Por Isidora Varela y Polet Herrera

Si no fuera porque el alcalde de Recoleta y precandidato presidencial del Partido Comunista (PC), Daniel Jadue, lo incluyó en su programa de gobierno, posiblemente todo el debate que se ha dado en las últimas semanas respecto al rol que podría llegar a tener el Estado en la regulación de los medios de comunicación y la necesidad de una Ley de Medios, no existiría, o al menos no con el protagonismo que ha tenido durante el período de campañas de cara a las primarias de este domingo 18 de julio.  

En el debate que organizó la Asociación Nacional de Canales de Televisión (Anatel) con Jadue y su contrincante en las primarias de Apruebo Dignidad, el diputado Gabriel Boric (CS), fue precisamente ese uno de los puntos más polémicos. La periodista Mónica Pérez le preguntó al actual edil sobre la mención que hace en su programa a la eventual implementación de un Ministerio de la Comunicación. Él le dijo que no existía esa mención, pero lo cierto es que sí está, en la página 102: “Se propone evaluar la implementación de experiencias de ministerios de Información o Comunicaciones, existentes en diversos países del mundo”. 

Fue uno de los momentos más álgidos de la transmisión e incluso derivó en un tenso cara cara entre Jadue y la periodista. Pero más allá de la polémica puntual, tanto Jadue como Boric contemplan en sus programas medidas para regular los medios de comunicación y su estructura de propiedad e incidir en su sustentabilidad económica y la pluralidad de la información disponible para la ciudadanía.

No es, en todo caso, una discusión nueva, sino que al contrario, es algo que muchos actores vinculados al mundo de las comunicaciones vienen demandando desde hace años.

Actualmente, la ley que regula a los medios de comunicación y la prensa en general dentro del país corresponde a la Ley sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo (Ley 19.733), publicada en 2001 y modificada por última vez en 2013. 

En esta ley, entre otras características, se consagra la libertad de expresión -ya establecida como un derecho fundamental en la Constitución-, así como la de emitir opinión y la de informar sin censura previa; asegura la libertad de fundar, establecer, operar y mantener medios de comunicación social; y establece lo que son los medios de comunicación y quiénes son considerados periodistas.

Los medios de comunicación enfrentan momentos complejos actualmente. La “crisis de los medios” tiene una base económica, la cual ha mostrado la precarización de los trabajadores y trabajadoras de la comunicación a raíz de masivos despidos en los medios. Según información publicada en otro reportaje de Puroperiodismo, desde 2017 hasta julio de 2020, se cuentan al menos 2.460 trabajadores desvinculados en diarios, revistas, canales de televisión y emisoras de radios, cifra que en el último tiempo no ha hecho más que aumentar.

Otros de los desafíos que enfrenta el periodismo tras el estallido social son los problemas de confianza, un fenómeno global del que no está exento Chile. “En un país con la propiedad de medios más concentrada en América Latina, los periodistas son vistos como parte de una clase política no representativa y hay resentimiento en las calles por la cobertura de noticias en la televisión y en la prensa”, dice el Informe Reuters (2020).

En la actualización del Informe Reuters (2021), se publicaron los “desafíos” que han debido enfrentar los y las periodistas tras la crisis sanitaria y también un “periodo de examen de conciencia” sobre el rol que tienen en la sociedad. A pesar de que la confianza general (36%) hoy ha aumentado, sigue siendo baja para los estándares internacionales. 

Bajo este clima, los candidatos de Apruebo Dignidad han debatido sobre nuevas propuestas de regulación e implementación de políticas públicas para medios de comunicación. Una de las reacciones tras las discusiones ad portas de las primarias presidenciales es la de Marcos Ortiz, director de Ojo del Medio y columnista de medios en Interferencia: “La discusión sobre los medios de comunicación estaba al debe. Tras el estallido de 2019 nuestra prensa no solo cayó fuertemente en credibilidad, sino que fue vista por parte de la ciudadanía como uno de los sectores que debía modificarse”.

Un análisis similar hace Claudia Lagos, periodista, doctora en Comunicación y Medios de la Universidad de Illinois y académica de la Universidad de Chile: “Me parece que lo más relevante es que se haya planteado el tema y haber incorporado esto en sus programas. Lo más valioso de lo que ha surgido es que se haya abierto la pregunta sobre ¿qué regulación tenemos? ¿Qué sería lo ideal o lo posible?”.

Sobre el carácter del debate, Ortiz comentó que es positivo discutir sobre medios, pero que “lamentablemente algunas de las propuestas se han planteado de manera torpe e imprecisa, despertando una serie de fantasmas entre sectores más conservadores”. Por ello, recomienda tener una discusión en la cual se deba “incorporar la mayor cantidad de visiones, y no planteando el debate como una lucha entre buenos y malos”.

Puroperiodismo revisó las propuestas de ambos precandidatos y conversó con Ortiz, Lagos y otros expertos y representantes del gremio sobre las propuestas de los candidatos presidenciales, las deudas existentes en cuanto al periodismo en Chile, y sobre el futuro de los medios de comunicación en el país.

“Nuevo Sistema de Medios Públicos” y reformas al CNTV: las propuestas de Boric

En el programa de gobierno de Gabriel Boric se menciona que “para una democracia plena es fundamental que los medios de comunicación estén protegidos de todo intervencionismo y/o presiones indebidas del gobierno en ejercicio, garantizando la libertad de expresión”. 

También, que el rol del Estado, en el ámbito de las comunicaciones, debe basarse en un sistema mixto de carácter autónomo, basado en “fortalecer un ecosistema de medios diverso y descentralizado, pluralista, con un sistema público robusto, que asegure su sustentabilidad económica y social”. Un ejemplo de ello podría ser la BBC en el Reino Unido, donde el estado tiene la propiedad de las empresas informativas, pero no el monopolio, y los medios de comunicación son independientes de las líneas de los gobiernos de turno.

Para lograr lo anterior, el precandidato del Frente Amplio plantea distintas líneas de acción, como desarrollar un “Nuevo Sistema de Medios Públicos” (NSMP) y reformular el actual Consejo Nacional de Televisión (CNTV), dando paso así a una nueva institucionalidad reguladora de las comunicaciones, el Consejo Regulador de las Comunicaciones (CRC).

Este NSMP, según se lee en el programa, tiene como objetivo proteger “el patrimonio simbólico, constituyéndose como un espacio para el desarrollo de la ciudadanía, y sus expresiones de diversidad, paritario e intercultural, que promueva la interculturalidad, que fomente la circulación de conocimientos, local, regional y nacional”.

La propuesta consiste en la creación de cuatro medios de comunicación públicos: uno informativo, que tendrá como misión “proveer de información pluralista, oportuna, confiable y de calidad”; un medio cultural que buscará “inspirar, educar con un sentido crítico, entretener con calidad, entregar contenidos artísticos, interculturales, medioambientales y científicos”; un medio dedicado a niños, niñas y adolescentes que pretenderá desarrollar “una mirada crítica y plural, con participación de NNA en sus contenidos, que eduque y entretenga”; y por último, un medio “constituido por y representativo de los pueblos originarios, en sus propias lenguas y participativo”. 

Estos cuatro nuevos medios de comunicación, además de caracterizarse por plantearse como multiplataformas y pretender tener cobertura nacional, estarán coordinados por el Sistema de Medios Públicos, el cual tendrá un consejo ciudadano que “velará por el cumplimiento de la misión de cada uno de ellos”. También se menciona en la propuesta programática que “cada medio tendrá su propio directorio, con total independencia del gobierno en ejercicio, serán descentralizados en su estructura de administración y producción de contenidos e incorporarán una perspectiva de género”.

Carlos Reusser, abogado, magíster en Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica y profesor de Derecho de la Información en la carrera de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado, considera que la propuesta de este NSMP “apunta a uno de los nudos de nuestro sistema de medios: la falta de diversidad, pluralismo y objetividad, que son la consecuencia tanto de la concentración de la propiedad, como también de la obsecuencia de los medios respecto de sus financistas, como son las empresas que contratan publicidad”.

Otra propuesta importante que plantea Gabriel Boric corresponde a la creación del Consejo Regulador de las Comunicaciones el cual, caracterizado por una perspectiva de género y gobernanza pluralista, pretende absorber la institucionalidad del actual CNTV, incorporando atribuciones de regulación sobre la industria radial y las telecomunicaciones. 

Este consejo, como se lee en el programa del candidato, “velará por el pluralismo interno y externo en las distintas plataformas, sancionando vulneraciones tanto de los valores democráticos como del derecho a la competencia”.

Los deberes de este consejo consistirán en “crear una Defensoría de las Audiencias que vele por las denuncias y preocupaciones de la ciudadanía en torno a la calidad de los contenidos de los distintos medios y soportes”; “desarrollar programas de educación continua de formación de audiencias, promoviendo una ciudadanía que estimule a los medios a producir mejores contenidos”; y “promover la transparencia de la información sobre inversión publicitaria e índices de audiencia, así como de abonados de todo el ecosistema de medios y tecnologías de comunicación”.

Sobre este punto, Reusser señala que este nuevo organismo estaría no sólo encargado de velar por el adecuado funcionamiento del mercado televisivo (como hace el CNTV), sino que también regularía y fiscalizaría a las radioemisoras que, hasta el momento, “escapan de casi toda forma de control”.

“Aparentemente, tendrá también mayores facultades que el CNTV, en el sentido de que debe velar por el efectivo pluralismo de los medios, el ‘talón de Aquiles’ del actual sistema, como por la defensa de los derechos de las audiencias y obligar a los regulados a ciertos estándares de transparencia”, agregó.

Por su parte, Andrés Azócar, exdirector de medios digitales en Copesa y Canal 13, dice que el programa del candidato Gabriel Boric “va en la idea de tratar de mejorar la condición de los periodistas (…) y que en [sus propuestas] hay matices que sí refuerzan la idea de que, en el fondo, al periodismo hay que apoyarlo”.

“Ley Orgánica de Comunicación” y nuevas políticas públicas: lo que propone Jadue

Un enfoque en nuevas políticas públicas, principalmente una Ley de Medios, una Defensoría de Audiencias y Públicos y la discusión de una posible nueva institucionalidad pública para el área de las comunicaciones en el país, son parte de las propuestas programáticas del precandidato comunista, Daniel Jadue.

La promoción de una Ley Orgánica de Comunicación (o Ley de Medios), según se lee en el programa, “permitiría establecer una política pública de creación y fomento de medios de comunicación; estableciendo garantías para la existencia de los tres sectores de la comunicación: medios públicos fortalecidos; privados con regulaciones en su estructura de propiedad y sociales o sin fines de lucro con apoyo público que les haga sustentables; así como el contexto digital”. 

Esta ley, también buscaría permitir administrar “de un modo transparente y democrático, la asignación de frecuencias y los diversos mecanismos de financiamiento que hoy existen y que son opacos y fragmentados”. Y por último, también menciona a la nueva Constitución, la cual “deberá dar rango constitucional a la existencia de esos tres sectores de medios y a la regulación de la concentración de la propiedad medial privada”. De hecho, su propuesta es que esa normativa sea una ley orgánica constitucional.

Danilo Ahumada, presidente del Colegio de Periodistas, señaló que “es muy interesante que por primera vez en la agenda presidencial se instale el tema de la Ley de Medios. Hace muchos años que esto ha sido instalado por el Colegio de Periodistas, pero por primera vez se transforma en un debate público que no solamente están generando los periodistas o las personas vinculadas a las comunicaciones, sino que se está transformando en un debate ciudadano”.

Reusser dice que es efectivo que en la actual Constitución y leyes vigentes no se cumplen las exigencias que la sociedad demanda respecto de los medios informativos: “Estos cuerpos normativos se limitan a establecer el derecho de propiedad sobre medios de comunicación social, pero no regulan los derechos de las audiencias ni el interés general de la sociedad”.

A pesar de que considera que falta especificación en la propuesta de Jadue, Reusser comenta que espera que, “a través de una ‘ley de medios’ se pretenda fomentar la creación de medios de comunicación, fortalecer medios públicos (en el entendido que no son una extensión del Gobierno), y restringir la concentración de la propiedad de los medios de comunicación social, en aras de una pluralidad y diversidad de líneas editoriales”.

Otra de las propuestas consiste en la creación de una Defensoría de Audiencias y Públicos, como un organismo autónomo del Estado, el cual esté encargado de “velar por los derechos de las audiencias frente a los grandes medios masivos”. 

El papel de este organismo, como se lee en el programa del precandidato del PC, “será contar con campañas de educación y defensa de sectores históricamente excluidos o discriminados de los relatos mediáticos, como indígenas, mujeres, migrantes, niñas, niños, adolescentes, entre otros”.

Sobre la creación de esta Defensoría, Reusser comentó que estos organismos tienen una larga existencia en otros ordenamientos jurídicos. “En el fondo, son personas de prestigio que actúan denunciando y promoviendo cambios en lo que no funciona bien, pero éstas no tienen el poder de cambiar ni tienen el espacio para hacer público su malestar por lo abusivo o la mala calidad de los contenidos”.

Sin embargo, critica que la propuesta de Jadue acabe ahí, ya que “no indica qué atribuciones específicas tendría en Chile esta nueva institución, y que es tal vez la parte más importante que habría que saber”.

Por último, las propuestas que Jadue presenta sobre nuevas políticas públicas dentro del ámbito de las comunicaciones, se enfocan en la anteriormente expuesta Ley Orgánica de Comunicación, como también en un Sistema de Medios Públicos y en la evaluación de implementar una institucionalidad pública en materia de comunicación.

Tal como se expone en sus propuestas programáticas, se propone sentar las bases de un Sistema de Medios Públicos donde se desarrolle “una política pública que funde e integre un modelo multimedial de medios públicos, que incluya las distintas plataformas (audiovisual, sonoro, escrito y virtual)”. Y también, “evaluar la incorporación de una nueva estructura en el Ejecutivo, que analice y estudie el devenir de políticas públicas en materia de comunicación”.

Esta última propuesta, presentada como “Institucionalidad Pública de Comunicación”, pretende abrir un debate en el que se plantee la creación de un nuevo organismo público que englobe las políticas públicas que se presenten en materia de comunicación, para que dentro de esta institución sean analizadas y estudiadas, tomando como referencia las “experiencias de Ministerios de Información o Comunicaciones, existentes en diversos países del mundo”.

Sobre el debate de una posible nueva institucionalidad, Claudia Lagos dice que “lo primero que se debería tener en consideración es que el Estado chileno ya regula los medios de comunicación, el ejercicio del periodismo y la infraestructura de la comunicación y telecomunicaciones. Entonces, no es que sea páramo y no haga nada, la pregunta es si la regulación que existe está articulada o no; si está pensada para el futuro y en una perspectiva de la convergencia. Y eso no está en la legislación vigente”.

Por otro lado, Ahumada considera que “es importante avanzar hacia la discusión de una nueva institucionalidad, pero desde una lógica de política de Estado y no a partir de los gobiernos de turno. A los medios de comunicación se les debe respetar su línea editorial y la libertad de expresión (…) y eso debiera estar regulado en un órgano de una composición mucho más participativa y ciudadana, por ejemplo, cómo se repiensa el directorio del CNTV y TVN, porque hoy, estos dos organismos representan a la vieja política del binominal”.

Las reacciones frente al debate 

El debate sobre nuevas propuestas de políticas públicas en medios ha generado diversas controversias al interior del periodismo, como por ejemplo, la columna de Daniel Matamala publicada en La Tercera a fines de junio o la entrevista realizada por Radio Universidad de Chile a Javiera Olivares, periodista, expresidenta del gremio y coordinadora de la Comisión Programática sobre Derecho a la Comunicación. En ambas publicaciones quedan expuestas sus diferencias.

Para Marcos Ortiz es importante que el tema “continúe presente en la agenda para que no se diluya y debamos esperar otra elección presidencial para volver a instalarlo». Mientras que Ahumada agrega que “el Estado, más que deudas con el periodismo, tiene deudas con las comunicaciones”, y eso se constata en un “sistema de medios altamente concentrado en la propiedad y con poco incentivo real para la creación de nuevos medios”.

Por su parte, Lagos señala que “lo que urge, más allá del programa de Boric, de Jadue o de otro, es hacernos la pregunta acerca de cómo modernizar y complejizar la regulación que actualmente existe, que es desperdigada y no necesariamente coherente sobre medios. (…) Hay pruebas y evidencias de que en donde hay sistemas de medios de comunicación públicos, es decir, sistemas de medios en distintos soportes -desde lo digital hasta lo analógico- permiten que se levanten los estándares de calidad. Una de las cosas más importantes es que no hay una mirada convergente en términos de que no es posible sólo pensar en radio, televisión, diarios”, agrega.

En tanto, Andrés Azócar tiene una mirada crítica en general sobre como los políticos, la élite y las instituciones han abordado la situación actual de los medios. “No entienden el contexto y la realidad de los medios. Hoy es mucho más complejo hablar de un duopolio o monopolio, porque existen medios con licitación, concesiones radiofónicas, Internet y redes sociales que funcionan como distribuidores de contenidos y además como contenedores de medios más pequeños”, comenta.

Sobre las dificultades que están enfrentando los medios, Azócar considera “importante, ante la caída de la publicidad y el deterioro de los medios, que el Estado pueda generar fondos para potenciar a los medios de cualquier línea política”, pero debieran ser a su juicio “medios responsables” y con su respectiva autonomía. 

“Es importante la transparencia en la entrega de la publicidad estatal que muchas veces ha estado concentrada en medios tradicionales dejando de lado a medios alternativos (…) Y es necesario que los medios puedan ejercer libremente su trabajo, no sobre la base de un consejo editorial superior, sino sobre la base de una monetización que el Estado permita que haya un financiamiento que les permita a esos periodistas y a ese medio hacer su trabajo tranquilo sin un consejo superior que lo esté manejando”, advierte Azócar.

En un ambiente de elecciones y en curso el proceso constituyente, Reusser señala que “es esencial que los legisladores, e idealmente los constituyentes, entiendan que los medios de comunicación no son un producto o servicio cualquiera, no son homologables a otros bienes que se pueden comprar o vender libremente”.

Para finalizar, el académico mencionó que, “en el fondo, el derecho a la libertad de expresión y particularmente el derecho del ciudadano a ser informado, es uno de los núcleos de un sistema realmente democrático, por lo que es extraordinariamente importante el pluralismo de fuentes y la diversidad de puntos de vista editoriales (…) En nuestra actual situación, es crucial terminar con la concentración de la propiedad de los medios de comunicación social, particularmente de los diarios, periódicos y radios, que son los que en peores niveles de concentración se encuentran”.