Por Diego Carmona y Enzo Fiorentino

“Chile despertó”, decía la consigna que resonaba por las calles, se incluía en canciones y se rayaba en las paredes de Santiago y las principales ciudades del país a partir del 18-O. Miles; cientos de miles; millones de personas salían a las calles, gritaban, golpeaban cacerolas, enarbolaban banderas, marchaban y/o se manifestaban como podían por las causas que los movilizaban. La mayoría de forma pacífica, muchos otros con violencia y destrucción. Por sus frustraciones y sus necesidades insatisfechas, por las injusticias del sistema, las inequidades, las brechas de género y socioeconómicas, por el medioambiente, por la salud, por la educación, por el costo de la vida, por las carencias, por lo insuficiente, por derechos no garantizados y más. Por las fallas estructurales de un modelo que se venían arrastrando desde hacía tres décadas o incluso más tiempo, y que se habían acumulado y agrupado hasta explotar todas juntas y al mismo momento, como una olla de presión.

Lo espontáneo, inorgánico y transversal que fue el estallido también implicó que fuera, sobre todo al comienzo, un cúmulo de demandas sin forma ni dirección, sin unidad ni organización, y sin interlocutores ni líderes identificados ni validados con quienes sentarse a conversar y trabajar vías para darles respuesta y buscar soluciones desde la institucionalidad. El 15 de noviembre de 2019 ya se había alcanzado un acuerdo político para dar curso a un proceso constituyente y cambiar la Constitución vigente desde 1980, nacida en plena dictadura de Augusto Pinochet, pero eso no calmó las aguas y las protestas y enfrentamientos seguían allá afuera. ¿Cómo se podía abordar políticamente y de forma efectiva algo tan amplio y desordenado si no se podía siquiera saber cuáles eran concretamente esas demandas?

Precisamente para dar respuesta a esa pregunta y tener algo sólido para establecer puntos de partida, fue que la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), presidida en ese entonces por el alcalde de Puente Alto, Germán Codina, llevó a cabo entre el 10 y el 15 de diciembre de ese año una consulta ciudadana amplia para identificar, medir y encausar las diversas inquietudes que motivaban la revuelta social. Si bien no sería un instrumento vinculante, según decía Codina por esos días, pretendía ser un mecanismo para levantar información directamente desde las personas y así hacer que “La Moneda y el Congreso escuchen al pueblo”.

Participaron unos 225 municipios (el 65% de los que hay en el país) que implementaron el instrumento con libertad para adaptarlo a las características que más se adecúen a sus realidades. Había preguntas comunes y otras específicas para cada municipio, y podían participar personas desde los 14 años en adelante. Hubo durante esos días voto electrónico remoto y presencial, y en total fueron más de un millón de personas las que emitieron sus preferencias, entre adolescentes y adultos.

Los resultados mostraron una aplastante tendencia de la ciudadanía a favor de una nueva Constitución, con un 91% de los votos a favor. Como ya se sabía que habría un plebiscito de entrada que definiría si iba o no el proceso constituyente y cómo se haría, también se sondeó aquello: el 71% optó por una Convención Constitucional integrada en su totalidad por ciudadanos/as electos íntegramente para este efecto; versus un 28% que prefería una Convención Mixta constitucional constituida en partes iguales por ciudadanos electos, y parlamentarios en ejercicio. El mensaje era claro: Chile necesitaba una nueva Carta Magna y que la hicieran las personas, no los políticos.

También se identificaron las principales prioridades de chilenos y chilenas para encausar el trabajo a realizar, ya sea por la vía constitucional, la política o la administrativa. Un 23,9% priorizó mejorar las pensiones para dignificar la calidad de vida de los adultos mayores, seguido de un 24% que enfocó sus preferencias en mejorar el sistema de salud pública y su financiamiento. Un 16% se inclinó por un mayor acceso y calidad en la educación pública, mientras que otras preocupaciones importantes incluyeron la reducción de la desigualdad, la corrupción y la delincuencia, el cuidado del medio ambiente, y el acceso a viviendas de calidad, entre otros temas.

A cinco años del estallido, la esperanza de cambios profundos que había tras las masivas movilizaciones se ha diluido, y la percepción ciudadana de haber logrado con todo eso pareciera estar en su nivel más bajo, con la sensación de que hoy Chile está igual o incluso peor que el día antes del 18-O. Una encuesta de Cadem realizada en diciembre de 2019, señalaba que un 74% de los encuestados creía que Chile sería un mejor país después del estallido. Hoy, el 63% cree que ocurrió todo lo contrario y que el país está peor. ¿En qué quedó todo eso que la consulta de la AChM puso sobre la mesa? ¿Cuánto se ha avanzado y cuánto no en las principales demandas ciudadanas que motivaron la revuelta?

Puroperiodismo revisó algunas de esas áreas para intentar responder esas preguntas, y lo que sigue es lo que encontramos.

Nueva Constitución: el cambio que no fue ni a la primera, ni a la segunda

«Un triunfo de la ciudadanía y la democracia», declaró el entonces presidente Sebastián Piñera tras el abrumador 78% de apoyo al «Apruebo» en el plebiscito del 25 de octubre de 2020. Con niveles de participación históricos, Chile elegía dar curso a un proceso constituyente a cargo de un órgano constituido exclusivamente por ciudadanos y ciudadanas electas para redactar una nueva carta fundamental.

Parecía que la demanda de construir un nuevo pacto político nacido en democracia entraba en tierra derecha para concretarse. No era la primera vez que se intentaba redactar una nueva constitución. Al terminar el segundo mandato de la presidenta Michelle Bachelet, el Ejecutivo presentó un proyecto de reforma constitucional, surgido de un proceso ciudadano amplio, en el que participaron de forma voluntaria y autogestionada más de 200 mil personas en encuentros y cabildos vecinales, provinciales y regionales, además de una consulta dirigida a los pueblos originarios. Sin embargo, el proyecto entró al Congreso en las postrimerías de su período y luego, tras la llegada de Sebastián Piñera al poder por segunda vez, la decisión de La Moneda fue desestimarlo e impedir que avanzara.

Casi dos años después del estallido, el 4 de julio de 2021, se llevó a cabo la primera sesión de la Convención Constitucional en el ex Congreso Nacional, desarrollada por los 155 constituyentes electos el 15 y 16 de mayo de ese mismo año. Se configuró una mesa de trabajo con paridad de género, escaños reservados para pueblos originarios y con un 64% de constituyentes independientes.

El proceso, eso sí, desde ese primer día, cuando el coro juvenil no pudo cantar el himno porque un grupo de convencionales protestaba, se empezó a desvirtuar de forma acelerada. Le siguió la salida anticipada y obligada de Rodrigo Rojas Vade cuando se supo que jamás tuvo cáncer, convencionales que llegaban disfrazados a las sesiones, otros que votaban desde la ducha, las supuestas versiones de fiestas y desbandes en sus salidas fuera de Santiago, las disputas internas por los grupos mayoritarios que, en vez de intentar consensos, buscaban pasar la aplanadora sobre sus contendores políticos que eran minoría; todo eso afectó la credibilidad y confianza de la ciudadanía en cómo se estaba trabajando en la Convención.

Portada de la propuesta de nueva Constitución elaborada por la Convención Constitucional, la cual fue rechazada en el plebiscito de salida del 4 de septiembre de 2022.

Y a todo eso, se sumaba una cobertura mediática que se enfocaba más en las polémicas que en los avances y la fuerte campaña de desinformación que circuló durante todo el proceso por diversas plataformas y redes sociales y que desvió la atención de los temas de fondo. El trabajo culminó en una primera propuesta de nueva Constitución que no convenció a los votantes y que el 4 de septiembre de 2022, con el plebiscito de salida que fue el proceso electoral más multitudinario de la historia democrática de Chile, se fue directo al tacho de basura con un aplastante 62% que eligió rechazar ese texto y volver a fojas cero.

Primer strike.

La contundente derrota del ‘Apruebo’ frente al ‘Rechazo’ fue un duro golpe para el movimiento “octubrista”. La sociedad, con el estallido y una pandemia a cuestas, ya estaba cansada y había comenzado a dar la espalda a las manifestaciones. “Algo que entendió la gente con el estallido, independiente de si se está a favor de la protesta o incluso del uso de la violencia en ciertas circunstancias, es que algunos actos no pueden ser justificados. Un ejemplo claro es la quema del metro”, dice Javiera Arce, politóloga, investigadora y docente de la Universidad Católica.

Después vino un segundo intento, con el Consejo Constitucional de 2023. Aquí el trabajo partió con la base consensuada de una comisión de expertos, y se esperaba que el aprendizaje de lo ocurrido con la Convención allanara el camino para los acuerdos. Pero no sucedió. Esta vez, el proceso estuvo marcado por el desinterés de la ciudadanía, producto del agote por la intensidad que tuvo la experiencia anterior. La composición fue ahora mayoritariamente de derecha –con fuerte presencia de la ultraderecha–, que, al igual que hizo la izquierda en la Convención, renunció a buscar acuerdos y consensos para tratar de imponer su mayoría circunstancial. Su propuesta de nueva Constitución también fracasó en las urnas, con un 56% de electores que estuvieron en contra de darle curso.

Segundo strike.

Después de este segundo intento fallido, el presidente Gabriel Boric cerró la puerta para ir por una tercera vía constituyente, por lo que no se logró cambiar la Constitución de 1980, que sigue vigente en la actualidad.

Entonces, ¿todo lo relativo al debate constitucional quedó igual que antes del 18-O? En rigor, no, pues sí hubo un cambio importante antes de ese último plebiscito, y se dio en el Congreso: suprimir los quórums supramayoritarios mediante dos nuevas leyes.

La primera surgió del proyecto de senadores de la Democracia Cristiana para rebajar los quórums necesarios para reformar la Constitución de 3/5 a 4/7, lo que disminuye la cantidad de votos requeridos para hacer cambios en la carta fundamental (ver ley). Si bien, este proyecto fue presentado con el fin de garantizar la victoria del Rechazo, significó un importante avance para futuras reformas constitucionales, las que antes eran casi imposibles debido al alto quórum.

Luego, a comienzos de 2023, se aprobó otra ley que redujo los quórums requeridos para modificar, esta vez, las leyes orgánicas constitucionales, eliminando el requisito de 4/7 y estableciendo el mínimo a la mayoría absoluta de diputados y senadores en ejercicio, igual que para las leyes de quórum calificado. Con ello, se baja la barrera fijada desde la dictadura que imposibilitaba cambios estructurales, aunque para que todo eso sirva de algo deben existir acuerdos que, con la composición actual del Congreso y la dispersión del sistema político, son difíciles de lograr.

Pensiones: La costumbre de discutir una reforma que no avanza, pero ahora está la PGU

En la lista de demandas prioritarias para la ciudadanía que surgieron con la consulta de la AChM en 2019, la que más selecciones tuvo fue “Mejorar las pensiones y dignificar la calidad de vida de los adultos mayores”, es decir, el tema previsional.

Durante los primeros años post estallido hubo poco cambio en esta materia, salvo por un pequeño gran avance: la Pensión Garantizada Universal (PGU), presentada como proyecto de ley en diciembre de 2021 por el expresidente Piñera, cuando su segundo mandato ya se acercaba a su fin. Se tramitó de forma exprés y fue una de las últimas leyes importantes que alcanzó a promulgar.

Antes de la PGU, más del 50% de los jubilados en Chile recibía menos de $150 mil mensuales. El proyecto del exmandatario garantizaba una pensión mínima de $185 mil al mes, beneficiando al 90% más vulnerable de los pensionados. Posteriormente, en agosto de 2022, el presidente Boric presentó su Proyecto de Reforma de Pensiones, que busca incrementar la cobertura y el monto de la PGU a $250 mil. Además, incluía la creación de un Seguro Social, que contemplaba una cotización adicional gradual del 6%, destinada a un fondo común para mejorar las pensiones actuales, la cual sería cubierta por el empleador y no por el cotizante. Este enfoque busca establecer un sistema mixto que combine ahorro individual con un pilar solidario, garantizando así pensiones más dignas y sostenibles.

Adultos mayores manifestando en protestas posteriores al 18-O.

Es importante recordar que una de las principales promesas de campaña de Boric fue eliminar el sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) que existe desde 1981 y reemplazarlo por un modelo mixto que incluya administradoras públicas y privadas. La propuesta actual consiste en reemplazar las AFP y establecer un sistema Inversor de Pensiones Público y Autónomo (IPPA), junto con otro sistema de Inversores de Pensiones Privados (IPP).

A pesar de los avances en el debate legislativo, que incluyen la firma de un protocolo de acuerdo entre oficialismo y oposición para avanzar en la tramitación del proyecto y que el proyecto salga del Senado a comienzos de 2025, persisten desafíos significativos. La discusión se ha centrado en cómo implementar efectivamente el nuevo sistema y resolver dudas sobre aspectos como la heredabilidad de los fondos, el rol de las AFP y el destino de ese 6% extra. Recientemente, se han logrado consensos importantes gracias al trabajo de una Comisión Técnica que ha permitido acotar discrepancias, pero aún quedan incógnitas por resolver.

En ese sentido, los cambios concretos aún son insuficientes y la urgencia por reformar un sistema, que ha sido criticado por su ineficacia para garantizar pensiones adecuadas a la población, sigue siendo un tema central en la agenda política nacional.

Educación: Nueva prueba para acceder a la educación superior y un proyecto para poner fin al CAE

Uno de los primeros cambios en el ámbito de la educación después del 18-O fue la eliminación definitiva de la cuestionada Prueba de Selección Universitaria (PSU), criticada por ser una prueba altamente segregadora que favorecía a ciertos grupos debido a las brechas económicas existentes en el país. En 2020, se presentó la nueva Prueba de Transición Universitaria (PDT), que comenzó a funcionar en 2022 y, ese mismo año, se transformó en la PAES. Ambas pruebas tenían como objetivo «generar un sistema más equitativo y ofrecer mayores oportunidades para acceder a la educación universitaria», según decía el entonces ministro de Educación, Raúl Figueroa. Una de las principales novedades fue la posibilidad de rendirla dos veces en un año.

Sin embargo, el tema más relevante en materia de educación ha sido el anuncio del proyecto que viene a cumplir una de las principales promesas de campaña del actual presidente, y quizás una de las que más ruido ha generado en el último tiempo: el fin al Crédito con Aval del Estado, el CAE.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Gobierno de Chile (@gobiernodechile)

El proyecto fue anunciado el pasado lunes 7 de octubre e ingresado dos días después al Congreso, y propone eliminar el CAE como vía para solventar los estudios superiores para reemplazarlo por el nuevo sistema de Financiamiento Público para la Educación Superior (FES). Uno de los aspectos más importantes de este nuevo mecanismo, y a diferencia del CAE, es que no es un crédito y los bancos no serán parte de la ecuación; será el Estado el que entregue los recursos directamente a las instituciones. En cuanto a la retribución, si la persona percibe menos del salario mínimo, no retribuirá ni se extenderá su deuda y si su ingreso es superior, no retribuirá más de un 8% mensual.

El proyecto contempla un sistema de reorganización y condonación de la deuda, que no será universal, y que se divide en tres: inicial, adicional por pago anticipado y progresiva mensual (más detalles del proyecto, aquí).

No ha habido grandes cambios en los otros niveles educativos.

Salud: Fin al copago en Fonasa y la universalidad de la atención primaria

A partir del 1 de septiembre de 2022, más de cinco millones de personas dejaron de pagar copagos en el sistema público de salud de Chile, gracias a una medida impulsada por el gobierno del presidente Gabriel Boric. “Los derechos no tienen que ser un negocio”, señaló el mandatario al anunciar la iniciativa que elimina los cobros adicionales por servicios, tratamientos y medicamentos para los afiliados a Fonasa.

Durante años, el copago ha sido una fuerte carga para miles de familias que, aunque accedían a servicios de salud pública, debían cubrir un porcentaje de los costos. Esta política había sido duramente criticada por sectores que denunciaban la exclusión de personas que, aun con Fonasa, no podían permitirse ciertos tratamientos médicos debido a los pagos adicionales.

Médicos manifestándose por mejoras en el área de la salud durante el estallido social.

Con la eliminación de estos cobros, se busca garantizar un acceso más equitativo y universal a la salud. La medida no solo responde a una demanda histórica de amplios sectores de la sociedad, sino que también plantea interrogantes sobre la sostenibilidad del sistema público frente al aumento en la demanda que podría generar.

También se cuenta entre los avances la implementación del programa APSUniversal, que busca la universalización de la atención primaria de salud, ampliando su cobertura a personas afiliadas a Isapres o funcionarios de Fuerzas Armadas, Carabineros, PDI y Gendarmería. Este programa ha logrado expandir su cobertura de 7 a 21 comunas en todo el país, beneficiando a más de 49.000 personas con acceso equitativo a servicios de salud. Además, se ha priorizado la atención en salud mental, con más de 5,4 millones de atenciones registradas hasta marzo de 2024, incluyendo un apoyo significativo a través de la línea de prevención del suicidio.

Sin embargo, hoy, a cinco años del estallido, el sistema público de salud aún enfrenta varios de sus problemas estructurales, como largas listas de espera y críticas sobre la calidad y accesibilidad de las prestaciones.

De la ilusión a la decepción

Desde aquella agitada época de octubre, que rompió los paradigmas de la sociedad y la política chilena, muchas son las interrogantes que se han planteado al respecto para entender estas incongruencias de la población. ¿Cómo fue posible que una moción que contaba con 91,1% de apoyo terminara con un doble fracaso constitucional? ¿Que la esperanza de cambios en apenas cinco años se diluyera hasta casi haber olvidado lo sucedido con una narrativa que hoy pone la violencia y los destrozos ocurridos –que sí, existieron– como un manto que cubre la ilusión de una ciudadanía que salió en masa a manifestarse para mejorar su calidad de vida?

“Pasa que en lugar de priorizar el contenido y el fondo de las propuestas, muchas veces se dio más importancia a la performatividad y a gestos simbólicos. Esto alejó a las personas, ya que la falta de claridad y seriedad en algunos momentos generó desconfianza”, señala Javiera Arce.

Sin embargo, también hay que considerar que hubo una fuerte campaña del terror a través de desinformación en torno a la lucha política. “La fuerte campaña en contra, especialmente desde sectores de la derecha, aprovechó estas debilidades. A través de noticias falsas o tergiversaciones, se difundieron ideas alarmantes, como que se iban a expropiar propiedades para privilegiar ciertos grupos, como los mapuches”, cerró.

A dos años del plebiscito de 2022, solo un 19% de la población considera que se debería realizar un nuevo proceso constituyente. Existe una clara sensación de arrepentimiento social respecto al octubrismo. Como se mencionó antes, si un 74% de la población creía que Chile sería un mejor país después del Estallido, hoy un 63% cree que quedó peor.

*Este reportaje fue realizado en el marco del curso Taller de Reportajes y Perfiles de la carrera de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), impartido por el profesor Juan Pablo Figueroa.

Gabriel Boric era, por entonces, un diputado que se había alzado como la carta presidencial del Frente Amplio. Era 2021, en pleno período de campaña, y en medio de la vorágine de actividades, se dio el tiempo para reunirse con profesoras y profesores de Chile. Lo hizo a través de una reunión por Zoom en la que enfatizó su diferencia con los gobiernos que le antecedieron. Él pretendía alzarse entre los docentes como la carta que resolvería una las principales demandas de ese sector: la millonaria deuda histórica que se arrastra desde hace más de 43 años.

“Nuestro equipo está comprometido con esta reparación, a diferencia de quienes les han cerrado la puerta durante tanto tiempo (…) En nuestro gobierno va a haber una reparación y reconocimiento al daño que se les ha causado”, dijo en la reunión en que también estaba presente Antonia Orellana, parte de su comando y actual ministra de la Mujer y Equidad de Género.

Por esa promesa y otras más, un grupo importante de integrantes del Colegio de Profesoras y Profesores, así como también docentes que durante décadas han exigido el pago de la deuda que viene desde que la educación pública se municipalizó en dictadura, le entregaron el apoyo a Boric. Confiaban y esperaban que cumpliera su palabra. Mal que mal, estaba en su programa de gobierno:

Apruebo Dignidad Plan N°10: “Repararemos la deuda histórica con el profesorado de Chile, partiendo durante el primer año de gobierno por las y los docentes de mayor edad, para terminar, beneficiando a un total de casi 60.000 docentes afectados al final de nuestro mandato”.

Lo que salía en el papel no ocurrió. Boric lleva poco más de dos años de mandato, y no ha logrado cumplir esa promesa de campaña, algo que asumió durante su Cuenta Pública de 2023, cuando aseguró que “el Estado de Chile no cuenta hoy con los recursos suficientes para hacerse cargo de toda esta reparación, y por ende necesitamos allegar más recursos con la Reforma Tributaria. De aprobarse esta, inmediatamente presentaremos un proyecto para cumplir con este compromiso. Invito a esta sala y a quienes murmuran a ser parte de este noble y necesario gesto de reparación”.

Pero no hubo Reforma Tributaria; se cayó en el Congreso en marzo de 2023 y, con ello, gran parte del financiamiento que el gobierno esperaba tener para llevar adelante su agenda.

A pesar de eso, a casi un año de esa declaración, el Presidente sí hizo algo histórico, algo que ningún otro mandatario antes que él había hecho: reunirse en La Moneda con representantes del Colegio de Profesores y Profesoras para conversar sobre el tema. Esto sucedió el 15 de marzo, aunque no dio ninguna fecha ni un plan de proyecto para esta demanda.

“Hay compromiso incumplido. El candidato Boric comprometió una solución reparatoria a la deuda histórica. Luego, como presidente electo, reafirmó que eso iba cumplirse. El Presidente en ejercicio en dos oportunidades señaló que se iba a cumplir el compromiso de la deuda histórica y, cuando asumimos como directiva el 8 de enero, nos encontramos con el último compromiso incumplido, que era que en diciembre de 2023 se iba a dar una solución reparatoria”, dijo Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores al salir de esa reunión.

Incertidumbre y frustración es lo que han manifestado un grupo importante de profesores afectados por la deuda. Mientras, al gobierno se le abrió un flanco político: ¿cómo tratar de cumplir la promesa en el escenario actual? En materia de Educación, este será quizás –junto a la polémica condonación del Crédito con aval del Estado (CAE)– uno de los temas que más expectativas generan de cara a la Cuenta Pública que dará el Presidente Boric este sábado 1 de junio.

El ministro de Hacienda Mario Marcel, ante la consulta para este reportaje, solo se limitó a señalar que “esto es parte de la agenda que está desarrollando el gobierno”.

Años de lucha

En 1981, el mismo año en que el Ministerio de Educación (Mineduc) comenzó el proceso de municipalización de la educación pública, el régimen de Augusto Pinochet emitió el Decreto Ley 3.551, que fijaba normas para las remuneraciones de funcionarios fiscales. En su artículo 40, el documento contemplaba a los profesores dependientes del Ministerio de Educación, y establecía que recibirían una asignación especial de entre el 50% y 90% de sus ingresos, incluyendo su sueldo base y otras asignaciones establecidas por ley.

Sin embargo, los y las profesores no recibieron el reajuste salarial contemplado en ese artículo; fue desconocido por los nuevos administradores de los establecimientos, es decir, los municipios. Con esto, los profesores perdieron su calidad de empleados del Estado, lo que tuvo impacto directo en sus beneficios salariales, en sus pagos previsionales y, en consecuencia, en las jubilaciones que hoy reciben.

Según datos del Colegio de Profesores y Profesoras, son cerca de 76 mil los profesionales afectados, pero de esa cifra son cerca de 14 mil los que han fallecidos esperando una respuesta. Estos datos fueron dados a conocer en 2017, cuando se publicó el listado completo de los docentes afectados vivos y fallecidos. Las cifras, por supuesto, han variado desde entonces.

Docentes jubiladas se manifiestan frente a La Moneda (FOTO: José Venegas)

Han pasado diferentes gobiernos desde el retorno a la democracia que han desconocido esta demanda y se negaron a entregar una reparación. En 2009, Andrés Velasco, ministro de Hacienda del primer gobierno de Michelle Bachelet, incluso desconoció que la deuda siquiera existiera: “No existe una deuda histórica, ni moral, ni tampoco legal con el profesorado del país”.

Nicolás Eyzaguirre, cuando fue ministro de Educación al comienzo de la segunda administración de Bachelet, abordó el tema y entregó posibilidades de llegar a un acuerdo, sin embargo, antes de concretarlo fue cambiado de cartera para hacerse cargo de la agenda legislativa del gobierno como ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres). Posteriormente, en 2017, su sucesora en el Ministerio de Educación (Mineduc), Adriana Delpiano, desconoció esta demanda, señalando que el Mineduc no tiene “nada más que hacer” con el tema y que no solo los profesores sufrieron un prejuicio en esa época. La situación fue empeorando con el gobierno de Sebastián Piñera, periodo en el que no existió ninguna propuesta para abordar el problema.

El ex vicepresidente del Colegio de Profesores y Profesoras, Hugo Geters, sostiene que uno de los problemas de la deuda histórica, en parte, es su origen, por lo que tiene un carácter ideológico. “Este bono tiene un carácter ideológico, porque la derecha se cierra en general a pagarlo”, asegura.

De ahí que en 2022 volviera, para muchos, la esperanza con la asunción de Gabriel Boric, en especial cuando a un mes de iniciado mandato, el Mineduc puso a disposición una plataforma para que docentes consultaran online si ya eran parte de la nómina o, bien, solicitar su inscripción en caso de no serlo. Sin embargo, como se ha mencionado durante todo este reportaje, esa reparación aún no se ha concretado por parte del gobierno y muy difícilmente ocurrirá, aunque eso aún está por verse.

La esperanza sigue

“¡Y la deuda que la paguen, y la deuda que la paguen, ahora ya, ahora ya!”, canta un grupo de profesoras que se reúne todos los jueves desde hace 18 años en la Plaza de la Constitución para exigir frente a La Moneda, ya no un pago como les debiera corresponder, sino que, simplemente, una reparación a su demanda. Ellas están constantemente allí, esperando una respuesta del gobierno mientras resisten las condiciones climáticas que sean: lluvias, frío, viento, calor; lo que se requiera hasta conseguir una solución.

A pesar de que aún no hay claridad en cómo se va a resolver esto, Patricia Muñoz, vicepresidenta del directorio nacional del Colegio de Profesores y Profesoras, se muestra confiada. “Yo, la verdad, tengo mucha fe en que las cosas van a salir. No lo que uno soñaría, pero van a salir en una forma digna, como dijo el Presidente. Soy una de las mujeres que cree en él”, señala.

Grupo de docentes jubiladas que todos los jueves se reúne para manifestarse frente a La Moneda, en la Plaza de la Constitución, en demanda a una solución a la deuda histórica. (FOTO: Colegio de Profesores y Profesoras)

No es la única. Patricia Garzo, profesora jubilada y vocera del grupo de docentes que todos los jueves protesta en la Plaza de la Constitución, es otra de las maestras que aún confía en que Boric cumpla su compromiso, pues es, al final, la administración que más los ha acercado a una resolución. “El gobierno del Presidente Boric es el que nos ha dado más esperanza”, dice.

En todo caso, también hay quienes, más que confianza, sienten que es una promesa cuya concreción deben exigir. Paola Ossandón, vicepresidenta metropolitana del gremio, es una de esas personas, y dice: “Nosotros, como Colegio de Profesores, le dimos nuestro apoyo porque el hizo un compromiso con nosotros antes de ser Presidente”.

Boric les ha dado ilusiones a miles de docentes que aún pese a no tener una respuesta concreta, creen en él. Un grupo importante le dieron su voto, le dieron toda la confianza, apostaron todo para que de una vez por todas un gobierno se haga cargo de esta demanda. No darles una respuesta a los maestros afectados, sería un gran golpe para ellos.

¿Y si no hay respuesta?

Consultado por Puroperiodismo para este reportaje, el presidente del Colegio de Profesores y Profesoras, Mario Aguilar, dice que “nosotros estamos muy intranquilos (…) pero, para ser justos, en la última reunión el Presidente no comprometió nada para las próximas semanas, sino que dijo que en los próximos meses [el Ejecutivo] enviaría un proyecto de ley”. Para ellos esta respuesta debiera darse a finales del primer semestre, y quizás tener algún anticipo en la Cuenta Pública de este año, con la esperanza de que esa promesa se cumpla durante este período presidencial.

¿Y qué pasaría si esa promesa, finalmente, no se cumple? Ante ese escenario, el presidente del gremio docente señaló que sería “muy lamentable” que Boric no respondiera a esta demanda. Para Aguilar, el incumplimiento de la reparación a la deuda histórica significaría que “la palabra de la autoridad no tiene valor alguno y, evidentemente, nosotros tendríamos que explorar otro campo de acción y, probablemente, no quede otro más que los tribunales internacionales”.

Ese camino no sería nuevo. En noviembre de 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) falló a favor de un grupo de más de 800 maestros que recurrieron a esa instancia para exigir que el Estado chileno se haga responsable de la deuda y ejecute sentencias judiciales que ya les habían reconocido ese derecho. En su veredicto, la Corte declaró “responsable internacionalmente al Estado de Chile por las violaciones a diversos derechos en perjuicio de 846 profesores y profesoras de las Municipalidades de Chañaral, Chanco, Pelluhue, Parral, Vallenar y Cauquenes”.

En síntesis, lo que la CIDH señaló es que “el Estado de Chile es el responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales, y a la propiedad de los docentes, así como el deber reforzado de garantizar la debida diligencia en el acceso a la justicia de las personas mayores”. Por ello, se condenó al Estado chileno a ejercer diversas medidas reparatorias, entre ellas, el «pago directo a las víctimas del caso o a sus derechohabientes, las sumas todavía debidas en tres tractos anuales, empezando a contar el primer tracto en el plazo de un año de notificada la sentencia».

Esta reparación va directamente a las 846 personas que participaron en el recurso ante la CIDH, y no al universo total de docentes afectados. Los primeros pagos ya se hicieron en diciembre de 2021 y de 2023, y el último debiese darse a fines de 2024.

En cuanto a qué sucederá con los demás, la respuesta aún está en un limbo y, muchos esperan que al menos parte de lo que viene se dilucide este sábado cuando el Presidente Boric se dirija a la nación para rendir su tercera Cuenta Pública. Después de eso, los y las profesoras sabrán mejor cuáles serán los pasos a seguir.

Por Constanza Gálvez, Claudia Álvarez y Sergio Vergara*

 *Este artículo fue realizado por estudiantes de primer año de la carrera de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado, en el marco del curso Técnicas de Reporteo, impartido por el profesor Franco Fasola.

En 2019, a raíz del estallido social, la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) se organizó junto a alumnos de todo Chile para boicotear la rendición de la entonces llamada Prueba de Selección Universitaria (PSU). El trasfondo de la movilización apuntaba a que no todos los estudiantes contaban con los mismos recursos para preparar la prueba y así poder acceder en igualdad de condiciones a la educación superior. Desde entonces, el mecanismo de ingreso a casas de estudios superiores sufrió diversas modificaciones, incluyendo el cambio de nombre, la modificación de la escala de puntajes y el diseño e incorporación de nuevas pruebas. Producto de esos cambios surgió la nueva Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES), que rindieron por primera vez más de 235 mil personas en todo el país durante los últimos tres días de noviembre. Sin embargo, a juicio de expertos consultados por Puroperiodismo, ninguna las reformas que le dieron forma a nuevo examen lograría solucionar el problema de base: la desigualdad educativa.

Según datos de la Encuesta Casen 2017, Chile tiene uno de los índices de desigualdad más altos entre los países de la OCDE, lo que se expresa en el índice Gini con un 0,503%, y esa situación también se expresa en materia de Educación. Se estima que el 10% de los y las estudiantes que forman parte del sistema de educación abandonan cada año sus estudios y que, de ellos, el 80% lo hace como consecuencia de la pobreza. Datos oficiales del Ministerio de Educación también dan cuenta de que el 68% de quienes egresan de la educación municipal logra acceder a la educación superior, mientras que en el sector particular subvencionado son el 80% y el 95% en el privado.

Juan Pablo Valenzuela, director del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile, explica que “la desigualdad en la educación siempre ha existido, es una problemática que viene arrastrando desde hace años y ningún gobierno se ha hecho cargo”.

En la misma línea, el investigador asegura que cambiar el nombre a la prueba y la escala de puntajes no es la solución a la segregación educativa. “Es necesario crear otro método de acceso a la educación superior, donde no existan distinciones ni desigualdades. No es por nada que los mejores puntajes sean de los colegios privados y los peores de colegios municipales”, dice.

Estudiantes ingresando a rendir la primera PAES. (FOTO: Demre.cl)

La desigualdad entre los colegios

Todos los colegios del país, ya sean municipales, subvencionados o privados, cuentan con diferentes métodos de preparación para la prueba de acceso a la educación superior. Los colegios privados que han obtenido los mejores puntajes a nivel nacional en la prueba en los últimos años son, entre otros, el Colegio Cordillera (Las Condes), el Colegio Cambridge College (Providencia) y el Colegio Los Andes de Vitacura. De hecho, los tres están entre los 20 establecimientos con mejores resultados en la Prueba de Transición (PDT) que se tomó a mediados de este año, una lista que en que sólo apareció un liceo municipal y en la que 14 posiciones son ocupadas por colegios particulares ubicados en comunas del sector oriente de Santiago, precisamente las más ricas del país.

Con respecto a esto, Henry Arévalo, director del exclusivo Colegio Nido De Águilas, señala que los resultados positivos se relacionan a que instituciones como la que él representa destinan más horas pedagógicas para preparar la prueba, hacen ensayos todas las semanas y los profesores se encargan de motivar constantemente a sus estudiantes, entregándoles herramientas de preparación psicológica.

Por el otro lado, los colegios municipales a lo largo de Chile no cuentan dentro de sus planes educativos con más horas pedagógicas destinadas a la preparación de la prueba, ni ensayos constantes. El delegado universitario del Liceo Municipal Pedro Troncoso Machuca, de Vallenar, Raúl Chacana, detalla que los estudiantes no cuentan con los medios necesarios para poder costear un preuniversitario y prepararse correctamente para el examen de acceso al sistema de educación superior.

“Como institución, hacemos todo lo posible por entregar una formación de calidad, pero lamentablemente el problema viene desde la casa y el contexto socioeconómico de cada alumno (…) Los de los colegios privados tienen muy clara la película desde chicos y los de establecimientos vulnerables no tienen certeza de lo que harán con su futuro”, dice.

Por las razones mencionadas es que gran parte de los estudiantes que provienen de colegios municipales obtienen tan bajos puntajes en la prueba de acceso a la educación superior. La psicóloga educacional del Liceo Particular Avenida Recoleta, María Sandoval, se refiere a la situación que afrontan los estudiantes de colegios públicos: “El desinterés es un ‘virus’. La mayoría de los estudiantes proviene de un hogar donde las exigencias académicas son mínimas y eso, de una manera u otra, contagia de mala forma sus aprendizajes. Estoy muy convencida de que si los estudiantes se propusieran el querer superarse y mostrar ese interés, podrían exigirles a las instituciones herramientas para preparar mejor su PAES”.

Ya a comienzos de este año un reportaje de Radio Bío-Bío revelaba que distintos investigadores y académicos coincidían en que los cambios de la PAES no lograrían disminuir las desigualdades del sistema escolar, en parte porque todavía no habría información clara respecto de lo que ha fallado. Así lo planteó en esa instancia, Rodrigo Cornejo, investigador del Observatorio Chileno de Políticas Educativas de la Universidad de Chile, quien acotó que “aún está pendiente un balance de las razones por las que fracasó la PSU”.

Un factor estresor

Otra de las principales problemáticas de la prueba se relaciona al estrés que genera la espera de los resultados y la frustración de algunos estudiantes que no son seleccionados en sus carreras de preferencia. Por este motivo, Emilia Monsalve, psiquiatra infanto adolescente, encargada de la Unidad Infanto Adolescente del Hospital Regional de Coquimbo, explica de qué forma la salud mental de los jóvenes se ve afectada ante el transcurso de la prueba.

“Para algunos define lo que van a hacer en su futuro y para muchos también define la posibilidad de poder acceder a becas y otro tipo de apoyo. Creo que es súper importante mencionar que no todos lo viven igual, porque hay distintos niveles de acceso a la prueba y diferencias de formación en los alumnos”, aseguró.

Monsalve hace también énfasis en la importancia del factor socioeconómico de las personas a la hora de enfrentar el proceso y sus efectos en el parea de la salud mental. “Trabajo en el sistema público y privado, conozco las dos realidades y los recursos con los que se enfrentan los estudiantes, hay aspiraciones y preocupaciones distintas. Tengo pacientes a los que les genera mucha ansiedad el proceso de rendir las pruebas y tienden a descompensarse, pero más que por la prueba en sí, es por el contexto socioeconómico que tienen”.

Políticas públicas

“A diferencia de otros años, las preguntas de la PAES tienen la finalidad de medir competencias, más que contenidos. De esta forma, se pueden identificar las habilidades que poseen los postulantes y no sólo la cantidad de materia que aprendieron”, afirma la  subsecretaria de Educación Superior, Verónica Figueroa, respecto de la nueva metodología implementada por el Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional de la Universidad de Chile (DEMRE).

Pero no sería el único cambio en la prueba, pues otro de los factores que generaban conflicto a los estudiantes durante las rendiciones de la PSU era el lenguaje que se utilizaba en los textos y en las preguntas del facsímil, el que en muchos casos generaba confusión e incrementaba las dudas de quienes la rendían, marcando otro indicador de la profunda brecha existente entre estudiantes según su contexto de origen. En relación a esto, Figueroa dice que “esta prueba trata de desarrollar un lenguaje cotidiano que no sea complejo de entender, porque se entiende que no todos los postulantes cuentan con el mismo nivel de comprensión de las palabras, debido a sus distintas realidades y tipo de educación”.

Estudiantes (FOTO: Cned.cl)

La autoridad reconoce, en todo caso, que “esta prueba no logra en lo absoluto disminuir la desigualdad educativa, porque eso es algo que debe ser solucionado de manera estructural, pero sí es un paso a mejorar los instrumentos de evaluación (…) Esperamos que este proceso resulte de la mejor forma posible y que los estudiantes tengan más oportunidades para decidir sobre su futuro”.

El próximo tres de enero los y las estudiantes que rindieron la primera PAES podrán saber sus puntajes obtenidos en las evaluaciones. Desde ese día y hasta el seis de enero tendrán la posibilidad de postular a las universidades e institutos de preferencia. El 17 del mismo mes se darán a conocer los resultados de esta postulación para iniciar el proceso de matrícula, y recién en esa instancia se verá reflejado el funcionamiento de esta nueva prueba y se podrá verificar si cumplió o no con los objetivos propuestos por el DEMRE.

Por Rodrigo Arriagada y Rosario Varas

El 2 de marzo de 2022 comenzó el año escolar en modalidad presencial y de forma obligatoria para todos los establecimientos educacionales del país, tras dos años en formatos telemáticos o semipresenciales producto de la pandemia. Fue desde entonces que, en distintos lugares y de diferentes maneras, comenzó a quedar en evidencia una crisis que, si bien puede tener varias explicaciones, diversos expertos relacionan en parte con los efectos del encierro prolongado y la falta de socialización sobre la salud mental de niños, niñas y adolescentes. Han sido tiempos violentos.

En abril, un estudiante de 16 años salió al patio de su colegio en la comuna de Santa Cruz, sacó un arma y se disparó en la sien. En junio, una alumna de un liceo en Concepción fue apuñalada por oponerse a la continuidad de la toma del establecimiento. En marzo surgieron denuncias por abusos sexuales masivos por parte de alumnos de un liceo emblemático de Providencia y las movilizaciones en al menos dos establecimientos históricos de la comuna de Santiago terminaron con ataques incendiarios.

Los casos mencionados son quizás algunos de los que más han impactado a la opinión pública, pero son también apenas una muestra de una serie de hechos de violencia que se ha experimentado al interior y exterior de liceos y colegios del país: porte y uso de armas blancas o de fuego, riñas, agresiones, amenazas, destrucción de los espacios públicos y privados, quemas de buses y más. Todo aquello ha afectado a los y las estudiantes, pero también a los cuerpos docentes y administrativos de los establecimientos. Y aunque existen mecanismos legales para hacerle frente, durante el último semestre el fenómeno ha sido explosivo.

Datos entregados a Puroperiodismo por la Superintendencia de Educación dan cuenta de que las denuncias recibidas por casos de maltrato físico y psicológico entre estudiantes durante el primer semestre de 2022 (hasta el 7 de junio) han aumentado un 60,3% en comparación al periodo 2018-2019.

Según la Ley sobre Violencia Escolar, vigente desde 2011, en Chile se reconoce el acoso escolar como “todo acto de agresión u hostigamiento reiterado, realizado por estudiantes que atenten en contra de otro estudiante (…) que le provoque maltrato, humillación o temor fundado de verse expuesta a un mal de carácter grave”. También se definen los organismos que se deben encargar de una buena convivencia escolar: los consejos escolares y los comités de Buena Convivencia Escolar. Dichas instancias están encargadas de organizar un plan de gestión, y un encargado de convivencia lo llevará a cabo.

A esa normativa se sumó en 2018 la Ley Aula Segura, que estableció medidas disciplinarias y procedimientos para sancionar aquellas infracciones graves a los reglamentos de convivencia.

Para Juan Manuel Bustamante, director de la Asociación de Funcionarios Docentes de la Educación Municipal Los Ángeles (Afdem), “no es que [estos casos] estén sucediendo ahora, esto ha ocurrido siempre. Lo que pasa es que no se notaba mucho, no había tanta preocupación sobre los temas sociales hasta el estallido social”.

La violencia escolar post pandemia

Con la pandemia, todo cambió. Durante dos años, la gran mayoría de niños, niñas y adolescentes del país se vieron obligados a continuar sus estudios a distancia, desde sus casas y a través de pantallas. Eso no sólo tuvo efectos sobre sus procesos educativos, sino también sobre sobre sus vidas y su ámbito psicosocial.

En abril, la psicóloga de la Universidad de Santiago, María Elena Duarte, decía a El Mostrador que muchas familias “vivieron hacinamiento, la falta de sustento básico, violencia, entonces para algunos el único escape era conectarse a internet, consumiendo información que cambiaba y generaba ansiedad”, y que con ello se generó así un desajuste “desde la psicología y desde lo social”.

Explicaba, además, que “un niño que ingresó a primero básico estuvo prekinder y kinder encerrado, y directamente entró a una dinámica distinta. Los que ingresan a primero medio se quedaron en séptimo básico, y los de segundo medio entraron a la universidad. Dos años de desarrollo de habilidades sociales no ocurridas, de gestión de las emociones no ocurridas, y eso explota en el contexto escolar donde tenemos a otros, también funcionarios, que les puede haber pasado lo mismo porque son seres humanos (…) No se puede seguir con la dinámica de antes de la pandemia; el encierro generó un trauma y es necesario repararlo”.

Según cifras de la Superintendencia de Educación el 31% de las denuncias que habían ingresado al 22 de marzo de 2022 estaban relacionadas con maltrato a estudiantes.

Algo similar decía por esos mismos días a Puroperiodismo la psiquiatra infanto-juvenil y docente de la Escuela de Medicina de la Universidad Católica, Catalina Castaño, quien también asoció el fenómeno de la violencia al exceso de exposición a las tecnologías durante el encierro. “Lo podríamos haber previsto en el sentido de que las redes sociales son agresivas también. Uno tiende a socializar de una manera distinta cuando no estás presente, y tal vez se dicen cosas más fuertes o menos empáticas. Quizás los adolescentes están replicando ese modelo de interactuar en las salas de clases”, explicaba.

Tanto Duarte como Castaño coinciden con otros tantos expertos que aseguran que la situación era previsible, y que se podrían haber tomado cartas en el asunto de forma previa. Pero eso no habría ocurrido por parte de las autoridades, según se critica desde el Colegio de Profesores.

“El gobierno no atendió a la situación en la que estaban los estudiantes y comenzaron los años escolares de la misma manera, como si no hubiese pasado nada”, señala Hugo Gerter, vicepresidente del Colegio de Profesores Metropolitano.

En noviembre de 2021 el Ministerio de Educación envió un oficio con lineamientos para el retorno obligatorio a la presencialidad a todos los establecimientos del país. El documento tiene apenas seis páginas y en ninguna de ellas se hace siquiera alusión a temas de salud mental o manejo de situaciones violentas; sólo contempla temas curriculares.

Bustamante reconoce que si bien no estaban incluidos en esos lineamientos, sí existen mecanismos legales para manejar y prevenir situaciones de violencia, y que el Consejo Escolar es sólo una parte, ya que también están las normas de convivencia y los distintos agentes educativos que se aseguran que se sigan. Pero eso no ha sido suficiente y ha habido establecimientos, como el Colegio Salesianos de Valparaíso, que incluso han considerado la instalación de detectores de metales en sus ingresos como medida preventiva.

Algo en lo que ambos profesores concuerdan es en que la sala refleja situaciones sociales del entorno. Desde hace años se realizan denuncias por la violencia en los establecimientos, por lo menos Gerter tiene registro desde el 2017. “Por varios motivos –dice–, como el resultado de una evaluación, hay amenazas constantes hacia los profesores”.

Overoles Blancos

En los liceos del centro de Santiago, la violencia y otras problemáticas asociadas han generado que establecimientos emblemáticos de la comuna, como el Instituto Nacional (IN), el Liceo Manuel Barros Borgoño (LMBB), el Liceo de Aplicación (LDA) y el Internado Nacional Barros Arana (INBA), hayan tenido que suspender la presencialidad mucho antes de que acabara el primer semestre.

Los alumnos han denunciado que sus establecimientos no cuentan con las condiciones mínimas para poder realizar el proceso pedagógico con normalidad. Problemas de infraestructura, falta de docentes y de personal de aseo en los centros educacionales, son algunos de las problemáticas que los alumnos han manifestado como razones para movilizarse.

Para Hugo Gerter, el fenómeno de manifestaciones violentas es diferente a otro tipo de casos de violencia dentro de los establecimientos educacionales. “Ellos destruyen los colegios. Acá hay recursos económicos, se compran overoles; todos los colegios han dicho que vienen de afuera, que no son estudiantes”, señala el dirigente regional del gremio docente.

El 23 de mayo, durante una jornada de manifestaciones en el IN y luego de enfrentamientos con Carabineros en las inmediaciones, una oficina de inspectoría y tres salas fueron afectadas por un amago de incendio. Aunque el conflicto ya llevaba varios días, fue entonces que las autoridades de la Dirección de Educación Municipal de Santiago decidieron suspender las clases presenciales y adoptar una modalidad telemática.

Encapuchados con overoles blancos en el Instituto Nacional (2019).

Caso parecido ocurrió en el INBA: la decisión de adoptar un formato de clases online se tomó el 10 de junio, tras una semana de incidentes que afectaron tanto a la comunidad educativa del propio establecimiento como a trabajadores externos.

María Alejandra Benavides, rectora del establecimiento, fue quien comunicó la decisión tras ser víctima de la violencia de un grupo de encapuchados que incendió mobiliario dentro de su oficina. Lejos de ser un hecho aislado, los eventos de este tipo en el INBA se han vuelto frecuentes.

Gonzalo Saavedra, ex rector del INBA, el 19 de abril, y luego de incidentes en el exterior del establecimiento que terminaron con un bus del sistema RED incendiado, denunció ante los medios de comunicación lo que sucedía en el interior del recinto educacional: «Tengo una comunidad quebrada, tengo mis trabajadores reventados, tengo 16 profesores con licencia producto de todas estas manifestaciones de violencia”.

En el LDA, otro foco de manifestaciones violentas en los establecimientos de Santiago, han podido mantener las clases presenciales, pese a los violentos hechos registrados durante los primeros meses del año.

Los buses del transporte público también han sido uno de los objetivos de los grupos de overoles blancos. Son tres los vehículos del sistema red que han sido atacados con elementos incendiarios, y en uno de ellos, Carabineros detuvo a un adolescente de 16 años vestido con la indumentaria característica y alumno del establecimiento.

Los registros audiovisuales de los hechos de violencia descritos revelan elementos en común en prácticamente todos los acontecimientos. Al actuar se le conoce como “salidas incendiarias” y se caracterizan por la utilización de overoles blancos por parte de los involucrados –no está del todo claro si son o no estudiantes de los respectivos liceos–. Un accionar rápido y en grupos de 10 a 30 individuos, y la utilización de los establecimientos educacionales para el resguardo de los involucrados una vez concretado su actuar.

En todo caso, no es algo nuevo. El modus operandi está presente en liceos de Santiago al menos desde 2014, ha operado de forma continua –salvo por la interrupción durante el periodo sin clases presenciales– y no ha logrado ser frenado por parte de las comunidades educativas ni tampoco por el trabajo policial.

La respuesta de las autoridades

Para el dirigente Hugo Gertes, la decisión de adelantar y extender las vacaciones de invierno de los estudiantes a nivel nacional, responde no sólo a la situación epidemiológica del país, que registra en paralelo un nuevo brote de casos de Covid-19 y un aumento crítico de los virus estacionales, lo que ha llevado al borde del colapso a las unidades de cuidados intensivos pediátricas del país. El impacto de la violencia en los establecimientos ha hecho imposible sostener las clases presenciales con normalidad.

“Yo he estado en reuniones con funcionarios de los emblemáticos por el tema de los overoles blancos”, señala Gerter.

Desde la Superintendencia de Educación, sin confirmar que la violencia en los establecimientos sea una de las razones para adelantar las vacaciones, sí señalan que durante este periodo “se ha implementado una Política de Reactivación Educativa Integral, denominada ‘Seamos Comunidad’, que aborda los efectos de la pandemia en las comunidades educativas desde una mirada sistémica, integral, contextualizada y estratégica, con un enfoque intersectorial y participativo”.

Para la realización de este reportaje, Puroperiodismo intentó agendar una entrevista con autoridades de la Dirección de Educación Municipal de Santiago, la cual no se concretó.

Fuentes consultadas que solicitaron resguardo de su identidad, señalaron que el municipio se encuentra realizando reuniones con las distintas autoridades de convivencia de cada establecimiento para abordar esta situación y el retorno a la presencialidad una vez finalizado el periodo de vacaciones de invierno.

La administración de la alcaldesa de Santiago Irací Hassler y desde el actual gobierno han mostrado reparos ante la Ley Aula Segura, lo que es confirmado por fuentes consultadas al interior de establecimientos de la comuna de Santiago.

Gerter comparte esta postura, ya que señala que la expulsión de los estudiantes no soluciona el problema de la violencia. “Lo que acá hay que hacer es un plan integral de desactivación de la violencia en los colegios”, señaló, lo que incluiría mantener diálogos entre las distintas partes, reunir información y armar estrategias. Esas son, al menos, las acciones concretas que han tomado los establecimientos educativos, las entidades que las regulan y el mismo cuerpo escolar para abordar la situación actual.

Por Victoria Cuevas y Sebastián Escares 

Es marzo de 2022 y en la sala de clases hay cerca de 50 alumnos y alumnas sentadas en sus puestos. Es una de las primeras clases presenciales después de dos años de aprendizaje online, y todos, con mascarillas en sus rostros, escuchan atentamente los conceptos y metodologías de escritura que dos profesores les enseñan con diapositivas. Es un curso mixto, con estudiantes de diferentes carreras que, tras la invitación de los docentes, se paran de sus asientos para dirigirse en grupo a la azotea del edificio de la Facultad de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV).

Llegó el momento de aplicar lo aprendido. Y entonces comienzan a sonar los beatbox y las primeras rimas de la jornada, a la par de las improvisaciones de rap con las primeras técnicas que los y las estudiantes aprendieron durante la clase, gracias a las herramientas que los profesores les entregaron en la primera hora teórica.

Así partió la primera clase de rap y freestyle impartida por una universidad en Chile, a cargo de los profesores Alejandro Gutiérrez (periodista) y Sebastián Mendoza (psicólogo).

Mendoza y Gutiérrez son además dos reconocidas figuras del freestyle porteño y pioneros en las competencias de ese estilo en Chile. En ese submundo, al primero se le conoce como MC Samo; al segundo, como Soldiar. Mendoza explica que “todo se dio cuando Álvaro comenzó a averiguar y nos contactó a mí y a Soldiar para hacer un proyecto de freestyle con él en la universidad. Ahí él tuvo que proponerlo para que los directores lo aprobaran, la verdad es que fue todo un desafío de su parte”.

Actualmente, las clases cuentan con cerca de 50 alumnos inscritos. En cuanto al método utilizado por los docentes, éste se basa en dos horas universitarias, es decir: una clase de una hora y veinte minutos que es netamente teórica y otra que es práctica, en la que los estudiantes aplican lo aprendido haciendo rap y freestyle.

Alumnos participando en el «Taller de Rap y Freestyle», en la azotea de la Facultad de Ingeniería de la PUCV.

Para Mendoza, la finalidad del curso “es desarrollar habilidades socioemocionales y psicosociales, además del respeto, la escucha activa y la creatividad. También fomentar y estimular todas las habilidades blandas que de repente la pandemia nos quitó un poco”.

Ignacio Vásquez (21), alumno de psicología de la PUCV, es uno de los estudiantes que forman parte del taller y, si bien ya tenía algo de experiencia con el rap y el freestyle, nunca había participado de alguna clase al respecto. “Sabía hacer freestyle y escribir, así que no iba a pagarle a alguien para enseñarme cosas que ya sabía, pero ahora, con el ramo es súper distinto. Una, que es gratis; y otra, que me están explicando cosas sobre la escritura del freestyle que yo no conocía”, dice.

Para Ignacio hacer rap dentro de la universidad no sólo le ha significado nuevos aprendizajes, sino que también se ha convertido en un espacio para su bienestar.

“Para mi salud mental, el taller es el único ramo en el que uno no se estresa y la puede pasar bien. Es un desestrés tremendo. No sé si me explico, porque si bien uno estudia lo que le gusta –a mí me encanta mi carrera–, también es demasiado lo que uno tiene que estudiar, y que llegue el lunes la clase de freestyle y tener que ir a rapear un rato, es algo que no se compara con nada”, señala.

El taller implementado por los MC’s porteños, aunque innovador, es sólo uno dentro de la oferta de espacios que diversas universidades e institutos profesionales han generado durante este primer semestre de 2022 para hacer frente al deterioro que hay en la salud mental de los y las estudiantes de la educación superior, el cual que se vio aún más profundizado durante el periodo de encierro de la pandemia.

El deterioro de la salud mental universitaria en pandemia

La etapa de estudios superiores es quizás una de las más importantes y complejas de llevar a cabo, debido a las exigencias y rigores propios de la formación académica y las responsabilidades externas de la vida cotidiana adulta. Cada estudiante tiene un contexto social, económico, cultural y psicoemocional diferente, y dentro de las instituciones educativas, en general, no existe una noción detallada de cada uno de éstos. Lo que sí quedó en evidencia con el retorno a la presencialidad fue que, tras dos años de encierro y distancia física producto de la pandemia por Covid-19, el ya deteriorado estado de la salud mental se vio agravado en un gran porcentaje de los alumnos y alumnas de la enseñanza superior. Diversos estudios han dado cuenta de ello.

La Primera Encuesta Nacional de Salud Universitaria, realizada en 2019 a cientos de alumnos y alumnas de diversas universidades a lo largo del país, reveló que el 44% de los estudiantes acudió o está asistiendo a terapia psicológica; 46% tiene síntomas depresivos; 46% muestra ansiedad; 54% estrés; 30% tiene los tres problemas a la vez y un 5% tenía pensamientos suicidas.

La situación se hizo incluso más compleja con las cuarentenas. La iniciativa Núcleo Milenio para Mejorar la Salud Mental de Adolescentes y Jóvenes (Imhay) realizó en 2020 una encuesta online a 2.411 estudiantes universitarios mayores de 18 años y que cursaban su primer año en la Universidad de Chile. El estudio señala que “los síntomas ansiosos y depresivos que presentan los estudiantes no comienzan en la etapa de educación superior, sino que entre los 14 y 15 años. Asimismo, 22% de los hombres y 27% de las mujeres declaró haber recibido tratamiento en salud mental durante el último año, pero más de la mitad interrumpió su tratamiento durante la pandemia”.

“Estos hallazgos sugieren que los efectos adversos de la pandemia podrían estar impactando en mayor medida la salud mental del grupo de jóvenes universitarios que a la población general. Antecedentes de problemas de salud mental previos, el hecho de vivir en condiciones de hacinamiento en el hogar y el cierre de las instituciones de educación superior son algunos de los factores que podrían estar afectando la salud mental de los universitarios. Asimismo, distintos estudios han sugerido que los jóvenes pueden verse especialmente afectados por la privación de contacto social durante la pandemia, ya que se encuentran en un periodo caracterizado por una mayor necesidad de socialización”, concluye el estudio.

No es un fenómeno estrictamente local, sino que se extiende también a otros países. Otro estudio, contestado por más de 7.000 estudiantes, en un intervalo etario de 16 a 85 años, realizado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad de Lima y la Universidad del Pacífico titulado “Salud mental en universitarios del Consorcio de Universidades durante la pandemia”, indica que el 40% de los universitarios de ese país se vio afectado en su rendimiento académico durante la pandemia; 51% mostró un descenso en su capacidad de enfrentar las responsabilidades académicas; más del 30% muestra síntomas severos y extremadamente severos de estrés, ansiedad y depresión; y que no más del 22% ha obtenido asistencia psicológica.

“Efectos del confinamiento por Covid-19 en la salud mental de estudiantes de educación superior” es otro artículo de investigación, proporcionado por varios expertos en el área de la salud, que respalda el argumento del decaimiento de la salud psicológica de los estudiantes universitarios. Allí se señala que el 28% de los 616 jóvenes encuestados entre 18 y 25 años presenta una prevalencia de sintomatología depresiva; las mujeres, en comparación a los hombres, presentan mayor prevalencia de éste síndrome; 24,4% con sintomatología ansiosa.

Los distintos trabajos investigativos abordados logran evidenciar el impacto psicológico y psicosocial que ha provocado la pandemia entre los y las alumnas de los diversos institutos educativos de enseñanza superior. En términos generales: la ansiedad, el estrés y la depresión, son los principales problemas con los que conviven los y las estudiantes. De ahí que las instituciones de educación superior hayan buscado alternativas para hacerse cargo del problema y, desde el mismo trabajo en las aulas, generar instancias para reducir estas cifras y así mejorar la calidad de la salud mental de su alumnado.

(FOTO: iStock/Antonio Guillem)

Más cursos y talleres

La Universidad de Chile –al igual que muchas otras universidades públicas y privadas–, viene implementando desde hace varios años mediante sus Cursos de Formación General (CFG) herramientas para el desarrollo integral de sus estudiantes. Cristina Márquez, asesora educativa de formación general en la Unidad de Docencia de esa casa de estudios, explica que “los cursos de formación general, de manera transversal, buscan sobre todo facilitar la interacción y la creación de comunidad universitaria en estudiantes y también entre docentes que proceden de distintas facultades, que normalmente no tienen espacios dentro del currículum para trabajar, encontrarse, colaborar y aprender con estudiantes y docentes de otras áreas”.

Existe una gran variedad de CFG en la Universidad de Chile, que van desde áreas temáticas como derechos humanos o cambio climático, hasta cursos que se centran en el desarrollo del bienestar estudiantil, como manejo del estrés académico o formación de agentes comunitarios de salud mental en contexto universitario.

Éste último “se enfoca en construir capacidades comunitarias en torno a los trabajos comunitarios. Se trabaja en la parte de analizar casos y desarrollar proyectos, relacionados con trabajo comunitario de estudiantes que participan en sus propios territorios”, explica Márquez.

La académica asegura que quienes forman parte de los cursos se ven gratificados por estos espacios que otorga la universidad, según los comentarios positivos que recibe sobre la implementación de éstos. “La retroalimentación que tenemos, tanto de estudiantes como de docentes, es que efectivamente los cursos aportan a una apertura hacia nuevas áreas, aportan al desarrollo de una formación integral del estudiantado y aportan también espacios que a veces no son fáciles de lograr dentro de los currículums que dan las mallas de las carreras”.

Otro caso es el de la nueva sede de Inacap en La Granja, donde al igual que en la PUCV, se comenzaron a dictar clases de rap y freestyle para los estudiantes. En esta instancia, las clases son impartidas por Martín García (más conocido como Acertijo) y Daniel Horta, ambos sociólogos y reconocidos exponentes del rap nacional.

“Junto con Daniel Horta –cuenta García– teníamos la idea de generar un curso para las universidades, que fuera complementario a los desarrollos académicos principales de las mallas curriculares, ocupando al freestyle como herramienta metodológica”.

Martín García (Acertijo) y Daniel Horta junto a sus alumnos en el taller que imparten en Inacap La Granja.

La idea inicial se materializó cuando, mediante LinkedIn y otras redes sociales, la dupla se puso en contacto con la directora de Asuntos Estudiantiles de la nueva sede del instituto profesional en La Granja. “Ella estaba con la idea de hacer talleres extraprogramáticos para los alumnos, para fortalecerlos y desarrollarlos de manera integral. Nos pusimos en contacto y obviamente le gustó la idea porque era lo que ella estaba buscando, así que comenzamos a realizarlo”, dice García, quien se consagró campeón en la competencia de freestyle Red Bull Batalla Nacional Chile 2020.

La finalidad de impartir este curso es desarrollar una serie de herramientas que van más allá de lo académico: originar espacios para que estudiantes puedan expresarse, desarrollarse, aprender y trabajar en conjunto con un equipo docente de profesionales que contribuyen en mejorar su salud mental y su desarrollo psicosocial.

“Creemos que el freestyle pone en práctica un montón de habilidades académicas, pero por sobre todo, entrega herramientas que favorecen al desarrollo integral de la persona, es decir: la musicalidad, teatralidad, oratoria, expresión corporal, entre otras más, que son muy útiles para el desarrollo de la persona a lo largo de su vida académica como también laboral”, señala García.

Daniel Cruz (19), estudiante de ingeniería en automatización y robótica, es uno de los estudiantes que están cursando esta clase de freestyle. Según comenta, nunca antes lo había practicado, pero en lo poco que lleva ya ha notado progresos. “Me ha ayudado bastante en la manera de desenvolverme en público o hablando de algún tema en particular con profesores. Por otro lado, me ha servido mucho para la confianza. Antes del taller era una persona a la que le costaba mucho hablar con personas que no conocía, ahora me desenvuelvo mejor en un ambiente que antes no era del todo cómodo para mí”, cuenta.

Frente a los múltiples casos de violencia escolar que han ocurrido en Chile en el marco del retorno a clases presenciales a nivel nacional, el Ministerio de Educación (Mineduc) anunció la elaboración de la Estrategia de Bienestar y Convivencia, un conjunto de medidas que buscan aportar al cuidado y el reencuentro de niños, niñas y adolescentes (NNA) y sus familias en sus respectivas comunidades, y la creación del Consejo Asesor para la Convivencia Escolar, con el fin de tomar acciones frente a la problemática.

La estrategia considera la entrega de recursos pedagógicos para apoyar a las comunidades educativas, así como intervenciones directas a establecimientos educacionales que cuenten con casos críticos. Son 13 las y los expertos que conforman el grupo asesor, quienes tienen como misión la elaboración de políticas públicas a corto y largo plazo.

Según cifras de la Superintendencia de Educación –dadas a conocer por La Tercera– el 31% de las denuncias que habían ingresado a nivel nacional hasta el 22 de marzo de 2022 estaban relacionadas con maltrato a estudiantes. La mayoría corresponde a maltrato físico y psicológico entre alumnos.

📌La violencia y acoso escolar daña a niños, niñas y jóvenes, afectando la calidad de la educación y la convivencia.

Pincha aquí para conocer los detalles y la información que debe contener el protocolo de actuación frente a situaciones de maltrato.👉https://t.co/jku5XlicZF pic.twitter.com/6gA36cTSmq

— Supereduc (@supereduc_cl) March 29, 2022

Los casos han ocurrido en diferentes zonas del país. A fines de marzo un menor atacó a otro estudiante con un arma blanca en el Liceo Rayen Mapu de Quellón, y esa misma semana una pelea entre estudiantes en Talca terminó con un joven en riesgo vital producto de una puñalada. Por esos días también, tras una riña en el Liceo Industrial Las Salinas de Talcahuano, un profesor de religión fue atacado por la espalda con un arma cortopunzante, y un grupo de alumnas protestó afuera del Liceo Lastarria denunciando presuntas amenazas de violación por parte de un grupo de estudiantes del mismo liceo.

La primera semana de abril finalizó con un episodio que está lejos de aquietar las alertas en materia de seguridad escolar: un estudiante de 16 años atentó contra su vida en el patio de su liceo en Santa Cruz.

Según la psiquiatra infanto-juvenil y docente de la Escuela de Medicina de la Universidad Católica, Catalina Castaño, en conversación con Puroperiodismo, son varios los fenómenos que han ocurrido durante la pandemia que pueden ayudar a comprender mejor este complejo fenómeno.

La profesional, quien también se desempeña en la Unidad de Salud del Adolescente del Hospital Sótero del Río, dice: “Un factor importante, probablemente, tiene que ver con la falta de sociabilización que hubo en todo este periodo. Y veo que también hay una cultura de la violencia que no es tan local, sino más extendida, no sólo en nuestro país. Lleva un tiempo ya, no es algo nuevo” .

Castaño explica, además, que todo esto “tiene harto que ver con la falta de supervisión que hubo en este periodo y que había en el último tiempo. Durante la pandemia se dio un fenómeno complicado en el que muchos de los papás debieron seguir trabajando online e incluso presencial, y los hijos quedaron súper solos en la casa, y tenían que quedarse con la tecnología disponible para poder conectarse a sus clases. Yo diría que hubo una baja en la supervisión del contenido que los niños y adolescentes usaban, y no le podría echar la culpa a nadie. Creo que fue algo que ocurrió nomás, y que estos niños estuvieron en las casas con acceso a un contenido poco supervisado, donde además muchos de los papás tampoco saben cómo supervisar. Si no naciste o no te criaste en este mundo digital, cuesta un poco aprender a dominarlo o controlarlo”.

Catalina Castaño, psiquiatra infanto-juvenil del Hospital Sótero del Río y docente de la Escuela de Medicina de la Universidad Católica.

–Se combina un exceso de pantallas con un encierro prolongado…

Ese es un factor puntual, el acceso a tecnología sin supervisar, y otro es la dificultad de la sociabilización. Se sienten inseguros al volver. Hay muchos que no vieron a los amigos desde los 12 años. De los 12 a los 13, 14, eres otra persona. Te cambia tu forma de pensar, de sentir e incluso cómo te ves. Y eso puede haber generado un factor en que la tolerancia al otro cambió un poco también. A que te ocupen espacio, que te digan algo, etcétera.

–¿Se podía prever que esta vuelta presencial de golpe afectaría negativamente en algunos aspectos?

Se podía prever que algo iba a pasar. Las consultas en salud mental infanto-juvenil han aumentado un montón, pero creo que hay que ser súper claros: la vuelta a clases es positiva. En experiencia de pacientes que vengo controlando desde hace un tiempo, a muchos les costó la entrada un par de semanas, diría que incluso el primer mes. Pero ahora uno ve que estos niños ya se están adaptando a su rutina y al colegio. Creo que estos fenómenos puntuales tan violentos e impactantes han generado harta atención, pero me queda la duda de que esto sea lo normal.

–¿Qué otros factores nos podrían haber alertado de esto?

Lo podríamos haber previsto en el sentido de que las redes sociales son agresivas también. Uno tiende a socializar de una manera distinta cuando no estás presente, y tal vez se dicen cosas más fuertes o menos empáticas. Quizás los adolescentes están replicando ese modelo de interactuar en las salas de clases. Pienso también que, además, hay un factor que va un poco más allá: que en general se ha instalado un discurso un poco más agresivo en el último tiempo con todo lo que ha ido pasando desde el punto de vista sociopolítico. Uno escucha peleas que en las familias de repente no existían, y ahora sí están ocurriendo. Entre los padres o los papás con los abuelos… Ha habido conflictos, estamos viviendo un periodo que es difícil y complicado donde se han juntado varias cosas en una misma olla. Esos son factores que han ido generando que esto se pudiese producir.

–Y con esos antecedentes, ¿había otro método para realizar este retorno presencial? ¿Cómo se podía evitar aquello?

Los colegios privados, por ejemplo, volvieron antes a clases, a mitad del año pasado. Dependía del colegio y del tamaño, algunos eran en grupos, pero la mayoría trató de volver. También fue más o menos de golpe, pero fue mucho antes, y siempre que se pudo, trataban de volver a clases. Eso no fue ocurriendo en el sistema público, y uno puede entender las razones, que no estaban las condiciones físicas. Hay niños que llevan encerrados desde el estallido social, desde 2019 que no están en contacto con su grupo etáreo. Eso se podría haber prevenido tratando de hacer el retorno a clases mucho antes, como ocurrió en otros países y otros sistemas. Creo que el tiempo fue muy largo, no creo que lo abrupto haya sido malo.

–El ministro de Educación reconoció hace unos días que fue una “equivocación” mantener los colegios cerrados. ¿Qué cree usted?

La vuelta a clases es muy buena; lo malo fue haber dado la elección el año pasado de poder volver o no. Eso sí que no fue tan positivo, y se podría haber hecho mejor, pero no sé si hubiese prevenido lo que está pasando ahora porque hay factores que van más allá de la pandemia y el encierro, que tienen que ver con la dificultad para supervisar, con el ingreso fuerte de las redes sociales durante la pandemia, con el liberar muchas veces los papás las normas que tenían sobre las redes sociales. Si estás metido en un colegio tampoco puedes estar mirando qué es lo que está haciendo tu hijo en el computador, es asfixiante.

–Casi inviable…

Exacto, no era posible. Allí se ve otro fenómeno, y es que los adolescentes y los niños están teniendo varios problemas para concentrarse con la vuelta a clases, y ese también puede ser un factor que esté generando que anden más desordenados. Se perdió esto de tener clases en la casa y tener a tu profesor básicamente en el computador, metido en tu comedor. Se perdió cierto nivel de distancia que puede haber existido entre el docente y el niño. Y eso también uno lo ve en las clases universitarias. Antes había cierto… no sé si respeto, pero una distancia necesaria para que tú pudieras cumplir las normas, y yo creo que eso se ha perdido. Se ha horizontalizado un poco la relación, que en ciertos casos es algo positivo, pero a ciertas edades no. A ciertas edades debe haber una figura que represente cierto nivel de autoridad para poder mantener el orden, sobre todo si hay cuarenta niños en una sala.

Según cifras de la Superintendencia de Educación el 31% de las denuncias que habían ingresado al 22 de marzo de 2022 estaban relacionadas con maltrato a estudiantes.

El factor tecnológico

–Los padres también deben emprender una misión particular, sobre todo en control de la tecnología, ¿no?

Sí, es súper fome, porque en el fondo te genera un conflicto que antes no existía, pero hay que ponerse un poco estrictos. Lo ideal es que los niños no tengan contacto con el celular antes de los tres años. Eso uno lo ve en la calle: guaguas que van en el coche con el celular. Es súper mala práctica porque además genera un cierto nivel de adicción. Es demasiado entretenido, a los adultos nos pasa también, pero lo que ocurre es que uno tiene que cumplir con responsabilidades y por ahí lo logras sacar de la cabeza. Pero una guagua no puede regular el bienestar que esto le genera. Lo que dicen las guías es que ojalá desde los cinco años en adelante tener contacto con la tecnología, pero yo creo que eso es una utopía en la actualidad. Hay que tratar de no usarlo como premio, sino como una rareza, un ratito mientras saliste a comer y necesitas que esté tranquilo un momento. Puede ser, pero que el niño entienda que esto no es la normalidad y que el celular no está disponible para él y no es de él, sino que del papá o la mamá.

–Para muchos padres, no algo fácil de hacer.

Yo siempre recomiendo borrar todas las aplicaciones de juego, ojalá no tener nada que sea entretenido para el niño en el celular. YouTube, Tiktok, todas esas aplicaciones son malas porque generan un contenido que tú no puedes supervisar de manera inmediata, porque aparecen no más, muchas veces con el algoritmo de las aplicaciones, y que les echa a perder la capacidad de tener paciencia y esperar. «Ah, no me gustó», pasas el dedo y aparece un video nuevo. A mis hijos no les gusta la tele porque no les gusta esperar las publicidades, ya eso les da lata, porque están acostumbrados a ver Netflix, donde no hay.

–¿Y en qué se traduce eso?

Todos estos niños que están tan expuestos a las pantallas y a las redes sociales desde chiquitos les va a costar mucho concentrarse siempre, aunque no tengan déficit atencional, porque los estás acostumbrando al «si no me gusta, lo cambio». «Profe, la clase está aburrida, no me gusta». Esa es una queja constante. Va a estar aburrida, te vas a aburrir a veces, y te aburres en la mesa cuando estás con los abuelos o tus papás y primos, pero tienes que estar ahí, porque en esas conversaciones aburridas vas generando los vínculos.

–¿Es una dependencia de la tecnología?

Generalmente se va generando un círculo vicioso en el que usamos la tecnología para calmar cierto nivel de pataletas o ansiedad, pero no usarla les va generando más ansiedad. Eso les pasa a los adolescentes también. Ha habido muchos problemas con los celulares, que lo sacan en clase, se molestan mientras están en la sala, el profe se enoja… Y esto no es sólo a nivel escolar, también a nivel universitario. En los cursos chicos de la universidad están teniendo varios problemas por lo mismo, porque están los alumnos chateando, conversando y el profe adelante haciendo la clase solo, y eso es un problema. En el fondo, ¿dónde queda la convivencia en grupo? Finalmente tiene que ver con eso, la información que das en la clase la puedes conseguir, pero hay un tema de convivencia, de aprender a respetar los límites, de ser empáticos.

-¿Cree que esto responde a una falta de educación en salud mental en Chile que se arrastra durante años?

Creo que hay varios factores que tienen que ver con algo cultural nuestro como país. Tendemos a movilizarnos una o dos horas al trabajo, cosa que en otros países no pasa. Estamos acostumbrados, como si viviéramos en ciudades distintas, y eso quita tiempo. Ahora, el tema de no tener conciencia de salud mental no es algo tan local, sino bien transversal a nivel histórico mundial; para la gente mayor de 50 años es como si esto no hubiese existido y que uno estuviera inventando cosas. Para los mayores de 30 existe, pero todavía está el prejuicio. De ahí para abajo diría que hay un boom que se tiró para el otro lado. Ahora tú ves gente que está viviendo cosas que son normales y se patologizan..

–¿Es sólo algo generacional?

El estilo de vida que tenemos en la ciudad también es un factor súper importante. Muy rápido, muy agresivo. Vivimos súper mal en ese sentido. Organizamos mal el tiempo, y uno ve que eso le afecta a los adolescentes. Las mamás tienen que ir a trabajar a las seis de la mañana y a veces llegan a las siete de la tarde reventadas, y ahí ¿cómo le pides que se ponga a hacer tareas o a jugar, si llega a la casa además a hacer aseo y limpiar? Y esto pasa en casi todos los niveles socioeconómicos, con las variantes que quieras, pero creo que el trabajo excesivo ha sido un factor bien importante en temas de crianza y de que haya una peor salud mental para los niños.

-Frente a toda esa situación, ¿debería comenzar a verse la salud mental como una responsabilidad gubernamental?

Sí, creo que desde hace unos 10 años sí ha habido un intento por mejorar las cosas. Ha habido cambios en términos de que se ha tratado de formar más profesionales de salud mental. Yo diría que uno ha visto que se han incorporado más psicólogos en la salud pública, más trabajadores sociales. Ha habido un intento por mejorar, no creo que no se haya hecho nada. Insisto, es demasiado complejo. Siento y veo que nos vamos acostumbrando a un estilo de vida que es poco sano. ¿Cómo arreglarlo? No tengo idea.

ARACELLY BRAVO: CONTAR HISTORIAS

Foto: Patricio Contreras

La historia se remonta al 2014. Estaba en cuarto medio y, de manera simultánea, hacía un preuniversitario. Mis opciones eran variadas, pero, por supuesto, todas en pregrados humanistas. Lideraba mi lista la carrera de Literatura Hispánica, impartida por la Universidad de Chile. Mis notas de enseñanza media y mi Ranking eran precarios. Mi última opción era rendir una excelente PSU.

A medida que transcurría el año, “periodismo” se hizo más frecuente como respuesta a la pregunta ¿qué quieres estudiar?

Siempre me gustó leer y escribir, y en el colegio, me destacaba por mis trabajos de redacción y por mi buena ortografía. Ambas licenciaturas —periodismo y literatura— consideran esto como algo esencial, por lo que esta cualidad no me fue decisiva.

Si estudiaba literatura, las posibilidades de trabajo eran más bien reducidas. Entonces pensé en periodismo, en qué hace un periodista. Y eso fue lo que más me ayudó. Me imaginé, ya mayor, visitando lugares apartados y olvidados en los que habitaba alguna persona que tenía una buena historia que contar.

Me estimulaba la idea de que siempre hay alguien que tiene una experiencia personal que contarte, una narración. Y que, como periodista, puedes escucharla, escribirla y presentarla.

Después de todo, “la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda, y cómo la recuerda para contarla”. García Márquez tenía mucha razón: esto se trata de cómo narrar. Y el periodismo es capaz de entregarme las herramientas necesarias para hacer florecer mi sueño: el de contar historias. Ciertamente la literatura me fascina, por lo que tengo planeado estudiarla después de periodismo y, así, complementar mis conocimientos.

GABRIEL GONZÁLEZ: INFORMAR CREATIVAMENTE

Foto: Patricio Contreras

Desde que era adolescente me preguntaba qué quería ser cuando grande. Las ganas de convertirme en comunicador siempre estuvieron en mi primera opción. Veía las noticias, los programas de la tele, leía los diarios y sentía que la sociedad chilena simplemente absorbía toda la información sin cuestionarla.

A partir de este punto de vista, y reflexionando en cómo lograr revertir esa situación, me incliné por ser profesor. De esta manera creía que podía generar un pensamiento crítico en los futuros conductores de la sociedad, y, por consiguiente, cambiarla.

Cada vez que pensaba en mis planes a futuro no me sentía completamente feliz con lo que la pedagogía podía entregarme, y seguía dando vueltas en mi cabeza las ganas de comunicar. Pensé por un tiempo que podría realizarme ejerciendo como comunicador audiovisual, pero cuando me proyectaba a futuro tampoco cumplía con mis expectativas. Cuando di la PSU por primera vez no me alcanzó para entrar a estudiar pedagogía, así que tuve un año para reflexionar acerca de qué carrera me llenaría durante toda mi vida. Y fue así como llegué al periodismo.

Al principio estaba reacio a aceptar la carrera, notaba que era un campo bastante poblado, con bajos sueldos, y todos mis cercanos, aunque me apoyaban, me lo repetían a menudo. Finalmente me decidí a ser periodista porque siento que dentro de esta profesión puedo entregar todos mis talentos y poder conseguir mis objetivos de vida. O sea, ser feliz en todo ámbito.

Siento que es un gran desafío poder enseñar e informar a la gente de forma entretenida y creativa, generando un espacio donde se muestren todas las opiniones y puntos de vista posibles dentro de los medios, donde la información que se entregue y las críticas que se hagan, sean un aporte a la comunidad.

JAVIERA PALMA: LLEGAR AL MAYOR PÚBLICO POSIBLE

Foto: Patricio Contreras

La televisión, radio o cualquier tipo de comunicación, me han llamado la atención a lo largo de mi vida. Vengo de una familia de sacrificio confiada en que la sociedad necesita un cambio. Mi madre se ha sacrificado mucho para sacarme adelante y a corta edad me di cuenta de la realidad de las cosas.

Siempre se esperó de mí una futura abogada o ingeniera, pero mi vocación está con el periodismo, con comunicarles a las familias como la mía lo que ocurre en este país y en el mundo, que ellos se den cuenta de las realidades a través de un reporteo convincente y real.

Quiero comunicar la verdad a los demás, también quiero que conozcan culturalmente el mundo, y eso es en definitiva lo que me apasiona: conocer, viajar, descubrir y transmitir esos conocimientos a quienes no pueden acceder a él físicamente.

Elegí periodismo porque es esta carrera la que me da las herramientas para poder transmitir lo que aprendo al mayor público posible y de la mejor manera, para que todas las clases sociales puedan conocer y entender la realidad y las culturas a través de un medio masivo de comunicación.

En lo que llevo de mis estudios no he podido encontrar esa parte de vocación periodística aferrada a la lucha contra el poder que tienen muchos de mis futuros colegas. Soy una persona que prefiere dar a conocer cosas fuera de lo común, que van más allá de un poder. Creo que las personas primero deben conocerse a sí mismas y que eso les permitirá tomar decisiones sobre un futuro gobierno, por lo que quiero acercarlas a las culturas, formas de gobierno y conocimientos exteriores para que elijan el suyo.

PIERRE LEPE: REVOLUCIONAR EL LENGUAJE

Foto: Patricio Contreras

Ingresé a la carrera de periodismo no por el fin, que es ser periodista, sino pensando en que es un medio para conseguir algo, es uno de los caminos que me ofrece la manoseada libertad para poder conseguir uno de los objetivos que me he planteado: analizar el lenguaje, estudiarlo y revolucionarlo.

Claramente me interesa el rol del periodista como sujeto que tiene un deber para con la ciudadanía. En esa óptica pienso que el rol que tendré una vez que me gradúe no será suficiente para dedicarme a los sin poder, a la ciudadanía, si sigo replicando la comunicación en su forma actual.

Periodismo: porque creo que es necesario estudiar el lenguaje, su génesis, y cambiarlo, transformarlo, renovarlo, para que así podamos pensar de una manera distinta; estudiar los hechos concretos que llevaron a obtener el lenguaje que hoy en día ocupamos, para, como mencioné, poder reformarlo.

Además del lenguaje, me gustaría también dedicarme al periodismo a través del arte. Hago performance, escribo y ayudo a unos amigos que hacen cine. Me gustaría poder crear un proyecto que contenga arte, lo que hago, y eso fusionarlo con la misión social del periodista.

Políticas y propuestas de acción para el desarrollo de la educación chilena