*Este reportaje fue realizado por la estudiante de 5º año de Periodismo UAH, Camila Torres, y publicado originalmente en El Desconcierto.

El pasado viernes la Agrupación por la Libertad de los Presos Políticos de Lo Hermida, se manifestó sobre el puente que cruza el canal San Carlos, exigiendo la tramitación inmediata de la ley de indultos que busca la liberación de los presos en el contexto de estallido social, que lleva más de diez meses en el Senado. El proyecto de ley contempla la liberación de aquellos que, imputados o condenados, fueron aprehendidos en el contexto de manifestaciones desde el estallido social y que excluye a funcionarios de las ramas de Fuerzas Armadas del país.

El 11 de agosto se aprobó en la Comisión de Constitución la idea de legislar. Sin embargo, aún quedan dos indicaciones por votar y requieren 25 votos para su aprobación. Una de ellas es vital, ya que indica qué autoridad otorgará el indulto. De acuerdo al senador independiente Pedro Araya, «en el caso en que en la votación en Sala no se alcance el quórum para esas dos normas, habría un proyecto de ley que otorgue el indulto, pero no habría autoridad que lo aplique «.

En ese contexto, durante el marco de la Cuarta Jornada de Mujeres Penalistas y Criminólogas, las abogadas de Derechos Humanos, Karinna Fernández y Francisca Hernández, expusieron los resultados preliminares de una investigación que busca dar luces sobre quiénes son los presos de la revuelta. De acuerdo a la información registrada por ambas, actualmente son 1.048 las personas involucradas en casos relacionados al estallido social y que podrían ser indultadas. Durante la presentación, indicaron que, de las 835 personas registradas hasta ahora, un 57% fue formalizada por robo en lugar no habitado.

Motivos de la prisión

De acuerdo a la investigación de las abogadas, los delitos más comunes que se visualizan en este contexto corresponden a saqueos a grandes cadenas de supermercados. Entre ellas, destacan Walmart, Montserrat, además de la realización de barricadas y uso de bombas molotov.

En cuanto a las medidas cautelares, las personas que fueron formalizadas por robo en lugar no habitado, un 9% obtuvo como primera medida cautelar la prisión preventiva. Fernández recalca un caso en el que dos personas permanecieron 138 días en prisión preventiva por la sustracción de cuatro bolsas de leche Milo, 21 bolsas de 400 grs. de detergente Ariel y 12 botellas de aceite marca Merkat.

El estudio alcanzó aproximadamente el 80% de casos revisados de un total de 1.048. Karinna Fernández afirma que en este estado de la investigación es posible hacer ciertas aseveraciones. Hasta el momento, el 8,5% de los casos revisados corresponde a causas en donde los acusados son niños, niñas y adolescentes. Por otro lado, no se han judicializado causas respecto de víctimas. Según la abogada, “en los casos, tanto de homicidios frustrados como de porte de armas, en ningún caso existen víctimas lesionadas en su integridad, solo daño a la propiedad”.

El pasado 8 de agosto, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, declaró que el proyecto de ley de indulto “no corresponde. Y más que un indulto, es una amnistía. Por lo tanto, el concepto no aplica”.  Es importante recalcar que la cartera a cargo de Delgado, en aproximadamente un 93% de los casos, presentó querella bajo la figura del artículo 6 de la Ley de Seguridad Interior del Estado, incluso cuando la misma tienda o supermercado no presentó acción alguna. Karinna Fernández indica que “hay un tema de rendición de cuentas: cómo el Estado financia, qué tipo de querellas protege y qué tipo de bienes. Y aquí no estamos hablando de bienes públicos, sino que estamos hablando precisamente de papel higiénico, latas de cerveza, aceite, pañales”.

Por otra parte, existe una clara tendencia respecto a las querellas y la decisión de perseverar del Ministerio Público. De los 835 casos estudiados, sólo en un 2% la fiscalía tomó la decisión autónoma de no perseverar. Lo anterior se contrasta con los delitos de causas perpetrados por agentes estatales, en donde un 46% de los casos el Ministerio Público tomó la misma decisión.

El largo camino del proyecto de ley

Han pasado 343 días desde que el proyecto de ley ingresó de la mano de los senadores Alejandro Navarro, Yasna Provoste, Adriana Muñoz, Isabel Allende y Juan Ignacio Latorre. Hoy, existen dos normas que deben ser discutidas y votadas. Se trata de el primer inciso del artículo 4 y el artículo 5, los cuales pasarán a ser votados en general y requieren 25 votos para su aprobación. El proyecto ha pasado por tres comisiones. En primera instancia, por la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, luego a la Comisión de Seguridad Pública, y finalmente a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

Respecto a esto, Claudio Nash, abogado y doctor en derecho, indica que la “comisión debiera quedar integrada por personas que den confianza a los distintos involucrados en estos temas, como el Poder Judicial, político y, por supuesto, las víctimas, de que se hará un escrutinio serio respecto de quienes serán los beneficiados por la ley si es que es aprobada por el parlamento”.

El proyecto no cuenta con una indicación de urgencia, por lo que son las comisiones las cuales deben decidir cuándo se realizarán las votaciones en el pleno del Senado. Raquel Torres, psicóloga y vocera del Grupo de Iniciativas por la Liberación de las y los Presos Políticos, indica que “nosotros lo vemos como un trámite de proyecto de ley y sabemos que se puede demorar más o menos. Pero para los chicos y sus familias estamos hablando de sus proyectos de vida. Entonces, entre más tiempo pase, el sufrimiento y el desaliento es mayor”. De acuerdo a la investigación, el rango etario de las personas privadas de libertad se concentra entre los 20 y 40 años de edad.

Hasta la fecha, el 66% del universo de personas en este contexto se encuentra aún en calidad de imputada y no condenada. De hecho, sólo cerca del 12% de las personas estudiadas se encuentra con una condena en primera instancia, principalmente por los delitos de robo en lugar no habitado (37%), delitos de la Ley de Control de Armas (17%), desórdenes públicos (6%) e incendio (11%).

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