Por Vicente Alarcón y Zaida Ibáñez

Esta investigación es el resultado del proyecto de título realizado por los autores en 2024, bajo la tutoría de la profesora Patricia Rivera.

Enzo de ‘La Bomba Azul’ y Rinco de ‘RincoAlbitos’ eran dos figuras prominentes dentro de las barras bravas de los equipos de Universidad de Chile y Colo Colo. Enzo pertenecía, cómo lo apuntaban los medios, a un grupo que estaba siendo investigado por el tráfico de armas, drogas y homicidios. Las imágenes que ambos enseñan en su perfil de Facebook son lienzos robados a equipos rivales. Allí se ven cuidadosamente volteados en señal de humillación y dominancia territorial.

El lenguaje que utilizan la mayor parte de estos barristas es intimidante. No hay eufemismos. Cada mensaje y fotografía está cargado con menosprecio y burla.
En una de las publicaciones, Rinco lanzó un mensaje el 22 de mayo de este año, donde interpela a Enzo con insultos y lo amenaza sobre que tenía información suficiente sobre él. Incluso había logrado infiltrarse en la barra “las madres de Maipú”. Por otro lado, Enzo, compartió esta publicación donde comienza con un “Juan Rinco el diablo te persigue».
Días después comenzó el ciclo de violencia con un video que ‘Bomba Azul’ colgó en su red social. Allí se muestra a “Rinco” en un sillón con la mirada perdida. El hombre tiene la cabeza teñida por manchas de sangre. Lo habían golpeado. Levanta una de sus manos en gesto inútil de evitar otros golpes. Un grupo de barristas de la U, lo agreden con zapatillazos directos en su rostro, cuello y cabeza, donde se vuelve a ver cómo la sangre brota de estas heridas.
“Lo que pasó es que unos locos de la barra de la U cacharon que el loco estaba en un edificio y decidieron infiltrarse nomás. Ahí lo tuvieron amarrado, lo humillaron caleta, hasta hicieron que les sirviera whisky a todos según lo que caché en otros videos”, dice ‘sombra’, una joven barrista que prefiere mantener su nombre en reserva.

Las  reacciones no fueron de rechazo, hubo emojis de “me divierte” junto a los comentarios de otros barristas en la publicación burlándose de esta golpiza. La agresión era un trofeo.
Enzo Bomba Azul-Edson Olivares Díaz tenía 25 años y en TikTok se hacía llamar «El diablo en patines».  Tenía  más de 14 mil seguidores. Fue asesinado el 27 de octubre de este año en La Pintana mientras huía de otro vehículo. Chocó en su auto y recibió cerca de 80 disparos. Lo acribillaron. Carabineros vinculó este hecho al crimen organizado y la noticias se viralizó.

La trágica muerte de un hincha

El 26 de junio de 2024, el estadio Monumental se erigía en el horizonte de Santiago como un gigante blanco y negro. En la convocatoria había expectativa por un partido de Colo Colo. Las calles de Macul que rodean el estadio bullían con una euforia de los hinchas, que iban vestidos con sus reconocidas camisetas negras y blancas. Las banderas flameaban al viento y sus cánticos se escuchaban fuerte. “El albo” se preparaba para recibir en un amistoso con Universitario de Deportes de Perú. El ruido de los bombos se mezclaba con las bocinas de los autos atascados en el tráfico.
A metros del estadio,  mientras los hinchas se enfilaban por las calles raudos hasta el lugar, un hombre fue brutalmente atacado por un grupo de al menos 30 personas. La emboscada terminó con la vida de un colocolino.
Entre los hinchas que se dirigían al Monumental estaba ‘Maldo’ un fanático de Colo Colo quien pide no dar su nombre real. Ese día había planeado su jornada de forma meticulosa: tenia la entrada lista y el plan de ir en auto y estacionar en el mall Florida Center para esquivar el ajetreo de la locomoción. Caminó por la calle Mirador Azul, una vía que siempre está repleta de hinchas. Las luces de los postes titilaban. A lo lejos escuchó los cánticos desde el estadio. Cuando apuró el paso un joven se le acercó. Tenía el semblante serio.

-No sigas avanzando- le dijo- ,están asaltando por  Mirador azul.

Maldo siguió su camino, pensó que era lo siempre, los atados entre los piños del Colo Colo.
El joven llegó a la esquina y vio un grupo de hombres golpeando a una persona que trataba de protegerse desde el piso. En su relato bosqueja una escena rápida. Una pelea más entre barristas, pensó.

En la calle se topó de frente con una horda de personas que se movían frenéticamente alrededor de una figura en el suelo. Las luces de los postes de luz iluminaba a medias la escena. Gritos, golpes secos de patadas y puñetazo.
-¡Matenlo, mátenlo!-alcanzó a oir
El hombre en el suelo ya no se movía.

“Lo único que atiné fue a alejarme para que no me agarraran a mí ya que, por lo que escuché eran del equipo rival. Gracias a Dios no llegué ahí unos minutos antes, capaz no la estaría contando. Vi el cuerpo de un cabro ahí tirao’ se me heló la sangre, estaba en shock. El pobre loco no se movía, estaba en el suelo lleno de sangre y ellos seguían pegándole. Sentí miedo, temí por mi vida y me viré”.
La confirmación no tardo en llegar, el hombre era Claudio Maldonado Gamboa quien fue apuñalado y asaltado, presumiblemente, por “Los fósforos” seguidores del equipo peruano.

Tenía 43 años e iba camino al partido con dos de sus hijos.

Lo incidentes siguieron dentro del estadio, se lanzaron bombas de ruidos y fuegos artificiales a los visitantes. El partido se suspendió por falta de garantías.

Las barras bravas: una historia de violencia

En un comienzo el uso de fuegos artificiales era el principal problema provocado por las barras bravas y según las cifras proporcionadas por Carabineros de Chile, con un registro de alrededor de 300 delitos por el porte y activación de estos artefactos desde 2019. Pero la violencia escalaría a niveles más altos más allá de la pirotecnia, de violencia física a enfrentamientos.

En el año 2020, el 16 de febrero se jugó un partido entre Colo Colo y Universidad Católica, donde la Garra Blanca lanzó bombas de estruendo a la cancha con la intención de dañar a los jugadores rivales, lo que terminó afectando a Nicolás Blandi, jugador de su propio equipo. El partido terminaría la suspensión del encuentro.

Años después la escena volvía a repetirse. Fue en el clásico universitario del 30 de abril del 2023. Desde la galería de Los de Abajo comenzaron a llover bengalas hacia la cancha. Después fueron los fuegos artificiales. No quedo más opción. El encuentro fue suspendido. Danilo Díaz, experimentado periodista señaló con respecto a la ley de Estadio Seguro, que no es una legislación que esté regulada y que hay “chipe libre” para las barras bravas.

“Aquí nadie regula nada, se supone que hay varios anillos de seguridad donde te revisan entero, y después uno ve la cantidad de artificios que tiran dentro del estadio y se pregunta varias cosas”. Señala con un tono molesto, donde también hace una crítica al modelo actual, “Están todos dateados, los dejan ingresar cualquier cosa. Todos esos elementos de animación que les llaman ellos, deberían estar prohibidos”, relata Díaz.

Pero dentro de esta normativa existe también la aplicación de derecho de admisión que pueden ejercer los clubes hacia personas que no cumplan con la ley de derechos y deberes dentro de un estadio de fútbol. En este apartado se quiso agregar la versión de la ex jefa de Estadio Seguro, Pamela Venegas, quien fue contactada para este reportaje, pero no hubo respuestas hasta el cierre de esta investigación.

Una de las aristas preocupantes, según documentos entregados por Estadio Seguro en Reportajes 24 Horas, es que el 7% de las querellas presentadas terminaban con condenas. Esto evidenciaba que el mayor ente fiscalizador de nuestro fútbol estaba haciendo mal el trabajo. Según declaraciones de la jefa de Estadio Seguro Pamela Venegas, en el reportaje de 24 horas, faltaba actualizar la regulación. “La ley necesita nuevas herramientas acorde a los tiempos, y a las faltas y delitos que se cometen”. Para esas fechas existían más de 7 mil personas con derecho de admisión en los estadios, según el reportaje.

Para el destacado periodista nacional, Fernando Tapia, la solución para terminar con el problema de las barras bravas, es poner “mano dura”. “Ni las autoridades, ni los clubes ni nadie. Nadie quiere invertir realmente en seguridad, porque para ellos no es rentable. Cuando ocurra un incidente de gran magnitud, se van a dar cuenta de lo grave que es esto”, comenta.

Tapia también explica que hoy existe una propuesta que busca declarar a las barras bravas como organizaciones criminales, y que ese podría ser el punto de partida para que se empiecen a tomar medidas reales al asunto. “El senador Walker propuso al Ministerio del Interior sobre las barras bravas, donde se califica a las barras bravas como organizaciones criminales, pero esto aún no se aprueba. Lleva más de un año con el tema y nada, ahí te das cuenta lo poco que importa la seguridad en los fanáticos del fútbol”.

Respecto a esa solicitud, el senador indica que se debería reforzar la seguridad con la más alta tecnología, “Es necesario aplicar tecnología biométrica, torniquetes, huella digital y reconocimiento facial en el ingreso, y también para tener elementos probatorios por desórdenes en las graderías”, afirmó en la prensa. Además, recalcó el motivo por el cual se deberían calificar a las barras bravas como sociedades ilícitas.

Para el senador algunas barras bravas son centro de comisión de delitos como el tráfico de drogas y el crimen organizado y donde una de las tantas consecuencias son las amenazas que incluso han recibido dirigentes y jugadores.

Arde el Nacional

El 15 de febrero del 2024 era la final de la Supercopa en el Estadio Nacional. Diego Fernández, fanático de Colo Colo, estaba de vacaciones en La Serena, pero no pensaba perderse el evento. En Tongoy no encontró buses, pero logró convencer a su grupo de amigos que lo acompañaban para viajar en auto, pese a lo largo del trayecto. Llegaron al estadio al minuto 40 del primer tiempo. En Monumental, en el sector norte donde se ubicaba la barra, en la atmósfera ya había ira. Un lienzo crítico contra expresidente Sebastián Piñera -fallecido días antes- se alzaba sobre las cabezas de la hinchada. El paño, agitado en medio de  cánticos, olía a afrenta. Carabineros y guardias de seguridad trataron de confiscar el lienzo. Lo que vino después fue la furia para los barristas. Así comenzaron a arrancar sillas de las gradas que volaban como proyectiles, mientras que carabineros devolvía la mano con gas pimienta.

El enfrentamiento escaló rápidamente. En medio del caos fue requisado el lienzo oficial de Colo Colo. Un grupo logró recuperarlo, en medio de las ovaciones de la multitud, pero la violencia ya era incontenible. Los jugadores del equipo se acercaron a las rejas para intentar calmar a los hinchas, pero sus esfuerzos fueron en vano.
El enfrentamiento escaló en violento y la barra empezó a pasar a la seguridad.

Diego recuerda que el árbitro decidió finalizar el partido casi al minuto 70. La gente comenzó a abandonar el lugar y en ese momento, una parte del estadio ya se encontraba envuelto en humo negro. Él también tenía temor. “Fue frustrante, de todo el esfuerzo por llegar al recinto, apenas logré ver 20 minutos de juego antes que el caos lo arruinara todo. Me marché con una gran decepción, la jornada que debía ser de alegría se convirtió en un recordatorio de violencia”, dice.

Los daños ocasionados en el sector norte del Estadio Nacional, ascendían a $102.501.171, según fundada avaluación practicada por el estamento técnico del Instituto Nacional de Deportes.

A comienzos de los años 90, la rivalidad entre las barras bravas de Colo Colo y Universidad de Chile desencadenó serios disturbios, como el ocurrido en 1994 en el Estadio Nacional. Frente a la presencia de aquel entonces presidente de Chile Frei Ruiz-Tagle, miembros de la Garra blanca destruyeron parte de la galería norte. Este hecho concluyó con la promulgación de la Ley N°. 19.327, orientada a prevenir y sancionar la violencia en el fútbol profesional.

Años más tarde el sistema se regiría por una nueva ley, la ‘Ley de Estadio Seguro’ implementada en 2011 bajo supervisión del Ministerio del Interior durante la primera administración del ex presidente Sebastián Piñera. Según el sitio oficial de Estadio Seguro el programa buscaba “recuperar los estadios de fútbol como lugares de sano esparcimiento, recreación y encuentro para las familias y los verdaderos hinchas”.

Después de 14 años desde su implementación y tras 4 gobiernos, en este 2025 se puso fin oficialmente a la Ley de Estadio Seguro, marcando el cierre de una etapa caóticamente criticada por sus malas gestiones y que llevó a una trágica consecuencia.

El origen de las barras bravas en Chile

Las agrupaciones de hinchas denominadas “Barras” surgieron desde los años 70 con la aparición de los hinchas ingleses llamados “Hooligans”. Pero estos tenían una diferencia, y es que los hinchas ingleses no estaban bajo el nombre de barra brava, sino que ellos se diferenciaban en que antes de los partidos, se juntaban en grupos de personas y tenían batallas campales mano a mano con los hinchas del equipo rival. Una práctica que se da hasta el día de hoy en Europa, bajo el nombre de “Ultras”.

“El deporte, en sus múltiples manifestaciones, ha sido históricamente una vía para canalizar emociones, construir vínculos sociales y, sobre todo, gestionar tensiones inherentes a la vida en sociedad”, menciona Felipe Vagas, psicólogo clínico. “El fútbol no es solo entretención, sino también un mecanismo para enfrentar los desafíos de sociedades que buscan mitigar el impacto de la violencia en sus dinámicas cotidianas” concluye Vagas. Y dentro de este contexto, muchos autores han investigado y escrito respecto a los comportamientos de los hinchas, sobre todo en Inglaterra.

Ya para este lado del continente, se empezaron a adoptar esas costumbres, especialmente en Argentina, donde en la década de 1960 surgió el concepto de “Barra brava”. Las Barras bravas son un grupo de personas ligadas a un club deportivo, que se ubican en un sector determinado del estadio y que están identificados con un nombre global dentro de su equipo. Estos son grupos en su mayoría, autogestionados, que a través de colectas reúnen recursos para comprar los diversos elementos de animación que usan para apoyar a su equipo.

“Las Barras Bravas, al nacer a finales del periodo dictatorial en Chile, responderían a esta necesidad de reunirse y de acompañarse, de generar lazos identitarios en base a la confianza, la hermandad y la autogestión. Este contingente de hinchas hizo que los “piños” (los grupos que le darían sustento a las barras) se retroalimentaron mutuamente, inclinándose hacia una resistencia de carácter combativa ante el control y el intento de normalidad social propuesta por la institucionalidad del país.” dicen Ethan Tejos en su tesina como estudiante de  la Universidad Academia de Humanismo:  «Criminalización versus representatividad popular: una mirada histórica de las barras bravas desde la participación de la juventud 1973-2006»

En Chile, las barras bravas empezaron a aparecer en la década de 1980, La Garra Blanca surgiría dentro de la barra estudiantil de Colo Colo a fines del año 1985; En el caso de Los de Abajo, el término nace en 1988,  debido a que esta hinchada tenía como punto de encuentro en el estadio el sector bajo de las galerías, al lado de la reja.

Este auge de las barras bravas coincidió con un periodo en que el futbol chileno se vivía con gran intensidad: según datos publicados por el diario AS, en la década de 1980 y 1990 el promedio general de asistencia a los partidos era de entre 70 mil y 80 mil personas. De hecho, la mayoría de los partidos con mayor afluencia de público se registraron en ese periodo. En ese contexto, el segundo partido con más convocatoria ocurriría el 16 de noviembre de 1986, cuando albos y azules se enfrentaron ante 77.848 espectadores en el Estadio Nacional.

Ya a mediados de los 90 el fenómeno se extendió a diversas regiones del país, como en Valparaíso que se encuentra “Los Panzers” de Santiago Wanderers, o “Al hueso pirata” de Coquimbo Unido, barras que han estado involucradas también, en hechos de violencia en nuestro país.

Las barras no solo son grupos vinculados a la inseguridad, sino que, en muchos casos, se han convertido en un sello identitario de los clubes deportivos. A través de cánticos, banderas y una presencia constante en los partidos, las barras representan una parte esencial de la cultura del equipo. Para muchos hinchas, forman parte de la esencia y el alma del club, creando un sentido de pertenencia y unidad entre los seguidores.

En ese contexto, aparecen “los piños” en las barras bravas, que son pequeñas cofradías de sectores del país que se sienten identificados con el equipo de sus amores, que crean el grupo para darle apoyo y tener su presencia en la hinchada. Ignacio Cortés, de 25 años, lo sabe bien. Es hincha de la Universidad Católica y perteneciente al piño “LP2” de la comuna de Lo Prado: “Para mí la Cato lo es todo, yo la sigo a donde vaya, si el cato va a regiones voy, si sale del país voy también. Es un sentimiento de vida”, comenta besando el escudo de su camiseta y agrega“Yo por la Cato he viajado a distintas partes del país, a Concepción, El Salvador, Viña, y muchas más, pero también hemos ido con el grupo afuera. El 2022 fuimos a Córdoba a dar el aguante, fuimos por tierra de ida y vuelta a ver a la cato en Copa Libertadores”, relata mientras saca su celular para mostrar una fotografía de él en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, Argentina.

El viaje para ellos comenzó como un sueño colectivo. Ese grupo de amigos, que se conocían de años atrás, se subió al bus rumbo a Argentina con un solo propósito: estar allí, vivir el momento y alentar al equipo. Era un viaje de hermandad, donde un bus lleno de hinchas de diferentes comunas de Santiago fue transformándose en algo más grande mientras se avanzaba hacia el sur. En este recorrido se compartieron historias y emociones. «Cuando estábamos en el bus, no sabíamos en verdad lo que nos esperaba. Sabíamos que ir a Córdoba no era solo por un partido de fútbol, era una promesa entre nosotros y el equipo”, recuerda.
Al cruzar la frontera, el paisaje empezó a cambiar y el cansancio era notable, debían hacer una parada. Mendoza los recibió con su aire seco, en donde la búsqueda por un bar donde tener un momento de relajo los cautivó. Allí entre las risas y anécdotas pasadas sobre partidos anteriores, recuerdos de niñez, se cruzaron con hinchas de Boca Juniors, también en aquel viaje. Al principio, la mirada de desconfianza era abrumadora, como siempre pasa entre hinchas rivales, pero con el rato eso fue desvaneciendo. El fútbol y la pasión de las barras unen a las personas. “Nos topamos con estos hinchas y al cruzar un par de palabras, nos entendimos perfectamente. Fue increíble, terminamos hasta cantando juntos, y aunque cada uno defendía a su equipo con el alma, el respeto y la buena onda flotaban en el aire. Nos conectó el amor por el fútbol y así estuvimos riéndonos y compartiendo cultura”, recuerda con una sonrisa, cómo si se encontrara aun festejando.

Finalmente, ya en Córdoba, la ciudad se llenaba de colores, la gente asombrada por los hinchas en este bus miraba entusiasmados y curiosos ante los cánticos de estos muchachos. “Se sintió como si estuviéramos en casa, estábamos representando a todos los que no pudieron asistir al viaje. Era una locura la emoción que sentíamos en ese momento, la felicidad de ver al equipo de tus amores en otro país es un acto de lealtad enorme”, comenta.

Así como Ignacio, también existen hinchas apasionados de los otros equipos de fútbol, pero quizás no con el mismo fanatismo, o un fanatismo distinto. Nicolás Lobos, de 25 años, quien se considera un hincha fiel a su equipo, y que «deja la vida” cada vez que los va a apoyar al estadio, fanatismo que dice, heredó de su papá, Héctor.

Ha ido a apoyar al equipo a varias ciudades del país. Cuando habla del club de sus amores se emociona, se ve en su mirada y en sus gestos. Pero aún tiene un sueño pendiente, quiere ir a ver a su equipo en otro país. «Llevo al Colo en el corazón y no me pierdo ni un partido. Tú te estarás preguntando por qué no viajo fuera del país si soy tan fanático, en netamente por un tema de plata, si la tuviera no me perdería ni uno”, se sincera Nicolás.

Diego García, profesor de la Universidad Alberto Hurtado del curso ‘La pelota no se mancha”, dice que el fenómeno de barras como identidad trasciende lo deportivo, se convierte en pertenencia y expresión cultural, principalmente en la desigualdad y falta de oportunidades. Hay veces que esta identidad tiene origen en el barrio, donde las personas buscan o hallan clubes de fútbol como forma de representar sus valores, luchas e historias.

Dentro de esa representación que se genera al ser parte de un club, están esas personas que sienten que no son considerados por la sociedad, y el ser parte de un “piño” les da el ser validado por sus pares dentro del ambiente futbolístico. Por eso, dentro de estas agrupaciones sienten que los entienden y escuchan sus compañeros de barra.

Y así lo recalca el académico, pues dice que las personas que están dentro de este ambiente necesitan aprobación, y que dentro de ellas no son excluidos y se sienten parte. “Son jóvenes que normalmente no tienen necesidad de acceder a roles más formales dentro de la sociedad, entonces empiezan a quedar en el margen y las barras bravas es una forma que ellos tienen para dar a conocer a la sociedad que ellos también existen, y que a través de las barras ellos son protagonistas”.
El contexto de barras se va convirtiendo en un refugio para los que no se sienten con un espacio tradicional de la sociedad. Los grupos no solo les ofrecen sentido de pertenencia, sino que muchas veces sirve como plataforma para expresar una identidad, reclamar visibilidad donde usualmente conviven en un ambiente que muchas veces los ignoran. La validación muchas veces que nace de estos pares les da una especie de familia alternativa.  García señala que las dinámicas reflejan la necesidad de ser notados o escuchados, incluso si este implica un rol marginal. Este fenómeno de las barras es también un signo de grito de protesta, una manera de construir una identidad en un mundo que parece indiferente.

Pero dentro de esta reflexión de sentido de pertenencia, Francisco de Ferrari, también profesor de la Universidad Alberto Hurtado y del mismo curso, señala un punto que definiría todo lo que explica, que sería una palabra por la cual estos grupos de personas se mueven en las barras, que es el “aguante”. Este lo define como la expresión con la que ellos definen su fanatismo, el aguante es algo que se demuestra como ellos dicen, “no arrugando”, donde también demuestran su hombría y que en general se definiría como alguien que le pone el pecho a las balas y no es cobarde.

La cultura barra brava

A lo largo de los años, la cultura de las barras bravas ha evolucionado desde la demostración de lealtad hacia el equipo a convertirse en rivalidades y actos de violencia, tanto física como simbólica. Un hincha de Colo Colo apodado ‘sombra’, el cual no revelaremos su nombre por seguridad, nos lleva a entender cómo las dinámicas de estas barras se han ido intensificando. Desde formas para marcar territorio en murales y postes hasta las redes sociales para enseñar los lienzos robados como forma de humillación hacia la barra rival. La violencia en la cultura barrista va más allá de confrontaciones a puño limpio, en un fenómeno donde artificios, armas blancas, pistolas y amenazas por redes sociales juegan un papel más importante.

Azul, blanco, rojo o negro son colores pintados en las paredes de los barrios de las comunas a lo largo del país y en puntos estratégicos como puentes o postes de luz, para dejar claro quién domina en esa área en particular. Estas pinturas no solo son simples colores, sino emblemas de las barras, mensajes de apoyo o escudos del equipo de fútbol. El mural o poste es signo de que esa zona en particular está dominada por un piño.

“En mi comuna, por ejemplo, los postes siempre están pintados de blanco y negro, el color de Colo Colo. Y si pasa algo con la U, ya saben, nosotros les tiramos pintura blanca y dejamos claro que el barrio es del Colo”, dice el barrista.

La práctica de “marcar” un territorio es una tradición de las barras bravas, que intentan sembrar terror y definir los límites de cada barrio. Es en ese momento donde surge la rivalidad entre las barras rivales, pero la disputa por los lienzos es quizás una de las formas más fuertes y dramáticas de esta guerra.

Los lienzos son un objeto bastante importante en las disputas, ya que no solo simboliza la presencia de la barra, sino el respeto y la lealtad al equipo. Cuando estos barristas deciden actuar en robar y dar vuelta un lienzo, no sólo están tomando una tela; están afirmando un dominio sobre la barra rival. Es una humillación pública. Principalmente estos actos eran en los estadios, a mano limpia en los estadios, cerca de los muros de las comunas, pero se han convertido en un acto bastante peligroso, documentado y publicado en redes sociales.

-Si te roban el lienzo o lo dan vuelta no es solo que perdiste, sino que te están humillando. La barra rival toma fotos de estos lienzos, lo enseñan, lo comparten y te lo restriegan en la cara. No se olvida algo así, te haces una reputación de débil y la única forma para deshacerte de eso es recuperarlo- dice  ‘sombra’.

Son estos actos de robos de lienzos que pueden llegar a la violencia extrema. Si la barra rival no cede, los enfrentamientos pueden ser fatales.
En ‘Facebook’ se pueden encontrar diversos perfiles creados, ya sea como perfil de “piño” o individual de cada barrista con un apodo asociado. Los perfiles cuentan con bastantes seguidores, desde los 500 hasta más de 1.000 seguidores, lo que origina a estos personajes en estas redes sociales que viralizan formas intimidación.
Dentro de sus publicaciones no solo comparten las emociones por las victorias deportivas, sino que han trasladado las luchas a esta red social, donde exhiben los rituales de los robos de lienzos. Este acto violento se realiza con fuerza física y con la intensificación en el uso de armas y amenazas en estos perfiles.
“Es normal ver este tipo de publicaciones de los piños, yo sigo algunos de ellos e incluso hay cosas que no se ven explícitas para todas las personas en el Facebook. Ahora todos los locos defienden los lienzos con tolas y cuchillas en las poblas, entonces al tomar foto de estos con las armas es señal para que tengan cuidado, de advertencia por si deciden venir a probar suerte”, dice ‘sombra’.

El principio del fin

Mientras la violencia en la calle se desataba en un edificio cercano, Ángeles Fuentes observaba todo desde su departamento. Como vecina del sector estaba acostumbrada al ajetreo de los días de partido: los gritos, las cánticos y las bocinas. A menudo, las noches de fútbol en el Monumental traían un espectáculo no sólo dentro del estadio sino algo que se desbordaba a la calles. Sin embargo, aquella noche, el ambiente parecía distinto.

Los gritos empezaron a aumentar en intensidad, primero fueron unas voces aisladas, luego una oleada que parecía crecer a cada segundo. Ángeles y su pareja dejaron todo lo que estaban haciendo en ese momento y se asomaron al balcón para ver que estaba pasando.

«Nosotros estábamos tranquilos en el departamento, preparando la comida, pero de repente los gritos nos hicieron parar todo. Eran tan fuertes que hasta se nos heló la sangre. Corrimos al balcón para cachar qué pasaba y ahí vimos todo», relató Ángeles, aún afectada por lo que presenció esa noche.
Lo que vieron desde el balcón fue un caos. En medio de las luces los gritos observaron una multitud enfurecida que avanzaba hacia el estadio, pero lo que más llamó su atención fue un hombre sin polera, que tambaleaba entre la multitud. Estaba a unos cien metros de su edificio y aún, desde esa distancia, se podía divisar que estaba mal herido. El torso desnudo brillaba bajo la luz de los postes, pero no era el sudor lo que le cubría, sino sangre. El hombre daba pasos erráticos, como si estuviera a punto de desmayarse. Se desvaneció unos segundos después.

«Se escuchó el golpe desde acá arriba. Lo más cuático es que la gente seguía pasando a su alrededor, pero nadie lo ayudaba. Solo unos pocos se quedaron, pero no fue para socorrerlo» recuerda Ángeles.
Ella y su pareja observaron cómo un grupo de personas se queda alrededor del hombre que está en el suelo. Pero lejos de prestarles ayuda continuaron agrediéndolo. Patadas, golpes, insultos. Los gritos de “¡Mátalo!” resonaban en la calle mezclándose con el sonido de los autos y los gritos de los vendedores ambulantes.

La escena se tornaba cada vez más desoladora. Una parte de la multitud atacaba sin piedad, mientras que por el otro lado, algunos miraban con temor o morbo.

-Esa imagen se me quedó grabada, ese hombre solo en el suelo mientras el resto se alejaba. Era como si no existiera para ellos- relata.

A medida que la violencia continuaba, Ángeles sentía que el tiempo se detenía.  Su pareja, en un intento desesperado por ayudar, tomó el teléfono y llamó a emergencias. Sin embargo, la línea parecía interminable.

«Llamé y llamé, pero no se escuchaba nada más que un tono y luego la espera interminable. ¡Era desesperante! Mirábamos desde la ventana y cada vez que venía un auto de Carabineros, nos llenábamos de esperanza, pero solo pasaban de largo, como si no hubiesen visto nada. Fue aterrador».
Los gritos de auxilio del hombre se tornaron más débiles, casi inaudibles, como si estuviera perdiendo la fuerza. La desesperación de ambos crecía cada vez más, para estar así por un largo periodo, pero de repente llegaron los Carabineros. Se acercaron al cuerpo del hombre y evaluaron la situación mientras que la multitud se dispersaba rápidamente. Le tomaron el pulso. A pesar de los esfuerzos, el hombre seguía tirado en el suelo. La ambulancia seguía sin aparecer y en un acto de urgencia, Carabineros lo subió al retén móvil.
La alerta del hecho no tardó en llegar a oídos de los hinchas del estadio. Alrededor de 200 personas de la garra blanca llegaron en masa al sector de la barra rival, en donde empezaron una guerra de gritos y a lanzarles fuegos artificiales.

Daniel, trabajador de Colo Colo y Liliana, una guardia de seguridad, vivieron momentos de terror en ese momento, mientras intentaban manejar la situación de la mejor manera dentro del recinto. La violencia se intensificó cada vez más, con cada grito y explosión de pirotecnia. Daniel recibió varios llamados de urgencia para que intentara calmar a sus compañeros y proteger las instalaciones. Por su parte Liliana sentía que en cualquier momento le iba a pasar algo. «Los gritos y explosiones me hacían sentir que estaba en una guerra y yo temí por mi vida”. A pesar de llevar años trabajando en el recinto, el nivel de agresividad de ese momento marcó un antes y después en su experiencia laboral.

René Mena, jefe de seguridad del Colo Colo fue contactado para este reportaje, pero declinó entregar declaraciones.

La estampida maldita

La tarde de ese jueves, afueras del Estadio Monumental, el ambiente era de nerviosismo y espera. Dos hinchas de Colo Colo -una joven de dieciocho años, un niño de doce- estaban en la entrada cuando una multitud empezó a empujar hacia las rejas. En segundos, las ganas de entrar de los hinchas se convirtió en estampida.

De ese día hay dos versiones. Uno habla de una avalancha. Cientos de cuerpos empujando hasta que una reja cede y los aplasta. Otro, aún más violento, sostiene que fue un carro lanza gases el que avanzó contra la multitud.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó una querella ante el 13º Juzgado de Garantía de Santiago. En su escrito, describe cómo el vehículo policial que, en línea recta, rompe las vallas blancas y atropella a las víctimas, dejándolas tiradas sobre el pavimento. No hubo auxilio. Y el hecho hizo recordar la violencia por parte de Carabineros hacia la población civil durante el estallido social.

Días previos al encuentro, las redes sociales empezaron a organizar un llamado para realizar el famoso ‘turbazo’, hecho que se pudo haber evitado por parte de las autoridades. Por las redes sociales de TikTok e Instagram, diversos jóvenes publicaban fotos con mensajes de incitación a realizar este acto.

Al ser consultado el Ministerio del Interior, encargado de la Ley de Estadio Seguro, sobre las medidas que tenían proyectadas para el presente año en temas de seguridad y control. Desde el ente mencionaron que estaban trabajando para mejorar algunos puntos para el 2025.

“En la actualidad estamos con un trabajo legislativo, relacionado con las reformas a la ley 19.327 de derechos y deberes en los espectáculos de fútbol profesional, delimitando de manera más precisa las responsabilidades y ámbitos de competencia de cada una de las entidades que organizan partidos de fútbol profesional entre las temáticas que se perfeccionan”, señalaron.

En las discusiones legislativas ya se había deslizado la posibilidad del peligro «el turbazo». Se sabía. Se había hablado de cómo operaban ciertos hinchas para irrumpir en los estadios. Y, aun así, durante los cinco meses posteriores a esas conversaciones, no hubo ninguna medida concreta. No hubo acciones para la seguridad de otros asistentes o para prevenir la tragedia que ya se anunciaba.

 ¿Quién debía responder? Fue la pregunta que quedo. Algunos acusaron a Colo Colo, por ser dueño de casa. Otros, a la institucionalidad. El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, se plantó frente a los micrófonos días después con una frase que buscó evadir toda responsabilidad: “Un problema que ocurrió afuera se trasladó para adentro. Nosotros nos hacemos responsables de lo que ocurra adentro, pero no nos podemos hacer responsables de lo que ocurra en la vía pública”.

Mylan Liempi tenía 12 años

Lo cierto es que la ayuda llegó tarde y fue otro dispositivo de Carabineros quien auxilió a los heridos que fueron trasladados a la Clínica Bupa. Allí se comprobó la tragedia.  Los muertos eran dos. Ahora se investiga el hecho como apremios ilegítimos, tratos crueles e inhumanos cometidos por agentes del Estado.

Horas después se conoció el nombre del niño que había fallecido en el lugar. Mylan Liempi era hincha de Colo Colo desde hacía poco. El club Alegría Macul, donde jugaba Mylan, lamentó su muerte con una foto en homenaje: «Con mucha pena en nuestros corazones. Te recordaremos siempre, querido Mylan. Un niño muy alegre, siempre con una sonrisa. Descansa en paz, pequeño angelito».

Lo ocurrido en el Estadio Monumental no solo evidenció las graves falencias en materia de seguridad, sino que también marcó un punto de inflexión en la política pública. La renuncia de Pamela Venegas, jefa del plan Estadio Seguro, fue el detonante para su cierre definitivo que evidenció las malas gestiones acumuladas a lo largo de estos años. Hoy la responsabilidad de la seguridad de los estadios recae directamente al Ministerio del Interior. Sin embargo, el futuro de la gestión de eventos deportivos en Chile sigue siendo incierto.

Por Antonia Pérez y Javiera Moreno

Era el jueves 11 de mayo de 2017, cerca de las diez de la noche. Las calles de ese sector en la Población Las Torres, en Cerrillos, guardaban la calma habitual de los barrios residenciales al poniente de Santiago. Pero esa noche, en los pasajes que cruzan el parque frente a la 34ª Comisaría Vista Alegre de Carabineros, algo rompió el silencio. Fue rápido, de apenas unos segundos: primero, el estruendo seco del motor de un auto que se detuvo de golpe; luego, el sonido apagado de un cuerpo que cayó al suelo; y entonces vinieron gritos, golpes, alaridos. Todo esto alertó a quienes estaban cerca del lugar.

Un hombre había sido atropellado. Los cinco sujetos que venían en el auto, después de arrollarlo, se bajaron y lo golpearon y apuñalaron una y otra y otra vez, sin siquiera importarles que hubiera vecinos pasando por allí. Daniela Pino, habitante del barrio, fue la primera en llegar.

“Yo estaba en la esquina con unas amigas. Lo primero que atiné fue a gritar que lo soltaran y que alguien lo ayudara. Al parecer, mis gritos los asustaron y lo dejaron a media calle tirado”, recuerda.

Se acercó al hombre, se arrodilló a su lado y lo sostuvo en brazos. Han pasado ocho años y aún guarda en su mente imágenes que no puede borrar: el cuerpo tendido en el suelo, la sangre que brotaba de esas heridas que se veían tan profundas para luego colarse por el pavimento, el silencio denso de los minutos posteriores, y el último suspiro de ese hombre desconocido que cayó muerto ahí mismo, en plena calle, sobre sus piernas.

“Vi que pasaba una tens y le pedí ayuda para intentar que el hombre no muriera. Le vendé todos los lugares en donde lo habían apuñalado y le hice RCP, pero lamentablemente nada de eso lo salvó”, cuenta Daniela.

Poco a poco, otros vecinos fueron saliendo de sus casas. Algunos miraban desde lejos, otros se acercaron sin saber muy bien qué hacer. La escena era irreal, algo completamente inusual para ese lugar específico. Pasaron minutos que parecieron horas, y cuando por fin llegó la ayuda de los servicios de emergencia, ya era tarde. Daniela cuenta que fue “uno de los momentos más angustiantes de mi vida”.

Hasta ese momento, hechos como ese parecían ajenos a la realidad del barrio: se habían visto robos, también algo de narcotráfico a pequeña escala, pero ¿asesinatos? No, eso no. ¡Si incluso tenían una unidad policial a menos de una cuadra! Por eso es que esa noche marcó un antes y un después tanto para Daniela como para toda su comunidad.

Carabineros atiende a un homicidio ocurrido en la vía pública.

María Teresa Jara, otra vecina del barrio, afirma a Puroperiodismo que desde ese día todos parecían salir con miedo de sus casas. “Fuimos muchos los que presenciamos la situación, y sin duda nos causó un trauma enorme, porque no nos sentíamos seguros ni saliendo a comprar el pan”, dice.

Difícil que no haya sido así, pues cuando los muertos de la violencia aparecen donde antes no se veían, todo cambia. El miedo, la inseguridad, la sensación de abandono y de desconfianza se esparcen y se meten en los hogares, en las plazas donde juegan los niños, en los locales donde se compra lo cotidiano y en las calles donde antes se compartía en comunidad. Y eso, en tiempos en que esa violencia avanza en intensidad y presencia territorial, se hace cada vez más común.

Los datos tras el avance de las muertes violentas

Seis años después, en marzo de 2023, pasó algo similar en el barrio Los Cardenales de la comuna de El Bosque: un cuerpo apareció entre los matorrales que bordean la cancha de fútbol del sector. El cadáver estaba tendido boca abajo, entre la basura y el pasto seco. Pero la escena parecía no ser lo suficientemente fuerte como para interrumpir la tarde. Los niños lo veían desde lejos, pero no dejaban de jugar. Nadie se alarmó, nadie gritó. La muerte, en este rincón del sur de Santiago, como en tantos otros del país, hace rato que dejó de sorprender.

En los últimos años, Chile ha experimentado una transformación en su panorama de seguridad. Según el último Informe Nacional de Víctimas de Homicidios Consumados en Chile, elaborado por la Subsecretaría de Prevención del Delito y el Ministerio Público, en 2024 se registraron 1.207 víctimas de homicidio a nivel nacional: más de 100 en promedio por mes, es decir, unos seis por cada 100.000 habitantes. Y si la cifra parece alta –lo es–, hay algo positivo en ella, pues representa una disminución de la tasa en 4,8%, si se compara con 2023.

Los datos del informe dan otras pistas sobre cómo evoluciona la violencia: en al menos la mitad de los casos se usan armas de fuego y, aunque vienen a la baja (en 2018 eran el 47,3%), el año pasado un 35,6% de los casos estuvo vinculado a grupos del crimen organizado. Y otra cosa que se mantiene: 6 de cada 10 víctimas de homicidio muere en la vía pública.

El dato general no refleja las realidades que se viven en las distintas regiones. Si bien a veces las cantidades de víctimas parecieran no ser tan altas, cuando se analizan las tasas para la comparabilidad de los territorios, surgen datos realmente preocupantes. Por ejemplo, en los últimos años, las regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá han llegado a tener tasas de hasta 17,5 y 13,5 personas asesinadas por cada 100 mil habitantes, respectivamente, muy por encima de los promedios nacionales y más cercanos a los datos de países como Guatemala y Paraguay (ver datos en Statista). En la Región de Aysén, si bien hubo tan solo 10 víctimas de homicidio en 2024, la tasa fue de 9,2. Eso sí, la Región Metropolitana (RM) sigue concentrando por lejos la mayor cantidad de homicidios consumados en el país, con el 45,7% de casos: 552 víctimas en 2024, seis menos que el año anterior.

El aumento de la violencia ha sido especialmente notorio en comunas del cinturón periférico de Santiago, como El Bosque, La Cisterna, La Granja, La Pintana o Lo Espejo, entre otras, que son consideradas “zonas de alto riesgo”. El Gobierno Regional Metropolitano afirmó en el marco de la Red de Observatorios para Delitos Violentos que el 34% de todos los homicidios de la RM se concentran en estas comunas, y el 60% de estos crímenes son cometidos con armas de fuego.

En los últimos meses, solo en Santiago se han registrado diversos casos de muertes violentas, como el cuerpo que se encontró en la cuesta Barriga, o de unos sujetos que siguieron a su víctima hasta el subterráneo de su edificio. A comienzos de marzo de este año, específicamente el jueves 6, hubo cuatro homicidios violentos en diferentes comunas; Ñuñoa, Recoleta, La Granja y San Bernardo. Y, lamentablemente, hechos como estos no son aislados, y en las noticias se muestran cada día. Los datos reafirman que los fines de semanas son cuando mayoritariamente ocurren estos asesinatos: se han llegado a contar hasta nueve homicidios en esos días.

En contraste, según datos del Centro de Estudios y Análisis del Delito (CEAD), comunas del sector oriente, como Las Condes, Lo Barnechea o Vitacura, presentan cifras significativamente más bajas de homicidios. Entre 2022 y 2024, Las Condes registró ocho, Lo Barnechea tres y Vitacura solo uno.

Esta disparidad en las cifras refleja lo que Santiago siempre ha sido: una ciudad fragmentada, donde la violencia se concentra en ciertos sectores, mientras otros permanecen relativamente ajenos a esta realidad, aunque el cerco cada vez se ha ido corriendo más. Y con ello, la percepción de inseguridad ha incrementado, afectando la calidad de vida de los habitantes y generando cambios en sus rutinas diarias.

Cuando la muerte irrumpe la tranquilidad

El director del Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile (CESC), Hugo Frühling, explica que cuando las personas sienten que corren un riesgo real de ser víctimas de un delito es cuando se “tienen consecuencias perceptibles, como el abandono de espacios públicos, renuencia a salir de noche, desconfianza interpersonal y modificación de conductas”.

La psicóloga clínica Javiera Sánchez explica que, al vivir una experiencia traumática, como la exposición a la muerte –directa o indirectamente–, pueden generar diversas consecuencias: desde malestar psicológico intenso hasta reacciones fisiológicas. “La percepción de seguridad podría verse alterada, siendo uno de los síntomas del estrés postraumático, trastorno que puede desarrollarse a partir de este tipo de experiencias. Predominan pensamientos o sentimientos angustiosos, miedo, culpa o rabia”, señala.

Además, advierte que el contexto social también se ve afectado: “La sintomatología descrita puede provocar una disminución en la participación de actividades comunitarias, lo que afecta el sentido de pertenencia y, en consecuencia, contribuye al deterioro del bienestar emocional colectivo”.

Algo que es clave en todo esto es la capacidad de respuesta de las instituciones encargadas de prestar asistencia: si no es oportuna ni eficiente, todo se agrava; la incertidumbre, la desesperanza, el miedo y la desconfianza. Así ocurrió con el asesinato en Cerrillos de mayo de 2017. “Estuve esperando una hora que llegaran Carabineros y la ambulancia, siendo que tenemos a menos de una cuadra ambos servicios”, recuerda Daniela, y afirma que esto la dejó a ella y a sus vecinos incluso más atemorizados. Se sintieron desvalidos, abandonados.

Imagen de una de las tantos homicidios ocurridos en Santiago en los últimos años.

Magaly Pérez vive a solo media cuadra de donde ocurrió ese homicidio y refuerza lo que Daniela: “¿Cómo no me voy a sentir insegura, si teniendo la comisaría acá al frente no son capaces de llegar a tiempo? Si pasara otro incidente de este tipo, ¿qué respuesta tendríamos?”.

Los días posteriores fueron peores para Daniela, ya que no dejaba de recibir amenazas. “Yo conocía a los que hicieron esto, entonces pensaron que yo le iba a decir a los ratis que habían sido ellos. No me dejaban tranquila, hasta que se dieron cuenta que no había dicho nada”, explica.

En la Población Las Torres, en Cerrillos, a pesar de ya haber pasado años de lo ocurrido, aún se habla de ese cuerpo que atropellaron, golpearon y apuñalaron en su calles. Pero en otros lugares, como en Los Cardenales El Bosque, ya nadie pregunta por los muertos, como quedó en evidencia con ese cuerpo que encontraron en los matorrales.

“Ya es normal encontrarlos por aquí”

Era un sábado o domingo por la mañana; Catalina –cuyo nombre completo no mencionaremos como medida de protección– no logra recordar muy bien el día que no pudo cruzar la calle para ir a comprar porque había cintas policiales que impedían el paso. Demarcaban un espacio cercano a la cancha vecinal de Los Cardenales donde ella vive, ya que el cuerpo de un hombre yacía sin vida en la calle. Los recolectores de basura fueron quienes se percataron en primer lugar de esta situación y los vecinos alertaron a las autoridades y al resto de la comunidad.

Quienes residen en aquel sector de la comuna de El Bosque dicen, tristemente, ya estar familiarizados con estas situaciones. Para ellos un muerto en la calle no es algo que les cambie la vida, ni mucho menos que esté en la conversación colectiva más de una semana. Pero este caso llamó particularmente la atención de los vecinos debido a los altos signos de violencia que presentaba el cadáver en la parte superior de su cuerpo. Al principio, cuando Carabineros llegó al lugar, detuvieron a una madre y a su hijo con síndrome de Down, ya que ella misma lo había acusado de ser responsable del homicidio.

Sin embargo, los investigadores concluyeron que las heridas que presentaba la víctima no podían haber sido provocadas por alguien sin conocimientos específicos, especialmente una profunda herida en el cuello que apuntaba a un asesinato planificado. Es decir, el joven acusado no tenía las capacidades para haber cometido el crimen. La persona encontrada muerta era pareja de una de las hijas de la mujer que denunció, y después se sabría que fue asesinado por un sicario que, en ese momento, era pareja de la madre.

“A mí no me afectó nada porque eso es algo que pasa siempre por acá. O sea, como que por acá siempre matan gente, entonces no es como tan raro (…) De hecho, hace como dos o tres meses atrás había una pelea entre dos familias y como que se mataban entre ellos, primero unos y luego los otros” comenta, ya acostumbrada, Catalina.

Esa reacción no es rara entre quienes se ven expuestos regularmente a este tipo de situaciones. La psicóloga Javiera Sánchez explica que “en el caso de aquellas personas que por diversos motivos deben estar expuestas a situaciones traumáticas de forma constante y/o a largo plazo, podría generar incluso un cambio de comportamiento, volviéndose más desconfiados, por lo tanto, híper vigilantes, estar en un constante estado de alerta, por miedo a que vuelva ocurrir una situación, comportamiento irritable”.

Catalina menciona que al lugar donde ella vive no entra Carabineros, a no ser que haya casos muy específicos, como fue en este, pues es considerado un “sector rojo”, donde constantemente ocurren robos, asesinatos, balaceras. Si no va la televisión a cubrir la noticia, pocos en el barrio le prestan mayor atención.

“Siempre he vivido aquí en el sector, en distintas casas de por aquí, y toda la vida ha sido peligroso. Un caso súper conocido es el de un cabro que era de situación de calle. O sea, él tenía su casa, pero andaba siempre en la calle, y lo encontraron muerto como en un potrero. Llegaron los pacos y no hicieron nada. También al compañero de colegio de una de mis primas lo mataron en su casa y tampoco hicieron nada”, afirma Catalina.

La costumbre de escuchar balas fuera de sus casas, saber cuándo las personas que viven en el sector andan arrancadas y las peleas constantes insensibilizaron a los vecinos. Si bien les gustaría poder tener una vida más tranquila, ya están acostumbrados a estas situaciones, como si eso de andar encontrando muertos en las calles fuera lo normal. Pero no por eso no hacen nada. Han optado por poner cámaras de seguridad en puntos estratégicos y cerrar sus pasajes con portones, y optar a las alarmas comunitarias con la idea de poder tener un poco más de control en su seguridad.

Esto se ve reflejado en lo que comenta el experto en seguridad Hugo Frühling: “Chile ha ensayado diversas intervenciones a nivel barrial en los últimos 20 años. Si bien ello ha llevado a inversiones interesantes, no existe a la fecha una rigurosa evaluación de impacto de esos programas puesto al día actual”.

Las historias de Cerrillos y El Bosque no son excepciones, y relatos y experiencias similares se pueden hallar en distintas zonas del país, ya no tan intermitentemente. Cada vez que sucede, es noticia, pero en algunos sectores pareciera que ya no lo es porque la violencia ya no irrumpe la rutina; es la rutina. Y la muerte que de allí surge deja de causar conmoción para convertirse en parte del paisaje cotidiano, como los portones cerrando pasajes o las cámaras en los postes.

Lo que vino después del 18 de octubre de 2019 es quizás el recuerdo más patente y fresco que queda hoy de lo violenta que puede llegar a ser la represión estatal a las manifestaciones ciudadanas. La respuesta de los agentes del Estado en las horas, días, semanas y meses que siguieron a ese estallido social que puso al país de cabeza, derivó en la comisión de violaciones generalizadas a los derechos humanos que diversos organismos nacionales e internacionales registraron, documentaron y acreditaron. Al menos seis personas murieron por acción directa de la represión policial, cientos de ojos terminaron lacerados, hubo miles de heridos y más de 3.000 querellas por uso excesivo de la fuerza. A cinco años del 18-O, ¿cuánto de eso ha cambiado?

Al parecer, no mucho. El último informe anual sobre Derechos Humanos en Chile que elabora la Universidad Diego Portales (UDP), es particularmente crítico respecto a ciertas prácticas de la actuación policial en el país, en especial sobre la regulación y los estándares internacionales para el uso de la fuerza en el control de manifestaciones, y los problemas de su aplicación en la realidad local. Los intentos legislativos para establecer una regulación clara sobre el uso de la fuerza por parte de agentes de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública, aún se discuten en el Congreso (ver proyecto de ley RUF) y son objeto de varias críticas de diversos sectores. Por otro lado, iniciativas como llamada Ley Naín-Retamal, han generado interpretaciones que permiten la legítima defensa privilegiada para funcionarios policiales en casos que incluyen el uso de fuerza letal. Esto ha provocado preocupación por su interpretación amplia y los posibles abusos asociados, que han incidido en una creciente impunidad para aquellos casos que la justicia se encontraba investigando.

Marta Cisterna, fundadora y coordinadora de la Comisión de Observadores de Derechos Humanos e integrante del directorio de la Fundación 1367, Casa Memoria José Domingo Cañas, ha monitoreado cerca de 280 marchas durante los últimos años. Y a su juicio, salvo unas pocas variantes, poco y nada ha cambiado.

En esta entrevista con Puroperiodismo, la activista se refiere a las deudas que aún persisten en cuanto a reparación y garantías de no repetición y a que las prácticas de represión que ya venían de mucho antes del 18-O, han seguido ocurriendo, con leves diferencias: 1) que ya no se ocupan los mismos balines de goma que dejaron a más de 300 personas con daño ocular y; 2) que las policías han encontrado una vía para seguir con “niveles de brutalidad que hoy son los mismos y a veces peores”, pero disminuyendo las detenciones, lo que sería “una forma de evadir la estadística”.

Marta Cisterna, fundadora y coordinadora de la Comisión de Observadores de Derechos Humanos.

“La diferencia está en que ahora casi no hay detenidos”

–¿Cómo describiría el estado actual de la violencia policial en Chile?

El estado actual de la violencia policial me parece que sigue exactamente igual. Comparativamente, estás preguntando con el estallido, ¿no?

–Exacto, sí.

Yo diría que la forma de proceder de los agentes del Estado sigue siendo la misma. Tal vez hay dos variantes. Una es que no están usando los perdigones que se usaron contra los manifestantes para el estallido social, pero todo el armamento menos letal que utiliza la policía chilena, que es una policía militarizada, se usa para generar daño. Y no acorde con lo que establecen los estándares de uso de la fuerza del marco de derechos humanos, que es internacional. Y la otra distinción es que en algún momento dentro de la violencia policial estaban las detenciones. Y tú podías por Ley de Transparencia solicitar información para poder ir viendo cómo se daba el tema del derecho a la manifestación. Podías contrastar eso con la información de transparencia para saber la cantidad de personas detenidas en contexto de manifestaciones.

–¿Y eso ya no se puede hacer?

Todavía se puede hacer, pero la diferencia está en que ahora casi no hay detenidos. Los niveles de brutalidad son los mismos y a veces peores, pero no hay detenciones o son muy mínimas. Entonces, nosotros acá postulamos que las policías encontraron la forma de evadir la estadística.

–¿Cómo es eso?

Simple. Hay personas que son llevadas, pero no queda registro, porque te llevan, te sacan la mugre, te golpean y te largan. Nunca pasaste por una comisaría o no ingresaste como persona detenida. Eso lo hemos verificado en el monitoreo que estamos haciendo en terreno.

Problemas estructurales

–¿Qué factores estructurales considera que alimentan esta violencia excesiva en el control de las manifestaciones?

Los factores estructurales tienen que ver con la no existencia de una regulación del uso de la fuerza por ley, que esté acorde con los estándares de derechos humanos. Lo que existe en Chile son protocolos elaborados por las mismas policías y no son leyes. Otro tema estructural importante es que las policías en Chile no tienen un reglamento. Debieran tenerlo, un reglamento normado por el Estado. Y un tercer elemento importante es que las policías siguen siendo formadas dentro de la lógica de la existencia de un enemigo interno al que hay que atacar. Es la misma lógica de la doctrina de seguridad nacional que se instaura en otros países a partir del inicio de todas las dictaduras en nuestra región.

–Si ocurre un problema por uso excesivo de la fuerza en una manifestación, ¿con quién denunciamos a estos agentes estatales, como carabineros?

Se debiera hacer una denuncia o ir a la misma institución. Eso pasa a una fiscalía especializada de los mismos Carabineros que tienen que investigar. Nuestra experiencia es que esa fiscalía no va a hacer mucho, pero ¿qué es lo importante y por qué pensamos que de todas formas hay que hacer esa denuncia? Porque esa denuncia queda en la estadística. Entonces, cuando después solicitas por transparencia la cantidad de denuncias que se han ingresado por violencia policial, ahí está la estadística. La otra instancia es directamente a la fiscalía, al Ministerio Público. Otra denuncia por violencia policial que, sí o sí se debe hacer es con la institucionalidad especializada en Derechos Humanos. Ellos están obligados a recibir esas denuncias. Y aquí estamos hablando del Instituto Nacional de Derechos Humanos, el INDH. Más allá de que ellos tienen un mandato que pueden litigar solo en casos de tortura, sí tienen que recibir estas denuncias y ver qué es lo que va a pasar ahí.

–¿Hay medidas de reparación a las personas dañadas?

Para que haya reparación, tienes que tener derecho a que se haga justicia. Tienes que tener derecho a que se establezca la verdad de los hechos. Si no ocurren estos dos elementos, por mucho que te den una indemnización, no se considera reparación, por eso hablamos de reparación integral. La reparación integral también considera que el Estado tiene la obligación de generar las condiciones para que ese ser humano que fue dañado por un agente del Estado, pueda acercarse con la ayuda del mismo Estado lo más posible a la condición en la que se encontraba antes de haber tenido el abuso por parte de un agente. No se repara solo a la persona, el Estado tiene que reparar a la sociedad en su conjunto, porque cuando un agente comete un crimen contra un ser humano, no lo está cometiendo solamente contra ese ser humano, lo está cometiendo con todos, porque se abre la puerta para que cualquier agente del Estado diga que eso lo puede hacer.

Imagen de carabineros golpeando a manifestante.

Control vs. resguardo

–Hay que reconocer que las manifestaciones, en muchos casos, son efectivamente focos de violencia y riesgo para la ciudadanía. ¿Qué métodos cree usted que podrían utilizar agentes estatales para no utilizar la fuerza pero igual mantener ‘controladas’ las manifestaciones?

Primero que todo, las manifestaciones no requieren ser controladas. Ese es el primer concepto. En Chile tenemos incorporado el concepto de “control”.

–¿Por qué no debe ser controlada?

Porque la manifestación es un derecho humano que necesita ser resguardado, no controlado. El concepto es resguardar que tú puedas hacer ejercicio del derecho. Entonces, el rol de los agentes del Estado es resguardar que tú, como ciudadana, puedas hacer ejercicio de ese derecho. No necesariamente implica que tengas que pedir autorización, aunque se pretende y se espera que uno avise por deferencia para que la ciudad pueda funcionar. Pero puede ser una manifestación espontánea. El rol de la fuerza pública, en este caso, es cautelar que la manifestación sea posible, o sea, hacer los desvíos de tránsito pertinentes para que la ciudad siga funcionando. Significa no confrontar a quien se está manifestando, mantener la distancia e ir sin armas.

–¿Pero si hay violencia?

Uno tiende a pensar, o la mayoría de la gente tiende a entender, que los carabineros están ahí como para estar en contra de quienes se manifiestan. Y eso no es así: el derecho a manifestación dice que el rol de los agentes del Estado es facilitar. En el caso de que la manifestación se torne violenta, esos agentes tienen que estar entrenados para identificar quiénes son las personas violentas, porque se sobreentiende que no es la masa violenta, sino que ellos tienen que sacar a los elementos que están generando, no sé, un saqueo, por ejemplo. Porque ellos tienen entrenamiento militar. No son un ser humano cualquiera. Entonces, si pensamos en cuál es el rol de las policías, tiene que ser el resguardo y la protección para que esa manifestación sea posible.

Por Laura Solís Palma y Sofía Vera García*

*Este reportaje fue realizado en el marco del curso Periodismo de Investigación de la carrera de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), impartido por el profesor Juan Pablo Figueroa.

“Yo siempre le decía: si escuchas balazos, tírate al suelo; si ves que alguien está peleando, corre, no te quedes mirando; si te pasa algo, yo me muero. Cuatro días antes de su muerte, ella me decía que no iba a pasar nada”.

Así recuerda Claudia Sánchez uno de los últimos consejos que le dio a su cuñada Mayra Castillo, una menor de 13 años que falleció a raíz de una balacera en Pedro Aguirre Cerda el 29 de diciembre de 2023, en vísperas de año nuevo. Mayra había salido de su casa para participar en la grabación de un video de música urbana que se realizaría en la emblemática Población La Victoria. La calle había sido “cerrada” por camionetas de los artistas, y los vecinos y su madre aseguran que habían cerca de 50 participantes en toda la producción del video: cámaras, maquillaje, cantantes, bailarines, seguridad y, entre ellos, Mayra, que participaba como extra.

De pronto, el sonido de las balas hizo evidente que el caos ya se había desatado en la intersección de las calles Eugenio Matte y Carlos Marx, a metros de donde se grababa el video. Toda la producción se detuvo. Quienes estaban allí, salieron corriendo con susto, buscando un refugio, un sitio seguro, pero no Mayra. A ella, una bala la alcanzó. Ese día hubo cuatro heridos y tres muertos, y este estos últimos estaba la adolescente. En las calles de Pedro Aguirre Cerda aún se exponen pancartas que dicen “Te recordamos Mayra”, y su madre, Esmeralda Santis, tiene en su hogar carteles con los que exige justicia para su hija.

Actualmente, el caso tiene en prisión preventiva a dos sospechosos, aunque la información por parte de la fiscalía es limitada por razones investigativas. Lo que sí se sabe es que Mayra fue solo una de los más de 140 niños, niñas y adolescentes (NNA) menores de edad que figuran desde 2022 en las bases de datos de defunciones del Departamento de Estadísticas de Información en Salud del Ministerio de Salud (DEIS), y que han fallecido por agresiones con armas cortantes o de fuego, dando cuenta de un escenario crítico para la seguridad de la infancia en Chile.

La situación es grave. De acuerdo con esos mismos datos, las muertes violentas con armas son la segunda causa de defunción más común entre los NNA, especialmente entre los adolescentes en Chile.

Existe una desigualdad de condiciones en los afectados de estas muertes violentas; los separan distintas comunas, distintas edades y distintos contextos socioeconómicos. Algunos solo estaban en el lugar incorrecto, en el momento equivocado; otros veían la calle y las luces nocturnas como una normalidad, como si nada pasara a su alrededor. A varios los buscaron especialmente para matarlos. Ciertamente existe un patrón de conducta en los niños que se encuentran en entornos violentos, ya sea porque viven del robo, son blanco de ajuste de cuentas o simplemente no pueden escapar de esta pesadilla.

Los datos demuestran que las cifras se mantienen en un mismo rango. Para este reportaje se analizaron dos tipos de muertes violentas identificadas en la base de datos de defunciones del DEIS (que se actualiza semanalmente): con armas de fuego (disparo directo e indirecto) y armas blancas (acuchillamiento). Los datos que allí se exponen concuerdan con los que entregó vía Ley de Transparencia la Policía de Investigaciones (PDI). Si bien la información estadística también fue solicitada a la Subsecretaría de Prevención del Delito, esa repartición denegó el acceso por supuestamente no poder revelar datos que comprometan la identidad de los afectados –lo cual no fue solicitado para esta investigación–, y actualmente hay un recurso ante el Consejo para la Transparencia para revertir esa decisión.

Si bien la información de la base de datos del DEIS puede llegar a cambiar, pues es información preliminar, es un buen indicador respecto de las distintas causas de muerte en Chile para cualquier tipo de población. Es ahí donde se logra encontrar que durante 2022 se registraron en el país unas 57 muertes de menores de edad debido a la acción de terceros y el uso de armas. En 2023, fueron 49 y, en lo que va de 2024, han fallecido 51 niños, niñas y adolescentes. Cabe recalcar que en estas cifras no se detalla el motivo intelectual de las muertes, por lo que también podrían clasificar como infanticidios, pero gracias a los datos otorgados por PDI a través de Ley de Transparencia sobre los homicidios de menores en la Región Metropolitana, se puede hacer un desglose más directo de las causas intelectuales.

Lo de Mayra fue pura mala suerte en un lugar donde esa mala suerte no resulta tan azarosa. Ni ella ni los jóvenes que protagonizaban el video musical ni quienes lo producían tenían vínculo o relación alguna con la balacera ocurrida, pero las balas yendo de lado a lado por la zona no son tan extrañas. Claudia Sánchez, la cuñada de Mayra, explica a Puroperiodismo que sospechan de un ajuste de cuentas entre bandas criminales del sector, posiblemente ligados a los otros dos adultos de nacionalidad colombiana que también fallecieron ese día.

Los detalles, en todo caso, no se saben. La Fiscalía Metropolitana Centro Norte mantiene aún este avance en secreto por seguridad de la familia y para mantener en cautela la búsqueda de los responsables. Mientras, las autoridades comunales de Pedro Aguirre Cerda han aportado con apoyo judicial y psicológico a su familia.

“La municipalidad me prestó un abogado. Usted sabe que en este tiempo, si no tenemos dinero, no tenemos nada, o sea, para tener un abogado hay que tener dinero y yo no lo tengo. Gracias a Dios, el alcalde me prestó un abogado”, dice la madre de Mayra.

El círculo de la violencia

Para poder comprobar si efectivamente las cifras de muertes violentas en menores han aumentado durante los últimos años, Puroperiodismo revisó y comparó los decesos por acción de armas que se presentan en la base de datos del DEIS, considerando los primeros semestres del 2022, 2023 y 2024. Como resultado pudimos concluir que los crímenes mantienen una similitud en su cantidad efectuada, lo que es bastante sorprendente, pues siempre el número es muy similar. Desde enero a junio ocurren entre 20 y 27 asesinatos de este tipo en menores por año.

Con respecto a estas cifras, nos preguntamos si existe una respuesta social o psicológica por la cual todos los años se presente la misma cantidad de muertes violentas y que no haya una disminución. Los niños que han sido víctimas de asesinato tienen la similitud que se encontraban viviendo en entornos vulnerables, ya sea por el sector geográfico que habitaban como poblaciones precarias o eran víctimas de violencia intrafamiliar. También si dentro de sus círculos cercanos existía alguna conexión con bandas armadas y/o negocios ilícitos.

Parece que la violencia suele ser lo normal en la vida de estos niños, es por eso que no se da la instancia de denuncia, porque no logran identificar cuándo están siendo vulnerados. Javiera Olguín Meza es trabajadora social y se desempeñó un tiempo en la Oficina de Protección de Derechos de Infancia (OPD) de la Municipalidad de Padre Hurtado. Allí se interiorizó en la vida de los menores de edad que sufren vulneraciones e identificó los patrones de conducta de esos niños y sus familias.

“Al insertar al niño dentro del programa y hacer el seguimiento, siempre se puede identificar cierto patrón en los núcleos familiares de quienes tratamos y, en estos casos, este patrón era la drogadicción. Muchas veces fue el narcotráfico y problemas con el alcohol. Esto siempre fue un patrón detonante que provocaba la violencia intrafamiliar. (…) Se notaba un patrón dentro de la violencia intrafamiliar en los casos que trataba la OPD. En la mayoría de estos casos, los padres seguían juntos a pesar del abuso físico, psicológico y económico. Esto provocaba que el niño naturalizara o más bien, creciera acostumbrado a este tipo de violencia”, explica la profesional.

Imagen referencial generada con IA

El azar mortal en las calles

Se podría esperar que en los entornos violentos, o rodeado de personas que andan en “malos pasos”, ocurran estos lamentables sucesos. No se justifican, pero comprendiendo los contextos y los factores en que estos se desarrollan, podrían no ser tan inesperados. Sin embargo, existen casos en los que se han visto afectados directamente menores de edad que no tienen ninguna relación con círculos de violencia.

En 2021, indignó a toda la comuna de La Pintana el caso de una niña de 2 años que fue herida gravemente a causa de una balacera. Evelyn Maturana solía vivir en aquella comuna entre los años 2020 y 2023, de donde se mudó por las pésimas condiciones de vida que ofrece un ambiente así para su pequeña hija. No fue su hija la herida aquella noche de feria navideña en la Población Santo Tomás, pero sí la hija de su amiga.

“Nadie quería decir quién fue porque entre todos se conocen y se cobran después. De hecho, sus hijas [refiriéndose a las de la mujer que era su amiga] ya venían creciendo con armas porque mataron a su tío de un disparo en la cabeza en su propio departamento”, relata.

Lo que Evelyn percibe no es solo una sensación, sino más bien un fenómeno social recurrente y ya instalado en estas zonas donde la violencia se ha transformado en el pan de cada día. Esto se viene reflejando desde hace años en distintas zonas de Santiago y el país, como han dado cuenta diversos trabajos periodísticos, entre ellos, la serie de investigaciones sobre las zonas ocupadas que ha desarrollado Ciper desde 2009, que muestran cómo la influencia del narco y el crimen organizado se ha ido adueñando del territorio que el Estado ha dejado de lado.

Quisimos consultar a aquellos que trabajan en fiscalía para dimensionar esta problemática, puesto que se esperaría que las denuncias proviniesen de aquellas comunas consideradas como “zona rojas” o conflictivas, pero el fiscal Alex Cortez, quien dirige al Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), explicó lo siguiente:

“Se da un poco la sensación, por la televisión y por los medios, de que hay un caos. El otro día yo estaba en La Victoria y decían que casi todos los días había balaceras, pero los vecinos ya no denuncian porque están cansados y se conocen entre ellos mismos.  La fiscalía puede hacer algo, pero eso corresponde a otras autoridades”.

Infancias atravesadas por la venganza

Los niños, niñas y adolescentes lamentablemente son utilizados como un medio para amenazar a otros. Es por esto que algunas muertes corresponden a ajustes de cuentas entre bandas, u otra índole de carácter vengativo. A través de la Ley de Transparencia, la PDI entregó una base de datos en donde indican la cantidad de casos, edad del menor, comuna donde se realizó el hecho, y el tipo de lesiones, pero vinculado exclusivamente a sucesos que hayan sido relacionados a enfrentamiento entre bandas y ajuste de cuentas.

Entre enero de 2021 y abril de 2024, se han comprobado 12 casos en que las víctimas menores de edad fueron elegidas como blanco de una venganza. Algunas de las categorías que la PDI ha podido identificar como motivación tras estas vendettas:

• Ajuste de cuentas, represalias por atropello de mascota
• Represalias debido a que el menor atacado había sido víctima de robo en el domicilio por el autor
• Conflictos con la banda
• Ajuste de cuentas
• Ajuste de cuentas por hermano mayor delincuente
• Ajuste de cuentas por no pago de deuda de padre de la víctima
• Otros

En situaciones críticas como esta, está claro que las infancias no se desarrollan con normalidad, o que podrían más tarde transformarse en delincuentes y sufrir la responsabilidad penal que conlleva cometer delitos después de los 18 años. La Defensoría de la Niñez, en su estudio Niños, niñas, adolescentes, víctimas de homicidio y armas de fuego, explica las consecuencias que desencadena en los menores enfrentarse en una sociedad en donde la violencia se ha vuelto algo permanente.

“Dentro de este contexto, en septiembre de 2023 el Observatorio de Derechos de la Defensoría de la Niñez publicó un análisis a los casos policiales ocurridos en establecimientos educacionales. Dentro de sus hallazgos, se identificó un aumento de 173% en los casos relativos al porte de armas de diferente tipo entre 2019 y 2022”, señala el documento.

A través de la extracción de datos de la Defensoría, el siguiente gráfico representa los fallecimientos desde el año 2000 a 2023 que corresponden a menores de edad a causa de armas de fuego, una gran amenaza para las infancias:

Un hallazgo relevante es que 2022 parece ser el año más crítico, registrando 49 muertes por armas de fuego en total. Sin embargo, resulta preocupante pensar que –de acuerdo con los datos del DEIS– estamos a octubre de 2024, el año aún no acaba, y las cifras que se registran ya superan ese número.

Otro dato importante que surge del documento a nivel nacional es el siguiente: “Al analizar los antecedentes por región, la tabla 2 nos muestra que, en términos de cantidad de niños, niñas y adolescentes fallecidos por armas de fuego, la Región Metropolitana encabeza la lista con un total de 58 defunciones por este motivo, seguido de Biobío con 14. Al analizar por tasa, la región de Tarapacá es la que tiene una mayor tasa con respecto a su población de todo el país, seguido de la Región del Biobío”.

Algunas verdades en secreto

Los medios de comunicación juegan un papel importante al presentar distintas noticias al público. Después de la pandemia, se ha hablado mucho sobre la delincuencia en el país y se expone que “está desatada”, que salir a la calle es demasiado peligroso y no se puede vivir en paz. Diversas encuestas de opinión pública dan cuenta de esa percepción en la ciudadanía. En el caso de las muertes violentas de menores, este tópico está descartado y solo son titulares sensacionalistas, pues los datos no dan cuenta de un aumento explosivo, sino de una igualmente preocupante tendencia que se mantiene.

Ahora, hablando de delincuencia en general y no solo de NNA, parece estar sucediendo lo mismo, cualquier persona puede buscar las comparaciones de cantidad de delitos años atrás versus el 2024 y se comprueba que incluso las muertes han disminuido y esto lo confirman estudios del Ministerio Público y datos consolidados de la Subsecretaría de Prevención del Delito. La tasa registrada en 2023 fue 6,3 víctimas de homicidios consumados cada 100 mil habitantes. Mientras que en 2022 la tasa fue de 6,7 víctimas cada 100 mil habitantes. Esto significa una disminución de 82 víctimas. De 1.330 registradas en 2022 a 1.248 víctimas registradas en 2023. Aún así, detrás de esos números hay personas que murieron por la violencia, y el balance sigue siendo más abultado de lo que era hace unos pocos años.

Lo que causa la sensación de inseguridad no es tanto la cantidad, sino que el tipo de delito que se está cometiendo. El fiscal Cortez comenta que “ahora tenemos una criminalidad distinta, en donde el tipo de delitos ya es distinto a lo que veíamos antes. Antes no veíamos descuartizados, no veníamos personas torturadas, no veíamos personas quemadas. Lo mataban directamente, ahora lo matan, pero dejan como el mensaje de ‘te puede pasar esto’”. Un fenómeno que no es nuevo y que un reportaje de La Tercera ya a comienzos de 2019 mostraba cómo el fenómeno del homicidio había mutado por las técnicas del crimen organizado.

“Yo creo que siempre hemos tenido esta delincuencia. O sea, si vamos al tipo de delitos que existen desde siempre, en términos numéricos más o menos se mantienen estables. La diferencia probablemente está en que alguna parte de los delitos que se cometen actualmente son mucho más fuertes para la población de lo que eran antes, y esto está principalmente relacionado con la irrupción de ciertas organizaciones criminales extranjeras y el tipo de delito que cometen”, agrega el fiscal.

La Victoria es una de las poblaciones con más casos de criminalidad en la Región Metropolitana y es importante conocer la versión de las mismas personas que viven ahí. Por eso es que nos contactamos con las parvularias que hacen clases en el Jardín “La Victoria”, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Tuvimos la oportunidad de hablar con la directora administrativa Rosani Lagos y la directora del área inicial Alicia Meneses. Ambas contaron sus sensaciones sobre cómo se vive en la población y la visión errada que tiene el resto del país a causa del sensacionalismo de los medios de comunicación.

Ella han tenido experiencia directa con la violencia: en 2022, justo afuera de sus muros se desató una balacera. La reacción de las parvularias fue cantar a los niños y niñas para distraerlos de los ruidos. La noticia se volvió viral en los medios y distintos periodistas acudieron a la zona a reportera. Estas son las apreciaciones de las directoras del jardín:

“Los medios y noticieros nos entrevistaron y nos hicieron sentir como que todo es terrible y malo. (…) En algunos medios actuaban como que quisieran que dijéramos que los niños hacían clases tras las rejas y con chalecos antibalas, cuando no es así. En estos sectores no pasan siempre cosas malas y queremos resaltar lo bueno que hace esta comunidad educativa. (…) La Victoria y Pedro Aguirre Cerda también tienen cosas lindas. Nosotras en el jardín hacemos lo mejor para los niños y se trabaja en comunidad con todos: el CESFAM, tías del aseo, educadoras, entre todos aportamos. Es muy dañino quedarse solo con lo negativo”, dice Lagos.

“Aquí nuestros niños son todos distintos, y nosotras partimos desde la base de que el tema valórico es super importante. Eso es en lo que creemos, nuestro proyecto está basado en el respeto, los derechos humanos, y en generar un ambiente para convivir. (…) El pilar fundamental, primero para todos los seres humanos, parte desde el amor, el amor al prójimo. No un amor al prójimo en el sentido cristiano, sino vivir en una sociedad que sea más justa, que sea más respetuosa, donde haya libertad”, añade Meneses.

Por Ailine Jodre y Rodrigo Díaz Raquelich

Comienza una nueva jornada. Son las 06:00 am del 20 de marzo y la única certeza es la incertidumbre. No es primera vez que iré a censar a un sector considerado “complicado” y este, en particular, no lo es tanto para mí, pues frecuentemente lo transito. Sí, es un lugar que tiene sus complejidades, donde la droga ha generado estragos y el Estado pareciera no poder acceder. Aquí, en Villa Las Hortencias, en San Bernardo, como en tantos otros sectores similares de Chile, es más fácil ser un soldado del narco que convertirse en alguien que sale adelante a pesar del contexto adverso.

Es lo que muchos servicios, tanto públicos como privados, catalogan como una zona roja, un barrio crítico, o bien, como se le conoce en la nomenclatura de quienes están a cargo de llevar a cabo el Censo de Población y Vivienda 2024, un Área de Levantamiento Focalizado (ALF). Así se definen en la resolución que emitió en febrero el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) para establecer las fechas de inicio del trabajo de campo:

Áreas de Levantamiento Focalizado: aquellas que pueden comprender una o más manzanas o áreas de levantamiento donde se prevé o se tenga conocimiento de la ocurrencia de hechos de violencia, amenazas, ataques armados o incendiarios, robos, asaltos o daño a la propiedad tanto pública como privada, o, en definitiva, circunstancias que pongan en riesgo la integridad física de los y las censistas que deban realizar labores de recolección en dichas áreas.

Hace unas semanas nos tocó censar en una de esas ALF: un conjunto de blocks ubicado en el sector de Padre Hurtado con Pirineos, también en la comuna de San Bernardo. Antes de ir, nos explicaron que, por las complejidades demográficas del lugar, debíamos abordarlo de una manera diferente a como se nos enseñó en la capacitación que nos dio el INE al comienzo del Censo. La primera diferencia es que sería algo así como una misión de choque, con muchos grupos de censistas dispuestos para ir a esos sitios en una sola jornada. La orden fue llamar a la vivienda, y si no sale ningún residente, dejar un papel con una invitación para realizar el Censo en línea de manera autónoma, con un código personal e intransferible, y salir rápido. Lo anterior contrasta con la práctica habitual, en la que se realizan dos visitas y, luego de no obtener respuestas, recién entonces se deja el código para que los habitantes puedan autocensarse en línea.

Eso sí, el cuadrante que abarca Padre Hurtado-Pirineos-Luis Uribe-Las Nieves no estaba categorizada oficialmente como una ALF, pero en la práctica sí lo es. Mis compañeros y yo conocemos el sector, y todos sabemos que en varios departamentos de esa zona trafican distintos tipos de drogas y que, cada cierto tiempo, en esas calles hay peleas entre bandas rivales. De hecho, nos tocó que un día, mientras censábamos, tanto mi grupo como otros que estaban cerca fuimos testigos de un gran operativo de la Policía de Investigaciones (PDI) en el que se allanaron unos 40 domicilios, se detuvo a unas 19 personas, se incautaron al menos 15 armas de fuego y se desbarataron bandas dedicadas al tráfico de drogas y de armas, además de estar vinculadas a diversos homicidios cometidos en la capital. Tuvimos que salir rápidamente del lugar y ser trasladados rápidamente en furgones dispuestos por el INE hasta el local censal.

Aunque el INE nos envió por correo un protocolo sobre cómo actuar en caso de situaciones complejas, como accidentes o ser víctima de algún delito, al salir a censar en lugares complicados existe una permanente incertidumbre sobre si uno volverá sano y salvo al hogar.

Casos han ocurrido. En marzo se supo que una censista en Rancagua sintió primero un estruendo y luego un dolor en su pierna: le habían disparado un balín de acero. A otra, en Lautaro, un hombre la obligó a punta de rifle a ingresar a su domicilio, donde luego abusó sexualmente de ella. En Independencia, hace poco asaltaron a uno con golpes de pistola y, como ha ocurrido en varios otros lugares, en Ovalle a otro censista le robaron a la fuerza su celular.

Lo anterior ha hecho que la relación que se forma entre censistas sea positiva y, casi, de amistad. Más allá de si uno busca o no este tipo de vínculos, es inevitable establecer lazos, y esos lazos se han ido expandiendo a censistas de otros lugares gracias a los grupos ad hoc que se crearon en Whatsapp. 

Fue así como conocí a Lucía, quien ha estado censando en el sector donde está la Población La Legua Emergencia, en la comuna de San Joaquín. Ella comenta que, a pesar de los resguardos que han tomado, se ha visto enfrentada a varias situaciones hostiles o incluso violentas, como ver un lanzazo (definido en el Diccionario de Americanismos como un “robo sorpresivo seguido de una huida veloz), o cuando a una compañera suya un hombre no le quiso contestar la encuesta y la agredió con un “pechazo”. 

Cae la noche

Ahora que cambió la hora, se ha vuelto más complejo censar en las tardes: oscurece más temprano y transitar por estas ALF se vuelve incluso más riesgoso. Lucía cuenta que en La Legua no pueden censar más allá de las 18:00, lo mismo que en el sector donde estoy censando por estos días, y ese criterio para este tipo de sectores resulta lógico: cayendo la oscuridad, reina la inseguridad.

Pero ese criterio no se sigue para todos los lugares, porque antes de acudir al sector donde entramos, estuvimos en uno que podría haber calificado perfectamente como ALF, pero no se definió así. Afortunadamente, nuestro coordinador de grupo fue criterioso y abordamos esa zona como si lo fuera: entramos y salimos de cada block todos juntos; parecíamos un  grupo de niños de jardín infantil, liderados por la parvularia. Más allá de lo irrisorio de la escena, era la manera más segura para el grupo.

Fue allí cuando, al finalizar la ronda en uno de los conjuntos de blocks, un grupo de jóvenes –que luego sabríamos que eran narcotraficantes–, nos miraban con atención y sospecha. El coordinador de nuestro grupo se acercó a hablar con ellos para explicarles que nosotros solamente estábamos censando, y que no nos interesaba nada más que cumplir nuestra labor. La explicación, al parecer, fue satisfactoria, porque al menos por ese rato se retiraron, aunque luego empezaron a aparecer consumidores habituales que se nos acercaban a quienes estábamos censando para preguntarnos si es que teníamos “algo” que venderles.

Vivencias como estas hacen reflexionar sobre cómo el narco se ha expandido hasta tomar el control de muchos sectores al interior de villas y poblaciones a lo largo del país, precisamente aquellos donde el Estado pareciera no estar ni satisfacer los requerimientos mínimos de sus habitantes. Ya en 2021, una investigación de CIPER identificó la existencia de al menos 174 sectores de ese tipo sólo en la Región Metropolitana, barrios donde el tráfico de drogas es visto por una importante parte de la población como una alternativa más que válida para la promoción social y su desarrollo económico, al punto de considerarlo un “trabajo”, tal como nos comentó una vecina, que nos recomendó que no fuéramos a censar a una torre determinada después del mediodía, porque llegaban personas de otros lugares de Santiago a “trabajar”.

Al consultar para este artículo en el INE sobre cómo se han estado abordando las situaciones de acoso, hostigamiento y/o violencia que han enfrentado censistas a lo largo de este proceso censal, declinaron a entregar respuestas y sólo nos remitieron al sitio web oficial del Censo 2024, a la sección de boletines, donde ni siquiera hay referencia alguna a ese tipo de situaciones, ni menos al catastro oficial de ALF identificadas para este proceso de levantamiento de información demográfica.

Sólo después de buscar por muchas páginas de internet, entre los papeles que nos entregaron en las capacitaciones del INE y tras consultar con diversas personas, dimos con el “Protocolo de Seguro Accidentes Personales”, cuya existencia era desconocida entre muchos censistas, incluyéndome.

En dicho documento se encuentra la información oficial con la explicación del Seguro de accidentes personales que contrató el INE, sobre la cobertura del mismo, un flujograma sobre cómo un o una censista debe de actuar en caso de accidente o de ser víctima de un asalto con robo de especies, como así también la cobertura de gastos médicos y sus respectivos reembolsos. Sin embargo, al leerlo detenidamente, no existe un protocolo con respecto a qué se tiene que hacer o cómo hay que actuar en caso de que se tenga que trabajar en un AFL.

Al ser consultado, para este artículo, Gustavo Cofré, presidente del Sindicato de Trabajadores de Honorarios del INE, me preguntó muy interesado si había ido a censar a un AFL e incluso si había tenido algún contacto cercano con narcotraficantes. También me comentó que el sindicato se mostró muy colaborativo con el Censo, aunque esta acción no sea recíproca y que evalúan realizar una denuncia mediática con respecto a la poca preocupación de la integridad física y psicológica del censista para generar más respeto a los trabajadores y se den cuenta que no son un número, sino que personas como cualquier otra.

Otros problemas en terreno

Como en todo trabajo, hay que detenerse en algún momento para almorzar, descansar y retomar fuerzas o, incluso, ir al baño, sin embargo, esto se ha transformado en un verdadero dolor de cabeza, ya que no siempre existe la coordinación para que exista un lugar cercano donde poder comer ni hacer las necesidades de manera digna, situación que se complejiza aún más en este tipo de zonas.

Ahí cobra mayor relevancia el rol del coordinador de grupo, la persona encargada de liderar a las cuadrillas de censistas en terreno y que tiene entre sus atribuciones velar por la integridad del grupo. 

En el caso de los baños, supuestamente habría una coordinación con las respectivas juntas de vecinos de los lugares donde trabajaríamos durante los cuatro meses que dura el proceso de recolección de datos de campo, pero no siempre ha ocurrido así. Varias veces nos hemos encontrado con sedes sociales cerradas y/o inhabilitadas para que pudiésemos hacer uso básico de ellas.

En un momento en que empiezan a cambiar las condiciones climáticas, con bajas en las temperaturas y el inicio de la temporada de lluvias, quedan dudas respecto de cómo se velará para garantizar tanto la seguridad como las condiciones mínimas que tendrán los censistas para realizar nuestra labor. A pesar de todo, tenemos la esperanza de que no nos pase nada malo, ni a mí ni a mis compañeros y compañeras, que ojalá podamos desarrollar nuestra tarea de la mejor forma posible para dar un buen cierre a este proceso que, a fin de cuentas, es de todos los chilenos y chilenas y que servirá no sólo para saber cuántos somos y cómo vivimos, sino que también para establecer bases que permitan la toma de decisiones en materia de políticas públicas que beneficien a la ciudadanía.

Javier Osuna es un periodista. Pero también es un ser humano que canta y escribe sobre las víctimas que han vivido, sufrido y sentido el conflicto armado colombiano. Pese a que ha sufrido atentados fallidos dice que no dejará el periodismo por miedo sino que por viejo.

Cada una de las líneas de “Me hablarás del fuego” es estremecedora y sumamente valiosa para la memoria colombiana. La mayoría de las veces se escucha el relato desde el perpetrador pero poco desde las voces que han estado ausentes. En su investigación relata la atrocidad cometida por los paramilitares en el Norte de Santander, a cargo de Jorge Iván Laverde Zapata, alias “El Iguano” —quien pronto recobrará su libertad—, quien dio la orden de construir los hornos crematorios de Juan Frío en el municipio de Villa del Rosario y en la finca Pacolandia.

Hay una palabra para hablar sobre estas víctimas. Una palabra problemática, indeseada: “desaparecidos”. Esta palabra, dice Javier, implica una profunda espera para sus familiares. “A lo largo de mi relación con sus familiares he aprendido una importante lección: en nuestro país, el uso del término implica casi una sentencia forense, de ley. El desaparecido, lamentablemente, es el muerto que aún no aparece, el que no ha sido localizado, el incómodo de la justicia”.

El desaparecido, aclara Javier, reúne algunas características: “No eligió su destino, fue suprimido por otros del paisaje de la vida. No está muerto, está ausente. Permanece vivo en la memoria de sus seres queridos. Ellos mantienen su habitación intacta, sus juguetes a salvo, sus deudas, sus anotaciones, sus cuadernos, su ropa, en fin, lo esperan. Pero lo esperan como se lo llevaron, no en un ataúd, no en una fosa común, no en cenizas”.

Según los testimonios dados por Iván Laverde a Javier, los hornos fueron creados por el rumor de que el Gaula (Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal) y el DAS (Departamento Administrativo de Seguridad) venían desde Bogotá para hacer allanamientos. Los hornos fueron una estrategia para que no se descubrieran las fosas de los paramilitares en Norte de Santander.

Hicieron una reunión con el grupo que residía en Villa del Rosario para saber qué harían con alrededor de 20 cuerpos que tenían. Entonces “El Diablo”, uno de los integrantes, informó que habían unas ladrilleras abandonadas que podrían ser utilizadas para quemar. La orden de Laverde fue que las organizara. Desenterraron los cuerpos y los incineraron. Eran cuatro paredes y un techo que cubrían un escabroso suceso: desaparición, cenizas y muerte.

Alrededor de 560 víctimas acabaron allí. Javier estuvo en contacto con esposas, hijos y padres. Cada vez que iba a los hornos le pedían que, si veía retazos de tela, las recogiera: eso les recordaba la ropa de sus familiares. Era un forma de realizar el duelo.

REPRESALIAS

Como consecuencia de esta investigación, Javier ha sufrido varias situaciones que han puesto en peligro su integridad. El 22 de agosto de 2014 ingresaron a su apartamento, ubicado en Bogotá, y quemaron su computador y todos los documentos que tenía o había escrito sobre los hornos.

Lo simbólico de la situación —usar el fuego como intimidación— le daba voz a sus autores. Fue un llamado al silencio. Osuna debió comenzar su libro tan solo con la información que reposaba en una USB que él daba como perdida. “Ahí se encontraban los insumos del penúltimo viaje a Norte de Santander, también muchas de las transcripciones que acompañan estas páginas, de las fotos que lo ilustran”, nos cuenta.

Tras este atentado, el 3 de septiembre de 2014 Javier escribió una carta que hizo pública a través Reporteros sin Fronteras, en la que explicaba su situación, pedía al Estado colombiano proteger a sus fuentes y hacía un llamado al reconocimiento del papel de los periodistas.

“Invito a la sociedad en general a valorar este oficio que, como yo, cientos de periodistas regionales realizan poniendo en riesgo su vida en contextos de violencia. No dejaré de hacer mi trabajo, como miles de personas en nuestro país, que soportan diariamente el flagelo de la violencia. Me siento profundamente orgulloso del camino que he trazado con mis manos, acompañado por la valentía de cientos de víctimas que siguen luchando por sus derechos en medio del conflicto”, escribió.

Tras la publicación de la carta una rápida reacción de la Unidad Nacional de Protección colombiana. Si normalmente tardan tres meses en fijar el esquema de seguridad para alguien que recibe amenazas, esta vez lo fijaron en tan solo uno.

El esquema de Javier empezó con un carro particular y un hombre de seguridad que lo acompaña hasta el día de hoy, aunque esto se ha ido reforzando. Uno de sus hombres de seguridad tuvo que ser cambiado luego de que Javier descubriera que tenía nexos con uno de los paramilitares de quien habla en su libro. Según él, esto es una muestra clara de la incapacidad que tiene el Estado para proteger a sus ciudadanos.

Jorge Iván Laverde Zapata está próximo a salir libre. Va a cumplir su pena con tan solo ocho años de privación de la libertad, puesto que se acogió al proceso de desmovilización de los paramilitares realizado en el Gobierno del expresidente Uribe. Esto permitió rebajar la pena principal de cuarenta años a ocho años.

Javier, por su parte, no se detiene. Prepara su siguiente libro, que extenderá la investigación de los hornos y permitirá conocer más de este macabro suceso de la historia de Colombia que aún no ha sido resuelto.

ESCUCHA LA CONVERSACIÓN COMPLETA CON JAVIER OSUNA

Fotos: El Martutino (cc)

Ayer mientras manejaba me enteraba de lo ocurrido en Valparaíso. Mi primer pensamiento ante las muertes de los estudiantes fue creer que los autores del crimen eran carabineros. Sin embargo, al sintonizar Cooperativa, en medio de la noticia en desarrollo, me entero de que el victimario sería un joven residente del edificio en donde los dos jóvenes asesinados pretendían pegar un lienzo con consignas referentes a la educación.

Hasta ese momento, el programa GPS —conducido por Soledad Onetto, Marco Silva y Paula Bravo— daba a conocer los pocos antecedentes que se tenían de la situación. Sin embargo, algo llamó mi atención: Silva comenzó a leer en vivo las publicaciones del perfil de Facebook del presunto autor de los disparos. Mientras leía, los locutores del programa radial aludían a la conectividad del mundo actual y la rapidez de las comunicaciones producto de las redes sociales.

De acuerdo. Todos sabemos que es así. Mas, ellos como comunicadores de un medio masivo y con alta credibilidad como la radio deben ser responsables por ese dato que se está entregando durante una cobertura en vivo y con tan poco tiempo para evaluar las decisiones editoriales al momento de ordenar el caos de la realidad.

Independiente de que yo, en mi fuero interno y como ciudadana que cree en una sociedad que debe rechazar la violencia, repudie los hechos, una de las labores de los periodistas y/o comunicadores sociales es disminuir la confusión y alivianar las pasiones de la audiencia y de la opinión pública, sobretodo en una situación como el crimen a sangre fría en contra de estos jóvenes.

Apenas oí el nombre del ahora imputado, y algunas de sus actividades publicadas en la red social, tuitié lo siguiente (por supuesto que sin ninguna esperanza de cambiar el mundo, pero con esa falsa tranquilidad que da la tuitósfera de creer que se ha dicho algo importante):

@SoledadOnetto ojo: es irresponsable dar a conocer perfil de Facebook del victimario. Puede generar reacciones violentas @Cooperativa

— Gianitsa (@Gianitsa) Mayo 14, 2015

Porque es verdad. Como medios de comunicación, existe una responsabilidad de reprimir la violencia, independiente de si la noticia es de la más brutal de las masacres. Y al publicar los datos de esta persona, sin una previa confirmación de que estos son fidedignos (perfiles falsos en las redes sociales hay por montones), se está animando —consciente o inconscientemente— a que un grupo de la población fune a este joven e incluso «tome la justicia por sus propias manos». Y al final el agresor —que hasta ese momento no estaba identificado totalmente por las autoridades— termina siendo la víctima; y los justicieros, probablemente con una orden de detención por agresiones.

Y de presunción de inocencia ni hablar. ¿Qué hubiera pasado si el perfil de Facebook que se estaba dando a conocer por Cooperativa, replicando lo que aparecía en Twitter, hubiera sido de una persona que no tenía nada qué ver con el hecho? ¿Quién le pide perdón a esa persona si es que sufre alguna represalia por ese error en la información? Nada ni nadie. Acá pasó colado, como se dice, porque era casi seguro —al menos desde los testimonios de quienes lo vieron disparar— de que se trataba del culpable.

El locutor radial dilapidó la posible duda que podíamos tener del asesino. Anticipó la labor de la justicia de declararlo culpable. Porque desde el minuto en el que todos nos enteramos de su Facebook, ya tenemos un culpable y el proceso posterior será pura formalidad.

No quiero parece naif, pero desde la vereda del periodismo quiero dignificar la profesión, revalorizar la importancia que tienen los medios como amplificadores de los valores de la comunidad, y sobreponer al análisis la responsabilidad de estos hechos de violencia como el ocurrido ayer.

El asesinato de Diego Guzmán y Exequiel Borbarán en Valparaíso es un hecho grave y doloroso. Pero también es nocivo caer en el juego de trollear a un otro —sea el hombre más malo o el más bueno del mundo— desde la tribuna de un medio de comunicación social que, como dice su nombre, está al servicio de todos. Y ese servicio no puede ser nunca exaltar la violencia.

Siria en el lente del argentino Rodrigo Abd, ganador del Pulitzer. Foto: AP, marzo de 2012

Magdalena Garrido, prensa TVN
@makigarrido
Por lo que a mí me toca cubrir, lamentablemente muchas guerras y catástrofes, tenemos la misión clara de no mostrar muertos ni sangre. Muchas veces un buen relato mezclado con imágenes impactantes (sin siquiera mostrar personas) puede ser tan impactante como la portada de La Segunda, que para mi gusto es puro morbo y absolutamente innecesaria, una muestra de puro sensacionalismo.

Rodrigo Alarcón, Canal 13
Como periodista internacional recibo mucho material de agencias que uno opta por no mostrar por evitar el morbo excesivo. Pero en el caso de un país donde se ataca a inocentes, a niños, a ancianos con armas químicas —del lado que sea— me parece necesario mostrar al menos en parte el horror de la guerra. La TV no transmite emociones, pero podemos hacer lo posible para que la gente logre «sentir» lo que sin esas imágenes serían sólo datos y números ajenos y fríos, que no tendrían ningún efecto en quien los conoce aquí, en Chile. La guerra es terrible, es dura, es cruel. También es morbosa, porque desde ambos bandos se espera causarle al otro el mayor daño posible. Y cuando mueren niños, gente dentro de su casa sin previo aviso, ¿qué podemos hacer nosotros desde lejos? Denunciarlo, mostrarlo. Decirle a quien nos ve o nos lee: «Mire, es un niño asfixiándose con gas. Sé que es feo, es horroroso. ¿Le provoca algo? ¿Le molesta? Qué bien. Esa es la idea.

Alejandro Tapia, La Tercera
@atapia2013
Siria vive una situación dramática. El ataque con armas químicas es el último de una serie de sangrientos episodios, que no han podido ser confirmados por fuentes realmente independientes. La exhibición de la imagen que muestra a un grupo de niños muertos sin duda revela una cruda realidad, probablemente la cara más espantosa de la guerra, pero estimo que en ocasiones no es completamente necesario mostrar una fotografía tan violenta para informar o contar una historia. Hay otras maneras para decir lo mismo. Hay agencias, como Reuters, que no exhiben este tipo de imagenes. Más aún cuando circula la versión de que esto podría ser una suerte de montaje. En el caso de Siria, es difícil saber qué es verdad y qué es mentira. Si en Chile hubiese sucedido algo similar, no imagino a algún medio escrito publicando ese tipo de imágenes en su portada. Aunque la verdad debe ir siempre por delante, también hay que considerar el criterio… Además, la foto de Siria que publica hoy La Tercera es un buen ejemplo de cómo se puede informar sobre lo mismo, sin necesariamente ser tan crudo.

Carlos Zárate, Canal 13
@CarlosZarateV
El problema de no visibilizar la violencia es convertirse en cómplice de ella, en una época globalizada de redes sociales y facilidades de información, las imágenes adquieren carácter definitivo, por eso es que más allá de que la violencia sea o no sea visible, ella está presente. El tema es, por qué debemos esconderla y cuáles son las salvaguardas éticas que debemos tomar para evitar truculencias. Por eso es que «visibilizar» la violencia es ahora tema, estamos viendo algo que no queríamos ver.

Cristián Arriagada, CNN Chile
@crarriagada
En mi opinión, el periodismo necesita de imágenes. El viejo refrán de «show, don t tell» encaja perfecto para la realidad que como periodistas estamos obligados de informar. El conflicto sirio genera noticias prácticamente todos los días, pero el público muchas veces parece mostrar poco interés. Resulta más «cómodo» para muchas personas escuchar que hay cientos de muertes en alguna parte, que ver la realidad por televisión. Eso último genera impotencia. Genera la necesidad de hacer algo. Y genera reuniones en la ONU.

Si revisamos las últimas «convocatorias urgentes», gran parte de los casos son motivados por dramáticos informes periodísticos. Es nuestro rol, que debemos asumirlo como tal. Dicho esto, la línea del morbo es fácil de ser cruzada y puede terminar desvirtuando la esencia. Se logra el mismo impacto, se cumple el mismo rol, y se producen las mismas reuniones urgentes, SIN mostrar los rostros de niños o adultos muertos, y sin que la imagen sea más protagonista del hecho.

Es un límite peligroso, que puede lograr el no deseado efecto de que la discusión se traslade a la ética periodística y no a la criminal.

La guerra debe ser televisada y no sólo contada. Para eso, nosotros tenemos una poderosa arma: nuestra selección editorial (bien lejos de la censura). Y en ella logramos la diferencia entre mostrar una imagen (lo necesario) y explotarla (lo morboso). Con eso, logramos que el centro de discusión se mantenga en Siria, en la ONU, y no es las salas de redacción.

Nancy Jara, Canal 13
@nancyjarav
Es complejo a veces filtrar imágenes cuando todo lo que llega es de un nivel muy violento, muchas veces me toca recoger material que no me gustaría que nadie viera. Pero en general esto se convierte siempre en un problema al momento de dar las noticias internacionales, porque para proyectar y acercar la realidad que se vive en Siria, por ejemplo, es imposible censurar todo. La clave está en tener el respeto y la conciencia ética de que desconocemos si el muerto que aparece en videos o fotografías estaría de acuerdo con que lo exhibieran mutilado, envenenado, o si aprobaría que se difundiera el video que captó su muerte. A mí me parece que una matanza no se puede esconder, pero tampoco podemos abusar y ahondar en el morbo mostrando cada una de las caras de los niños en este caso. La mayoría de los videos de Siria son de aficionados que precisamente quieren dar a conocer la terrible realidad que viven, por eso cuando no hay más opción que mostrar imágenes muy fuertes nunca está de más, todo lo contrario, advertir al espectador que el contenido es impactante y que puede herir su sensibilidad. En el caso de un diario, jamás debería ir en portada una imagen tan violenta. Finalmente, también vale la pena cuestionarse por qué cuando ocurre una masacre en Estados Unidos nunca llegan imágenes morbosas, pero cuando se trata de gente muerta en África o medio oriente no hay filtro. Ahí también debe pesar la ética de cada periodista y guardar el mismo respeto con cada persona.

Se trata de una acción conjunta inédita en México: más de 700 medios de comunicación, comunicadores y organizaciones sociales firmaron un documento que establece criterios para el tratamiento de la información relativa a la violencia del crimen organizado, con el objeto de proteger a periodistas y no infundir terror en la población.

El documento, sin embargo, no concitó un apoyo total en la industria de medios mexicana, pues MVS Multivisión; Grupo Reforma, el periódico La Jornada, la revista Proceso, el Diario de Yucatán y otros grupos radiales no se hicieron parte. Incluso, Proceso asegura que en un borrador del acuerdo existía un punto que llamaba a no olvidar el rol crítico de los medios frente a las acciones del Estado en la lucha contra el narcotráfico y los carteles, lo que finalmente no se incluyó en el texto final.

Ponemos a disposición de ustedes el acuerdo:

Medios mexicanos suscriben acuerdo para cobertura de la violencia

Hace diez años María Teresa Álvarez trabajaba en un colegio municipal. Estaba dando clases a un tercero básico cuando una alumna, la misma de siempre, se puso de pie y comenzó a correr por la sala preparándose para salir de ella cuando el resto de sus compañeros estaba en clases. Como era rutinario, la profesora salía a buscarla al pasillo y la tomaba de la mano para entrarla. Pero ella se resistía, le gritaba y la insultaba.

Un día, la alumna perdió el control y mientras se tiraba al suelo le lanzó patadas a la profesora lastimándole sus piernas. Fue el primero de los casos que protagonizó María Teresa. El año pasado, el episodio volvió a repetirse con una colega. Un alumno le quería pegar a una compañera, tomó unas tijeras puntiagudas y comenzaron a forcejar. Para evitar que se lastimaran, la profesora intercedió pero el alumno de sexto la empujó y cayó al suelo. Él comenzó a apretarle la mano con la tijera y la profesora se quejaba de dolor. Mientras María Teresa intentaba abrirle la mano para que soltara la tijera, el alumno aprovecho que tenía libre el resto de su cuerpo y la pateó fuertemente, dejándola nuevamente llena de moretones. Y su colega, que debido a repetidos episodios de maltrato decidió cambiarse de establecimiento educacional, se encuentra hoy en tratamiento psicológico y ha presentado durante el año más de tres licencias por depresión, sintiendo un gran rechazo por su trabajo. Todavía recuerda cómo el muchacho la insultaba y le gritaba “lo único que quiero es que te mueras”.

La violencia escolar no sólo ha aumentado con el maltrato entre los alumnos más conocido como bullying. Según las cifras entregadas por el Colegio de Profesores, su Departamento Jurídico actualmente recibe entre dos y tres denuncias semanales por maltrato a los profesores, más del doble de las contabilizadas el año pasado que alcanzó las 15 denuncias. Cantidad que los profesores creen que aumentará, pues durante los últimos tres meses de clases los alumnos y apoderados se vuelven más agresivos, principalmente porque se enfrentan a la situación académica que viven sus hijos y por el estrés acumulado durante el año.

Según las cifras entregadas por el Colegio de Profesores, su Departamento Jurídico actualmente recibe entre dos y tres denuncias semanales por maltrato a los profesores.

Para combatir esta situación, el pasado 15 de octubre durante la celebración del día del profesor, el ministro de Educación Joaquín Lavín anunció en el Colegio de Profesores una indicación a la Ley sobre Violencia Escolar más conocida como antibullying, que se espera esté aprobada antes del próximo inicio de clases. El párrafo agregado a la ley que ya fue enviado al Parlamento, establece las reprimendas a los alumnos que agredan a un profesor.

“Hay toda una escala que va desde amonestación, llamar al alumno, llamar al apoderado hasta suspensión de clases, no renovación de matrícula y expulsión inmediata. La sanción específica a aplicar, va a corresponder a los consejos escolares, según lo establece el proyecto de ley”, señaló el ministro. Además, agregó que el maltrato a un profesor no es un caso más de bullying, sino que tiene una especial gravedad ya que los profesores son la autoridad de la sala de clase.

Jaime Gajardo, el reelecto presidente del Colegio de Profesores, declaró que valora el anuncio del Ministro, pero que para erradicar de forma definitiva la violencia en las salas de clases, se deben generar políticas educacionales que prevengan y no sólo promuevan castigos y sanciones.

“Las acciones que se toman con los alumnos si no están acompañadas por una parte formativa y una campaña nacional sobre el respeto, son medidas de parche”, dijo Luis Madariaga, dirigente a cargo del departamento jurídico del Colegio de profesores. “Necesitamos un cambio de fondo que marque los principios valóricos que queremos entregarle a nuestros alumnos. La expulsión es la peor solución, deberían integrarse a otros establecimientos y aun así la conducta podría continuar”.

Esto no significa que hasta ahora los profesores estuvieran desprotegidos. Todos los establecimientos subvencionados deben contar y dar a conocer un reglamento interno que rija las relaciones entre el profesor, los alumnos, los padres y apoderados. En teoría se deben definir los pasos y sanciones a seguir en situaciones conflictivas. Sin embargo, en general esto no se cumple. Para combatir esta situación, una cláusula señala que para todo lo que no esté contemplado en el reglamento, se tomará un acuerdo en el consejo de profesores de cada colegio, una instancia de carácter consultivo integrado por el personal directivo, el técnico pedagógico y docente, en el cual se determinan entre otros aspectos, la situación de los alumnos conflictivos.

Aunque cada comunidad tiene el derecho a definir sus propias normas de convivencia de acuerdo a los valores expresados en su proyecto educativo, hay comunas en las cuales la corporación de educación municipal está definiendo lineamientos generales como es el caso de Maipú y Pudahuel. “Yo creo que tenemos un problema de criterios. Para un profesor puede ser una falta de respeto que los alumnos se paren sin pedir permiso y para otros no. Por lo tanto, no se trata de pedir que el Ministerio de Educación se haga cargo de estos temas conductuales, porque cada establecimiento tiene un proyecto educativo propio que se ajusta con la realidad de los alumnos, sino de acordar al menos en el colegio los límites en las relaciones”, dice María Teresa Avilés, directora del Colegio Vicente Reyes Palazuelos de Maipú.

En general los manuales de convivencia, más conocidos como reglamentos internos, no contemplan específicamente la sanción en caso de agresión; sin embargo, el profesor está protegido por la Ley 18.834, que en su artículo 84 señala que los funcionarios tendrán derecho a ser defendidos y a exigir que la institución a la que pertenezcan persiga la responsabilidad civil y criminal de las personas que atenten contra su vida o su integridad corporal, ya sea por el desempeño de sus funciones, o que los injurien o calumnien en cualquier forma.

“TE VOY A MATAR”

No era la primera vez que Manuel Sáez, profesor del Colegio Vicente Reyes de Maipú, escuchaba una amenaza tan explícita del alumno de séptimo, pero jamás se había sentido tan vulnerable. No le parecía bien que el mismo joven que antes había amenazado al profesor de enlaces y a él con esperarlo a la salida de clases y golpearlo, ahora quisiera causarle un daño aún menor.

El alumno había llegado al colegio el año anterior con problemas conductuales de los cuales se resaltaba la falta de respeto constante a los profesores y una amenaza con un cuchillo a un docente que detonó el cambio de establecimiento. Como la situación se estaba repitiendo, se le recomendó al apoderado —que al principio se negaba a aceptar la situación— que buscara un establecimiento especial para sus necesidades ya que el colegio, aunque contaba con apoyo psicológico, no estaba capacitado para responder de la manera necesaria por la alta demanda de estos servicios.

Sin embargo, el alumno quedó repitiendo. El colegio debió asumir la situación, y aceptarlo nuevamente para este año académico —pues como se asumió en la mesa de convivencia escolar realizada en 2001, se apoyó terminar con la expulsión o no renovación de matrícula por repitencia o mal rendimiento—, con un compromiso de cambio de conducta que nunca se cumplió. No entraba a clases, no escuchaba a los profesores y los amenazaba delante de todo el curso, conducta que sus compañeros comenzaron a imitar distrayéndose de las clases.

Terminando el primer semestre, el profesor decidió terminar con la situación y siguió el procedimiento habitual. En primer lugar, avisó de la situación a dirección. Pero los procedimientos se habían agotado. Habían citado innumerables veces al apoderado y éste había dejado de asistir. La suspensión también se había considerado y como la hoja de vida del alumno pesaba, el profesor consideró que era mejor prevenir y puso la denuncia en Carabineros, por lo cual el alumno fue detenido y trasladado a una Unidad de menores de carabineros, donde fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía y entregado a sus tutores legales. “La amenaza de muerte es un delito y los menores son responsables a los 14 años. Por lo tanto, se debe decretar medidas cautelares que protejan un bien mayor, como la vida de este profesor. Para ello se pretende sacar al agresor y disminuir el riesgo”, explica el carabinero que asumió el procedimiento.

Aunque la Fiscalía determinó que el alumno debía mantenerse alejado y se le prohibió acercarse por una semana al colegio —situación respaldada por el consejo de profesores del establecimiento—, la Corporación de Educación Municipal de Maipú (CODEDUC) determinó que el alumno debía continuar sus estudios, ya que el Estado debe asegurar la educación y generar políticas orientadas a disminuir la deserción escolar, mejorar la calidad y garantizar el respeto a los derechos de los estudiantes y sus familias en los establecimientos educacionales. Se acordó que el alumno asistiría todos los lunes para que una profesora le entregara pruebas y trabajos que él debe responder para aprobar el curso. Ella no ejerce como docente, pero es la única que ha accedido a recibirlo, pues varios docentes y auxiliares le temen al joven. Y aunque no han tenido problemas, sólo ha ido cuatro veces desde que hicieron el acuerdo y ha llegado incluso con olor a trago.

Se cree que el maltrato se da más en la educación pública. Según Luis Madariaga, dirigente a cargo del departamento jurídico del Colegio de profesores, esto se explica ‘porque es este sector donde se ha estigmatizado más al profesorado’.

Esta modalidad de trabajo se repite en varias comunas dado que la expulsión es considerada una medida extrema, excepcionalísima y última, legítima sólo cuando se comprueba que la situación implica un riesgo real y actual para algún miembro de la comunidad que finalmente en la práctica no se aplica.

Sin embargo, no siempre es el establecimiento el lugar donde el alumno retira el material educativo aunque continúe como el responsable de recopilarlo. A veces, las corporaciones municipales participan e incluso cuentan con profesionales para le brinden apoyo psicológico al alumno y al profesor. De esta manera, el alumno debería asistir semanalmente para ir al ritmo del resto de sus compañeros enfrentando con una gran desventaja, la falta de un profesional capacitado con el cual consultar sus dudas. “Hay un gran vacío, ¿quién ayuda al niño? Es necesario trabajar con él y buscar las causas de su violencia. Medidas represivas hay muchas pero es el colegio el que debe hacerse cargo de su educación. El niño está en su derecho a aprender a responsabilizarse de sí mismo y el aprendizaje esencial es a tener deberes. Cambiarlos de colegio es una mala medida, los estigmatiza y finalmente no son capaces de autoresponsabilizarse por sus hechos, terminarán pensando que si repiten su conducta los cambiarán de establecimiento y nada más pasará. Es un problema de fondo, una crisis de la sociedad donde los niños sólo son el reflejo de su entorno social donde ha tenido que aprender a expresar sus necesidades a través de la violencia. Estamos más preocupados por reprimirlos que por escuchar lo que hay detrás de estas manifestaciones”, dice José Latorre, psicólogo de la Usach y especialista en violencia, intervención social en crisis, mediación, promoción de cultura y buen trato.

¿A CERRAR LA BOCA?

En general los profesores se sienten desprotegidos y poco apoyados, incluso por la dirección del colegio. “Los alumnos no te respetan. Te hacen gestos, te empujan o simplemente no obedecen. Están rompiendo una planta y uno les dice que eso no hace. Es un constante desafío entre los profesores y los alumnos. Ellos están demasiado protegidos. En cambio el profesor como es el mayor y es supuestamente el que tiene el poder en la mano, suele ser acusado de abuso. Mientras los alumnos se burlan, te desafían, te escupen, te hacen desprecios, te empujan, se arrancan de la sala y te tiran el pelo cuando pasas entre ellos”, cuenta María Teresa Álvarez.

Cuando estas situaciones ocurren, el resto del curso se asusta y se queda callado. “Los alumnos pequeños son solidarios contigo, te preguntan si necesitas que vayan a buscar al inspector. Cuando son más grandes no se interesan, a veces incluso apoyan la conducta de su compañero”, dice Jessica Reyes, profesora de educación básica. Sin embargo, las clases deben continuar aunque generalmente los alumnos aprovechan la instancia y comienzan a comentar las agresiones de las que ellos han sido víctimas y se opta por un recreo. A veces, los profesores ni siquiera pueden tomarse una pausa para asimilar la situación. Y otros prefieren no hacerlo, por miedo y vergüenza. Donde la denuncia parece un procedimiento agotador que sólo revive la situación vivida sin solucionarla realmente. Hay una sensación generalizada de que simplemente se debe aceptar esta realidad como parte de la convivencia y que quejarse implica aceptar que el profesor no cumple con el perfil del colegio, en especial cuando son en sectores de riesgo, con problemas familiares —maltrato, violencia, abuso—, alumnos que están acostumbrados a un ambiente donde se trafica drogas y hay mucha delincuencia.

“Producto de una agresión se genera un temor y miedo permanente. Hay dos víctimas, el niño es una víctima de sus propias acciones violentas aunque sea el agresor y  el profesor es víctima de la  acción directa que ejerce el niño sobre él. Necesita mucho apoyo y contención. Sin embargo, los colegios no contemplan esta situación y los docentes se deben tratar en forma particular”, argumenta José Latorre, psicólogo de la Usach.

El presidente del Colegio de Profesores se refirió al maltrato sufrido por los profesores y declaró que la municipalidad de Pudahuel habría instruido a los directores a no denunciar estas situaciones. Sin embargo, los directores se reunieron y sacaron una declaración pública donde dan a conocer que están molestos con las declaraciones de Gajardo porque está usando estos temas de otra manera y que la situación no corresponde a la realidad de Pudahuel.

“Nosotros no hemos dado ningún instructivo a no denunciar, al contrario”, aclaró Ricardo Guzmán, director comunal de educación. “Estamos abiertos a denunciar cualquier abuso deshonesto. Tenemos un el equipo de apoyo escolar de la corporación, integrado por seis psicólogos y asistentes sociales con los que vemos la situación. Si la agresión es grave, se cautela el tema médico y psicológico y apoyamos las denuncias que el profesor tiene que hacer a la fiscalía. Sólo ha habido dos agresiones a profesores durante este año. Pero ninguna ha salido a la luz pública porque hemos resuelto los problemas. Nosotros no estamos por echarle tierra a los temas. Lo que hemos dicho es que hay que cuidar el tema. Creemos que los medios de comunicación no los resuelven, sirven para informar pero se trata de seguir los procedimientos establecidos por ley. Se va a estigmatizar un colegio y un alumno, lo que es muy distinto a que nosotros no queramos que la denuncia no se haga”.

Sin embargo, se debe reconocer que el número de las denuncias es menor a los casos de maltratos reales. Pues, como se ha señalado, son pocos los que deciden denunciar.

CONCENTRACIÓN DEL MALTRATO

Se cree que el maltrato se da más en la educación pública. Según Luis Madariaga, dirigente a cargo del departamento jurídico del Colegio de profesores, esto se explica “porque es este sector donde se ha estigmatizado más al profesorado. En la educación particular subvencionada seleccionan a los alumnos y el que le ha pegado a un profesor seguramente no va estudiar”.

Sin embargo, el maltrato a los profesores no es una realidad aislada de los establecimientos particulares subvencionados o particular pagado. Al contrario, está tan presente como en los colegios municipales. Por ejemplo, el Colegio Santa María de los Andes de Renca, particular subvencionado, ha tenido varios casos de maltrato. Aunque no todas las instancias se informan a la dirección, igual quedan consignadas en los libros de clases con anotaciones negativas o reuniones con los apoderados. Sin embargo, no se ha realizado ninguna denuncia aunque se han tomado medidas drásticas como las de sólo evaluar semanalmente a alumnos que han amenazado a los profesores, como ocurrió con una alumna de séptimo que llegó a mediados de semestre.

Pero el maltrato no sólo es psicológico. Un estudiante del mismo curso golpeó en la cara a una profesora cuando ella le insistió que bajara del mástil de la bandera porque se podía caer. Llamaron al apoderado y lo suspendieron, informándole que si la situación se repetía acudirían a carabineros. “Hemos tenido que tomar medidas porque además de las agresiones físicas y las descalificaciones influyen de mala manera en los alumnos”, cuenta Mónica Araya, directora del establecimiento.

No sólo de trata de maltrato y amenazas, también hay destrucción de la propiedad privada. Los profesores deben enfrentar y pagar de manera particular agresiones a sus vehículos, incluso cuando se identifica a los alumnos que les rompen los vidrios o los neumáticos.