Correa demandó por 80 millones de dólares al diario El Universo. Esta semana visitó Perú para el cambio de mando presidencial y la prensa local rechazó su visita | Foto: Presidencia de la República del Ecuador, Flickr
El 30 de septiembre de 2010 fue un día turbulento en Ecuador. La reciente aprobación de una ley que redujo los salarios de la policía encendió los ánimos en todo el país. Grupos de uniformados, e incluso militares, se tomaron edificios y cuarteles. El presidente Rafael Correa, recién operado de una rodilla, acudió a uno de estos recintos para dialogar, y fue repudiado, acusado de “mentiroso” y bombardeado por gas lacrimógeno.
Sus escoltas lo llevaron al Hospital de la Policía para atenderlo, y los sublevados rodearon el lugar. Sólo un rescate cinematográfico, con tiroteos y muertos, logró sacarlo del lugar y condenar, así, el intento de sedición, advirtiendo que no habría “perdón ni olvido” para los “golpistas”.
El juez Juan Paredes sentenció a tres años de prisión a Emilio Palacio y a los directivos de El Universo.
Cuatro meses después, Emilio Palacio, editor de opinión del diario El Universo, escribió una dura columna criticando a Correa —a quien tilda de “dictador”— por autorizar el operativo de rescate y “haber ordenado fuego a discreción y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles y gente inocente”. Para Palacio, eso era un crimen de lesa humanidad.
Esos párrafos irritaron al presidente ecuatoriano, quien el pasado 22 de marzo interpuso una demanda civil contra el directorio de El Universo y el columnista en cuestión, exigiendo una indemnización de 80 millones de dólares y prisión por tres años para todos ellos, al considerar que se mancillaba su reputación.
Palacio, confiado en que si renunciaba al diario Correa desestimaría la demanda, hizo público su alejamiento de El Universo, para así evitar la quiebra del medio. El presidente, sin embargo, no cedió.
El 20 de julio el juez Juan Paredes, a cargo del caso, sentenció a tres años de prisión a Emilio Palacio y a los directivos de El Universo, César, Carlos y Nicolás Pérez, por cometer “injurias calumniosas”. Además el diario deberá pagar 40 millones de dólares en compensación a Correa. Aún así, el abogado del presidente manifestó que apelará a la sentencia, ya que esperan recibir los 80 millones de dólares solicitados inicialmente.
El caso que enfrenta al mandatario ecuatoriano y a El Universo pone de relieve algunas de las tensiones fundamentales de la libertad de expresión y la operación de la justicia en sociedades democráticas. A la luz de los hechos, revisamos tres de ellas.
Opinión sometida: Para El Universo este fallo coarta la libertad de expresarse libremente, y es así como lo manifiesta Andrés Carrión para dicho medio: “Es un nefasto precedente que instaura en el país la autocensura. Ya no podremos decir nuestra palabra con libertad ante el temor de ofensivas gubernamentales ilegales que someten la opinión y la expresión a su voluntad”. En esta línea, la Relatoría para la Libertad de Expresión manifestó su preocupación por la condena, pues “genera un notable efecto intimidatorio y de autocensura que afecta no sólo a las personas condenadas, sino a toda la sociedad ecuatoriana”.
Igualdad ante la ley: El Universo ha denunciado que este caso evidencia los desniveles en la aplicación de la justicia en Ecuador. Por ejemplo, el monto de la indemnización. Ricardo Tello escribe en su columna: “La vida de Consuelo Benavides, maestra que murió por las manos de tortura de los uniformados de la Armada, mereció una indemnización de un millón de dólares tras un engorroso proceso legal. El honor de Rafael Correa, en un fugaz juicio, logró una indemnización de 40 millones de dólares y tres años de cárcel para cuatro personas”.
Otro caso: Édgar Coral se querelló en contra de Correa, quien en cadena nacional televisiva lo calificó de “traficante de tierras”. Como se trataba del presidente, la Asamblea Nacional debía visar la querella, pero negó el pedido. “El ciudadano presidente sí puede enjuiciar y obtener una sentencia rápida cuando considera que han lesionado su honor, pero no puede ser enjuiciado si un ciudadano piensa que él lo ha injuriado. ¿Somos todos iguales ante la ley?”, se pregunta un editorial de El Universo.
Límites de la libertad de expresión: En contraste, hay quienes piensan que en la columna de Palacio existió insultos. Por ejemplo, Carlos Vera, editor de la revista SoHo en Ecuador, manifiesta en su blog personal que el columnista sí injurió a Rafael Correa: “Si bien Palacio habla de un escenario POSIBLE (la posibilidad de que un futuro presidente juzgue a Correa), Palacio AFIRMA que sería juzgado ‘por haber ordenado fuego a discreción y sin previo aviso contra un hospital’. A mi entender, esta afirmación no la plantea Palacio como una posibilidad, sino como un hecho”.
Correa exigió 80 millones; el juez lo rebajó a la mitad. En múltiples instancias se ha alertado que el monto no puede ser pagado por El Universo. Nicolás Pérez, subdirector del medio, explicó: “Si es que nos permiten una fórmula de pago, durante 37 o 38 años todas las utilidad puritas tendríamos que írselas a entregar libres de impuestos al señor presidente”.
Preguntamos al abogado Juan Pablo González, profesor de las escuelas de periodismo de la UAH y la UDP, cuáles son las consecuencias de estas medidas para los medios de comunicación.
“Una alta suma (como es 40 millones de dólares) lleva a la quiebra a cualquier medio de comunicación”, dice el abogado Juan Pablo González.
“El problema se da en que sabemos que el ejercicio del periodismo está sujeto a responsabilidades, pero se debe tener especial cuidado con qué tipo de responsabilidad. Los estándares internacionales en materia de libertad de expresión establecen que la responsabilidad penal, principalmente las penas privativas de libertad, constituyen medios indirectos de censura, toda vez que congelan el debate. Una condena de tres años es un mensaje a todo periodista para que piense dos veces antes de criticar al presidente, lo cual es contrario a una democracia, donde justamente la función del periodismo es investigar y si es necesario denunciar a las autoridades públicas para que rindan cuentas.
En cuanto a la responsabilidad civil, el punto de debate es la cuantía de la indemnización, ya que una alta suma (como es 40 millones de dólares) lleva a la quiebra a cualquier medio de comunicación, lo que termina afectando a la sociedad, ya que queda sin voces. La libertad de prensa es un derecho que debe ser ejercido por todas las personas y no solo por quienes tienen plata para pagar una alta indemnización.
Esto ha sido resuelto por la Corte Suprema de Estados Unidos mediante la ‘real malicia’, es decir, solo se puede condenar a un medio de comunicación o a un periodista cuando maliciosamente se publicó una información con el ánimo de dañar a la persona o si el medio fue negligente en la corroboración de la información”.