Foto: Ministerio de Agricultura (cc)

Carta pública de El Dínamo (10 de noviembre de 2015). «No es parte de nuestra línea editorial informar ni cuestionar la vida privada de las personas y es por ello que consideramos un lamentable error haber publicado dichas fotografías , que ya fueron retiradas de la publicación. El interés del medio fue difundir el hecho discutible de un parlamentario realizando una actividad personal distinta a su trabajo en el hemiciclo».

Ceroni tras la filtración: “Es un ataque a algo que yo he conservado en la privacidad”. Entrevista en The Clinic (10 de noviembre de 2015). «Si existiera algún antecedente de que yo he cometido un delito, les encuentro toda la razón; si existieran antecedentes de que yo estoy chateando con menores, y cometiendo por ello un delito, les encontraría toda la razón, pero no es así».

Colegio de Periodistas cuestiona difusión de mensajes privados de diputado Guilermo Ceroni (10 de noviembre de 2015). «A la luz de las informaciones conocidas, si lo que se quería era relevar el uso de horarios de legislatura (interés público) para fines privados se podía haber mencionado que el mensaje era de carácter personal, sin necesidad de recurrir a la divulgación de su contenido».

Javiera Olivares: «Esto no es adecuado, no es una información de interés público» (10 de noviembre de 2015). «La falta ética, a nuestro juicio, responde a la reacción del medio de comunicación; es decir, de la definición editorial que toma un medio de publicar una comunicación que es de carácter privado».

Opinión de El Demócrata (10 de noviembre de 2015). «Los medios de comunicación debemos atender al interés público, al bien común —del que El Dínamo habla en su línea editorial— y no al morbo, al sensacionalismo, al clic que remueve lo más sórdido de cada persona».

Agrupación de la Prensa acreditada en el Congreso Nacional. Publicado en The Clinic (11 de noviembre de 2015). «La Agrupación de Prensa del Congreso Nacional no tiene atribuciones de censor de contenidos de ninguno de sus asociados, puesto que el ejercicio libre de la profesión periodística es un derecho inalienable que no pretendemos poner en cuestión bajo ninguna consideración. De dicha libertad cada profesional debe dar cuenta ante sus medios y si se requiere ante la justicia».

Los hombres se miden por sus actos y no por sus whatsappeos. Columna de Cristóbal Bellolio publicada en Las Últimas noticias (11 de noviembre de 2015). «El periodismo chileno, históricamente, ha entendido que jugar a escarbar en la dimensión familiar o sexual de los políticos rompe los códigos no escritos de la ética profesional. Este episodio quiebra esa tradición de respeto. Especialmente porque cuesta imaginar cuál puede ser el interés público comprometido en la nota».

Pedro Anguita: “El diputado es una persona pública, sus acciones están bajo un escrutinio más elevado”. Nota en Qué Pasa con el abogado y experto en derecho a la información (11 de noviembre de 2015). «Ser diputado es un privilegio, desde el tratamiento de un representante de la Cámara como en el Senado, de honorable, tienen privilegios, dietas y por tanto, sus vidas están sometidas a un escrutinio mucho más elevado que el resto de los ciudadanos».

¿Fue delito difundir los mensajes de chat del diputado Guillermo Ceroni? Nota en Publimetro con los abogados Gustavo Balmaceda, de la UNAB, y Marcelo Silva, de la U. San Sebastián (13 de noviembre de 2015). «El juez tendrá que ver si hubo interés público, tendrá que ponderar si el diputado estaba cometiendo algún delito o decir que el celular no es privado porque está en un lugar público y que como el hemiciclo era de libre acceso al publico, se puede captar y divulgar», dice Silva.

Sebastián Zárate sobre publicación de conversaciones de diputado Ceroni: “Fue sensacionalismo sin ninguna duda”. Entrevista en Radio UC con el profesor en derecho de la comunicación (13 de noviembre de 2015). “No se trata de censurar una imagen sino de simplemente discriminar la información (…) Aunque se hayan retirado, el daño ya se produjo”.

Pendeja inquisición. Columna del abogado Jorge Navarrete publicada en La Tercera (15 de noviembre de 2015). «No es el lugar, sino la naturaleza y contenido de lo que se comunica o dice, lo que finalmente dirime qué cuestiones eventualmente ameritan una intromisión en la vida privada de las personas en general y de los funcionarios públicos en particular».

Editorial de El Mercurio (15 de noviembre de 2015). «El caso que afectó al diputado Guillermo Ceroni vuelve la atención sobre la necesidad de dotar de sentido ético a las rutinas periodísticas —en una permanente labor de autorregulación—, muchas veces superadas por la ambición del golpe periodístico, o la premura e inmediatez que las tareas informativas demandan».

Foto: josemanuelerre

Aumentan en Facebook las publicaciones sobre embarazos, nacimientos, primeros dientes, cumpleaños, bautizos y primeros días de escuela. Tiene que ver con una etapa de la vida, pero cabe hacerse algunas preguntas, relacionadas sobre todo con la información que se comparte.

Las ecografías y anuncios de nacimiento son comunes, es fácil encontrar a padres orgullosos que tardan menos de cinco minutos en presentar a sus hijos recién nacidos a todos sus contactos de redes sociales. Hay, por el contrario, quienes se oponen a estas prácticas y consideran que, por ningún motivo, debe haber información sobre sus hijos e hijas en Internet. Al menos hasta que ellos o ellas decidan lo contrario.

¿Cómo y cuándo hacer público el embarazo? ¿Los niños quedan fuera de nuestra vida social si no hablamos de ellos en las redes? ¿Las fotos de niños en Facebook son propiedad de alguien, quién se hace responsable por ellas?

Judith Butler, en Dar cuenta de sí mismo (Amorrortu ediciones, 2005), argumenta que la identidad es una construcción colectiva que comienza con todas las historias que los padres cuentan de sus hijos, pues ellos mismos no tienen la capacidad de recordar lo que les ha ocurrido durante sus primeros años de vida. Si las propias identidades de los padres son registradas hoy en Facebook y otras redes, el paso lógico parece ser la incorporación de los niños y niñas a esa vida social, es decir, lo mismo que se ha hecho siempre, pero ahora broadcasted, transmitido para todo el mundo.

Ahora, ¿qué se comparte sobre el embarazo, el parto y la familia; cómo se comparte y para qué?

Un barrido inicial para buscar información sobre las mujeres/madres, lleva a videos como éste, donde una de ellas edita una secuencia de tres minutos de su embarazo, mostrando los cambios en su cuerpo y el crecimiento de su hija dentro del vientre hasta el nacimiento.

También existe gran cantidad de blogs donde madres llevan algo así como diarios de vida relacionados con su experiencia de embarazo o procesos de adopción y los primeros años de crianza (y los comercios relacionados atacan, claro…). Combinando esto con la publicación de fotos, videos y comentarios sobre los nacimientos en Facebook.

Los medios de comunicación usan constantemente estas prácticas de los padres en las redes, visibilizándolas aún más. El siguiente ejemplo del Washington Post es prueba de ello. Esta aparición normaliza este uso que aún es tema de discusión cotidiana entre los usuarios de la Red.

La publicación de contenidos que tienen como tema los procesos de embarazo, parto y familia buscan un reconocimiento rápido y la retribución afectiva mediante comentarios y likes en Facebook. Así también, la creación de perfiles de bebés en Facebook u otras redes, se relaciona con la capacidad narrativa del creador de la cuenta, quien elabora y alimenta el desarrollo de una identidad ficticia, un personaje. Las preguntas iniciales siguen siendo importantes: ¿hasta dónde es sensato compartir información visual sobre la familia en formación?

El análisis también lleva a la formulación de preguntas sobre los propios adultos: ¿qué necesitamos y para qué estamos usando a nuestros hijos? El deseo de expresión de creatividad y de relación con el entorno de los padres, en este caso, está reñido con el bienestar de los niños y niñas (bebés en la mayor parte de los casos), cuyas imágenes son compartidas abiertamente en las redes sociales, quedando a disposición de los contactos, sobre quienes ni padres ni amigos de padres tienen capacidad de acción, dejando vulnerables a sus propios niños, que no han decidido ser “personajes”.

Foto: missha

Hace unos días el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentenció que Google —el buscador de webs más popular del mundo— debía eliminar los enlaces a informaciones antiguas de una persona si esta acreditaba una vulneración a sus derechos y que los antecedentes carecían de relevancia.

El fallo produjo un amplio debate mundial sobre el conflicto producido entre la libertad de expresión y los derechos de personas que sienten lesionados sus derechos a la honra y a la vida privada en el universo digital.

El juicio que resolvió la Corte de Luxemburgo fue promovido por Mario Costeja, un ciudadano español que litigó por más de seis años contra Google. El caso se inició luego que el diario La Vanguardia de Cataluña informara en 1998 sobre una subasta de inmuebles practicada a Costeja por una deuda que tenía con la Seguridad Social de dicho país. A pesar de que el pleito se había resuelto, Costeja seguía apareciendo en el buscador. Lo resuelto por el tribunal europeo debería repercutir en los más de 200 casos similares que Google tiene pendiente con la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). En su mayoría son casos de ciudadanos que alguna vez cometieron una infracción que quedó registrada en archivos administrativos o judiciales, que publicó un medio de comunicación o un sitio electrónico, y que aspiran a que su nombre no siga apareciendo en grandes buscadores.

Un nuevo derecho que cautele tales intereses ha comenzado hace no mucho tiempo a configurarse: el “derecho al olvido”, que posibilitaría a los afectados impedir la difusión de información personal a través de Internet. Como puede advertirse, ha sido la misma eficiencia y utilidad de Google el causante de las acciones en su contra. Antiguamente los datos perjudiciales de las personas se leían en el día y luego pasaban únicamente a las escasas hemerotecas. En la era predigital, el pasado y presente duraba 24 horas. Llevamos más de 20 años acumulando información destinada a permanecer inalterada al parecer indefinidamente.

En nuestro país han sido muy escasas las acciones dirigidas contra Google. Los perjudicados han optado por deducir acciones de protección en ausencia de una autoridad protectora de datos.

Casi sin excepción, los recursos de protección en contra de Google han sido rechazados. El fundamento central ha sido que la información que revela Google no le es imputable al buscador sino a los sitios web donde se origina. También se suele acoger el argumento esgrimido por Google que declara la imposibilidad de eliminar la información aparecida en internet.

Hay un interesante caso en que fue acogida la acción de protección. Fue deducida por un ex fiscal regional de la V Región y no solo se dirigió contra Google sino que también contra varios sitios web de origen nacional. El abogado alegó que las páginas web “difundían  afirmaciones totalmente injuriosas  en contra de su persona, mi cónyuge, hijos y familia, publicaciones que ha [sic] su juicio vulneraban su derecho a la vida privada y honra y la de su familia”, pues se le imputaban la comisión de ilícitos contra los DD.HH. y actos de corrupción en el ejercicio del cargo de Fiscal Regional del Ministerio Público, entre otros. El ex fiscal advirtió por último, la existencia en la red de un blog denominado abogadoscorruptos con su nombre.

La Corte de Apelaciones, al acoger la acción constitucional hizo suya la presentación del abogado y afirmó:

En definitiva la Corte resolvió en contra de todos los administradores de los seis sitios de internet individualizados en la acción y ordenó que se eliminaran de las respectivas páginas web las informaciones injuriosas. Esto fue extensivo a las páginas web de la cuenta de correo correspondiente y a “blogspot”.

También se ordenó que el buscador “Google.cl” estableciera, computacionalmente, los filtros necesarios para evitar publicaciones que presenten inequívocamente carácter injurioso o de cualquier tipo y bajo cualquier circunstancia, siempre que incurra en una afectación constitucional como la que se mencionó.

La intimidad es entendida de manera diversas entre nuestro país, al que culturalmente es más cercano Europa, y Estados Unidos. Un caso como el que resolvió el Tribunal europeo en favor del ciudadano español, sería difícilmente amparable en Estados Unidos bajo la Primera Enmienda y la fuerte tradición judicial de dicho país en favor de la libertad de expresión.

En definitiva, tanto los casos planteados en Europa como en nuestro país, son pleitos difíciles de resolver. Hay algunos criterios que no han perdido vigencia en la actual sociedad digital que son la condición de la persona demandante y si la información tiene o no relevancia pública.

En el primer caso, un político, por ejemplo, no debiera tener mucha preocupación por algún conflicto judicial pasado, pues se difuminaría en el volumen de información sobre él que circula en internet. Al ciudadano sin figuración pública, por el contrario, que suele aparece solo con información lesiva en las primeras búsquedas, le preocupa mucho más.

Respecto a la relevancia, sin duda la magnitud de la infracción debería ser tenida en cuenta. Un crimen sanguinario, por ejemplo debería tener bastante menos posibilidades de ser eliminado de los buscadores, no solo por razones jurídicas, sino también la segura imposibilidad práctica de lograrlo. Para una mera infracción moral o un simple delito habría que tener tal vez mayor conmiseración

¿Qué debe pensar un periodista antes de hacer retuit? Para Craig Silverman —autor de Regret the Error— se trata de botones tan fáciles de presionar que a veces olvidamos que al hacerlo estamos amplificando con nuestro «sello de aprobación». La pregunta que un periodista debe hacerse es si el RT está aportando información o desinformación. También hay que tener precaución sobre la fiabilidad del contenido, especialmente con videos y fotos falsas. «Tener esa pausa extra antes de presionar el botón es definitivamente algo bueno», finaliza.

¿Cuánto debemos informar sobre la vida privada de una persona? «Siempre debemos pensar en las ramificaciones cuando contamos detalles sobre una persona —dice Bob Steele, profesor de ética de la Universidad DePauw—, pero no significa que debamos alejarnos de investigar esos detalles en el proceso de reporteo». La plataforma, agrega, no es determinante, pues los valores de resguardo de la dignidad son transversales. Para Steele la meta siempre debe ser minimizar el daño y actuar bajo fines periodísticos legítimos.

Ética en la hora de cierre: ¿cómo prepararse? Al Tompkins, del Instituto Poynter, cree que el tiempo —o la falta de tiempo— es enemigo del pensar reflexivo. «Y cuando estamos apurados tendemos a pensar en ‘sí’ y ‘no’, ‘hazlo’ o ‘no lo hagas’, ‘dilo» o ‘no lo digas'», agrega. Su recomendación es practicar la toma de decisiones y contar con protocolos de acción, pero sugiere hacerse otras preguntas que requieren de una pausa obligada: ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Qué otras alternativas hemos considerado más allá de ‘sí’ y ‘no’?.

Foto: El Mercurio

El 20 de marzo de 2014 la Corte Suprema anuló el fallo en contra de Chilevisión, por el cual se lo obligaba a indemnizar con $50 millones a la doctora María Luisa Cordero por el uso de cámaras ocultas en el programa “En la mira” del 2003. En dicha emisión se mostraba a la psiquiatra entregando licencias médicas falsas a las personas que visitaban su consulta.

Además de absolver al equipo periodístico de cualquier responsabilidad en pos del ejercicio de su profesión, el máximo tribunal arguyó que la querellante no presentó pruebas contundentes que afirmaran un daño a su honra.

Conversamos con Pedro Anguita, abogado especialista en derecho de la información y docente de la Escuela de Periodismo UAH, acerca de este revés judicial.

—¿Cómo se explica que en una primera instancia Chilevisión fuera condenado a indemnizar a la doctora Cordero con $50 millones, y luego se anulara la sentencia?
Tanto el 6to juzgado civil de Santiago como la Corte de Apelaciones habían acogido la demanda civil presentada por la Dra. Cordero. La Corte Suprema tuvo otro criterio, por lo que acogió el recurso de casación que interpuso la defensa del canal de televisión. Para la Corte Suprema la demandante no probó el daño moral, por el que había sido condenado el canal. Suele entenderse por daño moral el sufrimiento que padece una persona a consecuencia de un hecho ilegal. A veces nuestros tribunales han dicho que no se requieren pruebas, dado que se presume, y en otros casos, como el que comentamos, han declarado que sí debe hacerse. La doctora Cordero, a juicio de nuestro máximo tribunal, no acreditó que como consecuencia de la cámara oculta haya sufrido un dolor susceptible de ser reparado civilmente.

«La doctora Cordero, a juicio de nuestro máximo tribunal, no acreditó que como consecuencia de la cámara oculta haya sufrido un dolor susceptible de ser reparado civilmente», dice Anguita.

—¿Qué tipo de pruebas debiera haber presentado para comprobar que hubo un daño moral a su persona?
La prueba del daño moral suele acreditarse con testigos, los cuales declaran sobre el estado de perturbación, de dolor, que le provocó el acto ilícito. También puede aportarse la declaración de psicólogos, psiquiatras que acrediten diagnósticos de depresión u otras enfermedades mentales a consecuencia del hecho reprochado al demandado, en este caso un canal de televisión.

—¿Se justifica el uso de cámaras ocultas sólo por el bien mayor de la sociedad, pasando a llevar los derechos de las personas grabadas?
Como se trata de un procedimiento muy discutido, pues el periodista encubre su identidad haciéndose pasar por otra persona y sin advertir al filmado, no es un procedimiento honesto ni leal. Sin embargo, hay casos en los que no existe otra alternativa para obtener una información que es muy valiosa y con gran trascendencia social. Poder discernir en cuáles casos se justifica, es donde está el debate.

—En el Derecho comparado, ¿cómo suelen resolverse estas colisiones de derechos? 
No hay una tendencia uniforme, ni siquiera en cada país. Diría que este conflicto se resuelve según las variables y particularidades de cada caso, siendo una muy relevante: la justificación que dan los periodistas respecto al uso de este procedimiento discutible como es la cámara oculta.

—Has sido crítico del artículo 161-A que penaliza las situaciones de este tipo. ¿Ves en el corto o mediano plazo alguna posibilidad para reformularlo o derogarlo?
El gobierno de Sebastián Pinera envió el pasado 10 de marzo, al Congreso Nacional, un proyecto de reforma integral del código penal. Las nuevas autoridades comparten la idea de sustituir nuestro ya antiguo código penal. El proyecto enviado reforma tanto la protección penal de la vida privada como la honra. Podría ser la oportunidad para despenalizar la protección de la honra, eliminando los delitos de injurias y calumnias. Y también de una buena tipificación de la protección de la vida privada que, a mi juicio, debería seguir teniendo una protección punitiva. El debate legislativo será, estimo, largo. Espero que tengamos mejores normas que las actuales.

El tuit de Patricio Navia que comparó el caso Petraeus con la situación del Ministro de Transportes. Foto: Puroperiodismo

¿Qué tan fiable son las publicaciones que se realizan en las redes sociales? ¿Con qué criterios se suman estas “informaciones”  a las pautas noticiosas de los medios tradicionales? ¿Por qué un diario da espacio a un posteo que acusa al Ministro de Transportes de un supuesto hijo fuera del matrimonio?

Sobre esta acusación, tuiteada por el cientista político Patricio Navia, quien relacionó el caso de la relación extramarital del ex director de la CIA, David Petraus, con el de Pedro Pablo Errázuriz, se pueden extraer diferentes puntos de debate. Por un lado, el asunto sobre lo fidedigno que puede llegar a ser lo dicho en 140 caracteres –y sus infinitas consecuencias–, y por otro, el contenido mismo de lo publicado en Twitter.

Más que hacerse cargo de denuncias al voleo, es lo rápido que los medios asumen que las publicaciones en Twitter representan algo más importante de lo que realmente es. Si bien es una red social que ha ido ganando prominencia, no hay que olvidar que sigue siendo un medio de unos pocos (alrededor de 4,8 millones de usuarios en Chile), lo que impide hablar de “las grandes conmociones” que se provocan en ella.

Además, los tuiteos no pueden ser tomados a priori como información fidedigna. El periodista debe saber aplicar las misma reglas de reporteo que utiliza para verificar cualquier otra fuente noticiosa.

Al igual que muchas otras situaciones donde “arde Twitter”, podría asegurar que no existe una verificación de la fuente y de lo dicho por esta. Sino, no ocurrirían tantos errores a través de las redes sociales institucionales de los medios de comunicación.

Los tuiteos no pueden ser tomados a priori como información fidedigna. El periodista debe saber aplicar las misma reglas de reporteo que utiliza para verificar cualquier otra fuente noticiosa.

Un segundo punto de análisis sobre los tuits de Navia dicen relación con el contenido de lo denunciado. La nueva paternidad del Ministro –suponemos que con una mujer diferente a su esposa– se plantea como un asunto que repercute en su ética y manera de desempeñar su rol como titular de Transporte.

Y así es. Este ámbito de su vida privada es de interés público –quizás no es un grado máximo, pero lo es. Y esto dice relación con el tratamiento sobre la vida privada, por lo que hay que tener en cuenta ciertas consideraciones previas:

La vida privada no debería ser producto de información per se, ya que es, en palabras del Consejo de Ética de los medios, «el espacio y los objetos así como las conductas que cada persona necesita y desea mantener alejados de los ojos y oídos extraños. Se trata del núcleo de la vida personal, del recinto de expansión y verdadera libertad del sujeto, que éste no acepta compartir con nadie o que comparte con sus íntimos». Sin embargo, se puede informar sobre ésta con el debido consentimiento de la persona, además de que dicha información sea de relevancia pública.

Pero, ¿qué pasa si esa información tiene relevancia social, y no así la aprobación para ser publicada? Y eso sucede en el caso en cuestión.

¿Es relevante el supuesto “hijo ilegítimo” del ministro Pedro Pablo Errázuriz? Podemos sopesar argumentos.

¿Nos dará el consentimiento para hacerlo? Lo más probable es que no. Entonces, ¿cómo dilucidamos el asunto?

Basándonos en las excepciones para informar sobre aspectos de la vida privada de una persona sin su consentimiento, la relativa al Ministro se asocia a aquella que supone que el conocimiento público de aspectos privados de autoridades políticas, administrativas o judiciales pueda modificar el juicio que la ciudadanía tenga de dichas personalidades.

Y si bien, no afecta directamente su labor, es probable que de ser cierta la información sobre su nuevo retoño, es muy probable que la opinión sobre Pedro Pablo Errázuriz cambiará y se le exigirá mayor transparencia en su actuar. Al menos es lo mínimo que se espera de un alto funcionario público, que si es capaz de mentir en su ámbito familiar, porqué no habría de hacerlo en su trabajo en el ministerio.

Pero tampoco se pueden rasgar vestiduras así como así. Si bien la información tiene su cuota de preminencia para ser difundida, ningún periodista se ha encargado de verificar los dichos de Navia, y menos ir a confirmarla con la fuente principal. Entonces volvemos a la parte negativa que posiciona a las redes sociales como un espacio de conventilleo clásico, en vez de una herramienta para acceder a nuevos datos —la mayoría para ser desechados como futuros hechos noticiosos— que podrían convertirse en materia informativa. Mas, de nuevo Twitter se comporta como un bluff informativo, y los tuiteros como jugadores inexpertos que no saben cómo utilizar sus cartas.