*Esta investigación es el resultado del proyecto de título realizado por los autores en 2023, bajo la tutoría de la profesora Carolina Rojas, para optar por el título de periodistas en la Universidad Alberto Hurtado (UAH). El texto resultó ganador en la última edición del Premio Periodismo de Excelencia Universitario (PPEU) que otorga la UAH, y es publicado en simultáneo tanto por Puroperiodismo como por La Otra Diaria (LOD).

La mañana del domingo 27 de enero de 2019, Fernando Flores Espinoza (28) tuvo una discusión con su expareja, Silvana Garrido Urdiles (25), en el departamento que compartían con la pequeña hija de ambos. El edificio quedaba ubicado en la comuna de Santiago.

Durante la pelea, Fernando golpeó a Silvana en distintas partes de su cuerpo que ella intentó defenderse rasguñando y mordiéndolo. Finalmente, la agresión culminó cuando él la arrastró hasta el balcón y la lanzó desde el piso 23 en presencia de la niña.

La joven falleció de forma instantánea, tras caer en la terraza del segundo piso.

Fernando llamó a los padres de Silvana y a Carabineros para informarles lo que había ocurrido, mientras recorría el pasillo inquieto y entraba al departamento. En ese lapso, dos vecinos fueron a socorrerlo, uno de ellos tomó a su hija en brazos y el otro se quedó haciéndole compañía. A los minutos después, llegó al edificio el teniente Jorge Díaz para verificar un procedimiento sobre una persona que habría caído. Allí, entró al departamento 220 y vio el cuerpo de Silvana tendido en la terraza. El personal del SAMU constató su muerte. Luego subió al departamento desde donde fue arrojada Silvana. Allí encontró a Fernando sentado y alterado en un sillón, quien le explicó lo que supuestamente había pasado.

-Tuvimos una discusión y ella decidió lanzarse al vacío. De este modo, el funcionario clausuró el lugar.

Díaz inmediatamente se comunicó con el fiscal de turno, Fernando Donoso, quien ordenó la presencia de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI), quien llegó al edificio a cargo del comisario Sebastián Vergara. En ese momento, Díaz le comentó que le llamaron la atención dos cosas que no le calzaban con un suicidio: primero, el desorden en el departamento en donde eran notorios los signos de pelea (como mechones de pelo color morado en el suelo, loza rota, ropa esparcida y el sillón corrido y el balcón llamativamente ordenado con plantas puestas en hilera. Esto sumado a que en los barrotes había huellas marcada); lo segundo; que la joven cayó muy cerca de la superficie del edificio: “El teorema de la caída libre dice que el cuerpo cae en parábola, por lo que la proyección de éste y los dedos marcados no era habitual que cayera muy a ras del lugar”, dice la declaración del policía.

En la terraza del segundo piso, la Brigada de Homicidios examinó el cuerpo de Silvana y así constataron lesiones de la caída y otras que no se debían directamente a ella. En el interior del departamento observaron el desorden, pero supusieron que era por los hábitos de la pareja. Al inspeccionar el balcón también notaron que estaba todo ordenado y, que en el tercer y último barrote, había huellas que parecían hechas desde el exterior. La perito dactiloscópica informó que no era posible levantarlas.

Así también no se recogieron otras pruebas –excepto el celular de Silvana que se encontró en el living– y solo fueron fotografiadas, estas fueron fundamentales para la investigación que vendría más adelante.

Mientras empadronaban el piso 23 y los aledaños, varios vecinos les informaron que durante la madrugada y la mañana escucharon gritos, golpes, portazos y objetos que se quebraron. Incluso, el vecino del piso de abajo, escuchó a una mujer que gritó: “¡Mira como me dejaste la cara!”. Y unos minutos después, a una niña que gritó: “¡Papá, no le pegues a mi mamá!”. Por último, el fiscal ordenó que se tomara una declaración a Fernando Flores Espinoza en calidad de testigo en dependencias de la Brigada de Homicidios. Allí, relató que Silvana decidió terminar con su vida.

Extracto de la declaración de Fernando Flores Espinoza (27 de enero de 2019):

“Ella me miró y me dijo: ‘Verdad que estoy sobrando’, y se dirigió nuevamente al living. Yo la seguí para responderle, pero ella iba llegando al balcón, observé que esta se subió al muro perimetral del balcón, se sostuvo del barrote superior que está sobre el muro para pasar las piernas hacia el exterior del muro, se giró, luego se soltó de los barrotes, se puso de pie quedando con su rostro mirando hacia el interior del departamento. Yo inmediatamente me dirigí hacia ella, pero había muchos objetos en el piso obstaculizando el camino. Por lo que cuando llegué al balcón esta dio un pequeño salto hacia atrás y se lanzó, no alcanzando siquiera a tocarla, observando que caía desde la altura con los pies hacia abajo”

Además, constató lesiones en el centro del Servicio de Atención Primario (SAPU) Rosita Renard, ya que tenía rasguños en su brazo derecho y un mordisco en uno de sus muslos. De acuerdo con su declaración, estas lesiones se produjeron a raíz de una discusión por celos. Sobre base a todas estas diligencias, la Brigada de Homicidios no encontró elementos que le hicieran suponer que había participación de terceros en la muerte de Silvana. Es decir, en un principio, su fallecimiento se asoció a un posible suicidio. Este fue un punto de inflexión para la familia y cercanos de la joven, quienes nunca creyeron en esa hipótesis.

Marcía Urdiles, madre de Silvana, fue una de las primeras en enterarse de lo ocurrido. A las 10:17 horas recibió la primera llamada: “‘Tía, la Silvana se lanzó por el balcón”, le informó la pareja de su hija y luego le cortó.

La madre de Silvana repasa los detalles de ese día, ella está sentada en el pasto de Plaza Brasil. La mujer es de estatura baja y lleva una melena de color morado, en recuerdo a la memoria de su hija. Enciende un cigarrillo y da una bocanada. A su lado dejó una pañoleta con una imagen de Silvana y una frase que reza: “No estamos todas, falta Silvana Garrido Urdiles”.

Dice que tras la llamada de Fernando, enseguida fue a comentarle a su esposo, quien se levantó para ir al departamento. “Me quise levantar para ir a la siga de él y no pude, luego entendí por qué me pasó eso. Llegó al lugar, y me informó que efectivamente mi hijita está muerta. Altiro dije que no podía ser y después salieron sus amigas a confirmarlo”, agrega.

–¿Por qué no creyó en la hipótesis del suicidio?

–Porque la Silvana nunca había pensado en quitarse la vida, tenía muchos proyectos. En lo principal, como mamá sé que mi hija nunca se iba a quitar la vida, sobre todo porque ella también era madre. Por eso nosotros sacamos la voz y lo hicimos público–responde Marcía.

La perspectiva de género

El caso de Silvana Garrido Urdiles fue asignado a la Fiscalía de Delitos de Género y Violencia Intrafamiliar de la Región Metropolitana Centro Norte, donde quedó en manos de la fiscala Paula Rojas, quien al revisar las fotografías del departamento le llamó la atención el desorden, la ropa esparcida en el suelo, los mechones de pelo, las huellas en los barrotes desde el exterior, entre otros elementos que no coincidían con alguien que quiso acabar con su vida.

–Me reuní con el equipo que trabajó en el sitio del suceso para indicarle que a mi juicio faltaban cosas por hacer y que no se hicieron, y que ya no se podían hacer–, confirma la Rojas en una entrevista.

La persecutora cuenta con su propia oficina en el tercer piso de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. Allí recibió a Marcía Urdiles el 21 de febrero de 2019 para entrevistarla. Sentadas, una frente a la otra en el escritorio, conversaron por primera vez. La madre de Silvana le relató que su hija y Fernando fueron compañeros de trabajo en el restaurante Applebee’s de la comuna de Las Condes en el año 2013, y que a los meses después se enteró que estaban pololeando. Luego, de acuerdo con su declaración, el 2014 ellos se fueron a vivir juntos a un departamento que les arrendó el papá de Fernando. Dos años después, la joven quedó embarazada. Allí también, Marcía le comentó a la fiscala, una información que hasta esos días ella también ignoraba: en el velorio las amigas de Silvana le revelaron la violencia que su hija había vivido durante los seis años de relación.

“Ahí me contaron muchas cosas que no sabía, me enteré de la violencia que ella sufrió, que seguramente esas veces en que no me fue a ver y que solo me llamaba era para que yo no viera sus moretones en la cara”.

Y le recalcó a Rojas que no creía en la hipótesis del suicidio, ya que Silvana había concretado un plan para dejar a Fernando y llevarse a su hija, y que a más tardar se iría del departamento el lunes 28 de enero. “Entre el 21 y el 22 de enero del 2019, Silvana por primera vez me contó de sus planes y que quería separarse. Me dijo que estaba cansada de la vida que llevaba con Fernando y que necesitaba mi apoyo”, contó ante la mirada atenta de la persecutora.

También agregó que tras esta noticia aconsejó a su hija a que buscaran un departamento que estuviera cerca de ella para estar más juntas, y Silvana estuvo de acuerdo.

Estos antecedentes le llamaron la atención a la fiscala, ya que es una característica de la violencia intrafamiliar que los padres y los hermanos sean los últimos en enterarse de la situación en la que se encuentra la víctima. Al tomarlo y conectarlo con el plan de huida, más sentido le hizo el abuso que Fernando ejerció en la vida de Silvana. “Es de toda lógica que algo raro está pasando cuando una mujer quiere salir de esta relación tóxica. Estaba buscando un departamento, se había teñido el pelo, se había hecho las uñas. Una sabe que cuando una mujer está en un plan de huida, o incluso de conquista o planes que se vienen en el futuro, las mujeres solemos arreglarnos y exteriorizar esa alegría que llevamos por dentro”, explica Rojas.

Y al considerar lo relatado por la madre de Silvana y unir la información con las imágenes de la autopsia de Silvana y del departamento, se abrió una nueva arista de investigación.

“Si a mí la madre me dice: ‘Mi hija lo dejaba al día siguiente a más tardar’, y yo en las fotografías veo ropa tirada en el piso y bolsos, pienso que lo más probable es que ella haya hecho su bolso y él se los haya desarmado en una conducta celópata, porque se le está yendo de sus manos la situación con su pareja”, comenta la fiscala.

De este modo, dejó a un lado la hipótesis del suicidio de la Brigada de Homicidios y comenzó a investigar un femicidio.

Para poder demostrar que Fernando terminó con la vida de Silvana, Rojas dividió la investigación en tres partes: uno, analizar las circunstancias previas del hecho, que fue el continuum de violencia que sufrió la joven en la relación y que tenía un plan de huida; dos, analizar las circunstancias coetáneas del hecho, que fue el desorden en el departamento y lo llamativamente ordenado que estaba el balcón, las huellas en los barrotes, y algunas lesiones en el cuerpo de Silvana que no eran concordantes con la caída y tres, que fue analizar las circunstancias posteriores del hecho, como el comportamiento de Fernando tras la muerte de la joven. No asistió al velorio ni al funeral, luego se fue de vacaciones y no visitó jamás a su hija, quien quedó al cuidado de sus abuelos maternos.

Además, la fiscala usó la lógica y la experticia que le ha brindado su carrera como persecutora criminal. A eso se sumo a la investigación las abogadas querellantes de la causa: Francisca Millán, del estudio jurídico AML Defensa de Mujeres, y Paloma Galaz. De este modo, las tres aplicaron la perspectiva de género en la investigación para realizar diligencias que evidenciaran que en la muerte de Silvana sí hubo participación de terceros. Ese fue un avance fundamental la formalización de Fernando por el delito de femicidio el 10 de agosto de 2021, después de dos años del hecho. El hombre quedó en prisión preventiva ocho días después por instrucción de la Corte de Apelaciones de Santiago. Esto dio altas esperanzas a la familia y cercanos de la joven, quienes siempre estuvieron presentes en el caso.

–La fiscala Paula Rojas ha dotado de perspectiva de género la investigación y ha trabajado reconociendo los errores en una instancia principal de la investigación, a fin de corregirlos para que cuando lleguemos a una instancia de juicio oral, tengamos las pruebas suficientes para lograr acreditar el femicidio y que el tribunal descarte la tesis del suicidio por parte de la defensa–dice Paloma Galaz.

En este camino para acreditar el femicidio, utilizaron como herramienta el Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género, de ONU Mujeres y las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, publicado en 2014. Este documento ofrece orientaciones y líneas de actuación “para el desarrollo de una investigación penal eficaz de las muertes violentas de mujeres por razones de género”.

Además, está hecho para que lo utilicen voluntariamente países de América Latina y el Caribe, los cuales algunos de ellos participaron en los procesos de consulta y revisión. Por parte de Chile, estuvieron los representantes de la Unidad Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar, la Unidad Especializada de Responsabilidad Penal Juvenil y Violencia Intrafamiliar (ambas pertenecientes a la Fiscalía Nacional), la Policía de Investigaciones, el Servicio Médico Legal, entre otros.

En el ítem de Objetivos del Modelo de Protocolo, un elemento fundamental es que busca “promover la incorporación de la perspectiva de género en la actuación de las instituciones a cargo de la investigación, sanción y reparación de las muertes violentas de mujeres”. Incluso, en el capítulo III se señala que el Ministerio Público y las policías deben realizar las investigaciones por presuntos femicidios con perspectiva de género, ya que se permite alcanzar dos objetivos: “a) analizar las conexiones que existen entre la violencia contra la mujer y la violación a otros derechos humanos y b) plantear hipótesis del caso, basadas en los hallazgos preliminares, que identifiquen la discriminación, el odio por la condición de ser mujer, o a las ‘razones de género’ como los posibles móviles”.

Otro elemento fundamental del documento es que en el ítem de “Los casos de aplicación del Modelo de Protocolo” se aconseja aplicar sus directrices “frente a todos los casos de muertes violentas de mujeres, puesto que detrás de cada muerte puede existir un femicidio, aunque al inicio no haya sospecha de criminalidad”. Como en los casos de suicidios de mujeres, ya que “son una forma habitual de ocultar un homicidio por parte de su autor, presentando la muerte de la mujer como un suicidio o muerte accidental” o “pueden ser un argumento usado por las personas a cargo de la investigación criminal para no investigar el caso y archivarlo como suicidio”.

Por otro lado, el Modelo de Protocolo resalta las obligaciones internacionales que tienen los Estados frente a la violencia de género, como el cumplimiento de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer –conocido como la CEDAW (1979)– y de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer –conocido como la Convención de Belém do Pará (1994)–. Ambos ratificados por Chile, siendo el más utilizado por nuestras instituciones el Belém do Pará, ya que involucra al sistema judicial en el combate de la violencia contra las mujeres. Destacándose el artículo 7, inciso b, que indica que los Estados deben “actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer”.

De esta manera, el Modelo de Protocolo y ambos tratados internacionales fueron fundamentales para la investigación, en que la fiscala y las querellantes los tuvieron en cuenta para realizar las diligencias. Sin embargo, la Brigada de Homicidios no consideró estas directrices al llegar esa mañana al departamento, dando por hecho en una primer momento que se trató de un suicidio. Esta es una falla repetitiva de las instituciones al no aplicar la perspectiva de género ante las muertes violentas de mujeres. Sobre esto, el comisario Sebastián Vergara argumentó en su declaración, en el juicio oral del caso de Silvana: “Al año siguiente de la ocurrencia de estos hechos (2020) se generaron protocolos de trabajo con relación al femicidio”.

El femicidio: Un ejercicio de poder

“La Silvana fue mi primer amor”, dice Marcía y esboza una sonrisa. Sentada en el pasto mientras toca la pañoleta con la imagen de su hija, agrega que “el primer hijo para una madre siempre va a ser especial”. El 11 de agosto de 1993 nació su primogénita Silvana Marisol Garrido Urdiles y tres años después le siguió el nacimiento de su segunda hija, Brenda Garrido Urdiles, el 20 de agosto de 1996. “Cuando llegó Brenda, la Silvi iba a verla a la clínica todos los días y le llevaba un regalo. Ella lo único que le pedía era que no naciera para su cumpleaños, porque se lo iba a echar a perder. Y la Brenda fue tan obediente desde un comienzo con su hermana que le hizo caso”, recuerda la mujer.

Desde muy joven, Silvana tuvo un marcado interés por los tatuajes y, cada cierto tiempo, aparecía con un nuevo diseño en alguna parte de su cuerpo. Incluso, varias veces fue un lienzo para sus amigos tatuadores en eventos nacionales. Eso la llevó a desarrollar una afición por el modelaje, por lo que realizó varias sesiones fotográficas y fue parte de un portal de tatuajes. En paralelo, encontró su vocación en el maquillaje. Entró a estudiar Cosmetología en el Instituto John Kennedy. Luego trabajó como maquilladora para la marca Inglot en el Mall Arauco Maipú durante el 2018. Pero el cambio más importante en la vida de la joven fue el nacimiento de su primogénita en el 2015. Sus cercanos dicen que se refería a ella como “su único amor”.

Semanas antes de su muerte, Silvana buscó arriendos de departamentos para irse a vivir con su hija, anotó varias cotizaciones en una libreta. Esta decisión se la comentó a su círculo cercano. Días antes de su muerte realizó cambios en su apariencia, una amiga manicurista le hizo las uñas y otra amiga estilista le tiñó su cabello a color morado. Silvana –quien se describía como una mujer con “un metro y medio de choreza”– estaba lista para irse del departamento.

“Para la mayoría de las personas que no son feministas o no trabajan en el problema de la violencia hacia las mujeres, les cuesta mucho comprender que el femicidio es un ejercicio de poder”, dice Lorena Astudillo, una de las voceras de la Red Chilena Contra la Violencia hacia las Mujeres. La abogada, quien se encuentra sentada en el patio de la organización, explica que por no entender esa definición el Ministerio Público no ha tipificado algunos femicidios como tal. “Esto sigue siendo un déficit que tanto los fiscales, como el Servicio Nacional de la Mujer comprendan esto”.

Además, recalca que una justicia con perspectiva de género implica que todos los agentes anteriores y posteriores debieran tener perspectiva de género y que en todas las profesiones se tiene que enseñar : “La institucionalidad no está a la altura”, confirma. Es decir, institucionalmente no se puede obligar a los agentes a aplicar la perspectiva de género, a menos de que exista una legislación que vaya en esa línea. Una posibilidad que se ve lejana para la mujer, ya que señala que en nuestro país “existen tratados internacionales que hoy día son completamente ignorados”.

Las fallas que se repiten

La cámara del computador se encuentra encendida y en la pantalla se logra ver a un hombre que se está acomodando el abrigo. En la entrevista, Javier Ahumada, abogado querellante en el femicidio de Yanira Díaz, asegura que si no es por la hermana de la víctima, María Lidia Diaz el caso hubiera quedado sepultado hace tres años bajo el rótulo de suicidio.

–Sin María, esta trayectoria no la hubiésemos conocido. Este cúmulo de fantásticos y formidables errores que se cometieron habrían pasado inadvertidos–dice el abogado.

Estos errores comenzaron en la madrugada del 28 de noviembre de 2020 en la comuna de Puerto Montt. Ese día, Yanira Díaz (25) se dirigió al domicilio de Claudio Ballesteros (32), con quien mantenía una relación desde hace un año. No vivían bajo el mismo techo. Una vez allí, el hombre golpeó a la joven, causándole lesiones y heridas cortantes. Tras la agresión, ambos se dirigieron a la casa de ella y ahí la volvió a golpear. El ataque que culminó cuando la estranguló con un elemento desconocido hasta causarle la muerte.

Luego, trasladó el cuerpo hasta la cocina y lo dejó sobre una estufa a leña, donde le amarró una prenda de vestir alrededor de su cuello para hacer creer que su muerte se debió a un suicidio. Al terminar de camuflar el crimen, Claudio comenzó a pedir ayuda a los vecinos porque “alguien se mató”. Fue la vecina que vivía arriba de Yanira quien llamó a Carabineros.

Los primeros funcionarios que llegaron al lugar fueron Pablo Salazar y Pedro Montecinos, ambos de la 2ª Comisaría de Puerto Montt, a quienes se les solicitó concurrir al domicilio para verificar un procedimiento sobre una persona fallecida. Afuera encontraron a Claudio, quien les dijo que su pareja se había ahorcado al interior de la casa y que cortó el vínculo para intentar reanimarla. Con esta información, los dos carabineros entraron a la vivienda para revisar a Yanira, y al tomarle el pulso comprobaron que estaba sin signos vitales.

Ante tal hallazgo, inspeccionaron detenidamente la posición y el estado del cuerpo de la joven. De acuerdo con la sentencia del caso, Salazar describió que “su rostro estaba un poco hinchado y que su pelo estaba mojado, al parecer tenía sangre o fluidos que había botado, y sus manos tenían manchas de sangre”. Esas mismas manchas las encontraron en el piso y en el baño del domicilio. Con estas observaciones, Montecinos llamó a la fiscal de turno, quien dio las primeras ordenes: cerrar el lugar y tomarle una declaración a Claudio –en calidad de testigo– y a la vecina que vivía arriba.

Para Javier Ahumada, hasta este punto, el trabajo estuvo bien hecho, ya que considera que los dos funcionarios realizaron una labor esperada. “Carabineros hizo un trabajo estándar y con eso fue suficiente. O sea, cuando uno ofrece el trabajo mínimo estándar tiende a ser suficiente, porque por eso es el estándar mínimo, ya que a partir de ahí opera. Entonces, con ellos no tengo reproche alguno”, comenta el abogado.

Desde ese momento en adelante los errores fueron evidentes. Tras las observaciones entregadas por ambos carabineros, la fiscala ordenó la concurrencia de la Brigada de Homicidios para investigar, ya que se estaría en presencia de un suicidio, pero habría manchas de sangre. De este modo, el equipo especializado llegó durante la mañana a cargo de la subcomisario Daniela Acuña, quien con el inspector Elvis Domínguez revisaron el interior de la vivienda.

Allí notaron el desorden generalizado y manchas color rojizas en la pieza de Yanira, en su celular y en el baño. A pesar de todo lo observado, que daba cuenta de que se ejerció una violencia previa contra la joven, tomaron la decisión de que no era necesario solicitar la presencia de peritos y no recogieron evidencias.

De acuerdo con la sentencia, al examinar el cuerpo de Yanira que estaba sobre la estufa a leña, Acuña relató que notaron la presencia de manchas color rojizas en su rostro, en sus manos y ropa. Y cuando vieron la prenda de vestir en su cuello “determinaron que se estaba en presencia de un suicidio”. Hipótesis que reafirmaron al ver las vigas en el techo, donde visualizaron que una de ellas no tenía polvo y que su ubicación coincidía con la posición del cuerpo de la joven. Además, la subcomisario pasó por alto un antecedente clave en la declaración de Claudio Ballesteros, quien reconoció que agredió a Yanira “al menos en una oportunidad”.

–La Policía de Investigaciones hizo una mierda de trabajo, una mierda de laburo–, dice Ahumada al recordar el trabajo que realizó dicha institución.

En el año 2012, el Ministerio Público dispuso el Manual sobre Investigación para casos de violencia de pareja y femicidios en Chile, que detalla exhaustivamente lo que debe hacer personal de fiscalía, policías, peritos, forenses y otros expertos a la hora de enfrentarse a un posible femicidio, y cómo desarrollar adecuadamente la investigación. Sin embargo, no es obligatorio tomarlo en cuenta, no menciona la perspectiva de género y se basa en la legislación antigua del femicidio (Ley 20.480). Pese a lo anterior, es el primer instrumento que aborda la investigación de este delito, entregando directrices básicas que no fueron consideradas en las muertes de Yanira Díaz y Silvana Garrido. Siendo una de ellas la importancia del rápido actual policial presente en el capítulo 2, inciso 2.1 Noticia Criminis: “La rápida actuación policial en orden a la investigación del lugar del hecho o escena del crimen, el levantamiento del cadáver, el aseguramiento de las pruebas que puedan hallarse en el lugar, la recogida de objetos relacionados con la comisión del crimen y de los restos o vestigios biológicos y su posterior análisis, será fundamental para la investigación y la determinación de los culpables (…) Todo ello requerirá que, por parte del investigador, se tenga una preparación adecuada para abordar la situación”.

Por otra parte, en el capítulo 3, inciso 3.4 Recogida y análisis de vestigios, se explica cómo deber ser la intervención de la policía en el sitio del suceso, donde tienen que considerar vestigios biológicos como sangre, semen y fluidos vaginales, pelos, uñas, piel, huellas, entre otros.

“La intervención de la policía ha de ser minuciosa, cautelosa (para no contaminar el lugar de los hechos), meticulosa y tranquila para que todo aquello que pueda aportar pistas sobre la comisión del hecho y del autor sea debidamente constatado; es fundamental que se recojan todas y cada uno de los objetos que puedan tener relación con el hecho y cualquier vestigio que puedan aportar información a la investigación”.

Cuando la Brigada de Homicidios terminó sus labores en el domicilio de Yanira, el cuerpo fue llevado hasta el Servicio Médico Legal de Puerto Montt, donde el médico legista Luis Ojeda realizó la autopsia sobre la base del protocolo que la institución adecuó en pandemia, que consistía en hacer “una autopsia abreviada o focalizada, esto es, que se examinaba sólo el foco o lesión principal”. Asimismo, se consideraron los antecedentes enviados por la policía que indicaban que la joven habría atentado contra su vida. Junto con los hallazgos en el cuerpo, el médico concluyó que la causa de muerte fue asfixia por ahorcamiento compatible con un suicidio, y que las múltiples lesiones que presentó eran atribuibles a terceras personas. Luego, se entregó a la joven a su familia para su respectivo velorio y funeral.

Sin embargo, la hipótesis del suicidio nunca fue creíble para los cercanos de Yanira, mucho menos para su hermana María Lidia Díaz, quien descartó inmediatamente esa conclusión al verla en el velorio.

Extracto de la declaración de María Lidia Díaz (26 de febrero de 2021):

“Pude ver a mi hermana, al ver su cara de inmediato me di cuenta que Yanira no se había quitado la vida (…) se le veía muy golpeada a pesar de todo el maquillaje que tenía, no me convencía que Yanira se hubiese quitado la vida, puedo dar fe que Yanira era una joven muy alegre, con muchos proyectos por delante, que quería por sobre todo a su hijo, no lo hubiese dejado solo, todo eso me hacía pensar que algo le había pasado”

Una mirada integral al cambio

Solo en el año 2022, al Ministerio Público ingresaron 1.359.885 casos de violencia de género. De ese total, 185.922 quedaron en la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, el lugar con más casos a nivel nacional. Al mismo tiempo, recibió la mayor cantidad de casos de violencia intrafamiliar: 23.470.

Patricia Varas, fiscal jefe de la Fiscalía de Delitos de Género y VIF de la Metropolitana Centro Norte, habla sobre esta última cifra: “Es una brutalidad, de repente sé que como fiscalía cometemos errores, pero nadie dimensiona la cantidad de trabajo que de verdad existe (…) Evidentemente una no puede investigar, porque no da”, relata.

Ante este escenario que se venía repitiendo de años anteriores en la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, Varas relata que en el 2018 el fiscal regional, Xavier Armendáriz, le solicitó al fiscal nacional de ese tiempo, Jorge Abbot, que se autorizara la creación de la Fiscalía de Delitos de Género y VIF. Esta se formó en octubre de ese mismo año y fue la primera de su tipo a nivel nacional. “Me propusieron ser fiscal jefa, pero sin tener conocimientos en ese momento en temas de género. Hice un diplomado en género y derechos humanos que me ha ayudado mucho y también la lectura autodidacta respecto a estos temas”, comenta la fiscal.

A fines del año 2021, en la Fiscalía Metropolitana Oriente se creó la Fiscalía de Género sumándose a la ya existente en la Centro Norte.

En una sala de reuniones iluminada de la Fiscalía Metropolitana Oriente, la asistente de Marjorie Carrillo, fiscal adjunta de la Fiscalía de Género, ingresa con una jarra de agua que deja frente a la mujer. Ella llena su vaso y bebe un sorbo, mientras comenta que el propósito de aquella fiscalía es rescatar a las víctimas y brindarles un trato especial. Esto lo afirma porque antes de la creación de esta entidad, las investigaciones no lograban avanzar o llegar a buen término. “Antes las causas se archivaban y nosotros dijimos ‘no’. Hay que investigar con perspectiva de género. Hay que entender que las mujeres no están libres de tomar su decisión, no tienen conciencia del riesgo que corren”, relata.

Además, la fiscala confirma que fue necesaria su creación porque son delitos muy demandantes, entonces había que cumplir un cierto perfil para verlos.

Pero el primer acercamiento a la violencia de género en el Ministerio Público fue a finales del año 2017, con la creación de la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales a manos del consejo de fiscales, a fin de que las investigaciones se ejecuten bajo la perspectiva de Derechos Humanos y de género. Pero con la llegada del fiscal nacional Ángel Valencia la unidad se dividió en tres, una de ellas fue la Unidad Especializada en Género (UGEN), la cual cumple dos roles: dar asesoramiento durante la persecución penal y brindar apoyo a la gestión interna para transversalizar la perspectiva de género en el ámbito institucional. En ese sentido, la UGEN puede asesorar, apoyar y colaborar en la investigación de los delitos de violencia de género contra las mujeres. Y actualmente, la Fiscalía Nacional cuenta con 98 fiscales especializados en esa área a nivel nacional.

En diciembre de 2021, la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales creó la Guía de primeras actuaciones ante casos de femicidio consumado y en ese mismo período el Ministerio Público emitió el Oficio FN Nº 1032/2021: Instrucción general que imparte criterios de actuación en delitos de violencia de género y violencia intrafamiliar.

Ambos documentos tomaron como base el Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género, y cuentan con un punto fundamental en común sobre la labor en el sitio del suceso: “En toda muerte violenta de mujeres debe considerarse como hipótesis inicial la ocurrencia de un femicidio, aunque en un principio pueda parecer un homicidio simple, un suicidio o un accidente. Ello, para incluir la perspectiva de género como principal enfoque para la indagación de los hechos”. Sin embargo, no es obligatorio considerarlos para las investigaciones.

En las instalaciones de la Fiscalía Nacional, dentro de una sala de reuniones, hay una mesa rectangular que destaca. En una de las esquinas se encuentra ubicado Roberto Rodríguez, trabajador social de la UGEN. Con su libreta en mano, repasa sus apuntes y tras unos momentos levanta la mirada y declara que la elaboración del oficio fue resultado de la participación activa de fiscales y organizaciones de la sociedad civil, quienes llevaron a cabo rondas de conversación con el fin de captar las necesidades, los intereses y las críticas, para posteriormente incorporarlas al documento.

También destaca que la UGEN puede capacitar a las demás instituciones que cooperan en las investigaciones criminales, como Carabineros, la Policía de Investigaciones y el Servicio Médico Legal. Esto para que vayan acordes a los fiscales especializados en estas materias y evitar cometer fallas. Sin embargo, tanto para los fiscales, como para el resto de las instituciones las capacitaciones, las guías, los manuales y las instrucciones generales no son obligatorias.

–Tenemos un fuerte componente de capacitación y sensibilización para nuestro equipo, pero también trabajamos con organismos externos, aunque en menor intensidad. Nuestra preferencia son los fiscales, las fiscalas y los equipos. Hemos trabajado con las policías, pero somos un equipo pequeño. Sin embargo, tratamos de multiplicarnos a través de otras acciones– comenta Rodríguez.

La Fiscalía Nacional publicó en septiembre el Manual para la Investigación de muertes violentas de mujeres por razones de género (femicidio), un documento más actualizado que recomienda incorporar la perspectiva de género en las investigaciones, reemplazando así el Manual sobre Investigación para casos de violencia de pareja y femicidios en Chile del 2012.

La primea línea: Carabineros y PDI

Dos días después del funeral de Yanira Díaz, su hermana María fue a revisar el domicilio de la joven para tratar de entender lo que sucedió. En el lugar también le llamó la atención el desorden y las manchas de sangre en las paredes del baño, por lo que se sentó en el sillón a fin de asimilar lo que vio. En eso, notó algo extraño que estaba debajo de un mueble, y al meter la mano sacó un gorro de lana que tenía en su interior dos armas. Tras esto, fue con su papá al cuartel de la Policía de Investigaciones (PDI) para dar cuenta del hallazgo a la subcomisario Daniela Acuña –quien estaba a cargo de la investigación–. La mujer derivó a María a otro departamento, ya que era un tema diferente a la muerte de Yanira. De modo que se acercó a la funcionaria María José Olavarría, quien le recibió la denuncia de las armas y le dijo que fuera al domicilio de su hermana, ya que ella llegaría con un equipo en unos minutos.

De esta manera, la Brigada de Homicidios inspeccionó nuevamente el lugar, pero está vez levantaron las dos armas, se llevaron el celular de Yanira. Fotografiaron la vivienda y el baño por la presencia de sangre en las paredes. También la funcionaria Olavarría revisó el teléfono de la joven y se dio cuenta de que había un contacto con el nombre “amorcito”, cuya fotografía coincidía con Claudio Ballesteros, además había audios de él que reclamaba que le devolviera sus pistolas. Y con estos nuevos antecedentes se exhumó el cuerpo de Yanira nueve días después de su muerte, a fin de realizar otra autopsia. Asimismo, la investigación pasó a manos de otra fiscal y a Labocar de Carabineros para investigar, tras estos hallazgos, un presunto femicidio.

–Después de que se dieron cuenta de que habían cometido un error fantástico, cuando se dan cuenta de que el error es tan grosero y que podrían correr cabezas ¡Zas! Listo, cambien de jugadores. Entra la fiscal Nathalie Yonsson y sale la anterior. Yo creo que todo el mundo olió el desastre que podría haber quedado y que puede quedar todavía–afirma Javier Ahumada.

Para abordar adecuadamente los femicidios, la PDI creó el 4 de noviembre de 2021 el Procedimiento de Actuación Policial para la Investigación del Delito de Femicidio, que debe ser usado por todos los funcionarios en las investigaciones que sean por dicho delito. Y desde el 15 de septiembre de 2011 existe el Protocolo de Actuación Policial para la Investigación del Delito de Homicidio y el Protocolo de Actuación Policial para la Investigación del Delito de Parricidio, que pueden utilizarse para las indagaciones de muertes violentas de mujeres que estén dentro de estos últimos dos delitos.

Respecto a la aplicación de la perspectiva de, la jefa nacional de Delitos Contra las Personas, prefecta inspectora Maricela Gárate, recalca que debe ser considerada por parte de los funcionarios que investigan delitos de homicidios: “Se deben comprender los factores de riesgo y los patrones subyacentes que rodean a los femicidios (…) La perspectiva de género permite analizar y comprender la violencia contra las mujeres como un problema estructural y social, en lugar de tratar los casos como incidentes aislados”.

Otro acercamiento que ha tenido la PDI con esta herramienta es a través de sus Jefaturas Nacionales. Las cuales, de acuerdo con la prefecta inspectora, están a cargo de gestionar actividades académicas enmarcadas en los pilares I y II del Plan Estratégico 2023-2028 de la institución. El primer pilar se relaciona con la “Ética, Probidad, Derechos Humanos y Enfoque de Género”, y el segundo pilar con “Fortalecer permanentemente a nuestro Capital Humano con Enfoque de Género”. “Nuestros Pilares Estratégicos guardan relación con el fortalecimiento del capital humano, contribuyendo al relacionamiento profesional del personal institucional, para compartir conocimientos y experiencia adquirida gracias al trabajo intersectorial, las buenas prácticas, el perfeccionamiento y capacitación continua”, explica Gárate.

Además, destaca que la Jefatura Nacional de Educación y Doctrina autoriza y gestiona capacitaciones en Violencia de Género. “Son dirigidas al personal institucional mediante diversos procesos de postulación voluntario. Instancias que consideran a las Brigadas Especializadas y a las Brigadas de Investigación Criminal a nivel nacional”, explica. De esta manera, al igual que las capacitaciones que realiza la Fiscalía Nacional, no son obligatorias para los funcionarios.

En la sala de reuniones del Departamento de Protección a Familias y Grupos Vulnerables de Carabineros, se encuentra la Coronel Virginia Ruiz, jefa del departamento, y a su lado Verónica Ortega, asesora y asistente social de la misma unidad. Ambas están inmersas en una conversación, tras ser consultadas por la Circular Nº 1774 llamada Violencia Intrafamiliar, Femicidio, Protocolo de Femicidio y parte tipo Violencia Intrafamiliar que se creó el 28 de enero de 2015 –y que fue recibida mediante Solicitud de Transparencia–. Ortega explica que es una circular interna de la institución que establece los protocolos que deben seguirse ante casos de violencia intrafamiliar. Sin embargo, el documento considera la antigua legislación del femicidio (Ley 20.480) y no nombra la perspectiva de género.

–No se hace mención a la violencia contra la mujer, ya que en ese momento no se consideraban elementos claves como el acuerdo de Belém Do Pará o la CEDAW. Tampoco se había activado el Circuito Intersectorial de Femicidios que surge posteriormente, porque estas circulares responden a las realidades contextuales de los países. Y, en función de ello, se van realizando mejoras o perfeccionamientos en las acciones, en este caso, de la policía–comenta la asesora.

Tanto la Coronel Ruiz, como Ortega coinciden en que dicha circular no se ajusta a la realidad actual al no incorporar la Ley 21.212 (Ley Gabriela), pero reconocen que sirve como punto de partida para abordar este tipo de casos. En ese sentido, la asistente social afirma que al día de hoy Carabineros cuenta con todo lo relacionado con el abordaje diferenciado y oportuno de las mujeres que sufren algún tipo de violencia. “Por eso hemos incorporado la Violencia Contra la Mujer (VCM) de manera transversal a nivel institucional, así como también la perspectiva de género para un abordaje más diferenciado”, confirma. Además, ambas funcionarias recalcan que desde hace dos años se ha estado capacitando al personal en VCM.

–Llevamos aproximadamente dos años certificando al personal que trabaja tanto en las salas de familia, como en la Oficina de Violencia Intrafamiliar. Este programa de capacitación se lleva a cabo una vez al año y tiene una duración de 40 horas–explica Ortega.

En cuanto a la actuación ante los casos de muertes violentas de mujeres, la asistente comenta que la institución recibe más del 98% de los procedimientos policiales debido a su amplia cobertura en el país, en comparación de la PDI. “Carabineros es quien inicia y activa el protocolo de femicidio. Se completa una ficha que luego se informa de inmediato, lo que desencadena toda la red de apoyo involucrando a otros organismos”, dice Ruiz.

En relación al procedimiento llevado a cabo en el sitio del suceso, la coronel puntualiza que la institución se limita a realizar las acciones correspondientes a su competencia, mientras que la investigación propiamente tal es responsabilidad de la PDI. “La investigación de los delitos es llevada a cabo por la PDI, ya que Carabineros, al ser los primeros en llegar al lugar, deben asegurar la escena del crimen, verificar la presencia de posibles víctimas colaterales como los hijos de las víctimas. Por lo tanto, es necesario sacarlos del lugar, activar el protocolo y, a partir de ese momento, los organismos gubernamentales comienzan a trabajar de inmediato para brindarles apoyo. Además, esto depende del fiscal al que se le derive la investigación, aunque generalmente estos casos son remitidos a la PDI”, relata.

Además, Ruiz afirma que la institución no tiene la capacidad investigativa y que los funcionarios que están en “la población” no están para investigar. Y si es que el fiscal le deriva a Carabineros la investigación de un presunto femicidio, es al OS-9 o Labocar.

El Departamento Investigación de Organizaciones Criminales del OS-9 emitió el Protocolo de Actuación Delitos de Homicidio y Femicidio –recibido mediante Solicitud de Transparencia– que entrega actuaciones generales para abordar dichos delitos en el sitio del suceso, mientras se espera a que llegue el equipo especializado. De todas sus recomendaciones, se destaca la de “resguardar el Sitio del Suceso (…) dejando constancia de las personas que se encontraban” y la de “identificar, fijar y levantar toda la evidencia física útil que tenga relación con el hecho investigado, preservándola, resguardándola conforme a formulario de cadena de custodia”. Siendo actuaciones básicas, pero primordiales a fin de evitar cometer fallas en una primera instancia ante un posible femicidio.

Las fallas del proceso forense

El cuerpo de Silvana Garrido Urdiles llegó al Servicio Médico Legal (SML) a las horas después de ocurrido el hecho. Allí, el médico tanatólogo Germán Tapia realizó la autopsia de rigor. Al terminar, colocó los hallazgos y sus conclusiones en un informe emitido el 26 de febrero de 2019, en el que se determinó que “no se encuentran lesiones de naturaleza distinta a la contusa en la superficie corporal”.

Y respecto a la participación de terceros: “No se reconocen lesiones de naturaleza distintas a las provocadas por mecanismo de liberación de alta energía secundaria a una precipitación”.

Estas conclusiones no fueron creíbles para la fiscala Paula Rojas, ya que al ver las fotografías de la autopsia notó una lesión a la altura de las mamas que presentía que no se realizó por la precipitación. De modo que solicitó una ampliación del informe para verificar qué compatibilidad pueden tener las lesiones con la caída. Asimismo, la persecutora dio cuenta de una falla en el procedimiento realizado: no se recabaron muestras de contenido vaginal y anal de la joven; algo fundamental para Rojas, ya que Fernando Flores declaró que mantuvo relaciones sexuales con Silvana horas antes de su muerte.

Otra falla que estableció la fiscala fue que no se tomaron muestras de debajo de las uñas de Silvana, a lo que Tapia indicó que “al examen externo del cuerpo de la víctima se realizó de forma completa y exhaustiva no encontrándose restos orgánicos, ni de otra naturaleza de debajo de las uñas de ambas manos. Por lo cual no se realizó raspado de las mismas”.

Por último, Rojas determinó como otra falla la no ejecución de un examen al cuero cabelludo de la joven “para ver si había lugares de donde se hubiese sacado pelo, ya que era compatible con el que encontraron en el sitio del suceso”. En esa línea, afirma que estos errores se pudieron evitar si es que el fiscal de flagrancia hubiese dado las respectivas instrucciones a la hora de realizar la autopsia. “Si el fiscal de flagrancia instruye que se hagan determinados peritajes, el SML los hace”, recalca la funcionaria, y agrega que luego comprendió que todo esto al día de hoy son, en definitiva, diligencias que no se hacen o no se hacían porque no existía un protocolo que así lo obligara.

Las fallas también ocurrieron con Yanira Díaz a manos del médico legista Luis Ojeda, quien le realizó una autopsia abreviada bajo el antecedente remitido que indicaba que “habría sido encontrada suspendida en una viga”. De este modo, solo se enfocó en la lesión principal que estaba en cuello de la joven y dio cuenta de que el vínculo con el que supuestamente se había ahorcado estaba intacto, o sea, Claudio Ballesteros nunca lo cortó como lo señaló en un primer momento.

–Entiendo que el SML haya aplicado mal el protocolo, porque fueron inducidos al error. Pero no entiendo que no fueron capaces de interpretar la huella en el cuello de Yanira de la manera que naturalmente cualquier persona haya podido interpretarlo–expresa Javier Ahumada.

Tras el cambio de fiscal y de policía en el caso, el cuerpo de Yanira fue exhumado nueve días después del hecho y se le realizó una segunda autopsia a manos del médico legista Rodrigo Águila, quien comprobó la existencia de infiltraciones sanguíneas en el cuello –no observadas en la primera autopsia– que hacen compatible la muerte de la joven con asfixia por estrangulación con signos de sofocación, atribuible a terceras personas.

Estas fallas en las autopsias de Silvana Garrido y Yanira Díaz buscan ser combatidas por el SML. Actualmente, la institución cuenta con un Encargado Nacional de Género, quien es Marco Mosso, un cargo que surgió en el 2001 por mandato de la Administración Central del Estado a través del –llamado actualmente– Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. En esa instancia se determinó que se implementaran planes y políticas de género, de modo que el encargado aborda temas relacionados a ese ámbito, pero no exclusivamente. “Se espera que prontamente exista una reestructuración, en la cual este cargo ya tenga una cierta dedicación más exclusiva a todos los temas propios de género”, señala Mosso.

El funcionario explica que las capacitaciones sobre violencia de género e intrafamiliar desde hace mucho tiempo se vienen ejecutando al interior del servicio. Y detalla que en 2017 surgen las de femicidio: “Con la incorporación formal de nuestra institución al Circuito Intersectorial de Femicidios. En el cual, se capacita con respecto al Modelo de Protocolo Latinoamericano de Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género, y de ahí todos los años se ha seguido haciendo”, comenta.

Las capacitaciones comenzaron a generarse en el Instituto Carlos Ybar, lugar que cuenta con el Área de Extensión, Docencia e Investigación en Materias de Médicos Legales y de Ciencias Forenses del SML. En la actualidad, las instancias formativas pueden venir del Encargado Nacional de Género y del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Además, se realizan anualmente con cierta periodicidad, pero no existe obligatoriedad formativa con respecto al desarrollo de estos cursos.

El 20 de abril de 2021 el SML elaboró el Protocolo Pericial Tanatológico en Casos de Sospecha de Femicidio: Aplicación del Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género. El que debe ser aplicado a nivel nacional y establece un criterio mínimo de exploración en el cuerpo de la víctima. En esa línea, en el inciso I. Fundamentos, señala que tiene que realizarse en casos de “muerte violenta de mujeres en las que el Ministerio Público sospeche (o no pueda descartar) participación de terceros en contexto de violencia género”. Es decir, para que el SML aplique este protocolo, la instrucción debe venir del fiscal a cargo de la investigación.

La justicia

Mientras mira a la gente pasar por la Plaza Brasil, Marcía Urdiles relata su proceso tras la muerte de Silvana. “Estuve muy mal, pero después de seis meses me dije: ‘Esto es lo que tengo: una parte de mi vida se fue con mi hija y la otra quedó con la bendición –haciendo referencia a su nieta–. ¿Qué hago para mantenerme en pie? ¿Para qué sirvo ahora?’. Mil preguntas me hice”. En eso hace una pausa y recuerda cuando Silvana le confesó su preocupación con la desaparición de Fernanda Maciel. “Ella no pensó en la Fernanda, sino que pensó en su mamá y me comentó: ‘Pobre madre, cómo debe de estar. Ay mamá, si a mí me pasa algo así me imagino cómo sufrirás tú’. En ese momento no le hice sentido a ese comentario, pero cuando me pasó entendí que mi misión es ir en apoyo de las mamás para contenerlas y ayudarlas”, relata la mujer.

Es así como en su camino por la búsqueda de justicia conoció a otras madres y padres que se encontraban en su misma situación: sus hijas también fueron víctimas de la violencia de género. De este modo, formaron una agrupación llamada “Hermanas y hermanos en el dolor” para contenerse y ayudarse ante cualquier duda sobre el acceso al sistema judicial, sobre la base de sus propias experiencias con las investigaciones de sus hijas. Marcía comenta que cuentan con 31 casos de mujeres, de los cuales algunos ya tienen condena, otros están en proceso a ello y el resto aún no han tenido un avance. Asimismo, afirma que estos casos representan a todas las víctimas que no son parte de la agrupación porque son “todas importantes”.

Luego de cuatro años, el 18 de abril de 2023 a las afueras del Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, Marcía Urdiles y su hija Brenda, acompañadas por la manada de Silvana –amigas de la joven– y miembros de Hermanas y hermanos en el dolor, esperaban con parlante y notebook en mano a que se diera inicio a la audiencia de sentencia que se iba a realizar de manera online.

Para sorpresa de todas, en último momento que se podía ingresar a la sala. Ante esto, la abogada querellante Francisca Millán, quien se encontraba en su domicilio, le pidió al magistrado retrasar la instancia un par de minutos para estar presente con la familia de la joven y así cerrar de una manera más humana este doloroso proceso; petición que fue aceptada.

Con la llegada de Millán se dio inicio a la audiencia, en donde se condenó a Fernando Flores Espinoza a presidio perpetuo simple por el delito de femicidio en contra de Silvana Garrido Urdiles. Es así que se logró acreditar que la mañana del 27 de enero de 2019 Fernando agredió a la joven, para luego empujarla contra el balcón y lanzarla. Para esto fueron fundamentales las labores de la perito criminalista Vivian Bustos y el doctor Felipe Asenjo, ya que demostraron que Silvana intentó salvarse sujetándose con sus manos a los barrotes desde el exterior –acción que explica las huellas marcadas–.

En la sentencia, el tribunal hizo referencia a la hipótesis del suicidio que planteó en un primer momento el comisario Sebastián Vergara, en el documento se lee: “El tribunal no comparte la aseveración vertida por el referido funcionario policial, resultando inexplicable su conclusión, resultando evidente que la misma se fundó principalmente en la versión que el acusado les dio el día de los hechos, al relatar que Silvana se había suicidado”.

Además, los jueces consideraron para su veredicto el Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género, la CEDAW y la Convención de Belém do Pará. Respecto a este último destacaron el artículo 3 (“toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado”) y el artículo 7 (“obliga al Estado a actuar con la debida diligencia para investigar la violencia contra la mujer”), para reconocer que en un primer momento no fueron debidamente observadas en el caso, pero que “sí lo fue con posterioridad en virtud de la exhaustiva investigación llevada a cabo por el Ministerio Público”.

Y siete meses antes, el 17 de septiembre de 2022, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Puerto Montt condenó a Claudio Ballesteros Maldonado a la pena de veinte años de presidio mayor en su grado máximo por su autoría en el femicidio íntimo contra su pareja Yanira Díaz Vera. Para este resultado muy relevante la labor de la fiscal Nathalie Yonsson y la de los abogados querellantes, Javier Ahumada y Carlos Urzúa, quienes lograron acreditar que la madrugada del 28 de noviembre de 2020 Claudio agredió primeramente en su domicilio a Yanira, para luego culminar el ataque en la vivienda de ella.

Al terminar de relatar su largo camino en búsqueda de justicia, Marcía Urdiles recalca que seguirá trabajando para que su hija no sea una cifra más de femicidio, junto con las otras víctimas que son parte de “Hermanas y hermanos en el dolor”. “La lucha es por todas”, dice Marcía y vuelve a posar su mirada en la pañoleta con la imagen de Silvana.

Los femicidios siguen siendo una problemática presente en Chile. Hasta el 11 de julio, los registros del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SernaMEG) ya contabilizaban 22 asesinatos cometidos contra mujeres vinculados a la violencia de género durante 2022. Esas son las cifras oficiales, las que sólo incluyen aquellos casos que calzan con las tipificaciones establecidas en la ley vigente desde 2010. En paralelo, la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres ha contabilizado dos más.

Aunque cada año se siguen sumando casos de violencia extrema en contra de mujeres, desde la tipificación hace 12 años del femicidio como delito en el Código Penal ha habido varios avances legales que buscan disminuir esas cifras. Se han creado programas de prevención y apoyo a mujeres víctimas de violencia e incluso se extendió el marco legal a través de la llamada Ley Gabriela, ampliando a otro tipos de relaciones las responsabilidades penales, incluyendo, por ejemplo, a los pololeos, que antes no estaban contemplados. Sin embargo, a pesar de los avances, las víctimas colaterales siguen a la deriva, tal como da cuenta un reportaje de investigación publicado ayer por Puroperiodismo, pues a la fecha el Estado no contempla a quienes sufren la pérdida, dejándolos a la deriva en procesos legales que no sólo tienen que ver con lo penal, sino que también con temas de herencias, tuición y otros.

Lo único que existe es el Circuito Intersectorial de Femicidios (CIF), una instancia integrada por Carabineros, el Servicio Mejor Niñez, el SernaMEG, la Subsecretaría de Prevención del Delito, la Policía de Investigaciones y el Servicio Médico Legal, que tiene por objetivo central dar atención y apoyo a las mujeres sobrevivientes de femicidio frustrado, pero también a las víctimas colaterales, principalmente con apoyo para asegurar el acceso a la justicia a través de la representación de las familias. En su último informe anual de 2020, el CIF identificó a 379 víctimas colaterales –123 por femicidios consumados y 256 por femicidios frustrados–.

A pesar de que existe esta ayuda, es insuficiente, y aún no hay una legislación que garantice un bienestar en seguridad y psicológico a las víctimas colaterales. Pero un posible cambio puede ser el proyecto de ley que crea el derecho a la protección y reparación integral de familias víctimas de femicidio, presentado en enero de 2021 por un grupo de parlamentarias encabezadas por la diputada Karol Cariola (PC). La discusión sobre la moción en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputados y Diputadas partió recién el 11 de mayo de este año, y desde entonces ha sido el único proyecto discutido en las seis sesiones que siguieron. Durante los últimos dos meses, se ha analizado su contenido con diversas invitadas e invitados que han expuesto sus miradas y críticas al proyecto.

Lorena Astudillo, abogada feminista y vocera de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, es una de las expertas que han sido invitadas a ese debate. Puroperiodismo conversó con ella para saber su perspectiva sobre este proyecto de ley, los avances que este plantea y la actual situación que viven las familias que perdieron a una de las suyas por un femicidio.

Lorena Astudillo, vocera de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres.

–Sobre el proyecto de ley, usted dijo en la sesión del 18 de mayo que estas leyes siguen parcializando la violencia contra las mujeres. ¿Qué quiere decir eso?

Los legisladores están en un afán de no querer reconocer que la violencia hacia las mujeres es un concepto que puede institucionalizarse, que tiene que definirse. La violencia hacia las mujeres tiene un solo patrón común que es el patriarcado y se manifiesta en distintas áreas y de distintas formas. Entonces, ¿qué es lo que hacen los legisladores? Van a algunas de esas manifestaciones y la sancionan. Es como una gran llave que tiene muchas mangueritas y ellos tapan una manguerita pequeña, pero ni siquiera la previenen, sino que la castigan cada vez que esa manguerita tira un chorrito de agua. Pero es esta gran llave la que está tirando todos estos chorros de agua, y mientras no se ataque y se cierre esta llave, vamos a seguir teniendo filtraciones de mangueritas por todas partes. Por lo tanto, mientras los legisladores no comprendan esto, van a seguir tapando pequeñas mangueritas y no van a apuntar al problema real que es el patriarcado y el machismo, junto a sus agentes reproductores de la violencia que son la educación, las familias, las iglesias, los medios de comunicación, etc. Y con esto, seguirán parcializando la violencia hacia las mujeres como si fueran hechos aislados y creando una falsa sensación de solución.

–¿Y una buena prevención puede ser fundamental?

Es fundamental, antes de andar sancionando, y también la promoción es esencial hoy día. Tenemos que transformar las cosas porque a nadie se le puede pasar por la cabeza que va a violar, matar o violentar a una mujer; eso nos tiene que parecer aberrante socialmente. Y eso es la promoción y es ahí a donde tenemos que llegar. Por lo tanto, todo es necesario: la sanción, la prevención y la promoción, pero la prevención y la sanción tiene que ser la última instancia, a lo último que debiéramos pensar que se necesita en una sociedad para convencernos y realmente estar tranquilas diciendo que vivimos en una sociedad libre de violencia para las mujeres.

–¿Cree que este proyecto de ley podrá implementarse de manera eficaz en nuestro país?

Lo que nosotras leímos no habría problemas en poder implementarlo, pero son soluciones parches, pedacitos que tapan otros pedacitos. Por otro lado, este proyecto habla de darle una atención psicológica a las víctimas, pero ojalá sea así porque hoy día vemos a la gente en los Cosam que tienen que esperar días para ser atendidos un rato, y corren el riesgo de que te cambien al profesional no pudiendo generar una adherencia. Entonces, puede ser complicado. También cuando dicen que les van a entregar una educación de calidad a las víctimas, pero todo Chile debiera tener una educación de calidad, no hay que esperar a que maten a una madre para que den una educación de calidad. Hay que ver qué criterio tiene educación de calidad. Por otro lado, está presente el fuero laboral, porque sabemos de familias que han tenido que perseguir procesos judiciales muy largos, pero trabajan, y nos parece que esa medida es importante. También la medida para aquellas migrantes que si no tienen regularizada su estadía en el país, no se les deporte, que es un miedo que tienen ellas para poder ir a denunciar. Entonces, eso por ejemplo a nosotras nos parece que sí se puede implementar, pero ¿ataca la raíz? No.

Ver sesión del 18 de mayo de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputados y Diputadas: 

Lo que hay

–¿El Ministerio de la Mujer y Equidad de Género cuenta con políticas públicas de acompañamiento para las víctimas colaterales de femicidio?

No cuenta con políticas públicas. Lo que existe hoy día es el Circuito Intersectorial de Femicidios (CIF) que fue creado con la finalidad de acercarse inmediatamente a quienes quedan tras un femicidio ocurrido en alguna ciudad, y entregarles algún tipo de apoyo jurídico y psicológico, facilitar el ingreso a ciertas atenciones, etcétera. Pero el CIF opera en la Subsecretaria de Prevención del Delito que depende del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Por lo tanto, está en un ministerio completamente distinto, y debiera estar radicado en el Ministerio de Mujer y Equidad de Género.

–¿Qué tan eficiente ha sido la ejecución del CIF?

Hasta hace algunos años era demasiado azarosa la forma en que operaba. Por ejemplo, había lugares en donde actuaba muy bien el CIF acercándose inmediatamente a las familias, pero en otros lugares no era así, ni siquiera las familias sabían que existía. En este último tiempo, desconozco si está operando tan efectivamente y cómo lo está haciendo, no hemos hecho mayores investigaciones. Pero es lo único que existe.

–¿El correcto funcionamiento del CIF tiene que ver con un tema presupuestario?

Me parece que tiene más relación con una visión global del problema de la violencia hacia las mujeres, porque a lo mejor podrían tener muchos millones de pesos, pero si no tienes claridad de que esta violencia no sólo tiene consecuencias en quien la está viviendo directamente, difícilmente puedes generar políticas públicas acordes a comprenderlo. Y actualmente, nada del aparataje estatal lo considera. Como hoy día [el Ministerio de la Mujer] es parte del comité político y se entiende que lo personal es político, y que la violencia hacia las mujeres es un problema político, esperemos que en el nuevo presupuesto se considere aumentar la glosa presupuestaria. Y para poder aumentar esta glosa tienes que ir con argumentos sólidos, algo que hasta ahora no ha sido así porque no ha habido una real reflexión de los problemas que tenemos las mujeres. Entonces, nos parece que ahora está la oportunidad de llegar con esos argumentos para que, cuando dividan las platas de Chile, se nos considere a las mujeres como primordiales.

Las víctimas invisibles del Estado

–¿Existe ya alguna legislación sobre el cuidado de los menores hijos e hijas de víctimas de femicidios?

No, no existe nada. Siguen rigiéndose por las leyes generales, y estas leyes dicen que quienes pueden tener la patria potestad son el padre, la madre, los abuelos paternos o los abuelos maternos. En este caso, si la madre es asesinada por el padre, este sigue teniendo la patria potestad, pero lo que no puede tener es el cuidado en caso de estar detenido. Por lo tanto, tienen prioridad los abuelos paternos y luego los abuelos maternos. Ante esto, se puede iniciar un proceso judicial en el cual, por ejemplo, los abuelos maternos pueden demostrar que van a estar mejor cuidados por ellos que por los abuelos paternos, y ahí el Tribunal de Familia es el que determina quién queda a cargo del cuidado. Por lo tanto, acá entra toda una disputa legal muy dolorosa después de haber existido un femicidio, y quizás ahí podría haber una legislación, una conciencia, un asesoramiento o un acompañamiento para esas personitas que quedan y que luego son disputadas judicialmente. Acá debe primar el bien superior de las niñas, los niños y les niñes. Si bien los procesos judiciales tienen esta idea en su recorrido, no siempre son tan amigables y cuesta que el derecho sea amoroso, y en estas situaciones se requieren procesos amorosos.

–¿Existe por parte del Estado una violencia institucional hacia las víctimas colaterales de femicidio?

La violencia también puede ser por omisión, porque mucha gente se pregunta ¿qué es lo que está haciendo el Estado? ¿Cómo hemos visto que el Estado violenta directamente a las mujeres? Esto se ve cuando los procesos judiciales y los tribunales no se acogen a los tratados internacionales, y con esto están violentando directamente a las mujeres. Acá no podríamos mostrar qué es lo que está haciendo el Estado porque no hace nada; las víctimas están completamente invisibilizadas por el sistema, y eso es real. Y ahora pretenden cambiarlo con una legislación que empieza a visibilizarlos un poco más, pero en eso vamos a ser súper reiterativas y majaderas, porque mientras el sistema completo no se reestructure, seguirán siendo soluciones parches. Y la omisión de prestar los servicios y acompañamientos adecuados, por supuesto que genera una violencia institucional.

Tomar conciencia

–¿Por qué cree que existen estas deficiencias por parte del Estado en temas relacionados a la violencia contra las mujeres?

Puede haber muchas teorías. Nosotras pensamos que hay una desidia por parte de la institucionalidad sobre lo que pasa con nosotras las mujeres. Estamos en una sociedad patriarcal en la cual se sustenta con el sometimiento y la dominación de las mujeres. Y a los Estados de libre mercado les conviene que las mujeres estemos convencidas de que todo lo que hacemos es por amor, porque así no tienen que pagarlo. Por lo tanto, esto está en la cultura y en las estructuras de la sociedad en la que estamos, y bajo esto las instituciones se forman y terminan siendo parte. Entonces, aquí hay una rueda que tiene que ver con el sistema económico, cultural, político y social en el que vivimos que está muy cómoda, y eso permea a todos. Y si trabajas en la administración pública y no te dedicas a mirar realmente la realidad territorial en que viven las mujeres de tu país, terminas entrando en esta misma rueda.

–¿Por dónde hay que comenzar para que la sociedad tenga conciencia de que existe la violencia contra las mujeres y que finalmente se logre una vida libre de violencia?

Las feministas ya partimos, llevamos más de un siglo en esto. Y es importante reconocer el trabajo que han hecho nuestras ancestras y que seguimos haciendo nosotras permanentemente. Actualmente, hay mucha más conciencia de lo que es la violencia hacia las mujeres y hay mayor critica ante esto. Las mujeres denunciamos, pero no formalmente, sino que gritamos nuestros dolores, los ponemos afuera porque lo personal es político, como decía Julieta Kirkwood, y las demás vamos escuchando. Y si me molesta, me incomoda o me daña, no está bien, y eso vamos sociabilizando. Por lo tanto, hemos ido permeando a la sociedad con esto. Ahora, ¿cómo continuamos? ¿Cómo seguimos concientizando y permeando? Tenemos que convencer a toda la sociedad de que esto es real, que tiene que transformarse y proponer qué significa una vida libre de violencia. Y la institucionalidad es la que viene más atrasada y tiene que ponerse al día, dejar de decir: «Te violaron, entonces vamos a sancionar», porque eso no es una vida libre de violencia. Una vida libre de violencia es que a nadie se le ocurra que puede violar a una mujer o a una niña, tiene que considerarlo aberrante. Por lo tanto, mientras convencemos a todos de que esta transformación es positiva vamos proponiendo qué es una vida libre de violencia. Y ahí cabemos todas para ir proponiendo.

Por Laura Moreno y Rodrigo Arriagada*

*Este reportaje fue realizado durante 2021 y parte de 2022, y corresponde a la Tesina de los autores para optar al título profesional en la Escuela de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado. El trabajo fue guiado por el profesor Juan Pablo Figueroa.

Lidia Díaz despertó la mañana del 28 de noviembre de 2020 y lo primero que hizo fue enviarle a su hermano mayor, Miguel, una foto por WhatsApp. En la imagen se detallaban las ayudas sociales que estaba ofreciendo el gobierno para paliar los efectos de la pandemia. Eran cerca de las 6:00 am, por lo que intentó seguir con su rutina. Al rato, él la llamó de vuelta:

–La Yanira ya no está. Se murió.

Lidia pensó que era una broma cruel. Yanira, su hermana menor, de 25 años, había vivido con ella la mayor parte de su vida. Se criaron juntas en las Aldeas Infantiles SOS, en Puerto Varas, y Lidia siempre la protegió. Eran tan cercanas que cuando Yanira egresó de la residencia, Lidia la invitó a vivir con ella en Concepción. También la ayudó a terminar el colegio y la acompañó durante el embarazo y en el nacimiento de B, su sobrino y único hijo de Yanira.

Incrédula aún, Lidia le insistió a Miguel que la comunicara con su hermana menor. Él decía que no podía, que realmente estaba muerta y que, según los primeros peritajes, había sido un suicido. Lidia colgó y tomó de inmediato un bus con destino a Puerto Montt, donde Yanira vivía, en el sector de Angelmó. Cuando llegó, se dio cuenta de que todo era cierto: tal como dice su certificado de defunción, Yanira falleció ahorcada poco antes de que Lidia enviara la foto a su hermano, a las 4:40 de la madrugada, apenas unos días antes de cumplir 26 años.

Lidia llegó al velorio de su hermana. Mirándola en el ataúd, era incapaz de cuadrar la situación. La conocía bien y sabía que, aunque en su adolescencia había vivido cuadros depresivos, jamás dejaría solo a su hijo de forma voluntaria. Por eso, tenía una sola certeza rondando su cabeza en ese instante: el suicidio de Yanira era una farsa; a su hermana la habían matado.

–¿Qué la hizo dudar de la versión inicial?

–Es que en ese momento la vi y no era ella. Tenía su cabeza completamente golpeada, hundida, y la nariz hinchada –responde Lidia.

Las fotos tomadas por los peritos de la Policía de Investigaciones (PDI) dan cuenta de eso. La piel lisa y trigueña de Yanira mostraba zonas hinchadas y amoratadas. A Yanira la encontraron en su hogar, sobre la cocina a leña, semidesnuda, con una uña faltante, la nariz quebrada y una contusión en su cabeza que terminó en fractura.

Aunque la PDI sostenía que Yanira Díaz había atentado contra su integridad, al igual que su hermana, su madre, Elisa Vera, sospechaba que no, que a Yanira la asesinaron y que todo apuntaba hacia Claudio Ballesteros, con quien llevaba una relación de aproximadamente 9 meses.

Semanas más tarde, tras exhumar el cuerpo y realizar una segunda autopsia, se confirmó que no había sido un suicidio, aunque su certificado de defunción aún lo señala como tal. Se estableció la tesis del femicidio y se abrió una investigación penal en la que el principal sospechoso era, precisamente, Ballesteros. Yanira Díaz se convirtió así en la mujer número 40 en ser asesinada en contexto de violencia de género durante 2020, según la estadística oficial del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género (MinMEG).

Actividad conmemorativa por Yanira Díaz. (FOTO: Cortesía Ni Una Menos Puerto Montt)

Lidia comenzó entonces a denunciar las irregularidades del caso en todos los espacios que encontró mientras con su familia se hacían cargo de B, de apenas 8 años. Con la lentitud de la justicia y la falta de resguardo hacia el menor, sin saberlo, pasaban a ser parte del grueso número de víctimas colaterales del femicidio en Chile, aquellas que el Estado no contempla en ninguna de sus políticas.

Desde que se tipificó por ley el femicidio como crimen en 2010, hasta el 11 de julio del 2022, han muerto en Chile 501 mujeres en expresiones de violencia de género, según las cifras del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SernamEG). No obstante, hay organizaciones feministas que contabilizan muchas más. Esto debido a que, hasta la modificación de la Ley de Femicidios con la llamada Ley Gabriela, sólo se consideraban como femicidios los casos dónde hubiese una relación conyugal o, al menos, de convivencia. Las organizaciones feministas, en cambio, identificaban esta acción como un atentado motivado por razones de género, lo que ampliaba considerablemente el espectro. En otras palabras, consignaron que diferentes crímenes que habían sido imputados como simples homicidios, tenían un sesgo de misoginia y que, por tanto, había que reconocerlos como femicidios.

En el Código Penal, el femicidio está definido como el delito en el cual un hombre mata a una mujer «que es o ha sido su cónyuge o conviviente, o con quien tiene o ha tenido un hijo en común»; «en razón de tener o haber tenido con ella una relación de pareja de carácter sentimental o sexual sin convivencia», o «en razón de su género». Pero pareciera ser que la institucionalidad no ha pensado en las personas que quedan después de que una madre, una hermana o una hija muere en un femicidio.

En ningún apartado de la Ley de Femicidio, de Violencia Intrafamiliar o en el segmento de menores del Código Civil hay referencias sobre el cuidado de menores en estos casos. Esto quiere decir que las familias de las víctimas directas no sólo tienen que disputar los procesos de custodia de los hijos de las mujeres asesinadas; en muchas ocasiones esto se suma a investigaciones negligentes, carencias económicas, dificultades psicoemocionales y disputas legales por herencias que, a veces, tienen como contraparte al mismo femicida.

A pesar de que las cifras oficiales contabilizan 909 víctimas indirectas de femicidio consumado entre 2014 –año en que comienza a sistematizarse esta información– y 2020, no hay todavía legislación existente para asegurar su bienestar económico ni psicosocial (hay un proyecto que se discute en el Congreso, pero aún en su etapa inicial). En definitiva, quedan a la deriva en una ruta que entremezcla los caminos legales y económicos con el dolor de la pérdida y el abandono del Estado. De ellos y ellas trata esta investigación.

Ni siquiera un PDF

A pesar de que en cuestión de semanas el caso de Yanira Díaz comenzó a tratarse como un femicidio, su hermana Lidia acusa falta de atención en el caso por parte del MinMEG. No es de extrañar, si se considera que el SernamEG consideró en su presupuesto anual 2021 apenas $65,5 millones para pagar honorarios de apoyo jurídico a las familias de mujeres víctimas de femicidios en todo el país, según respondió el servicio a una solicitud de acceso a información pública.. Esto representa cerca del 0,1% del presupuesto total de la cartera, que en 2021 alcanzó los $64.565 millones, repartido entre la Subsecretaría de la Mujer y el SernamEG.

El apoyo jurídico que ofrecen desde el SernamEG, dicen personas consultadas para este reportaje, en muchas ocasiones es deficiente y no son pocas las víctimas colaterales que terminan optando por abogados particulares para llevar sus casos. De hecho, en su respuesta, el mismo servicio reconoce que “al no ser un programa, la información solicitada sobre cobertura, prestaciones, duración de éstas y evaluaciones no existe”. Lidia Díaz, por ejemplo, cuenta que su experiencia con los servicios estatales dejó mucho que desear:

–Partimos el caso con un defensor público cuando todavía se trabajaba la tesis del suicidio. Cuando se confirmó el femicidio, nos llamó el fiscal Carlos Pincheira [de la Fiscalía de Puerto Montt] para indicarnos que nos pasarían un abogado del Servicio de la Mujer, pero luego el abogado dejó la institución y se suponía que iban a pasarnos a otro. Todavía estamos esperando que nos llamen.

Lidia optó por buscar un jurista de manera particular. Hoy la representa un amigo de su pareja como querellante en la causa que se tramita en el Juzgado de Garantía de Puerto Montt, para la cual en diciembre se extendió el plazo de investigación hasta marzo del 2022.

Publicación en Facebook sobre el femicidio de Yanira Díaz.

En todo caso, no todas las víctimas colaterales del femicidio lo experimentan igual. Para Paula Valenzuela, por ejemplo, el trato con los abogados públicos no ha sido tan complejo. Así cuenta vía telefónica, con voz agitada.

Dice que tiene poco tiempo para hablar y es entendible: se hace cargo de su hermano menor, de su propio hijo y también de dos de sus sobrinas, hijas de su hermana Soledad, quien fue asesinada en julio de 2020 en su domicilio en Doñihue, en la Región de O’Higgins. El femicida, después del crimen, quemó la casa para esconder la evidencia. Su caso fue el primero de ‘femicidio no íntimo’ juzgado en el país tras la ampliación de la ley de femicidios en marzo de 2020. Esto quiere decir que el asesino de Soledad no tenía una relación sentimental con ella.

–El caso está en nada –se lamenta Paula–. De hecho, me llamó hace poco la abogada y me dijo que el fiscal iba a pedir más tiempo de investigación, entonces, puede que recién sea hasta dentro de tres meses más.

Con la abogada hablan solo previamente a las audiencias de preparación de juicio oral. Ese es, indica Paula, el único aporte que ha hecho el Estado para acompañarla en su situación. Ni siquiera tuvieron algún tipo de ayuda para llevar a los testigos a declarar ante la PDI de Rancagua. Por suerte, las cuarentenas por la pandemia de Covid-19 la terminaron favoreciendo en ese sentido, porque la realización telemática de las audiencias le permitía asistir sin tener que ver dónde dejar a los niños ni cómo pagar pasajes.

Tras la muerte de su hermana, asesinada a los 29 años, no sólo ha tenido que hacerse cargo de llevar el caso adelante. El grupo familiar de Soledad estaba compuesto por C, el hermano menor de ella y Paula, que quedó a su cuidado tras la muerte de su madre. Con ello, Paula no solo se hizo cargo de él, sino que también de sus tres sobrinos: G de 8, V de 11 y M de 13. Ninguno de los niños fue testigo de la muerte de su madre. Semanas antes, Soledad había enviado a los menores con Paula, para poder trabajar sin riesgo de contagios. Los cuatro estaban en Santiago el día que Paula fue asesinada y quemada dentro de su hogar.

–Ha sido difícil porque soy sola. Yo tenía viviendo conmigo a G y llegó un momento en que no pude más, no me dio para cuidarlo, y por eso se fue con el papá. Cuando murió la mamá, él se puso como una guagua y yo trabajo, estudio y no me daba para cuidarlo. He tirado licencia médica porque me dio ansiedad y estrés. Ahora estoy recién volviendo a trabajar –cuenta Paula.

Las dos niñas mayores quedaron a su cargo. Su padre no forma parte de sus vidas después de que en 2010 Soledad escapara junto a su hija mayor, estando embarazada de la menor, por las agresiones que sufría por parte de su expareja. Con ella fallecida, ese hombre no sólo es actualmente el tutor legal de las niñas, sino que, como estaban casados, también le corresponde la administración de los ahorros previsionales que Soledad dejó en su AFP.

Después del femicidio, Paula puso a todos los niños en tratamiento psicológico particular. Comenta que son reacios a hablar del tema y que por lo mismo dejaron de asistir a terapia. En paralelo, puso un recurso de protección en favor de las niñas, porque no sabía qué hacer con ellas en términos legales. Como nadie del Estado la orientó, siguió las recomendaciones que le hicieron algunas personas cercanas. “Fue como que murió la Sole y los niños quedaron ahí no más”, recuerda.

Con la acción judicial interpuesta, comenzó el engorroso trámite para la adopción y las niñas empezaron el Programa de Diagnóstico Ambulatorio (DAM), que se acercó para hacer contención a las menores. Esto como parte procedimental tras la interposición del recurso de protección para la solicitud de custodia. Paula comenta que un amigo fue el que le recomendó poner el recurso y es gracias a eso que actualmente las niñas están en tratamiento y se le asignó el cuidado provisorio. Según la escasa información pública en torno al tema, la página web del Ministerio de Desarrollo Social define estos programas como una instancia que realiza evaluaciones a niños, niñas y adolescentes que hayan vivido algún tipo de victimización o que sean infractores de ley.

A Paula constantemente le han otorgado la custodia provisoria de las niñas. Para eso, si bien el Estado puede aportar con el abogado que lleve la causa a través de la Corporación de Asistencia Judicial, ella acusa que la espera para la atención es tal que prefiere hacer rifas para solventar los trámites legales respecto a sus sobrinas.

Lo complejo es que M y V no son las únicas niñas que quedan sin sus madres en contextos de femicidios. El Circuito Intersectorial del Femicidio (CIF), que coordina al SernamEG, a la Subsecretaría de Prevención del Delito, la PDI, Carabineros y el Servicio Nacional de Menores (Sename, hoy Servicio Mejor Niñez) actualmente es el único espacio de orientación estatal ante estos casos, pero por definición y tal como expresa el SernamEG en su respuesta a una solicitud de acceso a información pública para esta investigación, no tiene presupuesto porque funciona como espacio de coordinación.

El último informe, publicado a principios de diciembre de 2021, indica que 59 niños, niñas y adolescentes quedaron sin sus mamás durante 2020: 10 más que en 2019. Si se considera la estadística desde 2010, cuando se empezó a desarrollar el catastro, la cifra de todo el período sube a 635 menores (ver gráfico).

Elaboración propia con información recogida de los informes ministeriales desde 2010 a 2020. El gráfico permite desagregar la cantidad de femicidios, de víctimas colaterales y de los menores de edad afectados por este tipo de delitos. El gráfico evidencia que los femicidios impactan más personas que la víctima directa.

El hijo de Yanira Díaz, B, también se quedó sin su madre. Su papá vive en Taiwán, China, por lo que no lo ve regularmente. Tras el femicidio de Yanira, su familia evaluó que lo mejor era que él se quedara con su abuela, Elisa, en Puerto Montt:

–Yo me quería traer al niño –dice Lidia–, pero también sabía que era necesario que mi mamá calmara su pena. Ahora tiene un cuidado provisorio y su papá también ayuda a mi mamá con plata. Él y los amigos de mi hermana. Eso igual me alegra el corazón. Ella era muy querida y, con el B. allá, no se van a olvidar de su carita.

A la familia de Yanira tampoco le indicaron cómo llevar adelante los procesos para la custodia de B. De hecho, el menor no ha recibido ningún tipo de apoyo psicosocial por parte del Sename o cualquier otra institución pública a casi un año del asesinato de su madre. Por lo tanto, está en un limbo, sin que haya aún nada definitivo respecto a qué pasará con sus cuidados.

Tanto Paula Valenzuela como Lidia Díaz creen que el MinMEG debiese intervenir más en el tema de los cuidados a los menores: “No sé mucho de nada legal y yo pensé que el Ministerio de la Mujer apoyaría en eso. No te entregan ni un manual. Ni siquiera un PDF. No te ayudan en ninguna cosa con los niños”, dice Paula.

Este problema se ha vuelto generalizado. Patricia Varela es socióloga, experta en temáticas de género y directora de estudios de Isonoma Consultorías Sociales, un centro dedicado a la investigación social, evaluación de políticas públicas, asesorías y capacitaciones. Desde esa posición ha podido desarrollar distintos programas y estudios para el MinMEG:

–Los casos que pueden darse tras un femicidio son sumamente variados. Te encuentras con un niño o niña que su papá se mató, se va a ir preso o va a desaparecer; su madre está muerta y no hay una pensión. El Estado no sustenta la vida material de esas niñas y niños –asegura la especialista.

La situación se vuelve aún más compleja cuando el padre de los menores que han perdido a su madre o cuidadora, es el asesino. Al estar privado de libertad, el homicida y padre de los menores afectados no se hace cargo de sus obligaciones económicas con ellos por no estar generando ingresos por el cumplimento de condena o prisión preventiva.

Las pensiones de alimentos, si bien pueden establecerse contra personas privadas de libertad, no tienen posibilidad de ser cumplidas. En palabras del abogado de familia, Jaime Fuentes, “dentro de los recintos penales las personas privadas de libertad no tienen forma de generar ingresos”. Pero la solución a ese conflicto se encuentra en el Código Civil. Según lo establecido en el Artículo 232, son los abuelos de la línea del padre o madre que no provee quienes se deben hacer cargo de manera subsidiaria de esta pensión. Es decir, debe existir una demanda previa al padre para el pago de pensión y una vez establecida y constatada la imposibilidad del pago de estos alimentos, son los abuelos paternos quienes deben ser demandados para exigir el pago de los mismos.

En esta misma línea, la abogada penalista y socia del estudio jurídico AML Defensa Mujeres, Paloma Galaz, señala que las víctimas colaterales viven las consecuencias negativas del delito durante todo el proceso posterior a la comisión de éste. Este tipo de violencia se le conoce como victimización secundaria y, según Galaz, también tiene un énfasis en las mujeres:

–Cuando la mamá de un niño es asesinada, son probablemente otras mujeres las que se van a hacer cargo, y no hay apoyo material, entonces se profundiza la vulnerabilidad de estas familias. De hecho, ni siquiera se asegura un tratamiento de salud mental, siendo que cada vez que una mujer muere es porque el Estado falló.

Un fenómeno distinto

La foto de perfil de Lidia Díaz, tanto en su WhatsApp como en su cuenta de Facebook, es la misma: aparece un retrato de su hermana con la consigna “#Alerta Morada” y su nombre, Yanira Díaz. Abajo, en letras rojas con un fondo blanco se lee «No fue suicidio, fue femicidio».  Al lado, 25 años, la edad de Yanira, y el día de su muerte.

Tras velar a su hermana, Lidia fue junto a su madre, su hermano menor y un amigo de la familia a la casa donde Yanira vivía. Habían escuchado que había gente metiéndose al inmueble y decidieron ir a revisar. Ahí encontraron todo dado vuelta.

–Yo entré y supe lo que pasó ahí –recuerda Lidia–. Había cáscaras de papas tiradas, muchas latas de cerveza, cigarros apagados en el calefactor. Cualquiera que conozca a Yanira sabe que ella jamás habría hecho eso, ella no era así.

Gracias a una amiga de Yanira, supo que Claudio Ballesteros la golpeaba. Ella le mostró un audio a Lidia:

“Ahora ando cagada de miedo porque le rompí el vidrio– se le escucha decir a Yanira–. Amiga, hueón, tuve una noche de la mierda. El maricón culiao me arrastró en la parte de atrás de la camioneta; me sacó la chucha”.

Ahí, Lidia vio fotos que su hermana envió a su amiga posterior a la golpiza. Esas imágenes forman parte de las pruebas que tiene actualmente la Fiscalía de Puerto Montt para establecer que su hermana era víctima de violencia en el pololeo. Ella y Claudio Ballesteros llevaban una relación de entre nueve meses y un año.

La legislación chilena sólo considera los golpes en una relación cuando estos se dan en el marco de la convivencia, puesto que se enmarcan dentro de la Ley de Violencia Intrafamiliar. Además, solamente se considera delito cuando la violencia tiene resultado de muerte, o bien, se prueba su ejercicio habitual. Para la vocera de la Red Contra la Violencia hacia las Mujeres, la abogada Lorena Astudillo, esto es un problema enorme de la legislación y prevención en torno a la violencia de género:

–Nos parece un desatino que se le dé permiso a los agresores para hacer un hábito la violencia intrafamiliar. Para nosotras, la Ley de Violencia Intrafamiliar se estancó, han pasado 30 años desde su creación.

Ese, dicen varias expertas, es uno de los principales problemas para el tratamiento de este tipo de casos: la ley en Chile no considera la violencia contra la mujer de forma integral, sino que conforme se consuman distintos tipos de crímenes, se inicia un proceso judicial diferente, sin necesariamente considerar la dinámica de violencia ejercida por su victimario. Esto, por ejemplo, se evidencia en casos de suicidio femicida, donde hay una agresión psicológica constante hacia la víctima que opta por quitarse la vida.

Para la socióloga Patricia Varela, el problema es previo a la comisión del femicidio. Según ella, esta forma de enfrentar la violencia contra la mujer no permite al sistema establecer mecanismos de prevención eficientes:

–No hay un marco interpretativo que permita un abordaje integral, multisectorial, con la complejidad que requiere, y que aborde la situación de la violencia contra las mujeres en general y en la problemática del femicidio en particular. Eso, por supuesto, se traduce en que la oferta pública que tiene que ver con la prevención, con el abordaje y la reparación también sea súper insuficiente.

A pesar de esto, según la Ley de Presupuestos de 2021, el MinMEG destina por glosa poco más de $19.285 millones para la atención a víctimas de violencia de género. De esos recursos, el 95% va a parar a convenios con organismos privados que llevan adelante las políticas de acompañamiento. En prevención solo se gasta poco más de $1.200 millones.

Sin embargo, las políticas de prevención no han funcionado plenamente. De las 43 mujeres asesinadas durante 2020, 19 habían denunciado a sus homicidas por violencia intrafamiliar previamente. En cada uno de esos casos el Estado pudo intervenir para evitar las muertes, pero no ocurrió. Para Lorena Astudillo, esto es grave:

–Hay nula visión de prevenir. Lo que creo que esperamos las mujeres es no tener que vivir violencia, y la institucionalidad no lo promueve. No encontramos en la institucionalidad un espacio empático ni que sancione lo que les ha pasado a estas mujeres.

Varela considera que es clave que los programas de prevención aborden la fenomenología de los crímenes feminicidas y de género:

–Es el único delito en el cual la víctima ha tenido una relación con su victimario, donde muchas veces hay hijos en común, donde hubo un proyecto de vida compartido, por tanto, hay empatía y lealtades que hacen que la víctima también tenga un comportamiento distinto a si fuera víctima de cualquier otro atentado de violencia. Ante las primeras expresiones de violencia vienen esas preguntas: si yo denuncio, ¿cómo se alimentan mis hijos?

A pesar de la complejidad de estas agresiones, no todas las mujeres que denuncian femicidio frustrado tienen seguimiento. Según el último informe del Circuito Intersectorial del Femicidio, 13 de los 43 hombres que consumaron este crimen en 2020 tenían condenas previas por delitos relacionados a la violencia intrafamiliar, es decir, el 30,2%. El porcentaje desciende a un 23,2% cuando se habla de los 151 femicidios frustrados que se registraron ese mismo año.

Las mujeres denunciantes que son asesinadas y las mujeres violentadas que no se atreven a denunciar a sus victimarios, son reflejo de la misma realidad: el femicidio es en muy pocos casos el primer hecho de violencia dentro de una pareja. Cuando ocurre dentro de un grupo familiar, la víctima directa de violencia deja de ser sólo la mujer agredida y afecta a menores de edad que crecen en entornos de violencia. Cuando una mujer es asesinada, con o sin convivencia previa, las víctimas indirectas son quienes deben exigir justicia y cuidados, la mayoría de las veces en soledad, sin preparación alguna ni recursos suficientes.

–Cómo quedan los niños, cómo sufren, cómo la pasan después, si comen o no comen, a ellos no les importa. Yo tengo que arreglármelas sola para ver cómo comen, cómo viven, cómo estudian, todo; también los abogados, porque a mí nadie me ayuda del gobierno –dice Paula Valenzuela.

Prevención: una deuda del Ministerio

La Isla Caguach es una de las islas menores del archipiélago de Chiloé, a la cual se llega en un viaje de dos horas en lancha desde la comuna de Quinchao. Allí viven cerca de 550 personas. La localidad no tiene mayores particularidades, salvo por la Peregrinación del Cristo Nazareno que se realiza todos los años y que le da a los habitantes la posibilidad de generar ingresos por el fuerte turístico que este evento significa.

Mónica Mansilla vivía en el sector de La Capilla. Allí, en su vivienda, fue encontrada sin vida el 19 de diciembre del 2019. Los peritajes establecieron acción de terceros; Mónica fue agredida y asesinada. Su hija, Marcia Aro (35), cuenta que la noche anterior llamó a su mamá para ver cómo estaba. Se encontraba preocupada por ella, puesto que había tenido una relación de 17 años con Carlos Vivar, quien en reiteradas ocasiones la había agredido.

La noche anterior, recuerda Marcia, su madre iba a ir a la celebración de una licenciatura de octavo básico de la escuela de la isla. Tocaría su banda favorita, Los Indomables del Sur, un conjunto musical intérprete de rancheras que venía desde Quellón. Marcia le pidió que se cuidara y no durmió hasta pasadas las 3:30 de la mañana. A esa hora, su madre le comentó que ya iba camino a la casa y que podía despreocuparse, que no había pasado nada.

–Mi mamá era una mujer muy alegre, andaba siempre con esa vibra especial. Ella se había separado de Carlos hacía 17 días y por eso yo le decía que se cuidara, que dejara la luz prendida de la casa. Desde el término, era un sermón de todas las noches decirle que dejara las luces prendidas, que cerrara bien su casa. Tenía temor de que le pasara algo –recuerda.

Marcia se despidió de su mamá. A la mañana siguiente, no se llamaron. Como Mónica había estado de fiesta, su hija pensó que lo mejor era dejarla dormir hasta tarde y ocupó su día haciendo trámites. A las 4 de la tarde recién sonó su teléfono: su tía la llamaba para informarle que Mónica estaba mal, que le habían infligido heridas y estaba pronta a fallecer. A kilómetros de Isla Caguach, en la comuna de Dalcahue, Marcia se desesperó. Al rato, una prima enfermera, la contactó, también vía telefónica:

–Marcia, no pude hacer nada con la tía.

Marcia Aro (de morado) junto a su madre, Mónica Mansilla. (FOTO: Cortesía de Marcia Aro)

En medio de la angustia, la primera persona que se le vino a la cabeza fue Carlos. Lo llamó y le preguntó qué le hizo a su madre. Le sacó en cara los 17 años de abusos contra ella, pero él aseguraba no haberle hecho nada. A los días fue detenido como principal sospechoso del femicidio de Mónica Mansilla.

–Mi mamá había hecho varias denuncias, pero siempre las retiraba. Él decía que iba a cambiar, que no le iba a volver a hacer daño. Muchas veces salió mal parada con nosotras por defender a Carlos y yo creo que también el miedo le ganó, por eso retiraba las denuncias –cuenta Marcia.

Al revisar el fallo del caso, dentro de los antecedentes aparecen diferentes episodios de agresión de parte de Carlos a Mónica. El 24 de abril de 2019, por ejemplo, Vivar chocó en su camioneta con el auto que su pareja manejaba, sin prestarle ayuda. El 22 de noviembre del mismo año durante una discusión, él quemó el celular de Mónica y luego la persiguió con un cuchillo por toda la pampa. Tras este episodio, terminaron su relación.

A pesar de los antecedentes de violencia y de la acción de terceros vinculada a la muerte de Mónica, ella no está en el registro de femicidios de 2019 y el Tribunal Oral en lo Penal de Castro absolvió a Carlos Vivar por falta de pruebas. Tras alcanzar la libertad, Vivar se trasladó a vivir a Dalcahue, comuna en la que viven Marcia y sus hermanos. Los hijos de Mónica solicitaron la nulidad del juicio en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, la que fue aceptada. Actualmente, Vivar se encuentra con medidas cautelares de arraigo nacional y firma quincenal

A Marcia son varias las cosas que le hacen ruido al pensar en el caso de su madre. La primera es cómo no hubo intervención del Estado cuando su madre denunciaba violencia intrafamiliar. Cuenta que en cada uno de los partes de constatación de lesiones, la sigla VIF aparece dentro del registro.

–¿Nunca hubo ninguna institución que hiciera un seguimiento, aunque ella retirara las denuncias?

–No. Yo no sé cómo es posible que, estando la información ahí, nadie haga nada. Todos en la isla sabían lo que a mi mamá le pasaba.

La prevención ha sido el gran talón de Aquiles de las políticas elaboradas por el MinMEG La vocera de la Red Chilena Contra la Violencia hacia las Mujeres, Lorena Astudillo, lo plantea del siguiente modo:

–El ministerio ofrece la denuncia como única solución a la violencia contra la mujer. Sin embargo, cuando vamos, nos encontramos que solo podemos hacerlo cuando es ejercida por nuestra pareja. En el caso de que se quiera denunciar al pololo, si no vivimos juntos ni tenemos hijos en común, queda prácticamente en nada. Si queremos denunciar a los tipos que nos dan un agarrón en la calle, te piden el nombre, la dirección y todos los antecedentes. Si no, queda en nada. Si se quiere denunciar al vecino que se masturba cada vez que pasas, queda en nada. Entonces, cuando la ministra dice a las mujeres ‘vayan a denunciar la violencia’, no dicen que sólo es denunciable la violencia intrafamiliar, por lo tanto, la violencia está enmarcada en un contexto de convivir con una pareja o de tener hijos en común.

Los cuestionamientos a la capacidad del MinMEG y a sus respectivas instituciones derivadas (Subsecretaría de la Mujer y Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género) han prevalecido en el tiempo. Durante el aumento de violencia intrafamiliar vivido en 2020 por las cuarentenas, la implementación del protocolo Mascarilla-19, para que las mujeres denuncien en farmacias en caso de ser agredidas, fue duramente cuestionado por inconsistencias en su aplicación, tal como dio cuenta una investigación de CIPER. Como ya se adelantó en esta investigación, el SernamEG otorga anualmente poco más de $1.210 millones para estos efectos. Estos son otorgados al sector privado, encargado de generar consultorías y asesorías y campañas.

Para la Ley de Presupuestos del año 2022, se dispuso un aumento hacia los $1.264 millones, es decir, de tan sólo 4,5%. Tal como en 2021, los recursos serán otorgados a privados para la ejecución de los programas. Patricia Varela considera que la educación de los hombres es fundamental en este aspecto. En ese sentido, rescata el trabajo realizado por los Centros de Reeducación Para Hombres que Ejercen Violencia. Sin embargo, les pone un pero:

–Son programas súper recientes, no hay evaluaciones de impacto en los resultados de eso y tienen un problema, que es que los hombres tienen que aceptar que son violentos para entrar, porque el ingreso es voluntario.

Ese antecedente tiene un aterrizaje clarísimo: de los 384 femicidios ocurridos entre 2020 y 2011, al menos 130 contaban con denuncia previa (ver gráfico). A este dato no se le puede dar un techo, puesto que desde 2011 a 2013 sólo consideraban en los informes los femicidios consumados con medidas cautelares.

Elaboración propia con datos recogidos de los informes ministeriales desde 2010 hasta fines de 2020. El gráfico describe la existencia de denuncias previas a la consumación de femicidio. En concreto, el gráfico muestra la cantidad de delitos consumados a pesar de las denuncias previas de las víctimas ¿Por qué no se intervino en estos casos?

El énfasis se ha puesto, en algunas ocasiones, en la búsqueda de reparación a las víctimas colaterales. Actualmente, la madre de Yanira Díaz recibe acompañamiento psicológico por parte del SernamEG en Puerto Montt. Del mismo modo, Marcia Aro comenta que su hermana fue apoyada también para enfrentar el duelo por su madre.

–Se hicieron muy presentes desde el SernamEG para ayudar a mi hermana, que estaba embarazada en ese momento. La apoyaron psicológicamente para enfrentar toda esta situación –dice Marcia.

Es cierto que el Estado acompañó a una de las hijas de Mónica, pero no todos corren la misma suerte. Si bien en este caso, los tres hijos eran mayores de edad y uno de ellos recibió atención psicológica inmediata y gestionada desde el Estado, en reiteradas ocasiones las familias viven calvarios judiciales entremezclados con el desamparo económico. ¿Qué ocurre cuando las víctimas colaterales son niños, niñas o adolescentes?

Niños abandonados

Según datos obtenidos desde el SernamEG, durante 2020 fueron 715 los niños, niñas y adolescentes los que ingresaron junto a sus madres a Casas de Acogida. Esos menores son todos víctimas colaterales de femicidio frustrado y que, por cierto, también se ven impactados a diferentes secuelas. Para Patricia Varela, de Isonoma Consultorías Sociales, el diagnóstico es claro:

–Son niños que crecieron en un entorno donde la violencia en la pareja estuvo normalizada, más allá de la reparación de la pérdida de la madre, que ya es terrible en sí misma para cualquier ser humano; más todavía en la infancia. Además, hay que hacer un trabajo con esos niños y niñas para poder, de alguna manera, reconstruir que existe otra forma de relacionarse en la pareja, que la violencia no era normal.

La legislación chilena no contempla planes de reparación o de apoyo socioeconómico para los menores de edad víctimas colaterales de un femicidio. En ese sentido, no existe instancia formal de apoyo para niños, niñas y adolescentes y, para atención psicológica, se terminan plegando a otras iniciativas públicas según sea cada caso.

Actualmente, se encuentra en el Congreso un proyecto de ley presentado el 18 de diciembre de 2020 por la diputada comunista Karol Cariola, el cual busca garantizar condiciones básicas para el sustento material de aquellas víctimas colaterales del femicidio. Para la parlamentaria, “niños, niñas, hijos o hijas quedan completamente desamparados, familiares, hombres y mujeres, padres, madres, nietos, sobrinos, familiares directos que viven las consecuencias no sólo del dolor, sino también de no tener la reparación necesaria en términos de trabajo, vivienda; quedan con deudas gigantes porque a veces los juicios tienen que correr por cuenta propia, etcétera. Son muchos los puntos en que hoy en día este proyecto de ley viene a plantear y poner sobre la mesa la necesidad de construir justicia y reparación integral”.

En esa línea, el proyecto de ley, que contó también con el apoyo de diferentes parlamentarias de oposición, pretende garantizar condiciones que permitan el acceso a la justicia, asesorando y acompañando a las familias en todos los procesos judiciales relacionados al femicidio, y generar condiciones que permitan reparar y garantizar condiciones de no repetición mediante acciones de desagravio.

Este proyecto fue realizado en conjunto con la Agrupación de Familiares de Víctimas de Femicidio. Ana Fuentes, que preside esta instancia, comenta que el proyecto de ley también busca suspender todos los derechos paternales de aquellos investigados como autores de un femicidio, para evitar el contacto de un homicida con sus hijos:

–Estamos pidiendo varias cosas, por ejemplo, que el femicida pierda la potestad de cuidar a sus hijos, porque los niños no tienen por qué ir a visitar al asesino de su mamá.

El proyecto de ley también le entrega la responsabilidad al Estado de garantizar a las personas dependientes de la víctima de femicidio y de quienes se hagan cargo de sus cuidados, vivienda, acceso a prestaciones de salud y educación en todos los niveles.

Esto hace sentido al ver las cifras de sistematización más reciente: el Circuito Intersectorial del Femicidio (2019) estableció que hubo 19 casos consumados dónde víctima y victimario tenían hijos e hijas en común, 10 casos dónde el hijo es solo de la víctima y 7 sólo del victimario. En los femicidios frustrados hubo 44 casos donde había hijos e hijas en común, 51 casos donde había hijos/as que eran sólo de la víctima y 21 casos sólo del victimario. Es en estos casos donde el SernamEG pone el acento.

Según indicaron en un oficio entregado a la Defensoría de la Niñez –al cual tuvimos acceso vía Ley de Transparencia–, «en el caso de los dispositivos programáticos de la red SernamEG, el perfil por Orientaciones Técnicas de todos ellos, es igualmente para mujeres mayores de 18 años para su representación jurídica, por tanto, el registro de NNA atendidos, y como se ve en la primera parte de este respuesta, está referida principalmente en los/as NNA que ingresan junto a sus madres a las Casas de Acogida de Pareja o a la Casa para Mujeres Vulneradas por el Delito de Trata de Personas o Mujeres Migrantes en Situación de Explotación».

Por su parte, el nuevo Servicio Mejor Niñez –continuador del Sename en materia de protección de NNA vulnerados–, no ha querido dar respuesta a preguntas planteadas para este reportaje, ni sus portavoces han accedido a una entrevista. Sin embargo, desde una perspectiva académica, el psicólogo y experto en desarrollo infanto-juvenil, Felipe Lecannelier, tiene varias cosas que aportar. Considera que hay una falta de criterio enorme en la forma de establecer prioridades en el cuidado de los menores dentro del país:

–En general, el rol del Estado es bien paradójico porque el financiamiento, las políticas públicas y los programas están destinados a niños no de extremo sufrimiento, como es el caso de los hijos de víctimas de femicidio. Hay una contradicción porque mientras más extrema es la situación del niño, mientras más traumática, existe menos ayuda del Estado en financiamiento, programas y políticas públicas. El Estado chileno ha olvidado las experiencias traumáticas, no sólo de los niños, sino que también de los adultos.

Bien lo sabe Paula Valenzuela, que tras quedar como responsable de sus sobrinas no sólo ha tenido que darles manutención, sino también enfrentar todo el proceso de adopción. El abogado de familia, Jaime Fuentes, explica que un caso de estas características puede durar entre cuatro y cinco años. Esto, debido a que primero hay que establecer, a través de peritajes, que los menores están en susceptibilidad de ser adoptados:

–Los procesos de adopción en Chile son bien engorrosos por esto mismo. En la etapa de susceptibilidad hay que demostrar que los padres no son aptos para el cuidado, no están presentes o están fallecidos y eso los convierte en menores sin tutor legal. Esto es con muchos trámites entre medio; audiencias, peritajes, informes socioeconómicos, psicológicos, entre varios más.

Además de esta problemática, muchas veces el patrimonio que poseían las madres no puede ser usado por los hijos. Un fenómeno que se repite es que el cónyuge, tras asesinar a su esposa, queda como heredero de sus bienes. Ana Fuentes denuncia que esta situación es bastante recurrente dentro de la agrupación que representa:

–Muchas veces nos ha tocado ver que los asesinos de las víctimas venden las propiedades que eran de ellas o usan sus fondos de pensiones para pagarse un defensor. Creemos que esta situación es inaceptable.

La abogada Margreth Arriagada comenta que esto es solucionable a través de una causa de indignidad. A través de sus años de experiencia en tribunales civiles, comenta que, si bien el femicidio no es una causa de indignidad, se podría sostener una causa de estas características por medio del numeral primero del artículo 968 del Código Civil: “La demanda penal se puede dar en simultáneo de la demanda civil, pero se necesita culpabilidad en la primera para poder ganar la segunda”, comenta. Esto es un problema si se considera que la resolución de casos de femicidio puede demorar hasta dos años en ser cerrados.

–En todo caso, llevo cinco años trabajando en el tribunal y nunca he visto una indignidad. No sé si es porque la gente no usa el procedimiento o qué, pero por mis manos nunca ha pasado una.

Investigaciones negligentes

El 24 de agosto de 2020 Nancy Cortés, de 55 años, pudo escuchar un veredicto que llevaba dos años esperando: Erwin Aedo Soto fue hallado culpable del homicidio de su hija, Paola Alvarado, a quien asesinó en Curacautín. El caso ocurrido en 2018, previo a la creación de la Ley Gabriela, no se abordó desde una perspectiva de género porque en esa época solo se configuraba femicidio cuando había una relación de convivencia o de cónyuges entre la víctima y el victimario.

Paola, madre de un hijo, era trabajadora sexual. Nadie de su familia sabía que se dedicaba a eso. En un viaje de trabajo acordó un horario con Aedo, quien –de acuerdo con su propia declaración– tras haber accedido al servicio, se negó a pagarle los $400 mil que habían acordado. La discusión fue en escalada hasta que él la golpeó, la mató y, según sus palabras, “la tiré al Río Dillo”.

Nancy recuerda que esperaba a su hija de vuelta en Santiago con un ceviche, pero ella no llegó. El día pasó y comenzó a asustarse, puesto que Paola no contestaba el teléfono. Al día siguiente una amiga de su hija, con quien había viajado a Temuco, le contó a qué se dedicaba Paola, que se había reunido con un cliente en Curacautín y que no había vuelto al hostal en días. Para Nancy esto es fundamental para entender la negligencia en la que cayó la PDI investigando el caso:

–Si mi hija hubiese sido, no sé, de otra clase social, no la habrían tratado así. Imagínese usted, por ejemplo, de la Fernanda Maciel cuántas cosas dijeron y terminó siendo el vecino quien la enterró a cuadras de su casa.

Tras el asesinato de Paola, Nancy comenzó a viajar continuamente a Curacautín. Allí comenzó a tejerse una red de ayuda hacia ella. Cada vez que iba, más gente sabía de su caso y la acompañaba en las búsquedas. Cada vez eran más personas quienes le ofrecían alojamiento y alimentación. En medio de toda esa red de solidaridad, el trago más amargo de la búsqueda fue cortesía de la PDI.

Nancy recuerda que no la dejaron poner la denuncia por presunta desgracia. Ahí, según ella, partió todo mal. Para la búsqueda de su hija no se hicieron georreferencias con los teléfonos ni se buscó en lugares cercanos al trabajo de Aedo. Recorriendo esa zona en búsquedas que Nancy gestionó, encontraron una zapatilla de su hija que tuvo que ir a dejar directamente a la PDI, puesto que ningún funcionario llegó a levantar la evidencia. A los días encontraron sangre de Paola en el auto de Aedo.

Nancy Cortés junto a su hija Paola (FOTO: Cortesía Nancy Cortés)

–Cuando encontraron eso, me dijeron que venían acá a la casa a buscar más cosas de la Paola: cepillo de pelos, cepillo de dientes, por el ADN. Pasó una semana y no venían. Yo llamé al fiscal para ver qué pasaba. Le dije que si no venían, yo iba a ir hasta la plaza de Curacautín a quemarme a lo bonzo. No me iba a quedar así. –recuerda.

No es la primera vez que se generan dificultades en las investigaciones relacionadas a muertes de mujeres. En el caso de Yanira Díaz, por ejemplo, las negligencias en la investigación permitieron que el caso se cerrara en una primera instancia a través de un suicidio simulado. La familia presionó para que se exhumara el cuerpo y se realizara una segunda autopsia, que demostró que sí hubo intervención de terceros en el deceso de Yanira; en el caso de Mónica Mansilla, la familia tuvo que pedir la nulidad del caso y si extendemos la mirada a otros asesinatos y desapariciones de mujeres, hay casos de evidente negligencia como la desaparición y posterior hallazgo de Viviana Haeger o el crimen contra Nicole Saavedra.

Lorena Astudillo considera que esto se debe a una desidia por parte de las entidades investigadoras y lo ejemplifica con el caso de Nicole:

–El mismo equipo, que investigó el asesinato de Nicole, investigó el de Nibaldo [Villegas], el profesor asesinado en la Quinta Región. En una semana, ya habían cruzado todas las antenas telefónicas; tenían las escuchas; lograron saber cada uno de los puntos en donde los asesinos habían andado, incluso sabían en qué playa habían intentado quemarlo, y tenían a los testigos. Con Nicole se demoraron años en cruzar las antenas telefónicas, años en revisar su teléfono. Luego de revisarlo se dieron cuenta de que nunca dejó de funcionar. Recién ahí revisaron el IP y llegaron a donde estaba el asesino, pero en eso demoraron tres años, en algo que se les pidió insistentemente que hicieran.

Para la abogada Paloma Galaz, esto es parte de un problema estructural. Ella indica que, frente a hechos de este tipo, quienes están a cargo son las fiscalías y que son ellos quienes ordenan las diligencias. Esto, sin perjuicio de que las policías tienen que estar capacitadas para estos casos:

–Las recomendaciones internacionales indican que quienes llevan estos casos debiesen ser altamente calificados. Es fundamental que, ante estos casos, la primera teoría debe ser el femicidio, porque hay mucho material probatorio que puede perderse si se comienza con una tesis más leve.

Según información entregada a través de la Ley de Transparencia, desde la creación del Circuito Intersectorial del Femicidio, 53 de estos crímenes consumados no han sido asesorados por el Sernameg. 181 sí lo fueron y 83 no pudieron asesorarse porque el agresor se suicidó.

Lo último

Han pasado poco más de tres meses desde que Erwin Aedo Soto fue sentenciado a 14 años de prisión por su delito contra Paola Alvarado. Se le aplicó la pena de presidio mayor en su grado medio debido a que, a pesar de haber asesinado a Paola tras contratar sus servicios sexuales y negarse a pagar la suma acordada, con la legislación vigente al momento del delito se habría tratado de un simple homicidio y se habría desestimado el sesgo de género.

Al preguntarle a Nancy, madre de Paola, cómo se encuentra, dice que está bien, que ya está en casa y sin ninguna novedad. Al consultarle cómo ha sido el proceso, dice que se da cuenta de que se va quedando sola. A tres años de la desaparición de Paola, cada vez tiene menos recursos para hacer las búsquedas y cada vez menos gente la acompaña. Nancy entiende que buscar a una persona que lleva tanto tiempo perdida deja de ser una prioridad.

–Me siento muy sola, abandonada totalmente. Este hombre fue condenado a 14 años y no entregó el cuerpo de mi hija porque no tuve el dinero suficiente para pagar un buen abogado, entonces, igual es una angustia muy grande, ya que tengo pensar cómo vuelvo de nuevo al sur con recursos, buscar gente. Todo lo he hecho yo. Todas las noches tengo pesadillas de que estoy preparándome para la búsqueda y me despierto muy temprano.

El Tribunal Oral en lo Penal de Temuco declaró a Aedo Soto culpable de homicidio simple, pero fue absuelto de los cargos de homicidio calificado y secuestro. En la instancia, el fiscal jefe de Curacautín, Iván Isla, destacó el fallo condenatorio a pesar de no tener el cuerpo de la víctima, considerándolo un hito en términos jurídicos. Lo que para el fiscal es una respuesta inédita para la justicia, para Nancy sigue siendo una herida abierta:

–A ella la extraño demasiado, me hace mucha falta. Me duele no poder cerrar un ciclo con ella, no poder aprovechar los veranos para salir a buscarla porque cada vez me cuesta más. Por recursos, por todo. No sé, quizás debería bajar los brazos, no seguir, pero es algo muy triste para mí no poder viajar y buscarla.

Tras esa reflexión, la conversación con Nancy sigue y a ratos entra en banalidades. Al rato comenta que está esperando que se apruebe en el Congreso el cuarto retiro del 10% de los fondos de pensiones para viajar a Curacautín y seguir revisando el terreno donde encontró la zapatilla de su hija. Cabe destacar que los peritajes arrojaron que el cuerpo de Paola Alvarado Cortés no fue arrojado al río. Por eso sigue abierta la investigación contra Erwin Aedo Soto por inhumación ilegal.

En el caso de Yanira Díaz, su hermana Lidia está a la espera de que comience el juicio contra Claudio Ballesteros. El 26 de noviembre se le notificó desde la Fiscalía Local de Puerto Montt que el 2 de diciembre se realizó una audiencia de ampliación de la investigación. A principios de julio del 2022 le confirmaron que el 1 de agosto comenzará el juicio. Al alargarse los peritajes, Lidia se contactó con distintas orgánicas feministas, medios y organizaciones de la sociedad civil para una agitación durante el día de la audiencia. Dice que la única forma de obtener justicia es haciendo ruido.

Paula Valenzuela, hermana de Soledad Valenzuela, está expectante a la próxima audiencia de renovación de custodia provisoria de sus sobrinas. Aún no se realiza el juicio contra el asesino de su hermana, que se ha aplazado hasta enero y sabe que el proceso para optar a la adopción de sus sobrinas durará bastante tiempo. La hija de Mónica Mansilla, por su parte, prepara lo que será el nuevo juicio contra quien, asegura, le quitó la vida a su madre. Tanto ella como sus hermanos menores se han encontrado con Carlos Vivar en la calle en reiteradas ocasiones:

–Yo hubiese esperado que por último le pusieran alguna prohibición de andar por ahí, porque para nosotros es fuerte verlo en la calle, el supermercado o tomando el colectivo. –dice Marcia.

Manifestación en Paseo Bulnes de la Agrupación de Familiares Víctimas de Femicidio.

Al 31 de noviembre del 2021, 43 femicidios fueron consumados. De estos, 11 víctimas eran madres de niños, niñas o adolescentes, dejando un saldo de 15 menores que perdieron a sus madres por violencia de género y un niño asesinado junto a su madre.

A pesar de la urgencia de establecer una ley de cuidados para las víctimas colaterales, el proyecto de ley presentado por la diputada Cariola en enero de 2021 recién comenzó a ser discutido en la comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputados y Diputadas en mayo de este año. Ana Fuentes, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Víctimas de Femicidio se lamenta de esto: “Es como si nos hubiesen tirado para la cola y nuestras familias necesitan el apoyo ahora”, indica.

A pesar de las dificultades y contratiempos, ni Paula Valenzuela, ni Marcia Aro, ni Lidia Díaz ni Nancy Cortés han dado marcha atrás en su búsqueda de justicia. Nancy resume sus motivaciones de la siguiente manera:

–Esto no se trata sólo de mi hija. Hay que seguir en la lucha por todas.

***

Esta investigación se realizó gracias a la ayuda inconmensurable de diferentes organizaciones sociales, a los testimonios desinteresados de Lidia, Marcia, Nancy y Paula, que compartieron sus relatos con nosotros y a distintos académicos y profesionales que otorgaron sus apreciaciones sobre las falencias de las leyes y políticas públicas de nuestro país. Ni el Servicio Mejor Niñez, ni el Servicio Nacional de la Mujer ni la Defensoría de la Niñez quisieron hacerse parte de esta investigación, alegando problemas de agenda o, simplemente, ignorando nuestros acercamientos.

El cuerpo de Claudia Cordero Rivero (36), madre de dos hijos, fue encontrado el lunes 10 de enero. La Policía de Investigaciones realiza la investigación ante un eventual femicidio perpetrado por su esposo, quien se suicidó. Claudia Cordero fue la primera mujer víctima de femicidio de 2022 y sus hijos, de 6 y 14 años, engrosan el registro de víctimas indirectas menores de edad.

Era el mediodía del jueves 5 de agosto y frente a la Biblioteca Nacional se reunía un grupo de mujeres de todas las edades, todas vestidas de negro. Eran poco más de 50 y no pasaban desapercibidas en medio de la gran afluencia de personas que suele haber a esa hora en ese sector del centro de Santiago. Algunas contrastaban el negro de su ropa con pañuelos o mascarillas morados, el color del movimiento feminista; otras con el característico pañuelo verde que identifica a aquellas que promueven el derecho de la mujeres a abortar. En sus manos, llevaban pancartas negras y amarillas de la Red Chilena Contra la Violencia hacia las Mujeres, mientras colgaban en sus cuellos las fotografías de mujeres que han sido víctimas de femicidios en el último tiempo: Norma Vásquez Soto, asesinada el 22 de agosto de 2020; María Isabel Pavez Zamora, muerta el 23 de diciembre de 2020; Damaris Meliñir Llanqui, desaparecida el 1 de marzo de 2021 en La Araucanía y hallada sin vida en una fosa tres días después; Gloria Labraña Aros, muerta a puñaladas 20 de junio de 2021…

Una hora después, se escuchó la instrucción que una de ellas anunció por un megáfono: era el momento de comenzar la caminata. Y fue el último sonido que emitieron.

Formaron una larga fila y se pusieron a caminar en silencio absoluto. Sin palabras, sin gritos ni consignas, ni siquiera murmullos. Labios cerrados. Su marcha ordenada, sus carteles y su luto hablarían por ellas. Ni siquiera si las provocaban o agredían romperían el pacto de no hablar. Por su propia seguridad y el cumplimiento de su objetivo, así lo habían acordado. Y entonces, comenzaron a caminar hacia el poniente por la Alameda.

Entre los vendedores de dulces, ropa y artículos de hogar que siempre se encuentran a lo largo de la principal arteria de Santiago, y la gran cantidad de transeúntes del mediodía, el grupo de mujeres avanzaba para llegar al concurrido Paseo Ahumada y, desde ahí, seguir su marcha para terminar en Plaza de Armas.

Mujeres caminando por Paseo Ahumada con pancartas de la Red Chilena Contra la Violencia Hacia la Mujer. 5 de agosto de 2021. (Foto: Isidora Varela L.).

Muchos y muchas paraban su andar y las observaban, otros sacaban sus celulares y las fotografiaban. 

Mientras ellas caminaban, los temas de conversación de las personas que las veían pasar cambiaba: ya no hablaban sobre lo raro que estaba el clima o lo que harían durante la tarde, para leer las pancartas que las mujeres llevaban en sus manos, “Juntas nadie nos detiene”, “No + femicidio”, “¡Cuidado! El machismo mata”. Había quienes al ver las fotografías que colgaban de sus cuellos, reconocían a algunas de las mujeres por ser casos de femicidios que fueron ampliamente televisados y cubiertos por la prensa.

Una vendedora ambulante, desde el puesto donde vendía bufandas y gorros de lana, dejó de ordenar sus productos y se detuvo a mirar la fila de mujeres caminantes.

-Esa de ahí soy yo -dijo, señalando a una de las mujeres con una pancarta en la mano-. Mi hija tiene dieciséis años y el papá nunca le ha pagado la pensión.

Pancarta de la Red Chilena Contra la Violencia Hacia la Mujer. 5 de agosto de 2021. (Foto: Isidora Varela L.).

La violencia en cifras

Según datos recopilados por la Red Chilena Contra la Violencia hacia las Mujeres en su Dossier Informativo de los años 2020-2021, durante el primer semestre de este año se contabilizaron 25 femicidios: seis más de los que registró oficialmente en el mismo período  el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG).

Actualmente, el femicidio se rige bajo la llamada Ley Gabriela, donde se conceptualiza el femicidio como “el hombre que matare a una mujer que es o ha sido su cónyuge o conviviente, o con quien tiene o ha tenido un hijo en común” y el “hombre que matare a una mujer en razón de tener o haber tenido con ella una relación de pareja de carácter sentimental o sexual sin convivencia”.

La diferencia en las cifras entre la Red Chilena y el SernamEG se debe a que, como se explica la ONG en su dossier, “en un análisis de los crímenes que no son contemplados por la institucionalidad como femicidios (…), de los 6 casos, 3 de ellos corresponden a femicidios íntimos familiares y los otros 3 a femicidios que no han sido lo suficientemente investigados y, por ello, Fiscalía considera que no hay pruebas para calificarlos como tal”.

Es decir, que estos seis casos de diferencia corresponden a categorías que utiliza la Red Chilena para catalogar femicidios y que no están incluidas en la legislación, como el suicidio femicida (cuando mujeres “deciden acabar con su vida como consecuencia de la violencia machista que viven”) y el castigo femicida (el cual ocurre “cuando un hombre, con la intención de causar un grave daño psíquico a una mujer, mata a un ser querido de esta”). Además, su conteo también considera casos en que se observa negligencia por parte de las policías “al momento de investigar crímenes relativos a violencia contra mujeres, en que la Fiscalía determina falta de pruebas para corroborar el femicidio”.

Otro factor que registra la Red Chilena Contra la Violencia hacia las Mujeres son los femicidios a mujeres migrantes. En 2020 fueron 52 mujeres chilenas y seis migrantes asesinadas por hombres de su entorno, mientras que, en lo que va de 2021, tres mujeres migrantes ya han sido víctimas de este crimen.

La Red Chilena también señala en su informe que, a pesar del confinamiento debido a la pandemia de Covid-19, durante 2020 no se produjo un aumento de femicidios consumados en comparación a años anteriores. Eso sí, en el caso de femicidios frustrados -y en esto las cifras coinciden con las del SernamEG-, el aumento respecto a 2019 fue de un 38%.

Durante el año del estallido social, en Chile se registraron 109 intentos de femicidio, mientras que durante 2020 fueron 151. Durante la primera mitad de este año la cifra oficial de hombres que atentaron contra la vida de mujeres llegó a 86.

Mujer con pancarta de la Red Chilena Contra la Violencia Hacia la Mujer en la mano. 5 de agosto de 2021. (Foto: Isidora Varela L.).

El contagio del silencio

Al llegar a Paseo Ahumada, se escuchaba un grupo de chinchineros tocando sus instrumentos y, a lo lejos, la voz de un cantante callejero que entonaba canciones románticas. Pero el silencio de las mujeres que marchaban era más fuerte y potente que cualquier otro ruido, tanto que a su paso los chinchineros dejaron de tocar para despejarles la vía.

La fila de mujeres caminantes iba creciendo. Algunas transeúntes se fueron sumando a la manifestación a medida que avanzaba, mientras otras caminaban de lejos, mirando curiosas la marcha que contagiaba el silencio: ninguna de ellas hablaba.

Plaza de Armas, como siempre, estaba repleta. Personas con bolsas de compras, otras sentadas en las bancas del lugar, una gran masa intentando salir y entrar al Metro, el característico hombre que actúa de Buda dorado haciendo su acto y el bullicio de los platos en los restaurantes y puestos de comida rápida chocando con los tenedores y cuchillos, mientras las personas almorzando compartían y conversaban con sus acompañantes.

Las mujeres continuaron su camino. Pasaron frente a la Catedral, luego por el frontis de la Municipalidad de Santiago, también por el lugar donde históricamente personas se juntan a jugar ajedrez. Siguieron por el costado del Portal Fernández Concha, hasta volver a la Catedral.

Luego, se juntaron en un círculo y fue entonces que el silencio terminó. Un de las representantes de la Red Chilena Contra la Violencia hacia las Mujeres tomó el megáfono y comenzó a leer su declaración:

“En distintos puntos del país, hoy lanzamos la nueva versión de la campaña ‘¡Cuidado! El machismo mata’, que desde 2007 apunta a la visibilización y politización de las diferentes expresiones que tiene la violencia patriarcal en la vida de las mujeres, desde que nacemos hasta que envejecemos”, se escuchó.

Mujeres caminando por Plaza de Armas, con la Catedral de Santiago de fondo. 5 de agosto de 2021. (Foto: Isidora Varela L.).

Mencionó también la situación que han tenido que vivir las mujeres debido a la pandemia, en donde el confinamiento en los hogares ha intensificado la carga del trabajo doméstico y de cuidados, el cual es mayoritariamente realizado por mujeres. “A la vez, ante un Estado que no garantiza derechos sociales, ha sido mayor el empobrecimiento de las mujeres, evidenciando la precariedad de las mismas”, agregó.

Y por último, emplazó a nombre de la organización a las autoridades, ya que “es repudiable e inaceptable que el Estado reconozca sus falencias y no haga nada al respecto, pues muestra que el problema, es decir, la vida de las mujeres, no es prioritario para la política pública”. Se refería al actuar de la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Mónica Zalaquett, y a Ricardo Yáñez, general director de Carabineros, frente a los casos de denuncias por violencia machista por las fallas y malos tratos que han sufrido mujeres al momento de tener que realizar denuncias.

Luego, desde la Coordinadora Feminista 8M, organización que también estuvo presente, saludaron a la Red Chilena Contra la Violencia hacia las Mujeres “por la insistencia feminista, las abrazamos por estar y por hacer posible que tal vez tantas sigan estando entre nosotras, vivas, las abrazamos por construir esta historia abierta que ya cumple 15 años y en la que nos reconocemos”.

Cerca de las 14:30, las mujeres dieron por terminada la jornada. Era el final del lanzamiento de la XV Campaña “¡Cuidado! El machismo mata” de la Red Chilena en Contra de la Violencia hacia las Mujeres, junto a sus características pancartas negras y amarillas. Antes de retirarse, y aún reunidas en círculo, una de ellas comenzó un grito distintivo de las manifestaciones feministas, al cual todas se unieron:

-¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta machista! ¡Que todo el territorio se vuelve feminista!

Marcha contra la violencia de género en Buenos Aires, Argentina, 3 de junio de 2017. Foto: Paulakindsvater, Wikimedia.

Según la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, durante 2016 hubo 52 femicidios. Bajo el hashtag #NiUnaMenos, miles de mujeres y hombres en América Latina se han organizado en las redes sociales para generar conciencia respecto a la violencia de género. El 18 de octubre 2016, acerca de 200 mil personas marcharon por las calles de Buenos Aires, más de 50 mil en Santiago de Chile. La alarmante cifra de femicidios en Chile y en América Latina ha llevado el tema de la violencia de género a la agenda pública.

En Chile, el Consejo Nacional de Televisión, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, y la Red de Asistencia a Víctimas han publicado un documento titulado “Recomendaciones de Tratamiento Mediático a Niñas y Mujeres que son víctimas de violencia de violencia”. En septiembre de 2016, la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual de Argentina emitió un documento donde hace algunas recomendaciones sobre el tratamiento mediático responsable en casos de violencia contra las mujeres. Las investigadoras y periodistas chilenas Karen Vergara y Cecilia Ananías analizaron el tratamiento informativo que los medios digitales les dan al femicidio. El resultado fue un artículo que reveló los principales errores que cometen los periodistas al escribir sobre el asesinato de mujeres.

A partir de esos documentos es posible formular algunas recomendaciones para los periodistas a los cuales les toca reportar los casos de violencia de género.

SACAR LA VIOLENCIA DEL ESPACIO PRIVADO

En los medios de comunicación se ha producido una operación de reducción del campo visual de la violencia. Así, se pasa de concebir la violencia sólo como el maltrato doméstico, a ignorar todos los maltratos que no sean físicos y dar sólo importancia a aquellos que acaban con el resultado de muerte.

Según la legislación chilena (ley 20.480), un femicidio es el asesinato de una mujer realizado por quien es o ha sido su esposo o conviviente. Para organismos internacionales, en cambio, un femicidio es cualquier asesinato de una mujer, por el hecho de ser mujer, sin vínculo necesario entre el autor y la víctima. También existe el “feminicidio” que se refiere a las relaciones de poder que existen atrás del asesinato.  Por eso, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género en Chile registra una cifra mucho más baja de femicidios que la Red Chilena contra la Violencia hacia las mujeres.

Esta Red ha sido un actor muy relevante en el proceso de la visibilización de la violencia de género en Chile, además de criticar el contexto legal que existe en el país. “Los medios de comunicación han ayudado a establecer el término femicidio. Antes era concebido como un asesinato más”, señala Lorena Astudillo, coordinadora nacional de la Red. “Lo que pasó en nuestro país con los femicidios es que se metieron los legisladores, tomaron el concepto, lo interpretaron como quisieron y lo devolvieron hecho una ley. Una ley que es malísima porque en nuestro país se enfoca mucho en la familia, por lo tanto entienden el femicidio como el asesinato de una mujer por su pareja. Nada más”.

En consecuencia, es recomendable que los periodistas denominen todos los asesinatos de mujeres como “femicidios” o “feminicidios” y no solamente los asesinatos dentro de una relación de pareja.

La acción de la Red Chilena que coordina Lorena se orienta a identificar y visibilizar la violencia contra las mujeres como un continuo presente a lo largo de nuestras vidas y relacionar toda manifestación de violencia contra las mujeres —verbal, sexual, simbólica y el femicidio como expresión extrema— como parte de este continuo. En los medios chilenos no sólo se reducen todas las formas de violencia que reciben las mujeres —trata, acoso, abusos sexuales, matrimonios forzosos, agresiones sexuales, etc. — a la que se ejerce por parte de quienes tienen una relación afectiva —como hace la Ley—, sino que se establece una estrecha relación entre violencia y agresión física, que impide visualizar la violencia psicológica y la sexual. Y lo es incluso para aquellas personas que las padecen porque no las ven como tal, haciéndose aún más difícil su denuncia.

Hay varios ejemplos que reflejan eso, como algunas portadas de La Cuarta, uno de los diarios más leídos en Chile y también uno de los más criticado por su cobertura sensacionalista de los femicidios. Los titulares más polémicos han sido “Hizo anticucho con la polola” y “El amor y los celos la mataron”. En Twitter, centenares de críticas por parte de hombres, mujeres y organizaciones feministas hicieron del hashtag #LaCuartaFemicida el primer trending topic a nivel nacional en marzo del 2016.

Por eso, es necesario que en su cobertura los medios saquen el tema de la violencia de género del espacio privado familiar y visibilicen las diferentes formas de violencia, ya que las agresiones ocurren también en otros lugares como el espacio de trabajo, las escuelas o en la calle, afectando a diferentes grupos: mujeres migrantes, indígenas, afrodescendientes y lesbianas, entre otras.

EMPODERAR EN VEZ DE VICTIMIZAR

Si no se toman los resguardos necesarios, la forma de difusión mediática de una situación de violencia puede convertirse en una instancia de revictimización. Es importante evitar la estigmatización, la culpabilización y la sexualización de las mujeres que padecen o han padecido violencia porque construyen un sentido negativo respecto de la persona, y proponen marcos interpretativos peligrosos que pueden terminar legitimando los actos de violencia.

Los abordajes de casos de mujeres víctimas de violencia en los que se las construye como una persona que “bebe alcohol”, le gusta “salir de noche” o vestirse de determinada manera, tienden a montar una imagen de aquellas mujeres como merecedoras de la violencia. El caso de Nabila Rifo, una mujer de Coyhaique que sufrió un brutal ataque de su expareja, refleja esto. Programas de televisión pusieron énfasis en que ella había tomado mucho la noche del ataque o que había tenido relaciones sexuales con otro hombre que no era el imputado. Fueron informaciones que humillaron a la víctima y justificaron la agresión.

Uno de los problemas detectados por las investigadoras Karen Vergara y Cecilia Ananías fue una categoría que denominaron como “falta de empatía hacia la víctima”. Mientras muchas víctimas fueron sobreexpuestas en imágenes, de los agresores rara vez se entregaba su nombre ni mucho menos fotografías, a pesar de que algunos habían confesado el crimen. En algunas noticias existió justificación de su actuar, especialmente en el caso de Juliana Acevedo, cuyo asesinato y posterior descuartizamiento fue adjudicado a violencia mutua, celos, amor o al fragor de la discusión. En el caso de Karen Wilson, se hizo mucho hincapié en que acababa de pedirle el divorcio a su agresor y que tenía una nueva relación. Así lo refleja la noticia en Soy Chile, publicada el 5 de marzo de 2016: “Los trámites unilaterales para conseguir el divorcio y los celos por su nueva relación habría [sic] desatado el femicidio que cobró la vida de la ex profesora de biología del colegio Netland School de Antofagasta, Karen Wilson Villagrán de 31 años”.

En el caso de Magaly Carriel, una mujer de Talcahuano de 63 años que se encontraba postrada cuando fue asesinada por su esposo, el mismo medio afirmó: “Si bien, el marido de la mujer no ha confesado el crimen, se conoció que la víctima había denunciado dos veces a su esposo por maltrato. Sin embargo, estas acusaciones no llegaron a judicializarse debido a que Magaly Carriel no ratificaba sus denuncias puesto que defendía a su agresor”.

PROTEGER Y RESPETAR A LAS VÍCTIMAS

Para proteger a las mujeres que son víctimas de violencia, es necesario evitar difundir imágenes de ellas, sus datos personales, mostrar el espacio personal que habitan y su entorno familiar, así como cualquier aspecto que pueda ponerlas en riesgo. Así se destaca en las Recomendaciones de Tratamiento Mediático a Niñas y Mujeres víctimas de violencia, documento elaborado por el Consejo Nacional de Televisión (CNTV), el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y la Red de Asistencia a Víctimas.

Es fundamental atender a la especificidad de los casos que refieren a niñas y adolescentes, quienes poseen protecciones aún mayores. La difusión mediática de un caso de violencia contra una mujer debe evitar exponer la intimidad de la persona que la sufre o sufrió y lesionar su dignidad, por ejemplo mediante la difusión de datos personales o de la presentación de aspecto morbosos.

Eso pasó, nuevamente, con Nabila. Su caso y su tratamiento mediático generó un profundo impacto porque no solamente fue naturalizado sino que además se publicaron detalles íntimos de ella, como su examen ginecológico, lo que conllevó una multa del CNTV a Canal 13. Este tipo de coberturas no sólo no proveen información socialmente necesaria ni relevante, sino que tampoco consideran los efectos traumáticos y la incidencia negativa que puede generar en el proceso de recuperación que atraviesan las personas afectadas por violencia.

USAR LENGUAJE PRECISO, RESPETUOSO E INFORMATIVO

Es necesario que la violencia contra mujeres y niñas sea siempre denominada “violencia de género“. Es recomendable que las muertes de mujeres por el hecho de ser mujeres sean nombradas como “femicidios” o “feminicidios”, en tanto éste es el término sugerido nacional e internacionalmente para identificar la especificidad de la problemática.

El Observatorio Contra el Acoso Callejero en Chile es una de las organizaciones que denuncia la violencia de género en todos los ámbitos, incluidos los medios de comunicación.  A través de sus redes sociales han puesto en práctica la “reescritura” de titulares que ignoran o invisibilizan la violencia de género. Por ejemplo, toman un título que afirma “Joven dice que fue agredida en el Metro y que nadie la ayudó” y elaboran una corrección: “Joven fue víctima de acoso sexual en el Metro y nadie la ayudó”.

Muchas veces los femicidios son denominados como “crímenes de pasión”. Un ejemplo de  título del diario La Cuarta: “La Historia de Andrea Aguirre, la colombiana descuartizada en crimen pasional”.

Lorena Astudillo, de la Red Chilena hacia la Violencia contra las mujeres, rechaza el uso del término “pasional” o “crímenes de amor”. “Tienen todo un patrón común que es la violencia machista. No solamente la pareja puede ser femicida, sino también los hombres que matan a una trabajadora sexual o los que violan y matan a una niña. Son manifestaciones del poder machista y de dominación”.

Además, la cobertura no debería identificar a la mujer con el delito, al decir, por ejemplo, “la abusada”, “la golpeada” o “la violentada”. Es importante que el lenguaje y las imágenes utilizadas para informar sobre un hecho de violencia contra una mujer se ajusten a un enfoque de derechos, como se destaca en las Recomendaciones de la Defensoría del Público de Argentina. A su vez, se sugiere ampliar las formas de nombrar, presentando a la mujer no sólo como “víctima”, sino hacer referencia a la resistencia y la posibilidad de recuperación de las víctimas.

También es recomendable el uso de la expresión “mujer en situación de violencia”, en tanto posibilita resaltar el carácter temporario de la situación y la posibilidad de salir de ella. Estos usos del lenguaje son importantes porque otorgan a la problemática en cuestión elementos para ampliar su abordaje y su comprensión crítica y reflexiva por parte de las audiencias. Así, la cobertura informativa puede convertirse, directa e indirectamente, en una provisión de recursos para quienes sufren situaciones similares y carecen de herramientas para enfrentarlas.

EVITAR EL SENSACIONALISMO

Las investigadoras Karen Vergara y Cecilia Ananías identificaron un excesivo morbo y sensacionalismo en la entrega de información en los medios de comunicación, especialmente en el caso de Juliana Acevedo. En marzo de 2016, La Tercera escribió en una nota titulada “De los celos al horror” que fue duramente criticada por adjudicar el asesinato de Juliana a los celos de su pareja y, fundamentalmente, por dar detalles extremadamente gráficos y explícitos de cómo fue el femicidio.

Es imprescindible que la información relativa a un caso de violencia evite transformar el hecho en un espectáculo trágico o en fuente de diversión, como sucedió en el caso ya nombrado de Nabila Rifo. Por el contrario, se recomienda tener presente que la violencia contra las mujeres es un fenómeno extendido en nuestra sociedad que trae consecuencias negativas para la vida de quien la padece, de su entorno, y para toda la sociedad. La cobertura mediática de los casos de violencia contra las mujeres puede contribuir a un fin social cuando se centra en los aspectos sociales y no en la morbosidad individual del hecho, apuntando a visibilizar el carácter de problemática social y multidimensional de la violencia de género contra las mujeres.

LA RESPONSABILIDAD DE LOS PERIODISTAS

Pese a que existe un constante crecimiento de la conciencia respecto de la importancia de la igualdad de oportunidades y la erradicación del sexismo de la sociedad chilena, la naturalización de conductas y lenguajes machistas en los medios de comunicación genera un estancamiento cultural que hay que advertir. Los medios de comunicación tienen un gran poder y por lo tanto una gran responsabilidad respecto a la violencia de género. Por lo tanto, este artículo es un llamado a todos los periodistas que trabajan en medios de comunicación a reflexionar sobre la cobertura de los casos de violencia de género y elaborar una práctica periodística profesional y responsable.

“El amor y los celos la mataron” tituló el diario La Cuarta para informar del femicidio de Yuliana Aguirre Acevedo, la joven colombiana que fue asesinada y descuartizada el 9 de marzo de 2016 por su conviviente, Edwin Vásquez. Sin embargo, la crudeza del crimen no evitó que el diario popular volviera a trivializar el tratamiento de un nuevo femicidio. El repudio fue generalizado y el enfático rechazo de las audiencias no demoró en manifestarse en redes sociales. Incluso, un grupo de personas protestó en las inmediaciones del diario en respuesta a la polémica portada.

En Chile, cada año un promedio de cuarenta mujeres son asesinadas por sus parejas. Sin embargo, no existen muchos análisis o estudios sobre el tratamiento de la violencia de género en los medios. El 2004, Naciones Unidas consideró prioritario cuestionar la visualización de estos crímenes en la prensa. En su estudio “Femicidios en Chile”, la organización concluyó que La Cuarta era el único diario que en aquella época daba ocurrencia de este tipo de asesinatos. Sin embargo, detalló que dichas noticias “se muestran como hechos aislados, trivializados, naturalizados y descontextualizados, sin que de esta forma pueda identificárselos como hechos extremos de violencia de género, impidiendo así una toma de oposición y rechazo a esta brutal violación a los derechos humanos de las mujeres”.

En este contexto conversamos con la presidenta del Colegio de Periodista, Javiera Olivares, sobre la búsqueda de soluciones que refuercen la responsabilidad de los medios de comunicación frente a este problema.

—Considerando el titular de La Cuarta como una apertura hacia el debate, ¿cuál es tu opinión respecto al tratamiento que se le da a los femicidios en los medios chilenos?
No es primera vez, ese es uno de los tantos ejemplos, pero recuerdo perfectamente el año anterior donde también hubo un titular muy bullado que tuvo que ver con un femicidio en el cual, el mismo medio, aparecía titulando «hizo anticucho con su pareja», a propósito de un femicidio que se había producido justamente con un fierro utilizado para los anticuchos.No es el único medio, pero este es uno de los medios que más ha incurrido en este tipo de errores o irresponsabilidades éticas.

» Nos parece inquietante, no aporta a construir un país equitativo culturalmente. De hecho, a propósito del titular del anticucho, nosotros recibimos el contacto del director del medio, Sergio Marabolí, quien se disculpó con el Colegio y se comprometió a no volver a realizar este tipo de situaciones, pero luego se incurrió en lo mismo. Entonces, más allá de las responsabilidades particulares de las empresas privadas —y que uno esperaría que tuvieran una conducta ética— a mí también me inquieta la responsabilidad del Estado, de qué manera el Estado avance en una regulación que permita la garantía de los derechos de las personas y de una equidad de género real, de una cultura de la equidad. Ahí el Estado está muy al debe. Recordemos que aquí el único espacio que se puede referir eventualmente a contenidos de medios es el Consejo Nacional de Televisión y lo hace solo a través de plataformas televisivas. ¿Quién regula o quién comenta lo que aparece en los medios impresos? Nadie, solo el mercado.

Se requiere un periodismo responsable y un periodismo responsable no avanza en la medida de la sanción penal, como se quiso dar en el debate de la Ley mordaza.

—¿Crees que un ente regulador podría orientar la cobertura de ciertos temas, como es la violencia de género? ¿Esta entidad debiera sancionar cuando haya titulares como estos? 
No solo lo creo, tengo certeza y me parece que es necesario y urgente que el Estado de Chile desarrolle institucionalidad a propósito de la garantía del derecho de la libertad de expresión y comunicación del pueblo de Chile y eso significa tener espacios que regulen, no los contenidos de los medios, sino que la garantía de los derechos humanos en los contenidos de los medios. Eso, más que ser una sanción, es una cultura de la regulación favorable a la garantía de los derechos. El mercado ya ha demostrado que no se puede regular por sí mismo.

—¿Cómo se pueden desarrollar esos espacios sin involucrar sanciones que impliquen censura o contradicciones con las líneas editoriales?
Por ejemplo, la ley de servicios audiovisuales y comunicación de Argentina, que ha sido derribada de a poco por el actual gobierno de Macri. Esa institucionalidad que todavía se mantiene se llama la «defensoría del público», que depende del Estado pero que funciona autónomamente y garantiza los derechos de las audiencias. Entonces, cuando las audiencias y los públicos se ven afectados por medios de comunicación, sea cual fuera la plataforma del medio, este espacio busca que hayan responsabilidades interiores, que se vaya instalando una cultura de respeto a los derechos humanos y de garantías como la equidad de género. Me parece que ese es un espacio digno de imitar y de realizar como experiencia que, sin duda, hace falta en Chile.

—Por un lado tenemos la regulación de los medios, pero ¿qué sucede entonces con la auto-regulación de los propios periodistas? ¿Cuál es la propuesta a la hora de evitar este tipo de errores en la cobertura de estos temas? 
Yo creo que aquí hay distintas aristas para poder desarrollar una cultura de respeto a los derechos de las personas en el marco del ejercicio periodístico responsable. Se requiere un periodismo responsable y un periodismo responsable no avanza en la medida de la sanción penal, como se quiso dar en el debate de la Ley mordaza, sino en una materia de la cultura de la ética periodística. Eso hemos tratado de instalar como Colegio de Periodistas, insistiendo en la necesidad de que los colegios profesionales vuelvan a tener la tuición ética de sus afiliados, cosa que ocurría hasta antes de la dictadura en Chile.

» Esto puede realizarse dándole urgencia a un proyecto de ley que está durmiendo desde el primer gobierno de la presidenta Bachelet en el parlamento, el cual busca devolverle una serie de atribuciones a los colegios profesionales. Si bien el proyecto es perfectible, es un proyecto que a nuestro juicio debiera tener urgencia porque si queremos avanzar en una cultura de la auto regulación y no de la sanción penal, se requieren entes y espacios que avancen en ese sentido, y eso espacios son: las academias, las escuelas de periodismo, pero por cierto, también, entes gremiales, sindicales o de agrupación de periodistas y trabajadores de las comunicaciones que planteen cómo regular o cómo avanzar en esta cultura de la ética, nosotros tenemos un código de ética que tiene distintos principios orientadores, porque cada caso es especifico, pero no tenemos la tuición de que si alguien inflige esos principios, más allá de las declaraciones públicas y políticas, no podemos exigir a los medios y colegas cumplir esos principios.