Hace diez años María Teresa Álvarez trabajaba en un colegio municipal. Estaba dando clases a un tercero básico cuando una alumna, la misma de siempre, se puso de pie y comenzó a correr por la sala preparándose para salir de ella cuando el resto de sus compañeros estaba en clases. Como era rutinario, la profesora salía a buscarla al pasillo y la tomaba de la mano para entrarla. Pero ella se resistía, le gritaba y la insultaba.

Un día, la alumna perdió el control y mientras se tiraba al suelo le lanzó patadas a la profesora lastimándole sus piernas. Fue el primero de los casos que protagonizó María Teresa. El año pasado, el episodio volvió a repetirse con una colega. Un alumno le quería pegar a una compañera, tomó unas tijeras puntiagudas y comenzaron a forcejar. Para evitar que se lastimaran, la profesora intercedió pero el alumno de sexto la empujó y cayó al suelo. Él comenzó a apretarle la mano con la tijera y la profesora se quejaba de dolor. Mientras María Teresa intentaba abrirle la mano para que soltara la tijera, el alumno aprovecho que tenía libre el resto de su cuerpo y la pateó fuertemente, dejándola nuevamente llena de moretones. Y su colega, que debido a repetidos episodios de maltrato decidió cambiarse de establecimiento educacional, se encuentra hoy en tratamiento psicológico y ha presentado durante el año más de tres licencias por depresión, sintiendo un gran rechazo por su trabajo. Todavía recuerda cómo el muchacho la insultaba y le gritaba “lo único que quiero es que te mueras”.

La violencia escolar no sólo ha aumentado con el maltrato entre los alumnos más conocido como bullying. Según las cifras entregadas por el Colegio de Profesores, su Departamento Jurídico actualmente recibe entre dos y tres denuncias semanales por maltrato a los profesores, más del doble de las contabilizadas el año pasado que alcanzó las 15 denuncias. Cantidad que los profesores creen que aumentará, pues durante los últimos tres meses de clases los alumnos y apoderados se vuelven más agresivos, principalmente porque se enfrentan a la situación académica que viven sus hijos y por el estrés acumulado durante el año.

Según las cifras entregadas por el Colegio de Profesores, su Departamento Jurídico actualmente recibe entre dos y tres denuncias semanales por maltrato a los profesores.

Para combatir esta situación, el pasado 15 de octubre durante la celebración del día del profesor, el ministro de Educación Joaquín Lavín anunció en el Colegio de Profesores una indicación a la Ley sobre Violencia Escolar más conocida como antibullying, que se espera esté aprobada antes del próximo inicio de clases. El párrafo agregado a la ley que ya fue enviado al Parlamento, establece las reprimendas a los alumnos que agredan a un profesor.

“Hay toda una escala que va desde amonestación, llamar al alumno, llamar al apoderado hasta suspensión de clases, no renovación de matrícula y expulsión inmediata. La sanción específica a aplicar, va a corresponder a los consejos escolares, según lo establece el proyecto de ley”, señaló el ministro. Además, agregó que el maltrato a un profesor no es un caso más de bullying, sino que tiene una especial gravedad ya que los profesores son la autoridad de la sala de clase.

Jaime Gajardo, el reelecto presidente del Colegio de Profesores, declaró que valora el anuncio del Ministro, pero que para erradicar de forma definitiva la violencia en las salas de clases, se deben generar políticas educacionales que prevengan y no sólo promuevan castigos y sanciones.

“Las acciones que se toman con los alumnos si no están acompañadas por una parte formativa y una campaña nacional sobre el respeto, son medidas de parche”, dijo Luis Madariaga, dirigente a cargo del departamento jurídico del Colegio de profesores. “Necesitamos un cambio de fondo que marque los principios valóricos que queremos entregarle a nuestros alumnos. La expulsión es la peor solución, deberían integrarse a otros establecimientos y aun así la conducta podría continuar”.

Esto no significa que hasta ahora los profesores estuvieran desprotegidos. Todos los establecimientos subvencionados deben contar y dar a conocer un reglamento interno que rija las relaciones entre el profesor, los alumnos, los padres y apoderados. En teoría se deben definir los pasos y sanciones a seguir en situaciones conflictivas. Sin embargo, en general esto no se cumple. Para combatir esta situación, una cláusula señala que para todo lo que no esté contemplado en el reglamento, se tomará un acuerdo en el consejo de profesores de cada colegio, una instancia de carácter consultivo integrado por el personal directivo, el técnico pedagógico y docente, en el cual se determinan entre otros aspectos, la situación de los alumnos conflictivos.

Aunque cada comunidad tiene el derecho a definir sus propias normas de convivencia de acuerdo a los valores expresados en su proyecto educativo, hay comunas en las cuales la corporación de educación municipal está definiendo lineamientos generales como es el caso de Maipú y Pudahuel. “Yo creo que tenemos un problema de criterios. Para un profesor puede ser una falta de respeto que los alumnos se paren sin pedir permiso y para otros no. Por lo tanto, no se trata de pedir que el Ministerio de Educación se haga cargo de estos temas conductuales, porque cada establecimiento tiene un proyecto educativo propio que se ajusta con la realidad de los alumnos, sino de acordar al menos en el colegio los límites en las relaciones”, dice María Teresa Avilés, directora del Colegio Vicente Reyes Palazuelos de Maipú.

En general los manuales de convivencia, más conocidos como reglamentos internos, no contemplan específicamente la sanción en caso de agresión; sin embargo, el profesor está protegido por la Ley 18.834, que en su artículo 84 señala que los funcionarios tendrán derecho a ser defendidos y a exigir que la institución a la que pertenezcan persiga la responsabilidad civil y criminal de las personas que atenten contra su vida o su integridad corporal, ya sea por el desempeño de sus funciones, o que los injurien o calumnien en cualquier forma.

“TE VOY A MATAR”

No era la primera vez que Manuel Sáez, profesor del Colegio Vicente Reyes de Maipú, escuchaba una amenaza tan explícita del alumno de séptimo, pero jamás se había sentido tan vulnerable. No le parecía bien que el mismo joven que antes había amenazado al profesor de enlaces y a él con esperarlo a la salida de clases y golpearlo, ahora quisiera causarle un daño aún menor.

El alumno había llegado al colegio el año anterior con problemas conductuales de los cuales se resaltaba la falta de respeto constante a los profesores y una amenaza con un cuchillo a un docente que detonó el cambio de establecimiento. Como la situación se estaba repitiendo, se le recomendó al apoderado —que al principio se negaba a aceptar la situación— que buscara un establecimiento especial para sus necesidades ya que el colegio, aunque contaba con apoyo psicológico, no estaba capacitado para responder de la manera necesaria por la alta demanda de estos servicios.

Sin embargo, el alumno quedó repitiendo. El colegio debió asumir la situación, y aceptarlo nuevamente para este año académico —pues como se asumió en la mesa de convivencia escolar realizada en 2001, se apoyó terminar con la expulsión o no renovación de matrícula por repitencia o mal rendimiento—, con un compromiso de cambio de conducta que nunca se cumplió. No entraba a clases, no escuchaba a los profesores y los amenazaba delante de todo el curso, conducta que sus compañeros comenzaron a imitar distrayéndose de las clases.

Terminando el primer semestre, el profesor decidió terminar con la situación y siguió el procedimiento habitual. En primer lugar, avisó de la situación a dirección. Pero los procedimientos se habían agotado. Habían citado innumerables veces al apoderado y éste había dejado de asistir. La suspensión también se había considerado y como la hoja de vida del alumno pesaba, el profesor consideró que era mejor prevenir y puso la denuncia en Carabineros, por lo cual el alumno fue detenido y trasladado a una Unidad de menores de carabineros, donde fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía y entregado a sus tutores legales. “La amenaza de muerte es un delito y los menores son responsables a los 14 años. Por lo tanto, se debe decretar medidas cautelares que protejan un bien mayor, como la vida de este profesor. Para ello se pretende sacar al agresor y disminuir el riesgo”, explica el carabinero que asumió el procedimiento.

Aunque la Fiscalía determinó que el alumno debía mantenerse alejado y se le prohibió acercarse por una semana al colegio —situación respaldada por el consejo de profesores del establecimiento—, la Corporación de Educación Municipal de Maipú (CODEDUC) determinó que el alumno debía continuar sus estudios, ya que el Estado debe asegurar la educación y generar políticas orientadas a disminuir la deserción escolar, mejorar la calidad y garantizar el respeto a los derechos de los estudiantes y sus familias en los establecimientos educacionales. Se acordó que el alumno asistiría todos los lunes para que una profesora le entregara pruebas y trabajos que él debe responder para aprobar el curso. Ella no ejerce como docente, pero es la única que ha accedido a recibirlo, pues varios docentes y auxiliares le temen al joven. Y aunque no han tenido problemas, sólo ha ido cuatro veces desde que hicieron el acuerdo y ha llegado incluso con olor a trago.

Se cree que el maltrato se da más en la educación pública. Según Luis Madariaga, dirigente a cargo del departamento jurídico del Colegio de profesores, esto se explica ‘porque es este sector donde se ha estigmatizado más al profesorado’.

Esta modalidad de trabajo se repite en varias comunas dado que la expulsión es considerada una medida extrema, excepcionalísima y última, legítima sólo cuando se comprueba que la situación implica un riesgo real y actual para algún miembro de la comunidad que finalmente en la práctica no se aplica.

Sin embargo, no siempre es el establecimiento el lugar donde el alumno retira el material educativo aunque continúe como el responsable de recopilarlo. A veces, las corporaciones municipales participan e incluso cuentan con profesionales para le brinden apoyo psicológico al alumno y al profesor. De esta manera, el alumno debería asistir semanalmente para ir al ritmo del resto de sus compañeros enfrentando con una gran desventaja, la falta de un profesional capacitado con el cual consultar sus dudas. “Hay un gran vacío, ¿quién ayuda al niño? Es necesario trabajar con él y buscar las causas de su violencia. Medidas represivas hay muchas pero es el colegio el que debe hacerse cargo de su educación. El niño está en su derecho a aprender a responsabilizarse de sí mismo y el aprendizaje esencial es a tener deberes. Cambiarlos de colegio es una mala medida, los estigmatiza y finalmente no son capaces de autoresponsabilizarse por sus hechos, terminarán pensando que si repiten su conducta los cambiarán de establecimiento y nada más pasará. Es un problema de fondo, una crisis de la sociedad donde los niños sólo son el reflejo de su entorno social donde ha tenido que aprender a expresar sus necesidades a través de la violencia. Estamos más preocupados por reprimirlos que por escuchar lo que hay detrás de estas manifestaciones”, dice José Latorre, psicólogo de la Usach y especialista en violencia, intervención social en crisis, mediación, promoción de cultura y buen trato.

¿A CERRAR LA BOCA?

En general los profesores se sienten desprotegidos y poco apoyados, incluso por la dirección del colegio. “Los alumnos no te respetan. Te hacen gestos, te empujan o simplemente no obedecen. Están rompiendo una planta y uno les dice que eso no hace. Es un constante desafío entre los profesores y los alumnos. Ellos están demasiado protegidos. En cambio el profesor como es el mayor y es supuestamente el que tiene el poder en la mano, suele ser acusado de abuso. Mientras los alumnos se burlan, te desafían, te escupen, te hacen desprecios, te empujan, se arrancan de la sala y te tiran el pelo cuando pasas entre ellos”, cuenta María Teresa Álvarez.

Cuando estas situaciones ocurren, el resto del curso se asusta y se queda callado. “Los alumnos pequeños son solidarios contigo, te preguntan si necesitas que vayan a buscar al inspector. Cuando son más grandes no se interesan, a veces incluso apoyan la conducta de su compañero”, dice Jessica Reyes, profesora de educación básica. Sin embargo, las clases deben continuar aunque generalmente los alumnos aprovechan la instancia y comienzan a comentar las agresiones de las que ellos han sido víctimas y se opta por un recreo. A veces, los profesores ni siquiera pueden tomarse una pausa para asimilar la situación. Y otros prefieren no hacerlo, por miedo y vergüenza. Donde la denuncia parece un procedimiento agotador que sólo revive la situación vivida sin solucionarla realmente. Hay una sensación generalizada de que simplemente se debe aceptar esta realidad como parte de la convivencia y que quejarse implica aceptar que el profesor no cumple con el perfil del colegio, en especial cuando son en sectores de riesgo, con problemas familiares —maltrato, violencia, abuso—, alumnos que están acostumbrados a un ambiente donde se trafica drogas y hay mucha delincuencia.

“Producto de una agresión se genera un temor y miedo permanente. Hay dos víctimas, el niño es una víctima de sus propias acciones violentas aunque sea el agresor y  el profesor es víctima de la  acción directa que ejerce el niño sobre él. Necesita mucho apoyo y contención. Sin embargo, los colegios no contemplan esta situación y los docentes se deben tratar en forma particular”, argumenta José Latorre, psicólogo de la Usach.

El presidente del Colegio de Profesores se refirió al maltrato sufrido por los profesores y declaró que la municipalidad de Pudahuel habría instruido a los directores a no denunciar estas situaciones. Sin embargo, los directores se reunieron y sacaron una declaración pública donde dan a conocer que están molestos con las declaraciones de Gajardo porque está usando estos temas de otra manera y que la situación no corresponde a la realidad de Pudahuel.

“Nosotros no hemos dado ningún instructivo a no denunciar, al contrario”, aclaró Ricardo Guzmán, director comunal de educación. “Estamos abiertos a denunciar cualquier abuso deshonesto. Tenemos un el equipo de apoyo escolar de la corporación, integrado por seis psicólogos y asistentes sociales con los que vemos la situación. Si la agresión es grave, se cautela el tema médico y psicológico y apoyamos las denuncias que el profesor tiene que hacer a la fiscalía. Sólo ha habido dos agresiones a profesores durante este año. Pero ninguna ha salido a la luz pública porque hemos resuelto los problemas. Nosotros no estamos por echarle tierra a los temas. Lo que hemos dicho es que hay que cuidar el tema. Creemos que los medios de comunicación no los resuelven, sirven para informar pero se trata de seguir los procedimientos establecidos por ley. Se va a estigmatizar un colegio y un alumno, lo que es muy distinto a que nosotros no queramos que la denuncia no se haga”.

Sin embargo, se debe reconocer que el número de las denuncias es menor a los casos de maltratos reales. Pues, como se ha señalado, son pocos los que deciden denunciar.

CONCENTRACIÓN DEL MALTRATO

Se cree que el maltrato se da más en la educación pública. Según Luis Madariaga, dirigente a cargo del departamento jurídico del Colegio de profesores, esto se explica “porque es este sector donde se ha estigmatizado más al profesorado. En la educación particular subvencionada seleccionan a los alumnos y el que le ha pegado a un profesor seguramente no va estudiar”.

Sin embargo, el maltrato a los profesores no es una realidad aislada de los establecimientos particulares subvencionados o particular pagado. Al contrario, está tan presente como en los colegios municipales. Por ejemplo, el Colegio Santa María de los Andes de Renca, particular subvencionado, ha tenido varios casos de maltrato. Aunque no todas las instancias se informan a la dirección, igual quedan consignadas en los libros de clases con anotaciones negativas o reuniones con los apoderados. Sin embargo, no se ha realizado ninguna denuncia aunque se han tomado medidas drásticas como las de sólo evaluar semanalmente a alumnos que han amenazado a los profesores, como ocurrió con una alumna de séptimo que llegó a mediados de semestre.

Pero el maltrato no sólo es psicológico. Un estudiante del mismo curso golpeó en la cara a una profesora cuando ella le insistió que bajara del mástil de la bandera porque se podía caer. Llamaron al apoderado y lo suspendieron, informándole que si la situación se repetía acudirían a carabineros. “Hemos tenido que tomar medidas porque además de las agresiones físicas y las descalificaciones influyen de mala manera en los alumnos”, cuenta Mónica Araya, directora del establecimiento.

No sólo de trata de maltrato y amenazas, también hay destrucción de la propiedad privada. Los profesores deben enfrentar y pagar de manera particular agresiones a sus vehículos, incluso cuando se identifica a los alumnos que les rompen los vidrios o los neumáticos.

En los últimos años se ha producido un alza importante de doctores y profesionales de la medicina en general –del sector público y privado— que han sido demandados por negligencias o malas prácticas. “Hay situaciones en las que ciertamente hubo un error médico, pero también se dan otros factores, como la publicidad exagerada que en algunos casos reciben eventuales acciones médicas”, cuenta el doctor Luis Ciocca, Director del Departamento de Medicina Legal de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile en la revista de la Fundación de Asistencia Legal del Colegio Médico de Chile.

Por una parte, esto ha devenido en el encarecimiento de la medicina, ya que algunas de las medidas que han adoptado los doctores para evitar ser llevados a tribunales es pedir una gran cantidad de exámenes —muchas veces innecesarios— antes de tomar cualquier decisión respecto del paciente. A la vez, este fenómeno tiene otra consecuencia importante: “La judicialización de la medicina ha transformado la relación entre los profesionales de la salud y los pacientes, al generar desconfianza por ambas partes”, señala Octavio Reyes, médico internista del Hospital del Trabajador.

Todo esto fomentó el surgimiento de un nuevo mercado sumamente atractivo. Porque no es menor que en Chile haya alrededor de 25 mil médicos, vale decir, 25 mil potenciales clientes que se pelean las compañías de seguros y los abogados del país. Además de enfermeras, odontólogos y el conjunto de profesionales de la salud que son el target de este mercado. En ocasiones las aseguradoras trabajan junto a firmas de abogados y, en otras, cada uno sale a buscar clientes por su cuenta.

La judicialización de la medicina ha transformado la relación entre los profesionales de la salud y los pacientes, al generar desconfianza por ambas partes”, señala Octavio Reyes, médico internista del Hospital del Trabajador.

Últimamente, el seguro de Responsabilidad Civil que más se ha extendido en Chile es el que contratan los doctores para protegerse del incremento de juicios por negligencia médica. “Efectivamente se ha producido un alza en la contratación y también en sus precios; dependiendo de la especialidad del doctor y de la siniestralidad que ésta implica”, dice Sergio Troncoso, anestesista del Hospital Exequiel González Cortés y de la Clínica Tabancura. Es así como al encarecimiento de la salud en Chile debido a su judicialización, se le suma el aumento de las primas de los seguros.

Según la Fundación de Asistencia Legal del Colegio Médico de Chile (FALMED), las proyecciones apuntan a que la curva se acercará al mercado estadounidense, donde este tipo de seguros representa casi el 50 por ciento del total de los Seguros Generales.

Hoy, son cinco compañías las que llevan la delantera en el mercado: MAPFRE, Chilena Consolidada, Renta Nacional, Aseguradora Magallanes y RSA.

En general, los doctores contratan por opción propia, pero muchas veces tienen que hacerlo ya que es un requerimiento de su lugar de trabajo. Como les sucedió a Octavio Reyes y Sergio Troncoso. “Las instituciones no proveen asesoría jurídica y menos costear una eventual indemnización. Pero hay excepciones, ya que algunas protegen a sus empleados pagando los respectivos seguros”, cuenta Carla Robledo, abogada del Estudio Carvallo y asesora de médicos e instituciones de salud.

Hasta ahí todo bien. Puede considerarse obvio que frente al escenario judicial descrito, las clínicas y hospitales exijan que sus empleados estén protegidos. Sin embargo, existen precedentes para no desatender este punto.

En 2005, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) formuló un requerimiento al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia respecto de este tema. El requerimiento señalaba que Integramédica S.A. obligó a los doctores que trabajaban en sus centros, bajo amenaza de desvinculación, a contratar la asesoría legal ofrecida por el estudio jurídico Carrasco y Compañía Limitada y el seguro de Responsabilidad Civil por negligencia médica de la Aseguradora Magallanes. Por una parte, la FNE dio cuenta de que esta institución de salud abusó de la relación de dependencia económica en que se encontraban sus empleados y, por otra, de la competencia que se ha generado en el mercado relevante de seguros de Responsabilidad Civil y asesoría legal para profesionales de la salud. “En estos casos se deben revisar los contratos, porque un acuerdo entre privados te permite muchas cosas. Ahora, hay algunos que se transforman casi en contratos de adhesión, y que si bien es cierto el médico concurre con su voluntad, se debe atener a las cláusulas que el otro ha puesto”, cuenta Paulina Milos, abogada que defiende a médicos, clínicas y hospitales.

En 2006, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia rechazó el requerimiento por considerar que Integramédica S.A. estaba en su derecho de exigir a los profesionales que contrataran asesoría legal especializada y un seguro de Responsabilidad Civil por negligencia médica. Sin embargo, el tribunal exhortó a esta institución a garantizar que el proceso fuera transparente, en igualdad de condiciones para los participantes y con el necesario resguardo de la libertad de cada médico para contratar estos servicios en forma independiente.

EL LIDERAZGO DE FALMED

Esta fundación fue creada en 1994 por el Colegio Médico de Chile y tiene sucursales en todo el país. FALMED trabaja sólo con doctores, no con hospitales, clínicas o centros de salud. Para acceder a la asesoría y defensa legal y al seguro de Responsabilidad Civil que tienen con MAPFRE, los afiliados a FALMED –que a su vez deben ser miembros del Colegio Médico- pagan $17.000 mensuales. “Este es un seguro flotante, porque no tiene el nombre de una persona, sino que el de un grupo, entonces se le aplica al médico que lo necesita”, señala Paulina Milos.

Hoy existen más de 10 mil médicos afiliados a la fundación, y la cifra de profesionales que los han contratado durante este año supera los mil. “Multiplicado por 17 mil pesos es una bonita cantidad. FALMED tiene casi el 50 por ciento de los médicos. Y probablemente sean los que tienen más riesgo”, dice Milos.

La fundación señala que en más del 99 por ciento de sus juicios, los resultados han sido exitosos para los médicos. “He ido a mesas redondas con Juan Carlos Bello, abogado jefe de FALMED, y él dice que están invictos porque no han perdido ningún juicio. Pero distinto es ganarlo, porque muchas veces no perder significa que éstos han quedado en el camino; ya sea porque el juicio se alarga, el paciente desiste o no se puede probar nada”, cuenta la abogada.

EL MENOR COSTO POSIBLE

Contratar un seguro de este tipo es transferir el riesgo a la compañía, para que en el caso de que haya un problema, no sea el profesional de la salud el que asuma los costos. Pero eso lleva de la mano algunas renuncias, y la principal es renunciar a la defensa. “Ninguna aseguradora permite al médico afiliado ser defendido por un abogado que no sea de la compañía, o que el doctor llegue a un acuerdo con el paciente sin que ellos lo aprueben”, asegura Paulina Milos.

El negocio es bueno y ha crecido la oferta, pero el problema es que gran parte de los abogados no cuenta con los conocimientos suficientes.

De hecho, la tercera cláusula del Convenio-Mandato de FALMED indica que sólo en casos excepcionales, calificados por el Directorio, se podrá decidir que la defensa del afiliado sea asumida por abogados externos a la fundación. Asimismo, la cláusula décimo primera señala que el afiliado no tiene derecho a exigir el pago de indemnización alguna si ha llegado a un acuerdo, convenio y/o transacción extrajudicial que se genere en el marco de una mediación pública o privada en la que FALMED, en su calidad de mandatario, no haya participado.

Es cierto que son cláusulas que pueden ser consideradas típicas de un contrato cualquiera con una compañía de seguros. Pero aceptarlas va, de alguna forma, en detrimento de la dignidad o el prestigio del médico; a la vez que daña su relación con el paciente. “Muchas veces pasa que cuando van a juicio, a las compañías aseguradoras no les interesa defender al profesional; eligen más bien pagar una indemnización al paciente antes que poner a un abogado en el que se va a gastar mucha más plata. Ir o no a la mediación ya no queda en manos del médico, porque está obligado a comunicarse con las aseguradoras o de lo contrario pierde el seguro. Está bien, su negocio es el menor costo posible, pero hay que saberlo”, señala Milos.

MEDIACIÓN

En 2005 entró en vigencia en Chile la Ley 19.966 de Mediación en Salud. Es una instancia obligatoria —en teoría— antes de ir a juicio por Responsabilidad Civil. Y consiste, a grandes rasgos, en un acuerdo entre las partes asistido por un mediador; quien no toma decisiones ya que sólo actúa como facilitador del arreglo. Los profesionales e instituciones del sector público comparecen ante el Consejo de Defensa del Estado (CDE), y el servicio es gratuito. En el caso del sector privado, las mediaciones son llevadas a cabo por la Superintendencia de Salud, y tienen un costo de hasta $200.000.

Con el tiempo las aseguradoras y estudios de abogados han ido cambiando sus estrategias y accedido a la mediación. Esto pasó porque vieron casos exitosos en el sector público.

En un principio, la reacción de las aseguradoras fue no ir a mediación. Sobre todo porque sus abogados están preparados para litigar, no para mediar o conversar. “Iban a juicio porque en el 90 por ciento de los casos no se pagaba ni siquiera indemnización a los pacientes. Ha sido terriblemente difícil levantar la iniciativa”, cuenta Paulina Milos.

En este sentido, Carla Robledo señala que mientras los intervinientes no comprendan que el mecanismo no pasa necesariamente por un acuerdo monetario, es poco lo que realmente se puede avanzar en este sentido.

Sin embargo, con el tiempo las aseguradoras y estudios de abogados han ido cambiando sus estrategias y accedido a la mediación. Esto pasó porque vieron casos exitosos en el sector público. Muchas veces, las personas no buscaban indemnización en dinero y quedaban tranquilas con una explicación, una disculpa, con el pago de los gastos médicos o una nueva atención. “Entonces, si disminuye el gasto a través de la mediación, las compañías van a optar por esta alternativa”, dice la abogada.

De hecho, FALMED ha incentivado la opción y se ha propuesto desjudicializar la salud; además de propiciar instancias de difusión y capacitación de los doctores sobre las áreas de riesgo profesional. “Pero tendrán que ver cómo transforman el sistema para que el médico siga pagando su seguro”, señala Milos.

LOS ABOGADOS

La judicialización de la medicina abrió, por defecto, un campo laboral atractivo para los abogados, muchos de los cuales se abocaron a defender pacientes. “Este aumento se debe principalmente a la cultura litigiosa existente en nuestra sociedad actual, que busca encontrar culpables frente a resultados adversos o no queridos en medicina”, asegura Carla Robledo. Por su parte, Cristián Wöhler, urólogo de la Clínica Santa María, sostiene que incluso hay abogados que se dedican a defender pacientes e indagan qué doctores tienen seguros contratados, y a ellos los demandan.

Fue así como también proliferaron los abogados que en la actualidad se dedican a defender doctores, clínicas y hospitales en causas por negligencias médicas o malas prácticas. A la vez, son contratados para realizar asesorías extrajudiciales y charlas preventivas sobre materias legales. Dentro de este contexto, la abogada Samanntha Carrasco lleva la delantera en el mercado: “Ella es ex FALMED y tiene un número importante de médicos en su estudio, entre dos y tres mil”, cuenta Paulina Milos.

El negocio es bueno y ha crecido la oferta, pero el problema es que gran parte de los abogados no cuenta con los conocimientos suficientes. “La responsabilidad médica exige gran preparación y una alta especialización”, dice Robledo.

Paulina Milos, que también es directora del Magíster en Derecho de la Salud de la Universidad de Los Andes, cree que los estudios tienen abogados con buena formación en Responsabilidad Civil, pero no en Derecho Sanitario o Derecho de la Salud, una nueva rama de esta profesión. “Para un abogado es muy difícil reconocer un medio de prueba dentro de un hospital: qué estadísticas, registros, indicadores o estándares llevar a juicio. Por ejemplo, es probable que no se les ocurra utilizar la acreditación de una clínica como elemento a mostrar al juez. Y tampoco conocen que hoy todos los médicos, odontólogos y profesionales en general tienen que estar en el registro que lleva la Superintendencia de Salud; o que todas las clínicas deben contar con una autorización sanitaria”, sostiene.

Es innegable que la medicina es un excelente negocio, y que siempre se pueden encontrar nuevas formas de entrar en el mercado. En este caso, el público objetivo son los miles de profesionales de la salud que pagan para protegerse frente a eventuales demandas. Pero al mismo tiempo, este precio es “compartido” con otros: “Al final, el seguro lo paga el paciente”, concluye el doctor Sergio Troncoso.

“Disculpa, ¿acá se puede pagar con la tarjeta Junaeb?”, pregunta una estudiante universitaria a una cajera de un Líder. Ella extrañada le responde que no sabe qué es eso y el joven empaquetador le explica que ahora los tickets restaurant que entregaba Junaeb serán reemplazados por una tarjeta. Él saca la suya y se la muestra mientras le dice a la estudiante que puede comprar en Unimarc, Santa Isabel y Erbi, supermercados afiliados al beneficio.

A partir del primero de agosto, los alumnos de la Región Metropolitana beneficiados por la Beca de Alimentación Educación Superior (BAES) se despidieron de los tickets restaurant y recibieron una tarjeta electrónica que se carga mensualmente con $26.000. Este subsidio para la alimentación se realiza diez veces durante el año académico considerando un gasto diario de $1.300, a excepción de la Región de Magallanes, donde el monto es 1.400 pesos.

El beneficio que pertenece al Programa de Alimentación Escolar (PAE) es entregado por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) y está dirigido a los alumnos de los dos primeros quintiles que representan al 40 por ciento de la población nacional con menor ingreso per cápita del hogar; es decir, un monto igual o inferior a $90.067. Los estudiantes no postulan a este beneficio, es complementario a siete becas de arancel entregadas por el Ministerio de Educación (Mineduc) como la de Excelencia Académica, Puntaje PSU o Beca Nuevo Milenio y al Crédito Solidario o con Aval del Estado.

HACIA UNA FISCALIZACIÓN EFECTIVA

Los rumores sobre la supuesta llegada de una tarjeta que reemplazaría a los tickets restaurant llevaban años circulando por las instituciones de educación. Aunque el sistema se implementó como piloto el 2007 en San Felipe y el 2008 en Puerto Montt, sólo este año se extendió al resto del país. En octubre se integrarán O’Higgins, Valparaíso y Biobío, las tres regiones que faltan.

El principal incentivo para la implementación de este nuevo sistema fueron las denuncias que hicieron los medios de comunicación y los alumnos sobre el mal uso del beneficio. Pues a pesar de las prohibiciones impuestas sobre el canje de alcohol, cigarros y medicamentos se detectaron irregularidades a nivel nacional —desde 2008— que exigieron un sistema de fiscalización más efectivo. La tarjeta permite saber quién está comprando qué, dónde y a qué hora. “El cambio no sólo tiene que ver con la tarjeta. El consumo de alcohol ha desperfilado el canje por alimentación alejándose del objetivo principal que es apoyar la educación superior en la alimentación sana de los alumnos”, dice Lorena Osorio, Jefa del Programa de Alimentación de Junaeb.

Este organismo externaliza el servicio y trabaja con dos operadores: Sodexho, la pionera en el sistema de la tarjeta electrónica, y Edenred, conocida hasta junio pasado como Accor Services y que cambió de nombre debido a la separación del grupo entre hostelería y servicios prepago. Estas empresas son las encargadas de entregar la tarjeta a las entidades de educación superior, hacer los convenios y fiscalizar a los puntos de canje, sean restaurant o supermercados. “Detectamos que la situación se daba porque había locales donde se vendía sólo alcohol o papas fritas. Los operadores usaban la misma red para todos sus servicios. Junaeb necesitaba la creación de una exclusiva para tener el control real de un sistema en el que no hubiera venta de alcohol y que la alimentación entregada fuera sana. Cambiar a una tarjeta no era suficiente, también debía hacerlo la orientación del programa para ayudar a la nutrición del alumno”, explica Hernán Salgado, Director Nacional de la Región Metropolitana de Junaeb.

MENÚ SALUDABLE

En el Informe de la Comisión de Salud sobre composición nutricional de los alimentos y su publicidad se destacó el importante aumento del sobrepeso y la obesidad. Ésta es la enfermedad crónica más frecuente y transversal en la población chilena. El auge de la comida rápida, concentrado en las grandes ciudades, es un factor desencadenante de la enfermedad, pues su composición nutricional —alta en grasas saturadas y baja en fibra dietética— y un alto consumo pueden favorecer el aumento excesivo de peso y el desarrollo de algunas enfermedades crónicas no transmisibles que suelen acompañarla, como la hipertensión arterial o la diabetes mellitus tipo 2.

En el Informe de la Comisión de Salud sobre composición nutricional de los alimentos y su publicidad se destacó el importante aumento del sobrepeso y la obesidad. Ésta es la enfermedad crónica más frecuente y transversal en la población chilena. El auge de la comida rápida, concentrado en las grandes ciudades, es un factor desencadenante de la enfermedad.

Junaeb exigió a los puntos de canje que ofrecieran tres menús saludables: uno casero, otro vegeteriano y para las embarazadas una alternativa reforzada en calcio con algún aporte extra como yogurt o quesillo. Por lo cual, todos los locales que no fueran capaces de proporcionar un plato de este tipo no pueden participar en el beneficio. Esto explica que los comercios que venden solamente completos no acepten la tarjeta Junaeb. “No es para imponer a los estudiantes que coman lo que nosotros queramos», aclara la Jefa del Programa de Alimentación de Junaeb. «Se trata de ir generando hábitos de consumo alimenticios a largo plazo”.

No se trata del costo de la máquina de Multicaja, sino de los nuevos requisitos que tiene el sistema. Sin embargo, hay casinos que han subido su tarifa basándose en el cambio del sistema como ocurrió momentáneamente en la facultad de Ingeniería Forestal de la Universidad de Chile, Campus Antumapu. “Los primeros días se aprovecharon y subieron a 1.360 el almuerzo. Así no alcanza para los virtuales 20 días que asistes a la universidad. Aunque bajó, ahora nos imponen el menú”, reclama Juan Pablo Villegas, alumno de la institución.

Fijar el precio de los menús no es un requisito, pero Junaeb premiará acreditando a los locales cuando cumplen con los menús saludables y el precio fijado en $1.300. La Multicaja requiere un depósito inicial de $50.000 que se recupera con la comisión y cuya mantención mensual es 0,5UF ($10.677) y que permite la carga de teléfonos celulares.

Incluso locales que son reconocidos por su oferta en comida rápida se han preparado. Por ejemplo, Doggis, donde se concentra el mayor número de canjes de la capital, ahora ofrece públicamente su menú Junaeb. Sin embargo, este local es uno de los pocos que lo hacen. “El menú está disponible, pero no necesariamente promocionado porque no es una exigencia. Si el alumno lo pide y no hay, puede hacer un reclamo a través del teléfono o por mail por incumplimiento de contrato”, explica el Director Nacional de la capital.

Además, durante los próximos meses se implementará el Programa de Atención Integral al Estudiante que considera visitas de especialistas para evaluar el estado nutricional de los becados y una intervención en las instituciones con ferias educativas que promocionen la alimentación sana y las actividades deportivas. También se harán sorteos de notebooks mensuales y premiaciones con platos de comida saludable a quienes la prefieran.

ESCASA COBERTURA DEL BENEFICIO

Una de las quejas más recurrentes de los alumnos ha sido justamente la evidente disminución en la cobertura del beneficio. Según las cifras oficiales de Junaeb, son 2.600 locales con cobertura en todo el país. Cada operador debe asegurar una cantidad mínima de puntos de canje. En el caso de la Región Metropolitana son alrededor de 1.100, que al sumarlos no superan los 1.500 porque muchos se repiten entre Sodexho y Endered. El problema es que cuando no es así, el alumno no puede hacer uso del beneficio y sólo al tener este problema se entera de qué empresa provee su tarjeta.

Karla Concha es alumna de Técnico en Odontología del Inacap, tiene el beneficio y está conforme con la mayoría de los cambios. A las dos semanas de recibir su tarjeta fue a comprar al Unimarc que está en Alameda, buscó lo que quería comer y cuando quiso pagar la cajera le dijo que no podía porque en ese momento sólo tenían habilitado el sistema para Sodexho y su tarjeta es de Endered. “Creo que existe poca publicidad en los locales. En la página ves miles de lugares, pero cuando tú vas pasando a veces ni siquiera está el sticker de ticket electrónico, que es diferente a de Sodexho y al de los tickets de antes”, dijo Karla. Al respecto, se debe aclarar que son pocos los comercios en que ocurre esto. “Nosotros (Edenred) no debemos tener la misma red. Sodehxo puede tener otros comercios y en la licitación se asignan los listados de las universidades a las dos empresas. En la página dice cuáles son los comercios que ofrecen el beneficio, es información que está disponible”, asegura Lorena Chandía, encargada de beca BAES de Edenred, quien agregó que el problema debió ser un tema puntual y de implementación, pues toda la cadena de supermercados Unimarc y Santa Isabel tiene convenio con su empresa.

Además quedaron fuera todos los lugares que no tuvieran su resolución sanitaria al día, que consiste en la autorización de la Secretaría Regional Ministerial de Salud que certifica el funcionamiento correcto de la elaboración, mantención y distribución de alimentos, medida que incluyó incluso a casinos institucionales.

“Nosotros reducimos la cobertura intencionalmente a un 60%. Teníamos una exagerada oferta para la demanda que tenían los alumnos y decidimos concentrarnos en los lugares donde efectivamente se ofrecía servicios de canje en alimentación, que según el estudio que hicimos durante dos meses coinciden con los lugares donde más canje realizaban los alumnos, así también evitamos que el alumno terminara cambiando el vale por cualquier cosa“, dice Lorena Osorio, Jefa del Programa de Alimentación de Junaeb.

No sólo se aseguró la cantidad de lugares habilitados con el sistema, sino su distribución. A través de mapas se determinó según los alumnos el número necesario de lugares para poder abastecerlos, aunque hubo lugares a los cuales no se pudo llegar porque los alrededores de la institución no tienen locales de este tipo, por ejemplo, la sede de Medicina Veterinaria de la Universidad Mayor, ubicada en Huechuraba.

Aunque los supermercados no ofrecen menús de alimentación saludable, cerca del 30% del consumo se hace en estos locales. Otra de las quejas estudiantiles es la limitación del beneficio sólo a productos alimenticios. “Muchos alumnos nos decían que compraban otras cosas, como el detergente. Entendemos que lo necesiten, pero es una beca de alimentación y no pueden comprar con ella este tipo de productos. De hecho, Una vez tuvimos un problema con un alumno que reclamó porque no lo dejaron comprar una leche. Pero al averiguar, quería comprar Nan, leche para el hijo. Razonablemente no era un producto alimenticio para el estudiante”, cuenta el Director Nacional de la capital de Junaeb.

Con respecto a los puntos de canje que fueron sancionados, denunciados o sorprendidos faltando al contrato y vendiendo productos prohibidos, se estudió cada caso, analizando las propuestas que tienen los locales para controlar el servicio y el compromiso que asumen con él. Situación que Junaeb y los operadores fiscalizan formalmente y a través del cliente incógnito, donde intentan que un alumno compre lo que no debe. En caso de ser sorprendido en esta falta se amonesta el local y si se repite se estudia su expulsión del convenio de manera paulatina, pues se considera el ingreso de una nueva cadena para no dejar al resto de los alumnos que compran en el local sin el punto de canje.

“Hemos tenido pocas desafiliaciones, ha bajado mucho el mal uso de la tarjeta y los reclamos. Estamos en permanente control. El sistema del cliente incógnito se hacía antes, pero no de manera tan intensa. Ahora lo haremos varias veces al año e identificando los comercios riesgosos”, dijo Lorena Chandía de Edenred.

LA CARA BUENA

Pero no todo son quejas, la tarjeta tiene varias ventajas. Se acabaron las filas de los primeros días para retirar los cheques. Las instituciones educacionales sólo deberán entregar una vez la tarjeta, pues ésta se cargará mensualmente de manera automática. El primer día de cada mes, sin importar si es domingo, el alumno contará con el subsidio. Y aunque se mantiene un monto mínimo de $1.300, ya no tendrá que gastar cifras cerradas como exigía el sistema anterior. Por ejemplo, si la compra era de $2.400  el alumno tenía dos opciones, compraba algo más por el precio exacto o perdía la diferencia, pues en escasos locales la devolvían. La tarjeta le permite al estudiante hacer transacciones por el monto que quiera y dependerá del local si acepta que pague alguna diferencia en efectivo. Además, la carga mensual dura 35 días, por lo cual el alumno tendrá cinco días extra para gastar la diferencia incluso si es menor al monto mínimo, pues se acumulará con la nueva carga.

Pero no todo son quejas, la tarjeta tiene varias ventajas. Se acabaron las filas de los primeros días para retirar los cheques. Las instituciones educacionales sólo deberán entregar una vez la tarjeta, pues ésta se cargará mensualmente de manera automática. El primer día de cada mes, sin importar si es domingo, el alumno contará con el subsidio.

Por último, la tarjeta le da más seguridad al alumno, no sólo porque funciona con una clave elegida por él al activarla, sino porque en caso de pérdida puede bloquearla y recuperar el saldo que tenía en ella. “Me gustó el cambio, es más cómodo», dice Francesco Vial, estudiante de ingenería de la Universidad de Chile. «Al principio me sentía inseguro pues pensaba que no todos los lugares iban a tener la tarjeta, pero de a poco está teniendo la cobertura de los mismos lugares que antes aceptaban los cheques restaurant”.

También los comerciantes se ven beneficiados con el sistema. Aunque deben costear la máquina  necesaria, ya no deben juntar los cheques, enviarlos y esperar 60 días como mínimo para su pago. La cuenta se hace automáticamente y pueden recibir el dinero incluso semanalmente. Pero no todos los trabajadores están conformes. En el McDonald’s del Patio Centro hay tres cajas y sólo una Multicaja de Junaeb. “No podemos tomar otro pedido mientras no terminemos con el anterior. Es muy engorroso porque tenemos que interrumpirnos. En el local queremos aumentar los validadores porque actualmente atrasa todo nuestro sistema de comida rápida”, cuenta Susan Donoso, encargada de área de McDonald’s.

La implementación en el resto del país permitió que la tarjeta llegara de mejor manera a la Región Metropolitana, incluso mejor de lo que esperaba el personal de Junaeb y Endered, aunque no sin fallas. A un mes de la inserción de la tarjeta BAES en la Región Metropolitana, en septiembre  nuevamente se pone a prueba con los nuevos beneficiados del Crédito Aval del Estado que supone el ingreso de unos 15 mil alumnos a los cuales podría complementar esta beca.

Junaeb espera hacer más modificaciones al sistema. Aspira, en un futuro no muy lejano, integrar todos los beneficios que pueda tener el alumno, como  la Beca de Mantención que considera la entrega de dinero mensual e incluso la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE), más conocida como pase escolar, en una única tarjeta.

Seis meses han pasado desde que ocurrió el terremoto en el país y la ciudad de Talca, una de las más dañadas, no es la misma. Difícilmente podrá tener las mismas características de antes en un corto y mediano plazo. Antes del sismo, se solían ver esas enormes casas de adobe en el barrio Santa Ana, donde vivieron generaciones de familias, y esos interminables paseos por la Alameda en el barrio Seminario, que hoy sólo son recuerdos para los talquinos que aún permanecen en la asolada ciudad, cuyo casco histórico está casi completamente en el suelo, siendo sólo escombros.

Ha sido una dura tragedia para sus habitantes (cercanos a los 220 mil de acuerdo al último Censo) y en sus rostros se refleja esa tristeza. Caminan  con pasos desgastados y fríos por el centro de la ciudad. La mayoría de las palabras que se escuchan son: subsidio, trámite, mediaguas, esperas, arreglos y stress en las  personas después del terremoto, que no sólo destruyó casas, sino que también una identidad que se formó durante años en la capital del Maule.

Nada se compara a la viva ciudad que antes del 27 de febrero llenaba de magia y tradiciones a los talquinos que perdieron algunas estructuras culturales como las torres de las Iglesias de Santuario de María Auxiliadora y Corazón de María, ubicadas en 2 Sur, una de las más centrales de la ciudad. El terremoto también se llevó consigo parte del folclore de la zona, como el que se creaba en el Mercado Central durante el día por el comercio, siendo casi un patrimonio cultural en donde las personas se juntaban amenamente a comprar pan, queques o frutas en el centro. Toda una identidad se perdió y el dolor se percibe fácilmente en los habitantes mientras intentan retomar sus antiguas rutinas en el día. Acaecida la noche, parece una ciudad fantasma, dos o tres locales abiertos de comida, el silencio se hace permanente y el único movimiento que se vislumbra es el de perros esqueléticos callejeando en busca de alimento, mientras la neblina hace casi imposible ver más allá de unos metros las locaciones que aparentan estar de pie entre el silencio y la neblina, pero por dentro están completamente vacías y llenas de escombros. Una escena que provoca escalofríos, pena y resignación a los pobladores, que no pueden olvidar la magnitud de la catástrofe.  Además, del sentimiento de impotencia al ver tanta destrucción.

El terremoto que afectó la ciudad y dejó la construcción de adobe por el suelo causó  consecuencias tales como el impedimento para cruzar por esas calles y la instalación de carpas luego del terremoto en cuyas viviendas se destruyó todo. En el barrio Santa Ana, es normal verlas en los patios traseros o antejardines de las propiedades. Pero provoca extrañeza que luego de casi seis meses aún se vean en el centro de la ciudad. En una calle solitaria del barrio, se encuentran cuatro carpas, seguramente la mayoría de los vecinos ha decidido emigrar del lugar por miedo a nuevos derrumbes o réplicas. La propietaria de éstas es María Bravo, una ex banquetera de unos cincuenta años, que vive en una junto a su esposo. Ellos perdieron su casa por el terremoto y pasan el estremecedor frío, típico del invierno sureño, durmiendo ahí. En las demás, guardan algunas de sus pertenencias o se las facilitan  a sus hijos cuando deciden pasar la noche ahí, cosa que difícilmente hacen por tener un bebé de un año y meses.

CARPAS EN EL BARRIO SANTA ANA

Lo que alguna vez fue su casa,  era lo suficientemente grande para cobijar al grupo familiar de once personas. Ahora sólo queda el muro que resguardaba la entrada de su antiguo hogar; lo demás es escombros y barro. En su interior tienen una mediagua que le entregó la Municipalidad de Talca hace tres meses para las personas que habitaban el terreno, pero ellos decidieron guardar algunos muebles en ella debido a los robos y comenta que es muy helada para dormir en ella, no obstante tiene dos camas de una plaza, una estufa y plástico que utiliza para abrigar el lugar.

La  casa de emergencia, dice María, se la otorgaron gracias a que una amiga trabaja en la Municipalidad y le ayudó acelerar el proceso para que la visitara un asistente social. “Es la única ayuda que me ha llegado por parte de la alcaldía, ya que he tenido cero apoyo por parte de ellos y los únicos que nos han ayudado son personas comunes y corrientes. Además, cuando hablé con la asistente social no creyó que aquí vivían once individuos porque yo nunca dejé un registro de eso”, dice la señora, mientras barre un corredor de tres por dos metros que quedó de su ex casa. No ha podido postular al subsidio que otorga el gobierno ya que ella y su marido son propietarios del terreno que ahora es nada, aparte de que no cuentan con ahorros: “Vivíamos de lo que yo cocinaba aquí, mi marido perdió su trabajó porque la pastelería donde trabajaba también se vino abajo, esta es nuestra situación actual, no tenemos más que una mediagua y un terreno que aún no sabemos que hacer con él”, dice mirando lo que fue su casa.

Respecto a la labor de la Municipalidad, ésta otorgó a la Dirección de Desarrollo Comunitario —entidad que se preocupa del efectivo cumplimiento y ejecución de objetivos sociales para la comunidad— la función de hacer un catastro de las personas damnificadas para así entregar mediaguas. Para esto, asistentes sociales trabajaron en terreno, dividiéndose por sectores del centro de la ciudad, donde hicieron encuestas (Encuesta Familiar Única) en cada hogar para verificar e informar la situación de las personas.

La asistente social que se preocupó del caso de María Bravo fue Nelly Hernández, quien enfatiza que la perjudicada vivía solo con tres personas. “Yo en primera instancia fui sola a hablar con ella y me dijo que vivía en su casa con seis grupos familiares. Luego, la visité con el apoyo de un encuestador para poder confirmar la información. Finalmente revisé el registro de la señora Bravo y encontré que solo vivía con su esposo e hijo”, dijo Hernández con tono cortante y temeroso, ya que reconoce que la situación de María Bravo es trágica.

Hasta el mes de agosto se han entregado un total de 1.040 mediaguas, escaso número considerando que en la comuna de  Talca se destruyeron 6.150 viviendas y 8.500 fueron dañadas severamente, la mayor parte de ellas en el sector céntrico de la ciudad (barrio Santa Ana y Seminario), donde hubo unas 4.000 viviendas destruidas y el 20% corresponde a la zona rural. La demora ocurrió principalmente por dos factores: desorganización y falta de materiales, según asegura Lorena Villalobos, asistente social de DIDECO (Dirección de Desarrollo Comunitario).  El primero sucedió por la inexperiencia ante tal catástrofe y por la confusión que se provocó entre DIDECO y “Un Techo Para Chile”. “Esa organización retrasó el trabajo que veníamos haciendo, ya que estábamos elaborando la ayuda de la misma forma, por lo que se tuvo que empezar de nuevo”, señala Villalobos. El segundo factor se dio por la sobre demanda de productos para la construcción de casas de emergencia, lo que llevó a que se agotaran los materiales.”El material en las barracas se acabó y hay que esperar a que lleguen de nuevo”, vuelve a decir.

Dentro del total de hogares que poseen deterioros, el Gobierno confirió la posibilidad de acceder al subsidio “Manos a la obra” que consiste en entregar una suma de trescientos mil pesos de materiales para la reconstrucción. El total nacional que se dispone para éste es de 8 mil millones de pesos. De ese total e destinarán 266.587.411 millones para Talca. El Gobierno hizo un convenio con las empresas Construmart, Easy y Homecenter Sodimac, a las que se les concedió un total de 88.862.470 millones de pesos a cada una. A través de la Ley de Transparencia se solicitó los documentos que acreditaban cuántas personas habían recibido este subsidio hasta la fecha, y la respuesta —tanto de la Intendencia como de la Municipalidad— fue que no se podía otorgar esa información, ya que alteraba el correcto funcionamiento del personal de la Dirección de Desarrollo Comunitario a pesar de ser información a la cual cualquier chileno tiene derecho a acceder.

A través de la Ley de Transparencia se solicitó los documentos que acreditaban cuántas personas habían recibido este subsidio hasta la fecha, y la respuesta —tanto de la Intendencia como de la Municipalidad— fue que no se podía otorgar esa información, ya que alteraba el correcto funcionamiento del personal de la Dirección de Desarrollo Comunitario a pesar de ser información a la cual cualquier chileno tiene derecho a acceder.

Al igual que la señora María Bravo, Patricio Rojas, mecánico del sector céntrico de la ciudad, también recibió una mediagua en el mes de mayo, que no utiliza por ser demasiado fría y se la presta a un amigo que también se quedó sin hogar: “Es una lata tener que andar molestando a otros para tener donde dormir”, comenta sobre su situación actual.

También la señora Nelly Hernández lo inscribió en damnificados, y luego de dos meses le entregaron una mediagua. Por ahora, está esperanzado en que pronto le darán el subsidio para poder tener un lugar estable donde vivir, pero se dificulta aún más la situación porque él no es dueño del terreno, ya que fue heredado de sus padres. “Tengo derecho a postular a ese subsidio”, señala enfático. “No tengo rabia porque me regalaron algo. Todo lo demás depende de mí y de hacer los trámites”, asegura, a pesar de que sabe que será un proceso largo y de gran desgaste emocional.

A Patricio Rojas aún le cuesta hablar del terremoto, no por lo que perdió materialmente, sino porque el recuerdo de su padre fallecido no cesa. Una semana después del terremoto el progenitor de Rojas fue a su panadería a las 10:00 de la mañana para continuar con la labor de sacar los escombros. Estuvo dos horas acarreando grandes trozos de adobe, hasta que sacó uno clave y se le vino la pared de tres metros de altura encima. Murió al instante. Como ésta era su única fuente de ingresos, no quiso esperar a que los militares limpiaran lo derrumbado y prefirió hacerlo él solo.

La pérdida de su padre lo dejó absolutamente derrotado. Patricio habla despacio y casi susurrando, se detiene, respira y sigue. “No he tenido ganas de trabajar, tengo cuatros autos por arreglar desde antes del terremoto. Vengo al garaje y lo único que hago es tratar de ordenar, porque todo me quedó en el suelo, no tengo ánimo ni de levantarme, pero lo tengo que hacer por mi hijo de diez años, para que no se preocupe”, dice el mecánico. Para afrontar su falta de ingresos, su cuñada lo ayuda económicamente y también le da una habitación en su hogar para que viva con su hijo. “La casa es acogedora, pero no estoy cómodo porque no duermo bien y físicamente ando mal, uno se siente incómodo cuando no aloja en su propio techo, no me gusta sentir que puedo llegar a estorbar”, dice Patricio.

El terremoto afectó principalmente a los barrios Santa Ana y Seminario de Talca, donde se encuentra el casco antiguo. No todos han perdido familiares como Patricio, pero sí han perdido años de sacrificio al mantener un hogar. Además de las casas particulares, los negocios derrumbados y oficinas caídas, difícilmente retomaran su lugar en  estos barrios tan dañados. Para esto se necesita una reconstrucción urgente en la ciudad, la cual estará a cargo de  la inmobiliaria El Bosque S.A. de Hurtado Vicuña. Esta inmobiliaria debe, con su plan maestro, enfrentar las cifras que entregó la Consultora Polis, encargada también del plan: 928 mil m2 de terreno en construcciones con algún daño (54% son viviendas), y de 6.024 propiedades, deben ser demolidas el 28% y reparadas 33%.

Ante estas cifras deben trabajar, a pesar de que concejales no gubernamentales y juntas de vecinos rechazaban la idea de que un empresa lejana se hiciera cargo de la reconstrucción por la poca pertenencia identitaria para con la ciudad y por la dudosa entrada de la inmobiliaria a Talca debido al nexo que existe entre uno de los propietarios de está con la Ministra de Vivienda y Urbanismo, Magdalena Matte, lo cual podría ser un conflicto de interés.

Luego de un mes del terremoto, las ONG “SurMaule” y “Reconstruye”, más la unión de todas las juntas vecinales de la zona y la participación de un grupo de profesionales y arquitectos que llevan años trabajando en la ciudad, conformaron propuestas ciudadanas para la reparación de la capital de la Región del Maule. Éstas se conversaron en el Concejo Municipal y el alcalde Juan Castro las aceptó. Pasaron tres días y el Alcalde recibe la visita del encargado de Reconstrucción del Ministerio de Vivienda, Pablo Allard, quien le habla de la Inmobiliaria y su proyecto. El Alcalde pide una audiencia con el Intendente de la séptima Región y con la inmobiliaria Hurtado Vicuña y se toma la determinación de que el responsable de esta labor será la mentada empresa.

“Sin darnos una excusa, desvalorizando y mirando en menos la posibilidad de restablecer la ciudad con actores, técnicos y profesionales locales que tienen identidad local que conocen la ciudad. Esta situación es muy fea. Nosotros trabajamos en formular proyectos sociales, pero también hay un tema ideológico-social que nos vincula con el tema desde la ciudadanía”, dice Carmen Muñoz, encargada del área de comunicación, de la ONG SurMaule. Por otro lado, la concejala socialista y ex candidata a alcalde de la ciudad de Talca, Paulina Elissetche, dice que el Alcalde se equivocó con el tema de la Inmobiliaria, ya que le parece que la propuesta ciudadana era mucho más completa que la de la inmobiliaria. “A nosotros los concejales no se nos preguntó nada sobre la inmobiliaria cosa que debía ser aprobada también por el Consejo Municipal al cual pertenezco. El trabajo de esa empresa será incompleto, ya que es una propuesta de diseño insuficiente y aún no se lleva a la práctica”, dice Elissetche, mientras la sociedad de Hurtado Vicuña no se había pronunciado respecto al tema. Aparte el problema es que no se sabe donde y qué es lo que se va a construir.

Lo que incomoda y perjudica a los habitantes es la lentitud con que se ha desarrollado todo esto. Y no sólo el Plan Maestro, sino que todos los procesos,  desde la demolición tanto de lugares públicos como privados y la entrega de casas de emergencia.

Por otro lado, a principios de junio el senador de la Región del Maule y presidente de la UDI, Juan Antonio Coloma,  dijo: “Recién no cumplimos ni tres meses y claramente las prioridades han sido en tres órdenes: el primero la recuperación de los servicios públicos, cosa que está resuelto. Segundo, terminar con los escombros. Se ha hecho un esfuerzo tremendo y ya está resuelto y ahora la reconstrucción que para la municipalidad es una gran tarea, trabajando y contribuyendo con mucha participación y con un plan de reconstrucción sustentable en el tiempo. Esto es el plan maestro que lo está haciendo un grupo privado pero con participación muy activa del municipio y todos los organismos públicos de la región”. Claramente hay una gran discrepancia respecto a los dichos de Paulina Elissetche en cuanto a la Inmobiliaria El Bosque S.A, a lo que el Senador señaló que existía una gran divergencia de opiniones con ella. “Yo he estado en las reuniones muchas veces, he estado con todas las fuerzas vivas y en general y a diferencia de ella —uno en la vida puede tener discrepancias— creo que está bien formulado, bien socializado, tiene realismo y orden fundamentales para cualquier reconstrucción”, dijo el presidente de la UDI.

Sin embargo, y a medida que ha pasado el tiempo, los ánimos se han calmado. La concejala socialista, mediante la Ley de Transparencia, pidió el documento que se refiere al proyecto a cargo de Hurtado Vicuña. En éste se destaca que la operación del Plan Maestro se hará en conjunto con la Municipalidad y no con ayuda a nivel comunal como se quería en un principio. Tal como ocurrió hace una semana, esta última convocó la formación de un Directorio Urbano para la Reconstrucción donde estuvieron representadas todas las instituciones y organizaciones sociales de la ciudad, llamado Encuentro por la Reconstrucción. El objetivo era discutir y opinar acerca del Plan, que no sólo quiere restaurar la ciudad de manera moderna,  sino que además aumentar el turismo incrementando las áreas verdes, pero manteniendo su identidad tradicional. Para esto, el plan debe intervenir las 315 manzanas del casco histórico, partiendo por 12 Norte con 14 Sur hasta la ribera del río Claro por la Ruta 5 Sur. El plan Maestro debería estar listo dentro de una semana.

A estas alturas se conocen algunos de sus objetivos, como por ejemplo la construcción de propiedades de hasta sólo cinco pisos, para mantener la línea tradicional de los barrios centrales. Pero más allá de conocer algunos detalles, lo que incomoda y perjudica a los habitantes es la lentitud con que se ha desarrollado todo esto. Y no sólo el Plan Maestro, sino que todos los procesos,  desde la demolición tanto de lugares públicos como privados y la entrega de casas de emergencia, hasta los temas administrativos como todo el papeleo para que un asistente social revise el caso, la entrega de subsidios y lo que se relaciona con el Plan que aún, luego de seis meses del terremoto, no se pone en práctica.

Esta misma lentitud es la que impacientó a los propietarios de “La Chanchería”, el único local de cecinas que hay en el centro de Talca perteneciente a Cecilia Mesías y  familia. A la mujer no la encuestaron para obtener una mediagua, pese a que su casa se derrumbó. “En la Municipalidad hay mediaguas y no sé por qué no las entregan”, dice la señora que se aburrió de esperar y decidió mandar a hacer una por un costo de 800 mil pesos. “La compré de inmediato, mi mamá está viejita y no quise esperar, ya que el frío que hace aquí es terrible”, dice. “La Chanchería” después del terremoto quedó con grandes daños. “Gracias a unos ahorros que teníamos logramos reparar todo y abrimos el 28 de abril”, dice Mesías, quien agrega que ha gastado ocho millones de pesos para reconstruir todo el negocio.

Efectivamente su local lucía radiante, limpio, pintado de color blanco brillante y sin ningún rastro de grietas. Ella, junto con su familia, fueron los primeros del sector del centro en levantarse y ponerse de pie. Recibieron muchas felicitaciones por parte de sus vecinos, y eso la tiene contenta; sin embargo está molesta. “No hemos recibido ayuda de ninguna índole. Ni los escombros nos vinieron a sacar”. Tuvo que gastar 180 mil pesos para sacarlos, aparte de los 300 mil que le costó demoler el lugar donde vivía junto a su madre e hija. Cecilia prefiere gastar dinero para mantener el local, no en vano se ha sacrificado durante años levantándose a las dos de la mañana varios días a la semana para ir en busca de cecinas. Sabe que la ayuda es lenta y prefiere ni hablar de subsidios. “No nos dan porque creen que por tener este negocio tenemos plata. Además soy dueña del negocio, pero no del terreno”. Su familia lleva arrendando hace más de 60 años. Cuando se le pregunta acerca del trabajo de la Municipalidad, dice que no quiere referirse al tema. Pero el que sí lo hace es Hugo Rojas, quién vive a una cuadra del local de cecinas. Su casa, que arrendaba, se destruyó y ahora está cesante. “Ir a la Municipalidad es perder el tiempo. He hecho todo por mi cuenta. Él alcalde no ha hecho nada”, señala molesto.

Muchas quejas se han realizado en torno al alcalde. A esto se suman los rumores de que tuvo la intención de ir con su hijo al mundial de Sudáfrica, mientras los talquinos realizaban todo tipo de trámites.

Muchas quejas se han realizado en torno al alcalde. A esto se suman los rumores de que tuvo la intención de ir con su hijo al mundial de Sudáfrica, mientras los talquinos realizaban todo tipo de trámites. En la Municipalidad, cada mañana se reúnen habitantes para obtener algún subsidio, realizan largas filas para que los puedan atender, mientras no hay rastros del alcalde ni de autoridades que den soluciones factibles y rápidas. La molestia de los talquinos  se debe principalmente a que quieren soluciones más eficientes por la lentitud de los procesos de reconstrucción o subsidios y que se cambien los planes para éste y que todos los damnificados puedan acceder al subsidio habitacional costos0 que luego de visitar la Feria Inmobiliaria de la Región del Maule, queda claro que la calidad de las casas es mala ya que se aprecian en ellas los clavos y son como pequeñas cabañas. Como comenta una mujer que pregunta por el  costo de una de ellas: “Este piso fácilmente se mojará”, a lo que la vendedora responde que ahí el propietario debe invertir, lo cual desde un punto de vista moral es cruel ya que nadie tuvo la culpa de perder su hogar.

Por otro lado, el subsidio no es  costos0 ya que para acceder a mejores viviendas —o sea una construida no sólo de madera— se deben invertir hasta 200 UF. El sector del centro histórico fue el más afectado y corresponde a personas de clase media que no tenían ahorros previos y heredaron casas muy grandes, por lo que ganarse el subsidio que otorga una “cabaña grande” como nuevo hogar, es realmente desmoralizante.  “En estos momentos no se ve nada transparente. Yo creo que muchos de los dineros de afuera (extranjero) se los metieron al bolsillo”, termina diciendo Hugo, quien duda que pueda mejorar su situación, al menos este año.

Con respecto a esto, el plazo para postular al subsidio es hasta el 27 de agosto por lo que muchos quedaran afuera de este proceso y la Inmobiliaria el Bosque aún no ha entregado la ayuda para el supuesto “plan maestro”. Falta mucho por construir y reparar, a pesar de la ayuda que se ha entregado,  lo que provoca que los talquinos aún no puedan superar esta catástrofe que los afectó.

Esteban tiene 25 años, es el menor de tres hermanos y el único que vive con sus padres en un departamento de casi 53 millones de pesos, ubicado en La Reina, comuna del sector más pudiente de la capital. Su madre es dueña de casa y los únicos ingresos –alrededor de 2 millones de pesos mensuales- los aporta su padre, quien es propietario de una empresa de barracas que elabora maderas. Desde que salió del colegio particular pagado Subercaseaux College, ubicado en el sector El Llano de la comuna de San Miguel, dejó de manejar el auto de su padre para conducir uno propio. Ahora todos los días se dirige en su segundo automóvil, un Peugeot 206 plateado del año 2010, avaluado en 4 amillones de pesos, a la sede de Huechuraba de la Universidad Mayor, donde estudia Medicina Veterinaria cuyo arancel anual supera los tres millones de pesos. Desde  2007, Esteban tiene el Crédito con Aval del Estado. Aunque tiene los recursos económicos necesarios para pagar sus estudios, postuló al beneficio para ahorrar el dinero y ocuparlo en otros intereses como comprar los implementos necesarios en su carrera, combustible para el auto y pasatiempos como el snowboard. “Quería también, que me dieran los cheques de alimentación que entrega la Junaeb, para así no tener que sacar plata de mi bolsillo para quedarme a almorzar todos los días en la universidad”, dice.

Este crédito es un beneficio dirigido a estudiantes con méritos académicos que necesiten apoyo financiero para iniciar o continuar una carrera en una institución de educación superior acreditada por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA).

En 2006, quedó atrás el sistema del Crédito Fiscal y nuevos beneficiados obtuvieron apoyo en el financiamiento de su carrera a través del Crédito con Aval del Estado por un monto que varía entre $200.000 y el arancel de referencia, establecido anualmente por el Ministerio de Educación para cada carrera e institución, que suele ser menor al real y cuya diferencia debe costear el alumno.

A las universidades privadas y estatales se sumaron los institutos profesionales y los centros de formación técnica. Además, los alumnos que estuvieran cursando su carrera también pudieron postular al beneficio.

Este crédito es un beneficio dirigido a estudiantes con méritos académicos que necesiten apoyo financiero para iniciar o continuar una carrera en una institución de educación superior acreditada por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA).

Sin embargo, el crédito tuvo un inicio caótico. Desde la incompatibilidad de los navegadores con la página de Ingresa para postular por Internet, la única manera de hacerlo, hasta el otorgamiento erróneo del crédito a los alumnos con menos problemas económicos. Aunque se habló de asignar hasta 40 mil, ni siquiera se duplicó la cantidad estimada inicialmente que alcanzaba los 14 mil alumnos beneficiados. El entonces Presidente Ricardo Lagos afirmó que nadie que cumpliera con los requisitos quedaría sin Crédito con Aval Estatal para terminar así con la polémica desatada por dicha cantidad. Finalmente, se asignó a 21.251 alumnos, cifra que se tradujo en más de 26 mil millones de pesos, de los cuales 5.083 créditos fueron asignados al quinto quintil, que representa al 20 por ciento de la población nacional con mayor ingreso per cápita del hogar, es decir, un monto superior a $254.627. Marigen Hornkohl, ministra de Educación a la fecha, explicó que un «error informático» causó la mala asignación del crédito universitario debido a un “ordenamiento inadecuado» de los postulantes, descartando irregularidades en los contratos con Confinsa, empresa que proveyó el programa que arrojó estos resultados.

A partir de entonces, el número ha crecido (ver tabla). En 2007, con casi 37 mil millones se otorgaron 36.035 créditos. Al año siguiente, para paliar los efectos de la crisis económica se destinaron más de 50 mil millones para 46.696 créditos. En 2009 la cobertura aumentó casi al doble y 72.131 alumnos fueron beneficiados. La Presidenta Michelle Bachelet informó que la cobertura incluso alcanzaría hasta el cuarto quintil de los postulantes, que tienen un ingreso per cápita del hogar entre 140.665 y 254.627 pesos, situación que según los datos oficiales de Ingresa siempre ha sido así.

Este año, los beneficiados eran inicialmente 97.882, pero el terremoto del pasado 27 de febrero cambió el panorama. El Consejo de Rectores de Universidades Chilenas (Cruch) recomendó incrementar las ayudas a los estudiantes cuyas familias se encontraran en crisis económica producto del movimiento sísmico y así evitar una deserción masiva de universitarios. Joaquín Lavín, ministro de Educación, informó que se haría una reapertura para que los alumnos pertenecientes a las zonas más afectadas que estudiaran en instituciones o sedes ubicadas en las regiones del Biobío, Maule y Libertador Bernardo O’Higgins pudieran postular al crédito. Inicialmente más de 4.500 jóvenes manifestaron interés en recibir el beneficio, pero sólo tres mil acreditaron ante las instituciones de educación superior el daño socioeconómico sufrido a causa del terremoto. Y el 18 de junio, se conoció el nombre de los 2.524 alumnos que fueron beneficiados. En estos cuatro años, el crédito se ha convertido en la principal ayuda estudiantil en cuanto a volumen de recursos públicos y privados involucrados, beneficiando a casi 270 mil estudiantes.

En Internet los alumnos postulan al crédito junto a los otros beneficios que ofrece el Estado completando el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS). En éste los alumnos entregan información sobre la previsión social y de salud de su familia, los antecedentes educacionales y sus ingresos. Estos datos son fundamentales porque son la base de la selección de los beneficiados.

Los requisitos para postular son cinco: ser chileno o extranjero con residencia definitiva en el país; tener condiciones socioeconómicas del grupo familiar que justifiquen el otorgamiento del beneficio; matricularse en una carrera de pregrado en una institución de educación superior autónoma, acreditada y que participe del Sistema de Créditos con Garantía Estatal; no haber egresado de una carrera universitaria financiada con el Fondo Solidario de Crédito Universitario y/o con el Crédito Aval y tener mérito académico.

Sobre la última condición, los alumnos que ingresen a primer año deben un promedio de Notas de Enseñanza Media (NEM) igual o superior a 5,3 y puntaje promedio mayor a 475 puntos en la Prueba de Selección Universitaria (PSU) de Lenguaje y Matemática sin distinción de carrera. Aunque parezca bajo, el beneficio considera a centros de formación técnica e institutos profesionales, instituciones que no requieren un alto puntaje para matricularse. Se consideran válidas las PSU rendidas en el año de postulación o en los dos años anteriores. Por ejemplo, para e1 próximo año, serán válidas las PSU 2008, 2009 y 2010. Los alumnos que ya están en la educación superior deben haber cumplido el 70% del total de cursos inscritos en los últimos dos semestres de la carrera (o año, en caso de las carreras anuales) y contar con el respaldo de la institución de educación superior en la que se estudia. Esto significa que la casa de estudios debe incluir el nombre del postulante en la nómina de alumnos que acepta matricular con este beneficio, lista que es enviada por cada institución a la Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores (Ingresa) después de publicados los resultados de la postulación. Cada institución puede establecer requisitos académicos adicionales, como el caso de alumnos con ingreso especial.

El proceso de asignación está a cargo de  Ingresa. Este organismo autónomo del Estado, creado en 2005 por la Ley 20.027 sobre financiamiento de estudios de educación superior, diseña e implementa instrumentos que contemplen el uso de recursos públicos y privados.

El proceso de asignación está a cargo de  Ingresa. Este organismo autónomo del Estado, creado en 2005 por la Ley 20.027 sobre financiamiento de estudios de educación superior, diseña e implementa instrumentos que contemplen el uso de recursos públicos y privados.

Ingresa se compone de dos comisiones. Una es la Administradora del crédito, encargada de definir sus políticas, por ejemplo la selección de los bancos que lo otorgan. Está formada por un representante de los cuatro tipos de instituciones de educación superior acreditadas (universidades estatales y privadas,  institutos profesionales y centros de formación técnica) y del Estado a través del Ministro de Educación, que preside la Comisión, el vicepresidente de Corporación de Fomento (CORFO), el Tesorero General de la República y el director de Presupuestos del Ministerio de Hacienda. “No es necesario que exista otro organismo fiscalizador, ya que las distintas entidades que participan en el sistema están representadas en la Comisión”, dijo Sebastián Spolmann, jefe del Departamento Judicial de Ingresa. La otra es la Ejecutiva, que administra el crédito encargándose del proceso de otorgamiento.

La primera vez que Javiera, estudiante de Periodismo de la Universidad Diego Portales, postuló al crédito sus padres todavía vivían juntos en La Cisterna. Su papá era un microempresario que no recibía ingresos fijos y su mamá era profesora de un prestigioso establecimiento que también realizaba clases particulares y en un preuniversitario. Su hermano estudiaba Medicina en la Universidad de Chile y sus padres financiaban la totalidad de su carrera. Sin embargo, la Comisión no le otorgó el crédito. El año siguiente, Javiera volvió a postular. En el formulario informó que sus padres estaban separados de hecho y que vivía en un departamento del sector sur de la capital. Sólo mintió al decir que su hermano vivía con ellas, pero tampoco obtuvo el crédito. Este año, el hermano de Javiera también postuló porque la situación familiar se tornó crítica. Los ingresos de su madre disminuyeron en el formulario pues Javiera omitió los trabajos extra que ella realiza. Aunque nuevamente se cambió de casa, esta vez con su hermano, mantuvo la dirección anterior pues la comuna en que vivía es considerada más pobre. La publicación de la tercera lista, compuesta por 23 mil nuevos beneficiados del crédito, los incluía.

LAS MENTIRAS «PIADOSAS» EN LA POSTULACIÓN

Cuando un formulario es recibido por la Comisión Ingresa, cinco personas de los departamentos de Informática y Asignación, encabezados por Felipe Gutiérrez, gerente de Postulaciones y Estadística de la Comisión, trabajan en conjunto para separar la información que los alumnos dan en el FUAS. Estos antecedentes son enviados a distintos organismos públicos.

De manera simultánea se entregan los RUT de los postulantes al Registro Civil y la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb); el Ministerio de Planificación (Mideplan) y Servicio de Impuestos Internos (SII) también reciben los RUT de la familia  del postulante para corroborar la información.

Sobre las condiciones académicas, el Ministerio de Educación (Mineduc) envía el Registro de Estudiantes de Chile que contiene las notas de enseñanza media (NEM) y el Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (Demre) provee los puntajes de la PSU.

Junaeb entrega el índice de vulnerabilidad que registra esta entidad de acuerdo al nivel socioeconómico de la familia y el entorno rural o urbano del establecimiento educacional, por ejemplo, por haber recibido alimentación en el colegio. En la misma línea, Mideplan utiliza los RUT del postulante y su familia para detectar a los alumnos que pertenecen a los programas Puente y Chile Solidario, que benefician al sector más vulnerable de la sociedad.

El manejo de esta información es confidencial y es el alumno quien autoriza la verificación de sus datos cuando completa el formulario. La mayor parte de ellos se canalizan a través del Ministerio de Educación, ya que también requieren la información para la postulación a otros beneficios, exceptuando la comprobación de la identidad que Ingresa realiza de manera particular con el Registro Civil. En el Crédito con Aval del Estado, el Ministerio funciona sólo como intermediario porque el proceso de asignación y verificación de los datos de los postulantes están a cargo de Ingresa.

El Mineduc envía los RUT de los postulantes y sus familias al SII en dos CD’s. Uno proveniente y ordenado por la Comisión Ingresa y otro correspondiente a otros beneficios educacionales, ambos con clave de seguridad y un oficio que garantiza la confidencialidad de la información. “Ni siquiera sé cuántos registros me manda Ingresa, yo simplemente me encargo de enviarlos”, dijo Ana Andrea Abarca, encargada del Proceso de Postulación y Asignación de Ayudas Estudiantiles del Mineduc. El SII trabaja con los ingresos registrados en la operación de renta de los últimos dos años. De esta manera, se hace un cruce entre la declaración de renta y los formularios para comparar que los pagos hechos por los empleadores sean los mismos que informó el alumno. Después de esto, el SII devuelve la nómina de los alumnos ordenados según el rango de ingreso familiar.

Con los antecedentes verificados, la Comisión hace una evaluación socioeconómica de los estudiantes, ordenándolos de menor a mayor ingreso. El sistema computacional que utiliza Ingresa considera la corrección de información si hay errores. Por ejemplo, cuando se completa mal el formulario respondiendo con el ingreso anual en vez del mensual, Junaeb o Mideplan informan a Ingresa de la falta de concordancia en los datos. Según Felipe Gutiérrez, gerente de Postulaciones y Estadística de la Comisión, los errores en la información entregada por el alumno en el FUAS, no necesariamente se deben a la mentira u omisión. “El alumno se equivoca bastante porque no lee. Por ejemplo, coloca el ingreso anual en vez del mensual o pone solamente sus datos cuando se piden los de toda su familia”, dice.

Marcela, estudiante de Ingenería Forestal en la Universidad de Chile, vive con sus padres y su hermano menor en un departamento en Estación Central. A veces, sale a dar una vuelta en el Honda de su papá que cuesta casi veinte millones. Le gusta toda la tecnología del vehículo que avisa incluso cuando no te has puesto el cinturón. La madre de Marcela es profesora básica y su padre es sostenedor de dos colegios particulares subvencionados en el sector poniente de la capital, entre ambos reciben alrededor de 2 millones de ingreso mensual. En el formulario Marcela declaró que vivía sin su padre en el departamento y argumentó que habría perdido contacto con él tras preveer una quiebra. Sin embargo, aunque su familia tiene problemas económicos él nunca abandonó su hogar ni a sus hijos.

Desde la implementación del crédito no se ha suspendido ni rechazado una postulación por encontrar falsedad u omisión en los datos que entrega el postulante en el formulario.

“No tenemos los recursos para hacer un informe socioeconómico de cada uno de los alumnos”, dijo Sebastián Spolmann, jefe del Departamento Judicial de Ingresa. El otorgamiento del crédito es bastante automatizado pues no existe un filtro de ‘factor humano’. Se rige por las bases de datos que, según señaló la Comisión, permiten verificar la veracidad de los antecedentes proporcionados por los alumnos en el formulario FUAS que están sustentados en la “buena fe”.

“Se considera mucho la información que el alumno coloca en el formulario, por algo lo hacemos postular. Lo demás está contrastado con las fuentes que han sido nombradas. Pero siempre lo hacemos a favor del alumno y cambiamos la información si la diferencia es muy grande”, agregó Gutiérrez.

Desde la implementación del crédito no se ha suspendido ni rechazado una postulación por encontrar falsedad u omisión en los datos que entrega el postulante en el formulario. Aunque Ingresa tiene la facultad para hacerlo y de sorprender a un alumno falseando u omitiendo información la sanción es la suspensión del crédito sin posibilidad de volver a postular.

“No se han tomado medidas cuando se encuentran errores en los formularios, pues se asume que fue por comprensión equívoca de las indicaciones de la postulación”, dijo Gutiérrez. Este año se contrató a dos asistentes sociales que trabajarán en la Comisión con la intención de comprobar que el crédito esté bien otorgado. Así, por primera vez, aunque aún no se ha determinado la fecha, habrá un encargado de cotejar los datos en la práctica y no sólo con fuentes oficiales.

Sin embargo, sólo estas dos profesionales se ocuparán de la asignación de créditos en todo Chile. “No se trata de ir por el país quitando el beneficio, sino de hacer un proceso eficiente para que se focalice en la gente que realmente lo necesita”, agregó Gutiérrez.

LA SEGUNDA OPORTUNIDAD

El proceso de apelación se ajusta al presupuesto inicial que otorga la Contraloría General de la República y comienza cuando los primeros beneficiados se han matriculado aceptando el crédito. Principalmente, los postulantes que no lo recibieron completan por Internet el Formulario de Apelación con un mensaje personalizado, indicando el tipo de causal, que puede ser social o académica, y se les entrega un código de apelación. Aunque también envían una carta o se dirigen personalmente a la Comisión para solicitar una revisión de su caso.

Ingresa contrata una empresa externa. Fernández y Salome Asociadas trabaja con ocho asistentes sociales que revisan alrededor de cuatro mil cartas e investigan estos casos. Generalmente las  razones son socioeconómicas como el error en los datos de ingresos mensuales en el formulario de postulación, la disminución de los ingresos por cesantía o muerte de los sostenedores después de la postulación, enfermedades de fuerte gasto permanente o debido a otros hermanos están estudiando en educación superior; las últimas tres situaciones deben ser acreditadas con documentación que se adjunta a la apelación y se envía a la Comisión. También existen causales académicas, como la matrícula fuera de plazo.

BANCOS: LOS QUE REALMENTE PONEN LA PLATA

Cuando las instituciones informan cuántos alumnos se matricularon y en qué carrera, Ingresa arma nóminas que se licitan en los bancos, cooperativas de crédito y seguros de vida. La Comisión hace una invitación a todas estas instituciones a participar porque mientras más sean, más créditos pueden otorgar. Las listas están compuestas aleatoria y heterogéneamente para no discriminar a los postulantes por su carrera, capacidad de pago ni ubicación geográfica. La Comisión busca acordar los intereses que sean más bajos (cifra en torno al 5 y 6%) y la Contraloría decide las condiciones de la negociación. Este año el financiamiento y la administración de los créditos quedó a cargo Santander, Itaú (institución que participa por primera vez, con un tercio de ellos) y Scotiabank, que cuenta con el 56% del total de las listas adjudicadas asignadas en 2010. Para los créditos de años anteriores que serán renovados en 2010, la tasa de interés final será de aproximadamente un 5.8% anual a 10 años y de un 6,4% anual para el pago a 15 y 20 años.

El último paso en la obtención del Crédito con Aval del Estado es la firma del alumno con el banco (a menos que sea menor de 18 años, caso en el que un apoderado o representante legal debe firmar a su nombre, manteniendo como deudor al estudiante). El contrato firmado es el mismo para todas las entidades financieras y en él se pueden cambiar datos generales relativos a la identidad como el teléfono o la dirección, pero no los antecedentes académicos ni el monto requerido, éste se solicita anualmente y es modificado en Internet o en la institución académica.

Como su nombre lo indica, este crédito no exige ningún tipo de aval pues no está condicionado a la capacidad de endeudamiento del alumno ni de su familia. La institución de educación superior y el Estado son la garantía del crédito, manteniendo al alumno como el primer responsable en el pago 18 meses después de egresado o un año después si dejó la carrera, permitiendo un pago anticipado.

Según reveló Spolmann atraer a los bancos para participar en el Crédito con Aval del Estado no ha sido una misión sencilla. La directora ejecutiva de Ingresa, Alejandra Contreras, ha realizado seminarios para explicarles el sistema y convencerlos de que finalmente van a ganar dinero con el crédito. De hecho, el Banco de Chile y Santander, que junto a BCI se lo adjudicaron el año pasado, han sido muy reticentes en las negociaciones. Sin embargo, las instituciones financieras más pequeñas han mostrado más interés en los créditos. De esta manera, Itaú, un banco conocido por la exclusividad de sus clientes, ingresó este año al negocio.

Para incentivar la participación la ley establece que el fisco puede comprarles una parte de la nómina para obtener mayores tasas. Aunque para el alumno se mantengan como las administradoras del beneficio, la garantía es fiscal antes y después su egreso.

EL CRÉDITO NO DESERTA

Otra garantía cubre la deserción académica, el abandono de los estudios durante doce meses consecutivos sin justificación, que tiene costos económicos para la familia con la pérdida del pago de arancel y para el Estado, que pierde lo invertido en becas. Pero también para las instituciones educacionales porque con este crédito los establecimientos tienen la responsabilidad de responder por los desertores morosos pagando al banco una cantidad acorde a los años cursados por el alumno. Esto es preocupante, pues en junio pasado el Consejo Nacional de Educación hizo un estudio a la generación de alumnos que ingresaron en 2004 en 55 planteles, incluyendo universidades, centros de formación técnica e institutos profesionales, que reveló un alto nivel de abandono de los estudios superiores: en los institutos, sólo el 33% terminó la carrera; en los CFT, lo hizo el 49% y en las universidades, sólo el 53% de los alumnos llegó al último año. Además, el 40% de los desertores indicó que el motivo eran problemas económicos.

Para evitar la deserción, los establecimientos realizan diversas gestiones educacionales como reforzamientos y tutorías, además de apoyo psicológico y moral a los estudiantes.

Pedro era alumno de segundo año de Traducción e Interpretariado en Inglés en la Universidad de las Ciencias de la Informática (UCINF). Su padre que vive en Coquimbo, no pagó durante tres meses las cuotas del arancel de la carrera por lo cual se vio obligado a repactar y dejó la carrera a mitad del semestre de 2008. Él vive en Recoleta con su madre, secretaria de un centro médico ubicado en Providencia donde gana 150 mil pesos, y sus abuelos quienes reciben una pensión de 90 mil mensual. Para pagar la deuda, Pedro empezó a trabajar como promotor en una multitienda y decidió postular al Crédito con Aval del Estado para continuar sus estudios en una institución acreditada. Aunque había elegido la institución donde quería terminar la carrera pensando que cumplía con los requisitos necesarios para postular al crédito, finalmente no lo obtuvo y siguió trabajando.

Las instituciones, además de estar acreditadas,  deben cumplir con la Boleta de Garantía Bancaria (también llamada Póliza de Seguro de Ejecución Inmediata) para ofrecer este beneficio. Esta fianza es un monto que calcula Ingresa en relación al arancel del crédito solicitado y que pagan los establecimientos por los alumnos hasta que egresan de la carrera. Si un estudiante se cambia de institución convalidando ramos arrastra la deuda anterior, para evitarlo algunas instituciones sólo reciben alumnos con crédito que ingresen a primer año porque se considera como si tuvieran dos, uno con la institución anterior y otro con la actual. Ingresa no sólo se preocupa de la boleta de garantía, también presiona a la institución para que el alumno pague. Por ejemplo, si el estado de deserción de una institución es mayor al promedio de las otras, podría rebajar los créditos asignados o dejar de otorgarlos.

Las instituciones detectan la deserción observando la asistencia a clases o el rendimiento durante el año. “Los jefes de carrera saben qué alumnos tienen el beneficio. La idea es que pongan mayor atención en ellos porque hay una garantía económica en juego”, dijo Marcela Torres, encargada nacional de becas y créditos del Centro de Formación Técnica y el Instituto Profesional La Araucana. Además, informan a Ingresa anualmente las matrículas y la Comisión es la encargada de confirmar la deserción al no detectar al alumno estudiando en una institución de educación superior acreditada.

Para evitar la deserción, los establecimientos realizan diversas gestiones educacionales como reforzamientos y tutorías, además de apoyo psicológico y moral a los estudiantes. “Como la Universidad Andrés Bello (UNAB) y el Instituto Profesional AIEP pertenecen al mismo grupo socioeconómico, buscamos reubicar dentro de la misma institución a los alumnos que desertan por asuntos económicos porque AIEP es más barato”, dice ­Jonathan Diocares, supervisor de financiamiento estudiantil de la UNAB.

Sin embargo, según las normas que rigen al crédito no es deserción académica cuando el abandono se hace por enfermedad grave temporal del estudiante o por un accidente que origine su invalidez total o parcial. Ambas situaciones deben ser acreditadas con un certificado médico. Tampoco lo es cambiarse de carrera o de institución, siempre y cuando éste se haga sólo una vez.

La Comisión es la encargada de aprobar, certificar e informar oportunamente a la institución financiera, para que ésta dé inicio a las acciones de cobro del estudiante. Si el alumno se retira en primer año, el establecimiento tendrá que pagar el 90% al banco. Si es de segundo el 80 y de tercero en adelante el 60%. De esta manera, el fisco recupera su inversión en el crédito con esta garantía otorgada por la institución de educación superior. El sistema aún no se ha puesto a prueba, el cobro comienza sólo 18 meses después de terminar la carrera y funciona con los egresados desde 2008. El 2,2% del total de beneficiados en estos cuatro años, es decir 5.400 alumnos, ya está pagando y sólo se han cobrado 261 garantías de este tipo, según informó en junio La Tercera.

PAGO DEL CRÉDITO: NO HAY PLAZO QUE NO SE CUMPLA NI DEUDA QUE NO SE PAGUE

Para exigir la garantía estatal o por deserción académica, el banco debe acreditar ante la Comisión el incumplimiento del alumno en el pago de al menos tres cuotas mensuales consecutivas, el agotamiento de las acciones de cobranza prejudiciales, la presentación de acciones judiciales contra el estudiante y la notificación judicial personal del deudor o haber realizado al menos dos búsquedas del sujeto durante al menos una semana. Con estos mecanismos se intenta evitar que la institución financiera abandone la cobranza judicial y simplemente cobre al Estado. “El banco no tiene incentivo de cobrar la acción judicialmente, lo único que intentará es cumplir con los requisitos para que proceda la garantía del 90% del crédito e intereses para cobrárselos al fisco. El sistema de a poco va a ir estableciéndose y verá como se recupera el monto del alumno que no pagó”, dijo Spolmann.

Quienes no pueden mentir u omitir sus ingresos, falsean en sus condiciones de habitabilidad declarando que sus padres son separados, que han perdido contacto con ellos o que viven de  allegados con otros familiares o conocidos.

La ley establece varios mecanismos por el alumno que no pague. Las mencionadas acciones judiciales que buscan localizar a los alumnos a través de sus bienes propios y las cobranzas extrajudiciales, que consiste en la insistencia del pago a través de constantes llamadas telefónicas. También, el Mandato de Descuento de Remuneraciones (documento que firma el alumno junto al Mandato de Seguro Degravamen e Invalidez y la Solicitud de Créditos con la Tabla de Honorarios de Cobranza Externa) por el monto de las cuotas hasta que lo pague por completo, incluyendo los intereses y la comisión establecida. El acreedor podrá solicitar información a la Superintendencia Administradora de Fondos de Pensiones o a la Superintendencia de Isapres para identificar al empleador del deudor. Además, la institución podrá solicitar a la Tesorería General de la República la Retención de la  Devolución del Impuesto a la Renta y de cualquier otro impuesto de la entidad fiscal que tenga derecho a recuperar el deudor. Sin embargo, salvo la retención de impuestos, ninguno de estos mecanismos se ha llevado a cabo ya que según Spolmann han sido pocos los alumnos que han llegado a tal punto del no pago desde que se implementó el Crédito con Aval del Estado el 2006, aunque no quiso precisar la cifra.

Elisa es alumna de periodismo de la Universidad Alberto Hurtado. Vive en la comuna de San Miguel con su mamá y su hermana quien estudia kinesiología en la Universidad Andrés Bello. Su madre es dueña de casa y los únicos ingresos los aporta su padre. Él es contador auditor, trabaja en un servicio público donde gana alrededor de un millón de pesos. Debido a que este año él empezó a estudiar Ingeniería Comercial como vespertino en la Universidad de Santiago de Chile (USACH) los gastos aumentaron. Por lo tanto, Elisa y su hermana postularon y obtuvieron el crédito mintiendo al decir que sus padres estaban divorciados aunque no están separados. En el formulario indicaron que él ganaba 500 mil pesos de los cuales les daba una pensión alimenticia de 200 mil.

“El incentivo para burlar el sistema es distinto al que tiene un alumno para ganarse una beca. La beca es un regalo, tú no la pagas ni la devuelves nunca. Si tú quieres vulnerar el sistema, se puede hacer. Pero tienes que tener en cuenta que estás firmando un crédito con el banco en el cual tú eres el deudor y tienes que pagar”, dijo Gutiérrez. “Mientras nosotros entreguemos de menor a mayor ingreso, que es lo que exige la ley, no hay ningún problema. Entonces que un alumno cambie un numerito para estar en el tercer o cuarto quintil, para el crédito da lo mismo”, agregó.

Si bien para Ingresa los beneficiados cumplen con los requisitos para acceder el crédito, la verificación de los antecedentes de los alumnos no tan es efectiva. El cruce de datos que realiza la Comisión con la información del Servicio de Impuestos Internos y el formulario no sirve y nadie lo fiscaliza, como lo demuestran los casos de Elisa y Esteban. Los trabajos independientes como los vendedores ambulantes o las clases particulares no necesariamente boletean y por lo tanto, el SII no los registra. Por último, quienes no pueden mentir u omitir sus ingresos, falsean en sus condiciones de habitabilidad declarando que sus padres son separados, que han perdido contacto con ellos o que viven de  allegados con otros familiares o conocidos.

“Nosotros no podemos desmentir que hay personas que vulneran el sistema mintiendo en sus ingresos o grupo familiar. Pero si sopesas eso con el porcentaje de asignación no es considerable para hacer un proceso que demore tres o cuatro meses antes de asignar el crédito”, añadió Felipe Gutiérrez, gerente de Postulaciones y Estadística de la Comisión Ingresa

Más allá de la fiscalización en el otorgamiento del Crédito con Aval del Estado y su efectividad, hay una falla en el sistema, un vacío que el jefe del Departamento Judicial de Ingresa reconoce. Según Spolmann, las fallas en el crédito se explican porque el sistema no estaba considerado para abarcar la cantidad de beneficiados que existe hoy, a pesar de que su objetivo sea otorgarlo a todo alumno que cumpla con los requisitos para que nadie se quede sin estudiar a causa de problemas económicos.

El año 2009, la contadora Claudia Escobar (31) entró a una de las listas más temidas por los chilenos: Dicom. Por ese tiempo, su madre fue hospitalizada debido a una enfermedad de la cual prefiere no profundizar, y para solventar los gastos médicos pidió un préstamo por dos millones de pesos. El panorama, para ella, era oscuro: el año anterior, producto de la crisis económica, había pasado a engrosar el creciente porcentaje de desempleados.

“Me despidieron a fines del 2008 de la empresa Mundaca y Compañía”, cuenta resignada. “Al quedarme sin trabajo no pude terminar de costear la deuda y por eso ingresé a Dicom”.

Desde entonces, Claudia sigue figurando como morosa. “Durante el 2009 mandé muchos currículum pero siempre me decían que ‘no cumplía con el perfil que buscaban’”. En junio del año pasado pudo comprobar la discriminación. En la empresa Auditconsulting le aclararon que si bien su perfil encajaba en el cargo vacante, su permanencia en Dicom no la hacía una “buena candidata”. Lo que más la impactó fue el siguiente argumento: “Cómo podemos confiar en una persona para que ayude a manejar las finanzas de otros cuando en lo concreto no puede manejar las propias”.

“Me dio mucha rabia e impotencia, de hecho quedé en blanco con la respuesta”, dice. “Siento que tengo mucha mayor necesidad de trabajar que una persona que no está en Dicom. Gracias a la confianza de otro empleador, Claudia hoy trabaja en un call center —algo muy distinto a su profesión—, esperando poder reunir el monto para cancelar su deuda.

El caso descrito ilustra el círculo vicioso que se ha instalado en el sistema de la información comercial de de nuestro país. Muchas veces la falta de empleo genera deudas impagas cuyo cumplimiento es imposible, principalmente debido a la desconfianza del sistema para reintegrar laboralmente al incumplidor.

La “buena noticia” para personas como Claudia, sin embargo, es que en caso de cumplir con sus compromisos comerciales pendientes no tienen que pagar un monto por abandonar la base de datos que nutre a Dicom —y a SIISA, Sinacofi (propiedad de la ABIF) y Databusiness (filial de la CCS)— con la información de morosos y protestos de todos los chilenos. Hasta el 1 de enero de este año, todo deudor del sistema comercial debía cancelar un monto determinado, que podía ir de los 4 mil a los 13 mil pesos, al Boletín de Información Comercial (BIC) —manejado por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS)— para publicar la aclaración correspondiente a la deuda y así salir del más completo registro de este tipo en nuestro país.

Es un pequeño avance en la modernización de un sistema vetusto que tiene más de ochenta años de antigüedad y que, en los hechos, corresponde a un monopolio —en manos de la CCS— decretado por el Estado para que un organismo gremial se haga cargo de los datos comerciales de los chilenos, obteniendo ganancias y beneficios que, por la mera venta de la licencia a una empresa como Dicom/Equifax, puede bordear los 240 millones de pesos.

LA HISTORIA DEL BOLETÍN

El número del decreto era el 950 y fue promulgado el 22 de marzo de 1928. Chile estaba ad portas de sumergirse en la peor crisis económica del siglo, y el Estado, a través del Ministerio de Hacienda, lograba sistematizar el registro de la información comercial de las personas, obligando a notarios, juzgados de letras, conservadores de bienes raíces, bancos, asociaciones de ahorros y toda institución destinada a “promover el desarrollo económico del país”, a enviar a la Cámara de Comercio de Santiago los protestos, deudas y mutuos hipotecarios —además de nóminas de embargos y quiebras—, para que ésta publicara “un boletín semanal” con los datos.

Este documento hoy es conocido como el Boletín de Información Comercial (BIC), una versión mejorada del “Peneca verde”, antigua publicación que recopilaba los nombres de quienes habían expedido cheques sin fondos, los llamados “chirimoyos”.

El decreto 950 tenía dos peculiaridades. La primera era que el BIC debía mantener una sección de “aclaraciones” en la que, sin costo para el afectado, se publicarían las enmiendas a las deudas ya canceladas, amén de las inexactitudes o errores que se registraran en el proceso de recopilación. Era el compromiso por comunicar información comercial veraz y oportuna.

La segunda particularidad era que el Estado ordenaba a la CCS que asumiera los costos —más la vigilancia y responsabilidad— de la publicación del BIC, el cual tenía que ser entregado a los socios de los bancos y las Cámaras de Comercio que tuvieran personalidad jurídica. Estos organismos, a su vez, debían abonar a la CCS “la suma equivalente al número de ejemplares destinados a los socios de cada una de ellas, en relación al precio que a cada ejemplar se fije por la Cámara de Comercio, con aprobación del Ministerio de Hacienda”.

De ese modo, el Estado otorgó un monopolio —el control y comercio exclusivo, en territorio chileno, sobre los datos de morosos— a una asociación gremial creada en 1919, que agrupa a más de 1.400 empresas y que en su sitio web se define como una institución “sin fines de lucro”.

Sin embargo, en 1946 un nuevo decreto del Ministerio de Hacienda —el 4.368— estipuló que las aclaraciones de “cheques pagados con posterioridad a su protesto” debía correr por cuenta de los interesados; es decir, del deudor. Fue este mecanismo el que le dio una solidez y atractivo financiero al negocio del BIC y motivó, en los últimos años, el accionar de distintos actores —estatales y legislativos— en favor de la ciudadanía y las empresas que deben tratar con el único proveedor de bases de datos de morosos. Así comenzarían las primeras arremetidas contra la CCS.

LAS BATALLAS DE LA FISCALÍA

En mayo de 2005 la Fiscalía Nacional Económica presentó un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en contra de la CCS por “abuso de posición de dominio”. A juicio de la FNE, la arbitrariedad del organismo gremial se manifestaba al exigirle al deudor un pago —que en promedio era de 4 mil pesos, pero podía alcanzar los 13 mil— para publicar la aclaración, en el Boletín Comercial, de una morosidad ya reparada con el acreedor.

La Fiscalía argumentó que el decreto inicial, el 950 de 1928, no facultaba a la CSS para cobrar por este concepto, y fue la reforma de 1946 la que traicionó el “espíritu” de la legislación originaria, facilitando que la Cámara de Comercio rentabilizara el cumplimiento de los compromisos de los morosos. En otras palabras, desde 1946 no bastaba con saldar la deuda; también había que hacer un pago adicional para que el Boletín Comercial informara al sistema comercial que el interesado dejaba de pertenecer a las filas de los clientes “mal pagadores”.

El concepto de “información fidedigna” entró en juego. Si el decreto 950 le exigía a la CCS que entregara datos exactos, veraces y actualizados, no era responsabilidad del deudor un pago específico —la aclaración— para que ello fuera cumplido. “La requerida —concluyó Pedro Mattar, fiscal nacional económico en ese tiempo, aludiendo a la Cámara de Comercio— no estaría cumpliendo dicha obligación legal, toda vez que comunica protestos o anotaciones como vigentes, aún cuando el deudor ha solucionado su deuda con el acreedor”.

No obstante lo anterior, lo más llamativo del requerimiento fueron los indicadores financieros que daban cuenta del lucrativo negocio que la Cámara de Comercio tenía en sus manos, con el beneplácito del Estado.

Dos eran los conceptos de ingresos de este organismo empresarial. El primero —y más cuantioso— eran los montos obtenidos por las aclaraciones de los deudores. En 1997, la CCS recibió 2.666 millones de pesos; en 2003 el monto alcanzó los 3.072 millones. Del total de sus ingresos, las aclaraciones representaban poco más del 83 por ciento del total. Atendiendo los formidables ingresos de la CCS por este concepto, la FNE solicitó que la CCS desistiera del cobro por ese ítem, pues su posición de dominio impedía la existencia de competencias. En 2007 el TDLC rechazó el requerimiento.

El segundo concepto era el negocio que nutría a empresas como Dicom/Equifax y SIISA: la licencia de datos del Boletín de Información Comercial. En 1997 los ingresos por distribución de información significaron ingresos por 157 millones; en 2003 ya eran 614 millones. Sólo la licencia a Dicom/Equifax para todo el año 2004 ascendió a 240 millones. Según estas cifras, entre 1997 y 2003 los ingresos por la distribución de información aumentaron en un 390 por ciento, y dado que la CCS es la única oferente para cuatro compradores, se trata de un negocio redondo.

Según datos de la FNE, si en el año 1999 cada buró de crédito pagó 160 millones de pesos, en el 2008 esta cifra se triplicó y para acceder a esta información ahora cada uno debería pagar 470 millones de pesos. Es decir sólo en este año por ingresos de distribución de información obtuvieron 1470 millones de pesos, debido a que Databusiness al ser propiedad de la CCS no tiene que cancelar dicho monto.

Para efectos de este reportaje solicitamos a la Cámara de Comercio de Santiago que nos facilitara la información correspondiente al tramo 2004-2009, pedido que fue denegado como también cualquier declaración sobre los hechos recientes, pese a las insistencias. La Unidad de Asociaciones Gremiales, dependiente del Ministerio de Economía —y receptora, por ley, de los balances anuales de todos los gremios asociados—, aclaró que no podía proporcionar esa información sin el consentimiento del titular de los datos, al invocar el artículo 4 de la ley 19.628 de protección de los datos personales. Por medio de un correo electrónico señalaron: “La única información publica (sic) es el domicilio de la entidad gremial, el directorio, número de socios y estatutos; para cualquier otra información debe tener autorización de la entidad gremial”.

Pese al traspié de la FNE, el cambio propuesto se solucionó nuevamente con la fuerza de los decretos. En noviembre de 2006, el Ministerio de Hacienda modificó el decreto 950, recogiendo “la preocupación manifestada por diversos sectores”  (entre ellos la iniciativa del por ese entonces senador Carlos Ominami, que en abril de ese año presentó una moción —archivada como muchas otras— para derogar el monopolio de la CCS), y estipuló la eliminación gradual del cobro por aclaraciones. Desde el 1 de enero de 2010, las deudas menores a cien mil pesos deben ser publicadas con costos para la Cámara de Comercio.

Es por eso que hoy personas como Claudia Escobar pueden estar más tranquilas si logran saldar sus morosidades: el injusto pago doble de antaño —un impuesto privado a quienes cumplen tarde sus compromisos con sus acreedores— ya no corre más. Aunque el monopolio del BIC continúa.

En junio pasado se suscitó una nueva presentación de la FNE en contra a la CCS, ahora enfrascada en un lío con SIISA, una de las empresas que todos los años, tal como Dicom/Equifax, adquiere la licencia de datos del Boletín Comercial. El problema es que SIISA ha solicitado un arbitraje con la CCS por supuestas modificaciones arbitrarias en el contrato que norma su relación comercial, y la asociación gremial le ha pedido a la empresa que desista de su acción para poder renovar el contrato.

El argumento de la FNE sigue siendo el “abuso de posición de dominio” de la CCS. Al consultar a la Fiscalía sobre la frustrada experiencia anterior y el precedente que puede sentar para el requerimiento actual, se limitaron a contestar que “ambos requerimientos son muy diferentes”.

Lo que sí entrega más luces sobre el poderoso monopolio de la Cámara de Comercio —y la fuerza de este privilegio asignado por el Estado— es la infecundidad de un fallo positivo para las aspiraciones de la Fiscalía. Según Carlos Smith, abogado de la FNE, “un fallo favorable sólo sirve como disuasivo para que la CCS no siga incurriendo en conductas anticompetitivas, las cuales podrían seguir ocurriendo. Basta observar que existen empresas que en Chile han sido sancionadas en reiteradas ocasiones por las autoridades de competencia, incluso por la misma conducta”.

Para Smith, por lo tanto, la solución del problema de fondo, consistente en el monopolio que detenta la CCS en la elaboración y distribución del BIC, debe solucionarlo el Poder Legislativo. “Esto se resolvería regulando este monopolio, para cuyos efectos existe actualmente un proyecto de ley en discusión en el Congreso Nacional, cuyo objeto es regular el sistema de información comercial en Chile”.

LAS ARREMETIDAS LEGISLATIVAS

Las quejas por los privilegios de la CCS no son nuevas. “Detallistas piden derogar el Boletín Comercial” era el título de una crónica publicada por El Mercurio en septiembre de 1984. “Lo consideran anacrónico y un monopolio de la Cámara de Comercio”, decía a continuación.

La cruzada por el fin de las prerrogativas de la Cámara de Comercio, sin embargo, pareciera tener ribetes utópicos, de ideal inalcanzable. Muchas son las iniciativas parlamentarias que, como la de Carlos Ominami en el 2006, han caído en el olvido o, simplemente, han debido ceder ante el peso de las influencias. “Es imposible que este sistema —declaró el ex diputado Antonio Leal en marzo de 2009— siga existiendo tal como está. Mi llamado es para que el ejecutivo haga oídos sordos del lobby poderoso que ha instalado la CCS para impedir que se discuta el proyecto”. Leal aludía a un proyecto que impedía enviar al BIC a personas con deudas menores.

En mayo pasado, los senadores Alejandro Navarro, Ricardo Lagos Weber y Fulvio Rossi presentaron un proyecto de ley denominado “Prohibición del monopolio de información comercial de carácter personal”. En otras palabras, buscan abolir el decreto 950 y los privilegios de la Cámara de Comercio de Santiago.

La iniciativa es similar a la del ex senador Ominami, aunque la primera fue una moción y ésta tiene forma de proyecto de ley. El senador Navarro cree que, pese a los frustrados intentos anteriores, esta vez la situación es distinta. Su principal argumento es el segundo requerimiento que la FNE ha presentado ante el TDLC en contra de la asociación gremial, también en mayo de este año.

“Están  disputándose dos entidades dentro del sistema de información comercial. En efecto —explica Navarro— lo que hace la CCS con SIISA es decirle: si usted no renuncia a algunas acciones judiciales en contra de la CSS, ellos no le seguirán vendiendo la información que es clave para que existan como empresa. O sea, claramente la CSS está abusando de una posición estratégicamente dominante”.

Si en años anteriores la búsqueda era disminuir los cobros abusivos, ahora la apuesta es eliminar de frente el monopolio legal que por más de ochenta años ha beneficiado a la Cámara de Comercio. El primer paso, dice el senador Navarro, es abrir el mercado. “Esto significa eliminar el decreto 950 y crear un registro central de riesgos que recopilará toda la información. Eso será licitado, durará un tiempo, y garantiza la mejor oferta, tecnología, etc. Luego ese gran recopilador la vende a los distribuidores como Sinacofi, Dicom, SIISA. La licitación teóricamente estaría fiscalizada por la Superintendencia, con un férreo control de transparencia y eficiencia.

“La idea es debatir sobre la legitimidad de la CCS para cumplir esta función que nadie ha discutido por casi un siglo. Además en este registro central, se incorporaría la información comercial positiva, esto es cuando los clientes cumplen, pagan al día, cosa que el actual sistema no toma en cuenta”. A juicio del senador, ha existido una disputa por años en donde un sector de la derecha —y principalmente el sector del retail y el financiero— han tenido poca voluntad para que se legisle al respecto.

Su proyecto tiene múltiples similitudes con la propuesta presentada por el ejecutivo en mayo del 2009, conocido como “proyecto de deuda positiva”. Éste proponía un Registro Central de Obligaciones Económicas (Recoe); es decir, un banco de datos oficial el cual sería licitado por la Superintendencia de de Bancos e Instituciones Financieras, que además supervisaría y aplicaría sanciones en caso de incumplimientos o infracción a todos los agentes de administración de información comercial. A través de la licitación se determinarían tarifas competitivas para la venta de información a las distribuidoras de datos.

En la oportunidad, la CCS no tardó en reaccionar frente a la propuesta del ejecutivo, y el 15 de mayo respondió, en voz de la gerente de Asuntos Públicos, Thamar Jaramillo, a través del diario La Nación: “Se pretende estatizar el Boletín Comercial”. Una frase paradójica de una asociación amparada, precisamente, por un decreto estatal.

Caminamos cerca de la puerta 28, dándole la espalda a Avenida Grecia. Galería norte. Ahí, donde para los superclásicos se ubica la “Garra Blanca” y para los universitarios la barra de “Los Cruzados”. En la soledad de Ñuñoa, el hombre del gramado camina sin apuro. Su estatura baja, su cara colorada y su pelo crespo dan la impresión de una persona tímida. Por eso sorprende su voz ronca y gran personalidad. “Acá el que manda soy yo”, dice. Pausado, pero firme. José no titubea ni olvida nada de lo que dice. Es como si estuviera en el living de su casa.

José Jara Huerta fue contratado en septiembre del 95 por la DIGEDER para realizar labores de aseo y pintura en los camarines y baños del Coliseo Central del Estadio Nacional. Con 26 años llegó al principal recinto deportivo del país, luego de estar cesante dos años. “Llegué acá por la recomendación de una persona que era mi vecino. Necesitaba mucho un trabajo y me dio lo mismo de lo que fuera”, dice José. Su primer sueldo fue de 80 mil pesos.

“Había terminado de sacar mi cuarto medio hace poco y por eso creía que se me iba a hacer más fácil encontrar pega. Pero no pasaba nada y yo tenía necesidades”. A los 23 años, fue padre de una niña con su polola de toda la infancia, Carla Infante. Durante los primeros tres años de su hija, vivió en la casa de sus suegros en Puente Alto. Se las arreglaba con trabajos temporales de donde lo llamaran.

UN GOLPE DE SUERTE

Trascurría abril de 1996 y Carlos Morales, el encargado de la cancha principal en aquellos días, ponía fin a su labor en los pastos del Nacional. Se iba a vivir a Coquimbo y allá trabajaría en las dependencias del Sánchez Rumoroso. El puesto quedaba vacante y la Dirección ya había dicho que no esperaba a muchos postulantes (por la escasez y complejidad del cargo). José se atrevió y al segundo día se presentó donde el encargado de obras de DIGEDER para pedir el puesto. “Cuando llegué pensaban que estaba bromeando. No creían que yo, el encargado de limpiar y mantener ordenados los baños y camarines, podría hacerme cargo del pasto del Estadio. Era mucha responsabilidad, pero en ese momento no fui consciente. Solo quería el puesto, necesitaba más plata”. Era verdad, el puesto de canchero siempre necesita de una persona que se maneje con el césped a fin de dominar el corte, el sembrado, la fertilización y el riego de un terreno que domingo a domingo debe parecer una alfombra. En ese momento, José no sabía absolutamente nada de sembrar ni de fertilizar. Al día siguiente ya regaba la cancha donde Brasil levantó la copa en el Mundial del 62, la misma que se llenó en 1987 con la visita de Juan Pablo II, la misma que vio en el 90 a Patricio Aylwin celebrar su llegada a la presidencia y la misma que ha albergado a artistas de la talla de Michael Jackson, Madonna, Elton John y Paul McCartney, entre otros. “En la vida todo se aprende. Todo”, dice Jara.

DESDE UNA TRIBUNA PRIVILEGIADA

Cuando la U, el 25 de junio de ese año 96, enfrentaba a River Plate en el Estadio Nacional por las semifinales de la Copa Libertadores, José estaba atrás del arco sur. Desde ahí, y al lado de gráficos y reporteros, miró el partido. En la semana había trabajado arduamente para tener la cancha en las condiciones que el técnico argentino Miguel Ángel Ruso le había pedido. “Ese fue como mi primer gran desafío. La U se jugaba mucho y el fútbol chileno también. Me pidieron que mantuviera la cancha húmeda toda la semana, así que lo que hice fue regarla todos los días en la mañana y en la tarde. La idea era que el día del partido la pelota estuviera jabonosa y la cancha rápida para molestar a los argentinos”, dice. José siguió trabajando y ubicándose atrás del arco sur para ver los partidos, a pesar de que la U fue eliminada en esa semifinal.

Cuando supo de los arreglos que se le harían al Estadio Nacional, se sintió muy contento, pero a la vez sintió un tremendo miedo.

Ha vivido los últimos cuatro procesos clasificatorios de la Selección Nacional. Han pasado frente a sus ojos vistiendo la roja jugadores de la talla de Salas, Zamorano, Rozental, David Pizarro y actualmente Alexis Sánchez. “Por figuras, me quedo con la selección que clasificó a Francia 98, pero por juego con los muchachos de Bielsa. Es otro estilo, salen a ganar siempre. Me gusta”. Además, agrega que de todos los entrenadores con los que le ha tocado compartir, su favorito es Juvenal Olmos. “Lejos el más simpático y cercano”. Entre sus anécdotas cuenta haber estado al lado del cartel que pateó Pizarro cuando se enojó al ser reemplazado en las clasificatorias a Alemania 2006. “Iba hecho una furia, menos mal que no me lo crucé” (risas).

NO LO MUEVE NI A PALOS

José Jara quiere al Estadio Nacional como si fuera algo propio. “Esta es mi casa y me encanta. Soy feliz cuidándola y haciéndola más bonita”. Cuenta que cuando supo de los arreglos que se le harían, se sintió muy contento, pero a la vez sintió un tremendo miedo. “Cuando supe que se iba a cerrar el estadio por mucho tiempo y que se iba a cambiar prácticamente todo, pensé que hasta aquí no más llegaba. Me contaron que se iba a instalar un sistema de riego con estándares europeos y pensé que me iban a echar”. Nada de eso.

Hoy, José es clave en la mantención del nuevo pasto que se instaló. Está encargado de supervisar que el sistema de riego automático funcione a la perfección y, como él cuenta, de aplicar todo lo que ha aprendido en sus 14 años. “Mucha tecnología puede haber, pero nada funciona si no lo estás mirando y si no le pones cariño y dedicación”. Y agrega. “Si no me fui con la mejor tecnología, ya no me mueven ni a palos de aquí”.

Viene llegando a casa luego de recoger a su hija en el colegio y comprar algunas cosas para la comida. Baja del auto de un salto. Su hija adolescente tarda varios segundos más en hacer lo mismo y lo hace con mucho menos destreza a pesar de su edad. No podría esperarse menos si se trata del gran bailarín y cantante Juan Antonio Labra, o nuestro Michael Jackson chileno.

Aunque son las seis de la tarde y es un día más bien frío, viste una polera de manga corta y lentes oscuros para el sol. A primera vista sigue siendo un hombre jovial, atlético, de cuerpo esbelto y con un dejo de seductor.

Su casa se impone por su gran tamaño. En el living llama la atención un pequeño altar y las numerosas imágenes religiosas que están por todas partes. También hay muchas fotografías familiares sobre los muebles y colgando en las paredes. En este espacio podrían caber incluso sus instrumentos musicales, si no fuera porque están en el inmenso estudio de trabajo y grabación que se construyó en el jardín.

El lugar es acogedor, familiar, casero, más aún si comparte el espacio con la mascota de la casa, un divertido poodle, que salta por todos lados y que finalmente logra tranquilizarse en los brazos de su amo.

La conversación transcurre con fluidez y Juan Antonio se ve más y más entusiasmado en la medida que va recordando detalles de sus tiempos de estrellato. Si de hablar de los buenos tiempos se trata, los cuatro festivales de la canción de Viña del Mar, son sin lugar a duda, los mejores recuerdos de su vida artística.

Juan Antonio  tenía más de cinco eventos semanales, descansaba durante el día en un hotel, para volver a viajar y dirigirse a una nueva presentación. Esa rutina lo estaba matando.

Sus insinuantes y bien logradas puestas en escena, junto con su excelente voz, cautivaban transversalmente a los chilenos y chilenas. Por supuesto, el público femenino era el más fanático, pues no sólo se enloquecía con las alegres y carnavalescas letras de sus canciones, si no que se impresionaba con aquellos movimientos vanguardistas de sus caderas y coreografías. Por otro lado, su mismo estilo de ropa salía de lo común, y todo, todo lo que hacía —o no hacía— era noticia para la prensa.

«En esos tiempos disputaba escenarios con Chayanne», recuerda entre risas. Las emisoras tocaban día y noche las canciones del gran cantautor y su público le regaló muchas satisfacciones y reconocimientos.

A principios de la década del noventa se produjo el boom de su carrera: viajó a los países vecinos y tuvo innumerables invitaciones a programas extranjeros. Su agenda estaba repleta de compromisos y, con una fama de tales dimensiones, sólo cabía esperar aquel gran paso que coronaría una carrera de mucho trabajo, éxito y gran profesionalismo. Era el momento de seguir en México. Pero ese paso finalmente nunca lo daría.

De pronto, asegura Juan Antonio, se daría cuenta de que estaba haciendo algo que no lo llenaba. Tenía más de cinco eventos semanales, descansaba durante el día en un hotel, para volver a viajar y dirigirse a una nueva presentación. Esa rutina lo estaba matando.

«Sé que nací para la música, para los escenarios, pero no nací para tener una carrera como artista. En un momento sentí que iba a perder el control de lo que estaba haciendo, de mi vida, de mi familia, de mis cosas, y en ese sentido iba a pasar a ser un títere de un conglomerado de personas que trabajaban detrás de mí y que en el fondo me sacaban el jugo para obtener dinero. Simplemente sentía que la carrera no era para mí», afirma Juan Antonio.

“LA MIRELLITA”

Repentinamente, se produjo un silencio en la fluida conversación de los minutos anteriores. Tenía la mirada fija en el suelo. Por un momento, pareció que Juan Antonio comenzaba a hablar con él mismo. Estaba pensando en su madre. «Ella murió en 1993, tuvo un ataque cerebral, todo ocurrió muy rápido. Los médicos dijeron que se trató de algo fulminante, y apenas pudimos despedirnos», comenta con tristeza el cantante. Esa situación se sumó, en su caso, a un desgano que venía sintiendo hace un tiempo atrás.

La relación con su madre, a la que le decía “la Mirellita”, fue muy estrecha. No sólo por ser hijo único, si no que por la presencia infaltable que tuvo ella en sus días de fama y de grandes exigencias. Fue su compañera en todos sus festivales y eventos, en Chile y en el extranjero; incluso lo ayudaba en sus composiciones y le daba ideas de letras para sus canciones. Se convirtió en un soporte esencial para su vida profesional.

«Siempre fui muy regalón. Con mi mamá éramos muy amigos, imagínate, soy hijo único, por eso mi relación con ella era tan fuerte, la veía casi todos los días, en la casa y en el trabajo», dice Juan Antonio.

Después de la repentina muerte de su madre, el cantante entró en un largo silencio musical. Hubo muchas versiones para explicar su desaparición de los escenarios. Se dijo que sufría de cáncer, que se había consagrado a la vida religiosa, que tenía problemas de drogadicción, incluso que estaba preso por estafa. Todas estas versiones él las niega tajantemente. «Por más de seis años todo lo que veía en mi vida era oscuro, los amaneceres eran eternos, ya que sentía que de repente mi vida se había derrumbado. Había un cansancio que no me dejaba levantarme en las mañanas. Imagínate, la mujer más importante de mi vida ya no estaba conmigo, y la fama me había saturado», dice Juan Antonio. Era necesaria una pausa para tener un nuevo sentido en su vida.

Por estos días, su mayor interés es conocer a jóvenes que recién empiezan la carrera de artistas, para orientarlos y ayudarlos a surgir como cantantes. Ya han pasado varios años de la muerte de su madre y de la gran depresión que lo atormentó. Hoy siente que tomó buenas decisiones y que su vida está lejos de sufrir la misma suerte que el gran ídolo del pop. Tiene una vida familiar plena, sigue con su música y sus creaciones, pero todo en forma más tranquila.

Los trabajos en la basílica de los Sacramentinos comenzaron en 1912 | Foto: rhurtubia

Mismo dueño, casi idéntico diseño. Una en París y la otra en Santiago. Una en la colina de Montmartre. La otra en Santa Isabel esquina Arturo Prat. A una la llaman Basilique du Sacré Coeur. A la otra, Iglesia del Santísimo Sacramento. Una es de piedra blanca. La otra de hormigón armado. El atrio de una es una explanada desde donde se puede ver prácticamente todo París. Desde el atrio de la otra se ve una plaza, una pileta y edificios altos de colores pastel. En las dos basílicas las palomas defecan. Pero solo una es limpiada.

La basílica parisina se terminó de construir en 1914 y se consagró después de la primera Guerra Mundial, en 1919. Los trabajos en los Sacramentinos, su símil chileno, comenzaron en 1912, pero se detuvieron en 1920 y jamás se retomaron. Por eso los costados y casi toda la parte trasera -o ábside- del templo están con hormigón expuesto. La iglesia no se ve bien. Su aspecto es gris. Sus esquinas están cubiertas con abundante guano de las palomas que ahí habitan. Sus rejas altas están para protegerla de vandalismos. Su foso, entre el inicio de la construcción y la calle Santa Isabel, permanece lleno de basura: botellas de bebida, envoltorios de helados, escombros y pelotas de futbol. Las puertas laterales llevan años cerradas. Las pasarelas para llegar a ellas, en algunos lugares, están derrumbadas. Igual que la cruz de tres metros que coronaba la cúpula central y que para el terremoto del 85 se vino abajo. Si el edificio nunca fue terminado, menos ha sido restaurado en sus casi 90 años de vida.

“Lo que se destruye así queda, porque no hay plata para arreglarlo”, dice el párroco Alejandro Fabio s.s.s.
En rigor, lo único que se hace es mantención: se paga la luz, el agua, el gas. Se compra cera para el parquet interior y se les paga a dos personas para que se encarguen del aseo. “Mantener el templo cuesta alrededor de un millón quinientos mensual”, agrega el sacerdote. La basílica pertenece a la Congregación del Santísimo Sacramento. Es una orden regular –como los jesuitas o los franciscanos–, por lo que no recibe ningún aporte del Arzobispado: así lo confirmó el padre Oscar Muñoz, Vicecanciller del Arzobispado (la cancillería se encarga de elaborar todos los documentos oficiales de la curia).

Según los registros del Centro de Documentación del Consejo de Monumentos Nacionales, la Iglesia del Santísimo Sacramento fue declarada “Monumento Nacional en la categoría de Monumento Histórico de acuerdo al Decreto Supremo N° 408 del 29 de octubre de 1991”. Este título permite que la propiedad no pague contribuciones. Hasta ahí llega el aporte del Estado. Esa es la regla: la Ley 17.288. La encargada del área de arquitectura de Consejo, Karina Aliaga, señala que esta entidad solo tiene la facultad de asignar fondos de emergencia y cuando se trata de un caso “en que está realmente comprometida la integridad de algún bien inmueble declarado Monumento Histórico”.
La Municipalidad de Santiago regaló las luces que iluminan la cúpula central en las noches y le paga a la empresa Citeluz para que les haga la mantención. Tampoco multan a los religiosos por el remate de una de las cúpulas traseras, a las espaldas de la escultura del San Pedro Julián Eymard –fundador de la orden–, que desde el terremoto del 85 amenaza con irse al suelo.

La peor época para los Sacramentinos es el invierno: “El techo está lleno de goteras y no podemos subir a nadie a taparlas porque no tenemos cómo asegurarnos de que no se caiga”, dice el padre Fabio. Por los accesos laterales a la cripta se cuela el agua y la inunda. Es la peor época, también, porque no hay matrimonios. Estos son el mayor ingreso de los Sacramentinos. Para casarse ahí se debe hacer un aporte voluntario de 300 mil pesos. Si se quiere llevar a cabo la ceremonia en la cripta, son 250 mil. Si la pareja es del sector, son 150 mil. Si pertenece a la parroquia, es gratis. Podría haber tres matrimonios diarios: dos en la iglesia y uno en la cripta.

La mayor parte de las ceremonias de matrimonio se efectúa entre octubre y marzo. En realidad, si la cosa va bien, se realizan dos matrimonios por semana. Después, baja la demanda y con ello el aporte voluntario: 200 mil. Para noviembre hay diez matrimonios. Marzo está copado. “En esta parroquia nadie se deja de casar por plata”, asegura el padre Fabio. Por eso, en rigor, el ingreso por este concepto varía mes a mes.

Para el párroco, lo ideal sería contar con tres millones de pesos mensuales. Con eso se pagaría la vida de los tres religiosos de la comunidad, el sueldo de la secretaria y de los dos auxiliares, las actividades parroquiales y la mantención del templo. Pero nunca hay tres millones. No alcanza. Lo que se gana en la época buena de matrimonios se guarda para el invierno. Y queda pendiente limpiar canaletas, reponer vidrios, restaurar vitrales, arreglar el órgano Walcker Op. 1932, enderezar algunas esculturas inclinadas, tapar las innumerables fisuras en la pintura del interior, estucar lo que falta del exterior, limpiar y reparar lo que da a Santa Isabel, recuperar los salones que están detrás del templo, arreglar el alcantarillado y quitar el excremento de las palomas.

Al costado norte del templo está el antiguo convento de los Sacramentinos. Forma parte de lo que fue declarado Monumento Histórico en 1991. Hoy pertenece a la Municipalidad de Santiago. En ese lugar se realiza una remodelación para transformar el lugar en un centro cultural. El arquitecto que diseñó la obra es Pablo Moraga, del estudio de arquitectura Puerto Varas, ubicado en esa ciudad junto al lago Llanquihue. Moraga ha desarrollado proyectos relacionados con el patrimonio histórico en Santiago y en el sur. Conoce la historia de los Sacramentinos: “Un ambicioso proyecto de construcción para la época, por la calidad de los materiales y las dimensiones de la construcción”. A su juicio, conservar el patrimonio no significa necesariamente terminar el trabajo. Según el arquitecto, hay corrientes dentro de la conservación que creen que es mejor dejarlo como quedó cuando paró la construcción.

Seguramente cuando el arquitecto Ricardo Larraín Bravo vio en pie la basílica que había diseñado, no pensó que 90 años después quedaría cercada por edificios que superarían los 56 metros de altura de la cúpula central. El plano regulador de la Municipalidad de Santiago, aprobado en 1991, señala que todo lo que rodea a la basílica, salvo las áreas verdes, es Zona B: esto permitió la construcción, por el perímetro del templo, de edificios que superan los 20 pisos. Y así ocurrió. Hoy solo queda libre un terreno en la esquina sur oriente y las dos zonas verdes: al poniente el parque Almagro y al oriente la plaza Los Sacramentinos.

El barrio se ha revitalizado con la llegada nuevos habitantes. Hay más gente que va a la iglesia, a misa o a visitarla. Sin embargo, a juicio de Moraga, esto es un contrasentido porque se activa el sector en desmedro de la iglesia. Sin embargo, la presencia del parque y la plaza “le dan cierta holgura, lo que permite pensar que no va a desaparecer entre las torres que ahí se han levantado, como ha ocurrido con otras iglesias de Santiago”.

Las dudas sobre qué va a pasar con la iglesia de los Sacramentinos persisten. En julio de este año el arquitecto Jaime Migone, decano de la carrera de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Universidad SEK, se adjudicó un FONDART Bicentenario por $ 48.850.000 para investigar y elaborar un proyecto de restauración de la iglesia. Pero el padre Fabio ha recibido en sus tres años de párroco varios proyectos de restauración, además del compromiso de fieles e instituciones de aportar para mejorar el estado del monumento. Nada se ha concretado. A su juicio, porque los costos son muy elevados: “Por lo menos 10 millones de dólares”, afirma. El arquitecto Pablo Moraga cree que esta cifra no se escapa a la realidad.

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Gabriel Galaz es estudiante de la Escuela de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado.

Claudia Osorio tiene 52 años. Está casada y tiene tres hijos: Joaquín, Gabriela y Valeria. Dos de ellos son universitarios y la menor, Valeria, va en cuarto medio. En vísperas de su cumpleaños número cincuenta un llamado telefónico cambió el rumbo de su vida.  Después de un arduo proceso de evaluación psicológica y psicosocial, y cumplir con los requisitos, fue aceptada por la Fundación Chilena de Adopción para convertirse en guardadora. Sólo faltaba recibir a su nuevo miembro familiar.

En su casa, cada día, a las nueve treinta en punto de la mañana, Claudia Osorio se levanta para  comenzar a preparar la mamadera de Tomasito, su cuarto “hijo”, que como todo bebé de dos meses necesita alimentarse más seguido que un niño crecido. En pijama –aún– Claudia Osorio se dirige a la cocina y abre la despensa donde guarda un tarro con leche en polvo para recién nacido. Después de colocar agua en el hervidor, saca el azúcar y las dos medidas de leche que se necesita para conseguir así la “papa” para Tomás. Con el alimento listo, Claudia va a su dormitorio y a un costado de su cama levanta a su “hijo de corazón”, como lo llama ella,  de la cuna.

Esta es la rutina que Claudia realiza diariamente. Ella, como toda mamá, mira cómo su hijo bebe tranquilamente –y con los ojos cerrados– su primera leche del día. Entra su esposo, Raúl Vergara, que se queda viendo a Tomasito como padre orgulloso; le da un beso en la frente y se despide de ambos para dirigirse al trabajo. Si bien Claudia y Raúl no son padres biológicos de Tomás, lo cuidan al igual como  lo hicieron con sus  tres hijos. “Tomasito es parte de la familia momentáneamente y lo cuidamos como tal”, señala Raúl.

La vida que está llevando Claudia en estos momentos representa a las otras veintiséis guardadoras estables que la Fundación Chilena de Adopción (FADOP) tiene a disposición para ayudar a los bebés abandonados por sus madres, guaguas cuyas mamás dan en adopción y que provienen de familias con problemas para cuidar a un niño porque viven situaciones de violencia, problemas de dinero o drogadicción de la madre; son casos que están en tribunales de familia. La misión es cuidar a los niños, darles calor de hogar y amor maternal mientras duren los trámites de adopción.

En vez de esperar en un hogar de niños, los recién nacidos se quedan con familia. “Está comprobado que en los niños que pasan por colocación familiar disminuyen las secuelas del abandono materno. Es por esta razón que creemos que es el método de guardadora es el más adecuado para los niños”, señala Paula García, Directora Técnica de la Fundación.

Aunque muchos opinan que ser guardadora no es fácil, Claudia y su familia están convencidos de lo que están haciendo. “Cuando tomé la decisión de ser guardadora, mi familia se preocupó mucho porque encontraban que yo era demasiado aprensiva para hacerlo. Todos me preguntaban cómo iba a ser capaz de entregarlo. Pero, para mí, valía la pena dar todo el amor que necesitan para tener una vida sana. Además, cuando me enteré de esta hermosa labor, sentí la necesidad de ayudar a los bebés. En ese momento mi familia aceptó y nos fuimos enamorando de la misión que tendríamos que llevar a cabo”, confiesa.

LA TEORÍA DEL APEGO

Delia Moreno es abogada y creadora de la Fundación Chilena de Adopción. Su misión comenzó hace 24 años, cuando asesoraba a la Corporación de Nutrición Infantil (CONIN). Entonces Delia se dio cuenta de que, tras un arduo trabajo y una vez que se superaba la desnutrición, el niño volvía —en variadas ocasiones— a estar en riesgo social. Por eso siempre quiso buscar una solución definitiva.

Bajo esta inquietud, fundó en el año 1985 FADOP, institución privada y sin fines de lucro cuya personería jurídica fue otorgada por decreto supremo N° 1135 de Ministerio de Justicia. Actualmente la fundación colabora con el  Servicio Nacional de Menores (Sename) y un organismo acreditado para ejecutar programas de adopción. Además tiene profesionales especializados en el tema de la adopción.

La Teoría del Apego plantea la relevancia para el recién nacido de contar con una figura estable desde los primeros días de vida, que lo mantenga emocionalmente y que lo contenga en los estados mentales psicológicos que un bebé experimente.

Ahora bien: la fundación tiene como fin principal el cuidado del niño y su futuro. Es por esta razón que se considera en el proceso de adopción a la madre biológica, al niño y a los padres adoptivos. Es una modalidad que los caracteriza frente a otros procesos de adopción.

Lo que organiza el trabajo es la Teoría del Apego. Esta plantea lo relevante que es para el recién nacido contar con una figura estable desde los primeros días de vida, que lo mantenga emocionalmente y que lo contenga en todos los estados mentales psicológicos que un bebé pueda experimentar.

Es durante este proceso cuando entran las familias guardadoras. Ellas son las encargadas de proteger y estimular el sano desarrollo del niño a su cargo. El cuidador proporciona al niño aquel referente necesario para satisfacer sus necesidades básicas y establecer el vínculo emocional que necesita para cuando sea entregado a los padres adoptivos.  “Los guardadores son fundamentales para que los primeros meses de vida del bebé sean vividos saludablemente y no en un ambiente de calvario y desapego materno en los cuales el menor se pueda ver enfrentado inconscientemente”, señala la Directora Técnica de la institución.

Donald Winnicott, célebre pediatra, psiquiatra y psicoanalista inglés, dice que un niño recién nacido, cuyo aparato mental aún no está completamente desarrollado,  registra su entorno mediante sensaciones corporales. Las sensaciones más importantes  son el placer-displacer y el desamparo. Esta última, ante la carencia de una “madre-ambiente suficientemente buena”, puede generar consecuencias muy negativas en su desarrollo futuro. Frente a esto, lo importante, para que esta situación no tenga connotaciones traumáticas, es que no sólo se asegure la sobrevivencia física del niño, sino también la sobrevivencia psíquica a través de reconocerlo como un ser vivo amado.

“Lo que plantea Winnicott se puede traducir en el método de apego que usa la fundación con su sistema de guardadoras. Sin duda alguna, las experiencias tempranas son primordiales en el desarrollo emocional y psicológico del bebé. Lo esencial es que puede ser brindado por cualquier persona que cumpla las labores maternales en esos momentos, en este caso las familias guardadoras”, menciona el psicólogo Rodrigo Rojas.

LA LLEGADA DE UN NUEVO MIEMBRO FAMILIAR

Hace cuatro años una amiga le contó a Claudia sobre la obra que realiza FADOP. Intrigada, llegó a la página web de la institución. Mientras más se informaba más quería convertirse en voluntaria. Después de un mes investigando los requisitos que se necesitaban señaló sus ganas de participar como guardadora a su familia. “Cuando mi mamá nos habló de cómo funcionaba el ser guardadora y que ella quería ayudar, me impresioné un poco. Nunca habíamos oído hablar de esa obra y menos de la fundación. Pero la apoyamos, pues eso hacen las familias. Poco a poco nos fuimos encariñando con la obra social que se realiza”, señala Valeria, su hija menor.

Después de pasar innumerables exámenes sicológicos, aceptar las visitas de asistentes sociales e incluso demostrar que ella estaba apta para encariñarse y luego entregar al niño recibieron el llamado telefónico que estaban esperando que coincidió dos días previos a su cumpleaños número cincuenta.

–Aló, ¿con quién hablo?

–¿Hablo con la señora Claudia Osorio?

–Sí, con ella.

–Señora Claudia, la estamos llamando de la Fundación Chilena de Adopción para informarle que mañana tiene que venir a la institución, porque tenemos un recién nacido que debe cuidar mientras alguna familia lo adopte.

Con emoción Claudia recuerda el momento en que la llamaron para ir a buscar a su primer “hija”, Amanda. “Cuando me llamaron para decirme que había llegado la Amandita, me dio una mezcla de sensaciones: ansiosa, temerosa y feliz por lo que iba a hacer por esta niña”.

Ya han pasado diez recién nacidos por la casa de la familia Vergara-Osorio. Tanto ha sido el compromiso con la institución que ellos mismos prepararon una habitación especial para recibir a cada niño que el tribunal de familia les entregue por medio de la fundación. En la pared amarilla –color unisex para las guaguas– tienen colgadas las diez fotografías de todos los “hermanos  de corazón” que han tenido los hijos de Claudia y Raúl.

La foto de Tomasito es la última que la familia Vergara-Osorio colgó en la pared del dormitorio. “Cada niño ha sido especial para mí, pero de Tomasito me enamoré de inmediato. Desde que lo vi con su sonrisa diminuta y tan indefenso lo quise de inmediato. Poder entregarle en sus primeros meses de vida el amor maternal que requieren es algo que no cambio por nada”, dice Claudia.

“Aquí lo importante es dar amor a un niño que nació sin afecto, que nació en situación de riesgo; mientras que una madre biológica entrega ese mismo amor, pero sabiendo que es un hijo deseado que desde que se fecundó ya era amado. Esa es la diferencia entre una guardadora y la madre biológica”, reflexiona Claudia viendo a Tomasito.