Aprueban Ley de Medios en Argentina
Fueron veinte horas de debate en el Senado argentino. La polémica Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual impulsada por el kirchnerismo —que reemplazará la vieja ley de Radiodifusión 22.285, de 1980— fue aprobada con 44 votos a favor y 28 en contra, sin incorporar ninguna de las modificaciones que la oposición sugirió.
La presidenta Cristina Fernández ha dicho que esta reforma es «una vieja deuda de la democracia». Aníbal Fernández, jefe de gabinete de la Señora K, defendió la normativa: «Planteamos una ley que entendemos es la que permite democratizar definitivamente los medios en la Argentina». En la otra vereda, y con pesar, el diario Clarín, uno de los principales actores opositores en esta discusión, informó que el Ejecutivo ya tiene «la ley que pretendía y que le otorga un mayor poder sobre los medios». En entrevista con Puro Periodismo, Daniel Santoro, periodista trasandino, manifestó sus temores: «Los futuros concesionarios dependerán en gran medida de la publicidad del estado para financiarse, que manejará el gobierno de turno».
Gobierno y oposición pusieron sus argumentos sobre la mesa, aunque finalmente imperó la postura oficialista. ¿Qué estaba en juego?
El por qué de la oposición
La oposición y los medios de comunicación que se verían afectados —principalmente Clarín, que denunció la individualización que los Kirchner hicieron al apuntarlos a ellos como paradigmas del monopolio— han remarcado algunas disposiciones polémicas de la ley:
- Divide el espacio radioeléctrico en tercios: uno para el Estado, otro para medios comunitarios y el resto para los privados.
- Una sola empresa no puede poseer más del 35% de un mercado. Además, un licenciatario de televisión por cable no puede tener una señal abierta, ni viceversa.
- Aquellas empresas que tengan licencias obtenidas legalmente y choquen con lo anterior, deberán desprenderse de ellas. Se trata del artículo 161 que fija el plazo de un año de desinversión para ajustarse a la nueva normativa.
- Se pasa de 15 años de duración de las licencias a 10, prorrogables por una década adicional.
- Se establecen «cuotas» de contenidos. La producción nacional debe ser de un 70% en radios y de un 60% en televisión.
- Se conformará una «autoridad de aplicación de la norma», órgano vigilante de las frecuencias de radio y televisión. Su directorio estará integrado por dos representantes del Ejecutivo (uno de ellos el Presidente), dos del Consejo Federal y tres del Congreso.
- El Ejecutivo tendrá prerrogativas para adjudicarse licencias con alcance mayor a 50 kilómetros o en las ciudades con 500 mil habitantes.
La mirada oficialista
Los argumentos del Ejecutivo para promover esta ley han sido masificados a través de la publicidad oficial en televisión y medios, especialmente internet, donde un sitio ad hoc recogió el apoyo y las opiniones favorables de distintos actores de la sociedad argentina. Para impulsar la iniciativa, el Gobierno argentino adujo varios motivos:
- Reemplaza una ley originada en un régimen dictatorial.
- Busca adaptarse a los nuevos tiempos, pasando de la concepción de «Radiodifusión» a la de «Servicios de Comunicación Audiovisual». Por ejemplo, la legislación de 1980 no reconocía a la televisión por cable como un medio de comunicación.
- Por lo mismo, se trata de adaptarse a las nuevas formas y a los nuevos actores que participan de los medios.
- Se denuncia que las privatizaciones —encarnadas en la figura de Carlos Menem— ahogaron a la televisión pública, imperando los medios más fuertes que se rigen por el rating. Se define, por consiguiente, como una ley antimonopolio.
- Se crearán abonos sociales, que subsidien a los habitantes de aquellas zonas donde el único medio que llega es el cable.
La propaganda del Gobierno de Cristina Fernández para promover la nueva ley