Su último trabajo recopila una serie de documentos que la FIFA distribuyó entre los países aspirantes a albergar las copas del mundo de 2018 y 2022. En ellos, el organismo hace una serie de exigencias a los postulantes, como ignorar legislaciones laborales, realizar modificaciones tributarias y asegurar una estricta confidencialidad de los gobiernos frente a estas demandas.