El gobierno tiene que jugarse el todo por el todo en ganar el plebiscito y así lograr tener un reimpulso.

Plebiscito e impuestos

­­–Estos primeros meses de gobierno y su baja aprobación, ¿podrían afectar en lo que pueda decidir la ciudadanía en el plebiscito de salida de la nueva Constitución?

Completamente. Uno tiene que pensar que para el plebiscito de salida, tanto el Apruebo como el Rechazo tienen un 45% ya asegurado, por lo que lo va a definir ese 10% que está entremedio, y en ese 10% la aprobación del gobierno es determinante. Ese porcentaje va a votar a favor o en contra del gobierno, no de la Constitución. Creo que es el factor más determinante de todos.

–La reforma tributaria fue uno de los ejes centrales en la propuesta de campaña, incluso el ministro Marcel señaló que estaría para junio y aún no la ingresan. ¿Cree que es justificado este retraso y qué impacto tendrá?

Es justificado, totalmente. Al gobierno, con el tema tributario, le está pasando lo mismo que le pasó con La Araucanía: tienen una imagen que no calza con la realidad y hoy día se están enfrentando a esa realidad. En la estructura tributaria actual, las rentas altas tienen un impuesto marginal de 45% y subirlo al 50% o pasarlo es muy difícil. Si subes la tasa marginal un 5% al tramo más alto, que son pocas personas, y comienzas a ver cuánto vas a recaudar para los problemas del país, te das cuenta que no es nada. La segunda alternativa es subirles el impuesto a las empresas, pero Chile tiene una de las cargas tributarias más altas de la OCDE, por lo que queda una tercera alternativa que los expertos dicen mucho, que es ampliar la base, o sea, hacer que la clase media pague impuestos, lo que sería de una impopularidad brutal y que, significaría darle en bandeja el discurso a la derecha. En resumen, el gobierno está en un zapato chino en el tema tributario, porque necesita más recaudación, pero, en la práctica, no es fácil recaudar.

Vestido completamente de negro con zapatos color café, Gabriel Boric, luego de emitir su voto, dijo que “esto no se trata de una persona, se trata de un proyecto colectivo, de construir un Chile justo (…) que la gente entienda que ella es la protagonista de esta historia”.

Luego de esto, el candidato embarcó en vuelo a para encontrarse con su equipo y concentrarse en el comando ubicado en la comuna de Providencia. No se supo más de él hasta su aparición, ya entrada la noche, en el escenario para dar su discurso luego del triunfo.

«Esperanza por sobre el miedo»

La tarde avanzaba y en el comando de Apruebo Dignidad comenzaba a verse más movimiento. Los adherentes al candidato llegaban con banderas de la campaña, banderas LGBTQ+ y pañoletas verdes pro-aborto. Desde el interior del comando, el ahora electo diputado por el Distrito 10, Gonzalo Winter, se refería al inminente paso de Gabriel Boric a la segunda vuelta: “Tengo toda la sensación y la certeza de que esa segunda vuelta va a ser ganada por Gabriel Boric que representa a ese país que quiere cambios, que quiere avanzar, y que ha puesto la esperanza por sobre el miedo”.

Las cifras entre Boric y Kast se acercaban, las pruebas de sonido en calle Santa Isabel continuaban y más gente se unía a la espera de los resultados. La constituyente Beatriz Sánchez y la actriz Mariana Loyola comenzaban a animar el momento, mientras todos los asistentes ondeaban sus banderas y entonaban gritos a favor de Boric y cánticos propios del estallido social.

Entre estos, Camila Vallejo, ex diputada del Partido Comunista y parte de la coordinación política de la campaña de Boric, habló con Puroperiodismo sobre las posibles alianzas con excandidatos que se podrían crear para enfrentar la segunda vuelta, y mencionó que “también es importante la disposición de ellos y ellas, pero principalmente [vamos] mirando al electorado, porque son los que votan finalmente. Tengo la impresión de que muchos apostaron por esos liderazgos en primera vuelta atendiendo los programas y a las apuestas de cambio. No me cabe duda que hay una posibilidad tremenda de motivar y cautivar también a esos electorados en torno a las ideas programáticas, podemos construir un proyecto común mucho más amplio”.

Luego de las presentaciones de Inti Illimani y La Sonora de Tommy Rey, la multitud esperaba ansiosa al candidato. Se escuchaba que estaría esperando a que hablara primero José Antonio Kast desde su comando en la comuna de Las Condes. La música seguía sonando, las banderas seguían ondeando. En un momento, Tommy Rey, el alias del vocalista de la famosa banda de cumbia, comenzaba a bajar la voz y la música. Llegaba el momento de la aparición del candidato Boric, quien se presentó en el escenario junto a su pareja, Irina Karamanos​​, antropóloga y delegada metropolitana del Comité Central de Convergencia Social, con quien se dejó ver públicamente por primera vez sobre el escenario; también parte de  quienes lo han acompañado en este camino y se sumaron a su campaña: Izkia Siches, presidenta del Colegio Médico de Chile; Macarena Ripamonti, alcaldesa de Viña del Mar; Camila Vallejo y Giorgio Jackson, quienes forman parte de su comando y fueron sus compañeros dirigentes durante las manifestaciones estudiantiles del año 2011.

«Somos el mejor camino»

En su discurso, donde aceptaba su segundo lugar y su paso a la segunda vuelta, Gabriel Boric mencionó que “nuestro deber hoy es convencerlos de que somos un mejor camino para construir un país más justo, y que, sin abusos ni privilegios de unos pocos, es posible tener un país que otorgue dignidad a todos su pueblo y no solamente a una pequeña minoría”.

También, hizo alusión a su contendor, José Antonio Kast, al decir que “no salimos a la calle para que todo siga igual, para que nos digan que sólo las mujeres casadas pueden tener acceso a uno u otro beneficio, (…) para que obliguen a la mujer violada a parir, a ser madre y se retroceda en el derecho de decidir sobre sus cuerpos, o para que al final del día, se terminen persiguiendo las ideas de quienes piensan distinto, como propone el candidato de al frente”.

Agregó que “tenemos mucho por hacer y un futuro por ganar, que viva Chile y su pueblo trabajador esforzado, que vivan las mujeres de la patria, con su trabajo invisibilizado durante tanto tiempo, que vivan los jóvenes que quieren cambiar el mundo y los viejos que nos enseñan de sus experiencias, de sus fracasos y de sus aciertos”

“Compañeras y compañeros, la esperanza le va a ganar al miedo. Seguimos”, finalizó.

Por Sofía Martínez, Valentina Orellana y Francisco Romo*

*Esta crónica fue realizada por estudiantes de segundo año de la carrera de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado, en el marco del Taller de Crónicas y Entrevistas, impartido por el profesor Roberto Herrscher.

El sábado 13 de noviembre, el Frente Amplio y el Partido Comunista (PC) convocaron a una “Caravana Distrital” que se desarrolló alrededor de cuatro comunas del distrito 9: Cerro Navia, Renca, Conchalí y Recoleta.

Ese día, en Conchalí, el ambiente se notaba precario en un inicio. El Parque Arboleda de El Cortijo se encontraba con baja audiencia, casi desierta, sin mucho ánimo de celebración. Antes de que llegaran los candidatos, se encontraban sentados en una esquina de la plaza un grupo de vecinos con banderas del diputado comunista y hoy candidato a la reelección, Boris Barrera, que esperaban su llegada cantando canciones de Illapu, mientras que otros fumaban o bailaban al son de la música.

Gloria, una vecina de El Cortijo, fue la única que quiso dar su opinión, señalando que Barrera era “un gran vecino”, además de “buen servidor público” y que “merece totalmente salir reelecto” junto al candidato presidencial del pacto Apruebo Dignidad, Gabriel Boric. Ella estaba segura de que los votos de todos los vecinos presentes iban para ellos.

En un escenario móvil montado en un camión y una caravana de autos con globos rojos, llegaron poco después los diputados Karol Cariola y Boris Barrera, ambos del PC, para iniciar la actividad. Boric no podía: se encontraba recién abandonando su cuarentena por Covid-19. Ellos debieron tomar el mando del acto y, rodeados de música en vivo y discursos, dieron inicio al fin de campaña. Se notaba el fervor en los presentes. Vitoreaban el himno del PC, al tiempo que los cánticos hacia los diputados se hacían escuchar con fuerza.

Ahí estaba Jeannette Jara, ex subsecretaria de Previsión Social durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet y actual administradora del municipio de Santiago, quien comentó que esperaba que Chile no olvidara su historia, y que “el fascismo no podía volver a gobernar el país”. Que el miedo la dominaba al pensar que el candidato de extrema derecha, José Antonio Kast, pueda tener siquiera alguna oportunidad de ganar las elecciones, pero que toda su fe y esperanza estaban puestas en el pacto Apruebo Dignidad, por sus capacidades y lo propuesto en su programa de gobierno.

“La lucha no puede ser en vano”

La actividad comenzó con música en vivo de un grupo conchalino, que con sus cumbias hicieron bailar a jóvenes, adultos mayores e incluso a los diputados que eran animados por quienes los rodeaban. Luego, llegó el momento de los discursos. Cariola subió al camión en medio de aplausos e incluso algunos halagos un tanto inapropiados.

Dijo que no habían sido días fáciles. Por una parte, por la intensidad en el desarrollo de la acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera; también por el propio desgaste desde el inicio de la campaña, “proceso que se ha visto fuertemente confrontado con los dichos de la derecha, acusando de delincuentes a quienes se han encargado de representar a los chilenos, y de hacer vista gorda a la verdadera delincuencia que ocurre dentro del mismo gobierno”.

“La lucha social y política que hemos dado no puede ser en vano, no puede quedar solo en una lucha. El 18 de octubre [de 2019] no se puede transformar en un hito más en la historia de Chile; tiene que ser el momento de inflexión para que Chile sea distinto, para que sea más democrático, para que en nuestro país, de una vez por todas, los que más tienen paguen los impuestos que corresponden”, señaló Cariola en su discurso en Conchalí.

Diputada Karol Cariola da un discurso de cierre de campaña en el escenario móvil. (Foto: Valentina Orellana)

Boric culminó su campaña presidencial días después, el jueves 18, en Casablanca, en la Región de Valparaíso. Allí dio un discurso final recordando momentos importantes en su trayectoria política, como cuando fue dirigente estudiantil en 2012, hasta sus últimas apariciones como diputado, y ahora en su carrera por el sillón presidencial.

“Lo que ha gritado el pueblo de Chile en los últimos años es justamente eso: que no estamos solos, que nos encontramos y no nos vamos a soltar. Y que no estamos acá solamente para decir que hay cosas que no queremos, sino porque tenemos un proyecto que construir en positivo”, dijo Boric ese día.

Por Isidora Varela y Polet Herrera

Si no fuera porque el alcalde de Recoleta y precandidato presidencial del Partido Comunista (PC), Daniel Jadue, lo incluyó en su programa de gobierno, posiblemente todo el debate que se ha dado en las últimas semanas respecto al rol que podría llegar a tener el Estado en la regulación de los medios de comunicación y la necesidad de una Ley de Medios, no existiría, o al menos no con el protagonismo que ha tenido durante el período de campañas de cara a las primarias de este domingo 18 de julio.  

En el debate que organizó la Asociación Nacional de Canales de Televisión (Anatel) con Jadue y su contrincante en las primarias de Apruebo Dignidad, el diputado Gabriel Boric (CS), fue precisamente ese uno de los puntos más polémicos. La periodista Mónica Pérez le preguntó al actual edil sobre la mención que hace en su programa a la eventual implementación de un Ministerio de la Comunicación. Él le dijo que no existía esa mención, pero lo cierto es que sí está, en la página 102: “Se propone evaluar la implementación de experiencias de ministerios de Información o Comunicaciones, existentes en diversos países del mundo”. 

Fue uno de los momentos más álgidos de la transmisión e incluso derivó en un tenso cara cara entre Jadue y la periodista. Pero más allá de la polémica puntual, tanto Jadue como Boric contemplan en sus programas medidas para regular los medios de comunicación y su estructura de propiedad e incidir en su sustentabilidad económica y la pluralidad de la información disponible para la ciudadanía.

No es, en todo caso, una discusión nueva, sino que al contrario, es algo que muchos actores vinculados al mundo de las comunicaciones vienen demandando desde hace años.

Actualmente, la ley que regula a los medios de comunicación y la prensa en general dentro del país corresponde a la Ley sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo (Ley 19.733), publicada en 2001 y modificada por última vez en 2013. 

En esta ley, entre otras características, se consagra la libertad de expresión -ya establecida como un derecho fundamental en la Constitución-, así como la de emitir opinión y la de informar sin censura previa; asegura la libertad de fundar, establecer, operar y mantener medios de comunicación social; y establece lo que son los medios de comunicación y quiénes son considerados periodistas.

Los medios de comunicación enfrentan momentos complejos actualmente. La “crisis de los medios” tiene una base económica, la cual ha mostrado la precarización de los trabajadores y trabajadoras de la comunicación a raíz de masivos despidos en los medios. Según información publicada en otro reportaje de Puroperiodismo, desde 2017 hasta julio de 2020, se cuentan al menos 2.460 trabajadores desvinculados en diarios, revistas, canales de televisión y emisoras de radios, cifra que en el último tiempo no ha hecho más que aumentar.

Otros de los desafíos que enfrenta el periodismo tras el estallido social son los problemas de confianza, un fenómeno global del que no está exento Chile. “En un país con la propiedad de medios más concentrada en América Latina, los periodistas son vistos como parte de una clase política no representativa y hay resentimiento en las calles por la cobertura de noticias en la televisión y en la prensa”, dice el Informe Reuters (2020).

En la actualización del Informe Reuters (2021), se publicaron los “desafíos” que han debido enfrentar los y las periodistas tras la crisis sanitaria y también un “periodo de examen de conciencia” sobre el rol que tienen en la sociedad. A pesar de que la confianza general (36%) hoy ha aumentado, sigue siendo baja para los estándares internacionales. 

Bajo este clima, los candidatos de Apruebo Dignidad han debatido sobre nuevas propuestas de regulación e implementación de políticas públicas para medios de comunicación. Una de las reacciones tras las discusiones ad portas de las primarias presidenciales es la de Marcos Ortiz, director de Ojo del Medio y columnista de medios en Interferencia: “La discusión sobre los medios de comunicación estaba al debe. Tras el estallido de 2019 nuestra prensa no solo cayó fuertemente en credibilidad, sino que fue vista por parte de la ciudadanía como uno de los sectores que debía modificarse”.

Un análisis similar hace Claudia Lagos, periodista, doctora en Comunicación y Medios de la Universidad de Illinois y académica de la Universidad de Chile: “Me parece que lo más relevante es que se haya planteado el tema y haber incorporado esto en sus programas. Lo más valioso de lo que ha surgido es que se haya abierto la pregunta sobre ¿qué regulación tenemos? ¿Qué sería lo ideal o lo posible?”.

Sobre el carácter del debate, Ortiz comentó que es positivo discutir sobre medios, pero que “lamentablemente algunas de las propuestas se han planteado de manera torpe e imprecisa, despertando una serie de fantasmas entre sectores más conservadores”. Por ello, recomienda tener una discusión en la cual se deba “incorporar la mayor cantidad de visiones, y no planteando el debate como una lucha entre buenos y malos”.

Puroperiodismo revisó las propuestas de ambos precandidatos y conversó con Ortiz, Lagos y otros expertos y representantes del gremio sobre las propuestas de los candidatos presidenciales, las deudas existentes en cuanto al periodismo en Chile, y sobre el futuro de los medios de comunicación en el país.

“Nuevo Sistema de Medios Públicos” y reformas al CNTV: las propuestas de Boric

En el programa de gobierno de Gabriel Boric se menciona que “para una democracia plena es fundamental que los medios de comunicación estén protegidos de todo intervencionismo y/o presiones indebidas del gobierno en ejercicio, garantizando la libertad de expresión”. 

También, que el rol del Estado, en el ámbito de las comunicaciones, debe basarse en un sistema mixto de carácter autónomo, basado en “fortalecer un ecosistema de medios diverso y descentralizado, pluralista, con un sistema público robusto, que asegure su sustentabilidad económica y social”. Un ejemplo de ello podría ser la BBC en el Reino Unido, donde el estado tiene la propiedad de las empresas informativas, pero no el monopolio, y los medios de comunicación son independientes de las líneas de los gobiernos de turno.

Para lograr lo anterior, el precandidato del Frente Amplio plantea distintas líneas de acción, como desarrollar un “Nuevo Sistema de Medios Públicos” (NSMP) y reformular el actual Consejo Nacional de Televisión (CNTV), dando paso así a una nueva institucionalidad reguladora de las comunicaciones, el Consejo Regulador de las Comunicaciones (CRC).

Este NSMP, según se lee en el programa, tiene como objetivo proteger “el patrimonio simbólico, constituyéndose como un espacio para el desarrollo de la ciudadanía, y sus expresiones de diversidad, paritario e intercultural, que promueva la interculturalidad, que fomente la circulación de conocimientos, local, regional y nacional”.

La propuesta consiste en la creación de cuatro medios de comunicación públicos: uno informativo, que tendrá como misión “proveer de información pluralista, oportuna, confiable y de calidad”; un medio cultural que buscará “inspirar, educar con un sentido crítico, entretener con calidad, entregar contenidos artísticos, interculturales, medioambientales y científicos”; un medio dedicado a niños, niñas y adolescentes que pretenderá desarrollar “una mirada crítica y plural, con participación de NNA en sus contenidos, que eduque y entretenga”; y por último, un medio “constituido por y representativo de los pueblos originarios, en sus propias lenguas y participativo”. 

Estos cuatro nuevos medios de comunicación, además de caracterizarse por plantearse como multiplataformas y pretender tener cobertura nacional, estarán coordinados por el Sistema de Medios Públicos, el cual tendrá un consejo ciudadano que “velará por el cumplimiento de la misión de cada uno de ellos”. También se menciona en la propuesta programática que “cada medio tendrá su propio directorio, con total independencia del gobierno en ejercicio, serán descentralizados en su estructura de administración y producción de contenidos e incorporarán una perspectiva de género”.

Carlos Reusser, abogado, magíster en Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica y profesor de Derecho de la Información en la carrera de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado, considera que la propuesta de este NSMP “apunta a uno de los nudos de nuestro sistema de medios: la falta de diversidad, pluralismo y objetividad, que son la consecuencia tanto de la concentración de la propiedad, como también de la obsecuencia de los medios respecto de sus financistas, como son las empresas que contratan publicidad”.

Otra propuesta importante que plantea Gabriel Boric corresponde a la creación del Consejo Regulador de las Comunicaciones el cual, caracterizado por una perspectiva de género y gobernanza pluralista, pretende absorber la institucionalidad del actual CNTV, incorporando atribuciones de regulación sobre la industria radial y las telecomunicaciones. 

Este consejo, como se lee en el programa del candidato, “velará por el pluralismo interno y externo en las distintas plataformas, sancionando vulneraciones tanto de los valores democráticos como del derecho a la competencia”.

Los deberes de este consejo consistirán en “crear una Defensoría de las Audiencias que vele por las denuncias y preocupaciones de la ciudadanía en torno a la calidad de los contenidos de los distintos medios y soportes”; “desarrollar programas de educación continua de formación de audiencias, promoviendo una ciudadanía que estimule a los medios a producir mejores contenidos”; y “promover la transparencia de la información sobre inversión publicitaria e índices de audiencia, así como de abonados de todo el ecosistema de medios y tecnologías de comunicación”.

Sobre este punto, Reusser señala que este nuevo organismo estaría no sólo encargado de velar por el adecuado funcionamiento del mercado televisivo (como hace el CNTV), sino que también regularía y fiscalizaría a las radioemisoras que, hasta el momento, “escapan de casi toda forma de control”.

“Aparentemente, tendrá también mayores facultades que el CNTV, en el sentido de que debe velar por el efectivo pluralismo de los medios, el ‘talón de Aquiles’ del actual sistema, como por la defensa de los derechos de las audiencias y obligar a los regulados a ciertos estándares de transparencia”, agregó.

Por su parte, Andrés Azócar, exdirector de medios digitales en Copesa y Canal 13, dice que el programa del candidato Gabriel Boric “va en la idea de tratar de mejorar la condición de los periodistas (…) y que en [sus propuestas] hay matices que sí refuerzan la idea de que, en el fondo, al periodismo hay que apoyarlo”.

“Ley Orgánica de Comunicación” y nuevas políticas públicas: lo que propone Jadue

Un enfoque en nuevas políticas públicas, principalmente una Ley de Medios, una Defensoría de Audiencias y Públicos y la discusión de una posible nueva institucionalidad pública para el área de las comunicaciones en el país, son parte de las propuestas programáticas del precandidato comunista, Daniel Jadue.

La promoción de una Ley Orgánica de Comunicación (o Ley de Medios), según se lee en el programa, “permitiría establecer una política pública de creación y fomento de medios de comunicación; estableciendo garantías para la existencia de los tres sectores de la comunicación: medios públicos fortalecidos; privados con regulaciones en su estructura de propiedad y sociales o sin fines de lucro con apoyo público que les haga sustentables; así como el contexto digital”. 

Esta ley, también buscaría permitir administrar “de un modo transparente y democrático, la asignación de frecuencias y los diversos mecanismos de financiamiento que hoy existen y que son opacos y fragmentados”. Y por último, también menciona a la nueva Constitución, la cual “deberá dar rango constitucional a la existencia de esos tres sectores de medios y a la regulación de la concentración de la propiedad medial privada”. De hecho, su propuesta es que esa normativa sea una ley orgánica constitucional.

Danilo Ahumada, presidente del Colegio de Periodistas, señaló que “es muy interesante que por primera vez en la agenda presidencial se instale el tema de la Ley de Medios. Hace muchos años que esto ha sido instalado por el Colegio de Periodistas, pero por primera vez se transforma en un debate público que no solamente están generando los periodistas o las personas vinculadas a las comunicaciones, sino que se está transformando en un debate ciudadano”.

Reusser dice que es efectivo que en la actual Constitución y leyes vigentes no se cumplen las exigencias que la sociedad demanda respecto de los medios informativos: “Estos cuerpos normativos se limitan a establecer el derecho de propiedad sobre medios de comunicación social, pero no regulan los derechos de las audiencias ni el interés general de la sociedad”.

A pesar de que considera que falta especificación en la propuesta de Jadue, Reusser comenta que espera que, “a través de una ‘ley de medios’ se pretenda fomentar la creación de medios de comunicación, fortalecer medios públicos (en el entendido que no son una extensión del Gobierno), y restringir la concentración de la propiedad de los medios de comunicación social, en aras de una pluralidad y diversidad de líneas editoriales”.

Otra de las propuestas consiste en la creación de una Defensoría de Audiencias y Públicos, como un organismo autónomo del Estado, el cual esté encargado de “velar por los derechos de las audiencias frente a los grandes medios masivos”. 

El papel de este organismo, como se lee en el programa del precandidato del PC, “será contar con campañas de educación y defensa de sectores históricamente excluidos o discriminados de los relatos mediáticos, como indígenas, mujeres, migrantes, niñas, niños, adolescentes, entre otros”.

Sobre la creación de esta Defensoría, Reusser comentó que estos organismos tienen una larga existencia en otros ordenamientos jurídicos. “En el fondo, son personas de prestigio que actúan denunciando y promoviendo cambios en lo que no funciona bien, pero éstas no tienen el poder de cambiar ni tienen el espacio para hacer público su malestar por lo abusivo o la mala calidad de los contenidos”.

Sin embargo, critica que la propuesta de Jadue acabe ahí, ya que “no indica qué atribuciones específicas tendría en Chile esta nueva institución, y que es tal vez la parte más importante que habría que saber”.

Por último, las propuestas que Jadue presenta sobre nuevas políticas públicas dentro del ámbito de las comunicaciones, se enfocan en la anteriormente expuesta Ley Orgánica de Comunicación, como también en un Sistema de Medios Públicos y en la evaluación de implementar una institucionalidad pública en materia de comunicación.

Tal como se expone en sus propuestas programáticas, se propone sentar las bases de un Sistema de Medios Públicos donde se desarrolle “una política pública que funde e integre un modelo multimedial de medios públicos, que incluya las distintas plataformas (audiovisual, sonoro, escrito y virtual)”. Y también, “evaluar la incorporación de una nueva estructura en el Ejecutivo, que analice y estudie el devenir de políticas públicas en materia de comunicación”.

Esta última propuesta, presentada como “Institucionalidad Pública de Comunicación”, pretende abrir un debate en el que se plantee la creación de un nuevo organismo público que englobe las políticas públicas que se presenten en materia de comunicación, para que dentro de esta institución sean analizadas y estudiadas, tomando como referencia las “experiencias de Ministerios de Información o Comunicaciones, existentes en diversos países del mundo”.

Sobre el debate de una posible nueva institucionalidad, Claudia Lagos dice que “lo primero que se debería tener en consideración es que el Estado chileno ya regula los medios de comunicación, el ejercicio del periodismo y la infraestructura de la comunicación y telecomunicaciones. Entonces, no es que sea páramo y no haga nada, la pregunta es si la regulación que existe está articulada o no; si está pensada para el futuro y en una perspectiva de la convergencia. Y eso no está en la legislación vigente”.

Por otro lado, Ahumada considera que “es importante avanzar hacia la discusión de una nueva institucionalidad, pero desde una lógica de política de Estado y no a partir de los gobiernos de turno. A los medios de comunicación se les debe respetar su línea editorial y la libertad de expresión (…) y eso debiera estar regulado en un órgano de una composición mucho más participativa y ciudadana, por ejemplo, cómo se repiensa el directorio del CNTV y TVN, porque hoy, estos dos organismos representan a la vieja política del binominal”.

Las reacciones frente al debate 

El debate sobre nuevas propuestas de políticas públicas en medios ha generado diversas controversias al interior del periodismo, como por ejemplo, la columna de Daniel Matamala publicada en La Tercera a fines de junio o la entrevista realizada por Radio Universidad de Chile a Javiera Olivares, periodista, expresidenta del gremio y coordinadora de la Comisión Programática sobre Derecho a la Comunicación. En ambas publicaciones quedan expuestas sus diferencias.

Para Marcos Ortiz es importante que el tema “continúe presente en la agenda para que no se diluya y debamos esperar otra elección presidencial para volver a instalarlo». Mientras que Ahumada agrega que “el Estado, más que deudas con el periodismo, tiene deudas con las comunicaciones”, y eso se constata en un “sistema de medios altamente concentrado en la propiedad y con poco incentivo real para la creación de nuevos medios”.

Por su parte, Lagos señala que “lo que urge, más allá del programa de Boric, de Jadue o de otro, es hacernos la pregunta acerca de cómo modernizar y complejizar la regulación que actualmente existe, que es desperdigada y no necesariamente coherente sobre medios. (…) Hay pruebas y evidencias de que en donde hay sistemas de medios de comunicación públicos, es decir, sistemas de medios en distintos soportes -desde lo digital hasta lo analógico- permiten que se levanten los estándares de calidad. Una de las cosas más importantes es que no hay una mirada convergente en términos de que no es posible sólo pensar en radio, televisión, diarios”, agrega.

En tanto, Andrés Azócar tiene una mirada crítica en general sobre como los políticos, la élite y las instituciones han abordado la situación actual de los medios. “No entienden el contexto y la realidad de los medios. Hoy es mucho más complejo hablar de un duopolio o monopolio, porque existen medios con licitación, concesiones radiofónicas, Internet y redes sociales que funcionan como distribuidores de contenidos y además como contenedores de medios más pequeños”, comenta.

Sobre las dificultades que están enfrentando los medios, Azócar considera “importante, ante la caída de la publicidad y el deterioro de los medios, que el Estado pueda generar fondos para potenciar a los medios de cualquier línea política”, pero debieran ser a su juicio “medios responsables” y con su respectiva autonomía. 

“Es importante la transparencia en la entrega de la publicidad estatal que muchas veces ha estado concentrada en medios tradicionales dejando de lado a medios alternativos (…) Y es necesario que los medios puedan ejercer libremente su trabajo, no sobre la base de un consejo editorial superior, sino sobre la base de una monetización que el Estado permita que haya un financiamiento que les permita a esos periodistas y a ese medio hacer su trabajo tranquilo sin un consejo superior que lo esté manejando”, advierte Azócar.

En un ambiente de elecciones y en curso el proceso constituyente, Reusser señala que “es esencial que los legisladores, e idealmente los constituyentes, entiendan que los medios de comunicación no son un producto o servicio cualquiera, no son homologables a otros bienes que se pueden comprar o vender libremente”.

Para finalizar, el académico mencionó que, “en el fondo, el derecho a la libertad de expresión y particularmente el derecho del ciudadano a ser informado, es uno de los núcleos de un sistema realmente democrático, por lo que es extraordinariamente importante el pluralismo de fuentes y la diversidad de puntos de vista editoriales (…) En nuestra actual situación, es crucial terminar con la concentración de la propiedad de los medios de comunicación social, particularmente de los diarios, periódicos y radios, que son los que en peores niveles de concentración se encuentran”.

Foto: Publimetro.cl

Muy pocas veces en la historia de nuestro pequeño país, un cambio de dirigencia estudiantil universitaria ha tenido tanta relevancia. Así es, porque la recién pasada elección de la FECH ha sido objeto de varios artículos, comentarios y entrevistas a los personajes involucrados.

El resultado de las votaciones, terminó en el triunfo de Gabriel Boric, representante de la Izquierda Autónoma, dejando así a Camila Vallejo como vicepresidenta de la organización.

Extrañamente, el levantamiento de la candidatura de Boric ha sido cubierta de sobremanera y su imagen ha sido alzada por medios de derecha de manera positiva, cosa que resulta extraña. ¿Existe algún giro ideológico en los principales medios de comunicación? Claramente no. Lo que sucede es un poco más simple y es que Vallejo incomodaba mucho a las grandes elites, mientras que Boric, quien representa a un movimiento de izquierda bastante ambiguo, es claramente el chivo expiatorio que se necesitaba. Un tipo que dice ser marxista en entrevistas, pero que entiende bastante poco al respecto, es mucho menos peligroso que una mujer armada de valor y que ha sido capaz de llevar a cabo una movilización sumamente relevante en la historia de este tímido país.

Como ya he expuesto anteriormente en otras columnas, por lo general los medios de comunicación grandes venden una objetividad que no es tal, logrando así marear y muchas veces confundir al ciudadano común. Por lo mismo, es importante entender cual es el propósito detrás de lo erguida que aparece la figura de Boric frente a Camila Vallejo en varios lugares; no es muy difícil tratar de leer en la simulada objetividad fines políticos, como por ejemplo acallar a las mayorías que han puesto en jaque al poder en los últimos meses.

¿Por qué se hace eso? Porque las comunicaciones son lo que las grandes elites dominan, a diferencia de la mayoría popular, que solamente puede utilizar las calles para demostrar su descontento. “Las grandes alamedas” lamentablemente sirven de poco cuando hay personas que tienen todo el poder comunicacional y económico, y lo utilizan para contarnos lo que quieren, cuando quieren. Boric, quizás sin saberlo, se está convirtiendo en lo que los medios necesitan para acallar ese molesto ruido que se ha presentado en el centro de Santiago cada jueves; en ese personaje que estaban buscando entre el gremialismo UC, pero que por la falta de luces de los representantes de este, no se encontró.

Tal vez sus propias ambiciones políticas —totalmente legítimas— le están nublando la vista y se han puesto, sin quererlo, al servicio de lo que él dice sus adversarios. A lo mejor, este liderazgo que él considera sumamente potente y reformista, no es más que ese “infantilismo revolucionario” del que hablaba Marx, el que lamentablemente está más relacionado a pretensiones personales de juventud, que a un verdadero proyecto país, como el que pusieron sobre la mesa tanto Camila Vallejo como Giorgio Jackson, entre otros.

Es importante saber ver los personajes que los periódicos, canales de televisión y portales de noticias tratan de imponernos, sobre todo si ellos no tienen muy claro cuál es su rol en un movimiento tan importante como el que hemos visto este año.

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