Marcela Guevara tuvo un día ajetreado. El papeleo que debía revisar para esa semana se había acumulado y su abogado necesitaba el visto bueno para poder continuar. Su opinión era importante. Por eso decidió aplazar la entrevista que teníamos agendada para ese martes 4 de junio a las 19:00 hrs. Recién a las 20:30 hrs. pudo conectarse.

Tras el suicidio de su hijo José Matías de la Fuente en mayo de 2019, a causa del bullying transfóbico del que era víctima en su colegio, Marcela decidió dedicar su vida al activismo por los derechos de adolescentes transgénero para, así, aportar a que eso que le pasó a su hijo no le vuelva a ocurrir a nadie. Eso le significa estar corriendo entre distintos lugares, recibir constantemente llamadas sorpresa o solicitudes de entrevista. A pesar de esa constante vorágine, se hizo un tiempo para asistir a nuestra reunión.

Tras muchos problemas técnicos, por fin pudo explayarse en algunas de las respuestas que preparó para la entrevista y cuando su testimonio por fin llegaba a un clímax, algo la distrajo.

–¡No lo puedo creer! ¡Me está llamando el ministro de Educación, no lo puedo creer! –dijo eufórica.

–¡Conteste! –le respondo, mientras la pantalla se va a negro y el audio se corta.

Al volver, sigue muy entusiasmada y con los ojos llorosos dice:

–Tienes la primicia de esto, nadie se ha enterado aún.

Entonces revela que ese mismo día había estado leyendo la última revisión del nuevo proyecto de ley de Convivencia, buen Trato y bienestar en comunidades educativas, que había estado trabajando junto con su abogado y la Comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados. La llamada era para confirmar que, al día siguiente, el gobierno enviaría el proyecto para que sea discutido en el Congreso.

Este nuevo proyecto, en palabras de Marcela, tiene como base  , el mismo que ella había impulsado junto a la diputada Daniela Cicardini (PS) y que, en pocas palabras, proponía mayores herramientas para que los colegios pudieran enfrentar situaciones de bullying y, específicamente, obligar a las instituciones educativas a contar con personal capacitado para poder abordar situaciones de LGBT-fobia. La iniciativa, que lleva el nombre de su hijo, fue aprobada en la Cámara Baja el 15 de junio de 2022 –con 94 votos a favor, 22 en contra y 22 abstenciones–, pero hace más de un año que descansa en el Senado sin movimiento alguno. Por eso, este nuevo proyecto significó una segunda oportunidad.

Esta ha sido la rutina diaria de Marcela Guevara durante los últimos meses: llamadas, reuniones con autoridades, vocerías, entrevistas, pero, sobre todo, mucho trabajo del cual por fin podría ver frutos.

En mayo de 2019, tras el lamentable suicidio de su hijo a causa del acoso de sus pares y la negligencia del Colegio Sagrados Corazones de Copiapó, Marcela le pidió a José Matías que le diera toda su rabia a ella para transformarla en algo propositivo y encargarse de honrar su memoria. Días después, en una multitudinaria manifestación que convocaron los amigos del joven –a la que llegaron cerca de 2.000 personas–, Marcela, por primera vez, tomó conciencia de que lo sufrido por él no era un caso aislado.

“Se me acercó una señora que venía de Caldera, otros venían de Tierra Amarilla, por sus hijos. Entonces, yo dije, esto no es algo que nos ocurre solamente a nosotros”, recuerda.

En la misma manifestación, recibió una llamada a través de un representante de la diputada Cicardini. Marcela dice que jamás olvidará lo que le dijo:

–Solo espero ver estas condolencias materializadas en algún momento.

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), en el XXII Informe Anual de DDHH Diversidad Sexual y de Género 2023, que rescata información mediante denuncias recibidas por la misma institución, reportes policiales y la prensa, expone un aumento considerable en casos de discriminación. El alza fue de 52,6% en relación con lo registrado en 2022. Sin embargo, no existen datos específicos que dimensionen la realidad trans en los colegios.

Para efectos de este reportaje, Puroperiodismo realizó una solicitud vía Ley de Transparencia a la Superintendencia de Educación para obtener la cifra de denuncias por incumplimiento a la   que, hasta 2021, actuó como el único mecanismo de supervisión del cumplimiento de la Ley de Identidad de Género en los colegios. Hasta la fecha, no existe respuesta oficial, pero de igual forma, además del caso de José Matías, existen al menos otros ocho casos de transfobia en colegios que fueron denunciados por el Movilh y la ONG Organizando Trans Diversidades (OTD) entre 2017 y 2023.

Imágenes de José Matías que Marcela tiene en su casa.

José Matías

Marcela Guevara describe a José Matías como un niño alegre. Su identidad de género jamás fue un problema y recuerda, tiernamente, la primera vez que notó que “Jose” (así, sin tilde, como ella le llamaba) comenzaba a presentar más interés por usar ropa masculina. Fue una de las primeras señales que notó.

–No sé en qué momento ya no íbamos a la sección de mujer, íbamos a la de hombre. No era tema, no me molestaba; después, cuando se cortó el pelo, menos. Cuando cumplió 15 años, fuimos a una galería del centro a comprar una humita y unos suspensores, y a mí me pareció tan bonita esa idea –agregó.

Nunca existieron problemas con el Colegio Sagrados Corazones de Copiapó, o al menos no que se dieran cuenta. Marcela recuerda que siempre se sintieron cómodos en el establecimiento. Sin embargo, un día que acompañó a Jose y a sus dos hermanas a la puerta, notó que algo estaba mal. No le parecía raro que su hijo no quisiera entrar con ella al colegio; era un adolescente, necesitaba su espacio. Por lo que ese día de mayo de 2019, mientras se dirigían junto a sus dos hijas al acceso principal, como todos los días, Jose iba al menos 10 pasos adelantado a su madre. Una vez en la puerta, la inspectora la saluda y le dice “¡tan lindas las chiquititas y tan odiosa que es la grande!”.

Marcela quedó paralizada.

–Yo sentí que la vieja me disparó en la cabeza. Dejé a las niñas en el colegio y me devolví a pedir explicaciones. La directora me dijo que estaba loca, que prácticamente me había imaginado que la vieja me había dicho eso.

Ese fue el día en que ella comenzó a desconfiar.

El 23 de mayo de ese mismo año, Marcela se dirigió nuevamente al colegio a solicitar explicaciones. Sin embargo, tras varias horas de espera, nadie la atendió. Esa misma tarde, su hijo José Matías se quitaría la vida, tras dejar una carta en la que se leía la frase “liceo de mierda, me colapsó”.

–Yo nunca he dicho que ellos desearon la muerte de José Matías, pero sí la provocaron — declaró.

Tras el fallecimiento de su hijo, Marcela se dedicó a hacer una recolección de casos y comenzó a darse cuenta de que esto era un problema más grande. Por eso decidió comunicarse con Cicardini, quien ya antes le había expresado sus condolencias. Junto con su abogado, trabajaron en lo que hoy conocemos como el proyecto de Ley José Matías.

Estudiantes manifestándose por espacios libres de violencia de género. (FOTO: Tamara Silva, @taby.ph)

El 13 de noviembre de 2020, Cicardini y otras parlamentarias presentaron la moción que fue aprobada en la Cámara baja poco más de año y medio después. De ahí pasó a su segundo trámite legislativo en el Senado y allí quedó: además de las constantes urgencias presentadas por el Ejecutivo, no registra movimiento alguno.

La parlamentaria recuerda con cariño la conversación con Marcela y explica a Puroperiodismo su motivación para llevar este proyecto al Congreso: “Tenía absolutamente todo el sentido el involucrarnos con mucha emoción y compromiso, ponernos a disposición de Marcela y su lucha por resignificar la muerte de su hijo; unirnos a esa causa noble de evitarle más dolor y sufrimiento en el futuro a otros niños, niñas y adolescentes, y a otras madres”.

Un problema sistémico

El caso de José Matías no es aislado. En 2023, Renato Díaz Suazo (14) se quitó la vida a causa del acoso transfóbico que vivía en el Liceo de Anticipación Claudina Urrutia de Lavín, en Cauquenes. Los patrones son los mismos: su familia denunció que el colegio se negaba a cumplir la Resolución Exenta de Educación 0812, que actualmente regula la convivencia escolar y, entre muchas otras cosas,  exige que “las medidas tomadas por los establecimientos educacionales y los miembros de su comunidad materialicen o promuevan una mayor efectividad en la vigencia del principio de no discriminación”.

Respecto de lo sucedido con Renato, la OTD señaló en un comunicado que no solo existe un incumplimiento a esta resolución, sino que también existen faltas a la Ley de Identidad de Género y la Ley sobre la Garantía y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia.

A pesar del trágico desenlace de Renato, el Liceo de Anticipación Claudina Urrutia de Lavín decidió dar un último golpe a su memoria, extendiendo condolencias en un comunicado en el que se referían a él con un nombre que no era el suyo.

Casos como este son cada vez más frecuentes. En marzo de 2020, el Movilh denunció discriminación a una menor de 13 años en el Colegio Adventista de Copiapó. La madre de la menor declaró en TVN: “Me dijeron que lamentablemente no la podían aceptar en clases y que no iba a entrar porque estaba vestida de mujer” (ver nota).

En junio de 2022, el Juzgado de Familia de Villa Alemana ofició al Colegio Internado Alemán Villa Alemana, en la Región de Valparaíso, tras denuncias por violencia física y verbal sufridas por un alumno trans de 16 años, en relación a su orientación sexual e identidad de género, lo cual llevó a su madre a retirarlo del establecimiento. Al igual que con los dos anteriores, el abuso fue denunciado un año antes, sin embargo, no se tomaron medidas. Su madre declaró al Movilh que su hijo había expresado reiteradas veces miedo a ir al colegio y que se encontraba tomando medicamentos debido a las crisis de pánico que desarrolló tras las agresiones.

Un año antes, en 2018, esta vez en Coquimbo, una madre decidió sacar abruptamente a su hijo de 15 años del Colegio Español de Coquimbo, tras sufrir brutales situaciones de acoso por su identidad de género: un grupo de compañeros lo habría obligado a vestirse de mujer e incluso a usar maquillaje. Nuevamente, se denunciaron los abusos en 2017 y el colegio no tomó medidas. La madre afirma que tanto compañeros como funcionarios del colegio fomentaron hechos de discriminación que desataron en su hijo una profunda depresión.

Cuatro años antes, en 2013, la Municipalidad de San Esteban debió pagar una indemnización de $20 millones a la familia de un joven trans, quien junto a su hermana sufrieron reiterados actos de discriminación en el Colegio República de Brasil.

A pesar de ser un problema recurrente y extendido en el sistema educacional chileno, no hay datos oficiales sobre el fenómeno. Ya en 2017 la OTD había encendido alarmas por la falta de datos sobre la población trans, liberando el Informe de la Primera Encuesta Nacional Trans, en la cual, uno de los resultados más alarmantes fue que un 55,2% de los encuestados declaró haber tenido al menos un intento de suicidio en su vida y que un 83,6 % declaró que esto ocurrió entre los 11 y 18 años.

Grave: un 52,6% aumentaron los casos y denuncias por homo/transfobia en Chile. En el último año se registraron 1.597 atropellos a los derechos humanos de las personas LGBTIQ+, la cifra más alta de la historia. Detalles e Informe de DDHH completo aquí: https://t.co/hQoLCKVUSq pic.twitter.com/jmW3nSPAye

— Movilh Chile (@Movilh) March 20, 2024

Por otro lado, el XXII Informe Anual de DDHH Diversidad Sexual y de Género 2023 del Movilh  reveló que tan solo en 2023 hubo 1.597 casos o denuncias de discriminación a la comunidad LGBTI+, lo cual correspondería a la cifra más alta de la cual se tiene registro. Esto no deja de ser preocupante, sobre todo si tenemos en cuenta que el 62% de los casos registrados se dieron en ambientes educacionales y que la discriminación educacional aumentó un 19,2% desde el año anterior.

Casos como los anteriores son denunciados constantemente por organizaciones como el Movilh, Iguales y OTD, y todas comparten la misma conclusión: los protocolos, circulares, requerimientos o recursos legales no son suficientes.

Así lo confirma la OTD a Puroperiodismo, a través de su directora Ignacia Oyarzún: “Evidentemente, en la práctica, no se están cumpliendo las circulares. Aunque tengamos circulares, resoluciones y normativas sobre esta materia, sigue habiendo discriminaciones. Por tanto, es una muestra concreta de que la circular no es suficiente con respecto al avance de una ley”.

Oyarzún está al tanto del aumento de denuncias y es tajante en reconocer que la violencia transfóbica en los colegios ha existido desde siempre y, lamentablemente, no ha disminuido. Principalmente –dice– debido a dos factores cruciales: la falta de Educación Sexual Integral (ESI) y la ineficiencia de los reglamentos para aplicar las leyes antidiscriminación y de identidad de género.

La OTD es optimista con el avance este nuevo proyecto de ley y esperan que este hito, retome la discusión y de urgencia a legislaciones sobre Educación Sexual Integral que complementen la aplicación de la nueva Ley de Convivencia Escolar.

Un nuevo camino

Con el nuevo proyecto de ley en el Congreso y las constantes amenazas del Partido Republicano de aplicar la “reserva constitucional” para que el proyecto sea declarado inconstitucional, el camino es incierto y Marcela ha sentido en varias oportunidades que el sueño de brindarle a todos los padres y madres un lugar seguro para sus hijos en los colegios se ve cada vez más lejano.

¿Cuántos colegios harán la misma porquería? ¿En cuántos colegios les harán lo mismo a las familias? ¿Cuántas razones habrá para que los colegios se justifiquen por las porquerías que les hacen a los niños?”, se pregunta.

La circular N°768 es la normativa que debió proteger a José Matías. Este documento, en resumidas cuentas, entregaba los lineamientos básicos bajo los que se debía interpretar el cumplimiento de la Ley de Identidad de Género en los colegios. Sin embargo, la circular carecía de mayor precisión al momento de determinar quienes estaban sujetos a este requerimiento. Oyarzún es enfática en señalar que estas medidas siempre fueron ineficientes.

“Hay mucho desconocimiento por parte de establecimientos, docentes y personas involucradas con la educación. Así también se sienten en la libertad de no respetar estas normativas”, dice.

En 2021 se modificó esta circular, dando paso a la actual Resolución Exenta N°0812, que expande las responsabilidades de fomentar un ambiente libre de discriminación a toda la comunidad escolar, no solo a la administración. Además, entrega indicaciones más precisas para identificar y sancionar casos de discriminación a alumnos trans. Sin embargo, estas indicaciones no garantizan capacitaciones a la comunidad estudiantil y tampoco poseen la suficiente fuerza que tendría una ley de convivencia escolar.

“Una resolución o una circular son medidas administrativas que jamás van a tener el peso que tiene una ley. Una ley establecería una obligación a respetar la identidad de género y las distintas consideraciones particulares en este caso”, agrega la directora de OTD.

Bajo este panorama, los mecanismos de supervisión de cumplimiento de las leyes antidiscriminación y de identidad de género, si bien existen, en la práctica terminan por ser insuficientes. Para la abogada de DDHH, Karinna Fernández, específicamente en el caso de niños, niñas y adolescentes (NNA) y las personas trans, el derecho internacional extiende “garantías reforzadas” y, por tanto, el Estado tiene la obligación de garantizar, proteger y fiscalizar la correcta protección de sus derechos.

“Estos dos grupos de personas tienen salvaguardas superiores porque están en una situación especial de desventaja, donde los impactos son diferenciados. Si las personas están siendo vulneradas en sus derechos a la identidad, o están sufriendo ataques que involucran su integridad personal, ya sea física o psicológica, el Estado tiene siempre la obligación de proteger”, explica la abogada.

El 6 de junio el gobierno ingresó al Congreso el proyecto de Ley de Convivencia, Buen Trato y Bienestar de las comunidades educativas, cuyas bases se encuentran en el proyecto de ley José Matías. Según el mensaje presentado por el presidente Gabriel Boric a la Cámara de Diputadas y Diputados, el proyecto:

“Propone una educación que reconoce en los procesos cotidianos y en las relaciones interpersonales, una oportunidad para el desarrollo de habilidades sociales y cívicas, en donde se inculquen los principios de la democracia, promoviendo una paz sostenible y duradera, a través de la construcción de las condiciones que garanticen el pleno ejercicio de los derechos de niños, niñas y estudiantes durante su formación y de aquellas personas que contribuyen y acompañan sus procesos de aprendizajes”.

Marcela Guevara junto a su hijo José Matías De la Fuente.

El texto reconoce las “contradicciones y diversidad” de la convivencia, y evidencia que los esfuerzos legislativos anteriores han sido insuficientes en casos como el de José Matías. Esto debido a que solo se limitan a entregar herramientas para la resolución de un conflicto y no dan importancia a los elementos pedagógicos o sociales que pueden llegar a ser la raíz de un problema de convivencia escolar.

Marcela confirma esto a través de su experiencia: “¿A qué colegio le interesa cumplir la normativa si después va a dar un par de excusas, hace un par de arreglitos en el protocolo y listo? El problema es que acá quedó un niño muerto”.

El proyecto tiene seis objetivos, de los que dos serán claves en la discusión parlamentaria. En primer lugar, busca entregar mayores lineamientos al sistema educativo, pero más importante aún, trata de “determinar la responsabilidad de los sostenedores y establecimientos educacionales en la prevención y actuación sobre los hechos constitutivos de acoso, violencia y/o discriminación en contra de cualquier integrante de la comunidad, estableciendo nuevos deberes y sanciones”, lo cual le entregaría herramientas a los apoderados para exigir que el colegio se responsabilice por las denuncias de discriminación, tanto entre estudiantes, como desde los mismos funcionarios o profesores.

La diputada Emilia Schneider (CS), miembro de la bancada disidente de la Cámara de Diputadas y Diputados y actual presidenta de la Comisión de Educación, fue una de las primeras en apoyar el proyecto e hizo especial énfasis en la necesidad de tramitar la nueva Ley de Convivencia.

“Este es un proyecto que recoge otras aristas muy importantes, se constituye como un marco general de convivencia educativa y eso es algo que nos falta en Chile. Las escuelas necesitan herramientas para combatir la violencia, para resolver los conflictos de forma pacífica, dialogada y no de forma violenta”, dijo Schneider.

La parlamentaria agregó que, si bien existen acuerdos, aún existen puntos que habrá que “empujar” para lograr la aprobación de la nueva ley. Recordó especialmente el proceso de tramitación de la Ley José Matías y su estancamiento en el Senado.

“Estábamos en otro contexto político, hoy la derecha se ha radicalizado, se ha vuelto más ultraconservadora. En ese momento teníamos un viento más favorable para avanzar, espero que eso no entre en este nuevo proyecto”, finalizó.

El proyecto ya está siendo discutido en la Cámara. Ya fue objeto de indicaciones por parte del Ejecutivo (ver indicaciones), ya pasó por la Comisión de Educación (ver informe) y ahora está en manos de la Comisión de Hacienda.

El 24 de septiembre, Marcela Guevara agradeció al presidente Boric por anunciar que al proyecto de Ley de Convivencia, Buen Trato y Bienestar de las comunidades educativas se le otorgó suma urgencia para legislar, tratando de acelerar con ello su avance. Aún falta un largo tramo para que esto se convierta en ley de la República y, aunque Marcela lo sabe, volvió a tener esperanzas de que esta iniciativa se pueda llegar a materializar, y está ansiosa por recibir esa llamada que tanto ha esperado, esa en la que le digan que por fin ya ocurrió.

Este lunes 26 de agosto, se presentó en la Biblioteca Santiago Severín, en Valparaíso, la primera fase del proyecto de reconstrucción de la memoria histórica del Sindicato Afrodita, una iniciativa en la que han trabajado en conjunto investigadorxs, periodistas y socias del mismo sindicato para organizar entrevistas y documentar las memorias de las integrantes más antiguas de la organización, uno de los sindicatos de trabajadoras sexuales trans más antiguos de Chile. En total, esta primera entrega recopila 10 testimonios que ya se encuentran disponibles en el sitio web que el Sindicato Afrodita desarrolló especialmente para albergar el proyecto y que fue también lanzado este lunes. El evento contó con la presencia del alcalde porteño, Jorge Sharp, quien ratificó su apoyo al sindicato y destacó los esfuerzos alcanzados en conjunto con la comunidad transgénero en la ciudad puerto.

Si bien el Sindicato Afrodita de Valparaíso tiene poco más de 20 años de funcionamiento –desde su fundación en 2002–, la mayoría de sus integrantes son adultas mayores que ejercieron o aún ejercen el trabajo sexual desde la década de los ‘70. Por lo tanto, su historia tanto individual como colectiva viene de mucho antes, y son precisamente los testimonios y memorias que atraviesan todo ese período los que este proyecto busca rescatar, junto con material audiovisual y fotografías de la época para cada una de las protagonistas. De esta forma, la agrupación ha dado los primeros pasos para construir el primer archivo de memoria histórica trans en el país.

Los relatos recopilados van desde un detallado repaso por las vidas de cada integrante, hasta una reconstrucción de la escena bohemia y prostibular del Valparaíso de los años ‘70 y ‘80, repasando también las crudas vivencias tras ser detenidas por “faltas a la moral” en el contexto de dictadura en la ahora ex Cárcel de Valparaíso. Este evento de lanzamiento es fruto de una larga lucha de la comunidad trans en Chile y de las adultas mayores sobrevivientes de la dictadura, quienes históricamente han denunciado la omisión de sus testimonios de sobrevivencia, la falta de reconocimiento social y la ausencia de reparación por la violencia sistemática vivida antes, durante y después del régimen militar que rigió el país entre 1973 y 1990.

Barbara Aracena, vocera Sindicato Afrodita de Valparaíso. (FOTO: Marcel San Martín)

Barbara Aracena, vocera del Sindicato Afrodita, compartió con Puroperiodismo su emoción por la culminación de esta primera fase del proyecto que se viene desarrollando desde 2023:

“La importancia de este proyecto es que conozcan las vidas trans, la vida y la historia del Sindicato Afrodita, ya que somos uno de los primeros que trabaja con mujeres adultas mayores trans. Queremos, además, que las nuevas generaciones conozcan nuestro trabajo y que sea un impulso para el avance de la inclusión en la sociedad”.

Construir memoria en tres fases

La delegada presidencial de la Región de Valparaíso, Sofía González, también participó del evento como autoridad en representación del Ejecutivo. En la instancia, ratificó el compromiso del gobierno con el proyecto y con los derechos de las mujeres trans adultas mayores:

“Nosotros entendemos desde la Delegación, desde el Presidente Gabriel Boric, que hay una deuda del Estado con las disidencias, con las mujeres trans de Valparaíso, pero también entendemos que en la medida que nos vayamos encontrando, podemos abrir camino para las que vienen”.

El proyecto fue financiado a través de una Subvención Presidencial y llevado a cabo con la ayuda logística de autoridades territoriales, como la delegada presidencial, quien además de compartir unas palabras en el evento, trabajó de cerca con las integrantes del sindicato para poder responder a las demandas sociales tanto de ellas como de la comunidad LGBTI+ en la región.

“Este paso, para nosotras, es muy importante; tiene muchas vidas, muchas historias. El próximo que se viene es la historia de las que fundaron el sindicato y, después, con las socias que ya no están con nosotras, las difuntas”, adelantó Aracena a Puroperiodismo sobre las fases del proyecto que aún están en desarrollo.

Grupo de Investigación y Voluntarios junto a integrantes del Sindicato Afrodita. (FOTO: Marcel San Martín)

El grupo a cargo de la investigación confirmó que los 10 testimonios ya lanzados son tan solo la primera de las tres fases en que consta el proyecto, y que actualmente se encuentran editando nuevos testimonios que serán próximamente incluidos en la página web. Si bien, uno de los más grandes desafíos es el tiempo, ya que muchas de las protagonistas de estas historias han fallecido con el pasar de los años –e incluso en el transcurso de la investigación que están llevando a cabo–, los investigadores e investigadoras aclararon que sus nombres no quedarán fuera y que buscarán construir sus memorias a través de los relatos de sus compañeras del sindicato y otras personas cercanas.

El lanzamiento de esta primera etapa es también la antesala a un evento más grande que se celebrará el próximo 4 y 5 de septiembre de forma simultánea en 14 países: el Primer Congreso Latinoamericano de Archivos Trans, un evento que pretende ser un espacio de encuentro entre activistas, expertxs y academicxs trans de todo el continente con el objetivo de discutir, compartir y promover la preservación de la memoria trans en América Latina. En esta oportunidad, Chile será representado a través del Sindicato Afrodita y la Fundación Archivo de la Memoria Trans Chilena. El evento será transmitido en vivo por el canal de Youtube de la agrupación argentina ArchivoTrans, coorganizadora del congreso.

En 2019 y tras la pausa de dos años que tomó para llevar a cabo su transición, Antonia Saelzer volvió a las pistas del mountain bike chileno para volver a competir, esta vez como mujer transgénero. Si bien cuenta en esta entrevista que no ha tenido mayor conflicto para volver con su nueva identidad a un circuito de ya se había hecho un nombre, e incluso ha ganado competencias en categorías femeninas, hoy se enfrenta al desafío de ser reconocida oficialmente la por la Federación Nacional de Ciclismo como deportista trans.    

A Antonia Saelzer King (33), una de las primeras ciclistas de montaña transgénero de Chile, los hijos de su polola le dicen Mimí. Desde temprana edad presentó admiración por las ruedas y la bicicleta, pedaleando por los cerros de su barrio en Concepción. Aunque estudió diseño industrial en la Universidad del Bío Bío, el ciclismo se convirtió en su verdadera pasión.

Desde pequeña practicando atletismo, Antonia siempre manifestó interés y cercanía hacia los deportes en general. Pero fueron las bicicletas las que la harían resaltar. Compitió en 2006, 2007 y 2008 en carreras nacionales como la Copa Chile, donde ya demostraba sus dotes para la disciplina. Pero entonces, lo hacía como Matías, su vieja identidad masculina.

Fue con ese nombre que se hizo conocida en las pistas, como competidor en la categoría de hombres y como un hábil mecánico de bicicletas. Era, en esa última de sus habilidades, de los mejores del sur del país. En 2013, aún siendo Matías, fue reconocida por el diario El Sur como uno de los Líderes del Sur por su trabajo en el diseño y confección de elementos y componentes para el ciclismo deportivo. Su sueño en esa época era tener su propio taller. Hoy ya lo tiene.

Cinco años después, en 2017, cuando tenía 28, se fracturó la muñeca y se retiró un tiempo de las pistas. Fue entonces que también aprovechó de dar el salto y asumir su propia y compleja decisión de afrontar su transición para dejar por fin de ser Matías y empezar a sentir y ser abiertamente como Antonia, su verdadera identidad como mujer transgénero.

Se sometió a una cirugía de reasignación de género y pudo cambiarse el nombre legalmente. Y ya con ese nombre retornó a las competencias, ahora en la categoría femenina: en 2019 obtuvo la medalla de bronce en la categoría Damas Open en un campeonato de mountain bike organizado por el Banco Bice en San Pedro de La Paz. Y en octubre de este año, logró en la categoría femenina el primer lugar en la segunda fecha del Angol Racing Cup.

¿Su nuevo desafío? Ser reconocida como deportista transgénero por la Federación Nacional de Ciclismo.

“Si bien me encanta el diseño, mi vida ha girado en torno a las bicis durante muchos años y querer vivir de ellas en algún momento se volvió interesante. Y mi facilidad para la mecánica hizo obvia la decisión”, dice en esta entrevista con Puroperiodismo, en la que cuenta los cambios que experimentó como persona y deportista, condicionando su carrera y evolución en el ciclismo de montaña y enfrentando los nuevos desafíos frente a la sociedad como deportista trans. 

Antonia Saelzer, haciendo Mountain bike enduro.

La marcha blanca

–En 2017 hiciste un alto en tu carrera en el mountain bike. ¿Por qué?

A los 28 años decidí hacer mi transición y, evidentemente, dejé de competir. Al mundo antes no le importaba porque no sabía nada de lo que pasaba dentro de mí, pero empecé a tener más presente el tema trans y dejé de correr. Carreras chicas sí, pero nada en relación a lo que llevaba haciendo. Empecé a andar en privado, se podría decir. ¿Por qué? Porque no quería vivir las carreras como hombre.

–Después de tantos años y haberte hecho un nombre como Matías en el circuito, ¿cómo fue volver a competir como Antonia?

Llevaba un poco tiempo viviendo como Anto y una amiga que organizaba un campeonato de enduro me invitó. Como era algo muy local, el reglamento fue desarrollado para que pudiese correr en mi categoría actual. Le pedimos la opinión a las otras chicas y me lancé. Debo decir que volver a competir me parecía difícil y no lo veía a corto plazo, en parte por el miedo social y, por otro lado, por cierto desconocimiento de los procesos. Era como la marcha blanca.

–¿Cómo fue sobrellevar tus cambios con lo que vivías?

Lo que pasa es que pasaron muchas cosas juntas. El “Guga” Ortiz [entonces campeón nacional de enduro y descenso] tuvo un accidente feo que lo dejó en silla de ruedas. Yo solía entrenar con él en las carreras. Eso, sumado a mi fractura de muñeca que me dejó sin ir a trabajar ni poder andar en bici, y otras cosas más personales… Entonces, obvio te dan vueltas mil cosas en la cabeza. Y de eso salió la decisión de iniciar mi transición. En el fondo, me hizo pensar que si no hacía nada por mí al tiro, iba a vivir siempre con algo que me carcomía por dentro.

–¿Qué viene en el futuro para Antonia?

Tengo 33 años y claramente no hice una carrera deportiva en elite o categorías grandes, pero hay una posibilidad de correr un mundial master, que es sobre 35 años. Mi idea es preparar el camino para poder correr sin tener conflictos, porque igual es súper pesado llegar a una carrera y tener conflicto social o de cualquier tipo por ser transgénero. Me encantaría lograrlo como una meta personal y competir internacionalmente. La presión es más grande, lo que quiere cada uno de los competidores a nivel internacional lo hace mucho más intenso, entonces, la competencia se vuelve mucho más grande, lo que obviamente lo hace más difícil. Es mucho más fácil que te reclamen o que te analicen socialmente.

Antonia Saelzer, segunda fecha de Angol Racing Cup, primer lugar 1° octubre de 2022).

El entorno y Antonia

–¿De qué manera te ha apoyado tu núcleo familiar en todo este proceso?

La pandemia lo que hizo fue hacer una pausa para ordenar. Mi medio, mi mundo que conozco, lo tomó bien. Ha sido un trabajo de evidenciar y educar, basándome en mil cosas que he investigado y comparado con mi propia experiencia para generar una opinión lo más objetiva posible.

–¿Y la Federación Nacional de Ciclismo? ¿En qué está tu proceso para ser reconocida oficialmente como deportistas trans?

Por lo de federarme, yo estaba en conversaciones que iban algo lentas. Un día apareció el periodista Roberto Cox y se metió en todos lados, y entonces todo se aceleró por presión mediática, más que nada. La posición de la federación debiese ser que hay que cumplir el reglamento y, evidentemente, es lento el proceso, pero la disposición siempre está. Es un lata hacerse mediciones de testosterona cada tres o seis meses, pero si el reglamento lo dice, hay que hacerle caso. Se hace rápido: te piden un montón de información médica y exámenes, lo que les permite determinar si cumple con el reglamento, que son dos años con niveles de testosterona específicos. Eso pasa por una comisión médica, se aprueba y te dan la licencia.

–¿Qué opinión crees que tienen las demás ciclistas con respecto a competir con mujeres transgénero?

En el fondo, socialmente se ve más que gano porque soy trans que porque tengo experiencia muy por encima a las otras chicas, pero el verano pasado nos midieron en un evento Redbull y resulté ser de las competidoras menos fuertes en cuanto a capacidad física. Si bien no fue nada extenso, deja claro el punto de que no existe una ventaja física por ser trans.

–¿Crees que las autoridades deberían encargarse de los actos discriminatorios?

Lo que debería asegurar la federación o el ente fiscalizador, es que no haya discriminación si es que todos los puntos del reglamento se cumplen. Si llegas al punto de tener licencia, no deberías tener problemas en las carreras, ni conflictos ni nada. En lo personal, no he tenido mayor conflicto, pero tengo entendido que hay otras chicas que son ruteras sí los han tenido.

–¿Consideras que el deporte chileno está al debe con las deportistas trans?

El deporte chileno está al debe en bastante más cosas que solo con las deportistas trans. El avance no es fácil: requiere cierta fortaleza personal pasar por la lupa del mundo de la sociedad, te vuelves un poco como el centro de atracción, entonces, es complejo.

*Este reportaje fue realizado para el Taller de Reportajes y Perfiles de la Escuela de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado, dictado por el profesor Franco Fasola. 

Tutu Espinoza Vásquez es un joven fotógrafo que vive en Iquique. Con una inquietud palpable en su voz, cuenta lo difícil que es aún en la sociedad descubrirse a sí mismo y encontrar su real identidad, creer que el cuerpo en el que nació no es el indicado y que, de alguna manera, todo el mundo está en contra de lo que él quiere realmente ser, o más precisamente, de quién realmente es. 

La intranquilidad que con el tiempo ha convertido en superación, lo llevó a construir, a través de la fotografía, un camino para visibilizar toda una vida de lucha para conectarse consigo mismo, con su entorno y la sociedad. ¿El nombre de la obra? Pre T, un proyecto que él mismo define en sus redes sociales como “autobiográfico y multidisciplinario (fotolibro, instalación, objetos, audiovisual y fotografías) a partir de una revisión y recopilación de archivos fotográficos familiares, además de creación de imágenes para dar cuenta de un proceso de transición”. Es el reflejo de su propia historia.

A pesar de haber recorrido un largo camino, la inconformidad con respecto al sistema de salud es algo que aún le molesta, incomoda e incluso le provoca dolor en el pecho. “Estuve meses esperando en una lista de espera por las hormonas”, dice, aludiendo al complicado panorama que presenta ahora el sistema de salud en cuanto al desabastecimiento de medicamentos que se usan en los procesos de transición para la población transgénero. Tutu también cuenta acerca del lento proceso que se lleva a cabo en cuanto se inicia la transición, pues él tuvo que esperar meses para poder acceder a un certificado y a también poder renovar el documento de identificación. 

Diosceline Camacaro, periodista y encargada de Comunicaciones de la ONG Organizando Trans Diversidades (OTD Chile), explica que si bien “hay desabastecimiento general de algunos medicamentos como la espironolactona y otros; cuesta encontrarlos en cualquier farmacia”, el problema de fondo es mucho más profundo, y que éste radica en la falta de políticas existentes para poder asegurar la salud de las personas transgénero y la creciente negligencia en cuanto a sus necesidades.  

Camacaro cuenta que, por lo difícil que es encontrar ciertas hormonas, la población trans se ha visto obligada a suplir esa carencia con medicamentos mucho más costosos, prolongando los periodos de ingesta o simplemente suspendiendo sus tratamientos. 

Tutu admite que, como pocas personas dentro de la población trans, tiene algo más de suerte y cuenta con el apoyo de su círculo social y ha podido costear su tratamiento, principalmente con los ingresos que obtuvo tras hacer efectivos los retiros del 10% de sus fondos previsionales. Sin embargo, sabe que eso puede cambiar, y es algo que le provoca miedo e impotencia. “Esta suerte me tiene que durar para toda la vida. Al igual que mi bienestar y el de toda mi familia”, dice. 

La testosterona que Tutu necesita vale unos $115.450. A eso se suman los bloqueadores de la pubertad como Lupron y Decapeptyl, que tienen un costo de $305.899 y $284.499, respectivamente, según datos de la organización Salud Trans para Chile. 

En el informe realizado por OTD Chile acerca de la situación de la población trans durante 2020, casi un 60% de las personas encuestadas señaló que la segunda necesidad más importante y preocupante en medio de la pandemia era la falta de recursos para solventar y mantener sus atenciones en salud. La primera de las preocupaciones estaba muy ligada con ello y los altos costos de los tratamientos: conseguir trabajo. 

Sin tratamientos ni medicamentos

En contraste con la situación de Tutu, Camacaro habla también de lo peligroso que resulta no poder continuar con un tratamiento ya avanzado, especialmente para quienes ya se sometieron a una gonadectomía. 

Ese procedimiento quirúrgico consiste en una extirpación de las gónadas que proveen las hormonas sexuales, lo que conlleva a que el estado de ánimo de las personas y las funciones del aparato genital se vean altamente afectadas. Además, con el paso del tiempo, puede afectar la densidad ósea, es decir, la cantidad de materia mineral en los huesos. Por otro lado, según se señala en la encuesta Población Trans de Chile ante la crisis provocada por el COVID-19 en 2020, realizada por el artista y sociólogo Niko Campos en conjunto a OTD Chile, la interrupción del tratamiento hormonal o del proceso de transición influye gravemente en la química del cerebro y del sistema nervioso, “interviniendo en las capacidades cognitivas y emocionales de las personas”. 

Otro medicamento que se encuentra desabastecido es la espironolactona, el cual se consume en el tratamiento hormonal para suprimir o minimizar los caracteres sexuales biológicos. La activista trans no binaria Kris Córdova, presidenta de OTD Chile y coordinadora de su área de educación (Oteduca), indica que éste y otros medicamentos prácticamente son casi imposibles de encontrar en las farmacias. A su juicio, la culpa la tienen la negligencia del gobierno y su falta de regulaciones y políticas públicas enfocadas en las personas trans. 

“En Chile, todos los protocolos o servicios a personas trans se hacen por iniciativa propia y consiguiendo fondos de cualquier parte”, dice.

Lupron (Fuente: Center for Bioethics and Culture/

Tal como indica Córdova, en el informe de la Primera Encuesta para Personas Trans y de Género No-conforme en Chile, realizado por Encuesta T en 2017, se expresa que el acceso a la salud no está garantizado específicamente para la población trans en ninguna ley, pues Chile sólo se ha adherido a diversas iniciativas que buscan resguardar el bienestar de este grupo a través de la resolución de Naciones Unidas sobre derechos humanos, orientación sexual e identidad de género. En esa misma línea, en el documento se señala que el Estado no tiene políticas que exclusivamente resguarden y aseguren la salud de las personas transgénero o pertenecientes a la comunidad LGBT+. 

Tutu Espinoza, Diosceline Camacaro y muchos otros concuerdan en que el Estado no ha hecho nada desde siempre y ahora menos para garantizar su derecho a la salud. Estos y otros motivos son lo que ha impulsado a organizaciones y grupos como OTD Chile, Disidencias en Red y Chile Diverso a crear campañas como Salud Trans para Chile, misma en la que Tutu se sostiene para afirmar: “Imagina el caso de que alguien no tenga esa ‘suerte’ que he tenido yo. ¿Te imaginas los niveles de ansiedad por los que puedes pasar? Sumado a que a veces no hay apoyo familiar, de amigues o económico, sumado también a que aún nos matan por ser trans”.