En marzo de 2022, Chile firmó el Acuerdo de Escazú, un tratado internacional que prometía garantizar un entorno seguro para quienes defienden el medio ambiente. Pero la realidad ha sido otra. El caso más grave es el de Julia Chuñil, lideresa mapuche que permanece desaparecida desde hace 10 meses en la comuna de Máfil, Región de Los Ríos, mientras que otras defensoras han enfrentado amenazas, incendios y campañas de desprestigio. Para intentar revertir esta situación, en diciembre de 2024 entró en vigencia un nuevo Protocolo de Protección, que hasta ahora se ha activado 20 veces. Sin embargo, según reconoció la Subsecretaría de Derechos Humanos vía Ley de Transparencia, no existen registros sobre las medidas concretas que se otorgaron.
Por Camilo Roa y Nicolás Montecinos
El 8 de septiembre de 2025 Julia Chuñil Catricura cumplió 10 meses desaparecida. Su rastro, junto al de su perro, se perdió en la comuna de Máfil, Región de Los Ríos. Desde hace tres años había denunciado amenazas por proteger 900 hectáreas de bosque nativo. Hoy, la pregunta de “¿Dónde está Julia Chuñil?”, resuena en las calles y paredes de Santiago.
Su caso es el más grave, pero no es el único. Su historia se entrelaza con la de otras mujeres que, en distintos territorios, enfrentan ataques por la defensa del medio ambiente.
En el caso de Julia Chuñil, este hecho no sólo interpela a la justicia chilena, sino también a los compromisos internacionales que el Estado asumió. Como defensora ambiental e integrante de un pueblo originario, su protección está amparada por instrumentos jurídicos como el Acuerdo de Escazú, que obliga a garantizar un entorno seguro para quienes defienden el medioambiente; la Convención de Belém do Pará, que compromete al Estado a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en cualquier ámbito; y el Convenio 169 de la OIT, que reconoce el derecho de los pueblos indígenas a participar en decisiones que afecten sus territorios y a ser resguardados en el ejercicio de esa defensa.
Chuñil, de 72 años, era presidenta de la Comunidad Mapuche Putreguel, y lideresa en la defensa del territorio ancestral en el sector Los Ciruelos. El 8 de noviembre, en el predio conocido como “Reserva Cora Número Uno-A”, fue en busca de sus animales a un cerro aledaño, junto a su perro. Dos días después su familia se percató de su desaparición, luego que una vecina les avisara que Julia no había regresado de ese paseo. La principal pista según sus familiares eran las huellas de las ruedas de una camioneta en ese terreno. El predio que habitaba la mujer habría estado en proceso de reivindicación por parte de la comunidad.
Sus familiares sospecharon que ella había sido objeto de atentado o secuestro debido a su rol de defensora en el territorio. La comunidad había tomado posesión de un terreno respecto del cual se había iniciado un proceso de restitución territorial. Existía una denuncia por el delito de usurpación sobre el predio; y sus familiares se sentían amenazados ante un posible desalojo por la fuerza.
En el 2018, se habrían iniciado acciones medioambientales lideradas por la propuesta beneficiaria en defensa sobre esas hectáreas de bosque nativo. El resto es historia conocida: cuatro cambios de fiscales, las denuncias de la familia de que no se les entregó ningún tipo de información.
Los ataques a las defensoras medio ambientales ocurren y se intensifican a pesar de que en marzo de 2022 el Estado de Chile ratificó el Acuerdo de Escazú, y como se menciona anteriormente, el tratado internacional vinculante que lo obliga a garantizar un entorno seguro para los defensores ambientales. En la misma línea, en diciembre de 2024 entró en vigencia el Protocolo de Protección a Defensores de Derechos Humanos, que a juicio de las defensoras entrevistadas, en la práctica ha sido insuficiente y que según la misma Subsecretaría de D.D.H.H., no tiene registro de medidas de protección concretas para las 20 personas que ya han hecho uso de él.
Ya en 2024, las agresiones físicas contra quienes defienden el medioambiente se triplicaron y las mujeres concentraron el 70,2% de los ataques, según un informe de la ONG Escazú Ahora.
Hostigamiento digital
Más allá de los incendios y la violencia directa, la intimidación contra quienes defienden el medio ambiente también aparece en otros espacios. Este es el caso del hostigamiento a través de las redes sociales. Ahí, donde las noticias o la desinformación se propaga con rapidez, han comenzado a aparecer campañas diseñadas para desgastar psicológicamente y finalmente silenciar a las activistas.
Alejandra Parra, bióloga y cofundadora de la Red de Acción por los Derechos Ambientales (RADA), sabe lo que significa vivir bajo ese acoso. Durante casi diez años se ha convertido en una de las voces más técnicas y visibles en la oposición al proyecto de incinerador de basura WTE Araucanía, trabajo por el que incluso obtuvo el reconocimiento del Instituto Nacional de Derechos Humanos en 2023. Pero ese mismo reconocimiento también la expuso.
En febrero de 2025, después de intervenir en una sesión del Concejo Municipal de Temuco, comenzó a circular un video editado de su presentación desde una cuenta de Instagram llamada “Solución Limpia Ahora”. No fue un caso aislado. Días más tarde, otro montaje mucho más agresivo apareció en los comentarios de medios locales publicado por un perfil falso de Facebook. “Se muestra mi cara, distintas fotos de mí, se me nombra con nombre y apellido varias veces”, recuerda Parra. En las imágenes, además de acusarla de mentir, la vinculan directamente con la violencia en la región. “Dice que estoy asociada a la CAM, a Héctor Llaitul y que estaría vinculada a actos terroristas; incluso muestran imágenes de incendios”.
Frente a todos estos ataques, Parra buscó protección vía judicial e institucional. Presentó una querella por amenazas y el INDH solicitó formalmente la activación del Protocolo de Protección para Defensores de DD.HH. Pero ninguna de las dos respuestas obtuvo resultados. “Me llamaron a declarar, pero hasta hoy desconozco que se haya realizado alguna diligencia”, cuenta. Respecto al protocolo, agrega: “Aparte de recibir una copia del correo con la solicitud, no he recibido absolutamente nada”.
Su querella apunta a que el Ministerio Público investigue el origen de estas publicaciones y trace posibles financiamientos detrás de ellas. Según se detalla en el escrito, se pidió a la Brigada del Cibercrimen de la Policía de Investigaciones ( PDI) identificar a los responsables y establecer si hubo pagos por su acción. Sobre la cuenta que difundió el primer video, “Solución Limpia Ahora”, se presenta como una supuesta organización apoyada por la Multigremial Araucanía y el grupo empresarial portugués Grupo Madre, aunque no transparenta su composición real. Lo único verificable es que el dominio .cl está inscrito a nombre de Rubén Díaz, según registros de NIC Chile.
Fuego e impunidad
Lorena Donaire, ex miembro de MODATIMA, ha dedicado su vida a defender el agua en Petorca, una provincia marcada por la escasez hídrica y los conflictos socioambientales. Su activismo la expuso durante años a hostigamientos constantes. Fue víctima de siete ingresos ilegales a su casa y un intento de secuestro de sus hijas, según el Informe Anual 2024 del INDH.
La noche del 12 de junio de 2022, vio cómo su vivienda era devorada por el fuego. Vecinos aseguraron haber visto “dos siluetas” dentro del hogar minutos antes, y un peritaje químico inicial apuntó a la acción de un cuerpo portador de llama, descartando una falla eléctrica. Sin embargo, el informe policial final determinó que no había indicios de intencionalidad y la causa se cerró sin culpables.
Un mismo modus operandi enfrentó a Orietta Llauca, abogada que defiende a comunidades indígenas frente a empresas salmoneras y forestales. En agosto de 2023 recibió un correo con la amenaza “¿Te gusta el fuego ah? ahora va”. Más de un año después, su oficina en Llanquihue fue destruida por un incendio. Aunque los primeros informes detectaron compuestos acelerantes y un testigo afirmó haber visto a un sospechoso, un segundo informe apuntó a un sobrecalentamiento eléctrico. Convencida de la manipulación de la investigación, Llauca decidió no seguir participando, mientras la Fiscalía solicitó archivar la causa por falta de antecedentes.
“Las amenazas contra mi hijo comenzaron en 2022 y no han parado”, dijo para el diario La Razón. Desde entonces, cada denuncia presentada en el país ha sido archivada sin investigación, y la falta de eco incluso en instancias internacionales obligó a buscar aliados que compartieran la lucha por la defensa de la tierra. Para Llauca, defender el medio ambiente, implica enfrentarse no sólo al poder político, sino también a empresas forestales, mineras e inmobiliarias, lo que para ella es un reflejo de cómo el propio sistema persigue a quienes protegen los recursos naturales.
Orietta Llauca
Según Escazú Ahora, en el 38,2% de los casos no se tomó ninguna acción judicial, y solo el 2,1% tuvo resolución favorable. La violencia directa se ha triplicado, concentrando el 48,9% de los ataques, pero no es la única amenaza: hostigamiento digital y manipulación judicial completan la estrategia para amedrentar a quienes defienden la tierra.
La desprotección
El actual escenario que enfrentan las defensoras ambientales no es una falla reciente, sino la consecuencia de una omisión histórica. Durante años, el Estado de Chile operó sin un marco formal para proteger a quienes defienden el medio ambiente, una ausencia que no es una interpretación periodística, sino un hecho reconocido en sus propios documentos oficiales. Consultados vía Ley de Transparencia sobre los procedimientos activos antes de la entrada en vigencia del Protocolo de Protección a Defensores de DDHH en diciembre de 2024, la Subsecretaría de Derechos Humanos fue categórica en su respuesta: “No existían en este Servicio lineamientos asentados sin protección”.
Esta tardanza es confirmada por el gobierno en el Plan Nacional de Implementación de Escazú 2024 – 2030, donde el diagnóstico es que “en Chile no existe regulación especial relativa a la protección de los defensores y defensoras de los derechos humanos en materias ambientales”. En la práctica, esto significa que ataques como el incendio que destruyó la vivienda de Lorena Donaire en junio de 2022 ocurrieron en un contexto de vacío institucional, sin que existiera un procedimiento estándar para su protección. El avance por materializar los compromisos de Escazú se están midiendo a través del Reporte Anual 2024: Plan Nacional de Implementación Participativa del Acuerdo de Escazú 2024-2030 del Ministerio del Medio Ambiente, que establece una línea estratégica para la protección de personas defensoras (LE4) es la que cuenta con menos medidas comprometidas (20 de un total de 271) y, a su vez, es la que presenta el menor avance, con solo un 50% de sus acciones ejecutadas o en desarrollo a fines de 2024.
Protocolo de Protección a Defensores
Frente a este escenario y para cumplir con las obligaciones de Escazú, la principal herramienta administrativa del Estado es el Protocolo de Protección a las Personas Defensoras de Derechos Humanos, que entró en vigencia el 27 de diciembre de 2024. Su objetivo es establecer una “articulación interinstitucional para la protección” de quienes defienden los DDHH.
Según cifras entregadas por la Subsecretaría de DDHH vía Ley de Transparencia, entre esa fecha y el 9 de mayo de 2025, el mecanismo registró un total de 20 activaciones. De estas, 16 fueron iniciadas por ciudadanos y 4 por la vía institucional. Tras un análisis preliminar, se determinó que en 17 de los casos se trataba efectivamente de personas defensoras de derechos humanos y que 10 de los hechos denunciados podrían ser constitutivos de delito, derivando 8 de ellos al Ministerio Público.
Sin embargo, detrás de estas cifras, no se ha logrado medir su eficacia real. Al ser consultada por las medidas de protección concretas que se otorgaron en estos 20 casos —como protección policial, rondas periódicas o apoyo psicosocial—, la Subsecretaría respondió que dicha información “no se encuentra desagregada ni ha sido recopilado, en atención al carácter reservado o sensible de los datos derivados de la mayoría de las actuaciones de los organismos que intervienen en la implementación del Protocolo”. En la práctica, esto significa que el organismo encargado de coordinar la protección de los defensores en Chile no cuenta con un registro de las acciones que finalmente se ejecutan para protegerlos.
Para Sebastián Benfeld, presidente de Escazú Ahora, este Protocolo es una respuesta suficiente y adecuada a la situación de amenaza y agresión”, entendiendo que parte de sus funciones “Es establecer una base de coordinación entre instituciones para que en caso de que se denuncie algún tipo de agresión pueda el Estado brindar algún tipo de respuesta”. Sin embargo, también plantea que este tiene problemas de base “No establecer explícitamente que respuesta va a dar el Estado, ni tampoco se establece claramente cuál es la ruta por la cual se va a proceder y se deja todo a discrecionalidad del gobierno de turno, lo que nos parece tremendamente preocupante porque eso va a ir cambiando de acuerdo a la voluntad política de quien gobierna”, explica.
En ese sentido, plantea que “nos parece altamente preocupante que no exista alguna métrica de evaluación de la implementación del protocolo. Cualquier política pública requiere de un proceso de diseño e inmediatamente un proceso de evaluación para poder ver qué de la política funciona y qué cosas no, y de esa manera ir ajustándose y perfeccionándose en el tiempo. Una política pública que no considera esas etapas es una política pública mal hecha directamente”.
Esta deficiencia abstracta se traduce en una nula protección para las defensoras. Tras la campaña de desprestigio en su contra, el INDH solicitó activar el protocolo para Alejandra Parra, pero el resultado fue inexistente. En sus propias palabras: “aparte de eso no he recibido absolutamente nada”. Orietta Llauca también hizo uso del mecanismo en enero de 2025 tras ser detenida por Carabineros en contexto de protesta junto a un grupo de pobladores, pero critica que la única acción concreta fue ingresar una denuncia por apremios ilegítimos, una gestión que, a su juicio, “pude haber hecho sola”.
Por otro lado, a 10 meses de la desaparición de Julia Chuñil, su familia ha chocado con la opacidad de una investigación que se mantuvo bajo reserva, vulnerando el derecho de acceso a la información que Escazú busca garantizar. Lejos de encontrar el entorno seguro prometido por el acuerdo, su caso ha estado marcado por giros, como el hallazgo de una mancha de sangre no humana que desvió la sospecha hacia sus propios hijos. Y aunque la Corte Suprema ha ordenado un enfoque de Derechos Humanos y la Fiscalía asegura aplicar un “estándar mayor”, los avances son nulos. La pregunta de ¿Dónde está Julia Chuñil? sigue sin tener una respuesta.
*Este reportaje fue escrito para el ramo de Periodismo de investigación
Actualización:
El pasado 30 de septiembre, las abogadas querellantes en el caso de la desaparición de Julia Chuñil revelaron que el principal sospechoso habría reconocido, en una interceptación telefónica, que la lideresa mapuche habría sido quemada. Según informó Karina Riquelme, abogada de la familia, se halló un documento clave con registros de llamadas realizadas al padre de Juan Carlos Morstadt y a una mujer aún no identificada.