La relación entre los fenómenos inseguridad/migración no es nueva. Ha estado presente en el discurso público de candidatos en diversos procesos electorales de los últimos años en el país, en dichos de diversas autoridades y en columnas y entrevistas de distintos líderes de opinión. También es una constante en la cobertura mediática de los delitos que se cometen en Chile: la nacionalidad de los involucrados pareciera ser un factor obligado a considerar y mencionar, al menos cuando los victimarios son extranjeros.

Los datos duros dan cuenta de que sí, ha aumentado la delincuencia en el territorio nacional y también la migración, sin que necesariamente haya una correlación de causalidad entre ambos fenómenos. Pero en la opinión pública pareciera que cada vez se ven más entrelazados.

Según datos del Banco Mundial, hay cerca de 532 mil migrantes venezolanos en Chile, además de otro millón de personas de otras nacionalidades. La gran mayoría eligió salir de sus naciones para buscar mejores oportunidades económicas, sociales y políticas, por lo que este país se ha convertido en un lugar donde pueden soñar con estabilidad y cobijo. Sin embargo, la última encuesta Cadem arrojó que un 51% de las personas encuestadas considera que la migración ha sido un detonante de la crisis de inseguridad y el 28% lo menciona de forma espontánea como el principal motivo que incide en el alza de la delincuencia.

La psicóloga y magíster en sociología Andrea Espinoza, ex directora social del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) y actual directora de Comunidad Universitaria en la UAH, se refiere a esta situación en esta entrevista, y asegura que no existe evidencia aún que establezca una relación de causa/efecto entre los fenómenos, y que esa “percepción negativa está vinculada a los medios de comunicación, que de alguna forma han ido ligando la migración con la inseguridad”.

Andrez Espinoza, ex directora social del SJM y actual directora de Comunidad Universitaria UAH.

“No hay evidencia para asociar migración con peligrosidad”

–¿Cómo se puede entender la crisis humanitaria por la cual están llegando tantos migrantes a nuestro país, principalmente desde Venezuela?

La percepción que tiene la ciudadanía ante Venezuela es una percepción distinta a las crisis de armas, por ejemplo: el caos de Ucrania y Rusia por la guerra. Los chilenos y chilenas tendemos a ver eso como más urgente que la crisis humanitaria. La mayoría de las personas que llegan a Chile desde Venezuela en los últimos años, ingresan al territorio nacional por pasos no habilitados, es decir, de forma terrestre, y la mayoría lo hace caminando por el norte de Chile, ya sea por la frontera de Arica, Chacalluta o la frontera de Colchane, en la Región de Tarapacá. Al ingresar por un paso no habilitado, las posibilidades de regularizarse son muy escasas. Las personas que se pueden regular y estar en Chile son niños y niñas. Es un círculo, porque los padres o la mayoría de las madres, si no se pueden regular no tienen rut, y no pueden acceder a un trabajo formal. Creo que la manera más adecuada y urgente, es que todas las personas que han llegado a Chile por pasos no habilitados se puedan regularizar.

–¿Cómo afecta en materia de seguridad que estas personas migrantes no tengan acceso a una regularización?

No ha habido en Chile una regularización masiva desde 2018, y eso conlleva a que, como no tienen sus papeles al día, no sabemos quién está dentro de nuestro territorio. Podemos estimar un número porque, cuando uno llega a Chile por paso no habilitado, hay un trámite que se llama autodenuncia, que es como decir “yo, Andrea Espinoza, estoy irregular en el territorio chileno”, pero no sabemos nada más. Si se identifica a los ciudadanos extranjeros que están en el país, va a ser más fácil saber quiénes son, cómo se llaman, dónde viven actualmente. Cuando se genera la regularización, hay requisitos, y uno es no tener antecedentes penales.

–¿Cómo se explica que la percepción de la ciudadanía apunte a la migración como la responsable de aumentar la inseguridad?

No hay evidencia para asociar migración con peligrosidad o inseguridad, no existe evidencia todavía para saber si hay delitos que cometen ciertos migrantes. Lo que pasa es que los casos están siendo de alta connotación pública y antes en Chile no se veían, pero no existe aún evidencia desde el punto vista académico cuantitativo, es muy limitada la producción de información y conocimiento científico sobre eso.

– ¿A qué se debe entonces la sensación de rechazo hacia los migrantes?

Hay una encuesta que sacó la Universidad Católica (Encuesta Bicentenario) y que le pregunta a la población nacional: ¿piensa usted que la migración es un problema? En la última edición del sondeo, el 70% dijo que sí, y después hay una siguiente pregunta: ¿usted ha tenido alguna vez problema con un migrante? Menos del 20% ha tenido un problema directo con un migrante. La percepción negativa está vinculada a los medios de comunicación, que de alguna forma han ido ligado la migración con la inseguridad. También los periodistas tienen una alta responsabilidad, porque a ciertos crímenes le ponen nacionalidad, pero cuando lo comete un chileno, no.

–¿Cómo se explica socialmente este actuar de los chilenos?

Puede que estemos ante un choque cultural. Históricamente, no hemos sabido cómo relacionarnos ni siquiera con nuestro propio pueblo originario. Por supuesto que hay costumbres que nos van a costar más, pero la convivencia finalmente es una construcción.

Si los chilenos en general tendemos a escuchar la música un poco más baja que las personas de ciertos países de Latinoamérica, hacer que este problema no exista no es la solución, sino que conversar cara a cara y buscar soluciones. Este problema está en todo tipo de espacios, es un tema convivir entre estudiantes, entre estudiantes y trabajadores, entre estudiantes y profesores. No sé si es un problema de Chile, pero falta emplear mayor comunicación y enfrentar las diferencias.

*Este reportaje fue realizado en el marco del curso Taller de Reportajes y Perfiles de la carrera de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado, impartido por el profesor Franco Fasola.

El político y empresario Nayib Bukele asumió la Presidencia de El Salvador en junio de 2019 y, tal como había anunciado en su campaña, desde un principio que el principal objetivo de su gobierno fue la lucha contra las pandillas que en años previos habían convertido a ese país en el más violento del planeta.

Las tasas de homicidios ya venían a la baja desde que en 2015 llegaron a un peak de 103 asesinatos por cada 100.000 habitantes, pero el año en que asumió Bukele el registro era de 36, con lo que seguía en el top 5 del ranking latinoamericano, según datos de Insight Crime. Chile, por entonces, era el país más seguro de la región con una tasa de 2,6. Para el año pasado ya todo se había dado vuelta y, de acuerdo con los datos oficiales, Chile ya había casi duplicado sus índices de asesinatos y El Salvador pasaba a ser el país con menos homicidios en el continente, con una tasa de 2,4. ¿Qué fue lo que pasó?

El radical cambio se dio tras la implementación del Plan de Control Territorial por parte de la administración de Bukele, una política de tolerancia cero y mano dura contra las pandillas y el crimen organizado, cuyo foco ha estado en reducir los índices de homicidios y la mejora de la seguridad pública. A su vez, en marzo de 2022, el presidente salvadoreño decretó estado de excepción para abordar la situación de seguridad. De acuerdo con un informe de Human Rights Watch, son más de 73.000 las personas que han sido detenidas desde entonces, incluyendo unos 1.600 menores de edad. Todos esos datos han llamado la atención, aunque el emblema principal de sus políticas es el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la “mega cárcel” que inauguró a comienzos de 2023 y que se ha convertido en su sello, su carta de presentación al mundo y la obra insignia del modelo que busca exportar.

Con una capacidad de 40.000 plazas y una extensión de 116 hectáreas, es el mayor centro penitenciario de Latinoamérica. Las medidas de seguridad allí son extremas, y también lo es el régimen carcelario. La puesta en marcha del CECOT ha significado descomprimir el sistema penal de El Salvador y, sobre todo, quitarle el control de las cárceles a los cabecillas de las pandillas que dominan el crimen organizado tanto en ese país como en casi toda Centroamérica, principalmente de la Mara Salvatrucha (MS 13) y Calle 18.

Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la “mega cárcel” de máxima seguridad que construyó Bukele en El Salvador. (FOTO: Secretaría de Prensa, Presidencia de la República de El Salvador)

Si bien Bukele ha sido fuertemente criticado por sus posturas populistas y autoritarias, por negociar con las maras, y porque sus políticas de seguridad estarían implicando serias y graves violaciones a los derechos humanos –detenciones arbitrarias, torturas e incluso muertes bajo custodia estatal, entre otras–, lo cierto es que la eficacia de sus medidas no está en duda. Según afirmó el Gobierno de El Salvador en su página web, los resultados del Plan Control Territorial son medibles: “El Salvador ya no es el país más violento del mundo, con la guerra contra las pandillas se crean las condiciones para la convivencia en paz y el desarrollo económico en los diferentes rubros”.

Es por esto que Bukele se ha alzado como el mandatario con mayores índices de popularidad en el continente y distintos gobiernos de Latinoamérica, como el de Xiomara Castro, en Honduras; el de Daniel Noboa, en Ecuador; el de Javier Milei, en Argentina; y el de Dina Boluarte, en Perú, le han expresado su apoyo, admirando e incluso copiando el modelo que ha logrado reducir en un 68,8% los homicidios en el país durante 2023, según los datos oficiales de la Policía de El Salvador. Y aunque el gobierno chileno ha mantenido distancia, en la oposición, y en especial el sector de la extrema derecha que representan el ex candidato presidencial José Antonio Kast y el Partido Republicano, las políticas de Bukele han encontrado adeptos que, incluso, ya se fueron de gira para conocerlas in situ.

¿Qué pasa en Chile?

En Chile el panorama actual en cuanto a seguridad y, particularmente, homicidios es complejo, sino crítico. Los datos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública confirman que en 2023 fueron 1.248 los asesinatos consumados a lo largo del país, es decir, 4,5 por cada 100.000 habitantes: un 6% menos que el año anterior, pero aun así, casi el doble de lo que era en 2019.

Hugo Frühling, director del Centro de Estudios de Seguridad (CES) de la Universidad de Chile, explica a Puroperiodismo que la tasa de homicidios en Chile estuvo relativamente estable durante muchos años y que el problema más grande en cuanto a seguridad eran los robos y otros delitos contra la propiedad. Hoy, en cambio, los homicidios y la violencia asociados con el crimen organizado son el problema central.

El experto se refirió al juicio que se lleva a cabo en Arica contra Los Gallegos, una célula con la que operaría en Chile la organización criminal transnacional de origen venezolano, el Tren de Aragua. Se trata de uno de los primeros casos de crimen organizado transfronterizo que ha enfrentado el sistema judicial chileno, y los problemas para poder llevarlo adelante de forma segura han puesto sobre la palestra las dificultades del Estado para garantizar este tipo de procesos, así como también las capacidades del sistema judicial y penitenciario para abordarlos.

“Se tiene que aplicar todo el peso de la ley en este tipo de situaciones sobre bandas criminales que comprometen la seguridad pública. El narcotráfico expande sus rutas cada vez más rápido y el sistema judicial no ha respondido con penas severas como debiera ser”, dice.

Frühling asegura que las políticas de Bukele han llamado la atención por la reducción de la tasa de homicidios, pero hay consideraciones, ya que el caso salvadoreño ha demostrado que sólo mientras haya cárceles adecuadas y funcionamiento de las policías se puede aplicar este modelo, es decir, debe existir una buena infraestructura institucional. “En Chile se necesita mayor inversión en el sistema penal y en la infraestructura de este, tenemos solo 83 cárceles en el país para más de 50 mil personas, es ilógico considerando los niveles de criminalidad del país”, puntualizó.

Los acercamientos de José Antonio Kast hacia El Salvador

Durante la segunda semana de abril, el ex candidato presidencial y líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, visitó El Salvador para conocer personalmente las nuevas medidas de seguridad implementadas por el gobierno de Bukele. Invitado por el ministro de justicia y seguridad de ese país, Kast recorrió junto a otros miembros del partido las dependencias del CECOT, ubicado en el departamento de San Vicente, y allí se interiorizó sobre ese nuevo modelo carcelario.

José Antonio Kast junto al presidente del Partido Republicano, Arturo Squella; el diputado Cristián Araya, miembro de la comisión de Seguridad de la bancada republicana; y Enrique Bassaletti, asesor de Ideas Republicanas en temas de seguridad, visitando el CECOT en El Salvador. (FOTO: Partido Republicano)

Juan Eduardo Irarrázaval, diputado del Partido Republicano, asegura que esta visita refleja el trabajo que viene haciendo su partido desde hace bastante tiempo, recorriendo distintos lugares del mundo para aprender sobre diversas materias, una de las más latentes: la seguridad. “El Salvador rompió todos los paradigmas sobre cómo enfrentar a los criminales. Hay que aprender de ellos porque, efectivamente, algunas medidas sí son replicables en Chile”, dice.

–Según las impresiones de sus compañeros de partido, ¿se respetan los derechos humanos en El Salvador?

–Sí, desde que se implementó el Plan de Control Territorial, todo funciona impecable; sin policías y sin militares en las calles, la gente vive segura. Además, se respetan también los derechos humanos de los presos del CECOT. Es verdad que hay un régimen estricto, pero no se puede olvidar que el que está tras las rejas vulneró los derechos de otras personas.

En la misma línea, el parlamentario asegura que en Chile se necesitan cárceles “con características del tipo de Bukele”, pues esto apoyaría el modelo de delincuencia que se viene a futuro.

“Es un enfoque que ha demostrado resultados bastante rápidos en cuanto a la disminución de homicidios y violencia. Chile enfrenta tantos desafíos actualmente, que sería muy positivo que exista un programa de seguridad con más fuerza militar para que la gente vuelva a sentirse segura en las calles”, asevera.

Crisis de seguridad en Argentina

Otro caso particular sucede con el gobierno de Javier Milei en Argentina, que desde que asumió el poder a fines de 2023, ha sido explícito en su admiración y apoyo oficial a las políticas de Bukele. En la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), realizada en febrero de este año en Estados Unidos, la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, expresó públicamente su elogio hacia el modelo de seguridad de El Salvador y en una conversación con Nayib Bukele, le comentó que en Argentina anhelan seguir su exitoso modelo.

En marzo de este año, en la cárcel de Piñero en Rosario, se implementaron las nuevas medidas carcelarias inspiradas en lo que ahora se conoce como el “Modelo Bukele”, realizando estrictos operativos policiales, tras un tiroteo ocurrido en medio de un traslado penitenciario. Para esta instancia, el gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, a modo de castigo, publicó imágenes de los reos atados de manos, semidesnudos y siendo custodiados por la policía, al igual como lo hizo Bukele con las imágenes que divulgó de presos del CECOT en febrero de 2023.

Durante 2022, se registraron 1.890 homicidios según las estadísticas del Gobierno de Argentina, equivalente a una tasa de 4,2 por cada 100.000 habitantes. Frente a esto, el periodista argentino de Clarín, Federico Vásquez, asegura que la sensación en Argentina sigue siendo de mucha inseguridad y temor, sobre todo para los que viven en Rosario, porque allá, una zona que ha sido catalogada como una “anomalía narco”, los asesinatos continúan aumentando y las medidas que se tomaron no son suficientes ni se equiparan a las de El Salvador.

“Tras el endurecimiento de algunas medidas carcelarias con presos, el gobernador y su familia fueron amenazados. Hoy los narcos no se sienten intimidados ni han perdido poder en Rosario”, dice.

–¿Considera que estas nuevas medidas penitenciarias serán efectivas a largo plazo?

–No, si no van acompañadas de reformas en el Código Penal, no van a servir más que para mantener el orden dentro de las cárceles, pues el dinero que mueve el narcotráfico es tan grande que, por más duras que sean las penas, el negocio no se va a alterar.

Constanza Bárbara, es una joven argentina de 23 años que ha sido habitante de Rosario durante toda su vida. En este contexto de la crisis de seguridad en la ciudad, Constanza asegura que siente una profunda tristeza respecto a los crímenes ocurridos en el último tiempo. “Escuchar noticias cada vez es más desalentador y cada vez que salimos tenemos miedo de sufrir algún hecho delictivo”, asegura.

Respecto a las medidas tomadas por el gobierno de Milei para mejorar la seguridad, la joven rosarina considera que hace falta que la justicia actúe con más fuerza, pues en Rosario existen muchas zonas liberadas que dan paso al narcotráfico y los actos delicuales. “Se necesitan más controles policiales y más rígidos, pero creo que los allanamientos en las cárceles son el primer paso para contribuir a cambiar esta situación”, finalizó.

El Modelo Bukele seduce a Latinoamérica

Considerando que Latinoamérica es una de las regiones más violentas del mundo, no es de sorprenderse que además de Argentina, varios otros gobiernos hayan sido seducidos por el Modelo Bukele.

Si bien el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, se ha desmarcado en el último tiempo de estar siguiendo los pasos de Bukele para enfrentar la delincuencia e inseguridad en su país, varias de sus medidas se asemejan, como la implementación de estado de excepción, la utilización de militares para tareas de orden público y seguridad interna, o la construcción de nuevos recintos penitenciarios.

En Perú, la presidenta Dina Boluarte ya dispuso la construcción de una “mega cárcel”, igual al CECOT salvadoreño. En Honduras, la administración de Xiomara Castro ha seguido la senda bukelista decretando estados parciales de excepción para combatir el crimen en 120 comunidades, desplegando militares y policías para retomar el control de esas zonas y suspendiendo las garantías constitucionales de los y las ciudadanas que allí habitan.

Nayib Bukele, presidente de El Salvador. (FOTO: Presidencia de la República de El Salvador)

El analista internacional y director de Analytyka Consultores, Guillermo Holzman, enfatiza en que la estrategia de Bukele supone “un camino hacia el autoritarismo y una pérdida de la democracia”, pues en El Salvador se ha detenido a mucha gente que no está vinculada a las pandillas, por lo que existe un cuestionamiento importante con respecto a la vulneración de los derechos humanos.

Según informó BBC News, son miles los salvadoreños que llevan meses sin saber de sus familiares detenidos, buscándolos en video y fotografías del recinto, o asomándose a pequeños agujeros en los muros de las prisiones a las que logran acercarse.

Holzmann asegura que en Chile y Argentina la idea de Bukele parece buena por todo lo que promete, pero no hay posibilidad de implementarla sin estado de excepción y, en Chile, un estado de sitio. “Sería bastante complejo por la infraestructura de la institucionalidad del país y las tantas políticas que se requerirían para implementar un modelo de esta envergadura. Sucede lo mismo con Argentina, un país que recién está comenzando a fortalecer sus policías y la economía, entonces, no se puede hablar de un modelo como el de Bukele a corto plazo como lo han expresado las autoridades”, asegura.

Por Mauricio Alarcón y Patricio Pinto

El mercado mayorista Lo Valledor, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, es enorme, algo así como una pequeña ciudad dentro de otra: 32 hectáreas de comercio y bullicio donde convergen tanto vendedores como compradores a gran escala. Camiones, carros, cajas llenas de mercadería y personas de distintas edades, sexo y nacionalidad; miles cada día, entrando, saliendo y pululando de aquí para allá y de allá para acá, con música que suena fuerte de fondo y gritos y olores que cruzan el aire. Además del mercado, hay en su interior restaurantes y fuentes de soda, sucursales bancarias, clínicas veterinarias y oficinas, entre otras cosas. Es el mayor mercado hortofrutícola de Chile, y uno de los más grandes de Latinoamérica. Un laberinto de compra y venta donde, si se va a pie, sólo se puede acceder a través de cuatro entradas.

La primera está ubicada sobre Avenida Maipú, frente a las vías del tren, la llamada Puerta 11. Al otro lado, por Avenida Cerrillos, también hay un solo acceso, la Puerta 2. Las otras, las entradas más intrigantes, están en la calle La Rural, una pequeña y angosta vía que divide el recinto en dos: al sur el patio 2 y al norte el patio 1. Al primero se ingresa por el acceso Alfa 1; al segundo por la Puerta 14. Y es aquí donde se encuentra el mayor control de seguridad, ese que se inauguraba con bombos y platillos el lunes 1 de abril y que ese mismo día falló de manera escandalosa.

El incidente salió en vivo y en directo por la televisión y aumentó las dudas respecto a si eran o no efectivas las medidas que se estaban empezando a implementar en Lo Valledor para reducir la creciente delincuencia e inseguridad en la zona, las que eran consideradas desde varios sectores como una acción discriminatoria contra migrantes y, particularmente, contra aquellos que se encuentran en situación irregular en el país. Las críticas vinieron incluso desde el gobierno, en especial, por el requisito excluyente de portar un carnet chileno vigente, que se había anunciado días antes. Sin él, nadie podría entrar.

Ante la polémica generada tras el anuncio de la administración, la prensa estaba expectante por cómo se implementaría, por lo que ese primer lunes de abril, equipos televisivos estaban desplegados en terreno desde primera hora. Fue entonces que Mariana Cea, una mujer indigente chilena de 54 años, se negó a mostrar su cédula de identidad al tratar de entrar y, al impedirle el ingreso con un carro de supermercado, fue retenida por un vigilante privado. Luego, intentó zafarse y le quitó el revólver del cinto, para después disparar varias veces. Además del vigilante, hirió a otras dos personas, entre ellos un camarógrafo de Chilevisión.

“Estábamos todos partiendo con la marcha blanca, y yo mismo le dije al vigilante: ‘Oye, que no haya escándalo, no quiero que haya problemas’, porque lo lógico es que él la hubiera tirado el suelo y esposado rápidamente. Pero claro, habría sido peor, porque las cámaras estaban en vivo. Yo creo que la sacamos barata con ese asunto”, cuenta a Puroperiodismo Marcelo Araya, jefe de Comunicaciones y vocero de Lo Valledor.

Todo ocurrió fuera del mercado, en la calle La Rural. Por ende, la seguridad privada contratada por la administración no tenía la facultad para retener a la mujer ni mucho menos utilizar sus implementos de defensa. Como sucedió en la vía pública, Carabineros debió haber actuado de forma inmediata y tomar el control de la situación.

Esta última calle es donde más se han registrado conflictos entre comerciantes y clientes, así como también la comisión de delitos. Y si bien tras el incidente se especuló con que la medida se reevaluaría, lo cierto es que la administración ya había tomado la decisión y no habría vuelta atrás. La marcha blanca del nuevo plan de seguridad seguiría su curso y el próximo 6 de mayo entrará en régimen de forma completa.

¿Cómo ha avanzado esa marcha blanca y qué impacto ha tenido en el día a día del principal punto de abastecimiento para miles de locales y restaurantes de la Región Metropolitana? Puroperiodismo volvió a Lo Valledor a casi cuatro semanas del incidente. Esto fue lo que encontramos.

Accesos y medidas de seguridad

La Puerta 14 sigue siendo la única donde la implementación del nuevo plan pareciera estar en marcha de forma más completa. Mientras los demás puntos de ingreso peatonal son supervisados por un solo guardia que solicita el carnet u otro documento de identificación válido como condición única para ingresar, en el acceso de La Rural cada persona que llega es recibida por más de un guardia que, además de pedir el documento de identidad, hacen pasar por un detector de metales y por el giro de un torniquete.

Eso lo que se quiere implementar para controlar el ingreso de peatones. Sin embargo, la seguridad hoy es flexible. Como la Puerta 14 es la única que tiene esos dispositivos tecnológicos de seguridad, no es utilizada regularmente por los transeúntes que desean ingresar. Solo unos pocos extranjeros la utilizan. De hecho, la mayoría de las personas prefieren las otras puertas que aparecen señalizadas en un folleto oficial que emitió Lo Valledor, en el que indican que solo son cuatro accesos peatonales –quedan fuera las puertas 5 y 4, pues no son exclusivas de acceso en la medida de seguridad implementada–. Y no en todas las ocasiones solicitan la cédula de identidad.

Folleto informativo con mapa del Mercado Lo Valledor y puntos de acceso peatonal.

Cuando acudimos los días 17 y 19 de abril, estuvimos en el lugar entre las 9:00 y 13:00 horas, y en todo ese tiempo hubo al menos cinco personas que no llevaban su carnet y que, aun así, pudieron ingresar, incluso con carros de carga.

El ingreso de peatones para la compra minorista en Lo Valledor empezó durante la pandemia por Covid-19, cuando se decidió abrir las puertas a vecinos y vecinas de Pedro Aguirre Cerda para abastecerse de alimentos. Para el término de ese período, se siguió dejando entrar gente y se aprendió a convivir con los transeúntes. Pero el mayor flujo vino aparejado con un aumento de delitos, como hurtos o robos, venta de drogas y otros conflictos, muchos de ellos violentos. En octubre de 2023, por ejemplo, un comerciante fue baleado y asaltado: le robaron $60 millones.

Según consigna un artículo de DF Mas, los registros del Plan Cuadrante de Carabineros para ese sector, en lo que va de este año, señalan que ya ha habido unos 124 robos con violencia, un tercio más que los 93 que se registraron en todo 2023; casi el doble que los 68 de 2022 y un 143% que 51 de 2021. Además, la comuna es la que tiene una de las más bajas tasas de detenciones. Fue a partir de todo eso que se decidió aumentar los mecanismos de control y las barreras para el ingreso.

Al interior hay un equipo de monitoreo de 400 cámaras que funcionan 24/7, junto con el equipo de vigilancia en terreno. Las principales divisiones dentro del equipo lo componen guardias de seguridad que visten de rojo y controlan los accesos. Les siguen los guardias de tránsito, que se encargan de verificar la correcta circulación de los vehículos dentro del recinto. También están los guardias tácticos que visten de negro completo, y suelen encargarse de vigilar puntos estratégicos como oficinas o acudir como principal apoyo en caso de disturbios. Y, por último, los vigilantes privados (VVPP), que se encargan de patrullar en motocicletas y resguardar el lugar, siendo ellos los únicos con la facultad de portar armamento disuasivo y de fuego, específicamente, un revólver calibre 38 especial de cuatro pulgadas.

“Documento habilitado” y despidos a extranjeros

A pesar de que los afiches informativos con las medidas de seguridad especifican que los peatones deben ingresar con la cédula de identidad chilena, esa no es la única manera de acreditar identidad. Consultado por Puroperiodismo, Araya aclara que, más que exigir que sea la cédula chilena, más bien se pedirá un “documento habilitado”, el cual puede variar según los tratados internacionales de ingreso y tránsito que los distintos países han logrado con Chile.

Lo anterior significa que, si un ciudadano peruano sin carnet nacional quiere entrar a Lo Valledor, podrá hacerlo con su respectivo DNI, pues ese documento es suficiente para que pueda estar en Chile de forma regular. En cambio, un ciudadano venezolano tendrá que mostrar su pasaporte con los respectivos timbres y permisos para estar de forma regular en el país, ya que este es el documento necesario para ingresar desde Venezuela, por los tratados de ingreso entre ambos países.

Folletos relativos a la seguridad que se entregan en el Mercado Lo Valledor.

Otro conflicto que se ha generado por la exigencia de documentos de identificación, es que en muchos de los locales de Lo Valledor trabajan extranjeros, muchos de ellos sin una situación migratoria regularizada. Algunos locatarios señalaron a Puroperiodismo que trabajan con cinco o más trabajadores indocumentados, por lo que no podrán mantenerlos, ya que tendrán impedido el ingreso al mega mercado hortofrutícola.  De esa manera, gran parte terminará perdiendo su fuente laboral.

“Lo que yo no comparto es que, por ejemplo, hay extranjeros que aquí de verdad vienen a trabajar y se les está negando. Pero, de todas maneras, la fiscalización ayuda a que no haya venta de droga o simplemente gente deambulando dentro de Lo Valledor”, dice la locataria Javiera Gálvez.

Algo similar cuenta Jaime Agusto: “Yo trabajo con unos seis extranjeros y ninguno tiene papeles, pero no saben qué hacer, porque como hay tanto trabajo, no han tenido tiempo de ir hacer su documentación. Por mí, no quiero que se vayan, pero por otro lado, no es malo que [desde la administración] estén exigiendo y trabajando para un mejor control. Como jefe y organizador de mi local, si llegara a perder muchos empleados porque no consiguen regularizarse, tengo pensado ir a hablar directamente con la administración y hacerme responsable, si hay que firmar un papel o hacerme cargo de los que no tienen documentos”.

Esta situación ha generado opiniones divididas entre comerciantes y locatarios, pues si bien muchos se arriesgan a perder parte importante de su fuerza laboral, también están conformes con la medida, pues ésta reafirmaría la sensación de seguridad dentro del lugar, lo que responde a esa sensación generalizada de que el aumento de delitos está asociada al aumento de población migrante irregular.

Al preguntarle a Araya sobre el impacto de esos efectos y qué haría la administración de Lo Valledor para hacerle frente, fue tajante: “No hay nada que hacer. Los locatarios que tengan trabajando a extranjeros que están indocumentados no podrán ingresar, jodieron nomás”.

La Rural

La calle La Rural cruza y divide el mercado y une las avenida Maipú y Cerrillos. Es un transitado tramo de aproximadamente 450 metros, donde feriantes y clientes intercambian mercaderías y visitan el mercado. Hasta el 23 de enero de 2023, era un espacio privado, pues Lo Valledor tenía desde hacía 25 años la concesión para su uso y administración. Pero, entonces, la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda decidió no renovar el contrato y determinó que La Rural es un bien de uso público. Esta decisión fue ratificada en la sesión extraordinaria N° 2 del 93° Concejo Municipal, en la que se votó por reducir la duración de la concesión y no aceptar la oferta económica de la empresa para prorrogarla, reafirmando el derecho municipal de retomar el control de la calle, ya que muchos feriantes ocupaban ese espacio para instalarse con puestos, creando todo lo que conllevan los intercambios de mercadería.

La municipalidad se comprometió a instalar casetas de seguridad con todo el mobiliario para que funcionarios de su unidad de Seguridad Ciudadana las ocupen, y también a demarcar estacionamientos con vigilancia en todo momento. Si bien eso ocurrió, lo cierto es que pudimos observar que durante los horarios de mayor y menor circulación en La Rural (entre las 10:00 y las 14:00 horas), no hay presencia de operativos o rondas de seguridad civil, como tampoco se han instalado parquímetros establecidos.

El vocero de Lo Valledor dice: “Nosotros triplicamos el monto que traíamos desde los 25 años. No le estamos rogando. Es importante la calle y podemos vivir sin la calle, pero con problemas, porque se generó una especie de tubo de delincuencia. El alcalde y cuatro concejales tienen una obsesión de no sé qué tipo con el tema del mundo privado. Les aclaré que podíamos simpatizar en algunas ideas, pero esta bronca entre el mundo privado y el mundo público ya está superada. Hoy día, si no hay privados cooperando en el sistema con el Estado, se va a complicar en varios ámbitos”.

Consultado por Puroperiodismo, el alcalde de Pedro Aguirre Cerda, Luis Astudillo, junto con señalar que ya estaba “cansado de tener que comentar sobre Lo Valledor”, se limitó a decir lo mismo que ha dicho en declaraciones anteriores:

“En cuanto a la medida, se da cuenta lo improvisado que fueron. Desde el primer minuto salí a respaldar que acá era muy necesaria una coordinación previa, y es por esto que hay que juntarse, hacer un trabajo mancomunado, para que todos podamos aportar en esta crisis de seguridad. Como alcalde, pedí hace mucho tiempo que pudiéramos contar con presencia permanente de Carabineros a través de un retén en el mercado de abasto más grande de Chile. Y de esta forma, haber podido evitar y planificar de mejor manera lo que era una marcha blanca, y que se tiñó de rojo, siendo muy lamentable”.

La municipalidad realizó una consulta ciudadana a fines de 2023 y comienzos de 2024 para determinar democráticamente qué hacer con La Rural: si debía ser administrada por el municipio o por una empresa externa que se adjudique esa labor a través de una licitación pública. Votaron 707 personas y la opción de abrirse a una nueva concesión privada se alzó con la mayoría de las preferencias: 56,86%.

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Mientras eso aún no ocurra, La Rural sigue siendo un espacio que hoy está, hasta cierto punto, en tierra de nadie, según señalan fuentes consultadas para este reportaje. Y es ahí donde se han visto la mayor cantidad de conflictos y hechos violentos o delictuales.  El plan de Lo Valledor, en lo próximo, es cerrar el próximo 6 de mayo el período de marcha blanca de su plan de seguridad, y desde la empresa aseguran que no “relajaran” el protocolo. Y eso mismo puede ser, según algunos, una especie de declaración de guerra contra los grupos que comenten los delitos en el sector, comerciantes ambulantes y otros.

Si bien la empresa que administra el mercado ha dado la orden a guardias y otros funcionarios de no hablar con la prensa, uno de los guardias rompió el silencio bajo reserva de identidad y alerta que lo pueda pasar ese día es incierto, pero no se debe bajar la guardia. Dijo: “El 6 de mayo estaremos más preparados que nunca, e incluso vamos a estar todos más violentos, por el contexto que se vivirá”.

Por Ailine Jodre y Rodrigo Díaz Raquelich

Comienza una nueva jornada. Son las 06:00 am del 20 de marzo y la única certeza es la incertidumbre. No es primera vez que iré a censar a un sector considerado “complicado” y este, en particular, no lo es tanto para mí, pues frecuentemente lo transito. Sí, es un lugar que tiene sus complejidades, donde la droga ha generado estragos y el Estado pareciera no poder acceder. Aquí, en Villa Las Hortencias, en San Bernardo, como en tantos otros sectores similares de Chile, es más fácil ser un soldado del narco que convertirse en alguien que sale adelante a pesar del contexto adverso.

Es lo que muchos servicios, tanto públicos como privados, catalogan como una zona roja, un barrio crítico, o bien, como se le conoce en la nomenclatura de quienes están a cargo de llevar a cabo el Censo de Población y Vivienda 2024, un Área de Levantamiento Focalizado (ALF). Así se definen en la resolución que emitió en febrero el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) para establecer las fechas de inicio del trabajo de campo:

Áreas de Levantamiento Focalizado: aquellas que pueden comprender una o más manzanas o áreas de levantamiento donde se prevé o se tenga conocimiento de la ocurrencia de hechos de violencia, amenazas, ataques armados o incendiarios, robos, asaltos o daño a la propiedad tanto pública como privada, o, en definitiva, circunstancias que pongan en riesgo la integridad física de los y las censistas que deban realizar labores de recolección en dichas áreas.

Hace unas semanas nos tocó censar en una de esas ALF: un conjunto de blocks ubicado en el sector de Padre Hurtado con Pirineos, también en la comuna de San Bernardo. Antes de ir, nos explicaron que, por las complejidades demográficas del lugar, debíamos abordarlo de una manera diferente a como se nos enseñó en la capacitación que nos dio el INE al comienzo del Censo. La primera diferencia es que sería algo así como una misión de choque, con muchos grupos de censistas dispuestos para ir a esos sitios en una sola jornada. La orden fue llamar a la vivienda, y si no sale ningún residente, dejar un papel con una invitación para realizar el Censo en línea de manera autónoma, con un código personal e intransferible, y salir rápido. Lo anterior contrasta con la práctica habitual, en la que se realizan dos visitas y, luego de no obtener respuestas, recién entonces se deja el código para que los habitantes puedan autocensarse en línea.

Eso sí, el cuadrante que abarca Padre Hurtado-Pirineos-Luis Uribe-Las Nieves no estaba categorizada oficialmente como una ALF, pero en la práctica sí lo es. Mis compañeros y yo conocemos el sector, y todos sabemos que en varios departamentos de esa zona trafican distintos tipos de drogas y que, cada cierto tiempo, en esas calles hay peleas entre bandas rivales. De hecho, nos tocó que un día, mientras censábamos, tanto mi grupo como otros que estaban cerca fuimos testigos de un gran operativo de la Policía de Investigaciones (PDI) en el que se allanaron unos 40 domicilios, se detuvo a unas 19 personas, se incautaron al menos 15 armas de fuego y se desbarataron bandas dedicadas al tráfico de drogas y de armas, además de estar vinculadas a diversos homicidios cometidos en la capital. Tuvimos que salir rápidamente del lugar y ser trasladados rápidamente en furgones dispuestos por el INE hasta el local censal.

Aunque el INE nos envió por correo un protocolo sobre cómo actuar en caso de situaciones complejas, como accidentes o ser víctima de algún delito, al salir a censar en lugares complicados existe una permanente incertidumbre sobre si uno volverá sano y salvo al hogar.

Casos han ocurrido. En marzo se supo que una censista en Rancagua sintió primero un estruendo y luego un dolor en su pierna: le habían disparado un balín de acero. A otra, en Lautaro, un hombre la obligó a punta de rifle a ingresar a su domicilio, donde luego abusó sexualmente de ella. En Independencia, hace poco asaltaron a uno con golpes de pistola y, como ha ocurrido en varios otros lugares, en Ovalle a otro censista le robaron a la fuerza su celular.

Lo anterior ha hecho que la relación que se forma entre censistas sea positiva y, casi, de amistad. Más allá de si uno busca o no este tipo de vínculos, es inevitable establecer lazos, y esos lazos se han ido expandiendo a censistas de otros lugares gracias a los grupos ad hoc que se crearon en Whatsapp. 

Fue así como conocí a Lucía, quien ha estado censando en el sector donde está la Población La Legua Emergencia, en la comuna de San Joaquín. Ella comenta que, a pesar de los resguardos que han tomado, se ha visto enfrentada a varias situaciones hostiles o incluso violentas, como ver un lanzazo (definido en el Diccionario de Americanismos como un “robo sorpresivo seguido de una huida veloz), o cuando a una compañera suya un hombre no le quiso contestar la encuesta y la agredió con un “pechazo”. 

Cae la noche

Ahora que cambió la hora, se ha vuelto más complejo censar en las tardes: oscurece más temprano y transitar por estas ALF se vuelve incluso más riesgoso. Lucía cuenta que en La Legua no pueden censar más allá de las 18:00, lo mismo que en el sector donde estoy censando por estos días, y ese criterio para este tipo de sectores resulta lógico: cayendo la oscuridad, reina la inseguridad.

Pero ese criterio no se sigue para todos los lugares, porque antes de acudir al sector donde entramos, estuvimos en uno que podría haber calificado perfectamente como ALF, pero no se definió así. Afortunadamente, nuestro coordinador de grupo fue criterioso y abordamos esa zona como si lo fuera: entramos y salimos de cada block todos juntos; parecíamos un  grupo de niños de jardín infantil, liderados por la parvularia. Más allá de lo irrisorio de la escena, era la manera más segura para el grupo.

Fue allí cuando, al finalizar la ronda en uno de los conjuntos de blocks, un grupo de jóvenes –que luego sabríamos que eran narcotraficantes–, nos miraban con atención y sospecha. El coordinador de nuestro grupo se acercó a hablar con ellos para explicarles que nosotros solamente estábamos censando, y que no nos interesaba nada más que cumplir nuestra labor. La explicación, al parecer, fue satisfactoria, porque al menos por ese rato se retiraron, aunque luego empezaron a aparecer consumidores habituales que se nos acercaban a quienes estábamos censando para preguntarnos si es que teníamos “algo” que venderles.

Vivencias como estas hacen reflexionar sobre cómo el narco se ha expandido hasta tomar el control de muchos sectores al interior de villas y poblaciones a lo largo del país, precisamente aquellos donde el Estado pareciera no estar ni satisfacer los requerimientos mínimos de sus habitantes. Ya en 2021, una investigación de CIPER identificó la existencia de al menos 174 sectores de ese tipo sólo en la Región Metropolitana, barrios donde el tráfico de drogas es visto por una importante parte de la población como una alternativa más que válida para la promoción social y su desarrollo económico, al punto de considerarlo un “trabajo”, tal como nos comentó una vecina, que nos recomendó que no fuéramos a censar a una torre determinada después del mediodía, porque llegaban personas de otros lugares de Santiago a “trabajar”.

Al consultar para este artículo en el INE sobre cómo se han estado abordando las situaciones de acoso, hostigamiento y/o violencia que han enfrentado censistas a lo largo de este proceso censal, declinaron a entregar respuestas y sólo nos remitieron al sitio web oficial del Censo 2024, a la sección de boletines, donde ni siquiera hay referencia alguna a ese tipo de situaciones, ni menos al catastro oficial de ALF identificadas para este proceso de levantamiento de información demográfica.

Sólo después de buscar por muchas páginas de internet, entre los papeles que nos entregaron en las capacitaciones del INE y tras consultar con diversas personas, dimos con el “Protocolo de Seguro Accidentes Personales”, cuya existencia era desconocida entre muchos censistas, incluyéndome.

En dicho documento se encuentra la información oficial con la explicación del Seguro de accidentes personales que contrató el INE, sobre la cobertura del mismo, un flujograma sobre cómo un o una censista debe de actuar en caso de accidente o de ser víctima de un asalto con robo de especies, como así también la cobertura de gastos médicos y sus respectivos reembolsos. Sin embargo, al leerlo detenidamente, no existe un protocolo con respecto a qué se tiene que hacer o cómo hay que actuar en caso de que se tenga que trabajar en un AFL.

Al ser consultado, para este artículo, Gustavo Cofré, presidente del Sindicato de Trabajadores de Honorarios del INE, me preguntó muy interesado si había ido a censar a un AFL e incluso si había tenido algún contacto cercano con narcotraficantes. También me comentó que el sindicato se mostró muy colaborativo con el Censo, aunque esta acción no sea recíproca y que evalúan realizar una denuncia mediática con respecto a la poca preocupación de la integridad física y psicológica del censista para generar más respeto a los trabajadores y se den cuenta que no son un número, sino que personas como cualquier otra.

Otros problemas en terreno

Como en todo trabajo, hay que detenerse en algún momento para almorzar, descansar y retomar fuerzas o, incluso, ir al baño, sin embargo, esto se ha transformado en un verdadero dolor de cabeza, ya que no siempre existe la coordinación para que exista un lugar cercano donde poder comer ni hacer las necesidades de manera digna, situación que se complejiza aún más en este tipo de zonas.

Ahí cobra mayor relevancia el rol del coordinador de grupo, la persona encargada de liderar a las cuadrillas de censistas en terreno y que tiene entre sus atribuciones velar por la integridad del grupo. 

En el caso de los baños, supuestamente habría una coordinación con las respectivas juntas de vecinos de los lugares donde trabajaríamos durante los cuatro meses que dura el proceso de recolección de datos de campo, pero no siempre ha ocurrido así. Varias veces nos hemos encontrado con sedes sociales cerradas y/o inhabilitadas para que pudiésemos hacer uso básico de ellas.

En un momento en que empiezan a cambiar las condiciones climáticas, con bajas en las temperaturas y el inicio de la temporada de lluvias, quedan dudas respecto de cómo se velará para garantizar tanto la seguridad como las condiciones mínimas que tendrán los censistas para realizar nuestra labor. A pesar de todo, tenemos la esperanza de que no nos pase nada malo, ni a mí ni a mis compañeros y compañeras, que ojalá podamos desarrollar nuestra tarea de la mejor forma posible para dar un buen cierre a este proceso que, a fin de cuentas, es de todos los chilenos y chilenas y que servirá no sólo para saber cuántos somos y cómo vivimos, sino que también para establecer bases que permitan la toma de decisiones en materia de políticas públicas que beneficien a la ciudadanía.