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—¿Qué te parece la adopción de la norma ISDB-T con MPEG 4? ¿Es recomendable para nuestro tipo de requerimientos técnicos, más que la europea y estadounidense?
La pregunta está un poco obsoleta. La adopción de la norma ISDB-t es, en primer lugar, irreversible. En todo caso, el llamado estándar estadounidense ATSC era el peor: era el más antiguo, y por ende el menos avanzado. Todavía hay quienes expertos que consideran excelente al estándar «europeo» DVB (el más difundido en el mundo por lejos), aunque su principal problema es que no permite al concesionario de TV abierta operar al mismo tiempo una señal para receptores móviles. Pero, insisto, es una discusión algo superada a estas alturas.

—De acuerdo a lo logrado, ¿valió la pena los casi cinco años de tramitación de esta ley para el modelo de televisión nacional?
Parafraseando a Proust, no se puede recobrar el tiempo perdido. Yo habría preferido una propuesta mirando el futuro con sentido estratégico de país para los próximos 30 ó 50 años, en vez de un parche digital a la suma de problemas de una ley de TV analógica redactada durante los años 80. En todo caso, yo tenía algunos temores que espero no se cumplan ahora: (a) consolidación de un monopolio multicanal de pago en desmedro de plataformas de libre acceso, (b) menoscabo severo de la capacidad de producir contenidos de TV made in Chile; (c) muerte de las consideraciones de bien común por fascinación ingenua con la tecnología y los mercados.

» Un efecto no buscado de este retraso fue la expansión acelerada de otras alternativas para acceder a TV multicanal y digitalizada, en particular la TV por cable, por satélite y, por supuesto, internet (tanto fija como por móviles). La TV abierta podrá ahora entrar a disputar tiempo de atención del público a esos sustitutos.

«Me parece adecuado que la nueva ley aclare que el espectro electromagnético es un recurso de uso público perteneciente a la nación y que nadie puede arrogarse derechos de propiedad sobre él».

» El proyecto original era mediocre y parchaba algunos problemas de la TV analógica, y como no asumía la realidad digital (y varias injusticias bastante más pedestres que no estaban resueltas), tuvo que ser enmendado profundamente. Lo que se aprobó ayer mejora la formulación original, aunque persiste en una visión (atenuada) TV-céntrica, no convergente, sesgada hacia lo técnico. Sin embargo, tiene matices importantes, varios de ellos incorporados durante el debate parlamentario: por ejemplo, el CNTV asume un rol protagónico y no queda como una simple ventanilla de las decisiones técnicas de la SUBTEL como se proponía en el texto original. Y se recogen temas emergentes en los últimos años, tales como el énfasis en lo regional y local (y no sólo lo «nacional», leáse santiaguino), el respeto a los pueblos originarios, la diversidad sexual y la paridad de género, factores que se integran ahora al concepto de «correcto funcionamiento» de la TV. Además a los concesionarios de TV se les exige cumplir con el código del trabajo (un guiño hacia el gremio de actores, normalmente subempleados de la industria). Se mantiene la idea original de distinguir entre concesiones por medios propios (es decir, que implica el derecho a emitir contenidos y también de operar una concesión de TV) y por medio de terceros (es decir, recurriendo a un tercero que brinda acceso a una señal en condiciones no discriminatorias, con lo cual el interesado se ahorra el costo de operar una señal de TV), así como la saludable distinción entre concesiones nacionales, regionales, locales y locales-comunitarias.

» No me gusta, eso sí, que se mantengan sólo los criterios técnico-económicos para otorgar una concesión de TV, aunque también me parece adecuado que la nueva ley aclare que el espectro electromagnético es un recurso de uso público perteneciente a la nación y que nadie puede arrogarse derechos de propiedad sobre él. En ese sentido, que las nuevas concesiones de TV digital sean por tiempo limitado (20 años, que es bastante largo igual) es más civilizado que el plazo «indefinido» existente en la banda VHF, y que solía interpretarse como «perpetuo».

» Pero también me parece positivo que se mantenga la limitación de una señal por operador en la misma zona de servicio, salvo TVN (autorizado a operar dos señales). De lo contrario, se podría haber generado un monopolio multicanal al estilo tradicional latinoamericano, que en otro lugares han modificado constituciones y derribado gobiernos.

—¿Cómo repercutirá en el corto plazo, si es que lo hace, esta legislación?
Por lo pronto, VTR y los demás operadores de TV paga tendrán que negociar con TVN y los demás canales abiertos que le estaban exigiendo pago de derechos.

» También van a aparecer varios operadores nuevos, lo cual hará más interesante la oferta. Van a dominar los operadores ya conocidos (quienes recibirán concesiones nacionales sin concursos, sorteos ni exigencias especiales, lo cual no es del todo justo), pero al menos habrá posibilidad de ver más canales sin tener que suscribirse a algún cableoperador.

» Ah, y el concepto de «canal» va a cambiar: hasta ahora, un «canal» era un operador/concesionario. Ahora un concesionario podrá operar uno o más canales en la señal que el CNTV le concesione, e incluso podrá transportar canales de terceros.

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Para la mayoría de las personas, el tema de la televisión digital, abierta y gratuita, está asociada a la posibilidad de tener un mayor número de canales. Imaginan una oferta que supera largamente la actual en cantidad y que está asociada a una mejor calidad técnica en la recepción de la imagen y el sonido.

El público quiere ver televisión con la mejor calidad técnica posible y de la manera como lo ha hecho hasta ahora. A juzgar por la cantidad de aparatos receptores, inteligentes (Smart TV) o no, que se han vendido en los últimos meses, a nadie le preocupa mucho la inversión que esto trae aparejada. La promesa de más y mejor televisión parece demasiado atractiva.

Hoy un proyecto que modifica la Ley orgánica del CNTV con más de 500 indicaciones se encuentra en una comisión conjunta del Senado para una discusión que se presume tomará algún tiempo. Pretende resolver en un solo cuerpo legal temas técnicos, administrativos y de regulación.

Pero como todo proyecto debemos revisar su forma y fondo

La forma en que este nuevo avance y su casi incomprensible tecnología, con siglas que poco explican –como TDT , TDH, Simulcast , ISBT– y numerosos artículos de prensa que explican cómo estas señales serán distribuidas en el país es interesante, atractiva, y parece el núcleo del tema.

Pero después de algunos momentos de reflexión, podríamos concluir que para el público, un mayor análisis del mundo de la tecnología es casi innecesario. Si en la solución final se utiliza una red terrestre (TDT) o una transmisión directa del satélite al hogar (DTH), o si el período que deberán convivir los sistemas análogos y digitales (Simulcast) es de 5 o 10 años es prácticamente indistinto: los ingenieros de nuestros canales están perfectamente capacitados para implementar la solución final que se adopte, que a la postre pasará por el monto de la inversión y que, dicho sea de paso, no es menor: equivale a 6 o 7 años de las utilidades de la industria completa que los canales tendrán que asumir con sus propios recursos.

Podríamos imaginar entonces, idealmente y en un plazo más o menos breve, una pantalla llena de canales con posibilidad de conectarse a Internet (el futuro) y con capacidades interactivas. Desde un punto de vista técnico, un éxito total.

Pero superadas las vallas tecnológicas (un desafío oneroso pero abordable), la cuestión de fondo es los contenidos que transportaremos por este medio y cómo se podrían financiar. Aquí los problemas se agudizan y complejizan en forma importante.

Actualmente los canales disponen solo de los recursos que obtienen de la venta de publicidad y destinan más del 50% de sus ingresos a la preparación de sus programas, con el agravante de que el monto total de la inversión publicitaria no ha crecido; se mantiene estable desde hace varios años.

Estamos hablando de una industria influyente pero pequeña, frágil y llena de obligaciones.

Sin nuevas fuentes de recursos, parece poco probable que la industria, en las condiciones actuales, sea capaz de aumentar sus porcentajes de producción sin dañar seriamente la calidad de sus realizaciones u obligándola a extranjerizar su oferta más allá de un equilibrio recomendable.

Actualmente un canal transmite alrededor de 7.000 horas al año. En nuestro país los canales de televisión abierta agrupados en Anatel, emiten alrededor de 50.000 horas anuales. Imaginemos por un momento la llegada de otros siete canales. ¿Seremos capaces de producir o encontrar en el mercado internacional 100.000 horas de relativo buen nivel o caeremos en una vorágine de mediocridad sin sentido?

Por otra parte no falta quien se pregunta, y quizás con razón, si la oferta actual es la adecuada. Hay evidentemente una homogeneidad: pareciera que la tendencia va en el sentido de una entretención mayoritariamente liviana, en perjuicio de programas de mayor contenido y todo bajo la premisa de que es lo que la gente busca, lo que la satisface y lo que entrega los ratings necesarios para obtener los recursos. Se asemeja más a una espiral perversa que a un círculo virtuoso.

En ocasiones se escucha que este fenómeno es mundial y que en todas partes ocurre lo mismo. Al revisar las ofertas de países desarrollados efectivamente encontramos el mismo tipo de programas, pero son fruto de otras fuentes de financiamiento, en una proporción diferente que permite espacios para conversación, análisis, ciencia, tecnología, economía, política nacional e internacional, medicina y otros. Finalmente es una decisión soberana de cada canal y es el público el encargado de resolver.

Agreguemos a lo anterior que la disposición del espectador –el momento en que podrá acceder a estos contenidos– necesariamente cambiará con las nuevas tecnologías. La TV móvil o los equipos que nos permiten ver a la hora que más nos acomode los programas que nosotros seleccionaremos previamente alterarán nuestros hábitos. El espectador estará empoderado como nunca antes, y dejará de ser un consumidor pasivo para transformarse en uno activo, crítico y dueño de sus tiempos.

La ingeniería nos abrirá espacios y posibilidades hoy inimaginables, pero sin duda los contenidos serán las estrellas de esta nueva revolución que nos trae la tecnología digital. Es el punto medular al que debemos dirigir nuestros esfuerzos. La calidad de los programas, la creatividad y diversidad de la oferta generada a un costo accesible será el verdadero tema de fondo. Sin contenidos aceptables tendremos un mundo vacío y una vez más habremos confundido el medio con el fin.

Después de todo, nuestros parlamentarios y reguladores han tenido razón en dilatar la discusión legislativa. Hemos ocupado demasiado tiempo en discutir sobre la duración de las concesiones, la televisión de pago o los porcentajes de esto o aquello. Todo muy importante, pero lo único realmente valioso son los contenidos.

Para su ejecución los canales requieren estabilidad, reglas claras, diseñar e implementar nuevas fuentes de recursos, neutralidad tecnológica para utilizar los avances que la ingeniería moderna nos entrega y sobre todo la defensa de la propiedad de sus contenidos.

Si usted fuera legislador, ¿qué aspecto del marco legal que regula el ejercicio del periodismo y el funcionamiento de los medios de comunicación derogaría, modificaría o incorporaría?

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Domingo Lovera Profesor de derecho, Universidad Diego Portales. Integra el equipo del Centro de Derechos Humanos de la misma casa de estudios.		“El ejercicio de la libertad de expresión hoy se define en áreas que a los medios de comunicación dominantes poco y nada interesan” La Ley 19.773 sobre Libertad de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo (D. Of. 04.06.2001) se conoce coloquialmente como “ley de prensa.” Y su denominación coloquial no puede estar mejor puesta. Porque se trata de una ley que regula, sobre todo, el ejercicio de la profesión periodística, antes que el ejercicio de la libertad de expresión en extenso. En efecto, el ejercicio de la libertad de expresión hoy se define en áreas que a los medios de comunicación dominantes poco y nada interesan: en la protesta social— que solo les interesa a efectos de mostrar los desórdenes; —el derecho de las comunidades a contar con mecanismos y sistemas de radiodifusión, —frente a lo cual no pocos colocan el grito en el cielo, reclamando una suerte de dominio exclusivo para las grandes empresas; —y la concentración de los medios de comunicación —frente a la cual el silencio editorial, acompañado de prácticas desleales, como cerrar los canales de distribución, deja en claro su relevancia. Pero fuera de la inatención que afecta a los temas cruciales que hoy definen los contornos de la libertad de expresión ——campo desde el cual escribo— —desde luego que la ley de prensa necesita revisiones en zonas en que el periodismo se ve, constantemente, puesto en la encrucijada. Quiero detenerme en la parte final del art. 30, que dispone: “Se considerarán como pertinentes a la esfera privada de las personas los hechos relativos a su vida sexual, conyugal, familiar o doméstica, salvo que ellos fueren constitutivos de delito.” El precepto, tal cual como se encuentra, limita las labores investigativas del periodismo, al punto de querer transformarlo en un coadyuvante en la persecución del delito, —que, tal cual como están las cosas, no debiera extrañarnos. En efecto, el precepto sugiere que la labor del periodista que, por caso, busca exponer la consistencia entre el discurso público de un personaje público (digamos, un hombre de Iglesia o un parlamentario) y su vida privada, incurre en los delitos que tipifica la ley. El estándar al que la ley debe echar mano en estos casos, en cambio, es uno que debe medirse de acuerdo a las circunstancias concretas, y que, por cierto, va más allá de la pura persecución criminal; el interés público. Si existen antecedentes constitutivos de delito, ¿existe un interés público involucrado? Quizás sí (cuando hay un parlamentario involucrado) pero a veces no (¿qué interés público puede existir en conocer a través de los medios de comunicación los delitos que pueda cometer un sujeto común y corriente, cuya actividad delictiva se expone al conocimiento del público?). Lo que sí debe revisar nuestra legislación es la posibilidad de incorporar una serie de situaciones en las que no hay hechos constitutivos de delito y que reclaman, de todas formas, el escrutinio público. .
Marcelo Castillo Presidente Colegio de Periodistas Ex director de La Nación Entrevista: “En los medios del grupo Copesa el Colegio de Periodistas no existe”		“Se necesita en Chile una Ley de Medios como la actualmente vigente en Argentina que garantice el pluralismo” La Ley 19.733, conocida como Ley de Prensa, tiene múltiples vacíos. En primer lugar, si bien en su artículo 5 reconoce como periodistas a quienes están en poder de un título universitario, en ninguna parte especifica cómo se cumplirá esa exigencia en los medios de comunicación, aunque sí en el Estado. Actualmente se tramita en el Senado un Estatuto del Periodista que debería cooperar en ese sentido. Por otra parte, el Título IV entrega a la audiencia una serie de derechos de aclaración y rectificación que rara vez los medios de comunicación cumplen. El Colegio de Periodistas ha creado una Defensoría de la Audiencia que debería ayudar en ese sentido. A ella puede recurrir cualquier ciudadano que se sienta afectado por una información entregada por un medio. Respecto de los vacíos de la Ley de Prensa, el principal es que no establece mecanismos que permitan incentivar el pluralismo y evitar la concentración en la propiedad de los medios de comunicación. Si bien establece dos fondos, uno de medios regionales y uno de estudios sobre pluralismo, ambos son muy pequeños e insuficientes para enfrentar la extrema concentración de la propiedad de medios en Chile. Lamentablemente, no fue posible establecer regulaciones más específicas a la concentración de la propiedad en su momento, como existe, por ejemplo en la legislación europea y ha quedado en evidencia, a propósito de la controversia por el control de cerca del 70 por ciento de las concesiones de frecuencia de radio en Chile al Grupo Prisa. Esta Ley de Prensa debería ser revisada en el contexto del debate del proyecto de Ley sobre Televisión Digital, que pretende entregar concesiones a perpetuidad a los actuales controladores: grandes grupos empresariales nacionales y transacionales. Se necesita en Chile una Ley de Medios como la actualmente vigente en Argentina que garantice el pluralismo, mediante la producción de contenidos por parte de todos los sectores sociales, políticos, religiosos, académicos y comunitarios de la sociedad chilena. .
Pedro Anguita Abogado, profesor Escuela de Periodismo Universidad Alberto Hurtado. Autor de El derecho a la información en Chile (Lexis Nexis, 2005) Columnas: “A pesar de la ley: nuevas trabas en el acceso a la información pública” “Acceso a la información e igualdad de oportunidades” «De la Aurora de Chile a La Nación: 200 años con diarios oficiales»		«Aún no se ha regulado la protección civil de la vida privada» Una década ha cumplido la entrada en vigencia de la Ley N° 19.733 sobre Libertades de Opinión e Información y ejercicio del Periodismo, popular y periodisticamente más conocida como Ley de Prensa, tiempo oportuno para realizar un inventario de lo positivo y negativo de la norma. En primer lugar, el solo hecho que no se haya reformado, y que se hable poco de la ley es síntoma de que ha sido una norma razonable. Y ese es un aspecto que destacamos en la época en que se había logrado un amplio consenso en el debate legislativo luego de más de ocho años de trámite parlamentario. La Ley 19.733 eliminó muchas de las conductas y prohibiciones que durante el Gobierno Militar y los primeros años de democracia se aplicaron a periodistas y medios de comunicación. La Ley 19.733 ha sido la norma primera en la supresión paulatina de todos los cambios que luego de producirían: la eliminación de la censura cinemografica, la derogación del delito de descato que subsistía en el Código Penal, la reforma a la Constitución que definía y exhortaba al legislador su tipificación, entre los más relevantes. Sin embargo, pese a este auspicioso clima normativo, podemos sugerir algunas reformas pendientes en el campo de las libertades de opinión y de información. Aún no se ha regulado la protección civil de la vida privada, y la tutela al derecho al honor tiene un obstáculo en la Ley 19.733 al exigir una condena previa penal para que proceda la indemnización por daño moral. En los dos últimos años el obstaculo normativo consagrado tanto en el Código Civil como en la Ley 19733 ha sido impugnado ante el Tribunal Constitucional que ya en varias ocaciones ha declarado inaplicable tal limitación. El mismo Tribunal Constitucional inició de oficio un procedimiento de inconstitucionalidad, que de prosperar terminaría con la expulsión de nuestra legislación de la norma, materia que debería quedar resuelta en estos días. Frente a ello, se debería abrir un debate legislativo, para regular adecuadamente la protección civil del honor y la vida privada, la que debería quedar incorporada en la Ley 19.733. Desde la entrada en vigencia del nuevo proceso penal, ha traído como consecuencia una progresiva pero constante desprotección de la honra, ya que han sido extramadamente escasas las veces que los tribunales penales han acogido querellas por injurias y calumnias, lo que me parece muy bien. Sin embargo, como ha sucedido en países con una fuerte tradición de respeto a la libertad de expresión y de prensa, debe existir una reparación economica de carácter civil en aquellos casos en que, bajo estrictos estandares de actuación profesional, tanto periodistas como medios de comunicación respondan en casos de graves vulneraciones al honor y la vida privada de los ciudadanos. Ese es a mi juicio el gran desafio normativo que tiene la Ley 19.733 a diez años de entrada en vigencia, la que debería se congruente con este panorama normativo existente en nuestro país, el que nunca en toda su historia independiente ha gozado de un ambiente más propopicio para el ejercicio de las libertades de expresión y de prensa. .